Tres integrantes de una familia fueron privados de su libertad por un grupo criminal en Chilapa

Se los llevaron cuando colocaba flores en las tumbas de dos de sus familiares asesinados unos días antes


Texto: Jesús Guerrero

Fotografía: Óscar Guerrero 

7 de marzo del 2023

Chilpancingo

 

Durante la protesta que realizaron familiares de desparecidos en la Autopista del Sol para exigir al Congreso local la aprobación de la Ley en Materia de Desaparición de Personas y Desaparición Forzada, el presidente del Colectivo Siempre Vivos, José Díaz Navarro, denunció que el pasado jueves integrantes del grupo criminal de Los Ardillos se llevaron a tres integrantes de una familia en Chilapa.

En entrevista, el activista denunció que el gobierno mexicano no le da el mismo trato a los familiares de desaparecidos de Guerrero que a los estadounidenses, por quienes en menos de 24 horas activaron todos los mecanismos de seguridad y hallaron con vida a dos de los cuatro.

El pasado viernes en Tamaulipas, un grupo armado atacó a balazos una camioneta en la que viajaban cuatro afroamericanos a quienes, presuntamente, confundieron con unos traficantes haitianos; ese mismo día el gobierno de Estados Unidos le exigió al gobierno mexicano la localización de sus connacionales.

“Nosotros somos de la Montaña baja de Guerrero y no somos de Estados Unidos para que el presidente Andrés Manuel López Obrador voltee los ojos hacia acá para ordenar que busquen a nuestros desaparecidos”, dijo Díaz Navarro.

Este mismo martes dos de los cuatro desaparecidos fueron localizados con vida y dos asesinados.

“Nosotros no somos gente de dinero, gente poderosa, no tenemos una embajada que nos proteja y tampoco tenemos un presidente brinde atención a los familiares de las personas desaparecidas o asesinadas”, agregó el activista a quien le desparecieron y asesinaron a dos hermanos.

“Nosotros llevamos años pidiendo una reunión con el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, para que nos autoricen las búsquedas en Chilapa, pero ni nos atiende”, siguió.

El activista de este colectivo de Chilapa acudió en el 2015 a la Fiscalía General de la República (FGR) a denunciar a los hermanos Iván y Celso Ortega Jiménez, líderes Los Ardillos, un grupo del crimen organizado, porque su asociación criminal tiene relaciones políticas y económicas, de ser los responsables de la desaparición y asesinato de sus hermanos Hugo y Alejandrino en el 2014.

Los líderes de Los Ardillos son hermanos del diputado local Bernardo Ortega Jiménez.

Díaz Navarro dijo que en este 2023 supuestamente hay mil millones de pesos para la Comisión Nacional de Búsqueda, pero al colectivo de Siempre Vivos de Chilapa desde hace tres años no le autorizan una búsqueda por una insuficiencia de recursos.

Dijo que el presidente López Obrador ordenó la búsqueda de los cuatro estadounidenses porque hubo presiones del gobierno de Estados Unidos.

«Seguramente pronto van a detener a los responsables que agredieron a los cuatro estadounidenses”.

Durante el mitin frente al edificio del Congreso local, ubicado al sur de Chilpancingo, el activista denunció que en Guerrero y, en particular, Chilapa siguen las desapariciones de personas.

Contó que el pasado lunes 27 de febrero integrantes de Los Ardillos asesinaron a balazos a la señora Beneranda Hernández Rendón de 70 años y a su nieto, Eduardo Jaimes García, de 18 años. Ambos estaban en su casa cuando fueron atacados a tiros.

Para el jueves 2 de marzo, detalló, cuando otros tres integrantes de esa familia colocaba flores en las tumbas de sus familiares asesinados, unas personas armadas se los llevaron por la fuerza en una camioneta.

La personas privadas de su libertad son Raúl Isidro Jaimes Hernández de 48 años, su hijo Raúl Jaimes García de 18 años, y su hermana Irma Jaimes Hernández.

El presidente de Siempre Vivos informó que acudiría a la Fiscalía General del Estado (FGE) a interponer la denuncia del doble asesinato y de la desaparición de las otras tres personas, todos de una misma familia.

Mencionó que Irma Jaimes Hernández acudió a Chilapa –vive en Chilpancingo– para participar en los funerales de sus familiares asesinados. “Fue a Chilapa la señora Irma y sólo para que se la llevaran”, expresó Díaz Navarro.

El activista acusó al gobierno de proteger al grupo del crimen organizado Los Ardillos, porque lleva años en Chilapa y, según él, su poder es intocable.

 

La ex pareja desaloja de su hogar a mujer con sus dos hijos

Quien es el padre de los menores tampoco aportó para su manutención durante 13 años, pero peleó la casa que les heredó la abuela 


Texto: Itzel Urieta

Fotografía: Facebook DIF Chilpancingo 

1 de marzo del 2023

Chilpancingo

 

Mercedes Gutiérrez Martínez es madre de María Guadalupe y  Luis Mario Romero Gutiérrez, ambos tienen síndrome de down. Los tres vivieron en la colonia Figueroa Mata hasta el 24 de febrero, porque los desalojaron de su vivienda.

Desde hace un año, su ex marido, Mario Romero Hernández, advirtió a Mercedes que la desalojaría a ella y a sus hijos de la casa que compartieron, y que era propiedad de su suegra, Cleofas Hernández González.

Mercedes y Mario estuvieron casados por 29 años. En 2009, Mario abandonó a su familia y durante 13 años no apoyó económicamente a su esposa y a sus hijos.

Tampoco se hizo cargo de sus gastos médicos, pero ellos se quedaron a vivir en la casa porque la suegra le heredó de palabra una parte de esa casa a sus nietos, es decir, a los hijos de Mercedes.

Mercedes vivió en esa casa desde que contrajo matrimonio con Mario, pero la suegra falleció y nunca dejó en regla los papeles del terreno y la construcción.

En 2019 Mercedes demandó a su ex marido por pensión alimenticia por los 10 años de ausencia y abandono. En respuesta Mario inició un juicio para desalojar a Mercedes y a sus dos hijos de la casa de su mamá.

Un hermano de su ex esposo es dueño de la otra parte de la casa. En marzo de 2022, Mario y su hermano instaron por primera vez a Mercedes a que desalojara la casa; le notificaron de un desalojo pero intervino el DIF municipal y lograron detenerlo.

La casa donde vivían, es prácticamente un cuarto multiusos, el resto del terreno esta lleno de piedra y graba que almacenó el cuñado que es dueño de una parte de la propiedad.

El 24 de febrero, un actuario llegó sin notificación y desalojaron a Mercedes y a sus hijos.

«Aunque sea en la calle nos vamos a quedar», dijo Mercedes el día del desalojo.

Finalmente fue la Procuraduría del Menor del DIF municipal quien apoyo a Mercedes después del desalojo.

 

«Aquí hubo un poquito de omisión por parte de varias partes que actuaron ahí. Algunos actuaron de mala fe porque a la señora Mercedes le tocaba una parte de la casa. No sé qué hizo su ex esposo que le vendió a su hermano una parte de la casa, pero el hermano tenía que darle una parte a la señora porque se casaron por bienes mancomunados», comentó el titular de la Procuraduría de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes del DIF municipal, Carlos Martínez Ramírez.

Mercedes no tenía dónde quedarse con sus hijos. Una persona cercana a ella le prestó un lugar.

Martínez Ramírez agregó que darán todo el seguimiento médico a los hijos de Mercedes, porque además de que tiene síndrome de down, Luis Mario tiene un problema de visión en su ojo.

«Yo aguanto y hago todo por mis hijos, porque ellos nunca se van a poder defender», mencionó Mercedes.

Dijo también que darán un seguimiento y asesoramiento jurídico hasta que “Mercedes pueda tener algo estable”.

«Yo voy a defender a mis hijos de dos personas que no merecen llamarse personas, pero Dios les dará lo que merecen», dijo Mercedes sobre su ex esposo y cuñado a reporteros momentos después del desalojo, declaración que está consignada en la prensa.

