En siete años suman 25,000 personas desplazadas en Guerrero por la violencia

Texto: José Miguel Sánchez
Fotografía: Arturo de Dios /Archivo
6 de febrero del 2023
Chilpancingo

 

De 2016 hasta el cierre del año pasado, 25,000 personas son víctimas de desplazamiento forzado a causa de la violencia, así lo informó el Centro de Defensa de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos).

A través de un comunicado expuso que en Guerrero las víctimas de desplazamiento forzado interno podrían llegar a las 30,000 este año “si las autoridades no frenan la situación de violencia que se vive en las regiones del Centro, Tierra Caliente, Sierra y Costa Grande”.

Además que el Centro Morelos acusa al gobierno estatal de minimizar la violencia que hay en la entidad.

También realizó un recuento de hechos violentos de los últimos meses, donde incluyó “la masacre de 22 personas en San Miguel Totolapan”, el ataque armado del pasado 2 de febrero, donde un grupo de pobladores y policías estatales se enfrentaron a balazos en El Parotal, municipio de Petatlán, hecho que dejó el saldo de cinco muertos.

“Con estos hechos violentos no hay paz ni tranquilidad y es la consecuencia de una guerra por el control del territorio, lo que ha provocado que decenas de familias sean desplazadas de sus lugares de origen”.

En el documento explican a la gobenadora Evelyn Salgado Pineda que de 2016 al 2021 hubo 22,840 personas desplazadas, además de los 2,500 que documentaron sólo en 2022.

El Centro Morelos estima que a la fecha ya suman 25,000 personas desplazadas víctimas de violencias previas.

El Centro Morelos también llamó a las autoridades a actualizar y reglamentar la Ley 487 para Atender y Prevenir El Desplazamiento Forzado Interno y que el Senado de la República ratifique la Ley General para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno.

Plantearon que los tres niveles de gobierno atienda este problema para que las personas desplazadas sean reubicados o regresen a sus comunidades, y les garanticen una reparación del daño con “una estrategia de paz y seguridad que en realidad aporte resultados”.


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Familias de Tecpan se desplazan por temor después de ataque armado

Texto: Amapola Periodismo

Fotografía: Oficial / Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero

Chilpancingo

 

Debido a los hechos de violencia ocurridos en varias comunidades de la Sierra, familias de la comunidad de Santa Rosa de Lima, municipio de Tecpan de Galeana, decidieron desplazarse para evitar nuevas agresiones.

Una mujer que pidió que se omitiera su nombre dijo que hombres armados atacaron a balazos sus casas el lunes pasado, pero que afortunadamente no hubo personas lesionadas.

Contó que ella y otras mujeres de la colonia Linda Vista de Santa Rosa veían cuando llegaban al pueblo un grupo de vecinas que fueron a sepultar a un familiar asesinado en el enfrentamiento a balazos en la comunidad de El Parotal, municipio de Petatlán, el pasado sábado 28 de enero, del cual se informó en este medio.

En ese momento, hombres armados que se escondían en los cerros empezaron a disparar hacia sus viviendas. Dijo que el tiroteo duró aproximadamente una hora y media y cesó hasta que llegó el Ejército y la Guardia Nacional.

Santa Rosa Lima, del municipio de Tecpan de Galeana, es resguardado por fuerzas de seguridad después balaceras.

Dijo que durante el ataque se quedaron sin señal de teléfono de celular pero algunas de ellas pidieron comunicarse para solicitar auxilio.

La mujer aseguró que las balas atravesaron los muros de varias casas.

Recordó que en diciembre del 2022, luego de que un grupo criminal, al parecer de la Tierra Caliente, asesinó a tiros a seis personas en la comunidad de El Durazno, municipio de Coyuca de Catalán, los delincuentes asentados en el territorio de la Costa Grande, es decir, otro grupo criminal, les pidió su apoyo, pero como se negaron, los atacaron a balazos este lunes pasado.

Es decir, la versión de la señora es que en Satanases Rosa les agredieron delincuentes asentados en la Costa Grande. Esta región colinda en la Sierra con la Terra Caliente de Guerrero.

Otra versión que contó otro grupo de vecinos de Santa Rosa de Lima es que en el enfrentamiento del lunes fue entre miembros de la Familia Michoacana y pobladores del pueblo.

Además de que muchas de las personas que viven en la colonia de Linda Vista son familiares de uno de los tres individuos que pertenecen a la Familia Michoacana, grupo que está del lado de Tierra Caliente, y que murieron en el enfrentamiento a tiros entre policías estatales y pobladores de El Parotal, el pasado sábado 28 de enero. Los tres individuos subieron con los mismos policías vestidos con uniformes de agentes.

Después de la balacera del lunes, en Santa Rosa de Lima, el gobierno instaló una base de operaciones mixtas con fuerzas de seguridad federal y estatal.

Sin embargo, comisarios de comunidades de los municipios de Tecpan, Ajuchitlán del Progreso, Petatlán y Coyuca de Catalán exigen que instalen otras dos bases iguales en la región de la Sierra, como lo prometió la gobernadora Evelyn Salgado Pineda.

Propone que estos filtros de seguridad estén en Las Mesas, municipio Coyuca de Catalán (Tierra Caliente) y en el crucero de San Antonio Texas, municipio de Petatlán (Costa Grande).

Ayer martes, después de tres días de balaceras en esa zona de la Sierra, comisarios municipales y comisariados ejidales de localidades de los municipios de Coyuca de Catalán, Tecpan, Petatlán y Ajuchitlán del Progreso se reunieron en Santa Rosa de Lima para denunciar el acoso y hostigamiento que sufren por parte de integrantes de la Familia Michoacana.

«No nos vamos a quedar con los brazos cruzados y si ellos (los de la FM) nos atacan nosotros vamos a responder, porque también estamos armados, aunque sea con rifles de calibre 22», dijo uno de los comisarios que pidió omitir su nombre.

