En medio de una crisis jurídica por el desconocimiento constitucional del Estado a su sistema de justicia y de una división interna, la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) celebró 28 años de su fundación, y para conmemorarlo marcharon este domingo un poco más de 1,500 personas en la comunidad me’phaa de Totomixtlahuaca, municipio de Tlacoapa, en la Montaña alta de Guerrero.
Durante este fin de semana la CRAC conmemoró otro año más de su fundación en donde se notó su división; las casas de justicia de Caxitepec, Zitlaltepec, del municipio de Metlatónoc y la de San Luis Acatlán, esta última considerada como la casa principal, porque en este lugar se fundó la CRAC-PC en 1995, no participaron en los trabajos de conmemoración de este año.
En Totomixtlahuaca estuvieron integrantes de las casas de justicia de El Paraíso, Espino Blanco y de Escalerilla Lagunas, de los municipios de Ayutla de los Libres, Malinaltepec y San Luis Acatlán, respectivamente.
Durante los trabajos de sábado en la comunidad acordaron seguir con la lucha en defensa de su territorio, al impedir el asentamiento de las empresas transnacionales mineras extractivistas de recursos naturales.
En las mesas de trabajo que instalaron desde el sábado, los integrantes de la CRAC acordaron su rechazo a las organizaciones criminales al interior de su agrupación; también demandaron al Congreso local la creación de seis municipios y que el Estado realice las reformas constitucionales que establezca que los pueblos indígenas y afromexicanos tengan un esquema de autogobernanza.
El sábado, desde las seis de la mañana, comenzaron a llegar a Totomixtlahuaca los integrantes del sistema comunitario a bordo de camionetas desde las diferentes comunidades de los municipios de Ayutla, Ñuu Savi, Tlacoapa, Malinaltepec y Zapotitlán Tablas, para celebrar el aniversario de la organización.
La asamblea general que inició a la una de la tarde del sábado se llevó a cabo en la cancha techada de esta comunidad que tiene una población de 400 habitantes.
Durante la asamblea, la CRAC- PC acordó seguir en la lucha para impedir que en su territorio se asienten las empresas mineras.
En la primera mesa de discusión, los pobladores debatieron los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos a la libre determinación y a un autogobierno. Acordaron iniciar una serie de movilizaciones en Guerrero; la primera la programaron para el próximo 1 de diciembre en el Congreso local, en Chilpancingo.
En la segunda mesa, los pobladores manifestaron sus inquietudes acerca de la protección de la tierra y el territorio. Propusieron elaborar estatutos o reglamentos ejidales en la CRAC-PC en los que se prohíba actividades mineras en su territorio, y pronunciarse contrarios a los cambios de uso de suelo para el extractivismo.
Vidulfo Rosales Sierra, asesor de la CRAC-PC y director jurídico del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, expuso que en el territorio comunitario, el Estado mexicano ha otorgado 50 concesiones mineras; convocó a los pobladores a luchar para que el gobierno federal reconozca como dueños ancestrales de su territorio a los pueblos indígenas y afromexicanos, lo que servirá para hacer más difícil la llegada de empresas extractivas.
En la tercera mesa de discusión, los pobladores propusieron plantearle al diputado local por Morena, Masedonio Mendoza Basurto, que lleve ante el Poder Legislativo una reforma constitucional a favor de los pueblos indígenas y afromexicanos, gestión que será acompañado por una movilización de las cinco casas de justicia de la CRAC-PC en Chilpancingo.
Esta propuesta de reforma ya fue entregada en la legislatura anterior pero no fue contemplada por los diputados locales, y pretenden atender los rezagos en problemas de salud, educación, autogobierno y representación política de los pueblos indígenas y afromexicanos.
La cuarta mesa de discusión se enfatizó en el rol de las mujeres en el sistema comunitario y, a diferencia de los otros tres grupos, sólo participaron 25 mujeres representativas de 10 comunidades del sistema de la CRAC-PC.
Las mujeres alertaron que la violencia contra la mujer va en aumento en los pueblos que están en el sistema comunitario, y que el machismo sigue presente en sus localidades, porque aunque ya tienen cargos de comisarias o policías su opinión no es tomada en cuenta.
Expusieron que las mujeres deben involucrarse en la resolución de conflictos comunitarios, y hacer evidentes los contextos diferenciados en las comunidades, por ejemplo, la situación de pobreza y marginalidad en las que se encuentran miles de mujeres en sus pueblos.
También abordaron el aborto y plantearon que, aun cundo su regalmento ya establece que las mujeres tienen el derecho a decidir sobre sus cuerpos, exigen que quede claro que ninguna mujer deberá ser castigada por su sistema comunitario por interrumpir su embarazo antes de las 12 semanas de gestación.
Durante este debate, las mujeres denunciaron que siguen ocurriendo las uniones tempranas en niñas y adolescentes en la zona, ahora se hace en secreto; insistieron en que deben terminar con esta práctica.
Otra propuesta, es que en la justicia comunitaria de la CRAC-PC deben añadir el delito de feminicidio y de violencia familiar, y crear redes de apoyos de mujeres líderes que traten estos casos para prevenirlo, así como crear medidas de protección a las mujeres.
La última propuesta fue hacer excepciones en su artículo 77 del reglamento interno, que obliga a la mujer y al hombre por igual pagar los gastos de los hijos, y proponen analizar si las mujeres tienen ingresos económicos, porque la mayoría están dedicadas al hogar.
Otro de los planteamientos que se mencionaron en la asamblea es que los pueblos indígenas ejerzan el poder, y sean quienes tomen las decisiones sobre la vida pública y política, no sólo encaminados a recibir los apoyos sociales. Expusieron que están en la búsqueda de la creación de nuevos municipios, como Huixtepec, que se desprendería de Ometepec; San Cristóbal, que saldría de Tlacoachistlahuaca; Chimalapa, que se desprendería de Igualapa; Pueblo Hidalgo, de San Luis Acatlán; Huehuetan, de Azoyu y Totomixtlahuaca, de Tlacoapa.
También destacaron que estos nuevos municipios funcionarían bajo sistemas de gobierno con usos y costumbres, respetando procesos comunitarios, como en la actualidad lo tiene Ayutla de los Libres, y no depender de los partidos políticos.
La mañana de ayer domingo, los policías comunitarios se concentraron nuevamente alrededor de la cancha techada del pueblo. A las ocho de la mañana, algunos con flores en las manos, sus escopetas en la espalda, se tomaron un momento en el altar de la iglesia del pueblo del Santo Entierro, para pedir por sus familias.
Uno de ellos fue Leonardo García, de 22 años, policía comunitario de la localidad La Cortina, que pertenece al nuevo municipio Ñuu Savi, comentó que acuden por costumbre y llevan de ofrenda una flor este día a la iglesia. “Yo vine a pedir por la salud de la familia y por mí, que no me pase nada en el camino”, comentó.
A las diez de la mañana, la marcha comenzó en la orilla del pueblo, en la colonia Las Palmas hacia el centro de Totomixtlahuaca, y duró cerca de 40 minutos el recorrido de un poco más de tres kilómetros.