Mercedes pidió que compartieran su caso para que la ciudadanía la apoye a salir de esa situación.

En la imagen, el procurador de la Defensa del Menor dialoga con Mercedes Gutiérrez Martínez después de que fue desalojada de su hogar. Foto: DIF Chilpancingo

 

La Red de Maestras lucha porque la Secundaria General 71 y todas las escuelas de Jalisco sean espacios seguros y libres de violencia

A través de un nuevo posicionamiento, la Red de Maestras Feministas GDL llamó a la Secretaría de Educación Jalisco (SEJ) y a las autoridades escolares de la Secundaria General 71 “La Experiencia” en Zapopan a garantizar que dentro de este y otros planteles educativos existan condiciones para que estudiantes, docentes y trabajadoras desarrollen sus actividades dentro de entornos seguros y libres de violencia. También insistieron en atender cada una de las denuncias que se hicieron públicas por medio de redes sociales luego de los desplegados de la Red y la propia SEJ.

Llamaron con urgencia a reconocer que, el cumplimiento de los protocolos de actuación frente a casos de hostigamiento, acoso y abuso sexual dentro de las instituciones públicas de educación, no son un tema de “interpretación” del personal directivo y que cada plantel tiene la obligación de seguirlos puntualmente y, con ello, de informar sobre estas situaciones a la SEJ de manera inmediata.

Si bien, anunciaron que el agresor fue “reubicado” tras las acciones de denuncia, cuestionaron en el documento que, en el caso de la Secundaria General 71 se siga buscando invisibilizar la problemática y que se insista en llevar el proceso “puertas adentro” para mantener la reputación “positiva” de la escuela.


Texto: Dalia Souza / ZonaDocs

Ilustración: ZonaDocs

1 de marzo de 2023

 

El pasado 22 de febrero, ZonaDocs informó sobre la denuncia pública que la Red de Maestras Feministas GDL hizo frente a un caso de hostigamiento y acoso laboral sexual en contra de alumnas, maestras y trabajadoras de la educación de la Secundaria General 71 “La Experiencia” en Zapopan, Jalisco.

El reclamo público surge después de haber presentado una primera queja en el año 2018 ante la directora de la secundaria, Alicia Hernández García y el Inspector de la Zona Escolar No.03 de Secundarias Generales, Pedro Cárdenas López.

En ésta se identificaba como presunto agresor al contralor de la escuela. Sin embargo, las acciones de sanción tras la presentación de la queja, en aquel momento, sólo consistieron en prohibirle a este hombre hablar con docentes y el alumnado, así como confinarlo a un escritorio dentro del área de dirección donde “era vigilado”.

En opinión de las víctimas, su actuar respondió a una estrategia de simulación, encubrimiento, justificaciones y omisión que sólo “logró detener al agresor un tiempo”.

Así, acompañadas de la Red de Maestras Feministas GDL decidieron el pasado 22 de febrero hacer público un pronunciamiento en el que llamaron a atender este caso y garantizar espacios seguros para la comunidad de alumnas, maestras y trabajadoras educativas que fueron víctimas de este agresor, así como de otros casos identificados por la colectiva. Y es que, advirtieron que este suceso no es aislado.

Como respuesta al pronunciamiento de la Red, la Secretaría de Educación Jalisco (SEJ) hizo público un comunicado donde informó que constataron la existencia de quejas internas sobre el caso desde el año 2018, sin embargo, dentro del plantel “no aplicaron los protocolos ante el Órgano Interno de Control”. Y agregaron que actualmente “hay una queja en contra de un trabajador administrativo por presunto acoso de tipo verbal hacia una alumna”.

De manera paralela, el Secretario de Educación Jalisco, Juan Carlos Flores Miramontes declaró públicamente a los medios de comunicación sobre este caso, advirtiendo que éste llegó a la Secretaría de Educación “por redes”, pero al no “identificar una denuncia”, fue personal de un “departamento especializado” dentro de la dependencia quien acudió a la secundaria a hacer un monitoreo sobre lo señalado. El resultado de esta revisión fue que “se notaron posibles agresiones”.

Tanto en el comunicado como en las declaraciones de Flores Miramontes, se anunció sobre la “suspensión” de las funciones del docente señalado, el cual, mantenía una “mezcla de funciones administrativas y docentes”.

Y así lo confirmó también la Red de Maestras Feministas GDL en el pronunciamiento respuesta publicado este 28 de febrero: “el Contralor fue reubicado en Inspección entre el 20 y 21 de febrero de 2023. Por el momento, las alumnas, maestras y trabajadoras de la educación de la institución ya no están en riesgo por sus agresiones” suscribieron en su documento.

Sin embargo, cuestionaron que la Secretaría de Educación Jalisco “haya decidido borrar” dos denuncias más sobre agresores en la Secundaria General 71, mismas que, refieren, se hicieron públicas tras la emisión del comunicado de la SEJ y aparecían como comentarios en la publicación.

En este documento manifestaron su preocupación frente al discurso y las acciones que han decidió tomar las autoridades educativas del plantel, así como de parte del Inspector de la Zona Escolar No.03 de Secundarias Generales, Pedro Cárdenas López.

Narraron que durante la sesión de Consejo Técnico Escolar del 24 de febrero de 2023, Cárdenas López tomó la palabra para hacer sus valoraciones sobre el caso, mismas que consideraron carecen de un reconocimiento pleno de la problemática, de sensibilidad, perspectiva de género e, incluso, que insinúan la posibilidad de “resolver estos problemas “dentro” de la institución”.

“Yo los invito a que en lo sucesivo busquen la manera de integrarse y resolver cualquier tipo de problemas, tanto de alumnos como de docentes o de los trabajadores, que se generen. Yo no veo nada. A las autoridades ¿qué les interesa?, solo les interesa dar una buena respuesta porque ellos buscan una posición en la sociedad, pero los problemas los tenemos aquí nosotros y aquí los podemos resolver, como debe ser” fueron presuntamente las afirmaciones del inspector de zona y que la Red de Maestras decidió hacer públicas en su pronunciamiento.

“Minimiza las denuncias al señalar que se trata de dificultades de convivencia entre pares” precisó la Red, por lo que, advirtieron, deja en evidencia el total desconocimiento de la problemática que tiene en sus manos. A esto suma, dijeron, la centralidad e importancia que da a la idea de la “proyección positiva o negativa” de la escuela, obviando lo verdaderamente importante: la seguridad de la comunidad educativa, principalmente de alumnas, maestras y trabajadoras que han denunciado entornos hostiles hacia dentro del espacio escolar.

Además, consideraron muy riesgoso que sea el propio inspector con la anuencia de la directora quienes hayan llamado a proteger no sólo la imagen de la escuela (como acción prioritaria), sino también a este y/u otros agresores.

“Tanto el supervisor como la directora reiteraron que lo importantes es proteger la imagen de la escuela. Durante el espacio del CTE dedicado a abordar la denuncia de acoso, el supervisor instó a proteger a los agresores señalados, menoscabando directamente los derechos de una menor. Igualmente, la mayor preocupación que expresó la directora es que haya alumnos que no se inscriban por lo que está pasando” narran la Red de Maestras a través de su pronunciamiento respuesta.

Refirieron que la frase textual que utilizó López Cárdenas para referirse a esto fue “son uno contra todos”.

“Precisamente es de lo que hablamos, acompañamiento se le tiene que dar tanto a la persona afectada como a quien comete el daño” advirtió presuntamente el inspector en la sesión de Consejo Técnico Escolar del pasado 24 de febrero, sin dejar claro si este “acompañamiento” hace referencia a algún tipo de taller o seguimiento terapéutico sobre nuevas masculinidades, erradicación de la violencia de género, etc.

“A las autoridades de la escuela no les preocupa la integridad ni la seguridad de las alumnas, maestras y trabajadoras de la educación de la secundaria” sentenciaron desde la Red de Maestras Feministas GDL y cuestionaron que tanto el inspector como la directora hayan relatado en esta sesión de consejo los detalles del caso, “son acciones con las que ambos vulneran y revictimizan”.