En la reunión participaron la comisaría Azucena Rosas de El Durazno, del municipio de Coyuca de Catalán; Guillermo Salas, comisario de Santa Rosa de Lima, municipio de Tecpan; Pablo Mejía, autoridad municipal de La Calera, municipio de Petatlán, entre otros.

 

En medio de una depresión fallece Antonio, un desplazado por violencia de la Sierra

Texto: José Miguel Sánchez 

Fotografía: Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón

22 de enero del 2023

 

Antonio Trujillo Benito falleció el 21 de enero y nunca pudo regresar a su casa, Campo de aviación, un pueblo de la Sierra de Leonardo Bravo, de donde salió hace cuatro años de manera forzado.

La depresión de Antonio, que se desprende desde su desplazamiento forzado, lo condujo al alcohol y este a su muerte, informó Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón

El 11 de noviembre de 2018 un grupo de civiles armados “habrían invadido a comunidades de Filo de Caballos en El Ranchito, Puentecillas, Carrizal, Mirabal y Campo de Aviación donde habrían disparado contra la población civil”, se lee en una recuento de los hechos realizado por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Violencia (CEAV) que da cuenta de la razón por la que salió desplazado Antonio.

Derivado de esa agresión, en total, unos 2,000 pobladores de dichas comunidades salieron en calidad de desplazados ese mismo día y se refugiaron en el auditorio municipal de Chichihualco, cabecera municipal de Leonardo Bravo.

“Duele mucho la partida de nuestro querido compañero Antonio Trujillo Benítez, pero más me duele que se fue con la esperanza de algún día volver a su pueblo natal”, se lee en el comunicado del Centro Morelos, organización que acompaña personas desplazadas.

En el contenido del comunicado se entiende que derivado de estar fuera de su hogar y con toda su familia, Antonio se refugió en el alcohol, porque pensó que así “encontraría la solución a su tristeza y coraje en contra de un gobierno insensible al cual no le importamos”.

En marzo de 2019, durante un plantón fuera de Palacio Nacional, en la Ciudad de México, para exigir al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, solucionar el tema de las personas desplazadas, Francisco, otra persona desplazada tuvo un infarto y fue Antonio, quien con “desesperación fue capaz de darle respiración de boca a boca, tratando de salvarlo, pero finalmente se nos adelantó y ahora él (Antonio)”.

“Finalmente la depresión lo venció, pues es dura y sabemos que por esa causa podemos en cualquier momento perder la vida, por tanta tristeza provocada por haber tenido que dejar todo desde el 2018 para salvar la vida, el no poder regresar a su tierra, la falta de justicia, reubicación y reparación del daño”.

El 17 de noviembre de 2018, seis después de que Antonio huyó de su hogar, los desplazados intentaron retornar en una caravana acompañados de militares, policías, activistas, periodistas y personal de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), pero fueron atacados entre Los Morros y Campo de Aviación, dos comunidades de la Sierra.

Por el ataque, los pobladores decidieron no seguir hacia sus hogares y se regresaron a Chichihualco, donde muchos permanecen, otros migraron a Cuernavaca, Morelos y Ciudad de México, pero esperan el apoyo federal para un retorno seguro.

“Seguiremos luchando para que sus hermanos e hijos alcancen la reubicación y un trato digno, exigiendo justicia para las víctimas que se quedan”, precisó en el texto Centro Morelos.

También exigió a los tres niveles de gobierno cumplir con su promesa de pronta reubicación y reparación del daño para todas las familias víctimas de desplazamiento interno forzado.

“Que ningún/a compañera/o más mueran sin tener un lugar y un techo seguro donde vivir. Hasta siempre compañero Toño, abrazos hasta al cielo”.

En la imagen, Antonio Trujillo Benito en su posición de víctima de desplazamiento forzado durante una manifestación en la Ciudad de México en apoyo a los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. Foto: Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón.

 

Familias de El Durazno huyen después de la masacre

Texto: Jesús Guerrero

Fotografía: Especial 

Chilpancingo

 

A seis días de que un grupo armado asesinó a balazos a siete personas en El Durazno, municipio de Coyuca de Catalán, al menos 50 personas de esta comunidad se desplazaron a otros lugares de Guerrero por razones de seguridad.

El éxodo de las familias de esta localidad ocurrió en las últimas 24 horas aunque desde el pasado domingo se puso en marcha una operación con fuerzas de seguridad federal y estatal para resguardar a los habitantes y detener a los responsables.

“Dejaron todo, sus casas, sus parcelas”, dijo la comisaria de El Durazno, Azucena Rosas García.

Después que ocurrió la masacre de seis adultos y un menor de 11 años, los habitantes de este pueblo enclavado en la Sierra recibieron la visita de diversos funcionarios y mandos de corporaciones de seguridad.

Desde este domingo 11 de diciembre, luego de que transcurrieron más de 24 horas de la matanza, llegó el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Evelio Méndez Gómez, con un contingente de marinos, Guardia Nacional, Ejército y Policía estatal.

Además, el lunes 12, la fiscal general del Estado, Sandra Luz Valdovinos Salmerón, visitó a los pobladores y les prometió que se hará justicia en el caso de los siete asesinatos y llevó a un agente del Ministerio Público del Fuero Común para que los familiares de las víctimas interpusieran sus denuncias.

“Aquí siguen los soldados, los policías estatales y Guardia Nacional pero solo andan recorriendo las calles del pueblo y no van al monte a detener a los delincuentes que ahí andan escondidos listos para entrar y solo esperan que se vayan las fuerzas de seguridad”, dijo la comisaria.

El Durazno es una localidad en donde el único sustento de las familias es la agricultura con la siembra de maíz, frijol, calabaza y chile, pero además tienen huertas de aguacate.

“La gente tiene que ir a sus parcelas para sembrar y sigue en sus casas porque no tienen ninguna garantía de regresar con vida”, indicó.

Otro problema que enfrentan los habitantes de El Durazno es de que los proveedores de diversos productos no acuden a la localidad para surtir a las tiendas y no lo harán mientras no haya garantías de seguridad.

