El retorno se da luego de que la policía comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias Pueblos Fundadores se retira de la comunidad
Texto: Jesús Guerrero
Foto: Interacción noticias
Martes 28 de mayo de 2024
Chilpancingo
Unas 140 personas desplazadas por la violencia regresaron a San Jerónimo Palantla, municipio de Chilapa, luego de que la policía comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias Pueblos Fundadores (CRAC-PF) se retiró de la población.
La Guardia Nacional, el Ejército Nacional y la Policía Estatal custodiaron el retorno de los desplazados.
El Consejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (Cipoeg-EZ) informó este martes 28 que su policía comunitaria se retiraba de San Jerónimo Palantla para permitir que los gobiernos federal brinden seguridad en esta localidad.
El miércoles 22 y el jueves 23, la autodefensa de la CRAC-PF se enfrentó a balazos con pobladores de San Jerónimo Palantla, dejando un saldo de un muerto y un herido de bala, así como la comisaría, dos viviendas y tres camionetas incendiadas.
La tarde del jueves 23, cien pobladores de San Jerónimo Palantla custodiados por policías estatales se desplazaron a Chilapa, para refugiarse en la Casa del Campesino.
El subsecretario de Desarrollo Político y Social, de la Secretaría General de Gobierno, Francisco Rodríguez Cisneros dialogó, con los pobladores desplazados y este martes 28 se acordó su regreso.
Regresan los desplazados de San Jerónimo Palantla a su comunidad resguardados por la Secretaría de Seguridad Pública, la Guardia Nacional y la Sedena, este 28 de mayo. Foto: Interacción noticias
Clemencia Guevara Tejedor, dirigente del Comité de Defensa Popular (CDP) y asesora de los pobladores de San Jerónimo Palantla, confirmó que la gente aceptó regresar a su comunidad bajo el compromiso de que el gobierno va a garantizar su seguridad.
Acusó que lo ocurrido la semana pasada en San Jerónimo Palantla no fue un enfrentamiento, sino una agresión de la policía comunitaria de la CRAC-PF que dirige Jesús Plácido.
A partir de este martes 28, las fuerzas federales y estatales estarán en forma permanente en San Jerónimo Palantla para evitar nuevos enfrentamientos.
En un comunicado, el Cipoeg-EZ establece que en los hechos del miércoles 22 y jueves 23 de mayo, acudió en apoyo a los habitantes de la comunidad de Nuevo Amanecer que eran atacados a balazos por pobladores de San Jerónimo Palantla.
Asegura que en el enfrentamiento a balazos fue asesinado el campesino de Nuevo Amanecer Pedro Vázquez Matías.
Después de mantener seis días sitiado San Jerónimo Palantla, las autodefensas de la CRAC se retiraron de esta comunidad alrededor de las 12 del día de este martes 28.
En el comunicado, el Cipoeg-EZ asegura que los líderes del CDP, Clementina Guevara, Efraín Torres y Rodolfo Colorado, así como el excomisario de San Jerónimo Palantla Constantino Calvario, tienen nexos con el grupo criminal Los Ardillos.
«Vamos a dejar en manos de la gobernadora Evelyn Salgado y el gobierno federal la seguridad en la zona y esperamos que nos hagan justicia para esclarecer los asesinatos y desapariciones de nuestros compañeros», advierte el comunicado.
Para Laura, originaria de una comunidad en el municipio de Coyuca de Catalán, región de la Tierra Caliente, una zona marcada por la violencia e inseguridad, quedarse en su pueblo no era una opción, así que abandonó el lugar en el que nació.
Laura dejó atrás todo lo que tenía en su pueblo, en el que vive su mamá, su papá, sus hermanas, hermanos y el resto de su familia. Salió de ahí por un tema de inseguridad, sin detallarlo para que no afecte a su familia.
El proceso que enfrentó Laura y que la hizo salir de su tierra, dejar su casa y su familia, se llama desplazamiento forzado (DF), fenómeno que describe la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) como la movilización de personas para buscar alimentos que aseguren su sobrevivencia al huir de guerras o desastres ocasionados por fenómenos naturales.
El desplazamiento forzado genera miles de refugiados en países diferentes a los del origen de las personas que abandonan sus territorios originales, indica la ACNUR.
Como Laura, desde hace al menos 10 años, varias personas de la Tierra Caliente, de diferentes poblados, optaron por salir de sus comunidades e iniciar una vida en Estados Unidos por medio de una solicitud de asilo político, el cual sirve para que las personas que viven en riesgo por algún tipo de violencia salgan de sus comunidades y vivan en algún país de forma legal.
Los grupos del crimen organizado que controlan la región, mediante la amenaza, imponen un sobreprecio a prácticamente todos los productos alimenticios, como carne de cerdo, de pollo; también a las bebidas, como la Coca Cola y otros productos de la canasta básica, por lo que vivir en la zona con un salario mínimo es prácticamente imposible.
Algunas personas ven en el asilo político una forma de salir de sus comunidades y tener mejores oportunidades laborales.
Las fuentes de empleo en la Tierra Caliente son limitadas y los salarios son bajos.
En el caso de Laura, de no ser por la violencia, dice, jamás se habría ido de su pueblo.
En febrero del 2023, Laura decidió (junto con otra amiga y sus tres hijos) solicitar asilo en Estados Unidos.
Lo primero que hicieron fue investigar dónde tenían que realizar los trámites y cuáles eran los requisitos. De primer momento se acercaron al Ayuntamiento de su municipio, en el área de Sindicatura para informarse de cómo conseguir un asilo político.