En ese sentido, recordaron que más allá de desarrollar un nuevo instrumento para atender los casos de hostigamiento dentro de la escuela, es indispensable que se retomen los ya existentes y, sobre todo, se mantenga una comunicación directa con la comunidad estudiantil.

De aquí que una de sus exigencias sea que el personal directivo y docente de la Secundaria General 71, así como el inspector de la zona, “reciban capacitación y un curso de sensibilización sobre los protocolos de actuación en caso de maltrato, acoso y abuso”. Sobre este proceder, han requerido que “haya evidencias de esta capacitación”.

“Los protocolos de actuación no son interpretativos, las autoridades deben seguirlos al pie de la letra” sentenciaron.

De la misma forma, demandaron que “se informe de manera pública en qué parte del proceso se encuentra el caso y cuáles son los pasos que se han seguido hasta ahora” y que “se garantice el interés superior de la niñez” esto respecto a la estudiante menor de edad que se identificó como víctima de “acoso sexual verbal” como informó el secretario de Educación Jalisco.

Recordaron que el caso de la Secundaria General 71 “evidencia los errores que no debería cometer ninguna otra escuela” y que su llamado “es para que todas las secundarias y escuelas públicas del estado sean espacios seguros para infancias y adolescencias”:

“Nos parece importante visibilizar que las compañeras, alumnas y maestras, están y han estado en resistencia ante este tipo de violencias desde hace tiempo en muchos entornos escolares; en el caso de las compañeras de la secundaria 71, lo que más nos interesa es que ellas, tanto alumnas como maestras, trabajadoras y personal de apoyo sientan que no están solas, que sus peticiones y denuncias deben ser escuchadas desde la garantía de sus derechos e integridad, para que puedan realizar sus actividades de manera digna. Nosotras seguiremos trabajando hasta que cada escuela sea un espacio seguro para todas” apuntaron.

Finalmente, reconocieron a la comunidad educativa que dentro de esta sesión manifestaron su intención de “gestionar un cambio de actitud en toda la institución en función de garantizar que todas y todos sean agentes activos para lograr que la Secundaria General 71 sea un espacio seguro y libre de acoso”.


Este texto es propiedad de ZonaDocs y lo reproducimos como parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. Puedes leer el original en este enlace 

Regresa un grupo de desplazados de Los Bayados a su comunidad a sacar sus pertenencias

Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Secretaría de Seguridad Pública (SSP)

28 de febrero del 2023

Chilpancingo

 

Una grupo de habitantes de Los Bayados, municipio de Ajuchitlán, en la Tierra Caliente, que salieron el 19 de febrero en calidad de desplazados por la violencia, regresaron hoy a su pueblo escoltados por la Guardia Nacional y el Ejército.

De 246 habitantes que huyeron por las amenazas que recibieron por parte de un grupo, esta mañana regresaron 30.

El subsecretario de Prevención y Operación Policial de la Secretaría de Seguridad Pública del estado, Irving Jiménez Sánchez, informó que los acompañaron elementos de seguridad y que el traslado comenzó a las seis de la mañana.

«Personal de seguridad estatal y el Ejército se quedarán en la comunidad de manera permanente», dijo en entrevista Jiménez Sánchez y agregó que «no eran desplazados, porque (simplemente) ellos se podían mover por todos lados».

El secretario general de Gobierno, Ludwing Marcial Reynoso Núñez, mencionó que los 30 habitantes partieron en caravana junto con los elementos de seguridad de la comunidad de El Suchil, del municipio de Tecpan de Galeana, en la Costa Grande.

«La gente que se quiera regresar de Bayados será acompañada por las fuerzas de seguridad, pero en el pueblo se quedarán militares y policías para resguardar a la demás gente que ahí se quede».

Agregó que las 30 personas se regresaran a su comunidad porque «quieren ver en qué estado se encuentran sus casas y sacar algunas de sus pertenencias».

Mencionó que muchas familias que salieron de Los Bayados el pasado 19 de febrero se refugiaron en El Suchil, otros en la cabecera de Tecpan de Galeana y otros en Zihuatanejo.

Los habitantes de Los Bayados, a través de un comunicado difundido la semana pasada, dijeron que se salieron sin pertenencias de su comunidad porque un día antes ocurrió un enfrentamiento a balazos entre integrantes de dos grupos del crimen organizado.

Además de que los delincuentes les dieron el plazo de un día para salirse de su pueblo.

De las 246 personas desplazadas, 70 son menores de edad y otros 70 son adultos mayores, dos de ellos con problemas de discapacidad.

En esa ocasión, las familias pidieron el apoyo de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda.

Según Reynoso Núñez, el gobierno estatal les entregó apoyo alimentario y artículos de aseo.

En esa parte de la Sierra viven una situación difícil desde el pasado 28 de enero pasado que se registraron enfrentamientos entre miembros de dos grupos de la delincuencia organizada.

Ese día en la comunidad de El Parotal, del municipio de Petatlán, hubo un enfrentamiento entre pobladores y policías estatales que dejó un saldo de cinco muertos, entre ellos, un comandante que dirigía el convoy, un policía raso y tres individuos a quienes los lugareños los identificaron como miembros del grupo criminal de la Familia Michoacana.

Jiménez Sánchez rechazó que esos tres hombres que murieron y que iban con los agentes estatales pertenecieran a la Familia Michoacana.

«Eran personas que habían denunciado abusos en esa zona», dijo el funcionario y mencionó que las investigaciones ya están a cargo de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Momentos en los que 30 pobladores de Los Bayados son escoltados por elementos de la Guardia Nacional y Ejército de regreso a su comunidad. Foto: Secretaría de Seguridad Pública.

 

Sin maestros, pueblos de Guerrero celebran sus lenguas

En Tlacoachistlahuaca, Guerrero, los pueblos Ñuu Savi y Ñomdaá se encontraron para celebrar sus lenguas. Pero, aún cuando la fiesta siguió, los problemas de la región contradicen la alegría, pues resienten problemáticas como la migración y las carencias de servicios básicos como escuelas, centros de salud y ahora: maestros.


Texto y foto: Kau Sirenio / Pie de Página 

28 de febrero del 2023

Tlacoachistlahuaca

 

“Ama káku yu ku ndu’u yu Ñuu yu/ ama káku yu ku ndu’u yu ve’e yu (Cuando nací para estar en mi pueblo/ cuando nací para estar en mi casa”.

Así arranca la musica con el trio Yuku Savi en la celebración del Día Internacional de Lengua Materna en Tlacoachistlahuaca, Guerrero.

Antes de que los músicos cantaran el tradicional Ama káku yu, los maestros bilingües na savi y ñomdaá desfilaron por las principales calles de Ñuu Xáko (Pueblo de Tlacuache), entre el colorido del pueblo del agua y de la lluvia.

La vestimenta de las mujeres Ñomdaá fueron los más llamativos en el desfile del 21 de febrero, establecido por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) como Día Internacional de Lengua Materna.

A este pueblo enclavado entre la Costa Chica y la Montaña de Guerrero, llegaron músicos, pintores, tejedoras, contadores de historias orales para revivir lo que les queda como nación Ñuu Savi y nación Ñomdaá.

Na sì’í Ñuu Savi xì’in na Ñuu Ñama kindù xì’in sa’ma yìi kivi sa ka’nu na xa’á tu’un ña yúvi (mujeres de la lluvia integrantes de la escolta durante la celebración del Día Internacional de Lengua Materna). Foto: Kau Sirenio

Acompañados de músicos y danza de Tejón, los profesores bailaron y cantaron hasta que el número artístico terminó. No es cosa menor para lo hablantes que aún resisten entre la migración y las carencias de servicios básicos como escuela, centro de salud y sobre todo: maestros.

No todo es fiesta…

En el auditorio de usos múltiples, la banda sinfónica infantil entonó piezas de los compositores oaxaqueños como: el Feo, Chuy Rasgado, la Canción Mixteca de José López Alavez. Después, cerraron con una melodía ñomdaá.

