La madrugada de hoy fueron hallados los cadáveres desmembrados de una mujer y un hombre, además de que el empresario Rogelio Figueroa, quien organiza jaripeos en la región Norte de Guerrero, sigue desaparecido.
De acuerdo a los reportes de las autoridades, a las cuatro de la madrugada de este jueves personal de las áreas de Seguridad Pública recibió una llamada al 911 con el reporte de que en la calle Yahualtepec, esquina con Siervo de la Nación, de la colonia Insurgentes, había dos cadáveres tirados.
Personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) acompañado por elementos de la Policía Estatal, Guardia Nacional y Ejército realizaron la inspección del lugar donde estaban esparcidos los cadáveres desmembradosde un hombre y una mujer.
Las dos víctimas fueron decapitadas.
A un lado de los dos cadáveres fue hallada una cartulina con un mensaje, presuntamente escrito por una organización criminal que está asentada en Iguala, informaron las autoridades estatales.
Usuarios de las redes sociales, dieron a conocer que desde el pasado sábado 16 de septiembre sigue desaparecido el empresario Rogelio Figueroa, quien se dedica a organizar jaripeos en la región Norte, principalmente en los municipios de Iguala, Taxco y Huitzuco.
Al empresario se lo habrían llevado por la fuerza integrantes de una organización criminal.
En una operación policiaca que realizó el Ejército, Guardia Nacional y la Fiscalía General del Estado (FGE) en la comunidad de Pantoja, municipio de Coyuca de Catalán, en la Tierra Caliente, aseguraron un rancho que es propiedad de integrantes de una organización criminal que tiene presencia en esa región.
En un comunicado de la FGE informaron que en los últimos días fortalecieron las operaciones en esa zona de Guerrero para esclarecer el asesinato del vicefiscal, el teniente coronel Víctor Manuel Salas Cuadras, ocurrido el pasado sábado 9 de septiembre en Coyuca de Catalán.
La FGE reportó que el aseguramiento del rancho ocurrió este jueves 14 de septiembre.
«En el lugar (en el rancho) también se aseguró droga y una serie de evidencias encontradas en su interior, iniciando la carpeta de investigación correspondiente», se lee en el comunicado de la Fiscalía.
El 27 de octubre del 2022, la FGE, Ejército y Guardia Nacional catearon en los municipios de Arcelia, Tlachapa y Ajuchitlán del Progreso cinco propiedades de los líderes de la Familia Michoacana (FM), indentificados por las autoridades como Jhonny y José Alfredo Hurtado Olascoaga.
En estas cinco propiedades aseguraron tres bolsas con «sustancia cristalina y blanca», presuntamente droga, y 25 animales exóticos, además de cinco vehículos.
Entre los animales decomisados estaban varios antílopes, un tigre de bengala y una cebra.
Este acción de las fuerzas federales y de la FGE de octubre del 2022 ocurrió después de la masacre de 20 personas en San Miguel Totolapan, perpetrada por integrantes de la organización criminal de la Familia Michoacana. Hechos donde fue asesinado el alcalde Conrado Mendoza Almeda.
Hombres armados que viajaban a bordo de un automóvil atacaron a tiros al vicefiscal de Investigación, Gabriel Alejandro Hernández y al director de Investigación, Rafael Sosa Lagunes, cuando ambos estaban adentro de las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) a punto de abordar sus vehículos oficiales ayer jueves en la noche.
«El subteniente Rafael Sosa repelió la agresión disparando su arma corta calibre 9 milímetros y ante tal reacción los agresores se dieron a la fuga con dirección hacia el Palacio de Gobierno», dice el comunicado de la FGE.
Los individuos que dispararon contra los dos funcionarios viajaban en un automóvil Aveo, color blanco con vidrios polarizados.
La FGE menciona que el ataque (contra Gabriel Alejandro Hernández y Rafael Sosa) ocurrió a las 9:40 de la noche de ayer jueves en el estacionamiento de las instalaciones para abordar sus vehículos oficiales.
Después de los hechos, elementos de la Policía Ministerial y Servicios Periciales de la FGE realizaron la investigación con el apoyo de personal militar y de la Guardia Nacional, quienes brindaron seguridad periférica durante las diligencias ministeriales.
La FGE asegura que en su edificio principal solamente estaban los vicefiscales de Prevención y Seguimiento del Delito, el teniente coronel, Miguel Cruz Pérez y de Control, Evaluación y Apoyo a la Procuración de Justicia, el mayor Ricardo Ferrer Martínez.
Por estos hechos, la FGE integró una carpeta de investigación.
Elementos de la Guardia Nacional, policías estatales y municipales realizan diligencias por un crimen cometido en Chilpancingo.