En el Ayuntamiento le dijeron que podía hacer su solicitud ante la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR). Fue todo lo que les dijeron.
Hecha la solicitud se trasladaron por sus propios medios a Tijuana, en la frontera con Estados Unidos.
Ahí llegaron a un albergue para migrantes donde esperaron su cita.
De acuerdo con datos de la ACNUR citados en el informe Tendencias Globales de Desplazamiento Forzado, entre el 2001 y 2023 hubo 108,4 millones de personas desplazadas por la fuerza en todo el mundo, a causa de persecuciones, conflictos, violencia, violaciones a los derechos humanos y acontecimientos que alteraron gravemente el orden público.
El 53 por ciento de estas personas pertenecen a la República Árabe de Siria, de Ucrania y de Afganistán.
En América Latina, de acuerdo con la ACNUR, México no figura entre los 10 principales países con solicitantes de asilo en los Estados Unidos, lo que significa que la mayoría de los habitantes que huyen de sus pueblos por la violencia son personas desplazadas internas (PDI). La ACNUR define a una PDI como aquellas personas que se ven obligadas a huir y nunca cruzan una frontera internacional.
Los habitantes con el mayor número de solicitudes de asilo en Estados Unidos de la región de América son de Venezuela, Cuba, Nicaragua, Colombia, Honduras y Haití, indica la ACNUR en su informe.
Familias de un poblado de la Sierra, en Guerrero, se desplazan de forma colectiva para huir de la violencia. Foto: Especial/Archivo.
El camino para tener una nueva vida
Por las fotografías que veía en redes sociales de personas que consiguieron el asilo en Estados Unidos, Laura creyó que obtenerlo sería sencillo.
La ACNUR en su informe Tendencias Globales de Desplazamiento Forzado 2022 indica que Estados Unidos es el principal país al que solicitan asilo cada año, en 2022, ese país recibió 730,400 nuevas solicitudes.
En febrero del 2023, Laura llegó junto con su amiga a Tijuana, lugar donde vivieron en un albergue cristiano en espera de que les dieran una cita y ver si eran candidatas para obtener el asilo político y cruzar a Estados Unidos.
Para ese entonces, Laura tenía cinco meses de embarazo. Creyó que el proceso sería fácil y que cruzaría a Estados Unidos junto con su amiga.
Para obtener la cita y saber si otorgarán el asilo, de acuerdo con Laura, se necesitan de dos cosas: paciencia y suerte.
La suerte la tuvo su amiga, a quien a los 40 días de estar en el refugio recibió el aviso de que su cita para cruzar a Estados Unidos estaba lista. Laura se quedó sola.
Laura y su amiga eran muy unidas, se hacían compañía en ese lugar en el que no conocía a nadie, lejos de su familia y de su hogar.
Aunque en el albergue había unos 1,000 migrantes de diferentes países en espera de una respuesta favorable, Laura se sentía sola. No conocía a nadie. Hizo amigas y amigos tiempo después.
Al sentimiento de soledad se unieron a las condiciones difíciles del albergue.
“Cuando llegue ahí era época de lluvias y hacía un buen de frío (2 grados centígrados) y en el cuarto donde nos quedábamos se trasminaba el agua, poníamos cubetas en las goteras”.
Ese fue el comienzo de tres largos meses en los que todos los días llenaba una solicitud en una aplicación llamada CBP One, en espera de una cita.
Laura debía levantarse a las dos de la mañana para enviar su información a las seis mediante la aplicación. Era su rutina diaria.
Semanas después llegaron otras tres familias de su comunidad al albergue con el mismo objetivo que ella: cruzar a Estados Unidos. Laura se sintió acompañada nuevamente.
La desesperación por no obtener su cita para cruzar a Estados Unidos provocó que quisiera regresar a su pueblo, a pesar de que vivir ahí no era una opción.
Entre las personas que llegaron de su comunidad y ella decidieron armar un grupo para obtener la cita en conjunto.
“Tardamos 15 días intentando y nada. Nos pusimos de acuerdo en perder un día de cita y entrar en todos los celulares que teníamos, 14 en total, y nos arriesgamos en abrir la cuenta del grupo, y finalmente agarramos la cita para poder cruzar el 8 de mayo”, recordó Laura.
La cita fue a las siete de la mañana. Uno de los temores de Laura y su grupo era enfrentarse a la discriminación por racismo, notaron que algunos agentes de migración que entrevistan a los solicitantes ejercían discriminación contra algunos migrantes.
Tenían bien claro que de estas personas y sus prejuicios dependía mucho si conseguían el permiso para cruzar.
En la cita preguntaron por qué motivo solicitaba el asilo y algunas pruebas como fotografías, mensajes o videos.
La cita es para cruzar a Estados Unidos, ya “del otro lado”, el proceso continúa para ver si se aprueba o no el asilo político.
Después de la cita, Laura se contactó con sus familiares de San Diego, California, para que fueran por ella. Le otorgaron una cita en la Corte estadounidense para el 26 de julio del 2023.
El 26 de julio Laura comenzó con contracciones, el 27 de julio nació su hija, por lo que no acudió a su cita a la Corte.
Al faltar a la Corte, sus familiares explicaron la situación y consiguieron una nueva cita para el 30 de noviembre, Laura sí acudió a esa cita, en esa cita le pidieron que se presentara con un abogado, le dieron una lista de abogados de oficio, los cuales estaban ocupados.
Otro obstáculo al que Laura se enfrentó es que no trabaja debido a que su hija aun es pequeña, por lo que no podía solventar los gastos de un abogado particular, quienes cobran entre 8,000 y 12,000 dólares, aproximadamente entre 130 mil y 206 mil pesos mexicanos.
