En esos días, la gobernadora prometió resolver el problema, pero hasta la fecha no ha cumplido
Texto: Amapola Periodismo
Foto: Redes
Jueves 25 de julio de 2024
Chilpancingo
Desde agosto de 2023 que la organización criminal La Familia Michoacana (FM) corrió al médico de la clínica de El Durazno, municipio de Coyuca de Catalán, la comunidad sigue sin servicios de salud.
En esos días, autoridades y habitantes linformaron de la situación a la gobernadora Evelyn Salgado cuando los visitó, pero hasta la fecha la clínica de salud sigue sin funcionar.
La gente de este pueblo ubicado en lo alto de la Sierra está desesperada debido a que hay gente que está enferma y requiere atención médica.
La comisaria municipal, Azucena Rosas García, relató que el centro de salud está abandonado y solo sirve para que descansen las fuerzas de seguridad que están para brindarles protección desde el año 2022 después de los ataques del grupo armado.
En entrevista telefónica, la comisaria mencionó que recientemente se realizó un recorrido por la clínica y se descubrió que en los anaqueles hay medicamento caducado.
El 23 de agosto de 2023, el médico Sibalaune Miranda se retiró de la comunidad después de que hombres armados lo amenazaron de muerte.
«Días después, también se fueron del pueblo la enfermera, la dentista y hasta el intendente de la clínica de salud», recordó Azucena Rosas.
La salida del personal médico del centro de salud se registra en agosto de 2023, ocho meses después de que la FM irrumpió en El Durazno y asesinó a balazos a siete vecinos de la comunidad de la sierra.
A partir de la masacre, existe presencia de la Guardia Nacional, la Fiscalía General del Estado y la policía estatal, para resguardar la
seguridad.
Al presunto participante de la matanza Herlindo «N», detenido en 2023, se le dictó, el sábado 20, una sentencia de 140 años de prisión y una multa de 874 mil 740 pesos por el delito de homicidio calificado.
Según la FGE, Herlindo «N» es uno de los líderes de la FM y era uno de los hombres de confianza de los dirigentes de esta organización criminal, Jhonny y José Alfredo Hurtado Olascoaga, cuyo poderío en Tierra Caliente se mantiene impune, pese a que han perpetrado hechos delictivos de alto impacto, como la masacre de 20 personas, entre ellos el alcalde de San Miguel Totolapan, Conrado Mendoza, en octubre del
2023.
A este grupo criminal también se le señala de irrumpir en la cárcel de Coyuca de Catalán y sacar a un reo al que después asesinaron.
También se le atribuye el secuestro y crimen contra el fiscal regional Víctor Manuel Salas Cuadras.
El 23 de marzo de 2023, 90 días después de la masacre de El Durazno, la gobernadora Evelyn Salgado estuvo en la comunidad y se reunió con la gente.
A la mandataria estatal se le informó que la clínica de salud no estaba funcionando, que la telesecundaria tiene múltiples carencias, como la falta de un techo y paredes de concreto, además de que el camino de terracería estaba intransitable por los daños ocasionados por las constantes lluvias.
«Cuando le planteamos nuestras demandas a la gobernadora (Evelyn Salgado) nos dijo que todo nos iba a resolver, pero ya pasaron 14 meses de que estuvo aquí y nada ha cumplido», denunció Azucena Rosas.
En aquella ocasión, la mandataria estatal llegó a El Durazno a bordo de un helicóptero del Ejército, debido a que se había agudizado la confrontación entre La Familia Michoacana y Los Arreola, cuyo líder, Crescenciano Arreola, fue asesinado a tiros en agosto de 2023, se supone que por la FM.
Azucena Rosas comentó que en este momento lo que le urge a la población de El Durazno es la reactivación del servicio de salud, debido a que en las últimas semanas mucha gente se ha enfermado de tos, gripa, fiebre y dolor de huesos.
«Hay unas 30 personas, entre niños, jóvenes y personas de la tercera edad que están enfermos y no hay quien los atienda», refirió la comisaria.
Esta tarde se reportó un enfrentamiento entre un grupo de civiles armados y elementos de seguridad entre los poblados de Julichuca y El Tuzal, del municipio de Petatlán, donde hace tres días un ataque armado en un palenque de gallos dejó el saldo de seis personas asesinadas y 13 heridas, de acuerdo con datos de la Fiscalía General del Estado (FGE).
Fuentes de seguridad confirmaron que el ataque ocurrió durante una operación de la Guardia Nacional y el Ejército en Petatlán, como parte de las acciones de las autoridades después del ataque armado de la noche del sábado 6 de enero.
Información que aún no es confirmada por las corporaciones policiacas indica que el operativo era para detener a un líder criminal de la zona.
Después del enfrentamiento, los civiles armados retuvieron una pipa y la atravesaron sobre ambos sentidos de la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo, a la altura del poblado de Cayacalito, del mismo municipio.
Pipa atravesada en la carretera Acapulco-Zihuatanejo, cerca del poblado de Cayalito en Petatlán, este 8 de enero del 2024. Foto: Especial
Por la acción, la población no tiene acceso a los poblados en esta parte de la costa guerrerense.
La Guardia Nacional desplegó otra operación policiaca para remover el tráiler y atender el reporte del enfrentamiento.
Hasta el momento no hay un reporte oficial sobre personas detenidas, heridas o fallecidas por estos hechos.
Hay otro bloqueo, supuestamente de ciudadanos que exigen seguridad y que se salgan de la zona los elementos de las corporaciones policiacas, sobre la misma carretera federal a la altura del poblado de Santa Rosa, pero fuentes de la zona indican que se trata de gente del mismo grupo de civiles armados. En ese punto, personal de la Secretaría General de Gobierno dialoga con los manifestantes para retirar los bloqueos.
Bloqueo sobre la carretera Acapulco-Zihuatanejo, cerca del poblado de Santa Rosa en Petatlán, este 8 de enero del 2024. Foto: Captura de video/Redes
Hace dos días, la FGE responsabilizó de la violencia en la zona a dos grupos delincuenciales de la zona: Los Arreola y Los Rusos.
