Un escolta del candidato a diputado local de la alianza PRI-PRD-PAN Tomás Hernández Palma, fue hallado asesinado a balazos y decapitado en la colonia Santa Cruz, de San Marcos, cabecera del municipio del mismo nombre, la mañana de este jueves.
Se trata de Eduardo N de 35 años, integrante del equipo de seguridad del perredista Tomás Hernández, alcalde de este municipio de la región Costa Chica, quien solicitó licencia al cargo, para participar en el proceso electoral.
De acuerdo con los informes de las autoridades, alrededor de las seis de la mañana de este jueves, fue hallado el cuerpo decapitado sobre el cual dejaron una cartulina con un mensaje.
Tomás Hernández, quien ha sido alcalde de San Marcos en dos periodos consecutivos, es candidato a legislador local por el distrito 3 de la coalición PRI-PRD-PAN.
Tomás Hernández Palma en campaña política en la comunidad Rancho Viejo de San Marcos, el jueves 18 de abril del 2024. Foto: Facebook oficial Tomás Hernández Palma
Este miércoles por la tarde, el empresario Ricardo Santiago Brito, cercano al senador Félix Salgado Macedonio, candidato de Morena para reelegirse en el cargo, fue asesinado a balazos por un desconocido mientras comía en una fonda en la colonia Unidos por Guerrero, en Acapulco.
Después del asesinato de Ricardo Santiago, llegó a esta colonia de Unidos por Guerrero, Félix Salgado para encabezar un acto de campaña.
Según fuentes oficiales, el empresario asesinado a tiros era el encargado de instalar los templetes de los actos de campaña de Félix Salgado.
La Sección 14 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) exigió al gobierno estatal garantías de seguridad para los profesores de educación primaria, preescolar y telesecundaria del municipio de Coyuca de Benítez, luego de que este martes fueron asaltados por hombres armados docentes de un plantel de este municipio.
El documento, firmado por la mesa directiva del SNTE en Guerrero, que encabeza Silvano Palacios Salgado, “reprueba de manera contundente los hechos violentos del que fueron víctimas compañeras y compañeros trabajadores de tres escuelas de educación básica de la comunidad de Las Lomitas, municipio de Coyuca de Benítez”.
De acuerdo con la versión del SNTE, el personal docente que fue violentado por el grupo armado labora en la escuela primaria “Francisco I. Madero”, la Telesecundaria “Juan Ruiz de Alarcón” y el jardín de niños “Juana de Asbaje”.
“Se hace un llamado a las autoridades del estado de brindar mayor seguridad a las escuelas, a sus trabajadores, al alumnado y a los padres de familia diseñando una estrategia integral para su seguridad”, demanda el SNTE.
La dirigencia sindical resalta que los trabajadores de la educación son formadores de generaciones de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, por lo que su labor docente no debe ser motivo de ataques en su contra.
De acuerdo con la versión de la Secretaría de Educación en Guerrero (SEG), desde este lunes 15 de abril, un grupo de individuos armados interceptó a los profesores cuando éstos se dirigían a las comunidades donde laboran. Luego de esto, los maestros regresaron a la cabecera municipal de Coyuca de Benítez para informar de lo sucedido a las autoridades educativas.
Foto: Oficial
Sin embargo, este martes 16, nuevamente los maestros y maestras regresaron a las localidades y cuando estaban en una escuela de la comunidad de Las Lomitas irrumpieron unos 40 hombres armados y los despojaron de sus vehículos, teléfonos celulares y carteras.
Los profesores y directivos de las escuelas acordaron suspender las clases a partir de este miércoles 17.
En un comunicado, la SEG manifestó su respaldo a los docentes de las escuelas de las comunidades de El Terrero, El Huamuchil, Los Nopales, Colonia del Río y El Porvenir.
En el documento también se precisa que fue en la localidad de Las Lomitas donde los profesores fueron amenazados, despojados de sus unidades de transporte y pertenencias.
La Fiscalía General del Estado informó que los profesores de Coyuca de Benítez interpusieron una denuncia por el robo de vehículos en la Agencia del Ministerio Público del Fuero Común.
Unos 40 hombres armados irrumpieron, el martes 16, en la escuela primaria Juan Ruiz de Alacrón, de Las Lomitas, municipio de Coyuca de Benítez, y frente a los estudiantes despojaron de sus vehículos, carteras y teléfonos celulares a los maestros.
A raíz del asalto, profesores, padres de familia y autoridades educativas acordaron suspender las clases presenciales en el plantel, a partir de hoy miércoles.
También se suspendieron labores educativas en las escuelas de las localidades vecinas Los Nopales, El Terrero y El Huamuchil, en donde también los hombres armados intimidan a los maestros.
De acuerdo con el informe de la Secretaría de Educación en Guerrero (SEG), este lunes 15 de abril, alrededor de las 7: 30 de la mañana, el grupo de maestros a bordo de un vehículo fueron interceptados por hombres armados cuando iban en la carretera rumbo a esas cuatro comunidades para impartir clases.
Ante esas intimidaciones, los profesores y directivos de las escuelas se regresaron ese mismo día lunes a la cabecera municipal de Coyuca de Benítez, para informar a las autoridades de la SEG lo que les había ocurrido.
Sin embargo, el martes 16 de abril, el grupo de profesores decidieron subir a las localidades y reanudar las clases presenciales con la consigna de que si no había las condiciones las suspenderían.
Pero cuando los maestros empezaron clases, llegaron los hombres que los asaltaron.
Los docentes informaron a las autoridades de la SEG que darán las clases de manera virtual para no correr riesgos.
La SEG apoyó ese acuerdo porque consideró que primero es la seguridad de los profesores, padres de familia y los niños.
En Chichihualco, cabecera del municipio de Leonardo Bravo, estudiantes de 25 escuelas de educación básica y de educación media superior reciben clases de manera virtual, debido a las oleadas de violencia que protagonizan desde agosto de 2023 dos grupos del crimen organizado.
En Amojileca, municipio de Chilpancingo, también permanecen cerradas las escuelas, luego de que el jueves 11 de abril, hombres armados incendiaron, en la capital del estado, dos camionetas de transporte público de esa comunidad.
A partir de ese día, el servicio de transporte a Amojileca es de manera parcial y las clases en las escuelas son virtuales.
La base de la ruta Chilpancingo-Amojileca la trasladaron a la colonia Omiltemi; los habitantes pagan otro transporte para llegar al centro y emplean más tiempo
Texto: Amapola Periodismo
Foto: Andrea Mendoza
Martes 16 de abril del 2024
Chilpancingo
Desde que las Urvan del servicio público Amojileca-Chilpancingo fueron atacadas, el 11 de abril en su base ubicada cerca del mercado Baltasar R Leyva Mancilla, los habitantes de esa comunidad no pueden desplazarse con facilidad hasta Chilpancingo.
El 12 de abril pasado, la base fue cambiada a la colonia Omiltemi, ubicada al poniente de la ciudad. Esta colonia está alejada del centro de la ciudad; para llegar al centro el transporte tarda alrededor de unos 20 minutos. Para que los habitantes de Amojileca lleguen hasta ahí, deben considerar unos 30 minutos más del trayecto de la colonia Omiltemi al pueblo.
Las urvans del servicio público que suben hacia la colonia PRD, o sea que pasaban por la Omiltemi, se llenan desde el centro, lo que dificulta más el desplazamiento de los habitantes de Amojileca a su regreso.
En la nueva base a Amojileca no hay sombra y los pasajeros esperan en esas condiciones una de las pocas urvans que dan el servicio por ahora hasta la comunidad. Algunas señoras van cargadas de su mandado.
Desde el ataque, son pocas las unidades de la ruta.
Los habitantes de Amojileca no tienen de otra, deben bajar a Chilpancingo para surtirse de alimento. En el pueblo no hay mercados y las pocas tiendas que venden frutas, verduras o carnes dan caro, compartieron algunas mujeres en la parada de la Omiltemi.