Los vecinos admiraron el desfile de los policías comunitarios y fue amenizado por tres bandas de música de chile frito, el recorrido terminó con una asamblea en la cancha techada nuevamente donde se aprobaron a mano alzada las propuestas echas el día anterior.
Crisis en la CRAC-PC
La crisis que vive la CRAC-PC a los 28 de su creación se debe, dijeron, a las posibles filtraciones del grupo delictivo de Los Ardillos, con presencia en zonas de Zapotitlán Tablas, municipio donde en los últimos meses han ocurrido la desaparición de 28 personas.
A esto se suma un conflicto entre las casas de justicia, principalmente con la casa matriz de San Luis Acatlán, ante su negativa de validar a Escalerillas como casa de justicia y mantenerla como casa de enlace.
De las cinco casas de justicia, a las celebraciones de Totomixtlahuaca no participaron los pobladores de las casas de Caxitepec, Zitlaltepec y San Luis Acatlán, quienes celeberaron aparte el aniversario.
Esta división surge en medio de un debilitamiento a la CRAC-PC, luego de que el Congreso local encabezado por diputados morenistas aprobaron las reformas a la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura Indígena y Afromexicana, e incluso la Suprema Corte de la Justicia de la Nación (SCJN) avaló este año los cambios en los que se deja de reconocer el sistema de justicia y reeducación; deja a la organización sólo como un auxiliar del sistema de seguridad del gobierno.
Policías comunitarios de la CRAC conmemoraron su 28 aniversario con una marcha en las calles de esta comunidad.
La administración estatal, encabezada por la gobernadora morenista Evelyn Salgado Pineda, consolidó las reformas propuestas desde el gobierno de Ángel Aguirre Rivero para disminuir constitucionalmente al sistema de justicia comunitario de la CRAC-PC, y que en la administración de Héctor Astudillo Flores se logró modificar por los diputados locales.
Aunque en un primer momento la SCJN hizo retroceder esos cambios para que el Congreso local tuviera que consultar a los pueblos afromexicanos e indígenas, la banca de Morena encabezó la simulación de dicha consulta y aprobaron las modificaciones basándose en la ley de la administración priista.
El problema que enfrentan ahora es que la Policía Comunitaria no podría constitucionalmente reeducar a ningún ciudadano infractor de su reglamento porque los diputados locales borraron ese reconocimiento que había, lo que para asesores de la organización es un retroceso legislativo; han planteado recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que nuevamente se reconozca el sistema de reeducación como parte del sistema comunitario.
El Centro de Derechos Humanos de la Montaña (Tlachinollan) asegura que en esta administración estatal que encabeza la gobernadora morenista Evelyn Salgado Pineda se han expandido en Guerrero los grupos del crimen organizado en las zonas turísticas, en las regiones mineras y ciudades comerciales.
En su informe por el 28 Aniversario de la fundación de esta organización no gubernamental y que presentó a finales de febrero de este año, señala que en el 2022 se registraron 25 organizaciones criminales que han protagonizado disputas férreas en la Tierra Caliente, zonas Centro y Norte, Acapulco y Costa Grande.
En su análisis, Tlachinollan, asegura que los municipios más convulsos derivado de la actividad de estas bandas del crimen organizado son en los que hay mayor actividad económica como Acapulco, Chilpancingo, Iguala, Zihuatanejo, Tixtla y Chilapa.
Menciona que en regiones de Guerrero como en los nueve municipios de Tierra Caliente, las organizaciones criminales han tomado el control del comercio y están disputando los ayuntamientos como sucede en San Miguel Totolapan y Coyuca de Catalán.
En Tierra Caliente, es un territorio con nueve municipios y desde hace más de una década la Familia Michoacana tiene el control de esta zona, aseguran fuentes gubernamentales.
Para Tlachinollan, en los municipios de la zona Norte, Iguala, Huitzuco de los Figueroa, Cocula, Teloloapan, Apaxtla de Castrejón y Tepecuacuilco, se disputan el control de las rutas del narcotráfico.
Por versiones oficiales, en estos municipios, Los Tlacos y La Bandera (una escisión de Guerreros Unidos) se pelean esta zona.
«La población se encuentra inerme ante la ausencia de los cuerpos de seguridad y por la complicidad de las mismas autoridades que prefieren pactar con algún grupo para que se encargue de controlar la plaza y brindar seguridad a los gobernantes», dice el informe de Tlachinollan.
Menciona que también en el municipio de Chilpancingo hay tres organizaciones criminales que han incursionado en los giros comerciales como la venta de pollo y ganado vacuno.
En el caso de los municipios de Heliodoro Castillo, Leonardo Bravo y Eduardo Neri, las organizaciones delictivas se disputan la siembra y el trasiego de la droga además del botín de las grandes ganancias que dejan las empresas mineras con capital extranjero que están asentadas en esta zona centro de Guerrero desde hace más de una década.
Tixtla, Chilapa y Quechultenango, son municipios que tiene bajo control un grupo del crimen organizado que ya tiene asegurados los negocios del ámbito comercial así como de las administraciones públicas municipales.
En los ocho municipios de la región de la Costa Grande, Coyuca de Benítez, San Jerónimo, Atoyac de Álvarez, Tecpan de Galeana, Petatlán, Zihuatanejo de Azueta, La Unión de Montes de Oca y Coahuayutla, tienen presencia en las cabeceras municipales y se han organizado para incursionar en varios giros comerciales que son redituables por la presencia del turistas nacionales y extranjeros, indica el informe de Tlachinollan.
Esta oganización dice que en Guerrero el Ejército ha sido utilizado no solo para tirar cuerpos al mar en los llamados «vuelos de la muerte» durante la llamada «Guerra sucia» sino también las aeronaves militares fueron utilizadas para asegurar droga y trasladarla a la frontera con Estados Unidos para hacer jugosos negocios.
Menciona que en Guerrero la clase política ha devastado a las instituciones del Estado, las ha utilizado para beneficio propio y ha permitido que prosperen los negocios de la economia criminal.
«La venta de armas, el trasiego de droga, la trata de personas por parte del crimen organizado con fines de explotación sexual, el control de los giros comerciales por parte del crimen organizado, el pago de cuotas para el sostén de la delincuencia y la disputa por el control territorial y de los mismos ayuntamientos, nos dan la radiografía de un estado sumido en la violencia», establece Tlachinollan.
Señala que a más de un año de que la morenista Salgado Pineda asumió el cargo, su gobierno es ya un desencanto en materia de seguridad pública.
Menciona que en estos 16 meses de gobierno de Salgado se han registrado irrupciones armadas en municipios de Costa Chica, Tierra Caliente, zona Centro, Costa Grande y Acapulco.
«Las playas de Acapulco son ahora escenarios lúgubres controladas por el crimen organizado; los turistas en lugar de divertirse, corren para protegerse de las balaceras, indica Tlachinollan.
Para el presidente del Colectivo de Personas Desaparecidas y Asesinadas «Siempre Vivos» de Chilapa, José Díaz Navarro, los grupos del crimen organizado han venido creciendo en Guerrero desde el gobierno de Ángel Aguirre Rivero.