De seguir esta situación, lo más seguro es de que los niños de la escuela primaria y preescolar no regresen a clases en enero luego de sus vacaciones de fin de año.

“La escuela primaria (Ignacio Zaragoza) en donde el grupo armado citó a la gente para asesinarla está baleada y tiene que ser remozada”, dijo la comisaria.

Este jueves los pobladores recibieron la visita de una funcionaria del DIF estatal que envió la presidenta de este organismo, Liz Salgado Pineda, hermana de la gobernadora Evelyn Salgado.

La enviada de Salgado Pineda entregó 200 despensas.

“Esas despensas alcanzan para dos o tres días, es una burla que nos hace el gobierno; lo que queremos es de que se nos haga justicia y que los delincuentes que andan escondidos cerca del pueblo los detengan”.

Mencionó que la funcionaria del DIF estatal llegó acompañada por el director de Derechos Humanos de la Secretaría General de Gobierno, Miguel Flores Morales.

“Nosotros pensábamos que el de derechos humanos se quedaría aquí en el pueblo para recabar nuestras denuncias pero se fue rápido con la funcionaria del DIF, pues se ve que les dio mucho miedo estar aquí”, dijo la comisaria.

Uno de los programas sociales que puso en marcha el gobierno federal desde el 2018 fue Sembrando Vida, pero aquí en El Durazno todavía ningún campesino ha sido beneficiado.

En el 2019, cien campesinos se inscribieron en este programa pero sus nadie salió en las listas de beneficiarios.

“El gobierno federal no nos ha apoyado en nada, es más ni siquiera con becas para los niños que van a la escuela”.

A la gente, aseguró, no le importa mucho que hayan sido excluidos en los programas sociales del gobierno de Andrés Manuel López Obrador porque les interesa más tener tranquilidad.

Rosas García reconoció que tiene miedo de que la pase a ella y a su familia por las denuncias que ha hecho de manera pública por la situación de inseguridad que existe en su pueblo.

“La verdad temo que me maten porque esa gente mala ya me tiene ubicada pero a pesar de eso yo seguiré dando la cara por mi pueblo porque para eso me eligieron”, dijo.

A seis días del asesinato de los seis adultos y un menor de 11 años, las fuerzas policiacas solo aseguraron dos camionetas con las siglas de la FM (Familia Michoacana) en las que presuntamente se moviliza el grupo armado, además de cartuchos útiles.

 

 

 

 

Ley de Desplazamiento Forzado, un pendiente para las víctimas: Centro Morelos 

Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Óscar Guerrero 

11 de septiembre del 2022

Chilpancingo 

 

La relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre desplazamiento forzado interno, Cecilia Jiménez Damary, llevará al alto comisionado de la ONU la exigencia de acceso a la justicia, la verdad, la reparación del daño a víctimas de desplazamiento forzado, informó el Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón.

El Centro Morelos emitió un comunicado donde informó el resultado de la visita de Jiménez Damary, el pasado 6 y 7 de septiembre, con víctimas de desplazamiento forzado de distintos municipios de Guerrero.

En el informe preliminar de Jiménez Damary a la oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas en México para los Derechos Humanos informó sobre la necesidad que tienen las víctimas del acceso a la justicia, a la verdad, a la reparación del daño, garantias de no repetición, la restitución de los bienes, vivienda, tierras y enjuizamiento de los perpetradores.

Además de pedir al Senado de la República apruebe la Ley de Víctimas de Desplazamiento Forzado Interno.

Durante la visita a Guerrero, Jiménez Damary se reunió con alrededor de 60 familias de Chilapa, Zitlala, Leonardo Bravo y Heliodoro Castillo, municipios de los que salieron por la violencia desatada por los grupos del crimen organizado en connivencia con grupos económicos y políticos.

Jiménez Damary también dijo que los derechos de los desplazados están garantizados por la Ley Internacional Territorial para Pueblos Indígenas y la Ley General de Derechos Humanos.

«Ser niño o niña desplazada supone una doble vulnerabilidad, el rompimiento de las estructuras familiares y comunitarias las ponen en un mayor riesgo de sufrir diversas formas de explotación, abuso y abandono, me preocupa particularmente la ausencia de perpectiva intercultural de atención a mujeres Indígenas Desplazadas”, mencionó Jiménez Damary durante la entrega del informe preliminar.

De acuerdo con el Centro Morelos, Jiménez Damary llamó al Estado mexicano a plasmar en la Ley de Desplazamiento una clara distribución de competencias, de acuerdo con las diversas faces del desplazamiento, y mecanismos de coordinación entre los tres niveles de gobierno y organismos autónomos.

También que está ley plasme que las personas desplazadas y organizaciones de la sociedad civil sean consultadas.

También lamentó que el desplazamiento forzado Interno no esté tipificado como delito en los codigos penales.

Por su parte, el Centro Morelos dijo que la vista de la relatora de la ONU «renueva las esperanzas de las familias; unas por tener el reconocimiento como víctimas y finalmente que todas las familias puedan obtener la reubicación, la reparación del daño y acceso a la justicia».

El Centro Morelos lamentó que en el informe preliminar, Jiménez Damary, no mencionó el señalamiento que hicieron las víctimas a los agentes del estado que apoyaron a los grupos de «narcoparamilitares» para desplazarlos, ni tampoco mencionó la complicidad y corrupción de las autoridades, pero esperan que en el informe final si haga mención de ese contexto.

“Ya no podremos regresar a nuestros pueblos”, dicen desplazados de la Sierra durante visita de relatora de la ONU

Texto: Amapola Periodismo

Fotografía: Oscar Guerrero

Chichihualco 

 

Una mujer que en noviembre próximo cumple cuatro años en desplazamiento forzado dice que los líderes de un grupo del crimen organizado que la expulsaron de su comunidad, ubicada en la Sierra, lograron apoderarse de esa zona con el propósito de explotar la madera y no por la cosecha de la amapola porque según ella, la flor ya casi nadie la siembra.

