El Congreso local aprobó la licencia de la alcaldesa priísta del municipio de Cutzamala de Pinzón, Rosa Jaimes López, y en esta misma sesión se le tomó protesta su hija, Mayté Lucero Arce Jaimes, para que la releve en el cargo.
Jaimes López asumió el cargo de alcaldesa el pasado 1 de octubre del 2021. El Ayuntamiento le fue entregado por su esposo, Timoteo Arce Solís, quien fue alcalde de dicho municipio durante el periodo 2018-2021. Hoy asumió ese mismo puesto la hija de ambos.
El pleno del Congreso local aprobó por unanimidad la licencia indefinida de Jaimes López al cargo de alcaldesa.
De acuerdo al dictamen presentado, la ahora presidenta con licencia manifestó «motivos personales» para separarse del cargo.
Se intentó entrevistar a Arce Jaimes luego de tomar protesta, pero se negó a responder las preguntas de reporteros relacionadas con los cambios en la alcaldía, la situación de seguridad del municipio y su parentesco con la alcaldesa con licencia. Arce Jaimes se negó a exponer los motivos del cambio en la alcaldía y tampoco habló de la situación de seguridad en el municipio.
«Todo está bien, no tienen nada de que preocuparse», dijo a los reporteros mientras caminó apresuradamente.
En las pasadas elecciones de 2021, la priísta compitió contra la candidata de Movimiento Ciudadano, Marilú Martínez Núñez, quien durante la campaña fue privada de su libertad junto con su esposo, dos hijas, su mamá, un candidato a regidor y dos de sus operadores políticos. Ocurrió el 1 de junio del 2021, es decir, cuando faltaban cinco días para las elecciones en las urnas.
La versión de esa ocasión el líder estatal del MC, Adrián Wences Carrasco, fue que los individuos armados se llevaron a Martínez Núñez y acompañantes para que declinara su candidatura.
El 3 de junio de ese año, es decir, 72 horas antes de los comicios constitucionales, Marilú Martínez y el resto de las personas fueron liberadas, pero la candidata suspendió sus actos de campaña. La priísta Rosa Jaimes ganó la elección.
Durante ese proceso electoral, Wences Carrasco y el entonces secretario de Organización del Comité estatal de Morena, Ignacio Vázquez Memije, denunciaron que un grupo del crimen organizado de Tierra Caliente avaló las candidaturas a las alcaldías en los nueve municipios de la región y a los candidatos a diputados locales en los dos distritos electorales.
Las autoridades de los gobiernos federal y estatal tienen identificado que la organización criminal con presencia en la Tierra Caliente es la Familia Michoacana.
La alcaldesa suplente de Cutzamala de Pinzón, Mayté Arce Jaimes, rinde protesta ante el pleno del Congreso local durante la sesión de hoy. Foto: Oscar Guerrero.
José Manuel de Herrera fue un sacerdote insurgente y diputado; firmó los Sentimientos de la Nación y fue comisionado por José María Morelos y Pavón para representar a la causa insurgente en el extranjero.
De acuerdo con su biografía publicada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), José Manuel Herrera estudió teología en el Colegio Carolino de Puebla, fue cura de Santa Ana Acatlán y de Huamuxtitlán, en el hoy estado de Guerrero.
En 1811 es enviado a la Capellanía de Chiautla, en Puebla, momento decisivo en el que se une a la causa insurgente, comandada por Morelos.
Chiautla fue tomado por las tropas de Morelos, y fue ahí que se adhirió a la causa insurgente y lo acompañó en la toma de Oaxaca en 1812. En la catedral de Oaxaca dio una misa solemne para celebrar ese triunfo.
Dos meses más tarde, Morelos le encargó fundar y dirigir el periódico Correo Americano del Sur, junto con Carlos María de Bustamante.
En septiembre de 1813 fue diputado del Primer Congreso de Anáhuac, en Chilpancingo, en representación de la provincia Tecpan.
En Chilpancingo firmó los Sentimientos de la Nación, primer marco jurídico de América, y posteriormente colaboró en la redacción del Decreto de Independencia en la América Septentrional, y en la constitución de Apatzingán.
En noviembre de 1813, Morelos lo designó para ir a negociar con el gobierno de Estados Unidos en Washington DC el suministro de armas y municiones. Para este viaje, Morelos le encargó la custodia de su hijo Juan Nepomuceno Almonte, pero, tras su muerte, sólo llegaron hasta Nueva Orleans.
José Manuel de Herrera regresó a Puebla, en donde aceptó el indulto ofrecido por el virrey Juan Ruiz de Apodaca.