“En caso de que no consiga un abogado yo tengo que presentar las pruebas de por qué me vine. Sino gano el asilo porque no es seguro, ya no voy a estar aquí, me van a deportar”, explicó.
La cita para determinar si le darán el asilo a Laura es el próximo 13 de febrero.
En caso de no obtener el asilo, Laura regresará a su pueblo con su hija, quien por nacer allá ya tiene la ciudadanía estadounidense.
Autoridades estatales afirman que muchas personas se equivocan del tipo de trámite
El director general de Vinculación con Organismos Internacionales de la Secretaría de Migrantes y Asuntos Internacionales de Guerrero (Semai), Daniel Agis Eslava, explicó que como dependencia estatal brindan asesoramiento a quien desee migrar bajo este sistema, pero al ser un trámite personal ante organismos internacionales es poca la injerencia de la dependencia en este tipo de solicitudes.
El funcionario estatal aclaró que muchas personas solicitan el asilo político desde el desconocimiento, porque esta modalidad tiene características particulares que de no comprobarse, puede ser negada, y en casos como el de Laura, que ya está dentro del país, corre el riesgo de ser deportada.
“El asilo político tiene que ver más conflictos sociales, como pasó hace unos años en Centroamérica, donde el mismo gobierno tenía una crisis y no era capaz de sostener a sus habitantes o una situación de violencia extrema como una guerra o conflictos que en verdad ponen en peligro la integridad de las personas”, mencionó Agis Eslava.
Los datos proporcionados por el funcionario indican que el año pasado al menos 10 personas acudieron a la Semai a solicitar información sobre asilo político en Estados Unidos.
De estas 10 personas solo dos lograron obtenerlo.
Habitantes desplazados del poblado El Nuevo Caracol se refugian en un centro de usos múltiples en la Tlacotepec, cabecera del municipio de Heliodoro Castillo, en Guerrero. Foto: Centro de Derechos Humanos Minerva Bello.
A pesar de la dificultan de conseguir el asilo político varios pueblos de la Tierra Caliente, Costa Grande y Sierra, están prácticamente vacíos, la gente por la violencia se fue a la frontera a buscar asilo político a Estados Unidos.
Del poblado de Laura, del cual se omite el nombre por cuestiones de seguridad, al menos 20 personas están en Estados Unidos bajo este sistema. La situación se repite en los poblados contiguos.
Los pueblos de la región de la Tierra Caliente, en donde el crimen organizado tomó el control, están en proceso de quedar deshabitados.
La gente se va a la frontera con Estados Unidos a esperar esa cita que les cambiará la vida.
A finales del 2022, el Centro Morelos documentó 25,000 casos, pero sólo en unos meses el número se disparó
Texto: Itzel Urieta
Fotografía: Oscar Guerrero / Archivo
Chilpancingo
El número de personas desplazadas aumentó en Guerrero de 25,000 a 26,700 en el último año, y ninguna autoridad pone atención al tema, denunció el Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón.
A finales del 2022, el Centro Morelos documentó 25,000 casos de desplazados principalmente por violencia, en lo que va del año la cifra incluye 1,700 personas más, principalmente de la Sierra de Leonardo Bravo y la Tierra Caliente.
A con el aumento de las cifras, la directora del Centro Morelos, Teodomira Rosales Sierra, mencionó que en Guerrero no hay garantías por parte del Estado para las personas desplazadas.
Algunos retornan a su lugar de origen sin garantías de seguridad y otros más deciden migrar fuera del estado o del país para buscar mejores condiciones.
El Estado es incapaz de garantizar los derechos humanos a los desplazados; desde septiembre del 2020 la Camara de Diputados aprobó por unanimidad la Ley General en Materia de Desplazamiento Forzado, misma que se turnó al Senado de la República donde permanece en la congeladora.
Para Rosales Sierra la aprobación de esta ley sería un gran paso para que las familias desplazadas accedan a la justicia.
“Desde 2020 nos articulamos con defensoras de derechos humanos de varios estados de la República para exigir la ley general que está congelada y, pues, vamos articularnos y hacer un oficio para ver en qué parte esta atorada la minuta, porque no podemos estar sin una ley ante un problema tan grande”, dijo Rosales Sierra.
En la imagen una niña desplazada del poblado de El Caracol, municipio de Heliodoro Castillo, de entre las personas que estaban refugiadas en el Auditorio Municipal de Tlacotepec el 14 de mayo del 2023.
Para el Centro Morelos los principales responsables del desplazamiento forzado son los grupos delictivos que mantienen presiones sobre zonas mineras, bosques y, por último, donde hay trasiego de drogas.
Ante la falta de una normativa, colectivos de desplazados de todo el país solicitarán una reunión con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) para que las personas adultas mayores y las niñas y los niños accedan a un apoyo económico que les garanticen sus derechos.
“Hay adultos mayores que están sin trabajar, no saben a dónde ir, no tienen dinero, y niños que no van a la escuela, y todo eso es una violación a sus derechos humanos, y esa violación es generada por las instituciones que no pueden atender el problema”, mencionó Rosales Sierra.
Otra de las exigencias que planteó es que el desplazamiento forzado sea tipificado como delito para, en entonces, exigir una reparación del daño a través de instrumentos jurídicos.
A nivel nacional, los últimos datos del Observatorio de Desplazamiento Interno menciona que México, país que ocupa el primer lugar de naciones que, sin estar de manera oficial en guerra, suman más víctimas de desplazamiento en el mundo, con 379,000 personas en esta condición.