Pero no todo es fiesta para los na savi y ñomdaá de Tlacoachistlahuaca, pues lleva años sin maestros.

“En el municipio faltan unos 30 maestros y no dicen para cuando va a cubrir este hueco”, reclama el supervisor de la zona escolar 105, Margarito González Palacio.

Así las cosas, los maestros bilingües aparentan estar contentos, disfrutan el festejo, pero no todos son asalariados. Entre ellos caminan profesores que trabajan por contratos, llevan seis meses sin cobrar, pero eso no les impide conformar el trio Yuku Savi. Cantan en tu’un savi para mostrar la dulce lengua de la lluvia que flaquea ante el desuso por la discriminación.

De acuerdo con la Unesco, el 40% de la población mundial no tiene acceso a una educación en una lengua que hable o entienda. «No obstante, gracias a la comprensión de la importancia que tienen las lenguas maternas, se han alcanzado logros en materia de educación plurilingüe, en particular desde los primeros estudios y el compromiso cada vez mayor de que evolucionen en la esfera pública” se lee en su portal.

Pero ¿cómo enseñar la lengua si no se paga a los maestros?

Los saludos y problemas

Después del recorrido por las principales calles de Ñuu Xáko todos se concentraron en el auditorio de usos múltiples para seguir con el programa sociocultural. Los profesores reconstruyeron la memoria comunitaria a traves de la gastronomía, la música y la medicina tradicional.

Ahí, la presidenta municipal de Tlacoachistlahuaca, Yareth Saraí Pineda, habló en su lengua materna: el ñomdaá. También envió un saludo en tu’un savi. Como es la tradición de la clase política, la alcaldesa presumió los trabajos que realiza para fortalecer la lengua materna.

Aprovechó el espació para enviar mensajes a la federación a través del delegado del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Manuel Vázquez Quintero:

“Le he pedido al representante del gobierno federal que le haga saber que Tlacoachistlahuaca tiene déficit de maestros, que urge resolver porque ya va terminar el ciclo escolar y los niños no tienen profesores”.

Mientras los funcionarios municipales y federales hablan de los logros en el primer año del Decenio Internacional de Lengua Materna, Margarito González Palacio me pone al tanto de lo que ocurre en su zona escolar.

Dice que nueve profesores trabajan por contrato desde el 4 de agosto del ciclo escolar 2022. Esto, en la escuela primaria Hermenegildo Galeana de la comunidad Ñuu Savi de Rancho Viejo. No les han pagado, agrega, y la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) no le reconoce los meses trabajados. No han cobrado.

«Nueve compañeros maestros trabajan por contrato, pero el secretario de Educación Guerrero no quiere ampliar el contrato, a pesar de que trabajaron seis meses sin nombramientos ni sueldo», pone al tanto el supervisor.

El 5 de diciembre de 2018, dos profesores bilingües fueron asesinados en la comunidad Ñuu Savi de Rancho Viejo. Ante estos hechos los maestros dejaron la comunidad y pidieron cambio a otra adscripción.

Na Ñuu Ñama ta xá’a na ma’ñu Ñuu Xáko (Personas del pueblo del agua bailan en la plaza pública de Tlacoachistlahuaca, Guerrero). Foto: Kau Sirenio

«La primaria Hermenegildo Galeana se quedó sin maestro durante medio ciclo escolar», confía el profesor.

La conversación con Margarito fluye tranquila, pero las demostraciones culturales continúan en el auditorio. Ahí los niños bailan, las maestra tejen y los músicos le soplan a sus instrumentos.

«La Zona 105 de Rancho Viejo es la más afectada por falta de maestros, la 94 de El Carmen, Xochistlahuaca también tiene deficit», explica.

Los tres maestros por contrato tomaron sus guitarras para entrar a la escena. Los aplausos de los asistentes los arroparon. Después, se soltaron como nunca con Ama káku yu. Mientras, un grupo de maestras de la zona escolar 105 amenizaron el baile más popular del pueblo Ñuu Savi.

La fiesta no terminó ahí. En cuanto se retiraron los visitantes entraron a la pista los pobladores de Ñuu Xáko con la danza de Machomula para celebrar el carnaval. Hombres, mujeres y jóvenes arrojan huevos a los conocidos. A los que no bailan los bañan con agua.

Esta parte de la fiesta no estaba en el guión del Día Internacional de la Lengua Materna, sin embargo, los profesores que seguían en Tlacoachistlahuaca le entraron al baile y a la mojada, mientras sus salarios siguen pendientes.

Na sì’i Ñuu Ñama kindu na ma’ñu Ñuu Xáko kivi ku ka’nu xa’a tu’un yúvi (Mujeres del pueblo del agua en el desfile por las calles de Tlacoachistlahuaca, Guerrero por el Día Internacional de LenguaMaterna). Foto Kau Sirenio

Este texto es propiedad de Pie de Página y lo reproducimos como parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. Puedes leer el original en este enlace.

 

El Calvario, la comunidad resiliente que se sobrepone a dos desastres 

Texto: José Miguel Sánchez  

Fotografía: Cortesía Fábrica de mezcal El Calvario 

25 de febrero del 2023  

Chilpancingo   

 

En 1974 una fuerte lluvia acompañada de granizo acabó con San Agustín, una comunidad, en ese entonces de Metlatonoc, en la Montaña alta de Guerrero. La devastación fue tal que era imposible vivir ahí.

La granizada acabó con los techos de cartón y secó las parcelas de maíz.

Era un 19 de mayo de 1974.

«Hubo una fuerte lluvia en san Agustín el Viejo, municipio de Metlatonoc».

La lluvia no fue tanto problema, pero la granizada y el viento acabaron con la cosecha de maíz.

Al ser un pueblo dedicado a la agricultura, los habitantes no vieron salida al calvario que vivían, su mejor opción fue salir y buscar otro lugar donde habitar.

Los 75 habitantes más afectados pidieron ayuda al alcalde de Metlatonoc, quien llevó el asunto al entonces gobernador Rubén Figueroa Figueroa.

En octubre de 1975 recibieron respuesta. El gobernador les ofreció traerlos a vivir a un lugar en la sierra de Chilpancingo, la capital del estado.

En lo que solicitud fue procesada y aceptada las familias que decidieron salir, durante noviembre y diciembre de 1975 vivieron en el puente de la ciudad de Tlapa.

Hasta que les gestionaron un transporte para trasladarlos a lo que sería su nuevo hogar salieron de Tlapa, un 8 de enero de 1976.

Los 75 habitantes cambiaron su hogar, su clima y su región.

De la región Montaña a la Centro hay una distancia de 300 kilómetros, lo que se traduce en 15 horas de camino.

El gobierno solo los dotó de un depósito de agua. «Sin red eléctrica muchas familias decidieron regresar a su pueblo natal y otras optaron por irse a Acapulco o a Morelos en busca de una estabilidad», cuenta Salvador Calixto García, habitante y tercera generación en El Calvario.

Otro de los problemas fue el lenguaje, ya que los nuevos pobladores no hablaban castellano, quienes sabían decidieron probar suerte en la capital.

Hoy el lugar donde estaba San Agustín pertenece al municipio de Cochoapa el Grande.

«Es lo que cuenta la gente que vivió eso, ahorita los grandes que llegaron son pocos y otros más nos vinimos de otras comunidades vecinas», cuenta el comisario Alejandro Hilario, que reconoce no conoce la historia porque él llegó después a El Calvario.

Los desplazados habitaron un ejido de 840 hectáreas ubicado en la sierra de Chilpancingo.

En ese entonces esas 840 hectáreas pertenecían al ejido de la comunidad de Llanos de Tepoxtepec.

San Agustín era una comunidad Na’ Savi y migraron a Chilpancingo con todo y sus costumbres; es la única población indígena del municipio.

Fue así que el 8 de enero de 1976, en lo alto de Chilpancingo se fundó El Calvario.

