Texto: José Miguel Sánchez (con información de Oscar Guerrero)
Fotografía: Oscar Guerrero
Chilpancingo
Pobladores desplazados de El Caracol, municipio de Heliodoro Castillo, dejaron pertenencias, animales y cultivos ante el miedo de perder la vida por los ataques aéreos de supuestos integrantes del grupo delictivo de la Familia Michoacana.
Sufrieron dos ataques con bombas caseras a través de drones, y por esa razón los pobladores huyeron de El Caracol y se resguardaron en la cabecera municipal, Tlacotepec, donde el párroco de la iglesia junto a los integrantes del Centro de Derechos de las Víctimas de Violencia Minerva Bello asignaron un albergue.
Desde ese lugar, donde hay 250 personas, Zeferino Neri contó ayer que abandonaron todas sus pertenencias en el pueblo.
«La gente maleante nos echó las bombas para que nos viniéramos para acá, mataron hasta un señor que nada tenía que ver; allá dejé todo, mi maíz, mis animales, marranos, me traje unos chivos para acá y los tuve que rematar para ganarle algo», contó.
De la persona que murió en el ataque, según este poblador, las autoridades no han informado nada.
Otra persona desplazada dijo que el primer ataque ocurrió el 1 de mayo y el segundo el 8, «y esperábamos otro el 10, para las mamás, por dejar pasar a los militares».
Los pobladores creen que la Familia Michoacana quiere entrar al territorio, porque consideram que es de Los Tlacos, otro grupo criminal que opera en esta parte de la Sierra de zona Centro de Guerrero, por eso intimidan a los habitantes para que los apoyen, de lo contrario los amenazan con asesinarlos.
«Nos tiraron bombas, nos dijeron que nos van a matar, que van a pasar casa por casa y nos maten a todos, nos quieren acabar a todos, pero nosotros no tenemos la culpa de nada, no tenemos nada que ver», narró otra mujer desplazada este lunes en el albergue en Tlacotepec.
El pasado 2 de mayo, a las seis de la tarde, los lugareños de El Caracol se percataron de que había drones sobrevolando la localidad.
Al día siguiente volvieron a ver esos artefactos, pero en esa ocasión les lanzaron seis bombas.
Los pobladores exigen a los tres niveles de gobierno garantías para regresar a su poblado, «ya estamos enfadados de estar encerrados en un solo lugar, allá vamos al río, salimos al campo», denunció uno de los afectados.
Son 60 familias las afectadas, 250 personas, entre ellos 80 niñas y niños, quienes exigen garantías para retornar a El Caracol.
La localidad también vive el abandono en los servicios de educación y salud, debido a que el personal se niega a subir por temor a la violencia en la zona que tiene que ver con la presencia de grupos armados.
Por ahora los desplazados son atendidos por la comunidad católica, pero tienen enfermedades respiratorias, gastrointestinales y crisis nerviosas.
El Caracol es una comunidad de 650 habitantes al sur de Heliodoro Castillo, en la Sierra y a orillas del río Balsas.
El municipio vecino es Apaxtla de Castrejón, demarcación en la que también han intentado ingresar desde hace meses integrantes de la Familia Michoacana.
Fotografía: Cromática agencia fotografíca y multimedia
Chilpancingo
Personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) encabezados por la titular de esta institución, Sandra Luz Valdovinos Salmerón estuvieron este sábado en la comunidad de la Morena del municipio de Petatlán con el propósito de continuar con las indagaciones de las propiedades que presuntamente poseen miembros del grupo del crimen organizado de la Familia Michoacana (FM).
La presencia de Valdovinos Salmerón ocurre luego de que el pasado jueves primero de marzo habitantes De la Morena y de la comunidad vecina de Campo del Cielo denunciaron a través de las redes sociales de que agentes de la Policía Investigadora Ministerial (PIM) realizaron disparos para amedrentarlos a insultarlos e incluso hubo agresiones físicas contra niños y mujeres.
El viernes 3 de marzo, la FGE, a través de un comunicado, acusó a los lugareños de haber obstaculizado a los representantes de la ley para ingresar rápidamente a esa zona lo que provocó que un jefe de sicarios y un jefe de plaza de la FM se dieran a la fuga.
En la visita que realizó este sábado 4, la Fiscal Sandra Luz Valdovinos tuvo una conversación con dos mujeres en el interior de una casa.
“Usted o alguien competente se puede hacer responsable cada vez que entren unidades de gobierno a esta comunidad?, le pregunta una mujer a la Fiscal luego de denunciar que hombres armados a bordo de vehículos ingresaron a la comunidad y que se habrían identificado como miembros de alguna corporación.
Sandra Valdovinos les pidió a las mujeres que soliciten a la gobernadora (Evelyn Salgado Pineda) que se instale en esta comunidad de La Morena una Base de Operaciones Mixtas((BOM) para que aparte que tendrán quien las defienda también habrá una comunicación y se sabrá quienes relevan a unos y a otros.
“La verdad nos da mucho miedo el gobierno”, le replicó otra mujer a la Fiscal.
En uno de los videos, Valdovinos Salmerón dice que la Fiscalía va seguir con las investigaciones en esa zona complementando las órdenes de aprehensión.
Mencionó que unas mujeres de la comunidad le dijeron que la casa asegurada por la FGE es propiedad de un familiar de ellos que vive en Estados Unidos y que ella le dijo que deben de acreditar la propiedad del inmueble.
Durante la operación que realizó el pasado jueves el personal de la FGE aseguró una casa tipo cabaña con acabados de lujo con ocho cuartos y una estancia principal aparte de una camioneta camper pinnacle de 12 metros de largo con tres metros de ancho, 2 recámaras, cocina, refrigerador y lavadora.