En la fachada del edificio de la FGE había impactos de bala y cristales en añicos.
El ataque contra los dos funcionarios de la FGE ocurre a tres días de que en esta misma zona, ubicada al sur de Chilpancingo, un grupo de hombres armados asesinaron a balazos al delegado estatal de la Fiscalía General de la República (FGR), Fernando García Fernández, cuando a bordo de su camioneta se dirigía hacia su centro de trabajo.
Ayer jueves en la tarde, casi frente a las instalaciones de la FGE, fue asesinado a balazos el conductor de una camioneta Urvan de transporte público de la ruta Reclusorio-Centro-Mercado.
Ediles y funcionarios públicos del Ayuntamiento de Chilpancingo fueron citados a declarar ante la Fiscalía General de la República (FGR) sobre una carpeta de investigación que involucra a la alcaldesa Norma Otilia Hernández Martínez.
Uno de ellos es el síndico procurador, Andrei Yasef Marmolejo Valle, quien llegó a las instalaciones de la FGR en Chilpancingo. También estuvo citado el viernes 21 de julio el director de Barrios y Colonias, Guadalupe Jiménez Saucedo, junto a otros dos colaboradores cercanos a la alcaldesa, pero no llegaron.
La edil morenista, al parecer es investigada por la FGR, y ya compareció ante el Ministerio Público Federal (MPF), en la delegación estatal de la dependencia federal, ubicada en Chilpancingo, el pasado 14 de julio.
La comparecencia de la presidenta municipal, el síndico procurador, Jiménez Saucedo y otros dos funcionarios se deriva de la carpeta de investigación FED/GRO/CHILP/00006171/2023.
Al parece esta indagatoria tiene que ver con las cartulinas en la escena donde abandonaron los cadáveres de siete personas, cinco hombres y dos mujeres, el pasado 24 de junio sobre en la calle 16 de Septiembre, en el barrio de San Mateo, casi en el centro de Chilpancingo, con un mensaje dirigido a la alcaldesa y al síndico.
En el mensaje dirigido a Hernández Martínez se leía: “sigo esperando el segundo desayuno que me prometiste después que veniste (sic) a buscarme. Con cariño, tu amigo”.
En el otro mencionaron al síndico. “Síndico Andrey Marmolejo sigue amenazando a la gente con licencias comerciales para llevarle cuotas a los tlacos”.
Después, en este mes, han circulado en redes sociales imágenes donde se ve a la alcaldesa Norma Otilia junto con su esposo, Diego Omar Benigno González, y a un hombre armado, quien sería un presunto líder del grupo criminal de Los Ardillos, Celso Ortega Jiménez.
Por estos hechos, la FGR y la Fiscalía General del Estado (FGE) abrieron una carpeta de investigación.
Este viernes pasado, la alcaldesa Norma Otilia Hernández confirmó que ya acudió a la FGR, pero, según ella, a una entrevista. Dijo que nunca le informaron que tuvieran abierto un proceso de investigación en su contra. Lo que sí vive, comentó, es violencia política.
Texto: José Miguel Sánchez Fotografía: Oscar Guerrero 21 de julio del 2023 Chilpancingo
Después de varios días sin eventos públicos en la capital, la alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez, apareció hoy en un evento público y dijo que ya fue citada por la Fiscalía General de la República (FGR) para «una entrevista», al parecer por el tema del video de su encuentro con un presunto líder criminal.
Pero aclaró que no le han notificado de la existencia de una investigación en su contra por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE), es decir a nivel estatal.
Desde el 5 de julio que fueron filtradas unas imágenes de la alcaldesa en una reunión con un presunto líder del grupo criminal Los Ardillos, Hernández Martínez limitó sus apariciones públicas, su personal dejó de compartir su agenda y tampoco asiste a los eventos realizados por el gobierno del estado.
«Sí ya nos mandaron a traer (de la FGR), pero no nos están abriendo ningún proceso, simplemente fue una entrevista», dijo Hernández Martínez en entrevista.
Asistió a la inauguración de la Expo-feria adopta no compres, realizada en el Plaza Cívica Primer Congreso de Anáhuac, en el marco del Día Mundial del Perro.
Insistió que aún no tiene notificación de alguna investigación de la FGE, por lo que descartó ampararse «de algo que no existe».
De acuerdo con documentos a los que tuvo acceso Amapola, periodismo transgresor, la FGE requirió información al Congreso del Estado de Hernández Martínez y del síndico, Andrei Marmolejo, de las actas que los acreditan como ediles, pero contestó que no eran la instancia adecuada; los remitió al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Guerrero (Iepcgro), donde atendieron su petición.
Desde antes la alcaldesa se puso a disposición de la FGR por las imágenes filtradas de su reunión.