Las 75 personas que salieron de San Agustín ahora son 130, la mayoría familia y descendientes de los primeros pobladores.

Salvador Calixto García es integrante de la tercera generación que nace en El Calvario, es hijo de Mario Calixto Bravo y Guadalupe García Ortega.

Los Calixto se dedican a la fabricación del mezcal, el cual en 2020 ganó la Medalla Doble Oro que otorga Bruselas, Bélgica, a distintos tipos de destilados.

Salvador tiene seis hermanos, Omar, Juan, José, Tomás y Luis, todos forman parte de la tercera generación y ya crían a una cuarta.

Ahora son 35 familias dedicadas a la producción del maguey, al mezcal, las artesanías de palma y a la carpintería.

Aunque la mayoría de la población vive de la venta de maguey, que hasta 2019 les representaba un gran ingreso para las 35 familias que habitan el poblado.

«Muchos productores de maguey de Mochitlán, Quechultenango, Axaxacualco y otros venían a comprar camiones enteros para hacer su mezcal», comenta Salvador.

Su principal negocio para la población era el maguey, pero en 2019 los desastres naturales volvieron a azotar a El Calvario.

En 2019 los incendios forestales acabaron con casi la mitad de su cosecha de maguey.

«Eso nos descontroló, ya teníamos una producción anual que no cambiaba mucho y ahora pues apenas vamos saliendo, comenzamos a reforestar y poco a poco, aunque para recuperar la producción que teníamos antes del incendio ocupamos mínimo otros tres años», comentó Salvador.

Los primeros 29 años funcionaron como una colonia de Llanos de Tepoxtepec y en 1999 lograron ser una comunidad con sus propias autoridades comunitarias y ejidales.

A 48 años de la fundación de El Calvario, los pobladores han consolidado una serie de proyectos que aportan al ambiente y a las tradiciones.

El 10 de mayo del 2020, la Asamblea de los Ejidatarios de El Calvario acordaron que sus 846 hectáreas fueran una reserva ecológica.

El trámite y el papeleo aún están en proceso, pero ellos ya decidieron el uso de su espacio.

Ahora siembran duraznos, frambuesas, zarzamoras y maguey que bajan a vender a los mercados de Chilpancingo.

Actividad que combinan con la siembra de maguey que esperan pueda volver a recuperarse.


Este es un contenido exclusivo de Amapola periodismo para Animal Político.

Se pronuncia el rector de la Uagro 25 días después de la desaparición de estudiante de Derecho

Texto: Itzel Urieta

Fotografía: Red Guerrerense por los Derechos de la Mujer 

24 de febrero del 2023

Chilpancingo

 

 

A los 25 días de la desaparición de Karen Melissa Peñaloza Martínez, estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Guerrero (Uagro), el rector José Alfredo Romero Olea se pronunció al respecto, pero ante el cuestionamiento de reporteros.

Durante una entrevista realizada después de un evento político del Frente de Reforma Democrática de la Universidad Autónoma de Guerrero (Fredeuag), grupo político del rector, en la Facultad de Ingeniería, el rector sólo respondió.

“Este caso (de Karen Melissa) está en manos de las autoridades competentes, lo que hacemos nosotros como universitarios es exigir a las autoridades una investigación pronta y efectiva sobre ese hecho”.

Agregó que se le debe de dar un voto de confianza a la Fiscalía General del Estado (FGE) para que realice las investigaciones.

Minutos antes, en su intervención en el evento, donde había un numeroso público, se centró en apoyar al ex rector y actual maestro emérito, Javier Saldaña Almazán, en sus aspiraciones a ocupar de nuevo la rectoría de la máxima casa de estudios.

En entrevista fue cuestionado sobre por qué tardó tanto en emitir una declaración sobre la desaparición de una alumna de la institución, y Romero Olea contestó que la Uagro es “una institución académica que se dedica a dar educación, no tenemos otra finalidad, por ello no lo vimos pertinente”.

Agregó: “nosotros no sabemos a ciencia cierta cómo estuvieron esos hechos».

 

Karen Melissa tiene 20 de años, es originaria de Cuajinicuilapa, en la Costa Chica de Guerrero, y estudia en la Facultad de Derecho en Chilpancingo.

El 31 de enero abordó un taxi con dirección a Petaquillas, poblado ubicado a 10 minutos de la capital, y desde ese momento nadie supo más de ella.

Por su desaparición la Fiscalía General del Estado (FGE) emitió su ficha de búsqueda hasta el 13 de de febrero, fecha en que también activaron la Alerta Violeta, mecanismo para la búsqueda inmediata de mujeres desaparecidas.

A 25 días de su desaparición aún se desconoce su paradero.

En la imagen, colectivas feministas y amigos de Karen Melissa, protestan en la carretera federal Acapulco – Pinotepa, el pasado 15 de febrero, para exigir su pronta aparición con vida.Foto: Red Guerrerense por los Derechos de la Mujer.

Denuncian activistas falta de perspectiva de género para investigar feminicidios en Guerrero

Texto y fotografía: Itzel Urieta

21 de febrero del 2022

Chilpancingo

 

 

En Guerrero no se aplican protocolos para investigar feminicidios, porque de 128 asesinatos contra mujeres ocurridos durante 2022, sólo 13 están catalogados como feminicidios, expusieron las integrantes del Observatorio de Violencia Contra las Mujeres (OVM).

Estas cifras fueron presentadas durante el foro Sentencia Mariana Lima, parámetro nacional para juzgar con perspectiva de género, donde estuvieron presentes activistas feministas, quienes coincidieron en la falta de acciones institucionales para juzgar e investigar los homicidios de mujeres y catalogarlos como feminicidios.

Ney Arias Vitinio, integrante del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, denunció que instituciones como la Fiscalía General del Estado (FGE) no cuentan con los protocolos adecuados para juzgar e investigar con perspectiva de género.

“Por lo menos aquí en Chilpancingo algo se puede hacer, más o menos salen las mujeres a marchar, pero en la Montaña no, no podemos hacer eso porque tenemos que trabajar sino no comemos”, mencionó.

Las integrantes de colectivas feministas organizaron el foro para analizar, discutir y exigir a las autoridades que apliquen este parámetro para investigar toda muerte violenta de mujeres como feminicidio.

La Sentencia Mariana Lima lleva el nombre en honor a Mariana Lima Buendía, originaria del Estado de México.

Ella fue asesinada por su esposo, Julio César Hernández Ballinas, comandante de la Policía Judicial del municipio de Chimalhuacán, Estado de México, el 28 de junio de 2010

En un primer momento, las autoridades cerraron el caso de Mariana bajo el argumento de ser un suicidio, por la insistencia de la madre fue reabierta la investigación en 2015; exhumaron el cuerpo y comprobaron que fue un feminicidio.

El 25 de marzo de 2015, en el natalicio de la joven, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió la sentencia Mariana Lima, a través de la cual se ordenó reabrir la investigación con perspectiva de género y debida diligencia.

A partir de la sentencia se pretende que toda muerte violenta de mujeres sea investigada como feminicidio y, después, descartarlo o confirmarlo en la investigación.

A nivel nacional, en 2022, la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana registró 3,775 asesinatos de mujeres, niñas u adolescentes, de los cuales 900 se investigaron  como feminicidio.

En ese contexto, María de la Luz Estrada, representante del OVM, habló sobre los riesgos que hay para las mujeres en México.

“La realidad es que en México ser mujer es riesgoso. (…) Es algo que no hemos podido disminuir”, mencionó.

En el foro hubo presencia de diversas instituciones encargadas de impartir justicia, como la Fiscalía General del Estado (FGE), a quienes le exigieron atender de manera oportuna las investigaciones de mujeres asesinadas y desaparecidas.

En su respuesta, los asistentes de la FGE, en un intento de defenderse, dijeron que “muchas veces no podemos actuar con prontitud porque la familia y amigos no quieren hablar”.