Dichos grupos delictivos, de acuerdo con especialistas, están integrados por personajes políticos, económicos, agentes del Estado y criminales comunes que se asocian para generar beneficios económicos.
«Era un hombre sencillo y amable», dijo Fernando Hinterholzer, padre del ex titular de la Comisión de Atención a Víctimas (CEAV) en Guerrero, Enrique Hinterholzer Rodríguez, quien fue asesinado a balazos la madrugada de este sábado junto con un funcionario del gobierno estatal cuando estaban en el interior de un bar ubicado a espaldas del Palacio de Gobierno.
Fernando Hinterholzer dio un mensaje frente al féretro de su hijo en una misa de cuerpo presente en la iglesia del Sagrado Corazón, ubicada al sur de Chilpancingo. Asistieron familiares, amigos y compañeros del joven funcionario e integrantes de colectivos de víctimas de personas desaparecidas.
«Era una persona solidaria y prueba de ello es de que cuando íbamos a la Comisión de Atención a Víctimas, allá en sus oficinas de Acapulco, siempre nos apoyaba; era una gente muy humana», dijo Gema Antúnez, presidenta de la Colectiva de Personas Desaparecidas y Asesinadas María Herrera.
Este sábado en la madrugada varios hombres armados irrumpieron en un bar y dispararon contra los clientes del lugar.
En el ataque asesinaron a Hinterholzer Rodríguez y Hugo Carreto, funcionario de la Secretaría de Administración y Finanzas del gobierno estatal.
Durante la agresión, cuatro personas resultaron heridas de bala y fueron trasladadas a un hospital.
A la misa de despedida de Hinterholzer Rodríguez ningún funcionario del gobierno del estado llegó, aun cuando en el 2021 durante la campaña electoral de la morenista Evelyn Salgado Pineda, el joven asesinado participó activamente en sus actividades proselitistas
En fotografías que se difundieron en las redes sociales, Hinterholzer Rodríguez aparece con el senador Félix Salgado Macedonio en las protestas donde exigía al Instituto Nacional Electoral (INE) que le regresara la candidatura a la gubernatura que le anularon por no comprobar gastos de precampaña.
El joven asesinado formaba parte del equipo de Jesús Urióstegui García, ex jefe de la Oficina de la gobernadora.
«Lamento muchísimo el asesinato de mi amigo Enrique Hinterholzer Rodríguez, un brillante joven inteligente y valioso líder», escribió en su Facebook, Ricardo Peralta Saucedo, ex subsecretario de Gobernación y que también fue operador político de la campaña de la gobernadora Salgado Pineda.
Fotografía: Captura de pantalla de transmisión en vivo
Chilpancingo
20 de septiembre del 2023
Elementos del Ejército disuadieron con disparos al aire y al piso a un grupo de personas y transportistas que los tenían retenidos y, en respuesta, por la noche, los manifestantes demolieron con maquinaria las instalaciones de la Agencia del Ministerio Público del Fuero Común (MPFC), en Arcelia, en la región de Tierra Caliente.
Todos estos hechos se generaron cuando la gente retuvo en una calle del centro de Arcelia a un grupo de militares a quienes acusaron de que con su unidad arrollaron al joven Miguel Ángel, en la comunidad de Cuauhtitlán, municipio de Tlalchapa.
El joven que de acuerdo con la versión de los militares llevaba un bote que contenía supuestamente marihuana falleció en una clínica de Ciudad Altamirano a causa de un traumatismo craneocenfálico.
A las 18 horas de ayer, los militares accionaron sus armas con disparos al piso, al aire y contra un camión de volteo que los manifestantes atravesaron en la calle Ignacio Manuel Altamirano en el centro de Arcelia para impedir su salida.
«No se acerquen», «ya lárguense», les gritaba un militar a los manifestantes que también les exigían que se fueran de Arcelia.
«Váyanse de Arcelia para que ya no maten a más gente», les decía un individuo a los soldados.
Los militares con disparos al aire ahuyentaron a los manifestantes y así pudieron salir con sus unidades.
En respuesta, la gente se concentró en el centro de la localidad y se trasladó a las oficinas del MP, donde exigió a los trabajadores que se salieran para, con maquinaria pesada, demoler el edificio de la Fiscalía General del Estado (FGE).
Durante la noche, se dio a conocer la versión de la FGE de que en Arcelia ya no tienen oficinas y que opera un MP móvil y las únicas sedes ministeriales que tienen en Tierra Caliente es son en Coyuca de Catalán y San Miguel Totolapan, esta última puesta en marcha recientemente después de la masacre de 23 personas por integrantes del grupo del crimen organizado de la Familia Michoacana, en octubre del 2022.
En Chichihualco, en donde este lunes se reanudaron los enfrentamientos a balazos, entre integrantes de dos grupos del crimen organizado, llegaron refuerzos de la Policía Estatal pero no hicieron acto de presencia elementos del Ejército Mexicano ni la Guardia Nacional.
Pobladores de Chichihualco, cabecera del municipio de Leonardo Bravo, contaron que ayer lunes en la noche hubo otra balacera que duró casi 30 minutos, a pesar de los patrullajes de la Policía Estatal.
Aunque hay presencia de las fuerzas de seguridad, la ciudadanía sigue sin recobrar la tranquilidad; la mayoría de los empresarios y comerciantes del mercado municipal mantienen cerrados sus establecimientos.
Fuentes del gobierno estatal informaron que este lunes fuerzas de seguridad estatal realizaron una operación en Chichihualco y se rescató a un policía municipal que había sido privado de su libertad por miembros de uno de los dos grupos del crimen organizado.
En videos que este lunes se difundieron en las redes sociales se observa que la gente corre para ponerse a salvo de las balaceras.
La escena es captada cerca de la plaza de toros en donde se ve a varias mujeres que corren con sus hijos.
En uno de los videos se ve a una mujer que viste pantalón negro y blusa negra abrazando a su niño corriendo en un pasillo de una plaza.