Regresó a la vida política del país tras la Independencia de México en 1821. Fue nombrado ministro de Relaciones Interiores y Exteriores de 1821 a 1822, por el recién nombrado emperador Agustín de Iturbide.
Posteriormente diputado por Tlaxcala y Ministro de Justicia con Vicente Guerrero en 1829.
José Manuel de Herrera es considera por la historia oficial como el primer ministro de Relaciones Exteriores de México, en 1821 envió a la Secretaría de Estado de Estados Unidos la primera comunicación oficial emanada del México Independiente y estableció las relaciones formales entre los dos países.
Murió en la Ciudad de México en 1831; se desconocen las causas.
Texto patrocinado por el Congreso del estado de Guerrero
El pasado 1 de marzo culminó el primer receso legislativo correspondiente al segundo año de ejercicio legislativo, en dicho receso la Comisión Permanente planteó una serie de exhortos en distintos temas y turnó algunas iniciativas a comisiones que habrán de desahogarse en el periodo ordinario.
Desde el 15 de enero que se instaló el receso legislativo y asumió los trabajos la Comisión Permanente hubo 10 sesiones, de las cuales dos fueron extraordinarias.
La Comisión Permanente es un órgano del Congreso que entra cada receso legislativo, está conformado por 12 diputados que funcionan como una guardia ante la ausencia del total de diputados. Durante el receso los diputados pueden regresar a sus distritos y organizarse para crear agendas legislativas para el periodo ordinario próximo.
En tanto, los 12 diputados que integran la Comisión Permanente tiene facultades limitadas y pueden presentar convocatorias y emitir exhortos, pero no aprobar alguna iniciativa.
Algunos de los temas que más debatieron en este receso fue el tema de las vacunas caducadas que se aplicaron en la entidad y el aumento al costo de las casetas de peaje de la Autopista del Sol.
En tanto las dos sesiones extraordinarias se realizaron para emitir las convocatorias para designar a los titulares de los órganos internos de control de varios organismos públicos descentralizados.
La primera discusión en la Comisión Permanente fue cuando las diputadas y los diputados de Morena rechazaron enviar un exhorto a la Secretaría de Salud federal para que sustituyera las vacunas contra el Covid-19 caducadas que llegaron a Guerrero el 26 de enero y fueron aplicadas a niños de 5 a 11 años.
El 1 de febrero, durante la sesión de la Comisión Permanente, el diputado Olaguer Hernández Flores, presidente de la Comisión de Salud, presentó la propuesta del exhorto.
En el exhorto solicitaba a la Secretaría de Salud dejar de aplicar las vacunas caducadas que son de la marca Pfizer y enviar nuevos lotes.
En una sesión de la Comisión Permanente, conformada por 12 diputados, para aprobar el exhorto necesitan siete votos a favor; en esta ocasión no lograron la mayoría, es decir, no pasó.
El exhorto también llamaba a las dependencias encargadas de la aplicación de las vacunas a realizar “una mejor estrategia de planeación en la aplicación de las vacunas contra Covid-19, para así evitar poner en riesgo la salud y la vida de los infantes y en general de toda la población”.
Otro de los debates más conocidos en esta Comisión Permanente fue el aumento al costo de las casetas en la Autopista del Sol.
Los diputados priistas y perredistas acusaron al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrado, de “traicionar al pueblo” por dicha acción, pero los legisladores morenistas defendieron los aumentos.
El debate se generó debido al nuevo aumento de 7.8 por ciento en los costos de peaje en las casetas de la Autopista del Sol, que entró en vigor el pasado 1 de marzo.
En aquella ocasión fue el diputado perredista Bernardo Ortega Jiménez quien encendió los ánimos de los nueve legisladores presentes de la Comisión Permanente.
“El aumento del peaje nos confirma algo que ya sabíamos de antemano, que al gobierno federal no le interesa Guerrero y decide comportarse indiferente ante la situación actual del sector social y productivo”, mencionó.
La postura del perredista fue secundada por la diputada del PRI, Gabriela Bernal Reséndiz, quien catálogo el aumento como “un duro golpe para la economía de los guerrerenses”.
La morenista Yesica Ivette Alejo Rayo solicitó el uso de la palabra para defender los aumentos al costo de las casetas y, dijo, los incrementos están sustentados en la inflación, no fueron por “ocurrencia”.
Mencionó que los aumentos en el costo de las autopistas federales se actualizan cada año y sirven, en esta administración federal, para continuar con los apoyos sociales que otorga el gobierno federal.