“La amapola, que era lo que sostenía a mi pueblo, ya no lo vale; la goma (de opio) ya bajó de precio, asegura la mujer que por razones de seguridad su nombre se mantendrá confidencial.

Dice que la toma de sus pueblos por parte de esta agrupación fue por dos razones: tener bajo control esa zona y explotar la riqueza forestal.

Este miércoles, desde las once de la mañana, llegaron adultos y niños al Auditorio Municipal de esta localidad, cabecera del municipio de Leonardo Bravo.

Las familias desplazadas tuvieron una reunión con la relatora de la ONU sobre desplazamientos internos, Cecilia Jiménez-Damary, a quien le contaron su vida como desplazados.

Antes vivían en las comunidades de Izotepec, Los Morros, Polixtepec, Filo de Caballos, Campo de Aviación, Carrizal, del municipio de Leonardo Bravo, de la zona Centro.

También hay un grupo de desplazados de Tlatempanapa, municipio de Zitlala, de la región Montaña baja.

En entrevista, antes de la llegada de la relatora, la señora narró que en febrero del 2015 hombres armados irrumpieron en su comunidad y expulsaron a la mayoría de sus habitantes y en mayo de ese mismo año retornaron.

La situación en su pueblo se agravó. El 17 de octubre de ese mismo año, varios criminales mataron y quemaron a uno de sus sobrinos y a otro joven cuando subían su ganado en una camioneta, dijo la mujer.

«Pero el 18 de noviembre del 2018 estuvo bien feo porque hubo muchas balaceras y nos salimos todos, con niños y ancianos, unos caminando por los montes hasta llegar a Chichihualco”, refirió.

Mencionó que en esa ocasión de noviembre del 2018 un jefe de un grupo criminal apodado El Teniente fue el que encabezó la irrupción violenta contra los habitantes de las cinco comunidades de la Sierra.

El Teniente fue identificado por las autoridades como Juan Castillo Gómez, quien pertenecía al grupo del crimen organizado conocido como Los Tlacos, quien en 2019 rompió con esta organización y murió durante un enfrentamiento a balazos con miembros de la supuesta policía comunitaria de la Sierra.

Estas autodefensas fueron vinculadas con el grupo de Los Tlacos, según las autoridades de la Fiscalía General del estado (FGE).

En noviembre del 2018, 300 familias expulsadas de sus pueblos llegaron a Chichihualco, en donde, durante varios meses vivieron en el Auditorio Municipal en condiciones precarias.

Actualmente, 130 familias continúan en Chichihualco; viven en diferentes casas.

La gran mayoría de los desplazados se fueron a distintas ciudades de Estados Unidos donde viven con parientes que ya tienen allá su residencia legal.

Pero hay un grupo de desplazados de la Sierra que se fueron a diferentes estados del país.

La mujer denunció que el 23 de septiembre del 2020 su hermano regresó a su comunidad para verificar la versión de que todo estaba tranquilo y valorar si retornaban.

Mencionó que el viernes a mediodía del 25 de septiembre su hermano le envió un mensaje de su teléfono celular avisándole que ya regresaba a Chichihualco, pero nunca llegó.

Cuatro días después de la desaparición de su hermano ella y otras 20 mujeres se trasladaron a la comunidad para buscarlo.

“Teníamos mucho miedo pero aún así realizamos la búsqueda por varios pueblos, pero nunca encontramos a mi hermano, es más ni siquiera la camioneta que él utilizó para trasladarse. Todavía sigue desaparecido”, refirió.

La cita para la reunión con la relatora de la ONU estaba programada para las 12 horas, pero la gente desplazada de las cinco comunidades llegó desde una hora antes al Auditorio Municipal.

Niños acompañados de sus padres se sentaron en las graderías. En medio del auditorio había una mesa cubierta con un mantel blanco y sillas. Al fondo, otra mesa con varias ollas de peltre con mole verde y rojo, tamales y tortillas.

La comida fue para las familias, la relatora de la ONU y los demás invitados.

Un señor de alrededor de 50 años, que también es de una comunidad donde fue expulsado, dijo que las demandas que plantearían a la relatora eran para que obligara al gobierno federal a cumplir con el apoyo.

“Nosotros ya no podemos regresar a nuestros pueblos porque allá los delincuentes ya tienen ocupadas nuestras casas y huertas de aguacate pero queremos que el gobierno nos reubique en un lugar seguro”, dijo Maurilio, de la comunidad de Filo de Caballos.

La última protesta que hicieron las familias desplazadas fue a finales del 2021 frente a Palacio Nacional, en la Ciudad de México.

“Nos regresamos a Chichihualco el 24 de diciembre después de que se firmó una minuta de acuerdos que el gobierno federal; no han cumplido”, dijo el desplazado.

En uno de esos puntos de la minuta, el gobierno federal se comprometió a reubicar a estas familias en un lugar seguro para que no sufran ataques de la delincuencia.

“Aquí donde estamos podemos sufrir alguna agresión porque no tenemos medidas de seguridad”, refirió.

La gente dice estar de acuerdo en que su reubicación sea en Guerrero pero siempre y cuando les den medidas de seguridad.

En estos casi cuatro años fuera de sus pueblos ya murieron nueve desplazados.

Las familias se quejaron ante la relatora de la ONU de que el gobierno federal les retrasa el apoyo como es la despensa y el pago de la renta de la casa que habitan.

Una de las peticiones a la relatora es de que el gobierno cumpla con la aprobación de la Ley de Desplazamiento Forzado Interno que está en comisiones legislativas del Senado de la República.

Plantearon seis cosas que deben de cumplir las autoridades, salud, educación, seguridad, vivienda y trabajo.

A las 12 con 20 minutos llegó la relatora de la ONU y encabezó una reunión a puerta cerrada con las familias desplazadas.