Texto: José Miguel Sánchez (con información de Oscar Guerrero)
Fotografía: Oscar Guerrero
Chilpancingo
Pobladores desplazados de El Caracol, municipio de Heliodoro Castillo, dejaron pertenencias, animales y cultivos ante el miedo de perder la vida por los ataques aéreos de supuestos integrantes del grupo delictivo de la Familia Michoacana.
Sufrieron dos ataques con bombas caseras a través de drones, y por esa razón los pobladores huyeron de El Caracol y se resguardaron en la cabecera municipal, Tlacotepec, donde el párroco de la iglesia junto a los integrantes del Centro de Derechos de las Víctimas de Violencia Minerva Bello asignaron un albergue.
Desde ese lugar, donde hay 250 personas, Zeferino Neri contó ayer que abandonaron todas sus pertenencias en el pueblo.
«La gente maleante nos echó las bombas para que nos viniéramos para acá, mataron hasta un señor que nada tenía que ver; allá dejé todo, mi maíz, mis animales, marranos, me traje unos chivos para acá y los tuve que rematar para ganarle algo», contó.
De la persona que murió en el ataque, según este poblador, las autoridades no han informado nada.
Otra persona desplazada dijo que el primer ataque ocurrió el 1 de mayo y el segundo el 8, «y esperábamos otro el 10, para las mamás, por dejar pasar a los militares».
Los pobladores creen que la Familia Michoacana quiere entrar al territorio, porque consideram que es de Los Tlacos, otro grupo criminal que opera en esta parte de la Sierra de zona Centro de Guerrero, por eso intimidan a los habitantes para que los apoyen, de lo contrario los amenazan con asesinarlos.
«Nos tiraron bombas, nos dijeron que nos van a matar, que van a pasar casa por casa y nos maten a todos, nos quieren acabar a todos, pero nosotros no tenemos la culpa de nada, no tenemos nada que ver», narró otra mujer desplazada este lunes en el albergue en Tlacotepec.
El pasado 2 de mayo, a las seis de la tarde, los lugareños de El Caracol se percataron de que había drones sobrevolando la localidad.
Al día siguiente volvieron a ver esos artefactos, pero en esa ocasión les lanzaron seis bombas.
Los pobladores exigen a los tres niveles de gobierno garantías para regresar a su poblado, «ya estamos enfadados de estar encerrados en un solo lugar, allá vamos al río, salimos al campo», denunció uno de los afectados.
Son 60 familias las afectadas, 250 personas, entre ellos 80 niñas y niños, quienes exigen garantías para retornar a El Caracol.
La localidad también vive el abandono en los servicios de educación y salud, debido a que el personal se niega a subir por temor a la violencia en la zona que tiene que ver con la presencia de grupos armados.
Por ahora los desplazados son atendidos por la comunidad católica, pero tienen enfermedades respiratorias, gastrointestinales y crisis nerviosas.
El Caracol es una comunidad de 650 habitantes al sur de Heliodoro Castillo, en la Sierra y a orillas del río Balsas.
El municipio vecino es Apaxtla de Castrejón, demarcación en la que también han intentado ingresar desde hace meses integrantes de la Familia Michoacana.
Familias de la comunidad de El Caracol, municipio de Heliodoro Castillo, se desplazaron a Tlacotepec, donde fueron arropados por la ciudadanía ante la falta de apoyo del gobierno del estado
Después de ser atacados con seis bombas lanzadas con drones, al parecer por integrantes del grupo criminal de la Familia Michoacana (FM), el pasado 3 de mayo, familias de la comunidad de El Caracol, Heliodoro Castillo, se desplazaron a Tlacotepec, cabecera de este municipio, en donde fueron arropados por la ciudadanía ante la falta de apoyo del gobierno del estado, denunció el Centro de Derechos Humanos de las Víctimas por la Violencia Minerva Bello.
A los desplazados los apoyó también el párroco de Tlacotepec, “pero la ayuda humanitaria es insuficiente”, difundió en su comunicado este organismo, donde también informó sobre los detalles del ataque contra los ahora desplazados.
Desde el pasado 3 de mayo las familias desplazadas de El Caracol están refugiadas en el interior de una iglesia de Tlacotepec.
Un día antes, el 2 de mayo, los habitantes de El Caracol se percataron del sobrevuelo de varios drones sobre la comunidad. “El 3 de mayo nuevamente se percataron de los drones pero esta vez fueron lanzadas seis bombas, lo que ocasionó que la gente saliera de sus casas de manera inmediata para proteger la vida de los niños y las mujeres”.
Ante ello las familias decidieron desplazarse de su pueblo y trasladarse a Tlacotepec.
“A pesar de que la gente ya no estaba en su comunidad nuevamente el 8 de mayo fue atacada con 11 bombas con drones”, se lee en el comunicado del Centro Minerva Bello.
Desde hace seis meses la gente de El Caracol se había percatado de la presencia de hombres armados en las orillas del río del pueblo, que habrían identificado como miembros de la FM.
“Los hombres armados le decían a la gente que no los querían ver a la orilla del río y que si lo hacían se atuvieran a las consecuencias e incluso les impedían que visitaran a la localidad de Apaxtla de Castrejón”.
Este organismo de derechos humanos pide a las autoridades ayuda humanitaria a las familias desplazadas, porque la mitad de ellos presentan problemas de salud, como diarrea, tos, gripa, fiebre , dolor de cuerpo y de cabeza.
“El Centro de Derechos Humanos de las Víctimas por la Violencia Minerva Bello hace un llamado urgente a las autoridades de los tres niveles de gobierno para que en el ámbito de sus atribuciones realicen acciones que aseguren los derechos de la población, incluyendo medidas que garanticen su salud, educación, alimentación, vivienda y empleo en condiciones dignas”.