Recordó que fue con Aguirre cuando se avivó la lucha en Chilapa entre las organizaciones criminales de Los Rojos y Los Ardillos, éste último prácticamente ya se adueñó de la plaza en este municipio.
«Este grupo del crimen organizado de los Ardillos sigue desapareciendo y asesinando gente en Chilapa y ninguna autoridad federal y estatal hacen algo para detener a sus líderes», dijo el activista quien en el 2014 sus hermanos Alejandrino y Hugo fueron hallados decapitados luego de que integrantes de esta organización los privaron de su libertad.
Desde Aguirre, quien solicitó licencia en octubre del 2014 por el caso de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala en septiembre de ese mismo año, gobernó el estado el perredista Rogelio Ortega y a partir del 2015, el priísta Héctor Astudillo Flores.
El problema de la inseguridad que vive Guerrero ha provocado que diversos actores políticos fijen sus diferentes posiciones e incluso esto ha llegado a la tribuna del Congreso local.
Luego de que el líder estatal de Morena y diputado local, Jacinto González Varona, aseguró que alcaldes del PRI y PRD tienen pacto con algunos grupos del crimen organizado, sus pares del PRI y PRD, lo acusaron de «irresponsable».
Durante el debate de este jueves en la sesión del Congreso, la perredista Elzy Camacho Pineda, le exigió a González Varona que presentara pruebas de sus dichos ante las instancias correspondientes.
Un nuevo enfrentamiento a balazos registrado este sábado entre habitantes de comunidades de la Sierra de Guerrero con presuntos integrantes del grupo del crimen organizado de la Familia Michoacana (FM) dejó un saldo de una persona herida y tres desaparecidas.
En un video que se difundió en las redes sociales que circuló este sábado en la noche se escuchan detonaciones de arma de fuego. Según versiones extraoficiales este hecho es un enfrentamiento de pobladores de las comunidades de Santa Clara y Las Golondrinas, del municipio de Coyuca de Catalán contra miembros de la FM.
Según los lugareños, este viernes en la noche, presuntos integrantes de la FM llegaron al pueblo de Santa Clara de donde se llevaron dos cuatrimotos. Los habitantes pidieron el auxilio del Ejército para que fueran con ellos y trajeran de nuevo las cuatrimotos.
Debido a que los militares no les hicieron caso, habitantes de las comunidades de Santa Clara, La Sierrita y La Olla, del municipio de Tecpan de Galeana y el Crucero de San Antonio Texas, del municipio de Coyuca de Catalán se armaron con rifle 22 y de alto poder y se trasladaron este sábado en la tarde a un punto conocido como Las Golondrinas en donde estaban los miembros de la Familia Michoacana.
En este punto se registró un enfrentamiento a tiros que duró una hora.
Durante la confrontación armada uno de los habitantes de nombre Nicolás, de la comunidad de Santa Clara, resultó herido de bala y hay otras personas lesionadas por parte de la FM.
Los lugareños aseguraron que posterior al enfrentamiento se enteraron que los miembros de la Familia Michoacana se llevaron por la fuerza a Prisco Herrera Mendoza, Onidis Herrera Montor y Lalo Aguilar, de 50, 20 y 18 años, respectivamente.
Prisco y Onidis viven en la comunidad de La Trinidad, municipio de Ajuchitlán del Progreso y Lalo de El Porvenir, municipio de Tecpan de Galeana.
“Los dos adultos y el menor de edad que siguen desaparecidos eran ajenos totalmente al conflicto que existe entre la gente de la Costa Grande con el grupo de la Familia Michoacana”, afirmó uno de los lugareños.
Hasta este domingo en la tarde, los integrantes de la FM tienen tomada la comunidad de Ballades, municipio de Ajuchitlán del Progreso y sus opositores están en Santa Clara por lo que se prevé nuevos enfrentamientos.
Azucena Rosas García, comisaria de la comunidad de El Durazno, del municipio de Coyuca de Catalán, contó que los militares que tienen su base en este lugar luego de la masacre de las siete personas el 10 de diciembre del 2022, no quisieron acudir al sitio donde se registraba el enfrentamiento este sábado en el punto conocido como Las Golondrinas.
“La gente tiene mucho miedo porque a pesar de la presencia del Ejército sigue la violencia en la Sierra”, expresó.
La violencia en esta parte de Guerrero, en donde colinda la Costa Grande y Tierra Caliente, se agudizó a partir del pasado 28 de enero cuando un grupo de policías estatales realizó una operación en la comunidad de El Parotal, municipio de Petatlán.
Según la versión de los habitantes de El Parotal, el enfrentamiento a balazos que tuvieron los agentes fue porque en este grupo tres individuos se negaron a identificarse, los que murieron en la confrontación, junto con un comandante de la corporación y un policía raso.
En videos que los pobladores montaron en las redes sociales, los policías estatales admitieron que los tres individuos que iban en la operación pertenecían a las filas de la FM.
Informes oficiales aseguran que en los municipios de la Costa Grande operan cuatro grupos del crimen organizado que tienen conexión con los poderes económicos y políticos de esta zona.
Estas organizaciones criminales que reconoce el gobierno son Los Granados, Sangre Nueva, Cártel Jalisco Nueva Generación y Los Viagras.
Estos cuatro grupos del crimen organizado tienen una disputa con la Familia Michoacana que desde hace más de una década opera en los nueve municipios de Tierra Caliente.
“Sin (Genaro) García Luna no hubiéramos podido trabajar”, declaró Jesús Zambada García, El Rey, en el juicio que enfrenta en Nueva York el exsecretario de Seguridad y socio de Felipe Calderón. El testimonio es clave en el proceso que podría terminar en unos días.
Desde la prisión donde se encuentra desde 2019, Genaro García Luna planeaba asesinar a un testigo fundamental en el juicio que enfrenta por narcotráfico.
Fracasó, y ahora el sobreviviente del frustrado atentado ha declarado que el exsecretario de Seguridad Pública y principal colaborador de Felipe Calderón, fue el elemento clave en la expansión del tráfico de drogas hacia Estados Unidos.
El testigo es Jesús Reynaldo Zambada García, El Rey, uno de los últimos en la lista de comparecientes por parte de la Fiscalía General de Estados Unidos en el caso que se ventila en Brooklyn, Nueva York.
El Rey, quien es hermano del actual líder del cartel de Sinaloa, Ismael Zambada García, El Mayo, dijo que personalmente entregó por lo menos cinco millones de dólares al exfuncionario mexicano.
El dinero fue parte del pago por la protección de los gobiernos del Partido Acción Nacional (PAN) al cartel de Sinaloa.
Los sobornos empezaron durante el sexenio de Vicente Fox Quesada, cuando el ahora procesado era jefe de la Agencia Federal de Investigación (AFI).
La protección aumentó en el período de Felipe Calderón. Gracias a ese respaldo la organización creció exponencialmente.
Pero el repunte inició con Fox, aseguró El Rey de acuerdo con el reporte del periodista de Vice News Keegan Hamilton, quien cubre el juicio contra el exfuncionario mexicano.