Una vecina de Amojileca, quien por cuestiones de seguridad omitió su nombre, comentó que dentro de la comunidad está tranquilo y, hasta cierto punto, seguro, el detalle es que ahora deben pagar doble pasaje para bajar a la ciudad.
Deben pagar ocho pesos más para llegar al centro de la ciudad. Antes sólo pagaba los 17 pesos de la ruta Chilpancingo-Amojileca. En el viaje completo (ida y vuelta) ahora gastan 50 pesos, en lugar de los 34 pesos.
Algunos prefieren caminar desde la Omiltemi hacia el mercado central o el centro y ahorrarse ese pasaje.
En la nueva base de las unidades hacia Amojileca hay una camioneta de la Policía Municipal que escolta la base.
Además, desde las seis de la tarde, cuando el sol y el calor bajan, la Policía Municipal monitorea en sus camionetas las colonias Omiltemi y PRD, informaron los vecinos.
“A veces cuando la cosa se pone violenta acá, los policías andan hasta las 10 de la noche dando vueltas y hacen retén en el módulo, checan carros y motos”, dice una vecina de la colonia del PRD, quien por cuestiones de seguridad prefieren omitir su nombre.
Los retenes aparecen cuando la violencia crece en Chilpancingo, vigilan carros y motos, preguntan hacían donde van y si son vecinos de alguna colonia aledaña.
Los habitantes de la comunidad de Amojileca esperan que la base cambie pronto a su lugar habitual, cerca del mercado Baltasar R Leyva Mancilla.
Este cambio se debió a que dos camionetas de urvans del servicio público de la ruta Amojileca-Chilpancingo fueron incendiadas presuntamente por personas ligadas al crimen organizado. Ocurrió el viernes 11 de abril, alrededor de las 11 de la mañana.
Al día siguiente los conductores cambiaron su base y con eso acortaron su ruta.
Aun así, los conductores cubren su recorrido con cautela y temor.
Amojileca es un pueblo con varios restaurantes que ofrece comida típica de la región, como pozole, todos los fines de semana. En algunos locales no vendieron nada el fin de semana pasado. “Las personas no quisieron subir por miedo a que el lugar estuviera inseguro”, comentó una vecina de Amojileca.
Un hombre que estaba en el interior de un automóvil Nissan, tipo Chevy, estacionado en el centro de Chilpancingo, fue asesinado a balazos la noche de este domingo.
El hecho se registró alrededor de las siete y media de la noche, sobre la avenida Miguel Alemán, una de las principales vías de la ciudad.
Testigos reportan que se escucharon varias detonaciones de arma de fuego. A esta hora es parte de la cotidianeidad que varias familias de Chilpancingo paseen en el zócalo. Las madres y los padres llevan a sus menores hijos a jugar en la explanada del zócalo. Los disparos se escucharon muy cerca, lo que generó pánico entre la gente. Los testigos contaron que la gente que estaba a mitad del zócalo, sin idea de dónde habían ocurrido los disparos, corrieron a refugiarse en los negocios que había cerca, en un instinto básico de supervivencia.
Los servicios de emergencia llegaron y se percataron del cadáver de un hombre en el interior del automóvil color azul, estacionado frente al tianguis de la fayuca, a solo una cuadra del zócalo.
Los establecimientos comerciales ubicados en esta avenida inmediatamente bajaron las cortinas.
En los últimos cuatro días la violencia en Chilpancingo dejó un saldo de tres vehículos de transporte incendiados por hombres armados y dos hombres asesinados y el chofer de un taxi desaparecido.
Uno de los asesinados, quien fue calcinado al interior del taxi, era el pasajero y se desconoce hasta el momento el paradero del conductor.
Estos nuevos hechos de violencia ocurren en medio de una supuesta tregua entre los dos grupos del crimen organizado que controlan la economía local, con negocios lícitos como el transporte y la venta de productos básicos, principalmente la carne.
Los grupos del crimen organizado con presencia en Chilpancingo son Los Tlacos y Los Ardillos. Los primeros se denominan así porque se cree que principal dirigente, por lo menos el visible, es de Tlacotepec, cabecera del municipio de Heliodoro Castillo, en la región de la Sierra.
Al otro grupo se le domina Los Ardillos porque se dice que el patriarca de la familia Ortega Jiménez se parecía a una ardilla.
En ambas organizaciones están articulados grupos económicos y políticos de la región y tienen presencia en los Ayuntamientos y el Congreso local, con alcaldes y diputados vinculados.
Hombres armados privaron de su libertad a tres integrantes de una familia la noche del miércoles 10 cuando circulaban a bordo de una camioneta cerca de Chichihualco, cabecera del municipio de Leonardo Bravo, en donde desde los últimos cuatro días se han registrado enfrentamientos con armas de fuego entre dos grupos del crimen organizado.
Distintas fuentes de información dijeron que Efraín N, su esposa, su hijo Óscar N y otra mujer viajaban en vehículo procedente de la comunidad de Iyotla, y que casi llegando a Chichihualco, varios individuos los interceptaron.
Desplazados de Tepozonalco, Leonardo Bravo, bloquean el acceso hacia esa población donde, presuntamente, hubo un enfrentamiento entre grupos armados, el 25 de marzo del 2020.
Los delincuentes le recriminaron a la familia si no sabían que después de las seis de la tarde ya no se puede transitar por la carretera y calles de Chichihualco, y se llevaron por la fuerza a Efraín, a su hijo Óscar y a su esposa; a la otra mujer la abandonaron en la carretera Chichihualco-Iyotla.
La familia, que hasta este jueves sigue desaparecida, se trasladaba a Chichihualco para buscar un médico que atendiera a Efraín, porque está enfermo.
Vecinos de Chichihualco informaron que un nuevo enfrentamiento con armas de fuego entre los dos grupos del crimen organizado se suscitó de dos a cuatro de la madrugada de este jueves.
«El detalle ahora es que a lo mejor por las balaceras se fue la luz y el servicio se restableció hasta el mediodía de este jueves», afirmó una vecina de Chichihualco entrevistada vía telefónica.
Durante el día del miércoles 10, la gente observó a elementos del Ejército, Guardia Nacional y Policía estatal recorrer las calles de Chichihualco.
«La situación sigue igual, ya que siguen cerrados las tiendas, el mercado municipal y no hay labores en el ayuntamiento, aunque sí hay servicio de transporte público a las colonias y a Chilpancingo, pero solo unas horas durante el día», dijo la señora.
Este miércoles 10 de abril, los campesinos suspendieron la ceremonia del acto luctuoso del 105 aniversario de la muerte del general revolucionario Emiliano Zapata, que desde 1920 se venía realizando en este lugar en forma ininterrumpida.
Hombres armados incendiaron dos camionetas de transporte público de pasajeros de la ruta Chilpancingo-Amojileca alrededor de las 9:30 de la mañana, este jueves, a escasas seis cuadras del centro de la ciudad.
De acuerdo con testigos del hecho, los delincuentes llegaron a la base de las camionetas Urvan, bajaron a los dos choferes y a los pasajeros de las unidades, y enseguida, con suma tranquilidad, rociaron de gasolina a las dos camionetas y les prendieron fuego.
Vecinos de la calle 13 de Septiembre, de la colonia Morelos, presenciaron el hecho violento a través de las ventanas de sus casas.
El fuego alcanzó el techo de madera y láminas de asbesto del sitio y en cuestión de minutos lo consumió.
Bomberos municipales apagaron el fuego.
Un pasajero que estaba al momento que llegó el grupo armado fue trasladado por una ambulancia a la Cruz Roja para ser atendido de una crisis nerviosa y una pequeña herida en el brazo derecho.
«Llegaron y bajaron a todos los pasajeros y luego le prendieron fuego a las dos camionetas», narró una vendedora ambulante.