La encargada de despacho de la Fiscalía sobre los femicidios, Cinthia Velázquez Sánchez, argumentó que la dependencia capacitan al personal en perspectiva de género para manejar de manera adecuada estos casos.

“Estamos tratando que todas las muertes violentas del estado se investiguen bajo esta perspectiva”, insistió.

Sobre el protocolo que utilizan para investigar los feminicidios en el estado, comentó que tiene extractos de la Sentencia Mariana Lima.

Al foro también asistieron víctimas de violencia de género, tal es el caso de Alejandra Mateos Jiménez, sobreviviente de feminicidio; aun cuando ya hay una sentencia en contra de su agresor, este no ha pisado la cárcel por la lentitud del sistema judicial.

A través de un amparo el agresor de Alejandra trató de librar la cárcel y por la tardanza de dictaminarlo, éste se fugó a los Estados Unidos, donde ya agredió a dos mujeres más.

 

 

Teme Tlachinollan una segunda verdad histórica, ahora de AMLO, sobre el caso Ayotzinapa

En el informe número 28 de la organización, el abogado de las madres y padres, que también forman parte de este equipo, ve pocas posibilidades de esclarecimiento en este sexenio 


Texto: Amapola periodismo (con información de José Miguel Sánchez)

Fotografía: José Miguel Sánchez

21 de febrero del 2023

Chilpancingo

 

El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan evaluó que el caso Ayotzinapa no sé resolverá en este sexenio, y planteó su preocupación porque otra verdad histórica puede ser fabricada.

Este balance lo planteó el abogado Vidulfo Rosales Sierra, quien es asesor de las madres y los padres de los 43 e integrante de Tlachinollan, durante la presentación del informe número 28 de la organización al que denominaron Naufragio por la Verdad, celebrado en un salón del hotel Paradise Inn, al norte de la ciudad de Chilpancingo.

El abogado denunció que el Ejército sigue negándose a presentar sus expedientes e informes que, según el argumento de la Comisión para la verdad y acceso a la justicia del caso Ayotzinapa, ya les solicitó en 30 ocasiones, todas esas veces se han negado.

“Hasta el presidente como comandante supremo ya ordenó que entreguen los expedientes, pero no lo hacen, no quieren pisar los juzgados, quieren vivir en la impunidad”.

Rosales Sierra mencionó que en este gobierno tampoco ve posibilidades del esclarecimiento de los hechos, justo ante la negativa de los militares de mostrar sus expedientes.

“Todos los indicios nos llevan a establecer que el principal responsable de la desaparición de los 43 fue el Ejército y hay un ocultamiento de pruebas que los militares no quieren dar a conocer”, mencionó Rosales Sierra.

El temor de que creen otra verdad histórica, el abogado la basa en que el último informe presentado por la Comisión de la Verdad del caso Ayotzinapa mantiene como pruebas unas capturas de pantalla donde presuntamente intercambian mensajes integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos con mandos militares y hablan sobre el paradero de los 43 normalistas.

De acuerdo con la investigación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) esas capturas de pantalla son falsas.

“Ya no vemos posibilidades de esclarecimiento del caso, por el contrario, tememos que haya un cierre del caso y haya una nueva verdad, y ahora el gobierno diga que resolvió los hechos, ya se sabe qué pasó”.

Mario César González Contreras, padre de César Manuel González Hernández, uno de los 43 normalistas desaparecidos, estuvo presente en el informe y dijo que en los próximos días se reunirán con el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas Rodríguez, para conocer los avances de la investigación, pero temen que pretendan cerrar el caso de cara a las próximas elecciones.

“Esperemos que en estos días no nos den una nueva sorpresa con el nuevo informe que presentara el licenciado Encinas, para no llegar a la elecciones con el gran problema de los 43”, comentó.

Insistió en la importancia de investigar al Ejército para saber la verdad de lo que sucedió con los estudiantes la noche del 26 de septiembre del 2014 en la ciudad de Iguala.

“Tenemos información de la implicación de los militares en la desaparición de los 43, nosotros sólo pedimos la justicia que merecemos”.

Durante el informe abordaron otros ejes que atente la organización, como los matrimonios forzados, los desplazados, los jornaleros y los asesinatos de activistas que están en la impunidad.

En su participación, el director de Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, acusó al gobierno estatal y federal de un “abandono institucional” a los pueblos de Guerrero.

“En todos los problemas sociales que tiene Guerrero no hay un apoyo institucional, los desplazados exigen paz, las víctimas justicia, pero nadie tiene nada de eso. Hay una clase política distraída en otros temas que no resuelve nada”, dijo.

Durante la presentación del informe acudieron activistas y víctimas de la violencia en diferentes puestos del estado.

También estuvo presente el representante en México del alto comisionado de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Guillermo Fernández Maldonado Castro, quien reconoció la labor de Tlachinollan al frente de las problemáticas sociales.

También asistió Marco Antonio Suástegui Muñoz, vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop), hermano de Vicente Suástegui, activista desaparecido en Acapulco en 2021.

Suástegui Muñoz exigió la aparición con vida de su hermano e hizo un recuento de la violencia que viven desde el 2000 por su activismo en defensa del río Papagayo.

“En el 2000 fuimos encarcelados por el gobernador René Juárez Cisneros, en 2005 reprimidos por el perredista Zeferino Torreblanca Galindo, y con Aguirre Rivero enviados a una prisión de máxima seguridad para ser torturados, sólo esperemos ser ejecutados por la morenista Evelyn Salgado Pineda”.

El informe de Tlachinollan permitió ver sólo parte de los problemas sociales y las víctimas de Guerrero que son quienes dan la lucha por la justicia pendiente.

El presidium durante la presentación del informe 28 de Tlachinollan Náufragos por la Verdad, en un salón del hotel Paradise Inn, al norte de Chilpancingo. Foto: José Miguel Sánchez.

Violencia en Sierra de Guerrero desplaza a otras 240 personas 

Texto: Amapola periodismo

Fotografía: Especial 

Chilpancingo 

 

Familias de la comunidad de Los Bayados, municipio de Ajuchitlán del Progreso, se desplazaron debido a los hechos de violencia ocurren en esa parte de la Sierra desde el pasado 28 de enero.

A través de un comunicado, los habitantes del pueblo denunciaron que la decisión de salirse de sus casas a partir del domingo 19 de febrero fue porque un día antes hubo un enfrentamiento a balazos en un punto conocido como Las Golondrinas, cerca de su comunidad.

“Ya no pudimos más y elegimos abandonar nuestra comunidad ante los rumores de que nos daban hasta las 12 horas del día domingo para abandonar nuestro pueblo; salimos con lo que pudimos agarrar pensando sólo en ponernos a salvo”, dice el texto enviado por los pobladores.

Son un total de 246 personas desplazadas, de ellos 70 son menores de edad y 70 son adultos mayores, dos de ellos con discapacidad.

La mayoría de los desplazados se refugiaron en casas de familiares en Tecpan de Galeana y otros puntos de la Costa Grande. Aun cuando Ajuchitlán del Progreso pertenece a Tierra Caliente, esta región colinda con Costa Grande en lo alto de la Sierra.

“Le solicitamos a la gobernadora (Evelyn Salgado Pineda) que nos brinde apoyo, que ya no nos deje olvidados, somos gente de paz y ahora no tenemos nada que darle a nuestros hijos”.

También expusieron que cuando se salieron de su pueblo ni siquiera pudieron despedirse de sus muertos que están sepultados en el panteón del pueblo.

Exigen el apoyo del gobierno para poder regresar a su comunidad o por lo menos sacar sus cosas personales. También piden despensas y becas para sus hijos.

En el comunicado que va dirigido a la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (CDHEG), los habitantes de Los Bayados exponen que en su pueblo siempre han vivido el abandono institucional, pero, al menos, vivían en paz.

Comparten que apenas hace unos meses comenzaron a recibir el apoyo del programa federal Sembrando Vida, que utilizaban para la siembra de huertos d aguacate, durazno y maguey, porque también se dedicaban a la elaboración del mezcal. “Pero ahora ya no tenemos nada”, dicen.