“Yo les dije que con mucho gusto si hay manera de acreditar si él está allá, la Fiscalía está abierta a recibir a cualquier persona que se ostente como propietario (de la casa asegurada) con los documentos correspondientes pero si hay ilícitos en la propiedad o en la vía pública también es obligación de nosotros de actuar”, dijo Valdovinos Salmerón en una entrevista que se difundió en las redes sociales.
La Fiscal dijo que en este mismo lugar donde esta la casa fueron asegurados vehículos con reporte de robo.
Este viernes 3 de marzo, la FGE, informó que un grupo de 25 personas de la comunidad Campo del Cielo fueron los que agredieron a los agentes ministeriales luego de que éstos en compañía de elementos del Ejército realizaron una diligencia judicial en el pueblo La Morena en donde por los obstáculos que les puso la gente en el camino provocó la huída de dos personas identificadas como jefes de plaza y de sicarios del grupo del crimen organizado de La Familia Michoacana.
La FGE menciona que a las 17 horas con 15 minutos de este jueves 2 de marzo, los agente y militares arribaron La Morena y en el camino se encontraron “estrellas” poncha llantas que averiaron 8 vehículos, personas que bloquearon la vía, vehículos abandonados tipo “tortón” cargados de madera.
Indica que estos obstáculos tenían como objetivo que las fuerzas de seguridad arribaran al lugar y complementar las órdenes de aprehensión y finalmente eso permitió que esas personas (integrantes de la FM) huyeran del lugar.
También se aseguró un uniforme tipo militar pixelado; artefacto explosivo artesanal tipo granada envoltorios con marihuana y diversos cartuchos útiles, además de un plantío de marihuana de 600 metros cuadrados.
La FGE, menciona que durante el retiro del convoy de los agentes y militares hacia Petatlán fueron interceptados por aproximadamente 25 personas, en su mayoría mujeres, en el poblado de Campo del Cielo.
“Trataron (las personas) con palos y piedras de impedirles el paso (agentes y a militares) el paso al poblado siendo golpeado un elemento de la policía investigadora ministerial y otro más resultó golpeado por una piedra”, asegura la FGE.
En el mismo comunicado, la Fiscalía admite que los agentes de la policía ministerial realizaron disparos al aire para disuadir a los manifestantes y optaron por retirarse para evitar una confrontación.
Gobierno estatal no confirma presencia de Pez y Fresa en La Morena
Fuentes del gobierno estatal aseguraron no tener conocimiento de que en la comunidad de La Morena hayan estado los líderes de la FM, los hermanos José Alfredo y Johnny Hurtado Olaoscaga, alías “La Fresa” y “El Pez” y que antes de la operación que realizaron elementos de la FGE, Ejército y Guardia Nacional hayan huído.
Sin embargo, habitantes de comunidades del municipio de Tecpan de Galeana y Petatlán, aseguran que todo es posible que los dos dirigentes de este grupo del crimen organizado hayan logrado escapar de esa zona en aeronaves.
“Ellos (el Pez y la Fresa) tienen la capacidad de moverse por toda la Sierra porque reciben protección de mucha gente que la utilizan como halcones”, dijo un habitante de una localidad de Tecpan de Galeana.
En esta zona de la Costa Grande, la FM, pretende extender su territorio y expulsar a otro grupo del crimen organizado con quien hasta hace unos meses habían establecido un pacto de no agresión.
Este martes es el tercer día consecutivo que ocurren hechos de violencia en el puerto donde también se desarrolla la 30 edición del Abierto Mexicano de Tenis
Texto: Amapola Periodismo
Fotografía: Cromática agencia fotografíca y multimedia
Chilpancingo
Este martes, el tercer día consecutivo de violencia en Acapulco, cuatro cadáveres desmembrados fueron hallados por agentes policiacos esparcidos en la carretera de cuota Viaducto-Metlapil, en Acapulco, informó la Fiscalía General del Estado (FGE).
A través de un llamada anónima que daba cuenta del hecho, personal de la FGE, Policía Estatal y el Ejército se movilizaron a esta vía en donde confirmaron el hallazgo de los cadáveres.
E la escena de los hechos había una cartulina blanca, entre otras, donde se leía: “la familia es sagrada y se respeta, no se matan mujeres y niños”.
En las fotografías que circulan por las redes sociales se ve a los cuatro cadáveres descuartizados y regados sobre la orilla de la vía, y varias bolsas negras.
Esta vía de cuota es la que da acceso al lugar más exclusivo de Acapulco, zona Diamante, donde desde este fin de semana se desarrolla la 30 edición del Abierto Mexicano de Tenis.
La FGE informó que lo cuatro cadáveres fueron trasladados al Servicio Médico Forense (Semefo) de Acapulco.
Este martes es el tercer día que de manera consecutiva ocurren hechos de violencia en esta vía que, según las autoridades del gobierno de la morenista Evelyn Salgado Pineda, es una de las más vigiladas por las fuerzas de seguridad federal y estatal.
El domingo pasado en la madrugada fue hallado un hombre asesinado a balazos.
La misma noche de ese día, un grupo de hombres armados que viajaban en un vehículo atacaron a balazos en esta misma vía a integrantes de una familia que iban en una camioneta de redilas.
El conductor de la camioneta murió y su esposa e hijo de dos años que lo acompañaban resultaron heridos.
La mujer falleció ayer lunes en la mañana cuando eran atendida de sus heridas en el Hospital General de Ciudad Renacimiento en Acapulco.
Desde el sábado 25 a este martes 28 el saldo de la violencia en Acapulco es de 10 personas asesinadas, entre las cuales hay una mujer.
La alcaldesa morenista del puerto, Abelina López Rodríguez, dijo ayer lunes a reporteros que preguntaron sobre a inseguridad o la violencia que “no hay porque preocuparse”.
La edil estuvo presente en una demostración de un partido de tenis en la playa El Revolcadero, zona que está blindada por fuerzas de seguridad federal y estatal por el evento deportivo.
Incendios que, al parecer, fueron provocados ocurrieron en nueve locales del mercado central Baltasar R. Leyva Mancilla y en una marisquería de Chilpancingo esta madrugada. En el establecimiento de comida hallaron dos cadáveres calcinados.