Otro comerciante que tiene su puesto a unos 200 metros de la base de las camionetas, comentó que los delincuentes se retiraron, pero no precisó si en automóvil o motocicletas.
«Solo escuché el ruido de un motor, pero no identifiqué si era un automóvil o motocicletas», dijo.
La calle 13 de Septiembre, de la colonia Morelos, ubicada a seis cuadras del zócalo, es una zona constantemente vigilada por fuerzas de seguridad federal y estatal.
Después de este ataque al transporte público, se suspendió el servicio de la ruta Chilpancingo- Amojileca.
Amojileca, municipio de Chilpancingo, se localiza a siete kilómetros de la capital guerrerense.
Los primeros días de febrero de este año, los transportistas suspendieron el servicio una semana, tras una serie de ataques contra varias de sus unidades y asesinatos de cuatro choferes.
Por intermediación de los jerarcas de la iglesia católica, los dirigentes de las organizaciones criminales de Los Ardillos, Celso Ortega, y de Los Tlacos, Onésimo Marquina, se estableció una tregua de no agresión. Ese pacto se estableció vía telefónica entre los dos líderes criminales, según la iglesia.
Como ocurrió en procesos electorales pasados, en este 2024, las organizaciones criminales que controlan varias regiones de la entidad decidieron quiénes serán los abanderados en muchos municipios de Tierra Caliente, Zona Norte, Costa Grande, Montaña Baja y Región Centro.
La dirigencia del partido Movimiento Ciudadano (MC) informó que en 12 de los 83 municipios no registró candidatos o candidatas a las presidencias, porque los integrantes del crimen organizado no les dieron permiso a sus aspirantes.
En Tierra Caliente, MC no registró candidatos en Cutzamala de Pinzón, Ajuchitlán del Progreso y Zirándaro. En los seis restantes municipios de esta región, Arcelia, Pungarabato, Tlapehuela, San Miguel Totolapan, Coyuca de Catalán y Tlachapa, el partido naranja sí tiene candidatos, pero existe el riesgo de que en el transcurso de las campañas, sus abanderados dejen la contienda, que arracarán el próximo 20 de abril, informó una fuente de la dirigencia estatal de este partido.
Una de las experiencias que tuvo MC en el municipio de Cutzamala en las elecciones de 2021, es que su entonces candidata, Marilú Martínez Núñez, su esposo e integrantes de su planilla fueron privados de su libertad por un grupo armado seis días antes de las votaciones.
Un día antes de los comicios constitucionales, Marilú Martínez y el resto del grupo fueron liberados. La elección la ganó la priísta Rosa Jaime López, esposa del entonces presidente municipal, también del PRI, Timoteo Arce Solís.
En Tierra Caliente, a excepción de MC, los partidos con registro nacional, Morena y sus aliados del PVEM y PT, así como la coalición PRI-PRD y PAN registraron sus planillas en los nueve municipios. Pero días antes de que concluyera el plazo para el registro de candidatos a las presidencias municipales ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (Iepcgro), el pasado 3 de abril, la candidata de Morena en el municipio de Coyuca de Catalán, Elia Camacho Goicochea, renunció a la candidatura, junto con toda su planilla.
En la imagen, aspectos de las elecciones a gobernador en Guerrero, el 7 de junio del 2021. Foto: José Luis de la Cruz (Archivo).
Elia Camacho es hermana del ex diputado local y exalcalde de Coyuca de Catalán Elí Camacho, quien fue asesinado a balazos por un grupo armado en marzo de 2017, cuando en ese entonces era funcionario del gobierno del priísta Héctor Astudillo.
En su carta de renuncia, Elia Camacho, tía de la legisladora local perredista Elzy Camacho, argumentó «situaciones insuperables».
Jacinto González Varona, dirigente estatal de Morena, aseguró que Elia Camacho declinó la candidatura porque pretendía incluir a varios de sus familiares en la planilla y rechazó que haya sido presionada por la delincuencia.
Sebastián de la Rosa Peláez, integrante del Comité Ejecutivo Estatal de MC, informó que su partido tampoco registró candidatos a las alcaldías en los municipios de Teloloapan, Tetipac, Ixcateopan, Cuetzala del Progreso, pertenecientes a la Zona Norte de la entidad.
En Coahuayutla, en la Costa Grande, nadie de MC quiso ser abanderado.
Los militantes del partido naranja de los municipios de Mochitlán, Quechultenango y José Joaquín Herrera, rechazaron la candidatura, aseguró Sebastián de la Rosa.
En Acatepec, municipio de la Montaña Alta, MC tampoco tiene abanderado.
«Aunque muchos de nuestros candidatos que logramos registrar en municipios de alto riesgo como Chilapa y otros de Tierra Caliente, prácticamente harán campañas testimoniales, ya que seguramente no saldrán a las comunidades», mencionó de la Rosa Peláez.
«Muchos de nuestros aspirantes a las alcaldías que ya no quisieron participar fueron visitados por gentes extrañas y de forma amable les dijeron que ya no le siguieran; y pues eso se podría entender como una amenaza», dijo Sergio Montes Carrillo, vocero de la coordinación estatal de MC.
En el caso del municipio de Chilapa, en donde todos los partidos registraron a sus abanderados o abanderadas, MC lo ve de alto riesgo, por lo que prevé que en cualquier momento podrían bajarse de la contienda.
Desde las elecciones de 2015, luego de que un grupo armado asesinó a balazos al candidato del PRI a la alcaldía de Chilapa, Ulises Fabián Quiroz, el partido tricolor no ha soltado esta demarcación electoralmente.
Todavía no arrancan las campañas en Chilapa, y dos conocidos militantes morenistas ha sido asesinados a balazos por integrantes de una organización criminal.
La noche del 12 de marzo, el aspirante morenista a la alcaldía de Chilapa Tomás Morales Patrón fue asesinado a tiros, al parecer por un solo hombre, cuando llegaba a su domicilio ubicado entre las calles 10 Norte y Río Ajolotero, en la cabecera de este municipio.
Siete días después, el 20 de marzo, a unas cuadras de la plaza central de Chilapa, hombres armados asesinaron a balazos al regidor morenista y activista de las tradiciones y costumbres indígenas Antonio Crespo Bolaños.
La versión del dirigente estatal de Morena, Jacinto González, de que la propia militancia le informó que hay una lista de otros ocho reconocidos morenistas que podrían ser agredidos, decidió registrar a Paula Angélica Miranda Silva como su candidata. La morenista Paula Angélica fue delegada de los programas sociales del Bienestar en la zona de la Montaña Baja.
Sergio Montes dijo que MC ve las elecciones de este 2024 más «complicadas» que las del 2021, en cuanto al tema de la inseguridad y la violencia en casi todo el territorio de Guerrero.
El 2 de junio, el electorado va a elegir a 83 presidentes municipales y 28 diputados locales representados por los partidos políticos.
En los municipios de pueblos originarios de Ayutla de los Libres y Na Savi, sus autoridades serán elegidas mediante usos y costumbres en asambleas.
Alejandro Bravo Abarca, dirigente estatal del PRI, dijo que su partido, en alianza con el PAN y el PRD, registró candidatos y candidatas en los 83 municipios y los 28 distritos locales.
Sin embargo, dijo que los abanderados de la alianza saben perfectamente los riesgos que implica realizar su campaña política; sobre todo, en municipios en donde permea la violencia y la inseguridad.
«Nuestra recomendación que les hemos hecho a nuestros candidatos y candidatas, que tomen sus precauciones y que no se expongan», dijo Alejandro Bravo.
Las campañas para las presidencias municipales en Guerrero arrancan el próximo 20 de abril.
El IEPC informó que a unos días de que arrancaron las campañas a diputados locales en los 28 distritos, cinco abanderados solicitaron medidas de seguridad por presuntas amenazas de la delincuencia.
