Ley de Desplazamiento Forzado, un pendiente para las víctimas: Centro Morelos 

Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Óscar Guerrero 

11 de septiembre del 2022

Chilpancingo 

 

La relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre desplazamiento forzado interno, Cecilia Jiménez Damary, llevará al alto comisionado de la ONU la exigencia de acceso a la justicia, la verdad, la reparación del daño a víctimas de desplazamiento forzado, informó el Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón.

El Centro Morelos emitió un comunicado donde informó el resultado de la visita de Jiménez Damary, el pasado 6 y 7 de septiembre, con víctimas de desplazamiento forzado de distintos municipios de Guerrero.

En el informe preliminar de Jiménez Damary a la oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas en México para los Derechos Humanos informó sobre la necesidad que tienen las víctimas del acceso a la justicia, a la verdad, a la reparación del daño, garantias de no repetición, la restitución de los bienes, vivienda, tierras y enjuizamiento de los perpetradores.

Además de pedir al Senado de la República apruebe la Ley de Víctimas de Desplazamiento Forzado Interno.

Durante la visita a Guerrero, Jiménez Damary se reunió con alrededor de 60 familias de Chilapa, Zitlala, Leonardo Bravo y Heliodoro Castillo, municipios de los que salieron por la violencia desatada por los grupos del crimen organizado en connivencia con grupos económicos y políticos.

Jiménez Damary también dijo que los derechos de los desplazados están garantizados por la Ley Internacional Territorial para Pueblos Indígenas y la Ley General de Derechos Humanos.

«Ser niño o niña desplazada supone una doble vulnerabilidad, el rompimiento de las estructuras familiares y comunitarias las ponen en un mayor riesgo de sufrir diversas formas de explotación, abuso y abandono, me preocupa particularmente la ausencia de perpectiva intercultural de atención a mujeres Indígenas Desplazadas”, mencionó Jiménez Damary durante la entrega del informe preliminar.

De acuerdo con el Centro Morelos, Jiménez Damary llamó al Estado mexicano a plasmar en la Ley de Desplazamiento una clara distribución de competencias, de acuerdo con las diversas faces del desplazamiento, y mecanismos de coordinación entre los tres niveles de gobierno y organismos autónomos.

También que está ley plasme que las personas desplazadas y organizaciones de la sociedad civil sean consultadas.

También lamentó que el desplazamiento forzado Interno no esté tipificado como delito en los codigos penales.

Por su parte, el Centro Morelos dijo que la vista de la relatora de la ONU «renueva las esperanzas de las familias; unas por tener el reconocimiento como víctimas y finalmente que todas las familias puedan obtener la reubicación, la reparación del daño y acceso a la justicia».

El Centro Morelos lamentó que en el informe preliminar, Jiménez Damary, no mencionó el señalamiento que hicieron las víctimas a los agentes del estado que apoyaron a los grupos de «narcoparamilitares» para desplazarlos, ni tampoco mencionó la complicidad y corrupción de las autoridades, pero esperan que en el informe final si haga mención de ese contexto.

“Ya no podremos regresar a nuestros pueblos”, dicen desplazados de la Sierra durante visita de relatora de la ONU

Texto: Amapola Periodismo

Fotografía: Oscar Guerrero

Chichihualco 

 

Una mujer que en noviembre próximo cumple cuatro años en desplazamiento forzado dice que los líderes de un grupo del crimen organizado que la expulsaron de su comunidad, ubicada en la Sierra, lograron apoderarse de esa zona con el propósito de explotar la madera y no por la cosecha de la amapola porque según ella, la flor ya casi nadie la siembra.

“La amapola, que era lo que sostenía a mi pueblo, ya no lo vale; la goma (de opio) ya bajó de precio, asegura la mujer que por razones de seguridad su nombre se mantendrá confidencial.

Dice que la toma de sus pueblos por parte de esta agrupación fue por dos razones: tener bajo control esa zona y explotar la riqueza forestal.

Este miércoles, desde las once de la mañana, llegaron adultos y niños al Auditorio Municipal de esta localidad, cabecera del municipio de Leonardo Bravo.

Las familias desplazadas tuvieron una reunión con la relatora de la ONU sobre desplazamientos internos, Cecilia Jiménez-Damary, a quien le contaron su vida como desplazados.

Antes vivían en las comunidades de Izotepec, Los Morros, Polixtepec, Filo de Caballos, Campo de Aviación, Carrizal, del municipio de Leonardo Bravo, de la zona Centro.

También hay un grupo de desplazados de Tlatempanapa, municipio de Zitlala, de la región Montaña baja.

En entrevista, antes de la llegada de la relatora, la señora narró que en febrero del 2015 hombres armados irrumpieron en su comunidad y expulsaron a la mayoría de sus habitantes y en mayo de ese mismo año retornaron.

La situación en su pueblo se agravó. El 17 de octubre de ese mismo año, varios criminales mataron y quemaron a uno de sus sobrinos y a otro joven cuando subían su ganado en una camioneta, dijo la mujer.

«Pero el 18 de noviembre del 2018 estuvo bien feo porque hubo muchas balaceras y nos salimos todos, con niños y ancianos, unos caminando por los montes hasta llegar a Chichihualco”, refirió.