Sobre estas dos situaciones la alcaldesa dijo que “no existe ninguna situación que me vincule con algún grupo de la delincuencia organizada».
Después de varios comentarios de distintos actores políticos que exigen, recomiendan y solicitan a la alcaldesa deje el cargo para que sea investigada, Hernández Martínez consideró que puede ser objeto de violencia política, porque, aseguró, le hacen señalamientos sin ninguna prueba, y eso ha «puesto en inestabilidad el gobierno, y en mi persona y a mi familia».
«Yo considero que los comentarios que se me están haciendo influyen en algún tipo de violencia, todavía no hay un proceso y ya están diciendo, pide licencia (…)», agregó.
Al parecer el asunto del video y su reunión con un presunto líder criminal le ha traído consecuencias. Dejaron de invitarla a actividades públicas del gobierno estatal.
La alcaldesa en entrevista evitó responder por qué no asistió al evento de colocación de la primera piedra del cuartel de la Guardia Nacional en Ocotito, realizado ayer en se pueblo de Chilpancingo.
A dicho evento asistió la gobernadora Salgado Pineda; el secretario general de Gobierno, Ludwing Marciel Reynoso Núñez ; la presidenta de la Junta Coordinación Política (Jucopo) del Congreso local, Yolczin Domínguez Serna y la presidenta de la Mesa Directiva, Yanely Hernández Martínez.
Aun cuando el cuartel será construido en territorio de Chilpancingo y la alcaldesa anunció desde inicios del 2022 la donación del predio, fue la ausente en este evento.
Sobre su relación actual con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda dijo que no ha tiene comunicación directa con ella, que sólo han hablado por medio de «colaboradores».
La de hoy es la primer aparición pública de la alcaldesa desde el pasado lunes, pero ya se presenta al Ayuntamiento.
Tampoco la han invitado a los eventos del gobierno del estado, ni a los del senador Félix Salgado Macedonio, que el pasado domingo inauguró en el Fraccionamiento Las Vegas, al oriente de Chilpancingo, su refugio para perros Perritos Felices.
A la inauguración de Perritos Felices asistió la gobernadora, el gabinete estatal y diputados locales y federales.
Durante la construcción del refugio la alcaldesa visitó el refugio en compañía de Salgado Macedonio.
La alcaldesa comparte con todos ellos la militancia del partido Morena.
Esta semana fue madrina de generación de una escuela primaria y se reunió con comisarios del municipio.
La alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez, en en entrevista el término de la inauguración de la Expo-feria Adopta no compres, en la Plaza Cívica Primer Congreso de Anáhuac. Foto: Oscar Guerrero.
La dependencia estatal requirió documentos de estos ediles y legisladora para su investigación al Congreso local, pero contestó que no eran la instancia adecuada y los remitió al Iepcgro, donde le entregaron las actas que pidió
Texto: José Miguel Sánchez
Fotografía: Oscar Guerrero
17 de julio del 2023
Chilpancingo
El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Guerrero (Iepcgro) entregó a la Fiscalía General del Estado (FGE) las actas de mayoría y de toma de protesta que les requirió de nueve alcaldes, en su mayoría de Tierra Caliente, una diputada local y un síndico, al parecer por la investigaciones judiciales que lleva contra ellos.
La consejera presidenta del Iepcgro, Luz Fabiola Matildes Gama, dijo que ya se atendió la solicitud que realizó la FGE sobre esos documentos, pero mencionó que el tema es manejado con cautela.
Aclaró que el Iepcgro desconoce el contenido de las investigaciones y el motivo de la solicitud de las actas.
La entrega de estas actas por parte del Iepcgro ocurrió después de que la FGE se las pidió al Congreso local de Guerrero, y éste respondió que era una solicitud improcedente.
Desde el viernes 7 de julio la FGE solicitó al Congreso de Guerrero copias certificadas de las actas de protesta y de las constancias de mayoría de nueve alcaldes, un síndico y una diputada local relacionados a una investigación.
De acuerdo con documentos a los que tuvo acceso Amapola, periodismo transgresor, la FGE entregó dos oficios al Congreso local para que “a la brevedad posible remita a esta Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos Graves, dependiente de la Fiscalía General del Estado, copia certificada de las actas de protesta o en su caso constancia documentales que los acrediten como servidores públicos y el cargo de las personas que se mencionan a continuación”.
Los funcionarios citados en el documento son los alcaldes de Acapetlahuaya, en la zona Norte, César Ortiz Torres, del partido Movimiento Ciudadano.
De Pungarabato, Cuauhtémoc Mastachi Aguario; de Cutzamala de Pinzón, Mayte Arce jaimes; de Arcelia, Bulmaro Torres Berum; de Tlapehuala, Jose Luis Antunes Goicochea y de Ajuchitlán del Progreso, Víctor Hugo Vega Hernández, todos alcaldes priistas de la Tierra Caliente de Guerrero.