Las solicitudes de estas medidas fueron turnadas a la Secretaría General de Gobierno, que a su vez las turnó a la Secretaría de Seguridad Pública, a fin de que autorice el envío de policías estatales para brindar protección a los abanderados.
«Es muy burocrático ese trámite, porque en eso que se envía la solicitud al gobierno del estado por parte del IEPC, tarda hasta nueve días para que autoricen; ¿y qué pasa si en ese lapso de tiempo al candidato ya le pasó algo?, cuestionó uno de loscandidatos que solicitaron medidas de seguridad.
Las zonas desprotegidas por el Estado, donde no hay servicios, son tierra fértil para la cooptación de los jóvenes en actividades criminales
Texto: Margena de la O
Foto: Andrea Mendoza
6 de marzo de 2024
Chilpancingo
Dos semanas después, los 11 cadáveres de las personas masacradas en la Sierra de San Miguel Totolapan la tarde del 19 de febrero pasado, la mayoría hombres jóvenes, por lo que se pudo apreciar en los videos que circularon al día siguiente de los hechos, siguen en el Servicio Médico Forense (Semefo) sin ser identificados ni reclamados por familiares, informaron de la Fiscalía General del Estado (FGE)
La escena de los cadáveres apilados en algún punto de Las Tunas, pueblo de la Sierra de San Miguel Totolapan, difundida en videos el 20 de febrero pasado, expuso más que una deshumanizada manera de sopesar la vida, evidenció quiénes son los actores que quedan en medio de la violencia criminal de zonas marginadas de Guerrero: los jóvenes.
La noticia de esos videos, que daban cuenta de una masacre, ocurrida un tarde antes en la parte de la Sierra que pertenece a la Tierra Caliente de Guerrero, fue difundida por los medios de comunicación sólo desde el ángulo de la rivalidad de grupos del crimen organizado, porque los mismos agresores se jactaban de su hazaña y de pertenecer a determinado grupo criminal, como una manera de dejar clara su fuerza.
La imagen corresponde a una captura de pantalla de los videos difundidos sobre la masacre en Las Tunas, parte de la Sierra de la Tierra Caliente, donde se aprecia que varias de las víctimas son jóvenes.
Pero en los mismos videos hay otros elementos: la mayoría son muy jóvenes. De los dos lados están vestidos con ropa de estampado militar, y tienen armas y chalecos antibalas; sería muy difícil saber, sino fuera por lo que los autores de los videos exponen, quiénes son unos y quiénes son los otros, que pertenecen a grupos antagónicos.
“¡Así se mata!”. “¡Gracias por el arsenal!”, se escucha que gritan en los videos donde, primero, se ve que los agresores siguen disparándole a los cadáveres; después los apilan y les prenden fuego.
De estos hechos la FGE informó en un primer boletín que personal oficial acudía a la Sierra a confirmar los hechos, después difundió que elementos de la Policía Investigadora Ministerial, Policía Estatal y Ejército hallaron cinco cadáveres calcinados, de quienes se desconocía su identidad, pero que serían trasladados al Servicio Médico Forense (Semefo). Estos eran mucho menos de los que se ven en los videos.
Ahora, dos semanas después de los hechos, personal de Comunicación Social de la dependencia informó que en total llegaron al Semefo 11 cadáveres calcinados y semicalcinados que siguen en calidad de desconocidos. De esto ya no hubo boletín. “Ya se les tomaron muestras para la obtención de perfiles genéticos, en espera de que familiares acudan a la Fiscalía a reclamar los cuerpos y otorgar muestra, también para hacer el comparativo”, se lee en el mensaje que compartieron al solicitar esos datos.
Jóvenes toman un descanso y conversan en la alameda Granados Maldonado, de Chilpancingo, el 19 de febrero del 2024.
La antropóloga Rosa Isela Robles Jiménez, quien es integrante del Centro de Estudios sobre Infancias y Juventudes en Guerrero (Ceijgro), comentó desde su papel de estudiosa del tema, los dos contextos más habituales del involucramiento de jóvenes con grupos del crimen organizado: uno, desde el elemento aspiracional, porque desean formar parte de una que en realidad es vida ficticia, pero que se alimenta con lo que difunde desde algunos medios masivos de comunicación, y dos, la forzada, que ocurre con mayor constancia en las comunidades marginadas y desprotegidas por el Estado.
“Yo he visto ese fenómeno en las comunidades donde no hay condiciones, donde hay pobreza; donde no hay acceso a un mayor grado de educación, los jóvenes llegan hasta la secundaria y de ahí sus imaginarios son migrar a Estados Unidos o al norte del país, o incluirse en estas filas del crimen organizado”, comentó en entrevista.
Pero al abundar en que las zonas desprotegidas por el Estado son tierra fértil para la cooptación de los jóvenes a actividades criminales, mencionó que las condiciones están dadas para que no pase nada, porque “se sabe que nadie va a reclamar por ellos, el Estado no va a hacer nada por ellos, porque son comunidades pobres, (algunas) indígenas, que a quién le importan, ¿verdad?”.
En la Sierra de Guerrero, es decir la cordillera de la Madre Sierra que pasa por unos 14 municipios del estado, de acuerdo con algunos estudios, está un surco de comunidades de abundante riqueza natural, pero de evidente abandono institucional, lo que se nota particularmente en los caminos y en la falta de servicios de salud pública y educación.
El lugar donde ocurrió la masacre del 19 de febrero pasado forma parte de ese surco de poblaciones marginadas.
Aun con esto, la antropóloga aclaró en la entrevista que ella no tiene identificado cuáles son las funciones a las que más se dedican los jóvenes cooptados.
La Red por los Derechos de la Infancia en México ha documentado también cómo los menores son el objetivo de grupos delincuenciales. Ha identificado casos de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes desde los siete, ocho y nueve años, de acuerdo con una de sus investigaciones periodísticas publicada en agosto de 2022 en su sitio oficial. Esto forma parte de un panorama general de la situación en el país.
Robles Jiménez había comentado antes que los contextos de cada zona, en este caso de Guerrero, determinan la asociación de los jóvenes a ciertas actividades de esas agrupaciones. “De por sí es visible el abandono del Estado hacia estas cuestiones, también la invisibilidad de estas situaciones que están pasando con los jóvenes, las desapariciones, asesinatos, es un tema que no se quiere tocar, pero ya es como una bombita de tiempo”, agregó.
La desaparición de menores y jóvenes en el estado es un asunto cotidiano, y se observa con la constante emisión de fichas de búsqueda de la Fiscalía General del Estado (FGE) que circulan en redes sociales, pero cuando se difunden videos como los del 20 de febrero lo que más pesa es la idea de grupos criminales en rivalidad, lo que suprime otras reinterpretaciones.
Los colectivos de familiares de personas desaparecidas también exponen esta situación. Sólo el Colectivo de familiares de personas desaparecidas Lupita Rodríguez Narciso, de los más de 10 grupos en Guerrero, tiene documentadas en sus listas a 180 personas desaparecidas, de las cuales 120 son hombres y de éstos 80 son menores de 22 años.
Los colectivos de familiares desaparecidos están encargados en este país de buscar a los suyos de muchas maneras, desde en el campo hasta en las instituciones de gobierno. Han logrado, como una de las rutas de su búsqueda, que les tomen muestras para cotejarlas con los cadáveres que llegan al Semefo.
Para el reconocimiento de los cadáveres de las víctimas de la Sierra de hace un par de semanas sólo queda el cotejo de muestras, porque quedaron irreconocibles por la saña presente aún después de la masacre.
Dos líderes, rivales a muerte, se hablaron por teléfono y se desactivaron ocho días de ataques criminales
Texto y Foto: Marlén Castro
Sábado 17 de febrero del 2024
Chilpancingo
Una sola llamada, sin testigos, sin la intervención de nadie más en la conversación fue suficiente para que dos enemigos a muerte, líderes de dos grupos del crimen organizado, Onésimo Marquina Chapa, de Los Tlacos, y Celso Ortega Jiménez, de Los Ardillos, concretaran una supuesta tregua.