Pobladores desplazados de El Caracol, se resguardan en la Tlacotepec, cabecera municipal de Heliodoro Castillo, en la Sierra de Guerrero, después de un ataque presuntamente orquestado por la Familia Michoacana. Foto: Centro de Derechos Humanos Minerva Bello.
Texto: Amapola periodismo Fotografía: Especial 9 de abril del 2023 Chilpancingo
En el 2018, familias de la comunidad de Las Ventanas del municipio de San Miguel Totolapan fueron expulsadas por integrantes de un grupo del crimen organizado de Los Tlacos y desde esa fecha el gobierno del estado no les ha garantizado un lugar seguro donde vivir.
Este grupo de expulsados era integrado por 27 familias y se fueron a vivir al municipio de Atoyac de Álvarez pero con el paso del tiempo se fue desintegrando ya que muchos se fueron a vivir a otros estados del país e incluso a Estados Unidos por seguridad.
Las autoridades estatales nunca les cumplió a las familias con garantizarles el regreso a su comunidad o cuando menos beneficiándolos con un lugar donde vivir, alimento, salud y educación a los niños como lo establece la Ley 487 para Prevenir y Atender el Desplazamiento Interno del Estado.
En diciembre del 2022, estas familias se salieron de Atoyac de Álvarez y se refugiaron en la comunidad de Xaltianguis, del municipio de Acapulco.
El pasado miércoles 5 de abril, las familias sufrieron un ataque a balazos muriendo dos hombres y resultando herida de una bala en la cabeza una menor de 15 años de nombre Ashly «N» quien murió un día después en el Hospital General de Acapulco.
La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que los hombres armados atacaron a tiros a este grupo de personas en un camino de terracería de la comunidad de Xaltianguis.
El jueves 6 de abril los agresores todavía se paseaban por las calles de Xaltianguis para agredir a las demás familias de desplazados de Las Ventanas pero huyeron ante la llegada de policías estatales, agentes ministeriales y el Ejército.
Sin embargo, el mismo jueves las familias sobrevivientes del ataque acordaron salirse de Xaltianguis y trasladarse a Atoyac de Álvarez, en la región de la Costa Grande.
Las autoridades habilitaron un ginmasio deportivo para que en ese lugar durmieran las familias.
En entrevista, el director de Gobernación del estado, Francisco Rodríguez Cisneros, aseguró que las familias desplazadas ya no están en Atoyac y aseguró que fueron llevadas a otro sitio para darles medidas de seguridad.
«Ya les dimos todo el apoyo que nos estaban pidiendo y por razones de seguridad no daremos a conocer a donde las llevamos», afirmó el funcionario estatal.
Dijo desde este sábado las familias ya fueron evacuadas de Atoyac.
«Será difícil que podamos cumplir su demanda de que regresen a su comunidad de Las Ventanas», dijo.
Mencionó el grupo de familias desplazadas es integrada 25 personas. Rodríguez Cisneros reconoció que en la plática que tuvo este sábado las con las víctimas le pidieron que el gobierno estatal interceda para que las autoridades de Estados Unidos les brinden asilo político.
Las familias que fueron atacadas a balazos en Xaltianguis aseguraron que ya no quieren estar en Guerrero porque su vida corre peligro.
«Estábamos viviendo en lugares muy lejos de nuestro pueblo y hasta aquí nos vinieron atacar», dijo uno de los desplazados.
En un informe que dio a conocer en febrero de este año el Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, asegura que en la actual administración que encabeza la morenista Evelyn Salgado Pineda el número de desplazados por la violencia en Guerrero está en aumento.
Según la medición de este organismo, hay 25 mil 300 personas que desde el 2016 han sido expulsadas de sus comunidades por los distintos grupos del crimen organizado.
Menciona que solo en el 2022, 2 mil 500 personas fueron desplazadas de manera forzada de las diferentes regiones del estado.
Los últimos desplazamientos forzados han sido originados por hechos de violencia registrados en Tierra Caliente y la Costa Grande entre grupos antagónicos de grupos del crimen organizado que tienen pactos con los sectores políticos y económicos de estas zonas.
Un informe oficial de autoridades estatales ubican que en Guerrero hay 16 organizaciones criminales y que tres de ellas han tenido un avance en diversas regiones.
La Familia Michoacana (FM) controla los 9 municipios de Tierra Caliente y demarcaciones en la zona norte del estado.
También está el grupo de Los Ardillos que tiene presencia en municipios de la región centro, Montaña Baja y Montaña Alta.
Así como la organización criminal de Los Tlacos que tienen bajo su mando municipios de la zona centro y norte del estado.
Familias de comunidad de la Sierra se desplazan a Tecpan por amenazas del crimen organizado
Texto: Jesús Guerrero
Fotografía: Especial
4 de marzo del 2023
Chilpancingo
A bordo de camionetas y cuatrimotos unas 200 personas salieron este lunes de su comunidad, San Antonio de las Tejas, municipio de Coyuca de Catalán, por amenazas de integrantes de un grupo del crimen organizado y por la falta de apoyo del gobierno estatal de la morenista Evelyn Salgado Pineda.
Las 34 familias se desplazaron hacia la cabecera municipal de Tecpan de Galeana, donde llegaron este lunes a las diez de la noche, luego de realizar un recorrido de nueve horas por un camino de terracería y ante el peligro de ser atacados a balazos por miembros del grupo criminal de la Familia Michoacana.