El alcalde perredistas mencionado en el documento es Eusebio Echeverría Tabares, de Coyuca de Catalán, también en la Tierra Caliente.
La mayoría de estos alcaldes mencionados en el documento participaron en los bloqueos carreteros de la Tierra Caliente el pasado 28 de mayo, en el que exigieron la salida de la FGE por presunto abuso de autoridad en contra la población.
Este bloqueo de alcaldes ocurrió después de una operación de la FGE en el que decomisaron 12 vehículos de lujo y clásicos, algunos con reporte de robo, presuntamente propiedad de los hermanos Jhony y José Alfredo Hurtado Olascoaga, líderes de la Familia Michoacana en la Tierra Caliente de Guerrero.
En la lista también aparece la alcaldesa morenista de Tlalchapa, Tania Mora Eguiluz, quien es hermana de la ex diputada local y ex secretaria Migración y Asuntos Internacionales de Guerrero, Celeste Mora Eguiluz.
La diputada que aparece en este listado es la perredista Elzy Camacho Peñaloza, hija del ex alcalde de Coyuca de Catalán, Elí Camacho Goicochea, asesinado en 2017.
La Tierra Caliente de Guerrero es una región en la que, de acuerdo con fuentes de seguridad, opera la Familia Michoacana, grupo del crimen organizadio que según pobladores controla los precios y la comercialización del refresco, la cerveza y el maíz, además del llamado cobro de piso a los comerciantes sin ningún freno de las autoridades.
Además de la actividad comercial, la Familia Michoacana, según habitantes, también está involucrado con la actividad política de la región.
Los ausentes en esta lista de funcionarios son el diputado priista de Arcelia, Adolfo Torales Catalán y el alcalde de San Miguel Totolapan, Fredy Vázquez Palacios, quienes también participaron en los bloqueos.
Vázquez Palacios fue nombrado como alcalde por el Congreso local después que un grupo de civiles armados asesinaron al alcalde de entonces, Conrado Mendoza Alameda, a su padre y a otros 17 servidores públicos municipales.
En un segundo documento, recibido el mismo viernes 7, la FGE solicitó también al Congreso local el acta de mayoría y de toma de protesta de la alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez y del primer síndico procurador, Andrei Marmolejo Valle.
Esta ocurre después de una serie de eventos violentos en Chilpancingo, ocurridos después de que filtraron imágenes donde la alcaldesa está reunida con uno de los presuntos líderes del grupo criminal Los Ardillos, Celso Ortega Jiménez.
Antes, Hernández Martínez fue señalada en una cartulina de un encuentro previo.
Dicha solicitud fue contestada ayer por el Poder Legislativo donde precisaron que era el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Guerrero (Iepcgro) el que debía proporcionar esos documentos.
“Me permito hacer de su conocimiento que después de realizar la búsqueda minuciosa en los archivos del Congreso del Estado de Guerrero no se encontró documento o constancia alguna con la información solicitada”, se lee en el documento de respuesta.
El único documento que proporcionó el Congreso local fue el de la diputada perredista Elzy Camacho Pineda.
“Se remite copia certificada del acta de sesión pública y solemne de instalación de la Sexagésima Tercera Legislatura al Honorable Congreso del Estado de Guerrero, celebrada el día miércoles primero de septiembre de dos mil veintiuno, en la que consta la toma de protesta de dicha persona, como Diputada integrante de dicha Legislatura”, se lee en ese oficio.
Por los demás documentos el Congreso local sugirió a la FGE solicitarlos al Iepcgro, instancia que ya dio respuesta.
La alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez, una de las ediles investigadas por la FGE, durante una de sus conferencias de prensa matutina. Foto: Oscar Guerrero.
En un acto inédito, un centenar de personas salieron a marchar por las calles de Chilpancingo para exigir justicia por Stich, un perro callejero que fue golpeado brutalmente por unas personas después de que se comió un pan de una panadería.
Por el hecho, esta mañana, alrededor de 150 personas, entre integrantes de asociaciones protectoras de animales, sociedad civil y rescatistas independientes, acompañados de sus mascotas, marcharon por las avenidas del sur de Chilpancingo para exigir a las autoridades se aplique la Ley 491 de Bienestar Animal y se castigue al o los agresores de Stich.
A las nueve de la mañana, los manifestantes se reunieron en el Monumento a las Banderas y avanzaron por la avenida Lázaro Cárdenas, con dirección al sur de la ciudad.
«¡No al maltrato animal!», «¡Justicia para Stich!», fueron algunas de las consignas que gritaron durante la marcha.