De esta forma, de acuerdo con la versión del director del Centro de Derechos Humanos Minerva Bello, el sacerdote católico José Filiberto Velázquez Florencio, se puso fin a una crisis de violencia en Chilpancingo, en la que siete conductores del transporte público fueron asesinados, dos personas más resultaron heridas, 10 unidades destruidas, una ciudad paralizada y ataques de pánico de la ciudadanía que ante el miedo se encerró en sus casas.
Sólo los criminales hablaron. La llamada habría ocurrido alrededor de las nueve de la mañana del martes 13 de febrero, reveló el sacerdote.
Filiberto Velázquez aclaró, fue el interlocutor para que esta llamada tuviera lugar, pero no estuvo en la llamada, ni él ni ningún otro sacerdote más, sólo facilitó los números telefónicos de uno y otro, ya hecha la mediación para la negociación.
El día de la llamada se cumplían nueve días de la crisis de violencia cuyo blanco fueron conductores del transporte público. La noche anterior, alrededor de las siete y media de la noche, hombres armados asesinaron al séptimo conductor y otra persona más resultó herida. Esa noche se vivió la jornada de mayor terror. Después de ese ataque circularon mensajes en las redes sociales de que hombres armados a bordo de varias unidades tenían órdenes de disparar a todo el que anduviera en la calle. El resultado: la ciudad se sumió en un silencio absoluto.
El día de la supuesta llamada, con la que se alcanzó la tregua, fue el día más silencioso de todos.
Esta mañana del 16 de febrero del 2024, dos días después de que se reveló que los sacerdotes católicos mediaron para una tregua entre los líderes criminales, Filiberto Velázquez atiende una entrevista tras otra.
El sacerdote Filiberto Velázquez Florencio durante la entrevista en la Casa del Peregrino.
Cuelga el celular y entra otra llamada. Esta mañana ya lo han entrevistado unas siete emisiones diferentes de televisión, de radio, de la Ciudad de México, de otros estados de la República y también de medios de comunicación de Estados Unidos. Al final del día platicará con 17 medios locales, nacionales e internacionales.
Quienes lo entrevistan piden que les cuente cómo fue que los sacerdotes católicos se convirtieron en los salvadores de la ciudad ante la falta de oficio de las autoridades federales, estatales y municipales.
A Filiberto Velázquez le dan las 12 del día sin tiempo para tomar su café. La bebida sigue a su alcance, pero fría no la quiere, tampoco tiene tiempo para volverla a calentar. Continúa con las entrevistas. Tiene la agenda llena.
El sacerdote católico atiende todas estas entrevistas, algunas telefónicas y otra presenciales, en la Casa del Peregrino, un refugio para familiares de enfermos del Hospital General Raymundo Abarca Alarcón, ubicado por la entrada norte de la capital. Se trata de una construcción solitaria sobre la carretera México-Acapulco.
La Casa del Peregrino, refugio en el que el sacerdote Filiberto Velázquez, atiende entrevistas este 16 de febrero.
El sacerdote ya enfrentó un atentado, ocurrió el 18 de octubre del 2023, cuando circulaba por la carretera Chilpancingo-Chilapa, en Tixtla, en un área dominada por Los Ardillos, donde el sacerdote lleva a cabo su trabajo pastoral.
En estos momentos, en la Casa del Peregrino solo hay cuatro personas: un hombre que, por sus características, es evidente que tiene la función de guardaespaldas, quien en una computadora está pendiente de las imágenes de las cámaras colocadas en las diferentes áreas de la casa, un niño y otro hombre que hace labores de tipo administrativas, y el padre.
Para llegar a la Casa del Peregrino se toma una desviación del lado derecho de la carretera Chilpancingo-Zumpango y se interna unos 500 metros por un camino de terracería.
El sacerdote tiene pactada una entrevista con Carlos Loret de Mola, para su programa de la W Radio. Ayer por la noche, Loret en su programa de Latinus, transmitió una entrevista con el líder de Los Ardillos, Celso Ortega Jiménez.
Ortega Jiménez aparece con el rostro cubierto y una gorra. Sólo se ven sus ojos. Lo entrevistan en un espacio abierto, hay árboles y al fondo la montaña. Para la población guerrerense la aparición de Celso Ortega es una novedad, se escucha hablar de él, pero pocos lo conocen, aun cuando su familia es pública porque se mueven en diferentes dimensiones. El integrante más conocido es Bernardo Ortega Jiménez, diputado local por el PRD, quien acumula una carrera de cargos públicos en la zona de operaciones de su hermano.
En la entrevista –presentada como un trabajo de investigación por Latinus, pero sólo es la entrevista a un criminal–, Celso Ortega revela a Loret de Mola que en 2006, tiempo en que dice que pertenecía a Los Zetas, uno de los líderes del grupo lo comisionó que se viniera a Guerrero a apoyar en la campaña al ahora presidente Andrés Manuel López Obrador. A principios de año, un medio norteamericano reveló el tema del financiamiento del crimen a la campaña de López Obrador, en 2006.
En la conferencia matutina de este viernes, López Obrador se burló de la entrevista. Dijo que era un montaje y que seguramente el escenario era el rancho de Loret en Valle de Bravo.
En la entrevista, lo primero que pregunta Loret de Mola al padre es si vio su programa y si es Celso Ortega el que aparece en la entrevista y, también, sí reconoce los paisajes de la zona en la que opera el grupo en cuestión.
Buscaba la ratificación de la información que publicaron.
“Es él –afirma el sacerdote–. Son sus ojos. Es su voz”. “Sí, el lugar puede ser Quechultenango o Mochitlán”, dice sobre el escenario.
Después, lo entrevista sobre la mediación para conseguir la tregua. Cuenta otra vez, lo que ya ha contado a los medios que precedieron a Loret. Al sacerdote ya se le empieza a notar la voz ronca de tanto hablar esta mañana.
Para las entrevistas presenciales el sacerdote tiene poco tiempo.
Esta entrevista se interrumpió varias veces, por las llamadas de algunos medios que no tenían agenda, pero que por su peso y porque son en vivo, no les puede decir que no, y las que ya estaban agendadas.
–¿Alguien fue testigo de la llamada?
–No, nadie, sólo ellos dos hablaron y acordaron.
–Es difícil imaginar a dos criminales en una plática telefónica. ¡Hola, ¿compa cómo estás? ¿Se habrán saludado primero?
–No, ni idea, no sé. Sólo ellos saben. Pero andan en esto, es su negocio, deben saber cómo hacerlo.
–¿Y cómo empezó esta mediación de los sacerdotes con ellos?
–Fui yo. A mí me buscó alguien de allá arriba, de Los Tlacos, pidiéndome que buscara a los del otro grupo para platicar.
–¿Entonces la iniciativa fue de Los Tlacos?
–Sí.
–¿Los Ardillos aceptaron?
–Sí aceptaron, pero se tardó en concretar.
El padre Filiberto cuenta que esta mediación comenzó más o menos por mediados de noviembre.
–¿En medio de la mediación, entonces, ocurrió la peor jornada que se ha vivido en Chilpancingo, por la violencia?
–Sí.
Entra otra llamada. El padre contesta y lo vuelven a entrevistar.
Esta semana en la que ocurrió esta crisis de violencia, era una semana de definiciones en lo político, por la elección del próximo 2 de junio. En Guerrero se elegirán diputados federales, locales, alcaldes, síndicos y regidores.
En esta nueva entrevista, el sacerdote agrega que la iniciativa de la tregua vino de los mismos grupos, porque ellos mismos se estaban afectando en sus negocios. Explica cómo evolucionó el crimen organizado en Guerrero, porque, quien lo entrevista, menciona el tema de la venta de drogas.