Mencionó que en esa ocasión de noviembre del 2018 un jefe de un grupo criminal apodado El Teniente fue el que encabezó la irrupción violenta contra los habitantes de las cinco comunidades de la Sierra.

El Teniente fue identificado por las autoridades como Juan Castillo Gómez, quien pertenecía al grupo del crimen organizado conocido como Los Tlacos, quien en 2019 rompió con esta organización y murió durante un enfrentamiento a balazos con miembros de la supuesta policía comunitaria de la Sierra.

Estas autodefensas fueron vinculadas con el grupo de Los Tlacos, según las autoridades de la Fiscalía General del estado (FGE).

En noviembre del 2018, 300 familias expulsadas de sus pueblos llegaron a Chichihualco, en donde, durante varios meses vivieron en el Auditorio Municipal en condiciones precarias.

Actualmente, 130 familias continúan en Chichihualco; viven en diferentes casas.

La gran mayoría de los desplazados se fueron a distintas ciudades de Estados Unidos donde viven con parientes que ya tienen allá su residencia legal.

Pero hay un grupo de desplazados de la Sierra que se fueron a diferentes estados del país.

La mujer denunció que el 23 de septiembre del 2020 su hermano regresó a su comunidad para verificar la versión de que todo estaba tranquilo y valorar si retornaban.

Mencionó que el viernes a mediodía del 25 de septiembre su hermano le envió un mensaje de su teléfono celular avisándole que ya regresaba a Chichihualco, pero nunca llegó.

Cuatro días después de la desaparición de su hermano ella y otras 20 mujeres se trasladaron a la comunidad para buscarlo.

“Teníamos mucho miedo pero aún así realizamos la búsqueda por varios pueblos, pero nunca encontramos a mi hermano, es más ni siquiera la camioneta que él utilizó para trasladarse. Todavía sigue desaparecido”, refirió.

La cita para la reunión con la relatora de la ONU estaba programada para las 12 horas, pero la gente desplazada de las cinco comunidades llegó desde una hora antes al Auditorio Municipal.

Niños acompañados de sus padres se sentaron en las graderías. En medio del auditorio había una mesa cubierta con un mantel blanco y sillas. Al fondo, otra mesa con varias ollas de peltre con mole verde y rojo, tamales y tortillas.

La comida fue para las familias, la relatora de la ONU y los demás invitados.

Un señor de alrededor de 50 años, que también es de una comunidad donde fue expulsado, dijo que las demandas que plantearían a la relatora eran para que obligara al gobierno federal a cumplir con el apoyo.

“Nosotros ya no podemos regresar a nuestros pueblos porque allá los delincuentes ya tienen ocupadas nuestras casas y huertas de aguacate pero queremos que el gobierno nos reubique en un lugar seguro”, dijo Maurilio, de la comunidad de Filo de Caballos.

La última protesta que hicieron las familias desplazadas fue a finales del 2021 frente a Palacio Nacional, en la Ciudad de México.

“Nos regresamos a Chichihualco el 24 de diciembre después de que se firmó una minuta de acuerdos que el gobierno federal; no han cumplido”, dijo el desplazado.

En uno de esos puntos de la minuta, el gobierno federal se comprometió a reubicar a estas familias en un lugar seguro para que no sufran ataques de la delincuencia.

“Aquí donde estamos podemos sufrir alguna agresión porque no tenemos medidas de seguridad”, refirió.

La gente dice estar de acuerdo en que su reubicación sea en Guerrero pero siempre y cuando les den medidas de seguridad.

En estos casi cuatro años fuera de sus pueblos ya murieron nueve desplazados.

Las familias se quejaron ante la relatora de la ONU de que el gobierno federal les retrasa el apoyo como es la despensa y el pago de la renta de la casa que habitan.

Una de las peticiones a la relatora es de que el gobierno cumpla con la aprobación de la Ley de Desplazamiento Forzado Interno que está en comisiones legislativas del Senado de la República.

Plantearon seis cosas que deben de cumplir las autoridades, salud, educación, seguridad, vivienda y trabajo.

A las 12 con 20 minutos llegó la relatora de la ONU y encabezó una reunión a puerta cerrada con las familias desplazadas.

Jiménez-Damary llegó acompañada por cuatro patrullas, tres de la Guardia Nacional y una de la Policía Estatal.

Con este encuentro, Jiménez-Damary concluyó una gira de dos días que realizó en Guerrero, donde escuchó las denuncias de más de 50 grupos de desplazados por la violencia de, al menos, 10 municipios en manos de distintas organizaciones del crimen organizado.

 

Desplazados por la violencia denuncian inacción del gobierno ante Relatora de la ONU

Texto: Jesús Guerrero

Fotografía: Óscar Guerrero

6 de septiembre del 2022

Chilpancingo

 

Familias desplazadas por la violencia de Guerrero se reunieron con la relatora de la ONU sobre desplazamiento forzado, Cecilia Jiménez Demary, a quien le expusieron sus condiciones precarias en las que viven y la inacción del gobierno.

«En Guerrero hay más de 20 mil personas desplazadas y es un flagelo que no ha sido atendido por las autoridades», dijo el director ejecutivo del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, durante el inicio de la reunión con Jiménez Demary.