“Cada día de los seis años de ese período el cartel se volvió más fuerte”, aseguró Jesús Zambada. En ese tiempo la organización enviaba un promedio de cien toneladas de cocaína al mes hacia Estados Unidos.
García Luna fue pieza clave en ese crecimiento. “Se podía trabajar mucho, había mucha seguridad, se daba apoyo con los combates y los sicarios, era muy importante” aseguró el testigo.
El apoyo del exsecretario de Seguridad al cartel de Sinaloa fue a tal nivel, que inclusive agentes de la Policía Federal eran los responsables de descargar los cargamentos de cocaína que arribaban al Aeropuerto Internacional de Ciudad de México (AICM).
“No hubiéramos podido trabajar sin esa ayuda” afirmó el testigo. “Era una forma muy segura de trabajar”.
El testimonio de Jesús Zambada seguirá este martes. La Fiscalía estadounidense informó al juez Brian Cogan que presentará otros dos testimonios breves y con ello concluirá su participación en el período de presentación de pruebas en el juicio.
Después tocará el turno a los abogados del exsecretario para presentar sus propios testigos.
Hasta ahora, de acuerdo con el periodista Hamilton, los defensores dijeron al juez que presentarán sólo una participación, aunque eso podría cambiar.
García Luna informó al reiniciar el juicio este lunes que se reserva su derecho a presentar su propio testimonio.
Después de concluir la presentación de los testigos la Fiscalía y defensores deben presentar sus conclusiones ante el jurado, que a continuación iniciará un receso privado para tomar su decisión.
Si Genaro García Luna es encontrado culpable, el juez Cogan determinará el período que permanecerá en prisión, así como las sanciones económicas que debe cumplir.
En caso de que lo absuelvan, el exsecretario debería permanecer en la cárcel mientras el Departamento de Estado resuelve la petición del gobierno de México para su extradición.
En este país García Luna enfrenta tres órdenes de aprehensión y dos investigaciones judiciales en curso, según informes de la Fiscalía General de la República (FGR).
No está claro el tiempo que demore la eventual extradición, pues el acusado tiene derecho a promover acciones judiciales para evitarlo. Una de ellas es solicitar asilo político o humanitario.
Testigo valioso
El Rey Zambada es el primer testigo que reconoce haber entregado personalmente sobornos a García Luna, y de conocer de forma directa la protección del exfuncionario al cartel de Sinaloa.
Antes la mayoría de los testimonios se basaron en versiones o hechos que les contaron o supieron de su existencia. Es decir, fueron testigos de oídas.
De hecho, los abogados del exsecretario, encabezados por César de Castro, han logrado desarticular varios de los testimonios de la Fiscalía.
En algunos casos, durante los contrainterrogatorios, lograron inclusive que los testigos admitieran que nunca se habían reunido con García Luna.
Pero no es el caso de Jesús Zambada García. En su primera comparecencia aseguró haberse reunido en dos ocasiones personalmente con el exfuncionario.
Los encuentros fueron en 2006 en el restaurante Champs-Élysés de Ciudad de México, ubicado a unos metros de la embajada de Estados Unidos.
En ambos casos las reuniones fueron para entregar dinero: tres millones en la primera ocasión y otros dos en el segundo encuentro.
Tras los sobornos García Luna se comprometió a proteger a El Mayo Zambada.
“Le iba a dar protección a mi hermano, no lo va a molestar, va a seguir trabajando como hasta ahora” dijo El Rey.
Además, El Rey afirmó que el exsecretario aseguró que mantenía un arreglo similar con Héctor Beltrán, El Barbas, líder del cartel de los hermanos Beltrán Leyva.
El periodista Keegan Hamilton, quien ha seguido puntualmente el actual proceso y antes el juicio a Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, publicó en Twitter que García Luna permitió al cartel elegir a los comandantes de la Policía Federal o a funcionarios de la entonces Procuraduría General de la República (PGR).
De esta manera, Jesús Zambada logró colocar a Edgar Bayardo, uno de sus colaboradores, en una posición estratégica dentro de la Subprocuraduría de Investigación en Delincuencia Organizada (SIEDO).
El puesto le costó 350 mil dólares que le entregaron a un sobrino del inculpado, Víctor Hugo García.
Un método similar se utilizó para que El Rey virtualmente tomara el control del AICM, donde cotidianamente aterrizaban aeronaves cargadas con droga.
En ocasiones, declaró el testigo, eran pequeños jets privados procedentes de Venezuela, pero también aeronaves de carga con capacidad de trasladar hasta cinco toneladas.
También se utilizaban vuelos comerciales. En estos casos la droga viajaba en maletas marcadas que descargaban policías.
Los envíos “eran según el gobierno lo permitiera”, añadió el testigo. El control del capo sobre la terminal aérea capitalina terminó en 2008, cuando fue capturado por un grupo de sicarios de los hermanos Beltrán Leyva disfrazados de agentes de la Policía Federal que lo entregaron a la policía de Ciudad de México.
Jesús Zambada García fue extraditado a Estados Unidos en 2012, donde se declaró culpable de varios delitos de narcotráfico.
En 2018 fue uno de los testigos clave en el juicio contra El Chapo Guzmán, y gracias a eso su nombre fue borrado de la lista OFAC del Departamento del Tesoro.
El Rey fue sentenciado a 12 años de prisión, pero cumple su condena en libertad, e inclusive se le permitió trasladar a su familia a territorio estadounidense.
Este trabajo fue publicado por el equipo de Pie de Página y lo reproducimos como parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie.
Integrantes del crimen organizado mantiene el acoso e intimidación contra los directivos y trabajadores de las empresas de gas LP en Zihuatanejo, aun con a la presencia del Ejército, Marina, Guardia Nacional y Policía Estatal.
Empresarios de este destino turístico relataron que ayer lunes solicitaron vía telefónica el servicio de gas LP en pipa para rellenar sus cilindros, pero los delincuentes les impidieron llegar.
La pipa de gas que pidió un empresario la custodiaban elementos de la Marina y aún así, los delincuentes obligaron a los trabajadores de la empresa a regresarse a sus instalaciones.
El domingo pasado, el gobierno del estado informó que los establecimientos de las tres empresas gaseras de Zihuatanejo y la otra en Petatlán reanudaron la venta del gas y reabrieron sus instalaciones.
En las fotografías que distribuyeron de la administración estatal se ven pipas de gas en las calles de Zihuatanejo custodiadas por elementos de la Policía Estatal, Guardia Nacional y la Marina.
Pero los carros repartidores de estas tres empresas gaseras no han salido a las calles a vender el insumo porque siguen acosándolos.
Habitantes de Petatlán, municipio vecino de Zihuatanejo, denunciaron que la empresa gasera sigue cerrada y que se trasladan hasta Tecpan de Galeana para rellenar sus cilindros.
Desde el pasado 4 de febrero las gaseras LP de Zihuatanejo y Petatlán pararon labores después de que hombres armados amenazaron a directivos y trabajadores con asesinarlos e incendiarles sus instalaciones.