La marcha concluyó en la Fiscalía General del Estado (FGE) para exigir una mesa de trabajo y darle seguimiento a la denuncia que interpusieron los cuidadores de Stich en el Ministerio Público (MP).
Algunas personas llevaban pancartas con fotografías de perros golpeados, en las que se leían exigencias de justicia y castigo a los agresores de animales.
El agresor está plenamente identificado, pero por las investigaciones aún es presunto culpable, por lo que omitieron dar su nombre.
El pasado jueves, a través de Facebook, se viralizó un video en donde una vecina de la colonia Lomas del Poniente grabó al canino con evidentes golpes y rastros de sangre en distintas partes del cuerpo.
De ahí que distintas asociaciones y ciudadanos salieron a marchar para exigir justicia.
Por la denuncia en redes sociales y la denuncia formal que interpusieron ante el MP el presunto agresor ya amenazó a los vecinos que ayudaron a Stich y pide se bajen los videos.
Sitch llegó a la colonia Lomas del Poniente cuando era un cachorro. Es un perro en situación de calle que llegó desnutrido y sin fuerzas, pero que fue adoptado por Cinthya Nájera, vecina del lugar.
Cinthya Nájera desde un que vio a Stich notó que era un perro noble y optó por cuidarlo.
Cinthya, su hermana Lili Yaneth y demás familiares lo rescataron, lo alimentaron, lo bañaron; también se encargaron de sus vacunas.
Las cuidadoras de Sitch creen que desde pequeño sufrió maltrato, porque muestra miedo cuando ve una escoba.
De acuerdo con Cinthya, es un perro muy tranquilo y querido en la colonia, nunca se comporta agresivo y juega con sus hijas.
El pasado jueves 27 de abril fue brutalmente golpeado por integrantes de una familia, propietarios de una panadería, porque, supuestamente, entró a comerse un pan y trató de morder a un niño y a su abuelo.
«La forma en que lo golpearon fue brutal, le fracturaron la nariz y parte del cráneo, tiene múltiples golpes internos,» mencionó Lili, una de las cuidadoras de Stich.
Por el testimonio de Yareth Nájera se sabe que Stich entró el jueves a una panadería, se comió un pan y, acto seguido, lo metieron a un domicilio donde fue torturado y golpeado brutalmente por horas.
«Nosotros nos dimos cuenta porque escuchábamos los gritos del perro, se escuchaba que lo azotaban con la puerta varias veces, se cansaban de golpearlo, descansaban y volvían a hacerlo, así estuvieron por horas», contó Lili.
La mañana del viernes Stich fue hallado fuera de dicho domicilio, sangraba del hocico, de la cabeza y no se podía levantar.
Lili, que por los últimos cinco años se encargó de cuidarlo, lo levantó y lo llevó a qué recibiera atención veterinaria.
Ahí le dijeron que Stich tenía una policontución desde el hocico hasta el cráneo, el sangrado del hocico se debe a que perdió las dos muelas y presentaba algunos huesos rotos.
Actualmente Sitch está en recuperación y buscan una familia que pueda adoptarlo, porque para sus cuidadoras ya no es seguro que esté en la colonia; temen que por venganza le hagan más daño.
Vecinos de la colonia informaron a Lili y Cinthya que la familia que presuntamente agredió a Stich tiene antecedentes de maltrato y envenenamiento a perros y gatos de la colonia.
«Nos dicen que le ponen veneno al pan y se lo dan a los perros y gatos que andan en la calle», mencionaron.
Fuera de la FGE varias personas denunciaron casos de maltrato animal y las omisiones por parte de las autoridades para esclarecer y castigar a los culpables.
Casos como el de Katrin, perro que fue hallado muerto en una bolsa negra con signos de tortura en la colonia Las Torres, y por el que hubo una denuncia ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Guerrero (Semaren), fueron mencionados.
Otro caso más reciente fue el de Keiko, un perro Pastor Alemán que fue asesinado a balazos en Ometepec el lunes 24 de abril, por el que también pidieron justicia.
La desaparición ocurrió hace un año y las presiones les llegaron al número telefónico que dejaron en la denuncia
Texto: José Miguel Sánchez
Fotografía: Oscar Guerrero
23 de febrero 2023
Chilpancingo
Jesús Antonio Moyao Guerrero era chofer del transporte público en su natal Chilapa, pero la tarde del 23 de febrero del 2022 sujetos armados lo bajaron de su unidad, lo subieron a una camioneta y se lo llevaron con rumbo, hasta hoy, desconocido.
Por los hechos, la madre de Jesús Antonio, María Guerrero López, intentó interponer una denuncia esa misma tarde del 2022, «pero la Agencia del Ministerio Público estaba cerrada con candado, a otro día fui y estaba igual», recuerda.