Familias expulsadas de sus comunidades por grupos del crimen organizado de municipios como Leonardo Bravo, Coyuca de Catalán, Zitlala, Chilapa llegaron a la curia de la diócesis Chilpancingo-Chilapa.

Un grupo de padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala también participaron en la reunión.

Las familias le dieron el recibimiento a la relatora con una cadena de cempasúchil.

«Aquí hay personas desplazadas de la zona Norte, de la Tierra Caliente, de la Sierra y están esperanzadas de que su voz y su palabra llegue lejos para que el gobierno nos escuche», dijo Barrera Hernández al darle la bienvenida a la relatora de la ONU.

«Gracias, muchas gracias», les dijo la relatora a las personas que le colocaron en el cuello dos cadenas de cempasúchil.

Jiménez Dimary empezó una gira de dos días en Guerrero para reunirse con las familias desplazadas por la violencia y las autoridades estatales.

Este miércoles la relatora de la ONU estará en la localidad de Chichihualco, cabecera del municipio de Leonardo Bravo.

Aquí desde noviembre del 2018 viven familias de seis comunidades de la Sierra expulsadas por integrantes de una supuesta policía comunitaria que, según informes oficiales, tiene nexos con un grupo criminal conocido como Los Tlacos.

A la relatora la custodian varias patrullas de la Guardia Nacional.

Rechazan familias desplazadas ayuda de la gobernadora, la califican de dádivas

Texto: Jesús Guerrero

Fotografía: Oscar Guerrero

Ayutla

 

Más de 20 familias desplazadas por la violencia que desde hace una década viven en dos comunidades del municipio de Ayutla de los Libres y que han pedido tierras para sembrar, construir sus viviendas, y servicios de salud, educación y agua rechazaron las dádivas que les envió este jueves el gobierno de la morenista Evelyn Salgado Pineda.

Varios carros con tinacos, tablas de madera, láminas galvanizadas y bultos de cemento, los regresaron a Chilpancingo.

Desde hace una década, familias de la comunidad de La Laguna, del municipio de Coyuca de Catalán, se desplazaron a esta zona de la Costa Chica después de que un grupo armado asesinó a la líder ecologista Juventina Villa y a su hijo, de 10 años, Rey Santana, el 28 de noviembre del 2012.

En la comunidad de Tepango se instalaron unas familias y en La Unión, que hoy se llama La Libertad, otro grupo. En total, son 50 personas que viven en esta zona en condiciones precarias.

Las familias dijeron que desde hace diez años solicitan a las autoridades la compra de unos terrenos para sembrar y construir sus viviendas, acceso a la salud y educación.

“Nos están enviando 50 tablas de madera, 10 bultos de cemento y láminas galvanizadas que no alcanzan para construir una casa además en qué lugar las podemos hacer si no tenemos terreno” dijo uno de los desplazados que vive en Tepango.

“Aquí necesitamos construir cuando menos siete viviendas ¿pero a poco nos va alcanzar con 50 tablas de madera, varias láminas y diez bultos de cemento?” dijo esta persona.

Una funcionaria de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Derechos Humanos de la Secretaría General de Gobierno explicó a las familias desplazadas que el gobierno del estado les va a dar más apoyo y que eso solo es el comienzo de otras ayudas.

Uno de los desplazados le dijo a la enviada del gobierno que ellos tienen su propio pliego de demandas de nueve puntos que ya conoce la gobernadora Evelyn Salgado.

“Estamos hablando que nos den tierras para sembrar y construir nuestras viviendas, agua, educación para nuestros hijos, acceso a la salud, la libertad de dos presos políticos y la cancelación de órdenes de aprehensión que hay en contra de 16 de nosotros”, expresó el desplazado.

Desde hace cinco años, Ubaldo Santana Alonso y Gildardo Díaz, dos de los desplazados están presos en el penal de Ayutla de los Libres acusados por el delito de secuestro y homicidio en agravio de Homero Montúfar, padre del ex alcalde priísta de Coyuca de Catalán, Abel Montúfar Mendoza, asesinado a balazos por integrantes de un grupo criminal en mayo del 2018, cuando era candidato a diputado local.

Mariana Díaz, una de las desplazadas que vive en La Unión, afirmó que durante el 2011 y 2012 cuando todavía vivían en La Laguna, 27 habitantes de esta comunidad fueron asesinados.

Asegura que aunque están a cientos de kilómetros de su comunidad de La Laguna aún sufren persecución e, incluso, enfrentaron un ataque a balazos en el 2013.

En el 2014 entró en vigor la Ley 487 para el Desplazamiento Interno en Guerrero que establece darles el apoyo a las familias desplazadas.

Hoguer Morales Miranda, dirigente del Frente Nacional para la Liberación de los Pueblos (FNLP), quien da acompañamiento a las familias desplazadas de La Laguna, denunció que para el gobierno del estado la Ley 487 es letra muerta porque no la cumple.

Contó que hasta el momento el gobierno estatal morenista sigue sin darles el apoyo mensual de mil 700 pesos a cada una de estas familias y una despensa.