«Cierren, cierren», se escucha la voz de una mujer que ordena que se baje la cortina de un establecimiento comercial.
Los enfrentamientos a tiros de este lunes iniciaron alrededor de las 10 de la mañana y eso provocó que la gente se encerrara en sus casas.
Integrantes de un grupo del crimen organizado atravesaron una camioneta en la carretera Chilpancingo-Chichihualco, a la altura de la comunidad de Nejapa.
Poco después de las cuatro de la tarde, este vehículo fue retirado por policías estatales y los agentes a bordo de varias patrullas ingresaron a Chichihualco, en donde, hasta este martes, resguardan el poblado ubicado a 40 minutos de Chilpancingo.
Autoridades de la Secretaría de Educación en Guerrero (SEG) informaron que habrá clases presenciales en las 26 escuelas de educación básica y media superior que atienden a 3 mil 500 estudiantes hasta que haya condiciones.
A finales de agosto de este año durante tres días se registraron las primeras confrontaciones armadas en varios puntos de Chichihualco y por ese motivo se suspendieron diversas festividades tradicionales en esta localidad.
El 10 de septiembre se canceló el desfile cívico militar para conmemorar el aniversario del nacimiento del general Nicolás Bravo.
Calles vacías y negocios cerrados este martes 19 de septiembre en Chichihualco.
Debido a la disputa entre los grupos del crimen organizado la Familia Michoacana, Los Ardillos y Los Tlacos, se suspenderán las ceremonias oficiales del grito de independencia en los municipios de Juan R Escudero y Leonardo Bravo, en donde en los últimos días se han registrado enfrentamientos armados.
«Sólo en dos municipios no habrá grito (de Independencia) en Leonardo Bravo y Juan R Escudero», declaró el secretario General de Gobierno, Ludwing Marcial Reynoso Núñez.
A finales de agosto, en Chichihualco, cabecera de Leonardo Bravo se registraron enfrentamientos a balazos entre los miembros de Los Tlacos contra La Familia Michoacana y sus aliados Los Ardillos.
El saldo de estos choques fue de cuatro personas asesinadas.
El pasado 5 de septiembre, individuos supuestamente de Los Tlacos asesinaron a balazos al director de la Policía Municipal, Juan Carlos Vitrago Flores, y a tres agentes en una emboscada cuando patrullaban las calles de Tierra Colorada, cabecera del municipio de Juan R. Escudero.
«El viernes 15 habrá seguridad en todos los municipios para que las fiestas patrias se realicen en paz y con tranquilidad», dijo el secretario, quien fue entrevistado después que concluyó la ceremonia oficial por el aniversario de los Niños Héroes en las instalaciones de la 35 Zona Militar, en Chilpancingo, a la que asistió la gobernadora Evelyn Salgado Pineda.
Tras los dos últimos asesinatos, el del fiscal regional de la Fiscalía General del Estado (FGE) en Tierra Caliente, Víctor Manuel Salas Cuadras, el pasado sábado y ayer martes el del delegado estatal de la FGR, Fernando García Fernández, en esta ciudad, Reynoso Núñez comentó que ya hicieron la petición a la federación de más refuerzos de seguridad.
«El número de elementos los va a determinar el gobierno federal», dijo el funcionario.
Después en otra entrevista, el secretario dijo que se requieren refuerzos en dos zonas de Guerrero, en la Sierra y Tierra Caliente.
Afirmó que aun con los hechos de violencia registrados en los últimos días en Guerrero ningún funcionario del gobierno estatal redoblará su seguridad personal.
Confirmó que al delegado estatal de la FGR no le gustaba utilizar vehículo blindado a pesar de que había una unidad a su disposición.
Reynoso Núñez atribuyó al repunte de violencia en Guerrero a que, según él, «el gobierno no tiene compromisos con ningún grupo».
Estos tres mandos son de nivel federal, estatal y municipal
Texto: Marlén Castro
Fotografía: Oscar Guerrero
12 de septiembre sel 2023
Chilpancingo
En menos de ocho días, tres mandos policíacos de alto rango fueron asesinados en diferentes puntos del estado de Guerrero.
Este martes 12 de septiembre, un grupo de hombres armados asesinó al delegado en Guerrero de la Fiscalía General de la República (FGR), Fernando García Fernández. Apenas cuatro días antes fue asesinado el teniente militar Víctor Manuel Salas Cuadras, el mismo día que asumió el cargo como fiscal regional de la Fiscalía General del Estado (FGE) en Tierra Caliente.
El otro hecho violento contra un mando policiaco ocurrió el pasado martes 5 de septiembre en el municipio de Juan R Escudero, en donde fue asesinado el director de la Policía Municipal, Juan Carlos Vitrago Flores, y tres policías más que lo acompañaban.
Es así como en Guerrero, inmerso en campañas políticas por las próximas elecciones de junio de 2024, asesinaron a estos tres mandos policiacos pertenecientes a los tres niveles de gobierno: un mando federal, uno estatal y otro más municipal.
El mando municipal
Juan Carlos Vitrago Flores, director de la policía municipal de Tierra Colorada, fue asesinado en la calle principal de Tierra Colorada, la cabecera de este municipio de la zona Centro.
Los reportes oficiales dieron a conocer que el jefe de la policía Juan Carlos Vitrago y varios de sus elementos patrullaban la calle principal de Tierra Colorada cuando se encontraron de frente a individuos armados a bordo de un vehículo, quienes les dispararon.
Juan Carlos Vitrago, de 42 años, fue escolta del ex gobernador priista Héctor Astudillo Flores, había cumplido cuatro meses de haber asumido este cargo.
El pasado 24 de junio de este año, el escolta de la alcaldesa de este municipio de Juan R Escudero, Diana Carolina Costilla Villanueva, fue asesinado a balazos por dos hombres armados cuando ingresaba a una tienda de conveniencia en Tierra Colorada.
La edil priista Diana Carolina Costilla confesó que su escolta era su primo.
El municipio de Juan R Escudero forma parte de un corredor de poblaciones disputadas por dos grupos del crimen organizado: Los Ardillos y Los Tlacos.