Desde el 10 de diciembre del 2022 la violencia detonó en la Sierra con el asesinato de siete personas en la comunidad de El Durazno, del municipio de Coyuca de Catalán por parte de un grupo armado.

Después el 28 de enero, en la comunidad de El Parotal, municipio de Petatlán, los pobladores retuvieron a policías después de un enfrentamiento a balazos.

El saldo de esa supuesta confrontación armada fue un comandante, un policía y tres civiles muertos.

Los tres civiles subieron en el mismo convoy de policías estatales y, según los pobladores de El Parotal, eran miembros del grupo criminal de la Familia Michoacana.

Desde el 28 de enero, los enfrentamientos a balazos entre grupos armados en varias comunidades de los municipios de Tecpan de Galeana, Petatlán, Ajuchitlán del Progreso y Coyuca de Catalán, no han parado aun con la presencia de fuerzas de seguridad federal y estatal.

Habitantes de la comunidad Los Bayados, municipio de Ajuchitlán del Progreso, se desplazaron tras una serie de hechos de violencia en esa zona de la Sierra. En la imagen el pueblo deshabitado.

 

Colectivas promueven amparos en cuatro estados para que el IMSS y el ISSSTE garanticen el acceso al aborto

La estrategia legal puesta en marcha en Baja California, Hidalgo, Oaxaca y Veracruz busca enfrentar el hecho de que, pese a que el aborto ya está despenalizado en esos estados, instituciones de salud federales se niegan a realizarlo porque las leyes federales aún no están actualizadas.


Texto: Marcela Nochebuena

Fotografía: Amílcar Juárez (Archivo)

20 de febrero del 2023

 

Colectivas de Baja California, Hidalgo, Oaxaca y Veracruz impulsan una estrategia legal para lograr que los servicios federales de salud garanticen el acceso al aborto, ya despenalizado hasta la duodécima semana de gestación en esas entidades.

 

Acompañadas por AbortistasMx, agrupaciones y colectivas de esos estados promueven amparos para que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) garanticen los servicios de aborto voluntario en todos los casos.

 

La omisión ante una iniciativa de reforma a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley General de Salud y el Código Penal Federal —congelada en el Congreso desde 2021— ha permitido que, en numerosos casos, los institutos nieguen el servicio de aborto voluntario aun en los estados donde ya está despenalizado, pues la normativa aún no lo contempla.

 

El IMSS y el ISSSTE siguen negando la interrupción legal del embarazo, pero también su aplicación bajo ciertas causales contempladas en leyes locales, porque el Código Penal Federal solo contempla tres: cuando el embarazo es resultado de una violación, cuando existe peligro de muerte de la mujer embarazada y cuando el aborto es espontáneo o accidental.

 

“Lo que hemos visto es que, aunque hay avances —tenemos ya 11 estados de la República que han despenalizado parcial o totalmente los servicios de aborto—, el acceso en IMSS e ISSSTE está restringido, y eso no corresponde a la realidad del país cuando sabemos que el tema del acceso a la seguridad social depende del trabajo”, explica Ninde MolRe, coordinadora de incidencia de AbortistasMx.

 

Desde la organización se han percatado de que, además, en estados como Hidalgo los servicios de aborto gratuito en clínicas estatales suelen negarse a personas que ya tienen seguridad social, por lo que no es un servicio universal. En consecuencia, esa situación sigue remarcando las diferencias en el acceso a servicios de salud para mujeres y personas con capacidad de gestar.

 

Por eso, desde AbortistasMx —plataforma de acompañamiento legal a colectivas y organizaciones interesadas en la despenalización del aborto— se ideó la estrategia de los amparos, que hasta ahora se está implementando en Baja California, con Las Calafias y Brujas Californianas; en Hidalgo, con Di Ramona; en Oaxaca, con Ixmucane AC, y en Veracruz, con Marea Verde Altas Montañas y un despacho de abogadas.

 

“Estamos implementando esta estrategia para pedir que se extiendan los servicios de aborto a IMSS e ISSSTE en estos estados… El amparo es un mecanismo que el Estado nos da a los ciudadanos para defendernos de las autoridades cuando hay violaciones a nuestros derechos humanos. En este caso, lo que nosotras estamos aludiendo es que en los servicios de salud federales, que son servicios que el Estado provee, el Congreso y el Ejecutivo federal no están respetando los derechos reproductivos de las personas”, señaló MolRe.

 

Estos son derechos humanos que deben garantizarse, según lo establece la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en su sentencia 271/2021 de septiembre de 2021. En ella, el máximo tribunal declaró inconstitucional criminalizar el aborto de manera absoluta. El Código Penal Federal permanece sin ser homologado a ese criterio, pues penaliza el aborto completamente con excepción de las tres causales que contempla.

Los amparos en los cuatro estados han sido firmados por derechohabientes del IMSS o ISSSTE, ya sea derivado de su trabajo o del seguro facultativo, y serán jueces federales quienes determinarán si son procedentes o no. Un primer avance ya se dio en Oaxaca en diciembre pasado, donde se ganó el primer amparo promovido por una mujer derechohabiente del ISSSTE contra el Código Penal Federal, solicitando su inaplicación.

 

“No solamente es el acceso a los servicios, sino la no criminalización. Esta mujer se amparó en el estado de Oaxaca, y el juez declaró que el Código Penal Federal es inconstitucional por restringir el derecho al aborto de forma total”, relató MolRe. Esa sentencia ya es firme, y por lo tanto, será un antecedente que servirá para el resto de la estrategia. En ese instrumento, sin embargo, no se pidió el otorgamiento de servicios, sino simplemente la inaplicación e inconstitucionalidad del delito de aborto previsto en la normativa federal.

 

Los siguientes amparos sí contemplarán ambos aspectos. Por un lado, que a las personas no se les criminalice en caso de que necesiten un aborto, y por el otro, que sea parte de los servicios de salud para toda la población. “Estamos tratando de que esa sea la argumentación para generar un precedente, o de alguna forma obligar a IMSS e ISSSTE a brindar esos servicios”, agregó la activista

 

En septiembre pasado, Patricia Mercado, una de las senadoras promoventes de la iniciativa federal para garantizar el acceso al aborto, explicó a Animal Político que, dado que el delito se persigue a nivel estatal, la despenalización en cada entidad es indispensable, pero a nivel nacional la reforma más importante es a la Ley General de Salud, pues permitiría garantizar el aborto como un servicio gratuito por parte de la Secretaría de Salud, el IMSS y el ISSSTE. Aunado a ello, también sería necesario fortalecer las leyes propias de ambos institutos.

 

En respuesta a una solicitud de información sobre la cifra de interrupciones legales del embarazo practicadas en el instituto, el IMSS contestó que eran cero. En tanto, el ISSSTE declaró la inexistencia de la información “toda vez que el instituto no realiza Interrupción Legal del Embarazo, debido a que este no se encuentra contemplado dentro de la normatividad sectorial vigente”. En cambio, únicamente proporcionó los datos relativos a abortos y muertes fetales englobados en la misma estadística.

 

Servicio nulo: la experiencia en Hidalgo

“La realidad es que son nulos”, dice Daniela Téllez, de la organización de acompañantes Di Ramona, en Hidalgo, en torno a los servicios de interrupción voluntaria del embarazo por parte de IMSS e ISSSTE, a partir de la información que se recaba desde la colectiva. “¿Cómo es posible que en los estados tengamos ahora leyes más progresistas que a nivel federal?”, cuestiona.

 

A partir de la despenalización del aborto en esa entidad en julio de 2021, Di Ramona puso en marcha la línea telefónica ILE Hidalgo, a la que las usuarias pueden llamar para informarse sobre cómo acceder a esos servicios en el estado. Ahí, con mucha frecuencia, reciben la comunicación de derechohabientes de IMSS e ISSSTE que acudieron a buscar el servicio y se toparon con una negativa.