Jiménez-Damary llegó acompañada por cuatro patrullas, tres de la Guardia Nacional y una de la Policía Estatal.

Con este encuentro, Jiménez-Damary concluyó una gira de dos días que realizó en Guerrero, donde escuchó las denuncias de más de 50 grupos de desplazados por la violencia de, al menos, 10 municipios en manos de distintas organizaciones del crimen organizado.

 

Desplazados por la violencia denuncian inacción del gobierno ante Relatora de la ONU

Texto: Jesús Guerrero

Fotografía: Óscar Guerrero

6 de septiembre del 2022

Chilpancingo

 

Familias desplazadas por la violencia de Guerrero se reunieron con la relatora de la ONU sobre desplazamiento forzado, Cecilia Jiménez Demary, a quien le expusieron sus condiciones precarias en las que viven y la inacción del gobierno.

«En Guerrero hay más de 20 mil personas desplazadas y es un flagelo que no ha sido atendido por las autoridades», dijo el director ejecutivo del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, durante el inicio de la reunión con Jiménez Demary.

Familias expulsadas de sus comunidades por grupos del crimen organizado de municipios como Leonardo Bravo, Coyuca de Catalán, Zitlala, Chilapa llegaron a la curia de la diócesis Chilpancingo-Chilapa.

Un grupo de padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala también participaron en la reunión.

Las familias le dieron el recibimiento a la relatora con una cadena de cempasúchil.

«Aquí hay personas desplazadas de la zona Norte, de la Tierra Caliente, de la Sierra y están esperanzadas de que su voz y su palabra llegue lejos para que el gobierno nos escuche», dijo Barrera Hernández al darle la bienvenida a la relatora de la ONU.

«Gracias, muchas gracias», les dijo la relatora a las personas que le colocaron en el cuello dos cadenas de cempasúchil.

Jiménez Dimary empezó una gira de dos días en Guerrero para reunirse con las familias desplazadas por la violencia y las autoridades estatales.

Este miércoles la relatora de la ONU estará en la localidad de Chichihualco, cabecera del municipio de Leonardo Bravo.

Aquí desde noviembre del 2018 viven familias de seis comunidades de la Sierra expulsadas por integrantes de una supuesta policía comunitaria que, según informes oficiales, tiene nexos con un grupo criminal conocido como Los Tlacos.

A la relatora la custodian varias patrullas de la Guardia Nacional.

Rechazan familias desplazadas ayuda de la gobernadora, la califican de dádivas

Texto: Jesús Guerrero

Fotografía: Oscar Guerrero

Ayutla

 

Más de 20 familias desplazadas por la violencia que desde hace una década viven en dos comunidades del municipio de Ayutla de los Libres y que han pedido tierras para sembrar, construir sus viviendas, y servicios de salud, educación y agua rechazaron las dádivas que les envió este jueves el gobierno de la morenista Evelyn Salgado Pineda.

Varios carros con tinacos, tablas de madera, láminas galvanizadas y bultos de cemento, los regresaron a Chilpancingo.

Desde hace una década, familias de la comunidad de La Laguna, del municipio de Coyuca de Catalán, se desplazaron a esta zona de la Costa Chica después de que un grupo armado asesinó a la líder ecologista Juventina Villa y a su hijo, de 10 años, Rey Santana, el 28 de noviembre del 2012.

En la comunidad de Tepango se instalaron unas familias y en La Unión, que hoy se llama La Libertad, otro grupo. En total, son 50 personas que viven en esta zona en condiciones precarias.

Las familias dijeron que desde hace diez años solicitan a las autoridades la compra de unos terrenos para sembrar y construir sus viviendas, acceso a la salud y educación.

“Nos están enviando 50 tablas de madera, 10 bultos de cemento y láminas galvanizadas que no alcanzan para construir una casa además en qué lugar las podemos hacer si no tenemos terreno” dijo uno de los desplazados que vive en Tepango.

“Aquí necesitamos construir cuando menos siete viviendas ¿pero a poco nos va alcanzar con 50 tablas de madera, varias láminas y diez bultos de cemento?” dijo esta persona.

Una funcionaria de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Derechos Humanos de la Secretaría General de Gobierno explicó a las familias desplazadas que el gobierno del estado les va a dar más apoyo y que eso solo es el comienzo de otras ayudas.

Uno de los desplazados le dijo a la enviada del gobierno que ellos tienen su propio pliego de demandas de nueve puntos que ya conoce la gobernadora Evelyn Salgado.

“Estamos hablando que nos den tierras para sembrar y construir nuestras viviendas, agua, educación para nuestros hijos, acceso a la salud, la libertad de dos presos políticos y la cancelación de órdenes de aprehensión que hay en contra de 16 de nosotros”, expresó el desplazado.

Desde hace cinco años, Ubaldo Santana Alonso y Gildardo Díaz, dos de los desplazados están presos en el penal de Ayutla de los Libres acusados por el delito de secuestro y homicidio en agravio de Homero Montúfar, padre del ex alcalde priísta de Coyuca de Catalán, Abel Montúfar Mendoza, asesinado a balazos por integrantes de un grupo criminal en mayo del 2018, cuando era candidato a diputado local.

Mariana Díaz, una de las desplazadas que vive en La Unión, afirmó que durante el 2011 y 2012 cuando todavía vivían en La Laguna, 27 habitantes de esta comunidad fueron asesinados.

Asegura que aunque están a cientos de kilómetros de su comunidad de La Laguna aún sufren persecución e, incluso, enfrentaron un ataque a balazos en el 2013.

En el 2014 entró en vigor la Ley 487 para el Desplazamiento Interno en Guerrero que establece darles el apoyo a las familias desplazadas.

Hoguer Morales Miranda, dirigente del Frente Nacional para la Liberación de los Pueblos (FNLP), quien da acompañamiento a las familias desplazadas de La Laguna, denunció que para el gobierno del estado la Ley 487 es letra muerta porque no la cumple.