La consigna fue que dejaran de vender el combustible, de lo contrario hasta los asesinarían.
Una versión extraoficial expone que este grupo del crimen organizado no les exige cuota a los empresarios, les condiciona para que le compre a ellos el combustible. Los empresarios de las gaseras compran el sumo a empresas nacionales.
Una fuente contó que esta medida no es nueva, en otras regiones de Guerrero las organizaciones criminales controlan la venta de pollo, huevo, carne, tortillas, refresco, cerveza, medicinas, refacciones y el servicio de transporte público.
Un claro ejemplo es en los nueve municipios de Tierra Caliente, donde la Familia Michoacana interviene en esas funciones con muchas libertades, porque las corporaciones, como ocurren Zihuatanejo, parece que tienen la consigna de no intervenir.
En el caso de Zihuatanejo y Petatlán el asunto va para largo, debido a que los empresarios de las gaseras se niegan a aceptar las condiciones del grupo del crimen organizado.
Empresarios de gas LP de Zihuatanejo y Petatlán denunciaron que sigue el acoso de delincuentes aun con la presencia de elementos de seguridad federal y estatal.
Habitantes de los municipios de Zihuatanejo de Azueta y Petatlán, ubicados en la Costa Grande de Guerrero, cumplieron seis días con el desabasto de gas LP, debido a que las empresas gaseras cerraron sus instalaciones por amenazas de un grupo del crimen organizado involucrado en las varias de las actividades económicas.
Los camiones repartidores de gas dejaron de salir a las calles de Zihuatanejo y Petatlán.
De las cuatro gaseras instaladas en estos municipios sólo una de ellas, Gas Express Nieto, reabrió y empezó a vender el gas desde el martes pasado, esto ha provocado que afuera de sus instalaciones haya largas filas de personas en sus vehículos que quieren el servicio.
En Petatlán, municipio vecino de Zihuatanejo, los trabajadores de la empresa de Gas Mundial contaron que el pasado sábado 4 de febrero unos hombres armados llegaron a las instalaciones y les dijeron que dejaran de vender el producto.
Los individuos que forman parte de un grupo del crimen organizado les advirtieron a los empleados de la empresa que si vendían el gas les incendiarían las instalaciones.
Versiones extraoficiales informaron que son los integrantes del grupo criminal de la Familia Michoacana (FM), de quienes se ha documentado relaciones con grupos económicos y políticos, de manera particular en Tierra Caliente, aun cuando ahora se hable de su presencia en Costa Grande, son los que extorsionan a estas gaseras.
“Están cobrando (los de la FM) a todos, a empresarios y hasta a comerciantes de los mercados”, dijo una fuente.
Hasta a principios de diciembre había un pacto de no agresión entre la FM, que estaba en Tierra Caliente de Guerrero, y otros grupos del crimen organizado que están asentados en los municipios de la Costa Grande. Ambas regiones colindan en lo alto de la Sierra, donde ha habido enfrentamientos a balazos en días recientes.
Pero esta tregua se rompió luego de que el 11 de diciembre del 2022 un grupo armado, al parecer de la FM, asesinó a siete personas de la comunidad serrana de El Durazno, del municipio de Coyuca de Catalán, Tierra Caliente.
El 28 de enero en la comunidad de El Parotal, del municipio de Tecpan de Galeana, Costa Grande, donde se sabe hay otro grupo criminal, ocurrió un enfrentamiento entre los pobladores y policías estatales que iban acompañados por tres individuos, a quienes después la gente los identificó como miembros de la FM.
En la refriega hubo cinco muertos, un comandante de la Policía Estatal que iba al frente de la operación policiaca y un policía, además de los tres sujetos que presuntamente forman parte de la FM.
Esta acción puso de manifiesto las estrechas relaciones institucionales y criminales. Entonces, cuando acá se habla de crimen organizado se expresan las relaciones que criminales tienen con actores políticos y económicos.
“Todos estos hechos han desencadenando en daños colaterales que los está pagando la ciudadanía, porque no hay gas en Zihuatanejo y Petatlán”, dijo una fuente.
Desde este martes 7 de febrero, elementos del Ejército, Guardia Nacional y Policía Estatal patrullan las calles de Zihuatanejo.
Aun con este reforzamiento de seguridad, el martes pasado, en la calle Vicente Guerrero, en el centro de Zihuatanejo, un sujeto armado hirió de bala a tres mujeres, una de ellas falleció en el Hospital General.
Ante la inacción de las autoridades de gobierno, pobladores de comunidades de una parte de la Sierra de Guerrero pactaron una tregua con grupos criminales para evitar más confrontaciones violentas, informó Víctor Espino Cortés, ex vocero de lis autodefensas de la localidad de Santa Rosa de Lima, municipio de Tecpan, región de la Costa Grande.
Espino Cortés recordó que en el municipio de Zihuatanejo los grupos criminales pretenden cobrar a la ciudadanía por una tregua. Les propuso que tomen el ejemplo de los pueblos de la Sierra de Tecpan y Coyuca de Catalán, donde se organizaron para correr a los delincuentes.
“En la zona de nosotros hubo guerra, pero ahorita, gracias a Dios, ya se pactó una tregua, y ya no entran (los grupos delictivos); nosotros les dijimos aléjate de aquí porque nosotros aquí decidimos”.
Espino Cortés acompañó a unos 40 comisarios de comunidades serranas de Tecpan, Petatlán, Ajuchitlán del Progreso, Atoyac y Coyuca de Catalán a una reunión con funcionarios estatales en Palacio de Gobierno.
En este encuentro estuvieron los titulares de la Comisión de Agua Potable y Saneamiento del Estado de Guerrero (Capaseg) y de la Comisión de Infraestructura Aeroportuaria del Estado de Guerrero (Cicaeg), a quienes las autoridades de los pueblos plantearon la necesidad de la construcción de caminos y también comentaron, aun cuando no son los responsables directos, de la necesidad de que les mejoren la inseguridad pública.
El ex vocero de las autodefensas denunció consideró que es mentira que el gobierno no sepa dónde están escondidos los integrantes de estos grupos criminales.
“Los pueblos deben de apretar a sus gobiernos para que detengan a los delincuentes”, expresó.
En febrero del 2021, Espino Cortés y dos de los autodefensas de Santa Rosa de Lima fueron detenidos por militares por portación de armas para uso exclusivo del Ejército y la Armada de México. Cuatro días después los tres fueron dejados en libertad.
Durante el encierro de Espino Cortés y sus compañeros, los habitantes cerraron la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo, a la altura de su localidad, para presionar por la liberación.
En esa ocasión, habitantes del Ejido Guajes de Ayala, del municipio de Coyuca de Catalán, acusaron a Espino Cortés de participar en la tala inmoderada de árboles y de ser responsable de la desaparición de dos personas de la región.
En entrevista en Chilpancingo, Espino Cortés dijo que en las comunidades de esa parte de la Sierra de Petatlán, Tecpan ya no existen como tal las autodefensas porque, según él, la zona ya está pacificada sin la ayuda del gobierno.