La Secretaría de Protección Civil del estado informó que alrededor de las dos de la madrugada les reportaron el incendio en la marisquería El Marino, ubicada en la lateral norte-sur del bulevar Vicente Guerrero, cerca del crucero a Chichihualco. Este lugar estaba construida a base de madera y palma.
Se supo de forma extraoficial que una de las dos víctimas haladas en la marisquería era el velador.
Casi a la misma hora, nueve locales de venta de ropa del mercado central Baltasar R. Leyva Mancilla estaban incendiándose. Los establecimientos construidos de madera y lámina galvanizada se perdieron en su totalidad.
La marisquería Nito, ubicada en la avenida de Los Gobernadores, al oriente de esta ciudad, fue incendiada parcialmente. Bomberos y personal de Protección Civil lograron controlar el fuego.
La Secretaría de Protección Civil reportó que desconoce las causas de los incendios ocurridos casi de manera simultánea.
Los incendios, se supo, los cometerían delincuentes.
Un enfrentamiento a balazos ocurrió esta tarde en la comunidad de Coyuquilla Norte, municipio de Petatlán, con un saldo de un individuo muerto, cuatro lesionados y cuatro detenidos.
Según los informes extraoficiales, la confrontación armada ocurrió entre policías estatales con un grupo de delincuentes, quienes agredieron a los agentes en las inmediaciones de una escuela secundaria del pueblo.
La otra versión es que el enfrentamiento en realidad fue entre integrantes del grupo criminal de la Familia Michoacana y pobladores.
Según una fuente consultada, de la que se guardará la identidad por su seguridad, los miembros de la FM llegaron a la comunidad y cuando la gente se percató de su presencia fueron perseguidos desatándose un enfrentamiento.
Después de estos hechos llegó el Ejército y Guardia Nacional y detuvieron a cuatro individuos y aseguraron dos armas largas.
Desde hace seis días en el municipio de Petatlán han ocurrido diversos hechos de violencia.
El pasado sábado 28 de enero habitantes de la comunidad de El Parotal, también municipio de Petatlán, pero hacia la Sierra, desarmaron y retuvieron por casi 24 horas a 28 policías estatales después de que se enfrentaron con ellos a balazos.
La balacera dejó un saldo de cinco muertos, un comandante de la corporación y un policía, además de tres presuntos delincuentes que acompañaron a los agentes a esa comunidad de la Sierra a realizar una presunta operación.
De acuerdo con la versión de los lugareños, la confrontación armada empezó luego de que un comandante de la corporación policiaca protegió a los tres individuos que iban con ellos.
Estos tres sujetos, según los pobladores, eran miembros de la FM; son los murieron en el enfrentamiento al igual que el comandante y un policía.
Estampa de la comunidad de Tepochica, Iguala, un día después del supuesto enfrentamiento entre civiles y elementos del Ejército, donde murieron un militar y 14 de los civiles.
Después de ese sábado han ocurrido balaceras en varios pueblos de Petatlán y del municipio vecino, Tecpan de Galeana.
El martes 31 de enero se instaló una Base de Operaciones Mixtas con fuerzas de seguridad federal y estatal en la comunidad de Santa Rosa de Lima, municipio de Tecpan de Galeana, porque también ahí hubo un ingreso armado de presuntos delincuentes.
Los comisarios municipales y comisarios ejidales de comunidades de Tecpan de Galeana, Petatlán, Coyuca de Catalán y Ajuchitlán del Progreso pidieron a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda que estas bases de seguridad se extiendan a las comunidades de San Antonio las Texas y Las Mesas.
En lo alto de la Sierra colindan las regiones de Costa Grande y Tierra Caliente. Los municipios de Tecpan y Petatlán pertenecen a la primera, y Coyuca de Catalán y Ajuchitlán del Progreso a la segunda.
Los comisarios plantearon su petición a Salgado Pineda durante una reunión que tuvieron ese martes en la comunidad de Santa Rosa de Lima, donde el lunes 30 ocurrió un enfrentamiento a balazos entre dos grupos de civiles armados.
Integrantes de la policía comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) Pueblos Fundadores (PF) detuvieron en la carretera Chilapa-Tlapa al presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien le pidieron su intervención para que su gobierno frene al grupo criminal de Los Ardillos quienes, le expusieron, han asesinado a 40 personas de esa zona de la Montaña Baja de Guerrero.
Frente a López Obrador quien los escuchó sentado en la camioneta en que viajaba, los dirigentes de la CRAC-PF que pertenecen al Consejo Indígena Popular de Guerrero (CIPOG) Emiliano Zapata (EZ), denunciaron que los dirigentes de esta organización criminal la dirigen Celso Ortega Jiménez y el diputado local perredista Bernardo Ortega Jiménez.
«Muchos de nuestros compañeros bajan a Chilapa a vender sus productos y ya no vuelven y siguen desapareciendo y nosotros hacemos responsables a Los Ardillos, a Celso Ortega y al diputado Bernardo Ortega y al presidente municipal que está coludido con ellos», dijo uno de los dirigentes de esta agrupación armada que tiene su base en la comunidad de Alcozacán, municipio de Chilapa.
López Obrador, quien viajaba rumbo a Tlapa, fue interceptado por las autodefensas que estaban a la orilla de la carretera federal en el punto conocido como crucero de Colotepec.
Momentos antes, López Obrador había estado en Chilapa en donde encabezó una reunión de evaluación del programa del Bienestar.
«Tenemos varios años defendiéndonos para hacerle frente a estos grupos que nos quieren someter a la fuerza y por eso que no nos hemos dejado nos han privado de muchas cosas como el de no poder salir de nuestras comunidades y vivimos aislados», expuso uno de los líderes de la CRAC.
«Han matado a señoras, a viudas, han dejado a muchos niños huérfanos», refirió.