Contó que hasta el momento el gobierno estatal morenista sigue sin darles el apoyo mensual de mil 700 pesos a cada una de estas familias y una despensa.

La anterior administración estatal a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo del Estado de Guerrero (Sagadegro) entregó recursos para un proyecto productivo a las familias a fondo perdido pero ahora las autoridades lo quieren cobrar con un monto de un millón y medio de pesos, dijo.

Durante la visita a los campamentos donde viven las víctimas de la violencia dijeron que ellos ya no quieren regresar a su comunidad porque se mantienen las condiciones de inseguridad y violencia por las que se salieron.

La Laguna, del municipio de Coyuca de Catalán, pertenece al ejido Guajes de Ayala.

“Nosotros allá teníamos todo, tierras para sembrar, nuestras vaquitas, mucha agua y sobre todo respirar la naturaleza”, dice uno de los desplazados.

Hace diez años estas familias dejaron todo en su comunidad, tierras, ganado y sus casas.

“Ya no podemos regresar y el gobierno lo sabe y a pesar de eso desde hace diez años nos niega el apoyo”, indica.

Este lunes en la residencia oficial de Casa Guerrero, la gobernadora Salgado Pineda dio el banderazo de salida para la entrega de apoyos prioritarios a personas desplazadas.

Durante el acto, Salgado dijo que el apoyo a estos grupos consiste en darles láminas galvanizadas, tablas, bultos de cemento, tinacos, mangueras, despensas y proyectos productivos con una inversión de 4 millones 311 mil 90 pesos.

En el evento se reconoció que en Guerrero hay 11 grupos de personas desplazadas, que representan 479 familias y un total de mil 723 personas de los municipios de Coyuca de Catalán, Zirándaro, Zitlala, Chilapa, Apaxtla, San Miguel Totolapan y Leonardo Bravo.

“A nosotros no nos invitaron a ese acto en el que estuvo la gobernadora aunque después me habló un funcionario que luego viene aquí a vernos y me dijo que nos iban a traer unas cositas”, afirmó la señora Mariana Díaz.

Los campamentos, uno llamado Tepango y el otro La Unión o Libertad, están casi a la orilla de la carretera federal Ayutla-Cruz Grande.

“Nosotros allá en la Sierra estábamos con mucho frío y aquí mucho calor pero tuvimos que acostumbrarnos para sobrevivir”, afirmó uno de los desplazados.

 

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Concluye Encuentro Nacional de Desplazados por la violencia y exigen atención del gobierno

Texto: Jose Miguel Sánchez

Fotografía: Oscar Guerrero 

Chilpancingo

En un encuentro que tuvieron durante dos días aquí en Chilpancingo desplazados por la violencia de cinco estados y de la Ciudad de México denunciaron la inacción del gobierno federal y de sus entidades para frenar la inseguridad y falta de atención a las víctimas.

Durante los dos días de esta reunión que se desarrolló en el parque de la iglesia El Sagrado Corazón ubicada al sur de Chilpancingo, estuvieron desplazados de los estados de Quintana Roo, Chihuahua, Michoacán, Chiapas, Guerrero y de la Ciudad de México.

Los desplazados dieron su testimonio de sus diversas etapas de sufrimiento que han vivido.

«Los gobiernos del PRI y PAN y ahora la Cuarta Transformación con Morena no han resuelto nuestra situación y nosotros seguimos viviendo igual, lejos de nuestros pueblos porque si regresamos nos matan», dijo uno de los desplazados de Chihuahua.

Este domingo en la tarde concluyó el encuentro con una plenaria en donde aprobaron el acuerdo de exigir al Senado de la República apruebe la Ley General de Desplazamiento Forzado que se encuentra en comisiones legislativas.

Otro de los acuerdos es de que todos los colectivos de desplazados se mantengan unidos y agrupar a otros más para que se unan a la lucha.

Una de las demandas es exigir al Estado una estabilidad material y psicológica para las mujeres, niñas y niños víctimas del desplazamiento forzado.

La Coordinación pretende a través de los diversos colectivos que lo conforman obtener datos de la problemática a nivel nacional para estadísticamente conocer la magnitud del problema y visualizar el desplazamiento forzado a través de marchas para que el Estado deje de criminalizarlos, señala el acuerdo de la plenaria.

Los asistentes acordaron realizar, en seis meses, una convención nacional para trabajar la Ley General de Desplazamiento Forzado desde la perspectiva de las víctimas.

“La ley que se estamos impulsando y que está atorada en el Senado contemplado todo, justicia social y jurídica para las víctimas de desplazamiento forzado que muchas veces son ignoradas por las autoridades”, comentó Teodomira Rosales Sierra, directora general del Centro Morelos en una entrevista que le hizo AMAPOLA periodismo transgresor

Detalló que los puntos más importantes de la ley son garantizar un apoyo económico a las víctimas, acceso a los programas sociales estén donde estén, garantizar un retorno seguro a sus hogares, o en caso una reubicación digna y tipificar en el Código Penal Federal el delito de desplazamiento interno forzado.

En Guerrero existe una ley que contempla a las víctimas de desplazamiento forzado, pero sin un marco jurídico nacional que lo sustente legalmente en base a una legislación federal.

El centro Morelos da acompañamiento a 469 personas que huyeron de sus hogares por la violencia generada por grupos del crimen organizado.

De esas 469 personas que esta organización da acompañamiento, 304 son del municipio de Leonardo Bravo, 115 de Heliodoro Castillo y Zitlala, otros 16 del municipio de Petatlán.

Además de 25 de Quetzalcoatlán, del municipio de Zitlala, señala el Centro Morelos.

Actualmente solo 80 son reconocidos por el gobierno como desplazados porque han interpuesto la denuncia ante las instancias correspondientes.

Rosales Sierra dijo que la ley que está en el Senado no es aprobada porque la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) no tiene intenciones de destinar el recurso económico para la ley.