Son niños, ancianos, hombres y mujeres los que salieron desplazados de su pueblo, el cual fue atacado a balazos por delincuentes.
Salieron el lunes a las 13 horas de su comunidad y llegaron nueve horas después a Tecpan de Galeana; ante la falta de un albergue durmieron en la plaza central de esta localidad. Aunque las autoridades del municipio les enviaron cobijas y comida caliente.
Hasta este martes, el gobierno del estado no ha brindado atención a las familias desplazadas de esta comunidad.
La Ley 487 para Atender y Prevenir y Atender el Desplazamiento Interno del Estado de Guerrero establece la obligación de las autoridades estatales de darles atención médica, alimenticia, un lugar donde vivir y educación a las personas que por diversas razones se desplacen de sus comunidades.
Las familias de San Antonio de las Tejas antes de salir de su pueblo pidieron a las autoridades estatales el acompañamiento de la Policía Ministerial y Policía Estatal para llegar a Tecpan sin ningún contratiempo. Pero ninguna corporación policiaca o el Ejército llegó para acompañarles.
Cuatro familias, en su mayoría personas de la tercera edad, decidieron quedarse en el pueblo en donde recientemente llegó una patrulla de la Policía Ministerial para brindarles seguridad.
Sin embargo, la mayoría de la ciudadanía consideró que estas medidas de seguridad eran insuficientes y decidieron salirse ante el temor de que nuevamente sean agredidos por los miembros de la FM.
El 19 de marzo, un convoy del Ejército se enfrentó a tiros con un grupo de integrantes de la Familia Michoacana (FM), en la comunidad de El Pescado, municipio de Coyuca de Catalán. Orbelín Hernández, alías El Gordo –lugarteniente de los líderes de la FM, José Alfredo y Jhonny Hurtado Olascoaga –, y dos de sus hijos, además de otros dos habitantes, murieron en ese choque armado, en el que también fallecieron dos soldados.
La muerte de El Gordo no ha establecido que haya menos riesgo contra los pobladores de esta zona de la Sierra.
Después de las agresiones que ha perpetrado la FM en esta zona de Costa Grande y Tierra Caliente, el gobierno instaló campamentos con fuerzas federales y estatales en siete puntos: en Santa Rosa, Las Mesas, El Banco, Corrales, El Durazno, San Antonio Tejas y Bayados.
Pero aun con estas siete bases de operaciones mixtas, las familias de Los Bayados y San Antonio Tejas, salieron de sus comunidades. En el caso de los desplazados de Los Bayados viven en la comunidad de El Súchil, municipio de Tecpan.
Los pobladores desplazados dejaron sus huertas, casas y bienes materiales, pero tienen la esperanza de que las autoridades les garanticen su regreso.
Imágenes del momento en que las familias de comunidad de la Sierra se desplazan hacia Tecpan por amenazas del crimen organizado.
Una grupo de habitantes de Los Bayados, municipio de Ajuchitlán, en la Tierra Caliente, que salieron el 19 de febrero en calidad de desplazados por la violencia, regresaron hoy a su pueblo escoltados por la Guardia Nacional y el Ejército.
De 246 habitantes que huyeron por las amenazas que recibieron por parte de un grupo, esta mañana regresaron 30.
El subsecretario de Prevención y Operación Policial de la Secretaría de Seguridad Pública del estado, Irving Jiménez Sánchez, informó que los acompañaron elementos de seguridad y que el traslado comenzó a las seis de la mañana.
«Personal de seguridad estatal y el Ejército se quedarán en la comunidad de manera permanente», dijo en entrevista Jiménez Sánchez y agregó que «no eran desplazados, porque (simplemente) ellos se podían mover por todos lados».
El secretario general de Gobierno, Ludwing Marcial Reynoso Núñez, mencionó que los 30 habitantes partieron en caravana junto con los elementos de seguridad de la comunidad de El Suchil, del municipio de Tecpan de Galeana, en la Costa Grande.
«La gente que se quiera regresar de Bayados será acompañada por las fuerzas de seguridad, pero en el pueblo se quedarán militares y policías para resguardar a la demás gente que ahí se quede».
Agregó que las 30 personas se regresaran a su comunidad porque «quieren ver en qué estado se encuentran sus casas y sacar algunas de sus pertenencias».
Mencionó que muchas familias que salieron de Los Bayados el pasado 19 de febrero se refugiaron en El Suchil, otros en la cabecera de Tecpan de Galeana y otros en Zihuatanejo.
Los habitantes de Los Bayados, a través de un comunicado difundido la semana pasada, dijeron que se salieron sin pertenencias de su comunidad porque un día antes ocurrió un enfrentamiento a balazos entre integrantes de dos grupos del crimen organizado.
Además de que los delincuentes les dieron el plazo de un día para salirse de su pueblo.
De las 246 personas desplazadas, 70 son menores de edad y otros 70 son adultos mayores, dos de ellos con problemas de discapacidad.
En esa ocasión, las familias pidieron el apoyo de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda.
Según Reynoso Núñez, el gobierno estatal les entregó apoyo alimentario y artículos de aseo.
En esa parte de la Sierra viven una situación difícil desde el pasado 28 de enero pasado que se registraron enfrentamientos entre miembros de dos grupos de la delincuencia organizada.
Ese día en la comunidad de El Parotal, del municipio de Petatlán, hubo un enfrentamiento entre pobladores y policías estatales que dejó un saldo de cinco muertos, entre ellos, un comandante que dirigía el convoy, un policía raso y tres individuos a quienes los lugareños los identificaron como miembros del grupo criminal de la Familia Michoacana.