En su experiencia como integrante de las autodefensas, Espino Cortés mencionó que el gobierno en vez de ayudarles se les echó encima, aun cuando le apoyaban para combatir la inseguridad.
“Cuando uno se pone a defender como pueblo, uno lucha con los puños o resortera contra la delincuencia que trae muy buen armamento”, dijo.
En la Costa Grande están identificados tres grupos criminales que en otros momentos han hecho alianzas y que después discuten, lo que afecta a la ciudadanía con sus acciones.
En Zihuatanejo, en junio pasado, el servicio de transporte paró, cerraron tortillerías y suspendieron clases en las escuelas por la extorsiones.
Según Espino Cortés en Petatlán y Tecpan ya no hay delincuentes porque la gente se unión para enfrentarlos. “La unión es como una muralla en donde no permites que entre nadie, así se venga el gobierno, los mañosos, tú lo puedes atrancar, porque peleas por la razón y por tu familia”.
Dijo que en esa parte de la Sierra se aplica la ley del pueblo. “La gente de la Sierra no es mala, es buena, pero si alguien hace un mal, pues, te lo chingas. Le dice uno (al delincuente) oye cálmate, vete, pero si ves que anda secuestrando, entonces no queda de otra”.
En la reunión que los comisarios tuvieron con los funcionarios estatales plantearon la necesidad de la construcción de caminos para que la gente pueda comercializar sus los productos básicos que siembran.
En enero pasado, el entonces secretario general de Gobierno, Saúl López Sollano, se reunió con autoridades y habitantes de comunidades de la Sierra. En ese encuentro, el funcionario les dijo a los pobladores que pidieran dinero prestado para la reparación de caminos rurales que fueron dañados por las lluvias.
La gente consiguió un préstamo de 600,000 pesos, pero hasta ahora el gobierno estatal no se los ha devuelto. En la mesa de diálogo de ayer en la sala de juntas de la Secretaría General de Gobierno, los comisarios pidieron la reposición de ese recurso.
En la minuta de acuerdos de la reunión ayer establecieron que para este año las autoridades les repararán los caminos y para 2023 les pavimentarán varias vías que comunican a localidades de una parte de la Sierra.
Miles de migrantes que llegan a México se encuentran con “la otra ruta de la migración”, aquella en la que los carteles se afianzaron con las pandillas y tomaron el control de “La Bestia”. En municipios del Estado de México, las personas migrantes son reclutadas como «soldados» para la venta y distribución de droga
Fotos: Alejandro Mendoza Benítez y Jessica Lizbeth Mendoza Benítez
28 de marzo del 2022
Estado de México
En el calor de las vías del tren, entre los arbustos y las rocas que se desprenden de la barranca en una localidad del norte del Estado de México, se encuentran hombres, mujeres y niños con la postura de fatiga y una mirada derrotada. Aquí, los migrantes centroamericanos interrumpen su viaje hacia la frontera con Estados Unidos tras ser empleados de manera forzada en la primera fila del crimen organizado y las pandillas.
“Nosotros lo tenemos que hacer por la familia, si no nos ponen y terminamos allá en el altar”, explicó Marvin Josué, un migrante centroamericano que fue reclutado y actualmente trabaja para una facción de la Mara Salvatrucha (MS-13), adjunta al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Aseguró que de no haber aceptado trabajar para la pandilla, habría sido asesinado y sus restos óseos colocados en un altar a la Santa Muerte.
El 12 de mayo del 2021 a las 11:17 de la mañana, en la entidad mexiquense, el joven Marvin Josué, a quien se le cambió el nombre tras aceptar conversar sin ser grabado, estaba sentado a la orilla de las vías del tren con un cigarro en la mano izquierda, la capucha de la sudadera puesta y los tenis amarrados a sus sueños desde que salió de su lugar de origen. Junto a él, dos hombres más, de rostros delgados y labios entrecortados. El primer contacto fue directo pero precavido:
—Buenos días— dijo; extendió la mano y saludó. —¿Qué necesita? —preguntó con firmeza después—. Junto a ellos había una mochila que alejaron levemente al iniciar la conversación y, luego de soltar una breve risa al escuchar el motivo del acercamiento, agregó: —No puedo responder tus preguntas, si yo hablo, en lo que tú vas y las llevas hasta donde escribes, a mí ya me mataron. Pero, te voy a decir lo que sí puedo.
Luego de alrededor de 20 minutos de conversación, en los que dijo asegurarse de que no se trataba de “un cuatro”, Marvin Josué reveló que, tras su llegada al Estado de México, algunos meses atrás, en el municipio de Tultitlán fue abordado por una persona que “se encargaba de reclutar”. Junto a otros hombres, Marvin fue trasladado a una localidad aledaña en donde fueron destinados a realizar distintas actividades por miembros de la MS.
Sin precisar la fecha, relató que después de salir de lo que él llamó “un país de abajo” (para referirse a Centroamérica) y debido a los pocos recursos con los que contaba en ese momento, se vio obligado a recorrer el territorio mexicano por una de las tres rutas principales de traslado hacia Estados Unidos, una de las cuales implica un menor costo: se trata de la ruta del centro que conecta el camino que recorre de Tenosique, Tabasco, o de Tapachula, Chiapas, hasta el Estado de México; son poco más de 1000 kilómetros para llegar al municipio de Tultitlán en donde, de manera irregular, los migrantes suben al tren carguero, conocido como “La Bestia”. Anteriormente los migrantes solían desplazarse en dirección a Reynosa, en la frontera con Tamaulipas y Texas; sin embargo, debido al amplio control que tomó en su momento el cartel de los Zetas en esta ruta, optaron por desplazarse al noroeste, en la zona limítrofe de Sonora y Baja California con Arizona y California, la denominada ruta del “infierno”, el camino largo hacia el “sueño americano”.
Tren carguero “La Bestia”, (Jessica Lizbeth Mendoza Benitez, 2021).
En la actualidad, Marvin es una más de las 177 personas extranjeras en condición migratoria irregular que ha sido víctima de algún delito en territorio mexicano durante 2020 y de los 3 mil 732 casos registrados desde 2016, según estadísticas del Centro de Estudios Migratorios de la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas (UPMRIP) de la Secretaría de Gobernación (Segob).
En México, hasta el 25 de abril de 2021, datos de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos (FMOPDH) indican que se registraron al menos 2 mil desapariciones de personas migrantes en el país, las cuales han sido reportadas por sus familiares. Algunas de ellas interceptadas por el crimen organizado y las pandillas, las personas indocumentadas sufren delitos como tortura, secuestro, extorsión o robo antes de ser asesinados y ofrendados, como dicen ellos, a la “niña blanca”.
Los migrantes son reemplazados de la primera fila de la pandilla cuando cometen un error o se resisten a colaborar con las organizaciones, según el testimonio de una fuente cercana a la pandilla, a quien se geolocalizará, por seguridad, en el municipio de Cuautitlán y se nombrará como Alberto para los efectos de esta historia. Las personas migrantes reclutadas en la entidad llevan a cabo actividades de venta y distribución de droga, así como de sicariato, y se les denomina “soldados”. Los centroamericanos —la mayoría— se rigen bajo las órdenes de un “cabecilla” de la MS que opera en el Estado de México, lugar con 125 municipios y 163 mil 244 habitantes que, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), se ha convertido en una “zona roja” para la comunidad migrante.