La Coordinación Nacional de Víctimas de Desplazamiento Interno Forzado que aglutina a colectivos de estados del país y de la Ciudad de México fue fundada en diciembre del 2021.

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Piden desplazados por la violencia una ley para que tenga justicia y verdad

Texto: Jesús Guerrero

Fotografía: Oscar Guerrero

14 de mayo del 2022

Chilpancingo

 

Personas desplazadas por la violencia de Guerrero, Chihuahua y Quintana Roo realizaron un encuentro en Chilpancingo en donde se pronunciaron porque el Senado de la República apruebe la Ley General de Desplazamiento Forzado.

Las víctimas que fueron acompañados por organizaciones sociales y de derechos humanos se concentraron en el jardín de la iglesia Sagrado Corazón que está ubicada al sur de esta capital.

Durante la presentación de cada uno de ellos contó su historia de como fueron obligados a salirse de sus pueblos por las amenazas de las organizaciones criminales. 

Un vecino de la comunidad de Los Morros, del municipio de Leonardo Bravo que desde hace casi cuatro años junto con su familia fue expulsado por un grupo armado, dice que en el 2021 su mamá falleció y no pudo ir a su pueblo para sepultarla y rezarle los 9 días como es la costumbre en Guerrero.

«Llevamos casi cuatro años viviendo en Chichihualco (cabecera del municipio de Leonardo Bravo) y como ya no vamos a regresar a nuestras comunidades que el gobierno nos reubique un lugar donde vivir pero hasta el momento no lo ha hecho», señaló.

En este encuentro que va a durar dos días, hay familias desplazadas de las comunidades de Filo de Caballos, La Escalera e Izotepec, del municipio de Leonardo Bravo.

El noviembre del 2018, unos tres mil civiles armados que se identificaron como policías comunitarios expulsaron a tres mil personas de 9 comunidades del municipio de Leonardo Bravo.

Apenas el pasado 8 de mayo, este grupo de civiles que desplazó a estas tres mil personas desfiló por las calles de la localidad de Tlacotepec mostrando su armamento.

«El gobierno no hace nada por nosotros, ni el PRI, el PAN ni tampoco hoy Morena», señaló un desplazado de Los Morros.

Teodomira Rosales Sierra, directora del Centro Morelos, señaló que este el segundo encuentro nacional de víctimas y de organizaciones defensoras de desplazamiento forzado en México.

Dijo que este tipo de actividades es para impulsar la Ley General de Desplazamiento Forzado que está atorada en el Senado de la República.

«Esta Ley es para que las víctimas tengan acceso a la verdad y justicia y no repetición así como puedan acceder a las ayudas humanitarias de manera inmediata», señaló.

Señaló que esta ley que está en las comisiones en el Senado fue consensada por las víctimas en el 2020.

Indicó que en dicha Ley, se contempla que a las familias desplazadas se les otorgue una reubicación en caso de que no puedan retornar a sus comunidades.

«Que tengan reubicación, educación y alimentación segura», expreso.

Mencionó que aquí en Guerrero existe la Ley Estatal de Desplazamiento Forzado Interno pero que está no se cumple en nada.

«Hay miles de personas desplazadas por la violencia en Guerrero y el gobierno las tiene abandonadas e incluso las revictimiza», señaló Rosales Sierra.

 

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Gobierno de Evelyn Salgado ofrece 400,000 pesos a desplazadas en vez de retorno a sus pueblos

Texto: Amapola Periodismo

Fotografía: Arturo de Dios y Oscar Guerrero

28 de abril del 2022

Chilpancingo

 

El gobierno de la morenista Evelyn Salgado Pineda reconoció que no puede garantizar a los desplazados por la violencia el retorno a sus pueblos y por eso les ofrece 400,000 pesos a cada una de estas familias para que lo utilicen en la construcción de una vivienda.

El pasado 20 de abril acudió al municipio de Ayutla de los Libres, en representación de la Dirección de Derechos Humanos de la Secretaría General de Gobierno, Carlos Alberto García para hacerles este ofrecimiento económico a las familias desplazadas de la comunidad de La Laguna, del municipio de Coyuca de Catalán.   

Desde el 2011 estas familias desplazadas viven en las localidades de Tepango y La Unión, ubicadas cerca de la cabecera del municipio de Ayutla de los Libres, Costa Chica de Guerrero.

«Con este ofrecimiento que hace la gobernadora Evelyn Salgado quiere finiquitar el asunto de los desplazados y se pierde el compromiso de regresarlos otra vez a su lugar de origen», dijo Hoger Morales Miranda, dirigente del Frente Nacional para la Liberación de los Pueblos (FNLP); junto a varias mujeres desplazadas dio a conocer esta situación.

El activista y los desplazados ofrecieron una rueda de prensa en las instalaciones de la delegación 17 del Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa (SNRP) este miércoles a mediodía.

Después que el funcionario estatal les planteó esta propuesta las familias desplazadas se reunieron en una asamblea en la que acordaron recibir los 400,000 pesos con la condición de que el gobierno deje en libertad a sus compañeros Gildardo Díaz Pérez y Ubaldo Santana Alonso, quienes están presos en el penal de Ayutla desde el 2018, acusados de los delitos secuestro y homicidio.

La versión de los familiares de los dos encarcelados es de que son inocentes y el gobierno les fabricó los delitos.

Morales Miranda quien asesora a las familias desplazadas comentó que el gobierno sigue sin cumplir la Ley 487 que es para prevenir y atender el desplazamiento interno.

«Uno de esos beneficios que dice esa Ley es garantizar el regreso de los desplazados pero el mismo gobierno dice que no hay condiciones», expuso el activista.

Las familias viven en estos dos pueblos del municipio de Ayutla en unos terrenos que les prestó la comunidad se salieron de La Laguna en noviembre del 2011 después del asesinato de la dirigente ecologista Juventina Villa y su hijo Reynaldo Santana.

«La gente desplazada que vive en Tepango y en La Unión que ahora se llama la Libertad, no tiene terreno propio, agua, drenaje, centro de salud y a los niño no se las garantiza el derecho a la educación», dijo Morales Miranda.