La anterior administración estatal a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo del Estado de Guerrero (Sagadegro) entregó recursos para un proyecto productivo a las familias a fondo perdido pero ahora las autoridades lo quieren cobrar con un monto de un millón y medio de pesos, dijo.

Durante la visita a los campamentos donde viven las víctimas de la violencia dijeron que ellos ya no quieren regresar a su comunidad porque se mantienen las condiciones de inseguridad y violencia por las que se salieron.

La Laguna, del municipio de Coyuca de Catalán, pertenece al ejido Guajes de Ayala.

“Nosotros allá teníamos todo, tierras para sembrar, nuestras vaquitas, mucha agua y sobre todo respirar la naturaleza”, dice uno de los desplazados.

Hace diez años estas familias dejaron todo en su comunidad, tierras, ganado y sus casas.

“Ya no podemos regresar y el gobierno lo sabe y a pesar de eso desde hace diez años nos niega el apoyo”, indica.

Este lunes en la residencia oficial de Casa Guerrero, la gobernadora Salgado Pineda dio el banderazo de salida para la entrega de apoyos prioritarios a personas desplazadas.

Durante el acto, Salgado dijo que el apoyo a estos grupos consiste en darles láminas galvanizadas, tablas, bultos de cemento, tinacos, mangueras, despensas y proyectos productivos con una inversión de 4 millones 311 mil 90 pesos.

En el evento se reconoció que en Guerrero hay 11 grupos de personas desplazadas, que representan 479 familias y un total de mil 723 personas de los municipios de Coyuca de Catalán, Zirándaro, Zitlala, Chilapa, Apaxtla, San Miguel Totolapan y Leonardo Bravo.

“A nosotros no nos invitaron a ese acto en el que estuvo la gobernadora aunque después me habló un funcionario que luego viene aquí a vernos y me dijo que nos iban a traer unas cositas”, afirmó la señora Mariana Díaz.

Los campamentos, uno llamado Tepango y el otro La Unión o Libertad, están casi a la orilla de la carretera federal Ayutla-Cruz Grande.

“Nosotros allá en la Sierra estábamos con mucho frío y aquí mucho calor pero tuvimos que acostumbrarnos para sobrevivir”, afirmó uno de los desplazados.

 

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Concluye Encuentro Nacional de Desplazados por la violencia y exigen atención del gobierno

Texto: Jose Miguel Sánchez

Fotografía: Oscar Guerrero 

Chilpancingo

En un encuentro que tuvieron durante dos días aquí en Chilpancingo desplazados por la violencia de cinco estados y de la Ciudad de México denunciaron la inacción del gobierno federal y de sus entidades para frenar la inseguridad y falta de atención a las víctimas.

Durante los dos días de esta reunión que se desarrolló en el parque de la iglesia El Sagrado Corazón ubicada al sur de Chilpancingo, estuvieron desplazados de los estados de Quintana Roo, Chihuahua, Michoacán, Chiapas, Guerrero y de la Ciudad de México.

Los desplazados dieron su testimonio de sus diversas etapas de sufrimiento que han vivido.

«Los gobiernos del PRI y PAN y ahora la Cuarta Transformación con Morena no han resuelto nuestra situación y nosotros seguimos viviendo igual, lejos de nuestros pueblos porque si regresamos nos matan», dijo uno de los desplazados de Chihuahua.

Este domingo en la tarde concluyó el encuentro con una plenaria en donde aprobaron el acuerdo de exigir al Senado de la República apruebe la Ley General de Desplazamiento Forzado que se encuentra en comisiones legislativas.

Otro de los acuerdos es de que todos los colectivos de desplazados se mantengan unidos y agrupar a otros más para que se unan a la lucha.

Una de las demandas es exigir al Estado una estabilidad material y psicológica para las mujeres, niñas y niños víctimas del desplazamiento forzado.

La Coordinación pretende a través de los diversos colectivos que lo conforman obtener datos de la problemática a nivel nacional para estadísticamente conocer la magnitud del problema y visualizar el desplazamiento forzado a través de marchas para que el Estado deje de criminalizarlos, señala el acuerdo de la plenaria.

Los asistentes acordaron realizar, en seis meses, una convención nacional para trabajar la Ley General de Desplazamiento Forzado desde la perspectiva de las víctimas.

“La ley que se estamos impulsando y que está atorada en el Senado contemplado todo, justicia social y jurídica para las víctimas de desplazamiento forzado que muchas veces son ignoradas por las autoridades”, comentó Teodomira Rosales Sierra, directora general del Centro Morelos en una entrevista que le hizo AMAPOLA periodismo transgresor

Detalló que los puntos más importantes de la ley son garantizar un apoyo económico a las víctimas, acceso a los programas sociales estén donde estén, garantizar un retorno seguro a sus hogares, o en caso una reubicación digna y tipificar en el Código Penal Federal el delito de desplazamiento interno forzado.

En Guerrero existe una ley que contempla a las víctimas de desplazamiento forzado, pero sin un marco jurídico nacional que lo sustente legalmente en base a una legislación federal.

El centro Morelos da acompañamiento a 469 personas que huyeron de sus hogares por la violencia generada por grupos del crimen organizado.

De esas 469 personas que esta organización da acompañamiento, 304 son del municipio de Leonardo Bravo, 115 de Heliodoro Castillo y Zitlala, otros 16 del municipio de Petatlán.