El líder de las autodefensas le dijo al presidente que diez músicos fueron asesinados en 2020.
Se refería a los diez músicos asesinados e incinerados el 27 de enero del 2020 en la carretera que comunica a los municipios de Chilapa y José Joaquín Herrera.
«El entonces Fiscal -Jorge Zuriel de los Santos Barrila- señaló a este grupo delictivo -Los Ardillos- el que cometió estos asesinatos y hasta el momento no ha habido justicia», comentó el líder de la comunitaria.
Se quejó de que el gobierno no le gusta que estos pueblos se organicen y tomen las armas.
¿Entonces qué quieren, que nos dejemos matar?, no se puede, tenemos familia que defender o sea si no nos defendemos quién lo va hacer?, recriminó.
Contó que el Ejército si está en sus comunidades pero no hace nada cuando actúa este grupo contra ellos.
En la misma conversación, pidieron a López Obrador ver el abandono en que están las comunidades de esta zona.
«No tenemos internet, durante la pandemia del Covid-19 los niños no tuvieron clases y ahora tampoco porque los maestros no quieren venir», se quejó el activista.
El presidente escuchó 9 minutos con 20 segundos a los dirigentes de la CRAC-PF.
Otras de las demandas que los manifestantes le plantearon al titular del Ejecutivo federal es que intervenga para que se cancelen las órdenes de aprehensión que existe en contra de habitantes de estas localidades, además de la liberación del policía comunitario Godofredo Cortés Reyes, preso en la cárcel en Chilapa.
«Nosotros queremos vivir en paz y si tenemos armas es para defendernos pero cuando ya haya tranquilidad nosotros las vamos a guardar», prometió el policía comunitario.
Visitará Encinas las comunidades, promete AMLO
López Obrador respondió a los de la CRAC-PF que en breve estará con ellos el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, para escuchar sus demandas.
«Nosotros hemos atendido a los pobres con los programas sociales ya sea una pensión para adulto mayor, una beca, sembrado vida, otros apoyos, a todos, ya no es el tiempo de antes que el presupuesto solo se quedaba arriba», expuso el presidente.
Obrador les dijo a los de la CRAC que estos programas sociales son para que haya justicia y paz.
«En este gobierno no se reprime a nadie, no es un gobierno autoritario, no hay tortura, no hay masacres, se respetan los derechos humanos», mencionó Obrador.
Luego les pidió a los policías comunitarios que eviten la violencia.
«Hay formas de luchas, la más eficaz de todas, es la no violencia», expuso el presidente.
Les pidió a las autodefensas que no caigan en la provocación y hay que promover el cambio de manera pacífica.
«Nosotros vamos a seguir trabajando sin la complicidad con nadie, nosotros no llegamos al poder con el apoyo de los oligarcas», les aseguró López Obrador a los manifestantes quienes le dijeron que desde la mañana de este viernes se plantaron en este sitio de la vía federal para esperarlo.
López Obrador estuvo en Tlapa en donde evalúo el avance de la construcción de los 23 caminos artesanales que empezaron a mediados de este año en comunidades de la región de la Montaña.
Mañana sábado visitará el municipio de Olinalá y después partirá por tierra a Puebla.
En la gira de trabajo, López Obrador estuvo acompañado por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda.
Un espectacular en una de las principales calles de Zihuatanejo, con la imagen de un empresario asesinado hace dos años y por el que se pide justicia, es el reflejo del clima de inseguridad que viven los habitantes de este destino turístico.
El 24 de junio del 2020, en plena pandemia por el Covid-19, el empresario Ricardo Sotelo Luna fue asesinado a tiros en su negocio.
Han pasado dos años y en Zihuatanejo nada ha cambiado.
Siete meses antes del crimen de Ricardo, su tío Diego Sotelo, fue asesinado a balazos. Tío y sobrino habían protestado en las calles contra la inseguridad.
Por eso en Zihuatanejo levanta la voz. Es otra zona de silencio debido a la complicidad de los grupos económicos y políticos con el crimen organizado.
Tampoco existen medios de comunicación que difundan lo que realmente ocurre en ese destino turístico. Hay denuncias de que los periodistas de la zona están amenazados.
Este miércoles en la mañana, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda encabezó la sesión del Consejo para la Construcción de la Paz en la que informó el despliegue de fuerzas de seguridad federal y estatal en el municipio de Zihuatanejo para restablecer el servicio de transporte que desde el pasado domingo 3 de julio se suspendió por la violencia.
A las pocas horas que el transporte público reactivó el servicio, en una de las calles del centro de Zihuatanejo, hombres armados asesinaron a balazos al chofer de una unidad.
Los hombres armados bajaron a los pasajeros y después mataron al conductor de la Urvan de la ruta Zihuatanejo-Petatlán.
«Con gran dolor anunciamos el cobarde asesinato de uno de nuestros choferes!
Le pedimos a las autoridades competentes que ya paren esta situación de inseguridad!
Es el mensaje que a través de su página electrónica de Facebook escribió la empresa de transporte público Dos Costas.
Esta asociación a la que están aglutinados varios concesionarios de transporte cuenta con más de cien unidades que cubren las rutas de Zihuatanejo a los municipios de Petatlán y La Unión, así como comunidades aledañas.
Transportan a miles de habitantes de estas localidades de la Costa Grande.
Debido a la violencia ya son tres veces que desde hace casi dos meses se ha suspendido el servicio de transporte público en este destino turístico.
El crimen organizado impuso el terror a la ciudadanía y a los sectores económicos de Zihuatanejo con la quema de unidades de transporte, un establecimiento de cervecería y amenazas a los empresarios de la masa y la tortilla.
A principios del mes de junio, los 50 tortillerías cerraron sus establecimientos durante tres días por amenazas de extorsión.
Durante esos tres días se suspendieron las clases en las escuelas y a través de las redes sociales un supuesto grupo criminal exigió a la ciudadanía abstenerse de salir a las calles después de las diez de la noche.