Tuvo que viajar hasta Chilpancingo, a una hora de distancia, para hacerlo.
En ese momento le abrieron un expediente por el caso y le tomaron muestras para una prueba de ADN, también entregó el número de celular de Jesús Antonio para, según le dijeron, rastrearlo.
Una semana después María comenzó a recibir amenazas supuestamente de los captores, quienes le pedían que no interviniera la Fiscalía. Además de otros mensajes donde le pedían dinero por su hijo.
Por dichas amenazas y líneas de investigación, la FGE no le ha presentado resultados.
A un año de dicho proceso la familia no sabe nada de paradero de Jesús Antonio y la FGE no les da alguna esperanza de justicia.
Desde hace tres meses la FGE les dejó de notificar a la familia las condiciones y avances del caso.
En primer plano, una lona con el rostro de Jesús Antonio Moya Guerrero, desaparecido el 23 de febrero del 2022, al fondo María Guerrero López, madre de Jesús, en un mitin afuera de la Fiscalía General del Estado, en Chilpancingo esta mañana.
Toda la información que hay de la desaparición de Jesús Antonio la recabó su madre con apoyo del Colectivo de Familiares de Desaparecidos Lupita Rodríguez Narciso.
«La FGE no ha hecho nada, ellos esperan que nosotros vayamos y les digamos, aquí está mi hijo, vengan a buscarlo aquí», cuenta María.
Por dicha razón y a un año de su desaparición, la familia de Jesús Antonio, acompañada del Colectivo de Personas Desaparecidas Lupita Rodríguez y de una comisión de estudiantes de la Normal Raul Isidro Burgos, de Ayotzinapa, realizaron un mitin en la entrada principal del edificio de la FGE, al sur de Chilpancingo.
Durante un mitin afuera de la FGE, María exigió a la fiscal del estado, Sandra Luz Valdovinos Salmerón, que resuelva la desaparición de su hijo y actúe ante las amenazas que recibió porque, dijo, teme por su integridad física.
«A un año de la desaparición de mi hijo sigue la tristeza y la esperanza de que regrese con vida, pues él dejó a su esposa con dos hijos de 11 y ocho años de edad», agregó María.
Integrantes del Colectivo Lupita Rodríguez Narciso en una protesta afuera de la Fiscalía General del Estado esta mañana.
A ese mitin llegaron integrantes de otros colectivos en apoyo a María. Abrieron el micrófono a los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, quienes aprovecharon por exigir la aparición con vida de sus 43 compañeros desaparecidos en la ciudad de Iguala, el 26 de septiembre del 2014.
Durante el mitin un elemento de la FGE les tomó los datos a varios de los manifestantes que tiene un familiar desaparecido para revisar su caso de manera particular, según le dijo el agente.
En la protesta participaron alrededor de 100 personas, entre integrantes del Colectivo Lupita Rodríguez y la comisión de alumnos de Ayotzinapa.
El mitin concluyó a las 12 del día y los manifestantes se retiraron sin que ninguna autoridad los recibiera.
Estas personas pertenecen a la autodenominada Policía Ciudadana de Heliodoro Castillo y al Movimiento Apaxtlense Adrián Castrejón –también algunos señalan a ellos como un grupo armado con actividades criminales–, y fueron detenidos en una operación policiaca el pasado 21
Texto: José Miguel Sánchez
Fotografía: Oficial/Secretaría de Seguridad Pública (SSP)
10 de febrero del 2023
Chilpancingo
La Fiscalía General del Estado (FGE) emitió de manera oficial las fichas de búsqueda de cinco de los ocho autodefensas de Apaxtla de Castrejón y Tlacotepec que fueron reportados como desaparecidos por sus compañeros el pasado 21 de enero.
La noche de ayer, la FGE publicó cinco fichas de búsqueda para localizar a Bernabé Aguilar Lagunas, Jorge Torres Ríos, Jorge Hernández Nava, Carlos Hernández Nava y Celestino Carreto Figueroa.
Estas cinco personas pertenecen a la autodenominada Policía Ciudadana de Heliodoro Castillo y al Movimiento Apaxtlense Adrián Castrejón –también algunos señalan a ellos como un grupo armado con actividades criminales–, y fueron detenidos en una operación policiaca el pasado 21.
En total, de acuerdo con un comunicado emitido el 26 de enero por la Policía Ciudadana de Heliodoro Castillo, son nueve personas las que desaparecieron la madrugada del 23 de enero.
Ocho de esas personas pertenecían a los grupos de autodefensa y el noveno fue el chófer de la unidad que los transportaba y que también fue el asesor legal que los liberó.
De acuerdo con los líderes de los grupos de autodefensas, ocho de sus integrantes desaparecieron después de ser liberados en la Agencia del Ministerio Público de Coyuca de Catalán.