–No. Se estaban afectando en sus negocios legales, –dice. Explica que esos grupos tienen negocios legales–no sólo ilícitos, como se supone– y estos días ellos mismos se afectaron. Parte de sus negocios legales son el transporte, la venta de carnes, de bebidas.
Filiberto Velázquez cuenta que esta crisis ahora detonó en el transporte, como antes en las granjas de pollo. Dice que en Chilpancingo la pelea ya no es territorial, sino económica, por la preeminencia de los negocios legales de cada uno.
–¿Pero por qué ocurrió esta nueve crisis de violencia, si ya había una mediación?
–Lo desconozco.
–Finalmente, después de una semana de crisis, se hablan ¿qué ocurrió que lo hizo posible?
El sacerdote levanta los hombros. Para muchas cosas Filiberto Velázquez no tiene respuesta.
–Si nadie estuvo en esa llamada ¿cómo se enteró usted que sí se llevó a cabo?
–Por información de gente cercana a las dos partes.
El sacerdote revela que él no hubiera querido estar en medio de estas entrevistas, que hubiera querido que no se revelara la mediación suya para resolver el conflicto, pero ya que el obispo Salvador Rangel Mendoza lo reveló, tiene que aclarar cómo se dieron las cosas para que no se mal entienda. También dice que no sabe cómo Rangel Mendoza se enteró que medió con los dos grupos.
El miércoles, después de la misa tradicional por el inicio de la cuaresma, el obispo de la Diócesis Chilpancingo-Chilapa, José de Jesús González, reveló en entrevista acerca de un acuerdo que intentaron con los distintos grupos criminales en Guerrero para alcanzar la paz.
En Chilpancingo, como en gran parte del estado, se está muy lejos de la paz, sólo cesaron por ahora los ataques a transportistas, pero el miedo sigue. Este viernes, antes de las nueve de la noche, las calles del centro de la ciudad están semivacías; las camionetas Urvan pararon el servicio mucho antes de la hora que formalmente dejan de funcionar.
También fue en Latinus, con Loret de Mola, en la misma emisión en la que se transmitió la entrevista a Celso Ortega, donde Rangel Mendoza reveló la tregua entre los grupos locales.
En esta entrevista, luego de hablar del tema del financiamiento a la campaña de López Obrador en 2006 y de otros acuerdos locales de ese tipo en Guerrero, Rangel Mendoza pidió a la ciudadanía reflexionar su voto en las próximas elecciones.
Es viernes 26 de enero, las niñas y los niños de Ayahualtempa hacen lo que cualquier niñez en cualquier comunidad. Unos pequeños en edad preescolar se comparten un triciclo para recorrer la calle contigua a la comisaría, unos adolescentes juegan en sus celulares en la cancha techada y unas niñas con cubetas de nixtamal caminan rumbo al molino.
Lo diferente es que en esta plaza con niñas, niños y adolescentes que juegan despreocupados hay por lo menos una docena de policías comunitarios que vigilan el primer cuadro de la población y otros más apostados en los accesos.
Apenas hace dos días, en esta misma cancha, 20 menores de 11 a 15 años, entre ellos cinco niñas, fueron presentados con los rostros cubiertos, ropa tipo militar y armas, algunas de palo, como integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Pueblos Fundadores (CRAC-PF).
La imagen de los menores armados, por tercera ocasión, de nuevo dio la vuelta al mundo.
Menores caminan por la calle principal de Ayahualtempa dos días después de la presentación de niños y niñas como policías comunitarios.
La presentación de las niñas y los niños en labores de defensa del territorio se debió a la desaparición forzada de la familia integrada por Cecilia Gaspar Hernández, de 57 años, José Teodoro Domingo Ortiz, de 58; los hijos Gaudencio Domingo Gaspar, de 22, y Roberto Domingo Gaspar, de 31, el pasado 21 de enero.
Los cuatro hombres de la familia Domingo Gaspar son policías comunitarios.
La Policía Comunitaria buscó a la familia dentro de su territorio, pero no se aventuraron a hacer ninguna incursión fuera de su comunidad. Hicieron la denuncia a las autoridades, sin embargo, consideran que no han hecho nada para dar con su paradero.
La impotencia de no poder ir más allá de su propio territorio originó la nueva presentación de menores como soldados.
La primera vez que la CRAC-PF presentó a menores vestidos como militares fue el 22 de enero del 2020, en Alcozacán, municipio de Chilapa. En esa ocasión, supuestamente 19 menores se integraban a la Policía Comunitaria e hicieron una demostración de su entrenamiento.
Cinco días antes, 10 hombres de la comunidad de Alcozacán, adherida también a la organización, fueron asesinados.
Los dolientes querían los restos de sus familiares para velarlos y sepultarlos, y la Fiscalía General del Estado (FGE) no se apuraba en las diligencias.
La presentación de los menores fue un golpe mediático al gobierno del priísta Héctor Astudillo Flores. Los medios de comunicación nacionales e internacionales mostraron a los niños soldados y las comunidades adheridas a la CRAC-PF consiguieron que se les cumplieran varias peticiones.
Después del impacto mediático nada se volvió a saber de los menores autodefensas, hasta que se hizo una segunda presentación de más menores, ahora en Ayahualtempa.
El sábado 10 de abril del 2021 presentaron de nuevo a 15 menores que se integraban a la Policía Comunitaria, entre ellos una niña. Los habitantes de Ayahualtempa y de Alcozacán llevaban meses con la petición de que enviaran médicos, medicinas y abrieran escuelas en las comunidades para no tener que ir a Chilapa o a Hueycatengo, cabecera de José Joaquín de Herrera, población pegada a Ayahualtempa. La respuesta fue casi inmediata. Unas semanas después llegó el DIF con enfermeras, médicos y medicinas para equipar las unidades de salud.
Las circunstancias en Ayahualtempa y Alcozacán no han cambiado mucho, salvo porque las comunidades ahora tienen calles pavimentadas. En abril del 2021, la columna de comunitarios levantó una nube de humo al marchar por las calles polvorientas de Ayahualtempa. Ahora no hay polvo y las calles tienen detalles de flores dibujadas en el pavimento en cada esquina.
El pasado 19 de enero se reportó la desaparición de la familia Domingo Gaspar y cinco días después, como las autoridades no mostraban resultados en la búsqueda y en Ayahualtempa ni siquiera saben si hay búsqueda, convocaron a una tercera presentación de menores armados. Otra vez la foto generó escándalo.
Los medios nacionales y extranjeros difundieron la noticia, pero en esta ocasión, como respuesta, el gobierno del estado encabezado por la morenista Evelyn Salgado Pineda, a través de la FGE inició una investigación por corrupción de menores contra la policía comunitaria.
El abogado Rubén Cayetano García, ex diputado federal por Morena, calificó esta acción del gobierno de Salgado Pineda como “un acto ridículo”. Aseguró que la FGE “no tiene un solo elemento para integrar una carpeta de investigación seria, eficiente y fundada” porque no hay “exhibicionismo corporal o sexual, prostitución, prácticas sexuales, consumo de algún narcótico o bebida embriagante”. Estas características se establecen en el artículo 171 del Código Penal de Guerrero para el delito de corrupción de menores.
Nacer y crecer en Ayahualtempa
Eliezer Bolaños y Román Vázquez son dos niños de cuarto año de primaria de la comunidad de Ayahualtempa. Son parte de los menores de edad, algunos en edad preescolar, que juegan en la calle contigua a la cancha techada.
Se divierten con algunos de los juguetes que los Reyes Magos les trajeron el pasado 6 de enero; no son los que querían exactamente, pidieron carros con control remoto, pero se ven felices, recargados en los carritos que deslizan sobre el pavimento. Otros niños más pequeños, entre cuatro y seis años, se prestan un triciclo para ir y venir por la cuadra.