Otra diputada morenista que defendió los aumentos fue Leticia Castro Ortiz, quien dijo que los aumentos en el peaje no son de este gobierno, son de “gobiernos anteriores”.
El morenista Masedonio Mendoza Basurto también defendió los aumentos y recurrió al pasado para justificarlos.
Los legisladores de oposición coincidieron en que la bancada de Morena no puede justificarse en el pasado ni en los programas sociales.
El debate siguió hasta que la presidente de la Mesa Directiva, la perredista Yanelly Hernández Martínez, mandó a votación la petición. Los nueve diputados presentes votaron por que el tema estaba plenamente discutido.
En las dos sesiones extraordinarias celebradas entre el 23 y 24 de febrero, el pleno del Congreso local aprobó la donación de dos predios en Iguala y Pilcaya para la construcción de cuarteles de la Guardia Nacional.
Además emitieron las convocatorias para elegir a los titulares de los órganos internos de control de cinco dependencias.
Se trata de los titulares de los Órganos Internos de Control del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Guerrero (Iepcgro), de la Fiscalía General del Estado (FGE), de la Comisión de Derechos Humanos de Guerrero (CDHEG), del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), y del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero (Itaigro).
Estos órganos son unidades administrativas dentro de las dependencias y organismos públicos descentralizados encargadas de “prevenir, detectar y abatir posibles actos de corrupción”, se lee en el sitio oficial del Congreso local.
En este receso muchos del resto de los diputados, es decir, los que no integraron la Comisión Permanente, regresaron a sus distritos electorales, otros continuaron con los trabajos en las comisiones legislativas dentro del Congreso.
A 15 días de instalarse el segundo periodo ordinario de sesiones ningún grupo parlamentario o representación ha presentado agenda legislativa para abordar en los próximos meses.
Diputados y diputadas durante una sesión de la Comisión Permanente en el Congreso local. Fotografía: Congreso del estado de Guerrero
Este texto es patrocinado por el Congreso del estado de Guerrero
Fotografía: Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (INEHRM)
15 de marzo del 2023
Chilpancingo
José María Liceaga fue un hacendado, militar y médico originario de Guadalajara, que participó activamente en la Guerra de Independencia desde su inicio, en 1810, hasta su muerte, en 1818.
Para conformar el Primer Congreso de Anáhuac, Liceaga participó como legislador por la entonces provincia de Guadalajara.
Como diputado fue uno de los firmantes del Acta Solemne de la Declaración de la Independencia de la América Septentrional, en 1813 y también en la firma del Decreto Constitucional para la Libertad de América Mexicana, en 1815.
Aun cuando son desconocidos los datos específicos acerca de su nacimiento y vida, los datos oficiales proporcionados por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) indican que nació en 1780, en una hacienda familiar llamada Hacienda de la Gavia, en el hoy municipio de Romita de Liceaga, Guanajuato.
Liceaga comienza sus estudios de medicina pero los abandona y se enlista en el Ejército realista, donde ascendió al cargo de teniente.
En 1810 se une a Miguel Hidalgo y Costilla para acompañarlo en la Guerra de Independencia, donde es nombrado teniente coronel.
El 30 de octubre de 1810 participó en la batalla del Monte de las Cruces en la que las tropas de Hidalgo se enfrentaron y vencieron a los elementos realistas.
Unos meses después, el 17 de enero de 1811 se enfrentan en otra batalla los insurgentes y los realistas, pero esta vez, los insurgentes resultaron perdedores. Se trató de la batalla del Puente de Calderón en la que las cifras de insurgentes muertos y heridos fueron unos 13,000.
Para los historiadores esta batalla fue el final de la primer etapa de la insurgencia, comandada por Miguel Hidalgo.
Tras los fusilamientos de Miguel Hidalgo e Ignacio Allende, Liceaga no soltó las armas y continuó en la lucha armada en el noreste de México
Por ese motivo fue nombrado vocal de la llamada Junta de Zitácuaro, órgano político y administrativo de los insurgentes, y el antecedente directo del Congreso de Anáhuac.
Ya en 1813 fue nombrado diputado por la provincia de Guadalajara en el Congreso de Chilpancingo, desde el 24 de octubre de 1814 hasta el 5 de noviembre de 1815, y fue uno de los firmantes del Acta Solemne de la Declaración de la Independencia de América y del Decreto Constitucional para la Libertad de América Mexicana.