Los hechos ocurrieron así. Los ocho integrantes de las autodefensas o grupo armado fueron detenidos el 21 de enero durante una operación policiaca en la que participaron la Policía Estatal, Ejército, Marina y Guardia Nacional, con el objetivo de desarmarlos.
Tanto la autodenominada Policía Ciudadana de Heliodoro Castillo y el Movimiento Apaxtlense Adrián Castrejón mantenían retenes en las entradas de la cabecera municipal de Apaxtla de Castrejón, ubicada en zona Norte, por lo que elementos de seguridad decidieron ingresar.
En la imagen, elementos de la Policía Estatal resguardan las entradas a Apaxtla de Castrejón después de desarmar a los autodefensas que operaban en la zona. Foto: Secretaría de Seguridad Pública.
Ese día, a los ocho integrantes fueron detenidos por los agentes de las fuerzas policiaca y militares por faltas administrativas y portación de arma de fuego y los trasladaron al Ministerio Público (MP) de Coyuca de Catalán, en la región de la Tierra Caliente, de donde fueron liberadas el lunes 23 de enero.
De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), después de ser liberados, los detenidos fueron resguardados y escoltados por patrullas de la Policía Estatal, Guardia Nacional y Policía Ministerial.
La idea, dijeron, era escoltarlos hasta Apaxtla de Castrejón, pero la unidad en la que eran transportados tomo una ruta alterna con dirección al estado de Michoacán.
Lo que reportó la SSP es que los elementos que los escoltaban tuvieron que dejarlos porque de ingresar a Michoacán quedaban fuera de su jurisdicción.
La autodefensa denunció que les preocupaba el cambio de ruta porque pasaron por territorio controlado por la Familia Michoacana, grupo criminal al que consideran sus agresores o con quienes tienen conflicto.
El 26 de enero, los autodefensas denunciaron que sus ocho compañeros, más el chófer que los trasladaba, estaban desaparecidos. Después que los autodefensas lo hicieron público, las autoridades estatales informaron que la unidad en que los trasladaban se desvió a Michoacán.
Hasta este jueves 9 de febrero, la FGE colocó en su página de Facebook cinco fichas de búsqueda bajo el mecanismo ¿Has visto a?, la primera corresponde a Bernabé Aguilar Lagunas, de 21 años.
Otra ficha es la de Jorge Torres Ríos, de 25 años; la tercera corresponde a Jorge Hernández Nave, de 23 años; la siguiente es de Carlos Hernández Nave, de 30 años y la última de Celestino Carreto Figueroa, de 47 años.
En cuatro casos se anota como fecha de desaparición el 26 de enero, a todos se les señala como desaparecidos en Apaxtla de Castrejón, lugar en el que se les detuvo, sólo en el caso Celestino Carreto dice que su lugar de desaparición fue el municipio de Leonardo Bravo.
Texto: José Miguel Sánchez Fotografía: 6 de febrero del 2022 Chilpancingo
El día de ayer desaparecieron dos menores, una de ellas fue localizada horas después, pero hoy, al volver a activarse el Protocolo Violeta, se conoció de la desaparición de Estrella Ramos Rojas también de 17 años.
Esta tarde se supo por la Alerta Violeta que Estrella desapareció también ayer domingo, de acuerdo con la ficha de búsqueda. Norma Anyeli, la otra adolescente de 17 años desaparecida, fue hallada esta madrugada, de acuerdo con la versión de sus familiares.
El gobierno del estado y la Fiscalía General del Estado (FGE) activaron la alerta para localizar a Estrella.
En la ficha de búsqueda la describen: “complexión delgada, tez morena clara, cara redonda, cabello negro y lacio, ojos grandes de tono café oscuro”.
En dicha ficha no establece el último lugar donde la vieron y tampoco qué vestimenta portaba al momento de su desaparición.
La ficha circuló en las redes sociales de distintas dependencias de la administración estatal, donde piden la colaboración de la población para dar con el paradero de la joven.
El caso de Estrella sería la tercer desaparición ocurrida el día de ayer en Chilpancingo contra menores. Junto a Norma Anyeli se llevaron a un adolescente de nombre Agustín que también apareció.
A las 10 de la mañana la menor Norma Anyeli, también de 17 años, junto con un amigo de nombre Agustín fueron subidos por la fuerza a una camioneta por sujetos desconocidos, de acuerdo con lo relatado por la madre de Norma.
Horas después la madre de Norma informó que su hija, junto con su amigo fueron localizados.
No fue el caso de Estrella, quien al no ser localizada se activo la ficha de búsqueda.