Además de 25 de Quetzalcoatlán, del municipio de Zitlala, señala el Centro Morelos.

Actualmente solo 80 son reconocidos por el gobierno como desplazados porque han interpuesto la denuncia ante las instancias correspondientes.

Rosales Sierra dijo que la ley que está en el Senado no es aprobada porque la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) no tiene intenciones de destinar el recurso económico para la ley.

La Coordinación Nacional de Víctimas de Desplazamiento Interno Forzado que aglutina a colectivos de estados del país y de la Ciudad de México fue fundada en diciembre del 2021.

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Piden desplazados por la violencia una ley para que tenga justicia y verdad

Texto: Jesús Guerrero

Fotografía: Oscar Guerrero

14 de mayo del 2022

Chilpancingo

 

Personas desplazadas por la violencia de Guerrero, Chihuahua y Quintana Roo realizaron un encuentro en Chilpancingo en donde se pronunciaron porque el Senado de la República apruebe la Ley General de Desplazamiento Forzado.

Las víctimas que fueron acompañados por organizaciones sociales y de derechos humanos se concentraron en el jardín de la iglesia Sagrado Corazón que está ubicada al sur de esta capital.

Durante la presentación de cada uno de ellos contó su historia de como fueron obligados a salirse de sus pueblos por las amenazas de las organizaciones criminales. 

Un vecino de la comunidad de Los Morros, del municipio de Leonardo Bravo que desde hace casi cuatro años junto con su familia fue expulsado por un grupo armado, dice que en el 2021 su mamá falleció y no pudo ir a su pueblo para sepultarla y rezarle los 9 días como es la costumbre en Guerrero.

«Llevamos casi cuatro años viviendo en Chichihualco (cabecera del municipio de Leonardo Bravo) y como ya no vamos a regresar a nuestras comunidades que el gobierno nos reubique un lugar donde vivir pero hasta el momento no lo ha hecho», señaló.

En este encuentro que va a durar dos días, hay familias desplazadas de las comunidades de Filo de Caballos, La Escalera e Izotepec, del municipio de Leonardo Bravo.

El noviembre del 2018, unos tres mil civiles armados que se identificaron como policías comunitarios expulsaron a tres mil personas de 9 comunidades del municipio de Leonardo Bravo.

Apenas el pasado 8 de mayo, este grupo de civiles que desplazó a estas tres mil personas desfiló por las calles de la localidad de Tlacotepec mostrando su armamento.

«El gobierno no hace nada por nosotros, ni el PRI, el PAN ni tampoco hoy Morena», señaló un desplazado de Los Morros.

Teodomira Rosales Sierra, directora del Centro Morelos, señaló que este el segundo encuentro nacional de víctimas y de organizaciones defensoras de desplazamiento forzado en México.

Dijo que este tipo de actividades es para impulsar la Ley General de Desplazamiento Forzado que está atorada en el Senado de la República.

«Esta Ley es para que las víctimas tengan acceso a la verdad y justicia y no repetición así como puedan acceder a las ayudas humanitarias de manera inmediata», señaló.

Señaló que esta ley que está en las comisiones en el Senado fue consensada por las víctimas en el 2020.

Indicó que en dicha Ley, se contempla que a las familias desplazadas se les otorgue una reubicación en caso de que no puedan retornar a sus comunidades.

«Que tengan reubicación, educación y alimentación segura», expreso.

Mencionó que aquí en Guerrero existe la Ley Estatal de Desplazamiento Forzado Interno pero que está no se cumple en nada.

«Hay miles de personas desplazadas por la violencia en Guerrero y el gobierno las tiene abandonadas e incluso las revictimiza», señaló Rosales Sierra.

 

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Gobierno de Evelyn Salgado ofrece 400,000 pesos a desplazadas en vez de retorno a sus pueblos

Texto: Amapola Periodismo

Fotografía: Arturo de Dios y Oscar Guerrero

28 de abril del 2022

Chilpancingo

 

El gobierno de la morenista Evelyn Salgado Pineda reconoció que no puede garantizar a los desplazados por la violencia el retorno a sus pueblos y por eso les ofrece 400,000 pesos a cada una de estas familias para que lo utilicen en la construcción de una vivienda.

El pasado 20 de abril acudió al municipio de Ayutla de los Libres, en representación de la Dirección de Derechos Humanos de la Secretaría General de Gobierno, Carlos Alberto García para hacerles este ofrecimiento económico a las familias desplazadas de la comunidad de La Laguna, del municipio de Coyuca de Catalán.   

Desde el 2011 estas familias desplazadas viven en las localidades de Tepango y La Unión, ubicadas cerca de la cabecera del municipio de Ayutla de los Libres, Costa Chica de Guerrero.

«Con este ofrecimiento que hace la gobernadora Evelyn Salgado quiere finiquitar el asunto de los desplazados y se pierde el compromiso de regresarlos otra vez a su lugar de origen», dijo Hoger Morales Miranda, dirigente del Frente Nacional para la Liberación de los Pueblos (FNLP); junto a varias mujeres desplazadas dio a conocer esta situación.