Jiménez Sánchez rechazó que esos tres hombres que murieron y que iban con los agentes estatales pertenecieran a la Familia Michoacana.
«Eran personas que habían denunciado abusos en esa zona», dijo el funcionario y mencionó que las investigaciones ya están a cargo de la Fiscalía General del Estado (FGE).
Momentos en los que 30 pobladores de Los Bayados son escoltados por elementos de la Guardia Nacional y Ejército de regreso a su comunidad. Foto: Secretaría de Seguridad Pública.
Texto: José Miguel Sánchez Fotografía: Arturo de Dios /Archivo 6 de febrero del 2023 Chilpancingo
De 2016 hasta el cierre del año pasado, 25,000 personas son víctimas de desplazamiento forzado a causa de la violencia, así lo informó el Centro de Defensa de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos).
A través de un comunicado expuso que en Guerrero las víctimas de desplazamiento forzado interno podrían llegar a las 30,000 este año “si las autoridades no frenan la situación de violencia que se vive en las regiones del Centro, Tierra Caliente, Sierra y Costa Grande”.
Además que el Centro Morelos acusa al gobierno estatal de minimizar la violencia que hay en la entidad.
También realizó un recuento de hechos violentos de los últimos meses, donde incluyó “la masacre de 22 personas en San Miguel Totolapan”, el ataque armado del pasado 2 de febrero, donde un grupo de pobladores y policías estatales se enfrentaron a balazos en El Parotal, municipio de Petatlán, hecho que dejó el saldo de cinco muertos.
“Con estos hechos violentos no hay paz ni tranquilidad y es la consecuencia de una guerra por el control del territorio, lo que ha provocado que decenas de familias sean desplazadas de sus lugares de origen”.
En el documento explican a la gobenadora Evelyn Salgado Pineda que de 2016 al 2021 hubo 22,840 personas desplazadas, además de los 2,500 que documentaron sólo en 2022.
El Centro Morelos estima que a la fecha ya suman 25,000 personas desplazadas víctimas de violencias previas.
El Centro Morelos también llamó a las autoridades a actualizar y reglamentar la Ley 487 para Atender y Prevenir El Desplazamiento Forzado Interno y que el Senado de la República ratifique la Ley General para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno.
Plantearon que los tres niveles de gobierno atienda este problema para que las personas desplazadas sean reubicados o regresen a sus comunidades, y les garanticen una reparación del daño con “una estrategia de paz y seguridad que en realidad aporte resultados”.
Fotografía: Oficial / Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero
Chilpancingo
Debido a los hechos de violencia ocurridos en varias comunidades de la Sierra, familias de la comunidad de Santa Rosa de Lima, municipio de Tecpan de Galeana, decidieron desplazarse para evitar nuevas agresiones.
Una mujer que pidió que se omitiera su nombre dijo que hombres armados atacaron a balazos sus casas el lunes pasado, pero que afortunadamente no hubo personas lesionadas.
Contó que ella y otras mujeres de la colonia Linda Vista de Santa Rosa veían cuando llegaban al pueblo un grupo de vecinas que fueron a sepultar a un familiar asesinado en el enfrentamiento a balazos en la comunidad de El Parotal, municipio de Petatlán, el pasado sábado 28 de enero, del cual se informó en este medio.
En ese momento, hombres armados que se escondían en los cerros empezaron a disparar hacia sus viviendas. Dijo que el tiroteo duró aproximadamente una hora y media y cesó hasta que llegó el Ejército y la Guardia Nacional.
Santa Rosa Lima, del municipio de Tecpan de Galeana, es resguardado por fuerzas de seguridad después balaceras.
Dijo que durante el ataque se quedaron sin señal de teléfono de celular pero algunas de ellas pidieron comunicarse para solicitar auxilio.
La mujer aseguró que las balas atravesaron los muros de varias casas.
Recordó que en diciembre del 2022, luego de que un grupo criminal, al parecer de la Tierra Caliente, asesinó a tiros a seis personas en la comunidad de El Durazno, municipio de Coyuca de Catalán, los delincuentes asentados en el territorio de la Costa Grande, es decir, otro grupo criminal, les pidió su apoyo, pero como se negaron, los atacaron a balazos este lunes pasado.
Es decir, la versión de la señora es que en Satanases Rosa les agredieron delincuentes asentados en la Costa Grande. Esta región colinda en la Sierra con la Terra Caliente de Guerrero.
Otra versión que contó otro grupo de vecinos de Santa Rosa de Lima es que en el enfrentamiento del lunes fue entre miembros de la Familia Michoacana y pobladores del pueblo.
Además de que muchas de las personas que viven en la colonia de Linda Vista son familiares de uno de los tres individuos que pertenecen a la Familia Michoacana, grupo que está del lado de Tierra Caliente, y que murieron en el enfrentamiento a tiros entre policías estatales y pobladores de El Parotal, el pasado sábado 28 de enero. Los tres individuos subieron con los mismos policías vestidos con uniformes de agentes.
Después de la balacera del lunes, en Santa Rosa de Lima, el gobierno instaló una base de operaciones mixtas con fuerzas de seguridad federal y estatal.
Sin embargo, comisarios de comunidades de los municipios de Tecpan, Ajuchitlán del Progreso, Petatlán y Coyuca de Catalán exigen que instalen otras dos bases iguales en la región de la Sierra, como lo prometió la gobernadora Evelyn Salgado Pineda.
Propone que estos filtros de seguridad estén en Las Mesas, municipio Coyuca de Catalán (Tierra Caliente) y en el crucero de San Antonio Texas, municipio de Petatlán (Costa Grande).