Un empresario que pidió que se omitiera su nombre señaló que los comerciantes de todos los ramos están amenazados.
Señaló que en el caso de los empresarios de los hoteles de Zihuatanejo e Ixtapa, un grupo criminal exige una cuota de entre cinco a diez mil pesos.
«Vamos a cerrar porque ya desde hace 15 días nos están hablando por teléfono que debemos de dar una cuota», dijo esta fuente.
Los empresarios tienen miedo de que si no dan ese dinero les pueden hacer algún daño.
Señaló que mantener abiertos los hoteles implica dos cosas: una aceptar dar la cuota y la otra, no pagarla seguramente serían agredidos e incluso asesinados.
«Esto nunca había ocurrido y es inaudito que las autoridades del gobierno permitan esto a pesar de que saben de la situación tan grave que viven los ciudadanos de Zihuatanejo», dijo el empresario vía telefónica.
Ciudadanos entrevistados también vía telefónica condenaron que el gobierno de la morenista Evelyn Salgado Pineda no haga nada para brindar seguridad a los habitantes de este municipio de la Costa Grande.
«Las veces que ha venido a Zihuatanejo la gobernadora (Evelyn Salgado) es solamente para tomarse la foto y se va en un helicóptero porque no viaja por tierra porque seguramente tiene miedo de toparse con la delincuencia», dijo uno de los entrevistados.
Hace un mes, cuando hubo una serie de hechos delictivos, al extremo de que se impusiera un toque de queda a la ciudadanía, arribaron a Zihuatanejo elementos de la Marina, Ejército, Guardia Nacional y
Policía estatal para resguardar la seguridad.
Pero las fuerzas federales solo estuvieron unos días y se retiraron, reveló el empresario quien exigió que el gobierno detenga a los cabecillas de lo grupos criminales.
Informes de la de la Fiscalía General del Estado informaron que la violencia en Zihuatanejo es generada por dos grupos criminales.
Esa es siempre la versión oficial de los órganos encargados de proporcionar seguridad. Especialistas afirman que son grupos económicos y políticos generan la violencia apoyándose en grupos criminales.
En un comunicado este martes 5 de julio, la FGE informó la detención de tres hombres armados a quienes se les atribuye ser los presuntos responsables del incendio de vehículos en Zihuatanejo y de pertenecer a una célula de un grupo criminal que opera en esa zona.
Transportistas vinculados a la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) bloquearon casi dos horas en cuando menos 10 puntos de las vías de Acapulco en respuesta a la detención de un líder de las autodefensas que realizó el Ejército en Marquelia, punto de la Costa Chica de Guerrero.
La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que a las 15:10 horas de este martes elementos del 48 Batallón de Infantería realizaban un recorrido por la carretera Tlapa-Marquelia y cuando pasaban por el entronque en dirección al segundo punto fueron agredidos a tiros por miembros de la UPOEG que viajaban en dos camionetas tipo Ram color negro.
Según la versión oficial, los soldados repelieron la agresión e hirieron de bala a un policía comunitario.
El Ejército detuvo al líder de las autodefensas, Jesús Calleja Clemente, y a siete miembros más de esta agrupación civil armada.
A los autodefensas les aseguraron armas de grueso calibre.
A las 16:40 horas, un grupo de esta organización armada intentó rescatar a su líder, pero no logrando su objetivo.
A las 17:10 horas, el Ejército y la Guardia Nacional salieron del lugar y se llevaron a los detenidos para ponerlos a disposición de las autoridades.
A través de las redes sociales de diversos usuarios de Marquelia se supo que ocurrieron varios enfrentamientos entre el Ejército y las autodefensas.
Los comerciantes cerraron sus establecimientos y la gente se encerró en sus casas.
Estos hechos generó que transportistas que simpatizan con la UPOEG bloquearan varios puntos de la región de la Costa Chica.
En Acapulco también cerraron la costera Miguel Alemán y la Escénica, el acceso a Puerto Marqués, y el boulevard Vicente Guerrero a la altura de la colonia La Cima. También haca la colonia 10 de Abril y la comunidad de Barra Vieja.
Por informes oficiales se supo que los transportistas de la UPOEG tienen relación con el grupo criminal de Los Rusos que tiene presencia de Marquelia hasta Acapulco. Jesús Calleja, alías El Chucho, encabeza a un grupo de la policía comunitaria de la UPOEG que se documentó es brazo armado de ese grupo criminal.
El 13 de mayo de este año transportistas bloquearon las vías de Acapulco durante 10 horas después que el Ejército les aseguró dinero y droga a las autodefensas de la UPOEG en San Marcos, localidad vecina al puerto.
A las ocho de la noche los transportistas desbloquearon las vías de Acapulco y de la carretera de Costa Chica.
Elementos antimotines de la Policía Estatal y de la Guardia Nacional recibieron la orden de desalojarlos.
El pasado viernes Acapulco fue estrangulado en sus vialidades durante seis horas por supuestos transportistas y comerciantes, pero la gobernadora Evelyn Salgado y la alcaldesa del puerto Abelina López Rodríguez evadieron profundizar sobre este tema en sus declaraciones que hicieron este lunes a los reporteros.
La edil en su conferencia mañanera periodistas de Acapulco de plano dijo: «Yo creo que hay que ser prudentes, no sé que convenía más si aplicarles el garrote o seguir con el diálogo y no provocar más movimientos en los días sucesivos».
Cuando un reportero le insistía porque el gobierno municipal no hizo nada para disuadir a los que estaban bloqueando, la alcaldesa optó por retirarse.
El pasado viernes, transportistas y comerciantes bloquearon seis horas en cuando menos cinco distintos puntos en Acapulco y la carretera federal que conduce a Pinotepa Nacional a la altura del municipio de San Marcos.