El activista y los desplazados ofrecieron una rueda de prensa en las instalaciones de la delegación 17 del Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa (SNRP) este miércoles a mediodía.

Después que el funcionario estatal les planteó esta propuesta las familias desplazadas se reunieron en una asamblea en la que acordaron recibir los 400,000 pesos con la condición de que el gobierno deje en libertad a sus compañeros Gildardo Díaz Pérez y Ubaldo Santana Alonso, quienes están presos en el penal de Ayutla desde el 2018, acusados de los delitos secuestro y homicidio.

La versión de los familiares de los dos encarcelados es de que son inocentes y el gobierno les fabricó los delitos.

Morales Miranda quien asesora a las familias desplazadas comentó que el gobierno sigue sin cumplir la Ley 487 que es para prevenir y atender el desplazamiento interno.

«Uno de esos beneficios que dice esa Ley es garantizar el regreso de los desplazados pero el mismo gobierno dice que no hay condiciones», expuso el activista.

Las familias viven en estos dos pueblos del municipio de Ayutla en unos terrenos que les prestó la comunidad se salieron de La Laguna en noviembre del 2011 después del asesinato de la dirigente ecologista Juventina Villa y su hijo Reynaldo Santana.

«La gente desplazada que vive en Tepango y en La Unión que ahora se llama la Libertad, no tiene terreno propio, agua, drenaje, centro de salud y a los niño no se las garantiza el derecho a la educación», dijo Morales Miranda.

Desde hace 11 años el gobierno estatal les prometió a las familias que en su nuevo lugar de residencia (en Ayutla) tendrían tierras para vivir y tierras para sembrar.

«Pero nada se ha cumplido, la gente sigue viviendo igual», expresó el activista.

La hermana del preso Gildardo Díaz Pérez comentó que ellos anteponen los 400,000 pesos que les ofrece el gobierno para su vivienda por su libertad y la de suegro Ubaldo Santana Alonso.

Dijo que no existe ninguna prueba de que ambos hayan cometido algún delito.

Además están pidiendo que el gobierno deje sin efecto las órdenes de aprehensión que existe contra 16 desplazados.

«Nosotros no queremos regresar a nuestro pueblo porque no existen las condiciones y lo que queremos es de que nos ayuden aquí donde estamos», mencionó Catalina Díaz Salgado.

Recordó que cuando ella y sus padres se salieron de su comunidad de La Laguna ella tenía 10 años de edad y que se percató de que muchos de sus familiares fueron asesinados. A pesar de la tragedia que vivió de niña nunca recibió ayuda psicológica de parte del gobierno.

En marzo de este año, familias desplazadas que desde el 2019 vivián en Vallecitos de Zaragoza, acompañados por el Ejército y la Guardia Nacional, regresaron a su comunidad de Zihuaquio, del municipio de Coyuca de Catalán, en la región de Tierra Caliente. Pero ocho días después nuevamente se salieron de su pueblo porque integrantes de una organización delictiva los amenazó de muerte.

Hasta el momento, las familias viven en Vallecitos de Zaragoza, municipio de José Azueta, sin que el gobierno de Salgado Pineda les garantice el retorno a su pueblo.

Teodomira Rosales Sierra, presidenta del Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, aseguró que desde hace menos de una década, 20,000 personas fueron desplazadas por la violencia en decenas de comunidades de las regiones de Guerrero, donde las autoridades de los tres niveles de gobierno siguen sin frenar la violencia.

Para la activista los gobiernos locales son incapaces de detener a las bandas de la delincuencia, porque, dijo, es evidente que están coludidas.

Agregó que la situación de violencia que vive en Guerrero atrae la mirada de gobiernos de países del primer mundo, porque ven esta situación como un signo de preocupación.

Este miércoles, la activista tuvo una reunión con el director de la política exterior de la embajada de la Gran Bretaña en México, Bhavik Shah, quien después en entrevista con los reporteros, reconoció que es preocupante la violencia en Guerrero en donde recibió informes de personas desaparecidas y desplazamientos de manera forzada.

El funcionario de la embajada británica realizó un recorrido de tres días en los municipios de Acapulco y Chilpancingo, dijo Rosales Sierra.

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Familias de Zihuaquio huyen otra vez por amenazas de grupo delictivo

Hace 12 días, las familias que fueron resguardadas por agentes de la Guardia Nacional, Policía Estatal y Ejército Mexicano se regresaron a Zihuaquio de donde en enero del 2020 salieron por amenazas que recibieron por parte de un grupo delictivo que les quemó sus casas y los quería obligar a que se unieran a sus actividades delictivas.


Texto: Amapola Periodismo

Fotografía: Oficial

30 de agosto del 2022

Chilpancingo

Familias de la comunidad de Zihuaquio del municipio de Coyuca de Catalán nuevamente huyeron después de haber recibido amenazas de muerte por integrantes de un grupo delictivo.

La gobernadora Evelyn Salgado Pineda confirmó que el grupo de personas de esta localidad ubicada en la Sierra nuevamente se desplazó hace cuatro días hacia Vallecitos de Zaragoza que era donde desde hace más de dos años estaba refugiados.

Vallecitos de Zaragoza, pertenece al municipio de José Azueta donde también operan varios grupos de la delincuencia.