Eliezer Bolaños y Román Vázquez quieren ser maestros y dar clases aquí mismo. Dicen que “aquí mismo” para no salir de Ayahualtempa porque escuchan a las personas adultas decir que es peligroso. Son muy chicos aún, no saben que para estudiar como maestros tienen que salir de aquí, porque dentro del pueblo solo hay telesecundaria. Tampoco saben por qué es peligroso y por qué hay hombres armados en la cancha techada. Sólo saben que los cuidan.
–¿Saben de qué los cuidan o por qué tienen que cuidarlos? Los niños se ven entre ellos, a ver si alguno sabe la respuesta y terminan levantando los hombros en señal de que no lo saben.
Menores de Ayahualtempa, municipio de José Joaquín de Herrera, juegan en una de las calles de la comunidad vigilados por integrantes de la CRAC-PF. Ilustración: Saúl Estrada
Tampoco saben quiénes fueron los menores, algunos incluso de sus mismas edades, presentados como policías comunitarios para la defensa de la gente y del territorio.
En una esquina de la cancha techada, un grupo de adolescentes se entretiene con sus celulares. Es la misma imagen que se repite en otras comunidades, los adolescentes se reúnen en el espacio en el que hay señal del celular. Frente a la cancha venden las tarjetas para abonar crédito a los aparatos. Por tres horas, 10 pesos, una tarjeta de 24 horas cuesta 24 pesos.
Los adolescentes no platican mucho entre ellos. No están reunidos para convivir, sino para agarrar señal. En este grupo hay un adolescente que sí estudia el bachillerato. Sólo dos menores de todo Ayahualtempa estudian este nivel escolar. Para hacerlo, salen todos los días a la cabecera de José Joaquín de Herrera, Hueycatenango, un lugar en el que han asesinado a algunos habitantes de Ayahualtempa.
El adolescente dice que en su caso va y viene sin problema.
Adolescentes se reúnen en Ayahualtempa a jugar en el sitio con mejor cobertura de Internet.
“Yo puedo ir y venir porque no soy comunitario”, dice sin despegar su vista del celular.
Una zona en conflicto
Ayahualtempa es una comunidad nahua del municipio de José Joaquín de Herrera, asediada por un grupo del crimen organizado conocido como Los Ardillos. Este grupo criminal es liderado por una familia originaria de Tlanicuilulco, una comunidad del municipio de Quechultenango, municipio de la zona Centro. Los hermanos Ortega Jiménez son los líderes de este grupo “generador de violencia”, así los llama ahora la Fiscalía General del Estado (FGE) en sus comunicados oficiales.
Bernardo Ortega Jiménez, diputado local del PRD por tercera vez, es parte de esta familia. Ortega Jiménez fue coordinador del Congreso local y dos veces fue presidente municipal de Quechultenango. Bernardo Ortega se deslindó muchas veces de forma pública de su familia, pero las veces que ganó la alcaldía y como diputado local obtuvo urnas llenas en todos los municipios controlados por el grupo criminal.
Por esta razón, Los Ardillos no son un grupo de delincuentes comunes “generadores de violencia”. Los grupos del crimen organizado se articulan para conseguir metas políticas y económicas y lo conforman actores económicos y políticos de la región. La periodista canadiense Dawn Marie Paley llama a organizaciones criminales como Los Ardillos, los nuevos grupos paramilitares, porque son los operadores del Estado o de los grupos fácticos, definidos estos segundos como sectores poderosos de la sociedad al margen de las instituciones políticas, entre los que figuran los grupos empresariales.
Ayahualtempa antes fue asediada por otro grupo del crimen organizado conocido como Los Rojos. En la región de la Montaña baja en la que se ubica Ayahualtempa, se asociaba a Los Rojos con grupos de políticos priístas.
Los Rojos y Los Ardillos –en su versión política el PRI y el PRD– se enfrentaron durante varios años y en estas comunidades varias personas fueron asesinadas de formas salvajes.
Ayahualtempa y Los Pinos son dos comunidades que se blindaron de la incursión de estos grupos criminales con la creación de la CRAR-PF, en agosto del 2014. En total 16 comunidades nahuas de los municipios de Chilapa y José Joaquín de Herrera se adhirieron a este sistema de justicia.
Al interior de la CRAC-PF también hay división. Los de Ayahualtempa se separaron del grupo de comunitarios de Alcozacán, el grupo dirigido por Jesús Plácido, sobrino de Bruno Plácido Valerio, el máximo líder de las autodefensas en Guerrero, asesinado el 17 de octubre del 2023, en Chilpancingo.
Policías comunitarios por necesidad
Luis Morales Rojas, integrante del Consejo Tradicional del Gobierno Náhuatl, de la que forma parte la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores (CRAC-PF), afirma que son policías comunitarios por necesidad, incluidos los menores que fueron presentados como parte de la organización.
Los menores y adultos que se dedican a trabajar en el campo no tienen opciones, dice. Tienen que aprender a disparar para defenderse porque andan en el campo y deben cuidarse solos. Entre los cerros, los acechan integrantes del grupo del crimen organizado conocido como Los Ardillos.
En las familias en las que el papá es pintor, albañil o tienen cualquier otra actividad que no implica salir al descampado, los menores no tienen que aprender a disparar.
En estos días posteriores a la desaparición de la familia Domingo Gaspar en Ayahualtempa, patrullas de la Guardia Nacional, del Ejército y de la Policía Estatal recorren el perímetro entre Chilapa y José Joaquín de Herrera. Pasan todas estas comunidades en conflicto, algunas abandonadas, sin detenerse. A lo largo de esta carretera hay mucha seguridad por los retenes del Ejército y Policía Estatal. Toda esta seguridad, como es evidente, no abona a la tranquilidad de los habitantes de Ayahualtempa.
La gente de esta comunidad nahua se tiene que hacer cargo de su propia tranquilidad y como estrategia mediática presentar a menores en labores de defensa del territorio, lo que funcionó a medias en las dos ocasiones anteriores.
Un policía comunitario vigila en la comunidad de Ayahualtempa.
La presentación de menores como autodefensas es más que una estrategia para llamar la atención de las autoridades. Las niñas y los niños presentados como policías comunitarios, aunque nunca disparen un arma, firman una sentencia. El grupo paramilitar de Los Ardillos ya eliminó a varios habitantes de Ayahualtempa que figuran como policías comunitarios.
Los policías comunitarios de la familia Domingo Gaspar son las víctimas recientes.
En medio de una crisis jurídica por el desconocimiento constitucional del Estado a su sistema de justicia y de una división interna, la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) celebró 28 años de su fundación, y para conmemorarlo marcharon este domingo un poco más de 1,500 personas en la comunidad me’phaa de Totomixtlahuaca, municipio de Tlacoapa, en la Montaña alta de Guerrero.
Durante este fin de semana la CRAC conmemoró otro año más de su fundación en donde se notó su división; las casas de justicia de Caxitepec, Zitlaltepec, del municipio de Metlatónoc y la de San Luis Acatlán, esta última considerada como la casa principal, porque en este lugar se fundó la CRAC-PC en 1995, no participaron en los trabajos de conmemoración de este año.
En Totomixtlahuaca estuvieron integrantes de las casas de justicia de El Paraíso, Espino Blanco y de Escalerilla Lagunas, de los municipios de Ayutla de los Libres, Malinaltepec y San Luis Acatlán, respectivamente.
Durante los trabajos de sábado en la comunidad acordaron seguir con la lucha en defensa de su territorio, al impedir el asentamiento de las empresas transnacionales mineras extractivistas de recursos naturales.
En las mesas de trabajo que instalaron desde el sábado, los integrantes de la CRAC acordaron su rechazo a las organizaciones criminales al interior de su agrupación; también demandaron al Congreso local la creación de seis municipios y que el Estado realice las reformas constitucionales que establezca que los pueblos indígenas y afromexicanos tengan un esquema de autogobernanza.
El sábado, desde las seis de la mañana, comenzaron a llegar a Totomixtlahuaca los integrantes del sistema comunitario a bordo de camionetas desde las diferentes comunidades de los municipios de Ayutla, Ñuu Savi, Tlacoapa, Malinaltepec y Zapotitlán Tablas, para celebrar el aniversario de la organización.