Las autoridades estatales dieron a conocer hasta este sábado que el cierre de las vialidades de Acapulco y la carretera federal fue derivado de una gresca que hubo entre elementos del Ejército Mexicano y la policía comunitaria de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) en el poblado de Ventura, del municipio de San Marcos.
Los militares les aseguraron a las autodefensas tres armas largas y cien mil pesos en efectivo.
Durante la gresca hubo dos militares lesionados a palos.
Aquí en Chilpancingo, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, aseguró que su gobierno no va a permitir más bloqueos.
«No, no por supuesto, no se van a permitir (los bloqueos) y no nada más porque viene el Tianguis Turístico», afirmó la mandataria estatal entrevistada después de haberles festejado a los miembros de la Sección XIV del SNTE por el Día del Maestro en donde rifó siete automóviles además de ofrecerles un desayuno en el centro social Cuicali en el centro de esta capital.
«La gente de Acapulco no está de acuerdo en ese tipo de bloqueos porque es un puerto donde se quiere reactivar la economía», expresó Salgado Pineda.
Cuando concluyó el acto con los profesores de la SNTE, la gobernadora se dirigía hacia una salida de la parte trasera del salón y se detuvo brevemente para responder solo algunas preguntas de los reporteros.
Personal de seguridad caminaba junto a ella y tan cerca iban que a punto estuvieron de atropellarla al igual que a la reportera de El Sur, María Avilés Rodríguez.
«No empujen hazte para allá», le dijo Evelyn a uno de sus agentes de seguridad cuando se percató que a María Avilés le obstruían el paso.
Vestida de pantalón negro y blusa del mismo color, la gobernadora se subió a uno de los escalones y aceptó solo unas preguntas.
El tema del bloqueo fue la primera y contestó que a las 13 horas se iba a dar un reporte.
«Van a dar a conocer exactamente qué sucedió ese día y las acciones que se van tomar después de lo ocurrido», dijo.
Un reportero le preguntó sobre un tema ambiental, y luego María Avilés le insistió sobre el tema del bloqueo en Acapulco y si su gobierno va a permitir que haya más acciones de este tipo.
«No vamos a permitir más bloqueos». Se va a replantear la seguridad y se harán nuevas estrategias, dijo.
Se le insistió a la gobernadora que dijera el motivo el por qué el gobierno no actuó el viernes.
«Precisamente se va a dar conocer que es lo que realmente sucedió este viernes y las estrategias», señaló la mandataria estatal en tanto que a un lado de ella el director de Comunicación Social, René Posselt también contestaba.
«Ya en un rato darán un informe, a la una de la tarde», contestó a la par René Posselt.
La gobernadora ya no se puso nerviosa cuando otro reportero le insistió sobre la mortandad de peces en una presa del municipio de Ajuchitlán del Progreso.
Después la gobernadora dio por terminada la entrevista.
A la una de la tarde el Vocero en temas de seguridad del gobierno del estado, Randy Suástegui solo leyó un comunicado oficial con los mismos datos que dieron a conocer el sábado sobre los bloqueos del viernes en Acapulco.
La madrugada de este martes, agentes de una operación policiaca mixta irrumpieron en el poblado de Buena vista de la Salud, municipio de Chilpancingo, para asegurar seis vehículos de quienes se presentan como integrantes del sistema de seguridad y justicia comunitario de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG).
La acción policiaca ocurrió a las 3:30 horas. En respuesta, integrantes del supuesto sistema comunitario cerraron la circulación en la carretera federal Acapulco-Chilpancingo y aseguraron el perímetro que colinda con la Autopista del Sol, donde colocaron un vehículo de carga pesada, pero los policías alcanzaron a salir por la misma vía. Mantienen el bloqueo en la carretera federal.
Uno de los integrantes del sistema comunitario informó que después del ataque que sufrieron el 26 de enero, donde varios integrantes de la UPOEG fueron asesinados, se sumaron más personas a los patrullajes.
A uno de estos grupos, que se transportan en camionetas particulares para solidarizarse, fue que los policías institucionales les asegurarin sus vehículos en la madrugada, de acuerdo con el testimonio de miembros del sistema comunitario.
Lo que reportaron es que han tenido acercamiento con los mandos de seguridad federal y estatal que permanecen en la zona y saben del apoyo, es por eso, dijo uno de ellos, que les sorprende esta actitud.
«La presencia del gobierno», según un integrante de la UPOEG, sólo ha servido para hostigar a la población y al sistema comunitario.
«Nosotros no estamos haciendo desastres, nosotros buscamos frenar la violencia. Ya no hay diferencia entre el gobierno y el crimen organizado, están trabajando en coalición, es lo que se ve. Quizás no es como lo estoy diciendo, pero es lo que se ve», comentó el comunitario.
El bloqueo que mantienen en la carretera federal México-Acapulco es indefinido, según los inconformes, hasta que haya un acercamiento o negociación con miembros del gobierno. Los miembros del sistema aseguraron que en la región Costa Chica-Montaña sus compañeros harán una acción similar.
«Pareciera que el gobierno quiere quitar a la policia comunitaria de aquí, porque Buenavista ha dado mucho de qué hablar en los medios. Al gobierno convendría el silencio que trae consigo el crimen organizado», advirtió uno de los comunitarios.
Los miembros del sistema temen que suceda otra masacre, porque días antes del 26 de enero el gobierno realizó una operación policiaca de desarme; días después los atacaron miembros de un grupo delictivo.
«Me atrevería a decir que mañana o pasado es probable un desarme, como lo ha habido, y que el crimen organizado se esté preparando a los alrededores para un ataque, como sucedió hace tres meses», dijo uno de ellos.