La mandataria estatal afirmó que su gobierno dará todo su apoyo a las personas que se salieron de Zihuaquio.

«En todo momento estamos dispuestos a apoyarles en todo lo necesario, con seguridad, vamos a redoblar esfuerzos en coordinación con La Marina, Guardia Nacional, Policía Estatal y el Ejército», dijo Salgado Pineda quien fue entrevistada después de haber encabezado un acto oficial en la explanada de la plaza Primer Congreso de Anáhuac de Chilpancingo.

Hace 12 días, las familias que fueron resguardadas por agentes de la Guardia Nacional, Policía Estatal y Ejército Mexicano se regresaron a Zihuaquio de donde en enero del 2020 salieron por amenazas que recibieron por parte de un grupo delictivo que les quemó sus casas y los quería obligar a que se unieran a sus actividades delictivas.

Según las versiones de las familias ese día que llegaron a su pueblo y a otras demarcaciones aledañas los pistoleros incendiaron 60 casas y 60 fábricas de mezcal artesanal.

Las familias que habían regresado a su pueblo tenían la esperanza de volver a la normalidad sembrando sus tierras y reactivar sus viñatas de mezcal.

El mezcal artesanal que se elabora en esta comunidad de la Sierra tiene la fama de ser uno de los mejores de todo Guerrero.

La activista Teodomira Rosales Sierra, dijo que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y aquí en Guerrero, el de Evelyn Salgado Pineda, no tienen una estrategia para garantizarles el regreso a sus comunidades de miles de desplazados por la violencia.

Rosales Sierra quien es presidenta del Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, afirmó que el anterior gobierno del priísta Héctor Astudillo y el de ahora Evelyn Salgado Pineda no han podido frenar a las organizaciones criminales que operan en distintas zonas de Guerrero.

«Estos grupos delictivos que se asientan en las comunidades expulsan a las familias porque rechazan unírseles», añadió.

La activista da acompañamiento y asesoría a familias desplazadas de los municipios de Leonardo Bravo, Zitlala, Chilapa, Coyuca de Catalán y Acapulco.

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Familias de la Sierra desplazadas por la violencia regresan a su comunidad

Tras una serie de denuncias que las familias desplazadas hicieron por la inacción del anterior gobierno del priísta Héctor Astudillo y el de la actual gobernadora Evelyn Salgado Pineda, este sábado fuerzas de seguridad federal y estatal acudieron para darles garantías de su regreso.


Texto: Amapola Periodismo

Fotografía: Oficial

20 de marzo del 2022

Chilpancingo

 

Después de dos años de haberse desplazado por amenazas que sufrieron por parte de un grupo delictivo,  familias regresaron este fin de semana a su comunidad de Zihuaquio, del municipio de Coyuca de Catalán.

En un comunicado del Gobierno estatal informa que  68 personas que regresaron a este pueblo ubicado entre las regiones de la Costa Grande y Tierra Caliente recibieron el acompañamiento del Ejército Mexicano, Guardia Nacional y Policía Estatal.

El grupo de desplazados estaban en calidad de refugiados en la comunidad de Vallecitos de Zaragoza, en el municipio de José Azueta a tres horas de distancia de su pueblo.

La mayoría de los pobladores que estaban desplazados se dedican a elaborar de manera artesanal uno de los mejores mezcales de Guerrero.

En enero del 2020, las familias de Zihuaquio se salieron de su pueblo por las amenazas que sufrieron por parte de integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Según las versiones de las familias, ese día que llegaron a su pueblo y a otras demarcaciones aledañas los pistoleros del CJNG, incendiaron 60 casas y 60 fábricas de mezcal artesanal.

La agresión que sufrieron los pobladores es porque se negaron a colaborar con esta organización de la delincuencia organizada que tiene bajo su control poblados de el municipio de Zirándaro y de demarcaciones vecinas del estado de Michoacán.

Pese a que durante estos dos años que las familias de Zihuaquio y otros pueblos aledaños estaban en otro sitio eran amenazados de muerte.

Tras una serie de denuncias que las familias desplazadas hicieron por la inacción del anterior gobierno del priísta Héctor Astudillo y el de la actual gobernadora Evelyn Salgado Pineda, este sábado fuerzas de seguridad federal y estatal acudieron para darles garantías de su regreso.

Sin embargo, los pobladores esperan que los militares, Guardia Nacional y Policía Estatal permanezcan en la zona para impedir que los pistoleros del CJNG regresen y ahora sí cumplan con sus amenazas de hacerles daño.

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Reportero de Zihuatanejo recibe amenaza de muerte, después de regresar de su refugio dentro del Mecanismo de Protección a Periodistas

Texto: Amapola Periodismo

Fotografía: Amílcar Juárez 

9 de febrero del 2022

Chilpancingo

 

En 2019, el reportero Leonardo Martínez Peralta huyó de Zihuatanejo después de que rafaguearon las oficinas de los periódicos El Despertar de la Costa y el ABC, en este último, lugar donde trabajaba, tres años después regresó porque según el Mecanismo de Protección a Periodistas y Defensores de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob) su riesgo disminuyó. El pasado cuatro de febrero lo amenazaron de muerte.