Después que Morelos es fusilado en de diciembre de 1815, Liceaga se marcha a Michoacán y dos años después, por desacuerdos entre los diputados del Congreso de Chilpancingo, Ignacio López Rayón lo destituye a él y a José Sixto Verduzco de sus cargos como diputados y ordena que sean capturados.
Después de este acontecimiento, José María Liceaga decide retirarse de la vida militar y se va a su hacienda de La Laja, en Guadalajara.
A finales de 1818 Liceaga fue asesinado por el capitán Juan Ríos, desertor de las tropas del comandante insurgente Miguel Borja. En realidad ambos murieron.
De acuerdo con el libro Actores y escenarios de la Independencia. Guerra, pensamiento e instituciones, 1808-1825, de los historiadores Alfredo Ávila y Enrique Florescano, Juan Ríos cometió varios desmanes en la Hacienda del insurgente retirado Liceaga, por lo que este último decidió atacarlo y en un enfrentamiento ambos fallecieron.
Existe otra versión que indica que Juan Ríos estaba bajo las órdenes del comandante insurgente Miguel Borja, quien ordenó el asesinato de Liceaga; la razón, una deuda que tenía y para evitar pagarla, Liceaga decidió que le quitaran la vida.
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En septiembre de 1813 asistió al Primer Congreso de Anáhuac como diputado por la provincia de Michoacán
Texto: José Miguel Sánchez
Fotografía: Mediateca INAH
7 de marzo de 2023
Chilpancingo
José Sixto Verduzco fue un sacerdote que participó en la Guerra de Independencia, firmó junto con José María Morelos y Pavón los Sentimientos de la Nación, en Chilpancingo, y formó parte del Primer Congreso de Anáhuac.
De su vida y participación en el movimiento independentista poco se sabe, las fuentes oficiales no ofrecen muchos datos sobre Sixto Verduzco, pero su nombre y firma en los Sentimientos de la Nación, primer marco jurídico de América, hacen su participación innegable.
De acuerdo la Mediateca del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Sixto Verduzco nació en Zamora, Michoacán, en 1770, y murió en 1830 en la Ciudad de México.
Se formó como sacerdote en el Colegio de San Nicolás de Valladolid y en el seminario de la misma.
En el seminario de Valladolid, José María Morelos y Pavón fue su compañero de clase y compartieron diversos ideales liberales de la época.
Finalmente obtuvo el grado de doctor en teología por la Pontificia Universidad de México. Posteriormente fue el párroco en el pueblo de Tuzantla, en la entonces intendencia de Michoacán.
Una vez que comenzó la guerra de independencia se unió a las filas de Morelos y en 1811 se adhirió a la Junta de Zitácuaro, órgano político y administrativo de los insurgentes.
Mientras Morelos era el estratega militar del movimiento insurgente, Sixto Verduzco se encargó de representarlo ante la Junta de Zitácuaro.
«Sabemos del aprecio que éste (Morelos) le profesaba por los grados académicos que Sixto Verduzco había logrado: el doctorado en teología, además del aprecio y confianza que se manifestó en delegarle la responsabilidad de representarlo en la conformación de la Suprema Junta de Zitácuaro», se lee en el texto del INAH.
Como militar, en 1813, intentó sin éxito conquistar Valladolid para la causa insurgente, las fuentes históricas de la época mencionan que esa derrota fue uno de los acontecimientos que contribuyeron a la caída de la Junta de Zitácuaro.
En septiembre de 1813 Sixto Verduzco asistió al Primer Congreso de Anáhuac como diputado por la provincia de Michoacán.
Tras el asesinato de Morelos, en 1815, continuó en la lucha armada en Michoacán.
En 1817 fue detenido y enviado preso por el virrey Juan Ruiz de Apodaca, tres años después fue beneficiado con el indulto al consumarse la independencia.
Ya con la independencia de México, Sixto Verduzco fue nombrado capitán general y el primer senador electo por Michoacán.
Firmó la Constitución de Apatzingán en 1814 y el acta de Independencia de México en 1821.
Falleció el 22 de octubre del 1832 en la Ciudad de México.
Litografía de José Sixto Verduzco, propiedad del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).
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En Guerrero faltan armonizar leyes para garantizar un sistema de movilidad y transporte adecuado con el marco legal federal y la Agenda 2030, y en el Congreso local está la propuesta para hacerlo.
Lo expuso el diputado local priista Héctor Apreza Patrón en la conferencia magistral Movilidad y Seguridad Vial con Perspectiva de Género, este mediodía en el Congreso local, donde también destacó la importancia de reformar estos ordenamientos del modelo de vialidad «para salvaguarda de la integridad de las mujeres».