Desde hace 11 años el gobierno estatal les prometió a las familias que en su nuevo lugar de residencia (en Ayutla) tendrían tierras para vivir y tierras para sembrar.

«Pero nada se ha cumplido, la gente sigue viviendo igual», expresó el activista.

La hermana del preso Gildardo Díaz Pérez comentó que ellos anteponen los 400,000 pesos que les ofrece el gobierno para su vivienda por su libertad y la de suegro Ubaldo Santana Alonso.

Dijo que no existe ninguna prueba de que ambos hayan cometido algún delito.

Además están pidiendo que el gobierno deje sin efecto las órdenes de aprehensión que existe contra 16 desplazados.

«Nosotros no queremos regresar a nuestro pueblo porque no existen las condiciones y lo que queremos es de que nos ayuden aquí donde estamos», mencionó Catalina Díaz Salgado.

Recordó que cuando ella y sus padres se salieron de su comunidad de La Laguna ella tenía 10 años de edad y que se percató de que muchos de sus familiares fueron asesinados. A pesar de la tragedia que vivió de niña nunca recibió ayuda psicológica de parte del gobierno.

En marzo de este año, familias desplazadas que desde el 2019 vivián en Vallecitos de Zaragoza, acompañados por el Ejército y la Guardia Nacional, regresaron a su comunidad de Zihuaquio, del municipio de Coyuca de Catalán, en la región de Tierra Caliente. Pero ocho días después nuevamente se salieron de su pueblo porque integrantes de una organización delictiva los amenazó de muerte.

Hasta el momento, las familias viven en Vallecitos de Zaragoza, municipio de José Azueta, sin que el gobierno de Salgado Pineda les garantice el retorno a su pueblo.

Teodomira Rosales Sierra, presidenta del Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, aseguró que desde hace menos de una década, 20,000 personas fueron desplazadas por la violencia en decenas de comunidades de las regiones de Guerrero, donde las autoridades de los tres niveles de gobierno siguen sin frenar la violencia.

Para la activista los gobiernos locales son incapaces de detener a las bandas de la delincuencia, porque, dijo, es evidente que están coludidas.

Agregó que la situación de violencia que vive en Guerrero atrae la mirada de gobiernos de países del primer mundo, porque ven esta situación como un signo de preocupación.

Este miércoles, la activista tuvo una reunión con el director de la política exterior de la embajada de la Gran Bretaña en México, Bhavik Shah, quien después en entrevista con los reporteros, reconoció que es preocupante la violencia en Guerrero en donde recibió informes de personas desaparecidas y desplazamientos de manera forzada.

El funcionario de la embajada británica realizó un recorrido de tres días en los municipios de Acapulco y Chilpancingo, dijo Rosales Sierra.

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Familias de Zihuaquio huyen otra vez por amenazas de grupo delictivo

Hace 12 días, las familias que fueron resguardadas por agentes de la Guardia Nacional, Policía Estatal y Ejército Mexicano se regresaron a Zihuaquio de donde en enero del 2020 salieron por amenazas que recibieron por parte de un grupo delictivo que les quemó sus casas y los quería obligar a que se unieran a sus actividades delictivas.


Texto: Amapola Periodismo

Fotografía: Oficial

30 de agosto del 2022

Chilpancingo

Familias de la comunidad de Zihuaquio del municipio de Coyuca de Catalán nuevamente huyeron después de haber recibido amenazas de muerte por integrantes de un grupo delictivo.

La gobernadora Evelyn Salgado Pineda confirmó que el grupo de personas de esta localidad ubicada en la Sierra nuevamente se desplazó hace cuatro días hacia Vallecitos de Zaragoza que era donde desde hace más de dos años estaba refugiados.

Vallecitos de Zaragoza, pertenece al municipio de José Azueta donde también operan varios grupos de la delincuencia.

La mandataria estatal afirmó que su gobierno dará todo su apoyo a las personas que se salieron de Zihuaquio.

«En todo momento estamos dispuestos a apoyarles en todo lo necesario, con seguridad, vamos a redoblar esfuerzos en coordinación con La Marina, Guardia Nacional, Policía Estatal y el Ejército», dijo Salgado Pineda quien fue entrevistada después de haber encabezado un acto oficial en la explanada de la plaza Primer Congreso de Anáhuac de Chilpancingo.

Hace 12 días, las familias que fueron resguardadas por agentes de la Guardia Nacional, Policía Estatal y Ejército Mexicano se regresaron a Zihuaquio de donde en enero del 2020 salieron por amenazas que recibieron por parte de un grupo delictivo que les quemó sus casas y los quería obligar a que se unieran a sus actividades delictivas.

Según las versiones de las familias ese día que llegaron a su pueblo y a otras demarcaciones aledañas los pistoleros incendiaron 60 casas y 60 fábricas de mezcal artesanal.

Las familias que habían regresado a su pueblo tenían la esperanza de volver a la normalidad sembrando sus tierras y reactivar sus viñatas de mezcal.

El mezcal artesanal que se elabora en esta comunidad de la Sierra tiene la fama de ser uno de los mejores de todo Guerrero.

La activista Teodomira Rosales Sierra, dijo que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y aquí en Guerrero, el de Evelyn Salgado Pineda, no tienen una estrategia para garantizarles el regreso a sus comunidades de miles de desplazados por la violencia.

Rosales Sierra quien es presidenta del Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, afirmó que el anterior gobierno del priísta Héctor Astudillo y el de ahora Evelyn Salgado Pineda no han podido frenar a las organizaciones criminales que operan en distintas zonas de Guerrero.

«Estos grupos delictivos que se asientan en las comunidades expulsan a las familias porque rechazan unírseles», añadió.

La activista da acompañamiento y asesoría a familias desplazadas de los municipios de Leonardo Bravo, Zitlala, Chilapa, Coyuca de Catalán y Acapulco.

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