El asesinato del mando estatal
Víctor Manuel Salas Cuadras, recién nombrado fiscal regional en Tierra Caliente, fue asesinado a balazos la noche del sábado 9 de septiembre, en la comunidad de Jaripo, municipio de Coyuca de Catalán, después de que fue privado de su libertad por hombres armados que, al parecer, pertenecen a la organización criminal de la Familia Michoacana.
Versiones oficiales informaron que el funcionario viajaba en su camioneta Ford Blanca, en las calles de Coyuca de Catalán, cuando fue interceptado por un grupo de hombres armados.
Hay una versión de que estas personas ahí mismo lo asesinaron, porque el vehículo del funcionario público tenía varios impactos de bala, y que después se llevaron el cadáver para abandonarlo en Jaripo.
Salas Cuadras llegó el mismo día de su asesinato a la Fiscalía Regional de Tierra Caliente, con sede en Coyuca de Catalán, luego de que le notificaron un día antes, el viernes 8 de septiembre, que dejaría la Fiscalía Regional en Tlapa, donde ocupó este mismo cargo desde mayo.
Versiones oficiales dieron a conocer que el fiscal regional asesinado participó en las investigaciones judiciales de los 13 vehículos, varios de ellos de procedencia extranjera, que la FGE aseguró en una bodega ubicada en Ciudad Altamirano y que pertenecían a familiares de líderes de la Familia Michoacana en Tierra Caliente.
Los 13 vehículos, entre ellos un automóvil Lamborghini y una camioneta Hummer, fueron trasladados a las instalaciones de la FGE en Chilpancingo y aún no son reclamados por sus dueños.
El aseguramiento de estas unidades provocó que ocho alcaldes, dos diputados y una diputada locales del PRI, PRD y Morena de esa región de Tierra Caliente dirigieran el cierre de las vías de comunicación de esa zona para exigir la salida de la fiscal General, Sandra Luz Valdovinos Salmerón, lo que dejó en evidencia los intereses que cuidan estos funcionarios públicos.
La Tierra Caliente y una parte de la zona Norte es disputada, de acuerdo con las autoridades, por los grupos del crimen organizados denominados La Familia Michoacana, El Cartel Jalisco Nueva Generación y también por Los Tlacos.
El asesinato del mando federal
Esta mañana del martes 12 de septiembre, fue asesinado el delegado en Guerrero de la FGR, Fernando García Fernández, cuando bajaba solo en su vehículo por la avenida principal del fraccionamiento Cipatli, al sur de Chilpancingo, en donde vivía.
Las evidencias muestran que intentó defenderse, no murió de forma instantánea, alcanzaron a llegar paramédicos de la Cruz Roja a brindarle auxilio y familiares, quienes se mantuvieron a su lado. Pero instantes después, murió.
En la zona donde fue asesinado el funcionario, los vecinos desconocían que García Fernández era un mando policiaco de alto nivel. Contaron que lo conocían porque sacaba a pasear a su perrito, siempre iba solo.
Es costumbre en esta ciudad ver patrullas de soldados, de policía estatal o de municipales vigilando domicilios particulares y con ello se sabe que en ese lugar habita un mando policiaco, pero en el caso de García Fernández no era así.
Salía solo en su vehículo personal, como esta mañana cuando lo interceptaron hombres armados y lo asesinaron.
La fiscal General de Guerrero, Sandra Luz Valdovinos Salmerón, informó que el teniente coronel y fiscal regional en Tierra Caliente, asesinado a balazos este fin de semana, Víctor Manuel Salas Cuadras, detuvo a Hermelindo “N” líder de la Familia Michoacana (FM) que participó en la masacre de siete personas en la comunidad de El Durazno, del municipio de Coyuca de Catalán.
En un mensaje publicado en la plataforma electrónica de la Fiscalía General del Estado (FGE), Valdovinos Salmerón dijo que el teniente coronel tuvo acciones importantes en el complementación de órdenes de aprehensión y vinculaciones a proceso y sentencias condenatorias que impactaron de manera favorable en la procuración de justicia.
“Destaco la detención que nuestro compañero realizó en la detención de Hermelindo “N”, presunto integrante del grupo delincuencial de la Familia Michoacana y que se encuentra sujeto a proceso por el delito de homicidio calificado por hechos ocurridos el 10 de diciembre del 2022 en la comunidad de El Durazno”, comentó la fiscal.
Este sábado en la noche Salas Cuadras fue interceptado, al parecer por miembros de la Familia Michoacana, cuando viajaba en una camioneta en Coyuca de Catalán.
Esa misma noche el cadáver del fiscal regional fue hallado tirado en las afueras de la comunidad de Jaripo, que pertenece al municipio de Coyuca de Catalán.
Durante abril pasado, Salas Cuadras encabezó las diligencias del decomiso de 13 vehículos con reporte de robo que estaban en una bodega de Ciudad Altamirano.
Estas 13 unidades, muchas de ellas de lujo y de procedencia extranjera, las tenían en su poder familiares de los líderes de la FM.
En su mensaje, la fiscal mencionó que la FGE, junto con la Guardia Nacional, Ejército y la Marina han enfrentado a las organizaciones criminales, como la Familia Michoacana, Los Ardillos, Viagras, Los Rusos y Los Tlacos, que operan en Guerrero. “Son grupos (criminales) que laceran el tejido social en Guerrero”, expresó.
Advirtió que la FGE no se intimidará por aquellas personas que buscan impedir su trabajo de investigación.
Sobre el caso del asesinato del fiscal regional dijo que ya integraron una carpeta de investigación en contra de las personas que resulten responsables por este delito. Agregó que el Ejército, la Marina, la Guardia Nacional y la Policía Estatal realizan la búsqueda para detener a los responsables.
El recién nombrado fiscal regional de la Tierra Caliente, Víctor Manuel Salas Cuadras, fue asesinado a balazos en la comunidad de Jaripo, municipio de Coyuca de Catalán, después de que fue privado de su libertad por hombres armados que, al parecer, pertenecen a la organización criminal de la Familia Michoacana.