Con miembros de la pandilla a bordo de los trenes de carga, a las personas indocumentadas se les obligada a pagar una cuota para que no las arrojen al convoy en movimiento o se les detenga, hasta pagar una extorsión, en “casas de seguridad” ubicadas estratégicamente en territorios aledaños a las vías del ferrocarril: así es la vida del migrante.
Migrantes durante la pandemia por covid-19
Durante el último año, la pandemia por SARS CoV-2 originó cambios en la movilidad de los migrantes, las rutas de tránsito ordinario se vieron afectadas y los carteles del país se desplazaron a nuevos territorios. Los ciudadanos pasaron del interés y la solidaridad iniciales, al descontento y la xenofobia generadas a partir de la organización de las caravanas. Los cúmulos de población que comenzaron a coordinarse para cruzar las fronteras internacionales a partir de 2018, y que desde entonces van en aumento, dieron lugar, en conjunto con las contradicciones del gobierno federal y las políticas internacionales, al colapso de los sistemas públicos locales, el aumento en la competencia del mercado laboral, la incompatibilidad cultural y la exclusión.
Incluso en el periodo correspondiente a 2021, el crimen organizado se había apoderado de zonas estratégicas; incrementó las operaciones focalizadas, el afianzamiento social y la diversificación económica. Se desplazó al conocido “nicho de valor” que proporciona la población migrante en el país y que representa un potencial ingreso económico de hasta 134 millones de dólares anuales por actividades como secuestro, robo, cobro de cuotas de piso y robo de tarifas de contrabando (sin incluir las tarifas de tráfico ilícito).
Según el informe del Centro Robert S. Strauss para la Seguridad y el Derecho Internacionales de junio de 2018, en algunas entidades en México las víctimas de delitos por cada 300 personas migrantes han llegado a las 101 personas; tal es el caso de los jóvenes centroamericanos Marlon José, Julio César y Jairo Enrique, quienes tras ser cuestionados el pasado 30 de agosto de 2020 sobre la situación sanitaria ocasionada por la pandemia de covid-19, respondieron: “Nosotros estamos más preocupados por los asesinatos”. Marlon José recibió seis disparos de arma de fuego el 26 de junio de 2020, en San Luis Potosí, un mes antes de la entrevista; luego de algunas llamadas telefónicas, el 8 de agosto del mismo año se perdió contacto con Marlon. Julio César y Jairo Enrique se separaron en Guadalajara tras sufrir un atentado.
MS-13 pacta con carteles mexicanos
Paradójicamente, cientos de migrantes salen de sus países de origen debido a la expansión de las pandillas y al cobro de piso; sin embargo, al llegar a México se encuentran con “la otra ruta de la migración”, aquella en la que los carteles se afianzaron con las clicas y tomaron el control de “La Bestia”, el tren que transporta combustibles, materiales e insumos a lo largo de más de 5 mil kilómetros desde la frontera sur hasta la frontera norte. Debido a las prácticas de intimidación, la pandilla es notoriamente ineludible.
En 2012, el diario Infobae publicó que las prácticas como desmembramientos y decapitaciones realizadas por los carteles mexicanos eran técnicas de intimidación aprendidas de las pandillas salvadoreñas, según la entonces Procuraduría General de Justicia (PGJ). Posteriormente, el 14 de febrero de 2021, la Embajada de Estados Unidos en El Salvador confirmó su relación, ya que en Central Islip, Nueva York, se presentó una acusación en contra de 14 líderes de mayor rango de la MS- 13 que integraban la Junta Directiva de la organización conocida como la Ranfla Nacional y quienes fueron señalados como responsables de negocios ilegales en distintas partes del mundo, principalmente en México. Los Zeta, el Cartel del Golfo, Cartel Jalisco Nueva Generación y el Cartel de Sinaloa son señaladas como las principales organizaciones con quienes la pandilla se dedica a la trata y el contrabando de personas, es decir, quienes convierten a México, en palabras de José Carlos Aguiar, en un “jardín de huesos”.
De igual forma, durante una conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador el 25 de junio de 2020, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval González, presentó un mapa del Estado de México con las zonas de principal operación y disputa de cuatro organizaciones criminales; sin embargo, el CJNG es el que mantiene el control en el corredor ferroviario Tultitlán- Huehuetoca, encabezado en la entidad y en la Ciudad de México por Omar Ramsés “el Calaca”. Datos de la Evaluación Nacional de Amenazas de Drogas de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), indican que la organización criminal liderada por Nemesio Oseguera Cervantes, alias “el Mencho”, cuenta con presencia en al menos 23 estados de la República mexicana entre los que se incluyen Guadalajara, Guanajuato y el Estado de México.
Durante el periodo de 2006 a 2016, autoridades estatales reportaron el hallazgo de 1978 fosas clandestinas y la PGR, 132. Según el mapeo realizado por el sitio de periodistas de investigación “A dónde van los desaparecidos” y Quinto Elemento Lab, fueron 24 las fiscalías que encontraron fosas en su territorio, con al menos 2284 cuerpos; sin embargo, en el Estado de México solo se reportó la ubicación de cuatro sitios con siete fosas y 10 cuerpos; ningún dato indicó la localización de la fosa en el municipio de Huehuetoca.
El 17 de agosto de 2016, mientras personal de una empresa externa contratada por el Ayuntamiento municipal de Huehuetoca realizaba labores de limpieza en el pozo de agua “Planta Noria”, lugar donde actualmente se localiza el Museo del Ferrocarril, se encontraron 900 restos óseos, de los cuales 792 correspondían a restos humanos y 72 a animales, según informó Alejandro Jaime Gómez Sánchez, titular de la Procuraduría de Justicia del Estado de México, ahora Fiscalía del Estado. Se logró constatar que uno de los perfiles genéticos de las víctimas correspondía a una mujer, sin embargo, MVS reportó que no se divulgó más información sobre los mismos debido a su avanzado estado de descomposición. Un habitante de la zona, entrevistado el pasado 2 de mayo del 2021 y que no aceptó ser grabado, aseguró que sí había un conocimiento previo de las víctimas en el lugar, pues era como “un secreto a voces que esperas no sea verdad”.
“Un residente de allá me contó que una vez que iba pasando por el lugar escuchó que gritaban y enseguida dos disparos. Mejor subió el puente y rodeó el lugar”, refirió el hombre de la tercera edad. Dos personas más cercanas al caso fueron contactadas, pero señalaron que no se les tiene permitido hablar sobre el tema.