A la conferencia magistral fueron invitadas y asistieron integrantes de la Colectiva 50+1, con el propósito de que conozcan estas iniciativas que, de acuerdo con el diputado, incluyen referentes importantes para la seguridad de las mujeres.
Apreza Patrón detalló que desde marzo del 2022 presentó un paquete de iniciativas para armonizar la legislación estatal con la Ley General de Movilidad y Transporte, pero todavía siguen en comisiones.
Se trata de una Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Guerrero, integrada por tres títulos, 10 capítulos, ocho secciones y 77 artículos.
De manera general está ley establece al peatón cómo eje central de las vialidades, y el automóvil pasa a un segundo plano.
«A partir de 1990 las leyes se plantearon para favorecer a los automóviles con más calles, áreas de estacionamiento y beneficios, pero desde el 2014, a través de diversos tratados internacionales, todo eso cambio y se debe legislar a favor del peatón», mencionó durante su conferencia.
Además consideró importante mejorar los servicios de transporte público.
Presentó dos reformas a leyes secundarias para garantizar su cumplimiento. Es una reforma a la Ley de Transporte y Vialidad del estado y a la de Asentamiento Humanos, que están en las comisiones de Transporte y en la de Ordenamiento Territorial, respectivamente.
Apreza Patrón llamó a sus compañeros diputados a sacar dichos temas de la agenda legislativa.
A la conferencia asistió la presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Yoloczin Domínguez Serna, quien reconoció al legislador sus aportes para el impulso de políticas públicas con perspectiva de género.
También estuvieron otros legisladores locales: la panista Ana Lenis Reséndiz Javier; los priistas Alicia Zamora Villalva, Gabriela Bernal Reséndiz, Olaguer Hernández Flores, y el perredista Raymundo García Gutierrez.
Además de la presidenta de 50+1 Capítulo Guerrero, la priista Guadalupe Gómez Maganda, quien también es integrante del Club Rotario Sentimientos de la Nación.
Momento en que el diputado local Héctor Apreza Patrón entrega una copia de la iniciativa de Movilidad y Seguridad Vial con Perspectiva de Género a Guadalupe Gómez Maganda, representante del Colectivo 50+1 Capitulo Guerreo, está tarde en una conferencia magistral en el congreso del estado. Foto: Óscar Guerrero
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Agremiados al Sindicato Sentimientos de la Nación, del Congreso local, denunciaron el despido injustificado de dos de sus compañeros que participaron en la toma de las instalaciones del recinto legislativo, el pasado 8 de febrero.
Se trata de Ramón Núñez Campos y Alondra Reza, el primero se desempeñaba hasta ayer como chofer del transporte de personal y la segunda estaba adscrita al área de Recursos Materiales.
“Me llamaron a una oficina y la licenciada Juanita Avilez (jefa de Recursos Humanos), el día de ayer me dijo sabe que están despedidos, se acabó su trabajo y le vamos a dar su liquidación”, dijo Núñez Campos.
Agregó que hoy se presentó a checar su entrada ya no estaba en el sistema, “pero yo voy a seguir viniendo porque no he hecho nada malo”.
Por tal motivo, alrededor de unos 50 agremiados del Sindicato Sentimientos de la Nación bloquearon desde las 12:30 horas la avenida Trébol Sur, en la entrada principal del Congreso local.
El secretario general de dicho sindicato, Fernando Martínez Román, consideró que estos despidos fueron una represalia por las protestas que hicieron a principios de febrero.
El 8 de febrero los sindicalizados tomaron el edificio del Congreso e impidieron la entrada a los trabajadores por seis días, hasta que acordaron una mesa de diálogo con la presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), la morenista Yoloczin Domínguez Serna.
El líder sindical advirtió que el bloqueo seguiría hasta que se efectuara la reinstalación de los dos trabajadores.
Las instalaciones del Congreso local no están tomadas, y trabajadores y visitantes pueden ingresar a la sede del Poder Legislativo.
“Queremos denunciar a la opinión pública que derivado del movimiento sindical se configuró la represión, hay dos compañeros suspendidos y el hostigamiento no ha parado”, insistió Martínez Román.
Agregó que las mesas de trabajo que acordaron con la presidenta de la Jucopo, derivado de la tomas de las instalaciones fueron pospuestas y hoy amanecieron con la noticia de sus agremiados suspendidos.
Hasta las siete de la tarde el bloqueo continuaba.