El cadáver de quien tenía el grado militar de teniente coronel fue hallado a las once de la noche de este sábado en las inmediaciones de Jaripo, a unos metros del puente vehicular de la carretera que comunica con el municipio de Zirándaro.
Versiones oficiales informaron que el funcionario de la Fiscalía General del Estado (FGE) viajaba en su camioneta Ford Blanca en las calles de Coyuca de Catalán, donde fue interceptado por un grupo de hombres armados.
Hay una versión de que estas personas ahí mismo lo asesinaron, porque el vehículo del funcionario público tenía varios impactos de bala, y que después se llevaron el cadáver para abandonarlo en Jaripo.
Salas Cuadras llegó el mismo día de su asesinato a la Fiscalía Regional de Tierra Caliente, con sede en Coyuca de Catalán, luego de que le notificaron un día antes, el viernes 8 de septiembre, que dejaría la Fiscalía Regional en Tlapa, donde ocupó este mismo cargo desde mayo.
Versiones oficiales dieron a conocer que el fiscal regional asesinado participó en las investigaciones judiciales de los 13 vehículos, varios de ellos de procedencia extranjera que la FGE aseguró en una bodega ubicada en Ciudad Altamirano y que pertenecían a familiares de líderes de la Familia Michoacana en Tierra Caliente.
Los 13 vehículos, entre ellos un automóvil Lamborghini y una camioneta Hummer, fueron trasladados a las instalaciones de la FGE en Chilpancingo y aún no son reclamados por sus dueños.
El aseguramiento de estas unidades provocó que ocho alcaldes, dos diputados y una diputada locales del PRI, PRD y Morena de esa región de Tierra Caliente dirigieran el cierre de las vías de comunicación de esa zona para exigir la salida de la fiscal General, Sandra Luz Valdovinos Salmerón, lo que dejó en evidencia los intereses que cuidan estos funcionarios públicos.
“Fue un error que al fiscal regional (Víctor Manuel Salas Cuadras) lo hayan regresado a Tierra Caliente a ocupar este mismo cargo”, dijo una fuente.
El pasado 22 de agosto, hombres armados, al parecer también miembros de la FM, privaron de su libertad a la titular de la Agencia del Ministerio Público del Fuero Común, Jaqueline Salgado González, cuando estaba en sus oficinas en Coyuca de Catalán. Fue liberada 48 horas después.
En octubre del 2022, decenas de hombres armados, identificados por el gobierno federal como miembros de la FM, ingresaron a San Miguel Totolapan, cabecera del municipio con el mismo nombre, y asesinaron a balazos a más de 20 personas, entre ellas el alcalde perredista de esta demarcación, Conrado Mendoza Almeida.
El 11 de diciembre del 2022, individuos armados que, de acuerdo a pobladores se identificaron como parte de esta misma agrupación criminal, asesinaron a tiros a siete personas, entre ellas un menor de edad, en la comunidad de El Durazno, del municipio de Coyuca de Catalán.
El 7 de diciembre del 2022, otro grupo del mismo origen criminal, pero vestidos con ropa tipo militar, ingresó a la cárcel de Coyuca de Catalán y sacó de una celda al reo Samuel Ávila, presunto miembro de la organización Los Tequileros, otro grupo criminal local con quienes tenían diferencias, y lo asesinaron, porque su cadáver apareció en Ciudad Altamirano.
Elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) recorren las calles de San Miguel Totolapan, después del asesinato de más de 20 personas, entre ellas el alcalde, en octubre del 2022.
Comisarios de 67 comunidades de los municipios de Heliodoro Castillo y San Miguel Totolapan solicitan a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda que emprendan acciones de seguridad en esa zona, porque desde el pasado jueves 31 de agosto integrantes de una organización criminal pretende entrar al territorio.
En un escrito que también va dirigido al presidente Andrés Manuel López Obrador y que dieron a conocer a través de las redes sociales, las autoridades de estas localidades, ubicadas en la Sierra de la zona Centro y de la Tierra Caliente, advierten al gobierno que la población de esta zona está dispuesta a responder ante los embates del grupo armado que los amenaza.
«Señor presidente (Andrés Manuel López Obrador) sólo le decimos que evite una guerra civil, porque nosotros como pueblos vamos a responder y nos vamos a tener que defender y el derramamiento de sangre a nadie nos conviene», dicen los comisarios.
Según las autoridades, los integrantes de una organización criminal intentaron ingresar por los linderos de las comunidades de Las Coronillas, La Ciénega y Puerto Alegre, el pasado jueves.
Denunciaron que el Ejército tiene un despliegue en esa zona, pero no hace nada para detener a los delincuentes.
«El grupo que intenta entrar viene haciendo males, matando animales y espantando a la gente», dicen los comisarios.
«Señor presidente, nosotros somos de los pueblos más olvidados, en salud, educación y caminos, hemos sido trabajadores y por mucho tiempo amapoleros porque con eso podíamos sacar adelante a nuestras familias y siempre hemos estado al margen de los grupos armados», plantearon los comisarios, quienes suscriben el documento pero que pidieron que se omitiera los nombres de cada uno de los pueblos.
En el comunicado, denunciaron que desde hace décadas el gobierno ha desatendido las demandas de bienestar para los pueblos de la Sierra, región donde están ubicadas todas estas regiones
Las peticiones que los habitantes de la zona han hecho al gobierno va desde la construcción de caminos, aulas, centros de salud y la entrega de proyectos productivos, además de que el fertilizante para sus siembras de productos básicos les llegue de manera puntual y no a cuentagotas.
La razón que llevó a Rosario y a su familia hasta Chichihualco, cabecera de Leonardo Bravo, hace casi cinco años, la volvió a alcanzar: las balaceras que comenzaron el lunes por la madrugada en esta cabecera municipal la tienen encerrada la mayor parte del día, sólo va a la tienda de la esquina.
“Allá eran en el monte”, dice al referirse a los enfrentamientos armados que vivió en la Sierra de este mismo municipio, su lugar de origen, y compararlos con los que ha padecido las últimas noches en la cabecera municipal.