 

“Desde su derechohabiencia, se les impide acceder a los servicios dentro de sus clínicas locales y cercanas, por las cuales inclusive están pagando de sus salarios sus impuestos para poder acceder a servicios de salud integrales, pero lamentablemente en IMSS e ISSSTE no es una posibilidad”, asegura Téllez.

 

“Las usuarias tienen que trasladarse necesariamente a hospitales de la Secretaría de Salud pública del estado de Hidalgo, donde evidentemente los servicios tampoco son perfectos y se siguen sobresaturando debido a que la atención no se brinda donde ellas deberían poder acceder a su derecho”, añade.

 

El argumento llano es que ahí no se da el servicio. “’Aquí esas cosas no se hacen’, así de tajante”, señala la activista. Por ello, el proyecto ILE Hidalgo, que creó Di Ramona para difundir esos servicios en el estado primero mediante una campaña con la colocación de espectaculares en diversos puntos de Pachuca y muros rotulados en otros municipios clave, da cada vez más pasos.

 

A la difusión, siguió la línea telefónica exclusiva para la información sobre aborto legal —ruta, horarios, documentación, ubicaciones—, independiente de la que ya tenía Di Ramona para acompañamiento de abortos. Así, la campaña de comunicación se transformó en una de incidencia con la Secretaría de Salud de la entidad, a partir de las quejas sobre deficiencias que empezaron a recibir al inicio de la implementación.

 

Al mismo tiempo, comenzaron a hacerse evidentes las negativas en los servicios federales de salud. “Afortunadamente, las quejas que llegamos a tener de la Secretaría de Salud en mayor medida se fueron corrigiendo, pero era una constante la negativa por parte de IMSS e ISSSTE, la cual continúa aún hoy en 2023. Es una pena porque en noviembre salió la segunda edición del lineamiento técnico para la atención al aborto seguro nacional, e IMSS e ISSSTE pusieron ahí sus logos; entonces, es incomprensible”, relata Téllez.

 

Otra consecuencia importante de la negativa del servicio en los institutos federales es que, cuando las usuarias la reciben, se van con la idea de que no se puede abortar en ningún hospital en Hidalgo o incluso de que sigue siendo ilegal, explica. Además del rechazo, no reciben ninguna información adicional, orientación o redirección. De ahí surgió la necesidad de iniciar la estrategia legal en compañía de AbortistasMx.

 

“Tenemos altas expectativas de esta estrategia, no es la primera en su tipo: hace unos meses en Oaxaca se implementó un amparo muy similar, y la resolución fue positiva. No esperamos menos para el estado de Hidalgo… Sabemos que, si bien un amparo es una herramienta sumamente útil, muy contundente, que nos sirve muchísimo, tampoco lo es todo; entonces, seguimos trabajando desde otros ámbitos: la incidencia, la comunicación, la difusión y la defensoría de este derecho que, ya lo dijo la Suprema Corte, es un derecho y también un servicio esencial de salud”, concluye la activista.

En la imagen, activistas feministas durante la marcha del 8 de marzo del 2022. Foto: Amílcar Juárez (hemeroteca Amapola)

Militares blindan comunidad atacada a balazos pero familias huyen por miedo

Texto: Amapola periodismo 

Fotografía: Redes

Chilpancingo 

 

La comunidad de Las Mesas, municipio de Petatlán, está blindada por agentes del Ejército después de que este fin de semana un grupo de hombres armados atacaron a balazos a los habitantes del poblado; ingresaron a un rancho y asesinaron a un adulto mayor y al hijo de éste lo persiguieron por un cerro sin que lograran alcanzarlo.

La agresión armada ocurrió a las tres de la madrugada del pasado sábado 11 de febrero y desde ese día muchas familias han salido de la comunidad de la Sierra por el temor de que ocurran nuevos hechos de violencia.

Habitantes reportaron que las actividades en la zona, es decir la entrada a la Sierra del lado de la Costa Grande, han menguado, porque los habitantes que permanecen se niegan a salir a realizar sus diligencias normales por temor. Mucho menos las que tienen que ver con el campo, porque los ataques les ha llegado de sorpresa.

Todo esto ocurre aun cuando desde este domingo 12, unos 30 soldados del Ejército llegaron al pueblo, en específico a Las Mesas.

Ese mismo domingo fue sepultado en el panteón de la comunidad Eludio Álvarez Villa, quien era suegro de ex vocero de la desaparecida Policía Comunitaria en la zona, Víctor Espino. El señor de 65 años fue la víctima del rancho.

Adán Álvarez, hijo de Eludio, pudo escapar de los hombres armados porque corrió hacia un cerro. Ahí permaneció escondido más de seis horas hasta que llegó el Ejército al pueblo; los hombres armados se fueron.

Los lugareños de Las Mesas aseguran que quienes atacaron su comunidad y el rancho son integrantes de la Familia Michoacana, un grupo del crimen organizado con relaciones políticos y económicas sobre todo en Tierra Caliente de Guerrero, la región que colinda con Costa Grande en lo alto de la Sierra.

La manera que los habitantes de la zona han denunciado lo que viven es por teléfono o por las redes sociales, porque ha quedado demostrado que aun con la presencia de agentes de seguridad la situación para ellos es incierta.

En las redes sociales, los habitantes colgaron un video donde dan cuenta del velorio de Álvarez Villa. Ahí se ve y se escucha a dos corridistas del pueblo que cantan una canción frente a su féretro de madera.

El señor apenas fue inscrito en un programa social. “Desde hace cuatro meses don Eludio recibía su pensión de adulto mayor que otorga el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador”, contó uno de los habitantes.

A cuatro días del ataque a tiros en Las Mesas la gente tiene cierta tranquilidad por la presencia de las fuerzas de seguridad, “pero sabemos que los militares estarán un tiempo y después otra vez van a regresar los malos”, dijo uno de los habitantes por teléfono.

Habitantes de Las Mesas y otras comunidades de la Sierra de los municipios de Tecpan de Galeana y Petatlán se reunieron el pasado 7 de febrero en Santa Rosa de Lima con funcionarios de las secretarías de Educación, Salud y autoridades militares y el director de Gobernación estatal, Francisco Rodríguez Cisneros, a quienes les solicitaron la instalación de dos Bases de Operaciones Mixtas (BOM), integradas por soldados del Ejército, Guardia Nacional y Policía Estatal.

En particular solicitaron una para Las Mesas, Petatlán y otra para el Crucero de San Antonio de las Texas, ejido de Coyuca de Catalán, Tierra Caliente.

En esta reunión los comisarios municipales y comisariados ejidales que asistieron le reclamaron a Rodríguez Cisneros que la gobernadora Evelyn Salgado Pineda faltó a su palabra de que se instalarían tres bases de operaciones mixtas; sólo opera una en la comunidad de Santa Rosa de Lima, municipio de Tecpan de Galeana.

Los pobladores denunciaron la situación de violencia en esa región no ha parado después de los hechos del pasado 28 de enero en la comunidad El Parotal, Petatlán, donde la gente se enfrentó a balazos con un grupo de policías estatales y tres presuntos miembros de la Familia Michoacana (FM) que iban de infiltrados con los agentes.

En este enfrentamiento un comandante de la Policía Estatal y un agente, además de los tres presuntos infiltrados de la FM, murieron.

Pobladores de Las Mesas, dijeron que el Ejército y la Policía Estatal llegó a esta comunidad a las ocho de la mañana, cinco horas después de que fueron los ataques en la zona.

La gente dice que el grupo del crimen organizado pretende controlar las actividades diversas en este territorio, porque hay muchas riquezas naturales, desde finas maderas hasta, aseguran los habitantes, minerales que, es muy probable, pretendan explotar empresas extranjeras.

“En la época de la Independencia el general Vicente Guerrero estuvo aquí en la Sierra y explotó una mina de oro que ahora está abandonada”, mencionó un habitante de Las Mesas.

Foto recuperada de redes sociales de habitantes de la Sierra. Son aspectos del sepelio de Eludio Álvarez, el hombre de 65 años asesinado durante el ataque armado del sábado pasado.
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