El Grupo Parlamentario del PRD presentó ante el pleno de la Comisión Permanente del Congreso local el 18 de enero un exhorto para que la fiscal del estado, Sandra Luz Valdovinos Salmerón, informe sobre las investigaciones de homicidios dolosos en contra de mujeres y de feminicidios ocurridos en el año 2022 y lo que va de 2023.
“Lo verdaderamente grave en este inicio de año, es el hecho de que, en los primeros 10 días del año, suman 40 personas asesinadas en diferentes municipios de Guerrero, de las cuales tres son mujeres”, mencionó la diputada del PRD Patricia Doroteo Calderón, quien presentó el exhorto.
Durante su participación en la sesión de ese miércoles, la diputada presentó las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) para fundamentar su propuesta: 2022 terminó con 1,285 denuncias por lesiones contra mujeres, 2,886 casos de violencia familiar y 4,336 llamadas de emergencia por distintos tipos de violencia de género.
Hasta noviembre de 2022 ocurrieron 108 homicidios dolosos en contra de mujeres en Guerrero, de los cuales 12 fueron clasificados como feminicidios y ocurrieron en Acapulco y Chilpancingo.
En la imagen, la diputada del PRD Patricia Doroteo Calderón lee el exhorto en el que pide a la Fiscalía General del Estado un informe sobre la violencia contra las mujeres y los feminicidios. Foto: Congreso del estado.
Aquí más datos. La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2021 estimó que siete de cada 10 mujeres guerrerenses de 15 años o más han experimentado algún tipo de violencia a lo largo de su vida, ya sea psicológica, física, sexual, económica o patrimonial.
Doroteo Calderón también se pronunció sobre la desaparición de mujeres y dijo que al 17 de diciembre de 2022 el número de casos llegó a 117, de acuerdo con datos de la Asociación Familias de Acapulco en busca de sus Desaparecidos A C.
La propuesta de los perredistas es presentada en un contexto de violencia contra las mujeres documentada al menos desde 2017, que fue cuando en Guerrero declararon la primera de dos Alertas por Violencia de Género en ocho municipios.
En el exhorto también se solicita a la FGE que informe sobre las detenciones de autores, cómplices y encubridores del delito de desaparición forzada de personas, y las acciones de acompañamiento que realiza con los colectivos de búsqueda de desaparecidos.
“También hemos de señalar la necesidad de que en Guerrero se coordine y fortalezca el trabajo de la Comisión de Búsqueda de Personas, con el propósito de dar seguimiento y mejores resultados en la localización de personas, pero, sobre todo, atender los aspectos preventivos”, mencionó la diputada.
El exhorto además plantea solicitar al secretario General de Gobierno, Ludwing Marcial Reynoso Núñez, las acciones de acompañamiento que realiza con los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas.
Este contendo es patrocinado por el Congreso del Estado de Guerrero
Texto: Amapola Periodismo Fotografía: Oscar Guerrero 26 de octubre del 2022 Chilpancingo
Trabajadores de la Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE), agremiados al Sindicato de Trabajadores Burócratas y Servidores Públicos del Estado de Guerrero (STBSPEG), comenzaron un paro de labores para denunciar violaciones a los derechos de los trabajadores, como despidos injustificados y el retiro del personal militar que llegó a la dependencia.
«El personal que está llegando es gente de fuera, vienen de Guadalajara, de Coahuila, de otros estados, cuando aquí tantos guerrerenses profesionales que necesitan laboral», mencionó Nallely Hernández, secretaría general del STBSPEG.
Los manifestantes se colocaron en la entrada principal del edificio de la FGE.
Una de las denuncias es que obligan a los trabajadores de base a realizar los exámenes de control y confianza, que de acuerdo con los manifestantes, sólo para personal operativo y no para administrativos.
Además denunciaron que los trabajadores de base, contrato, y de lista de raya son objeto de acoso laboral y violaciones a sus derechos.
«Desde que la fiscal general Sandra Luz Valdovinos Salmerón tomó posesión han sido despedidos 300 trabajadores, de acuerdo con información del Sindicato», mencionó Nallely Hernández.
Otra de las demandas que exigen es el aumento salarial, que hasta el momento sólo fue aprobado para el personal militar de la FGE –que se entiende llegaron con la fiscal, quien tiene formación castrense–, pero no a los demás trabajadores operativos y administrativos.
Informó también que los trabajadores que fueron enviados al Ministerio Público de San Miguel Totolapan no cuentan con seguro de vida.
En San Miguel Totolapan, en la Tierra Caliente del estado, el pasado 5 de octubre un grupo de civiles armados atacó el Ayuntamiento y domicilios particulares donde fallecieron, según cifras oficiales, 20 personas, entre ellas el alcalde Conrado Mendoza Almeda y su padre, Juan Mendoza Acosta.