Ella –que en realidad no se llama Rosario, pero se le dio esta identidad por seguridad–y su familia forman parte del grupo de desplazados que en noviembre del 2018 abandonaron sus comunidades por el acaso de civiles armados.
Hasta ayer los elementos del Ejército, la Guardia Nacional y la Policía Estatal se establecieron en Chichihualco, y los disparos y explosiones pararon.
El problema, anticipa, será cuando los elementos de seguridad se retiren. Las operaciones policías no suelen ser permanentes en zonas violentas. “Sólo diosito sabrá lo que nos espera”, menciona.
El lunes pasado, Chichihualco amaneció pasmado. Las calles lucieron vacías, porque los negocios, las escuelas, el Ayuntamiento y las casas estaban cerradas; el transporte paró actividades.
Lo notable en las calles era el hervidero de casquillos que dimensionaba el nivel de la refriega del primer día porque, aun cuando el lunes fueron públicos los enfrentamientos en Chichichualco, éstos no pararon hasta la madrugada de ayer.
Para Rosario el día más intenso fue el del miércoles. Los balazos comenzaron a las 20:15 horas. Lo recuerda porque estaba por entrar a bañarse, pero ya no pudo; ella, su esposo, hijo, nuera, y nietos se atrincheraron en el suelo hasta la mañana siguiente.
Desde el día anterior ya tenían preparadas colchonetas en el suelo por si las balaceras continuaban, porque dormir en las camas representa riesgo.
Otra de las mujeres del grupo de habitantes desplazados que se quedó refugiada en Chichichualco, comparte Rosario, salió al baño y fue herida de bala el lunes pasado.
Hasta ahora, de manera oficial, no existe una explicación de lo que ocurre en Chichihualco. El lunes, la Secretaría de Seguridad Pública del estado sólo envió un escueto comunicado donde hablaban de los decomisos, la vigilancia que emprendían a partir de entonces y el rescate de dos personas que habrían privado de su libertad a la hora de la primer refriega.
Los habitantes hablan de muertos, pero en particular de dos, porque los ubican como jóvenes ajenos a lo que se dirimía en las calles a balazos; esa madrugada del lunes, saben, sólo venían de una fiesta. Quienes los conocían dicen que uno se dedicaba a lavar carros y el otro tocaba un instrumento en un pequeño grupo musical.
La única versión del origen de esta balacera es la que cuentan algunos habitantes, de que un nuevo grupo criminal quiere entrar a la cabecera municipal de Chichihualco, y que los balazos son porque quienes están asentados intentan evitarlo.
En nombre de la seguridad pública, el miércoles por la noche la Coordinación para la Construcción de Paz del Estado de Guerrero informó que darían seguridad para Chichihualco. “(…) Esta noche, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado en coordinación con personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, permanecerán realizando recorridos en la cabecera municipal, para inhibir delitos y brindar mayor seguridad a la población”, es un fragmento del comunicado que colgó en redes sociales.
Rosario comparte que hasta ayer fue que los agentes de seguridad se quedaron en la cabecera municipal para hacer los recorridos durante la noche y la madrugada, cuando inician los enfrentamientos armados.
Tiene presente que el lunes era poco más de la una de la mañana cuando comenzaron los balazos, el martes alrededor de las nueve y media de la noche, y el miércoles pasadas las ocho de la noche, pero en todos los casos se extendían hasta mañana.
Para ella las horas más duras fueron el jueves al amanecer, porque a los balazos continuos le acompañaban unos ruidos intensos que, cree, eran explosiones, porque sentía cómo el suelo retumbaba.
“Estamos pensando que si el gobierno se va, va a seguir lo mismo”, insiste y pone en evidencia la vulnerabilidad en la que viven en la cabecera municipal.
Tampoco es que estos escenarios sean nuevos para Rosario, pero esa fue la razón por la que huyó de la Sierra.
“Ya vivimos esto. Es algo que uno ya no quisiera volver a vivirlo”, menciona.
Los habitantes coinciden que este viernes hubo un poco más fluidez en Chichihualco, porque algunos negocios ya abrieron, por ejemplo parte de los del mercado municipal, pero hasta las dos de la tarde.
Rosario lo sabe porque su nuera acudió hoy a comprar algunas verduras básicas, como jitomates y cebollas, y dos casilleros de huevos para tener qué comer los próximos días por si las balaceras continúan.
Parte del transporte público local y el que corre de la cabecera municipal a Chilpancingo también funcionó hoy.
Lo que sigue sin comenzar es el ciclo escolar 2023-2024 en las escuelas de Chichihualco.
El secretario de Educación en Guerrero, Marcial Rodríguez Saldaña, comentó que sigue en plática constantes con directivos y padres de familia para evaluar el regreso a clases presenciales porque, por ahora, la indicación es que las actividades sean virtuales.
“Nuestra primera responsabilidad es garantizar la integridad de los estudiantes, niñas, niños, y los docentes. Estamos en ese proceso”.
Pero en la casa de Rosario hay tres niños, dos que están en preescolar, y a ninguno les han puesto tareas virtuales. En la casa de su hermana hay estudiantes de secundaria y tampoco tienen actividades.
La imagen corresponde a una segunda expulsión masiva de habitantes de pueblos de la Sierra, ocurrida el pasado 26 de marzo del 2020. Fotografía: Amapola Periodismo.
A 200 metros de El Nuevo Poblado El Caracol, la circulación vehicular en el camino de terracería se detiene abruptamente. No hay forma de remontar un cúmulo de arena, grava y piedra que está ahí justo para ese propósito.
Del lado izquierdo, sobre una lomita, se perfilan las figuras de varios hombres pertrechados atrás de unas llantas. Del lado izquierdo, corren las aguas bravas del río Balsas. El calor es intenso, el termómetro marca 37 grados, pero la sensación de calor, varios grados más.
Los hombres salen de su trinchera con tranquilidad, cuando del primer carro baja José Filiberto Velázquez Flores, director del Centro de Derechos Humanos de las Víctimas de Violencia Minerva Bello. Se les ven sus escopetas a la espalda.