El sistema comunitario exigió a los tres niveles de gobierno poner atención y la reintegración de manera inmediata de los seis vehículos asegurados
Durante enero hubo 87 muertos en Guerrero, entre estos al menos ocho feminicidios. El enfrentamiento de esta comunidad dejó oficialmente seis bajas y después en otro hecho ese mismo día de armados contra la policía, hubo heridos. Acapulco, Iguala y Chilpancingo, las ciudades con más sucesos violentos durante el primer mes del año
Texto: Vania Pigeonutt
Fotografía: Carlos Navarrete y Oscar Guerrero
8 de febrero del 2022
Chilpancingo
Una de las creencias de Buenavista de la Salud, una comunidad perteneciente al Valle del Ocotito, es el espanto–la pérdida de alma por una gran impresión –, por eso desde el 26 de enero, cuando decenas de hombres de una agrupación criminal irrumpieron a la base de su Policía Comunitaria y se enfrentaron con sus guardianes por casi dos horas enlutando a cuatro familias, el curandero del pueblo recibe en promedio a 10 personas cada día.
El señor contó a una vecina de Buenavista que después de la balacera atiende entre niños, adultos, jóvenes, incluso matrimonios con sus hijos, para curarse el espanto. No se da abasto. Para la gente del pueblo, muchos incluso decidieron irse, fue una gran impresión. Otra más. Desde 2017 su base de seguridad ciudadana ha intentado ser tomada por armados que pretenden usar a la comunidad como paso libre para sus actividades ilícitas.
Buenavista, junto con otros pueblos de ese corredor comunitario, en donde está el parque industrial de la zona ubicado en la carretera federal México-Acapulco, han soportado varias irrupciones armadas, de acuerdo a lo que reconoce la misma Fiscalía General del Estado (FGE), por parte de la agrupación criminal local Los Ardillos.
A inicios de marzo de 2018, los hombres armados atacaron con granadas y armas largas la misma base de la Policía Ciudadana de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), agrupación a la que la gente se adhirió en 2014, debido al aumento de secuestros, cobro de cuotas, extorsiones, homicidios, feminicidios y desapariciones.
Ha habido otros asesinatos y heridos resultado de estas irrupciones. El cambio social inmediato son los cierres de negocios y la suspensión de clases. Esta vez las clases son en línea en la mayoría de las escuelas, pero aún así la comunidad famosa por su manantial, parece desértica. Gente se fue dejando a sus animales. Otros se quedaron pero con miedo.
La gente habla de más de 10 muertos del saldo del 26, porque aunque aquí cuatro de sus policías perdieron la vida, entre ellos, el maestro Mario Zamora, comandante y miembro de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), del lado de los armados también reportan bajas, pero aseguran que esos cadáveres fueron trasladados de regreso por esos mismos civiles con armas largas.
Frente a la comunidad de Acahuizotla, la FGE reportó otra confrontación entre los integrantes de un supuesto grupo criminal y policías del estado en el que murieron otros dos hombres. Tres policías estatales resultaron heridos tras esos acontecimientos más tres del sistema de seguridad de la UPOEG en Buenvista.
Una historia por tomar el control ataña
Hace cuatro años, Buenavista recibió otros ataques juntos, el 29 de enero y 21 de febrero del 2018, lo que orilló a las personas y autoridades educativas a suspender las clases, también en las comunidades de Mohoneras, El Ocotito, Cajelitos y Rincón de la Vía. Fueron 32 escuelas las que todavía hasta septiembre de ese año, no podían reanudar clases a falta de seguridad pública prometida por el ese entonces gobierno priista de Héctor Astudillo Flores.
Aunque estos ataques empezaron desde 2017, la gente no podría acostumbrarse nunca al sonido de las balas.
Esta historia de más de cinco años, tuvo otro episodio este 26 de enero, miércoles. Eran poco después de las 6 de la tarde cuando una familia que vivía casi frente a la base de la Upoeg, al pie de carretera de Buenavista, terminaba de comer. Primero oyeron como si hubieran encendido cohetes, aunque sus fiestas patronales quedan lejos, el Señor de la Salud, su santo patronal, no se festeja sino hasta marzo. Se les hizo raro.
“Se oía horrible, desde el balazo más leve hacía que vibraran las ventanas, imagínate las granadas que echaron. Fue muy feo. Como vivimos muy cerca, hasta pudimos escuchar las voces de los hombres, las cosas que se gritaban y cómo se coordinaban. –¡Dispárale! ¡Agáchate! – se gritaban. Supongo que a uno de ellos lo hirieron enseguida, porque clarito escuché que le dijo: –¡Súbetelo a la camioneta y llévatelo, que se nos va a ir!”.
La esposa de la familia narra que esta irrupción les agarró a todos desprevenidos, ni por qué habían presenciado las otras balaceras y esas habían sido incluso a las tres de la tarde, les pareció algo familiar. A esa hora los niños salen a jugar a la calle, hay albañiles, todo está muy transitado, por eso es que mucha gente vio cómo el grupo de al menos 50 hombres armados llegó y empezó a disparar desde diferentes ángulos. Incluso a gente en la calle.
“Escuchamos todo, clarito se oía como cortaban cartucho. Nos metimos al cuarto más protegido, pero las balas rebotaban en las paredes de la casa, y se escuchó como caían casquillos. Destendimos las camas y nos acomodamos para poner a nuestros niños ahí, los cuatro nos acomodamos mientras pasaba todo. Esta vez se escuchaba más, se oían las bombas o no sé que se lanzaban”, relata.
Narra que se escuchaban las camionetas quemando llanta a toda velocidad, se gritaban, se bajaban, subían. Todo eso les tocó oír. Debajo de las camas, no sólo esta familia, muchas más permanecieron porque les daba miedo que una bala hiciera que saltara un vidrio de la ventana y los hiriera. Ahí se metió la gente con sus pequeños. También los gatos y perros se escondieron.
“El más pequeño ni supo que pasó, pero el mayor ya está más consciente y nos preguntaba: —¿Qué está pasando, mamá?, ¿Qué es lo que está sonando? —como los teníamos abrazados y con los oídos tapados—. Mi bebé se acurrucó y se quedó dormido rápido, pero el mayor se puso nervioso y desesperado ya se quería salir; tenemos un gatito y no lo encontrábamos, esto lo puso más nervioso porque el gato no entró al cuarto con nosotros. Encontramos al gato cuando terminó todo, hasta las ocho de la noche. Se metió debajo del sillón, escondido”, cuenta.