El actual fiscal del Estado señaló que no se descartó ninguna línea de investigación, ya que una de las hipótesis apuntaba a que, debido a la localización de la fosa dentro del municipio, podría constatarse que las víctimas eran migrantes centroamericanos; sin embargo, ésta tampoco fue comprobada y los perfiles genéticos se entregaron al Instituto Nacional de Migración (INM). Recientemente el joven Alberto, argumentó que “cada cierto tiempo” se ven “soldados” migrantes nuevos, soldados a los que “se suele cambiar de territorio”. Señaló que, tras ser descubiertos los restos de las 12 personas en inmediaciones de la cabecera municipal de Huehuetoca, los “soldados” fueron trasladados de lugar a otras regiones operadas por la pandilla y el CJNG.
Fotografía 3. Pozo de agua “Planta Noria”, (Alejandro Mendoza Benitez, 2021).
Los santitos
“A nosotros nos dicen santitos, ¿sabes por qué nos dicen santitos? Porque si no lo haces (distribución y venta de narcóticos) te ofrendan a la Santa, pero se tiene que hacer. No importa dónde estés, si no lo haces, te matan a ti y a tu familia”, aseguró Marvin Josué en otro momento de la entrevista. El joven declaró que tiempo después de haber sido reclutado fue “puesto” por alguien de la MS-13 para ser asesinado, pero la persona encargada de trasladarlo a una ubicación inexacta dentro de la entidad lo confundió con alguien más, a quien ultimaron y colocaron en un altar como parte de un culto a la Santa Muerte.
Desde entonces, Marvin se identifica con la pandilla con un nombre que no le pertenece, pues tuvo que adoptar la identidad del sujeto a quien se llevaron “en su lugar”. De forma ilegítima, Marvin desapareció…Y luego de ponerse de pie frente a las vías del tren, preguntó:
Yo vengo de allá. Yo me salvé, mírame. A mí me llevaron a matarme. Me enseñaron las fotos de cómo los ponen y cómo los dejan. A mí me dijeron mira, así vas a quedar. Pero mira, aquí estoy, si no me hubieran llevado allá a sus altares. Ellos allá llevan los huesos de los santitos, por eso es que nos dicen santitos, porque nos convierten en santos. ¿Tú sabías que ellos tienen altares?
En ese sentido, el investigador de organizaciones religiosas emergentes en México Arturo Fabián Jiménez, considera que la Santa Muerte está vinculada de manera directa a lo que él denominó “cinco categorías”: la religión católica, la santería, los ángeles y las creencias prehispánicas; sin embargo, es en su asociación con el satanismo o la magia negra en donde se hace uso de restos humanos para “cuestiones de brujería” ya que, hasta el momento, no hay conocimiento de su relación con las creencias denominadas prehispánicas; sería “un hallazgo el que encuentres tú restos humanos en un altar a la Santa Muerte pero dentro de un culto prehispánico, y precisamente asociado al crimen organizado”.
El experto aseguró que, no obstante, lo que “está en juego” en este tipo de culto asociado a la brujería no es la “capacidad que tiene la Santa Muerte”, sino creer en la persona que te hará el trabajo, pensar que realmente será efectivo. Aseveró que no todos los tipos de culto a la Santa Muerte están relacionados con lo negativo, pues hay “asociación a cuestiones positivas”; incluso dentro del crimen organizado, pueden rendirle culto a la Santa Muerte para protección de sus hijos o en un embarazo en riesgo ofrecer al bebé, “eso hacen las familias”.
“Entre los devotos a la Santa Muerte se encuentran policías y criminales por igual, madres cuyos hijos fueron levantados y aquellos que realizan los levantones”, escribió el antropólogo José Carlos G. Aguiar en una publicación para Aristegui Noticias. Paradójicamente, aunque la niña blanca “no hace milagros, tira paros”, y pareciera no hacerlos por igual. Sin respaldo, los migrantes se ven obligados a formar redes de relación con las pandillas, aquellas por las que, en muchos de los casos, abandonaron su país de origen.
“El migrante es visto como un signo de pesos, alguien a quien se puede explotar laboralmente, sexualmente y económicamente”, dice el encargado diocesano de Movilidad Humana de la Diócesis de Cuautitlán, el padre Horacio Robles Cedillo. Bandas que buscan ganar territorio presionan al migrante con el pago de derecho de piso, “acostumbrado mucho en países centroamericanos”, o al menos eso es lo que le platicaban los migrantes en su estancia como director de la Casa del Migrante San Juan Diego Cuauhtlatoatzin, de 2015 a 2017. El padre Horacio Robles recuerda que la zona en Tultitlán donde se ubicaban las instalaciones era peligrosa, “había autos raros”.
No obstante, al realizar su traslado al municipio de Huehuetoca, “se continuó escuchando de los polleros y aledaño al lugar de casas de seguridad”; este cambio de ubicación geográfica no determinó el cese de las agresiones contra migrantes, por el contrario, éstas se expandieron y potenciaron. Según su testimonio, consideró que para los vecinos resultó difícil “que llegaba el pollero o el que quería secuestrar o extorsionar al migrante en esa zona, por lo que la presión de la comunidad se debió más que a las personas migrantes”, a los “actores negativos” que provocaron ese conflicto.
La casa a cargo de la Diócesis de Cuautitlán se encontraba ubicada en la colonia Lechería, en el municipio de Tultitlán, pero tiempo más tarde, y debido a los
conflictos con la población de la zona, tuvo que cerrarse el 10 de julio de 2012. Posteriormente se le trasladó al municipio de Huehuetoca, a kilómetro y medio de la Presidencia municipal, en una región poco poblada, frente a las vías del tren, donde actualmente opera bajo las estrictas medidas de salud que exige la pandemia por covid-19.
Sin embargo, luego de que entre 2008, 2009 y 2010 el flujo era de hasta 300 migrantes por día, hoy la cantidad oscila de entre 10 a 30 personas. Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en su reporte 2020, como resultado de las actuales medidas sanitarias implementadas por los gobiernos, los migrantes se encuentran en una serie de situaciones precarias, restricciones a la movilidad relacionadas con las medidas de seguridad sanitaria, el desalojo de los refugios seguros, personas varadas en centros de detención y, finalmente, la exposición de las personas migrantes a contraer covid-19.
Finalmente, sobre las vías de “la Bestia” y esta vez con la cabeza descubierta, Marlon Josué se despidió de la entrevista con un choque de puños y asentando con la cabeza; en sus ojos se reflejaba todo, menos tranquilidad.
Al ingresar al territorio mexicano, los migrantes se enfrentan a situaciones como las que los hicieron huir de su país, pero con la diferencia de que en México se ven obligados a integrarse a las filas de las pandillas para sobrevivir. Se convierten en sicarios y burreros; soldados al servicio de los cabecillas de la MS que han logrado pactar con las organizaciones criminales más grandes de México, aquellas que se extienden en la búsqueda de nuevas plazas, que los posicionan como nuevos “sectores económicos”. Al igual que una gran empresa , los carteles de la droga diversifican sus actividades y se incluyen cada vez más a fondo en la “cotidianeidad” del México actual.
*Este reportaje fue elaborado como resultado del curso-taller “Prensa y Crimen en la pandemia” con el apoyo de El Colegio de México y el Instituto Nacional para la Seguridad y la Democracia.
Este trabajo fue elaborado por el equipo de Pie de Página y lo reproducimos como parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie.