El reportero recordó que en febrero del 2019 cubrió una nota del hallazgo de unos cadáveres, pero en el ABC llegaron amenazas de dos grupos criminales contrarios, uno pidiendo que se publicara la nota y otro que no. Se publicó. Al siguiente día rafaguearon las instalaciones del periódico y de El Despertar de la Costa.

Leonardo Martínez salió de inmediato de Zihuatanejo hacia la Ciudad de México junto con otros de sus compañeros, con apoyo del mecanismo de protección.

En agosto pasado, cuando estaba a punto de terminar la medida cautelar impuesta por el mecanismo, el analista Alfonso de la Peña le llamó para informarle de la evaluación que le habían hecho, el resultado: tenía que regresar a Zihuatanejo porque “ya no corría riesgo” y “con cierta precaución”.

Lo único que le aportaron en el mecanismo a su regreso fue: un botón de pánico- que en diversas ocasiones han denunciado reporteros que no sirve porque no se atiende el llamado cuando lo piden-, a su casa le colocaron una reja con alambre de púas y doble chapa. En agosto pasado regresó a Zihuatanejo.

El regreso del reportero no fue fácil. Lo primero que hizo fue buscar trabajo. Encontró negativas, así como le pasó en Ciudad de México, que al enterarse que era desplazado le negaban trabajos. No le quedó de otra que ir a El Despertar de la Costa a pedir que le permitieran ser colaborador, sin pago, para no perder sus derechos en el Fondo de Apoyo a Periodistas.

En el periódico no mandaría nada que tuviera que ver con grupos criminales, y hace unos días mandó su primera nota sobre los Bancos del Bienestar que están sin funcionar en Petatlán, Zihuatanejo y en La Unión.

El pasado 4 de febrero reporteó sobre la contaminación del agua y acudió a dependencias como Ecología municipal, a la Comisión de Protección contra Riesgos Sanitarios (Copriseg) y al Centro de Salud, para saber sobre los riesgos en torno a la problemática. Le tomaron sus datos.

Luego fue al arroyo de la colonia El Calechoso, tenía una entrevista con pobladores.

“Llegué al lugar y me atendieron. Y en eso veo que pasa un tipo en una moto. Hasta ese día me di cuenta que ya llevaba días siguiéndome. Ya tenía tres días que me estaba siguiendo”, relató.

Al regresar, debajo de un árbol, estaba un hombre de unos 25 años, lo notó sospechoso porque se le quedaba viendo, cuando se lo topó paró al reportero y lo insultó.

“Mira hijo de tu puta madre, ya sabemos que ya regresaste, vimos tu nombre en el periódico”, le dijo el hombre al reportero, para finalizar con un manotazo en el pecho y el arrebato del botón de pánico que traía colgado en el cuello.

Al subir a su vehículo, el reportero, dijo, que marcó al 911 para reportar lo sucedido y llegaron seis patrullas para hacer un retén. Los policías le dijeron que denunciara por la amenaza de muerte que vivió. Aceptó.

La amenaza y el robo también lo notificó al mecanismo de protección, y envió correos al coordinador ejecutivo nacional, Enrique Irazoque Palazuelos, al jefe de la Unidad de Evaluación de Riesgos, Alfonso de la Rosa López, y a su primer contacto Columba Pérez Pacheco. Además le notificó a la empresa RCU, quien le dotó del botón de pánico y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Cuando a Leonardo Martínez le notificaron que debía regresar a Zihuatanejo porque el riesgo había disminuido tuvo la certeza que conforme empezara a escribir las amenazas regresarían, y así fue.

Antes de huir en 2019, las amenazas que recibió, dijo, eran de muerte y sabía que venían de grupos criminales, por ejemplo, una vez le dijeron que lo iban a matar, a cortar la cabeza y le iban a dejar cartulinas.

“Uno de los acuerdo con el mecanismo fue que iban hacer rondines en las cercanías de mi domicilio, en todo este tiempo sólo una vez han venido. Vinieron el 2 de noviembre del 2021, sólo me hicieron firmar un formato de que habían venido”, lamentó el reportero.

La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) también le hizo una promesa, que le ayudarían a buscar empleo, tampoco cumplió. Además tiene la duda de si pronto le quitarán el apoyo de 4,000 pesos al mes que le da comisión ejecutiva.

“A veces siento que no me van a dar trabajo, eso me pone triste, me deprime. Acá siento que los compañeros se alejan de mí por el riesgo. La verdad si estoy pensando que si no encuentro trabajo en algún medio pues irme a la iniciativa privada, porque es difícil trabajar de gratis para los periódicos”, expresó el reportero.

Aunque la amenaza de muerte está latente Leonardo Martínez decidió hacer pública su situación, porque además el mecanismo de protección no está haciendo su trabajo pese al riesgo que vive, y no quiere ser un muerto más en la lista.

De acuerdo al organismo internacional Artículo 19, del 2000 al 2022 registró el asesinato de 48 periodistas en el país. Durante enero asesinaron a cuatro periodistas y durante el sexenio del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, han asesinado a 29 periodistas.

El pasado 3 de enero, el colaborador del medio digital Monitor Michoacán, fue asesinado a balazos, en Zitácuaro, municipio de Michoacán, por hombres desconocidos.

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