La asamblea general que inició a la una de la tarde del sábado se llevó a cabo en la cancha techada de esta comunidad que tiene una población de 400 habitantes.
Durante la asamblea, la CRAC- PC acordó seguir en la lucha para impedir que en su territorio se asienten las empresas mineras.
En la primera mesa de discusión, los pobladores debatieron los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos a la libre determinación y a un autogobierno. Acordaron iniciar una serie de movilizaciones en Guerrero; la primera la programaron para el próximo 1 de diciembre en el Congreso local, en Chilpancingo.
En la segunda mesa, los pobladores manifestaron sus inquietudes acerca de la protección de la tierra y el territorio. Propusieron elaborar estatutos o reglamentos ejidales en la CRAC-PC en los que se prohíba actividades mineras en su territorio, y pronunciarse contrarios a los cambios de uso de suelo para el extractivismo.
Vidulfo Rosales Sierra, asesor de la CRAC-PC y director jurídico del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, expuso que en el territorio comunitario, el Estado mexicano ha otorgado 50 concesiones mineras; convocó a los pobladores a luchar para que el gobierno federal reconozca como dueños ancestrales de su territorio a los pueblos indígenas y afromexicanos, lo que servirá para hacer más difícil la llegada de empresas extractivas.
En la tercera mesa de discusión, los pobladores propusieron plantearle al diputado local por Morena, Masedonio Mendoza Basurto, que lleve ante el Poder Legislativo una reforma constitucional a favor de los pueblos indígenas y afromexicanos, gestión que será acompañado por una movilización de las cinco casas de justicia de la CRAC-PC en Chilpancingo.
Esta propuesta de reforma ya fue entregada en la legislatura anterior pero no fue contemplada por los diputados locales, y pretenden atender los rezagos en problemas de salud, educación, autogobierno y representación política de los pueblos indígenas y afromexicanos.
La cuarta mesa de discusión se enfatizó en el rol de las mujeres en el sistema comunitario y, a diferencia de los otros tres grupos, sólo participaron 25 mujeres representativas de 10 comunidades del sistema de la CRAC-PC.
Las mujeres alertaron que la violencia contra la mujer va en aumento en los pueblos que están en el sistema comunitario, y que el machismo sigue presente en sus localidades, porque aunque ya tienen cargos de comisarias o policías su opinión no es tomada en cuenta.
Expusieron que las mujeres deben involucrarse en la resolución de conflictos comunitarios, y hacer evidentes los contextos diferenciados en las comunidades, por ejemplo, la situación de pobreza y marginalidad en las que se encuentran miles de mujeres en sus pueblos.
También abordaron el aborto y plantearon que, aun cundo su regalmento ya establece que las mujeres tienen el derecho a decidir sobre sus cuerpos, exigen que quede claro que ninguna mujer deberá ser castigada por su sistema comunitario por interrumpir su embarazo antes de las 12 semanas de gestación.
Durante este debate, las mujeres denunciaron que siguen ocurriendo las uniones tempranas en niñas y adolescentes en la zona, ahora se hace en secreto; insistieron en que deben terminar con esta práctica.
Otra propuesta, es que en la justicia comunitaria de la CRAC-PC deben añadir el delito de feminicidio y de violencia familiar, y crear redes de apoyos de mujeres líderes que traten estos casos para prevenirlo, así como crear medidas de protección a las mujeres.
La última propuesta fue hacer excepciones en su artículo 77 del reglamento interno, que obliga a la mujer y al hombre por igual pagar los gastos de los hijos, y proponen analizar si las mujeres tienen ingresos económicos, porque la mayoría están dedicadas al hogar.
Otro de los planteamientos que se mencionaron en la asamblea es que los pueblos indígenas ejerzan el poder, y sean quienes tomen las decisiones sobre la vida pública y política, no sólo encaminados a recibir los apoyos sociales. Expusieron que están en la búsqueda de la creación de nuevos municipios, como Huixtepec, que se desprendería de Ometepec; San Cristóbal, que saldría de Tlacoachistlahuaca; Chimalapa, que se desprendería de Igualapa; Pueblo Hidalgo, de San Luis Acatlán; Huehuetan, de Azoyu y Totomixtlahuaca, de Tlacoapa.
También destacaron que estos nuevos municipios funcionarían bajo sistemas de gobierno con usos y costumbres, respetando procesos comunitarios, como en la actualidad lo tiene Ayutla de los Libres, y no depender de los partidos políticos.
La mañana de ayer domingo, los policías comunitarios se concentraron nuevamente alrededor de la cancha techada del pueblo. A las ocho de la mañana, algunos con flores en las manos, sus escopetas en la espalda, se tomaron un momento en el altar de la iglesia del pueblo del Santo Entierro, para pedir por sus familias.
Uno de ellos fue Leonardo García, de 22 años, policía comunitario de la localidad La Cortina, que pertenece al nuevo municipio Ñuu Savi, comentó que acuden por costumbre y llevan de ofrenda una flor este día a la iglesia. “Yo vine a pedir por la salud de la familia y por mí, que no me pase nada en el camino”, comentó.
A las diez de la mañana, la marcha comenzó en la orilla del pueblo, en la colonia Las Palmas hacia el centro de Totomixtlahuaca, y duró cerca de 40 minutos el recorrido de un poco más de tres kilómetros.
Los vecinos admiraron el desfile de los policías comunitarios y fue amenizado por tres bandas de música de chile frito, el recorrido terminó con una asamblea en la cancha techada nuevamente donde se aprobaron a mano alzada las propuestas echas el día anterior.
Crisis en la CRAC-PC
La crisis que vive la CRAC-PC a los 28 de su creación se debe, dijeron, a las posibles filtraciones del grupo delictivo de Los Ardillos, con presencia en zonas de Zapotitlán Tablas, municipio donde en los últimos meses han ocurrido la desaparición de 28 personas.
A esto se suma un conflicto entre las casas de justicia, principalmente con la casa matriz de San Luis Acatlán, ante su negativa de validar a Escalerillas como casa de justicia y mantenerla como casa de enlace.
De las cinco casas de justicia, a las celebraciones de Totomixtlahuaca no participaron los pobladores de las casas de Caxitepec, Zitlaltepec y San Luis Acatlán, quienes celeberaron aparte el aniversario.
Esta división surge en medio de un debilitamiento a la CRAC-PC, luego de que el Congreso local encabezado por diputados morenistas aprobaron las reformas a la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura Indígena y Afromexicana, e incluso la Suprema Corte de la Justicia de la Nación (SCJN) avaló este año los cambios en los que se deja de reconocer el sistema de justicia y reeducación; deja a la organización sólo como un auxiliar del sistema de seguridad del gobierno.
Policías comunitarios de la CRAC conmemoraron su 28 aniversario con una marcha en las calles de esta comunidad.
La administración estatal, encabezada por la gobernadora morenista Evelyn Salgado Pineda, consolidó las reformas propuestas desde el gobierno de Ángel Aguirre Rivero para disminuir constitucionalmente al sistema de justicia comunitario de la CRAC-PC, y que en la administración de Héctor Astudillo Flores se logró modificar por los diputados locales.
Aunque en un primer momento la SCJN hizo retroceder esos cambios para que el Congreso local tuviera que consultar a los pueblos afromexicanos e indígenas, la banca de Morena encabezó la simulación de dicha consulta y aprobaron las modificaciones basándose en la ley de la administración priista.
El problema que enfrentan ahora es que la Policía Comunitaria no podría constitucionalmente reeducar a ningún ciudadano infractor de su reglamento porque los diputados locales borraron ese reconocimiento que había, lo que para asesores de la organización es un retroceso legislativo; han planteado recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que nuevamente se reconozca el sistema de reeducación como parte del sistema comunitario.