Diputados priistas y perredistas acusaron al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrado de “traicionar al pueblo”, y los morenistas defendieron los nuevos costos
Texto: José Miguel Sánchez
Fotografía: Óscar Guerrero
16 de febrero del 2023
Chilpancingo
El aumento al costo de las casetas en la Autopista del Sol generó un debate entre los diputados priistas y perredistas, quienes acusaron al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrado de “traicionar al pueblo” por dicha acción, y los morenistas, quienes defendieron los aumentos.
El debate se generó debido al aumento de 7.8 por ciento en los costos de peaje en las cestas de la Autopista del Sol, que entró en vigor el pasado 8 de febrero.
Durante la sesión del día de hoy, en el penúltimo punto del orden del día, una participación del diputado perredista Bernardo Ortega Jiménez encendió los ánimos de los nueve legisladores presentes de la Comisión Permanente.
“El aumento del peaje nos confirma algo que ya sabíamos de antemano, que al gobierno federal no le interesa Guerrero y decide comportarse indiferente ante la situación actual del sector social y productivo”, mencionó durante el diputado perredista.
Continuó con su participación y habló sobre los aumentos en el peaje de la autopista desde el 2018 que el presidente Andrés Manuel López Obrador asumió el cargo.
“En tan sólo cuatro años el costo del peaje en la Autopista del Sol ha aumentado el 50.6 por ciento, que en un viaje redondo de la Ciudad de México a Acapulco se traduce en un costo de 1,338 pesos”, dijo.
La postura del perredista fue secundada por la diputada del PRI, Gabriela Bernal Reséndiz, quien catálogo el aumento como “un duro golpe para la economía de los guerrerenses, al ser el turismo la principal fuente de ingresos para Acapulco”.
Lo que no les pareció a los diputados morenistas fue que al inicio de su participación la diputada priista dijo: “amor con amor se paga, repite desde la oficina del Ejecutivo de manera constante, pero tal parece que ese dicho una vez más quedó en el aire para Guerrero”.
Bernal Reséndiz llamó a sus compañeros diputados y diputadas locales y federales, y alcaldes, a crear un frente para “defender Acapulco”.
La morenista Yesica Ivette Alejo Rayo solicitó el uso de la palabra para defender los ataques en contra de los aumentos al costo de las casetas.
Dijo que los aumentos en las casetas fueron con base a la inflación y no por “ocurrencia”.
Mencionó que los aumentos en el costo de las autopistas federales se actualizan cada año, y que servirán para continuar con los apoyos sociales que otorga el gobierno federal.
La otra morenista que salió a defender los aumentos fue Leticia Castro Ortiz, quien dijo que los aumentos en el peaje no son de este gobierno, si no de “gobiernos anteriores”.
Además mencionó que los aumentos en la Autopista del Sol se deben por los costos de mantenimiento que consideró “interminables”.
“Yo los invito compañeros y compañeras a ser más mesurados en sus apreciaciones”, agregó.
Llegó el turno del diputado de Morena, Masedonio Mendoza Basurto, quien recurrió al pasado para justificar el aumento del peaje.
“Previo al mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, los presidentes de México devaluaron significativamente el peso en comparación con el dólar estadounidense, pero nadie dice eso, los aumentos en las casetas son de años anteriores, no exclusivos de este gobierno”.
Por el debate, la sesión de la Comisión Permanente se alargó, generalmente no tardan más de dos horas, pero esta se extendió por tres horas y media, hasta después de la hora de la comida.
El olor del pozole que cada jueves le llevan a las diputadas y los diputados como menú para la comida salía desde el área adaptada como cocina, lo que desesperó a los invitados, pero el debate continuó “por corrección de hechos”, dijo Ortega Jiménez, y Bernal Reséndiz otra vez lo secundó.
En sus participaciones, los legisladores coincidieron en que la administración morenista no tiene por que justificarse en el pasado ni en los programas sociales.
El debate iba a continuar, porque pidió la palabra de nuevo Alejo Rayo, pero está vez la presidente de la Mesa Directiva, la perredista Yanelly Hernández Martínez, mandó a votación la petición.
“Preguntaré al pleno si consideran el tema como completamente concluido”, dijo.
Los nueve diputados presentes votaron por que el tema estaba completamente concluido y se acabó la discusión.
La diputada de Morena, Yesica Ivette Alejo Rayo, durante su participación en la sesión Permanente de hoy en la que defendió los aumentos a las casetas de cobro de la Autopista del Sol. Foto: Óscar Guerrero.