“¡Ya llegó el padre!”, avisa por la radio uno de los vigilantes. El sacerdote José Filiberto se baja con la sotana puesta, un lienzo beige que lo cubre desde el cuello hasta los pies.
De inmediato, comienzan a llegar hombres, mujeres y niños.
Después del padre bajan sus acompañantes: nueve periodistas, dos funcionarios de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Guerrero (CEDHG) y 12 elementos de la Policía Estatal, a bordo de dos patrullas.
La gente de El Nuevo Poblado El Caracol, municipio de Heliodoro Castillo, vivió este sábado 26 y domingo 27 de agosto el tercer ataque con bombas caseras a través de drones. Una bomba del sábado causó la primera baja. Un joven de 20 años estaba parado en la esquina de la plaza cuando estalló el artefacto. Un pedazo de lámina cortó su estómago. Sólo se sentó para esquivar los otros balazos que venían del cerro de enfrente. Cuando pudieron auxiliarlo, lo ayudaron a levantarse, sólo entonces, se dieron cuenta de la gravedad de la herida, el metal rebanó por mitad el abdomen. Intestinos y sangre salieron del cuerpo moribundo.
El sacerdote José Filiberto encabezó este martes 29 de agosto una caravana de ayuda humanitaria al poblado. Llevó a los habitantes alimento físico y espiritual.
–¡Padre pensamos que ya no vendría!, –le dice un grupo de señoras mientras lo abrazan.
–Tarde pero seguro, –les contesta el hombre de la sotana.
José Filiberto tiene medidas cautelares por amenazas a causa de su trabajo de ayudar a pobladores que cohabitan con grupos del crimen organizado que quieren a sus tierras y a sus hijos. Por eso lleva dos patrullas con policías estatales.
El hombre de la iglesia católica gira indicaciones para que bajen los alimentos: arroz, frijol, lentejas, avena, amaranto, aceite, verduras enlatadas y leche. También lleva cobijas y productos para la limpieza.
Los habitantes de El Nuevo Poblado de El Caracol no han salido a comprar alimentos desde el pasado 10 de agosto que sufrieron el segundo ataque con bombas dirigidas por drones. El primer ataque fue el 2 y 3 de mayo pasado.
El sacerdote y los habitantes entran al pueblo. A pocos metros del material acumulado para evitar la entrada de carros están las primeras casas. Un par de mujeres con niños salen de estas casas y se suman al contingente.
–Gracias, muchas gracias por venir, –dicen a las visitas; al sacerdote, a los periodistas, a los funcionarios de la CEDHG y hasta a los policías, aunque estos quedaron atrás.
El alimento espiritual que lleva José Filiberto como consuelo es una misa. Todas las personas entran a la Iglesia de la Virgen de Guadalupe. Después de tres días de tensión, las oraciones apaciguan un poquito sus emociones.
Durante la misa, una señora narra cómo vivieron la jornada de ataques de este sábado y domingo.
La presa
A unos tres kilómetros del poblado está la Presa Ingeniero Carlos Ramírez Ulloa, comúnmente conocida como presa El Caracol, cuyo nombre se tomó del pueblo original que se formó cuando a finales de la década de los setentas comenzaron a construir este gigante de concreto y cables de acero para conducir la electricidad.
Los habitantes que fundaron este pueblo lo llamaron así, por las vueltas que hay que dar a la montaña para llegar hasta el pie del Balsas.
El Caracol original fue devorado por el vaso de la presa, cuando entró ésta en funcionamiento, en 1983. Los habitantes que no quisieron cambiarse al nuevo poblado remontaron la montaña y formaron otro al que le quedó el nombre simple de El Caracol, a 1,166 metros sobre el nivel del mar. Ahí, de acuerdo con el INEGI sólo hay 10 habitantes.
El Nuevo Poblado El Caracol que formó la Comisión Federal de Electricidad (CFE) fue instalado a 389 metros de altitud. Para llegar aquí, por el lado de Apaxtla de Castrejón, en la región Norte, hay que pasar por los filtros de seguridad situados por el gobierno federal para vigilar este punto de seguridad nacional por la energía que ahí se produce. De acuerdo con el INEGI, este poblado tiene 621 habitantes, aunque el comisario Aurelio Catalán Alcocer sostiene que aquí sólo hay como 200, el resto, que es más de la mitad, se fue yendo poco a poco por la violencia.
Hay otra vía para llegar al poblado. Su ubicación estratégica, casi a las puertas de la cortina del embalse, es la razón del infortunio actual de los pobladores. Este es un sitio estratégico por la generación de energía para todo el país. Los grupos criminales se pelean el control de las comunidades alrededor. El Nuevo Caracol como El Caracol a secas son dos poblados del municipio de Heliodoro Castillo, el corazón de la región de la Sierra. El Nuevo Caracol está a sólo 19.4 kilómetros de Tlacotepec, la cabecera.
La región de la Sierra, como lo indican reportes oficiales de la Fiscalía General del Estado (FGE), es la zona en la que opera el grupo criminal denominado Los Tlacos y en Apaxtla, como se sabe, a partir de informes de las autoridades, tiene dominio La Familia Michoacana.
Aspectos generales de El Nuevo Poblado El Caracol después del ataque con bombas caseras manejadas por drones.
Mucha bala, poca escuela
Después de la misa, las visitas recorren las calles del pueblo para registrar los resultados del ataque con drones del sábado 26 y domingo 27 de agosto.
La puerta izquierda de la iglesia, hecha de fierro, tiene un orificio. Ana, de 20 años, junto con su mamá limpiaban la iglesia este sábado cuando comenzaron a escuchar el dron sobrevolando la plaza y la iglesia. Por los dos ataques anteriores con dron saben identificarlo. Cuando llegaron a hacer limpieza abrieron la puerta derecha, al escuchar el dron intentaron cerrarla, pero entonces vino la explosión de la bomba. Eran como las 12:30 del día.