Aunque toso duró como dos horas, asegura que se escuchaban disparos después de que terminaron con la acción en el cuartel, irrupción que cobró la vida de Mario. “Dicen que estuvieron hasta por la Autopista. Se oían muchas camionetas. Mínimo estuvimos hora y media encerrados debajo de las camas”.
La diferencia de que esta vez sí lograran matar a los principales líderes de su policía comunitaria, coinciden pobladores consultados vía telefónica por Amapola. Periodismo transgresor, fue que estaban comiendo. Los agarraron desprevenidos.
“Los agarraron a todos juntos. Se ponían afuerita, una mesa con sus sillas y ahí comían, según para vigilar también. Dicen que vieron a la camioneta que comenzó a disparar, que Mario entró a la base para sacar armas y salió disparando igual, pero estaban todos desprevenidos y ellos traían un montón de refuerzos”, explica.
Otro testigo considera una pieza clave al profesor Mario Zamora. Cuenta que “en la base estaban a lo mucho unos quince, y de los otros mínimo eran cuatro camionetas repletas de personas armadas, y todavía murieron más de los armados que de los comunitarios. Se escuchaba todo esto, se escuchaban sus gritos, no claramente, pero sí de como se estaban coordinando. De los armados murieron como seis”.
“Mario fue una pieza clave para nosotros como lugareños. Él siempre estuvo al pendiente de todo, buscaba la manera de llevar algo hacía el pueblo y la justicia. Él adentro del pueblo tenía ese objetivo, buscar justicia, que estaba siendo violentado por los grupos armados que se disputan las plazas de aquí”.
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Violencia en enero: feminicidios, asesinatos políticos, comunitarios y comerciantes
La violencia en Guerrero se concentró en tres regiones; la Centro, donde está Buenavista de la Salud, Acapulco-casi la mitad- y la zona Norte, que colinda con la región de la Tierra Caliente, principalmente en los municipios de Iguala y Taxco, donde además, comerciantes reportan un repunte de cobro de cuotas a partir de enero del 2022.
En Buenavista de la Salud casi ya no se ven comunitarios, según comentan vecinos, a partir del miércoles 26. Algunas comunidades de la Sierra de Chilpancingo, como El Fresno, Coacoyulillo y Azinyahualco, pretenden enviar refuerzos comunitarios para que el pueblo no se quede sin su propia seguridad. La Guardia Nacional, la policía estatal, incluso el Ejército dan rondines, pero no están de fijo.
De acuerdo al reporte mensual de muertos que realiza Amapola. Periodismo transgresor, en contraste con el análisis de El Sur, hubo 87 homicidios dolosos en Guerrero durante enero. Fueron asesinados políticos y mujeres. Varios hechos de violencia se concentran en municipios donde hay una policía civil confrontada con grupos delincuenciales.
Hubo en enero, un promedio de tres asesinatos cada día y aunque el 2021 cerró, según el Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública de la Secretaría de Gobernación con 1,165 homicidios el año, éste comenzó con un repunte de casi 20 muertos, a diferencia del último mes.
Fueron asesinadas al menos ocho mujeres. Una de ellas a mediados de enero, Delfina Ramírez Morales, de 26 años, madre de dos niños pequeños originaria de Ayahualtempa, municipio de José Joaquín Herrera, en cuya comunidad, también hay un grupo de policía comunitaria, este de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias – Policía Comunitaria (CRAC-PC) confrontado con un grupo delincuencial.
En Taxco a inicios de mes fue hallada asesinada, Janelle Millán Laguna, quien fue líder juvenil del Partido Acción Nacional (PAN). Las víctimas fueron asesinadas con armas de fuego, pero también asfixiadas y en algunos casos dejaron mensajes, provenientes supuestamente de grupos delictivos que operan en la entidad.
Otra víctima en la zona Centro, la segunda más violenta después de Acapulco, es el ex candidato a la alcaldía de Tixtla por el PRI, Saúl Nava Astudillo, quien ya había sido atentado y logrado escapar con vida de este primer hecho.
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En Buenavista los velorios se mantuvieron en muy bajo perfil. “Sobre Mario, no supimos cómo fue, ni si lo enterraron o cremaron, fue muy bajita la mano. Del señor que fue su tío (otro asesinado el 26), si supimos que hasta lo fueron a despedir ahí mismo en la base, pero igual, los velorios fueron muy rápidos, los enterraron al día siguiente. La gente no acompañó a los muertos, luego por el covid-19. Además, estaban todos con el miedo y susto”.
La gente de Buenavista mantiene vatios recuerdos. Esta zona del Valle del Ocotito es muy bonita. Este es un pueblo muy conocido por el manantial que tiene y lo agarran de balneario. Hace unos 10 años aún era un pueblo muy tranquilo donde todos tenían su rutina: los domingos iban a los tamales que vende la señora Mica, también por un chilate.
“Son tamales verdes, rojos, de puerco, pollo, de dulce y vende chilate. Es un negocio muy famoso por acá. Es de ley, ella es muy conocida en todo el Valle, incluso gente de Acapulco ha llegado a venir acá para comprar tamales y chilate. Desde que yo me acuerdo de que me llevaba mi abuela de pequeña, desde que yo tenía dos o tres años”, cuenta una vecina.
La gente extraña los días en los que podías caminar por los establos que están junto a la Autopista desde las seis de la mañana y no pasaba nada. Podían regresar de una fiesta a la medianoche o en la madrugada y no pasaba, todo estaba tranquilo, la gente se conoce. Todo cambió cuando comenzaron a llegar los grupos que se pelean por esta zona. Desde 2014 la gente no se siente absolutamente en paz.