Las instalaciones del Congreso local estuvieron tomadas cinco días por integrantes del Sindicato Sentimientos de la Nación
Texto: José Miguel Sánchez
Fotografía: Oscar Guerrero
13 de febrero del 2023
Chilpancingo
Está tarde fueron liberadas las instalaciones del Congreso local después de que estuvieron tomadas cinco días por integrantes del Sindicato Sentimientos de la Nación que demandaban una audiencia con los integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo).
A través del secretario de Servicios Financieros y Administrativos del Congreso local, Andrés Rosendo Orozco Pintos, les notificaron a los trabajadores en paro que tendrían una audiencia con la Jucopo para el miércoles 15 de febrero.
Pero para concretar la reunión debían que liberar las instalaciones del recinto legislativo al menos 24 horas antes, y los trabajadores aceptaron la propuesta; alrededor de las siete de la tarde liberaron las entradas que mantenían bloqueadas desde el pasado miércoles.
Orozco Pintos acudió al plantón de los trabajadores acompañado del notario número dos de Chilpancingo, Emilio Ortiz Uribe, para hacer valida dicha notificación.
“Deberán liberar el acceso a las instalaciones en un plazo no mayor a 24 horas, para inmediatamente proceder a la instalación de una mesa de diálogo y revisión de sus demandas”, les informó Ortíz Uribe.
En nombre de la diputada y presidenta de la Jucopo, Yoloczin Domínguez Serna, el secretario de Servicios Financieros mencionó que la Jucopo está a disposición de un “diálogo institucional y el irrestricto respeto de la institución a los derechos laborales de las y los trabajadores”.
La notificación se llevó cabo en la puerta de acceso principal del Congreso, donde están los trabajadores en paro y fue recibida y firmada por el secretario general del Sindicato Sentimientos de la Nación, Fernando Martínez Román.
Martínez Román aceptó la propuesta de diálogo por lo que el Congreso local anunció de manera oficial en un boletín que el día de mañana se reanudarán las labores en el Poder Legislativo.
Entre las demandas de los trabajadores sindicalizados están el cese al hostigamiento laboral en contra de Martínez Román, a quien, dijeron, lo cambiaron de área como una medida de represalia por formar parte del nuevo sindicato.
Además por una investigación en el Órgano de Control Interno del Congreso por supuestamente filtrar recibos de nómina y datos personales de los trabajadores.
El Sindicato Sentimientos de la Nación es el segundo dentro del Poder Legislativo, cuenta con 64 agremiados que representan un 10 por ciento de la planta laboral.
El otro sindicato dentro del Congreso es la sección 55 del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG), con 150 agremiados.
Otro de los puntos del pliego petitorio que presentarán en la reunión con la Jucopo es “un piso parejo para ambos sindicatos”, porque expusieron estos sindicalizados, hay una preferencia de parte de Domínguez Serna por los agremiados de la sección 55.
Texto: José Miguel Sánchez Fotografía: Congreso del Estado 8 de febrero del 2023 Chilpancingo
La Comisión Permanente sesionó el día de hoy en una sede alterna y a puerta cerrada, debido al conflicto laboral que persisten en las instalaciones del Poder Legislativo.
La sesión ocurrió en el hotel Holiday Inn, al sur de la ciudad, un espacio en el que los morenistas con frecuencia realizan eventos y congresos partidistas.
De acuerdo con una consulta que se hizo, una hora en el complejo puede rondar desde los 1,000 hasta los 10,000 pesos, de acuerdo el salón que utilicen.
El más grande tiene capacidad para 900 personas mientras los más pequeños y económicos tienen capacidad máximo para 200 personas.
Además, el servicio de café es de 100 pesos por persona, además de loa gastoa de comida.
Se preguntó a algunos legisladores el costo de la sesión de hoy, pero se negaron a dar declaración.
En la sesión, que fue de la Comisión Permanente y duró menos de una hora, presentaron cinco iniciativas que turnaron a las comisiones correspondientes.
Los dipuatdos presentaron un punto de acuerdo y hubo dos intervenciones, una de la diputada Angélica Espinoza García y otra de del diputado Rafael Navarrete Quezada.
A la Comisión Permanente sólo asisten 12 diputados, de los cuales cuatro forman la Mesa Directiva.
El cambio de sede se debió a que esta mañana agremiados al Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras del Poder Legislativo Sentimientos de la Nación tomaron el Congreso local para denunciar hostigamiento y acoso laboral de la presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Yoloczin Domínguez Serna.
Los integrantes del sindicato señalaron a la diputada de intimidar, a través de un proceso administrativo, a varios de sus compañeros, por lo que exigieron una reunión con los integrantes de la Jucopo para establecer una mesa de diálogo.