La iglesia de la Virgen de Guadalupe es una estructura vulnerable. El techo es de láminas de aluminio, del suelo a la mitad es de concreto y de la mitad al techo es de ventanales de fierro con figuras de rombo, por donde podrían colarse balas o restos de las bombas. No es una buena opción para resguardarse. Las dos mujeres se abrazaron y se pegaron a la pared derecha. Vieron, cuando se coló un tiró y se impactó en la puerta izquierda. Cuando estalló la bomba escucharon el grito del muchacho.
En las bardas, suelo y techo de la cancha de usos múltiples hay evidencias del ataque, también en la Comisaría Municipal: sus paredes tienen algunas perforaciones y los vidrios de varias ventanas están rotos. Por las calles hay tuercas, tornillos y pedazos de fierro de diferentes tamaños y peso. Dicen que son restos de la bomba casera. También hay mucho casquillo percutido de diferentes tamaños, lo que hace suponer el uso de armas de diferentes calibres.
El martes 29 de agosto debió ser el segundo día de clases del ciclo escolar para los estudiantes del jardín de niños, de la primaria y de la telesecundaria. Las instalaciones de los tres niveles escolares están cerradas y las condiciones hacen pensar que hace mucho tiempo no se abren.
Ciro, de seis años, quien debería estar iniciando el primer año de primaria, juega solo en la cancha de usos múltiples. Su juego consiste en que reporta con una radio de juguete que ha visto hombres armados y dice, “¡Vamos!, ¡Vamos a darles con todo!”. En una mano trae el radio de juguete y con la otra hace la señal de cortar cuello. Otras veces Ciro deja su radio de juguete y con un pedazo de palo que toma con las dos manos hace la señal de cortar cartucho.
En teoría, Ciro terminó sus estudios de preescolar en el Jardín de Niños Jacinto Benavente, a pocos pasos de la plaza. Se supone que Ciro cursa el primer año en la primaria Caritino Maldonado Pérez, pero eso es una ilusión. Tiene años que los maestros del preescolar, primaria y telesecundaria vienen por ratos, a dar indicaciones rápidas y dejar tareas y, al final del ciclo escolar a entregar calificaciones. Ninguno reprueba, todos pasan de año con apenas abrir los libros.
Jacinta, madre de un niño de tres años, tiene claro qué pediría si alguna vez las autoridades se preocupan por ellos.
–Yo quisiera que haya escuela todos los días, –contesta rapidísimo a esta pregunta concreta.
–Solo tiene tres añitos mi huachuito (niño) y la forma de jugar con los amiguitos que tiene es armar grupitos, juntan palitos para hacer sus armas y se andan matando entre ellos. Es triste pero eso es lo que hacen, yo quisiera que en serio los maestros les den clases y los huachitos de verdad aprendan, porque de esto no va a salir nada bueno.
La barda en la que está sentado el niño tiene varios orificios resultado de los diversos ataques.
La Familia y Los Tlacos
Al norte del Nuevo Poblado El Caracol, rumbo a Apaxtla de Castrejón, hay una hilera de localidades controladas por el grupo del crimen organizado La Familia Michoacana, al que se han adherido autoridades municipales y delegaciones del gobierno estatal, situación que se ha hecho evidente en bloqueos de carreteras en la región de Tierra Caliente para impedir el ingreso de la Guardia Nacional a detener a los líderes de la agrupación criminal.
Este control sobre los territorios no pasa por procedimientos amables. En los pueblos que no aceptan el dominio de ningún grupo, la gente es secuestrada y asesinada hasta que optan por dejar sus tierras y todas sus pertenencias. San Marcos, a 20 minutos del Nuevo Poblado El Caracol es un ejemplo. San Marcos, que contaba con 131 habitantes, de acuerdo con el INEGI, quedó vacío en junio pasado que incursionó un grupo de La Familia Michoacana y se llevó a tres jóvenes, quienes continúan desaparecidos. Algunos de los habitantes de San Marcos se desplazaron a El Nuevo Caracol.
Otros pueblos aceptan el apoyo de unos para sacudirse el yugo de otros. Podría ser el caso del Nuevo Poblado de El Caracol. Aquí algunas evidencias.
Este sábado, la esquirla de la bomba casera manejada con drones mató a un joven de 20 años que no era originario de aquí, si no de otra comunidad al sur.
La gente no quiere decir de qué comunidad era el joven, ni cómo se llamaba.
–Vino a apoyarnos, –es todo lo que dicen.
El 2 y 3 de mayo que ocurrió el primer ataque con drones, después de la bomba y la balacera, la mayoría de la gente se desplazó a Tlacotepec, el centro de operaciones de Los Tlacos, lugar en el que el párroco y el Centro de Derechos Humanos Minerva Bello acondicionaron un albergue.
Llegar a Tlacotepec por esta ruta o por cualquiera que sea implica pasar por varios retenes de hombres armados.
Los casquillos tirados en las calles de El Nuevo Poblado El Caracol indican que los pobladores o quienes les ayudan se defendieron con armas potentes, no sólo con las escopetas que portan los hombres de la comunidad.
Mientras la ayuda oficial llega, en este pueblo en el que los habitantes se dedican a la siembra de maíz, frijol y calabaza, la temporada de echar semillas ya pasó.
Con las medidas de seguridad pertinentes, se sembró apenas el 20 por ciento de lo que acostumbran en otros años. Es decir, no habrá alimento ni para la subsistencia.
Desde el ataque de este sábado y domingo la gente está sin agua y sin energía porque la bomba dañó los cables de luz. Para jalar agua del río prenden una bomba y para ello necesitan luz.
Los hombres y las mujeres no han podido ir por las mojarras al río, de donde obtienen una buena parte de sus ingresos para la subsistencia.
A pocos metros del pueblo, está la cortina de la presa, resguardada por varios elementos de seguridad de la CFE y soldados.
Cuando ocurrieron los ataques permanecieron en sus puestos.
Les dijeron: estamos aquí para cuidar la presa.
La presa está intacta.
Cuando la gente de El Nuevo Caracol se canse y se vaya, la presa necesitará mucha más seguridad que la que tiene ahora.