Hasta las cuatro de la tarde el bloqueo continuaba y los manifestantes esperaban la confirmación de una reunión con todos los integrantes de la Jucopo para, sólo entonces, liberar las instalaciones.
Integrantes del Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores del Poder Legislativo Sentimientos de la Nación tomaron el Congreso local, para denunciar hostigamiento y acoso laboral de la presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Yoloczin Domínguez Serna.
El secretario general del sindicato, Fernando Martínez Román y los agremiados del sindicato denunciaron que hay dos procedimientos administrativos en contra de los trabajadores; los amenazan con proceder legalmente contra ellos.
Señalaron de la diputada de tratar de impedir que los trabajadores se organicen en sindicatos.
Alrededor de las ocho de la mañana, 50 trabajadores se instalaron en los accesos principales del Congreso local, colocaron lonas y cerraron la circulación vehicular en los sentidos sur-norte de la avenida Trébol Sur.
Utilizaron lonas con consignas para los accesos. En ellas responsabilizan a Domínguez Serna de actos de hostigamiento laboral, violación de derechos humanos y laborales contra los integrantes de su sindicato.
Además la responsabilizaron de lo que pueda ocurrirles por realizar una manifestación en su contra.
En conferencia de prensa Martínez Román explicó que fue citado a una audiencia por el organismo interno de control de Congreso, por un procedimiento administrativo en su contra.
La causa del conflicto, aseguran, es por tener ideologías contrarias y se simpatías con partidos políticos.
Hasta después del mediodía de este miércoles, los accesos al recinto legislativo seguía bloqueado por los inconformes.
El Grupo Parlamentario del PRD presentó ante el pleno de la Comisión Permanente del Congreso local el 18 de enero un exhorto para que la fiscal del estado, Sandra Luz Valdovinos Salmerón, informe sobre las investigaciones de homicidios dolosos en contra de mujeres y de feminicidios ocurridos en el año 2022 y lo que va de 2023.
“Lo verdaderamente grave en este inicio de año, es el hecho de que, en los primeros 10 días del año, suman 40 personas asesinadas en diferentes municipios de Guerrero, de las cuales tres son mujeres”, mencionó la diputada del PRD Patricia Doroteo Calderón, quien presentó el exhorto.
Durante su participación en la sesión de ese miércoles, la diputada presentó las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) para fundamentar su propuesta: 2022 terminó con 1,285 denuncias por lesiones contra mujeres, 2,886 casos de violencia familiar y 4,336 llamadas de emergencia por distintos tipos de violencia de género.
Hasta noviembre de 2022 ocurrieron 108 homicidios dolosos en contra de mujeres en Guerrero, de los cuales 12 fueron clasificados como feminicidios y ocurrieron en Acapulco y Chilpancingo.
En la imagen, la diputada del PRD Patricia Doroteo Calderón lee el exhorto en el que pide a la Fiscalía General del Estado un informe sobre la violencia contra las mujeres y los feminicidios. Foto: Congreso del estado.
Aquí más datos. La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2021 estimó que siete de cada 10 mujeres guerrerenses de 15 años o más han experimentado algún tipo de violencia a lo largo de su vida, ya sea psicológica, física, sexual, económica o patrimonial.
Doroteo Calderón también se pronunció sobre la desaparición de mujeres y dijo que al 17 de diciembre de 2022 el número de casos llegó a 117, de acuerdo con datos de la Asociación Familias de Acapulco en busca de sus Desaparecidos A C.
La propuesta de los perredistas es presentada en un contexto de violencia contra las mujeres documentada al menos desde 2017, que fue cuando en Guerrero declararon la primera de dos Alertas por Violencia de Género en ocho municipios.
En el exhorto también se solicita a la FGE que informe sobre las detenciones de autores, cómplices y encubridores del delito de desaparición forzada de personas, y las acciones de acompañamiento que realiza con los colectivos de búsqueda de desaparecidos.
“También hemos de señalar la necesidad de que en Guerrero se coordine y fortalezca el trabajo de la Comisión de Búsqueda de Personas, con el propósito de dar seguimiento y mejores resultados en la localización de personas, pero, sobre todo, atender los aspectos preventivos”, mencionó la diputada.
El exhorto además plantea solicitar al secretario General de Gobierno, Ludwing Marcial Reynoso Núñez, las acciones de acompañamiento que realiza con los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas.
Este contendo es patrocinado por el Congreso del Estado de Guerrero