Ayer martes, después de tres días de balaceras en esa zona de la Sierra, comisarios municipales y comisariados ejidales de localidades de los municipios de Coyuca de Catalán, Tecpan, Petatlán y Ajuchitlán del Progreso se reunieron en Santa Rosa de Lima para denunciar el acoso y hostigamiento que sufren por parte de integrantes de la Familia Michoacana.
«No nos vamos a quedar con los brazos cruzados y si ellos (los de la FM) nos atacan nosotros vamos a responder, porque también estamos armados, aunque sea con rifles de calibre 22», dijo uno de los comisarios que pidió omitir su nombre.
En la reunión participaron la comisaría Azucena Rosas de El Durazno, del municipio de Coyuca de Catalán; Guillermo Salas, comisario de Santa Rosa de Lima, municipio de Tecpan; Pablo Mejía, autoridad municipal de La Calera, municipio de Petatlán, entre otros.
Fotografía: Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón
22 de enero del 2023
Antonio Trujillo Benito falleció el 21 de enero y nunca pudo regresar a su casa, Campo de aviación, un pueblo de la Sierra de Leonardo Bravo, de donde salió hace cuatro años de manera forzado.
La depresión de Antonio, que se desprende desde su desplazamiento forzado, lo condujo al alcohol y este a su muerte, informó Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón
El 11 de noviembre de 2018 un grupo de civiles armados “habrían invadido a comunidades de Filo de Caballos en El Ranchito, Puentecillas, Carrizal, Mirabal y Campo de Aviación donde habrían disparado contra la población civil”, se lee en una recuento de los hechos realizado por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Violencia (CEAV) que da cuenta de la razón por la que salió desplazado Antonio.
Derivado de esa agresión, en total, unos 2,000 pobladores de dichas comunidades salieron en calidad de desplazados ese mismo día y se refugiaron en el auditorio municipal de Chichihualco, cabecera municipal de Leonardo Bravo.
“Duele mucho la partida de nuestro querido compañero Antonio Trujillo Benítez, pero más me duele que se fue con la esperanza de algún día volver a su pueblo natal”, se lee en el comunicado del Centro Morelos, organización que acompaña personas desplazadas.
En el contenido del comunicado se entiende que derivado de estar fuera de su hogar y con toda su familia, Antonio se refugió en el alcohol, porque pensó que así “encontraría la solución a su tristeza y coraje en contra de un gobierno insensible al cual no le importamos”.
En marzo de 2019, durante un plantón fuera de Palacio Nacional, en la Ciudad de México, para exigir al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, solucionar el tema de las personas desplazadas, Francisco, otra persona desplazada tuvo un infarto y fue Antonio, quien con “desesperación fue capaz de darle respiración de boca a boca, tratando de salvarlo, pero finalmente se nos adelantó y ahora él (Antonio)”.
“Finalmente la depresión lo venció, pues es dura y sabemos que por esa causa podemos en cualquier momento perder la vida, por tanta tristeza provocada por haber tenido que dejar todo desde el 2018 para salvar la vida, el no poder regresar a su tierra, la falta de justicia, reubicación y reparación del daño”.
El 17 de noviembre de 2018, seis después de que Antonio huyó de su hogar, los desplazados intentaron retornar en una caravana acompañados de militares, policías, activistas, periodistas y personal de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), pero fueron atacados entre Los Morros y Campo de Aviación, dos comunidades de la Sierra.
Por el ataque, los pobladores decidieron no seguir hacia sus hogares y se regresaron a Chichihualco, donde muchos permanecen, otros migraron a Cuernavaca, Morelos y Ciudad de México, pero esperan el apoyo federal para un retorno seguro.
“Seguiremos luchando para que sus hermanos e hijos alcancen la reubicación y un trato digno, exigiendo justicia para las víctimas que se quedan”, precisó en el texto Centro Morelos.
También exigió a los tres niveles de gobierno cumplir con su promesa de pronta reubicación y reparación del daño para todas las familias víctimas de desplazamiento interno forzado.
“Que ningún/a compañera/o más mueran sin tener un lugar y un techo seguro donde vivir. Hasta siempre compañero Toño, abrazos hasta al cielo”.
En la imagen, Antonio Trujillo Benito en su posición de víctima de desplazamiento forzado durante una manifestación en la Ciudad de México en apoyo a los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. Foto: Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón.
A seis días de que un grupo armado asesinó a balazos a siete personas en El Durazno, municipio de Coyuca de Catalán, al menos 50 personas de esta comunidad se desplazaron a otros lugares de Guerrero por razones de seguridad.
El éxodo de las familias de esta localidad ocurrió en las últimas 24 horas aunque desde el pasado domingo se puso en marcha una operación con fuerzas de seguridad federal y estatal para resguardar a los habitantes y detener a los responsables.
“Dejaron todo, sus casas, sus parcelas”, dijo la comisaria de El Durazno, Azucena Rosas García.
Después que ocurrió la masacre de seis adultos y un menor de 11 años, los habitantes de este pueblo enclavado en la Sierra recibieron la visita de diversos funcionarios y mandos de corporaciones de seguridad.
Desde este domingo 11 de diciembre, luego de que transcurrieron más de 24 horas de la matanza, llegó el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Evelio Méndez Gómez, con un contingente de marinos, Guardia Nacional, Ejército y Policía estatal.
Además, el lunes 12, la fiscal general del Estado, Sandra Luz Valdovinos Salmerón, visitó a los pobladores y les prometió que se hará justicia en el caso de los siete asesinatos y llevó a un agente del Ministerio Público del Fuero Común para que los familiares de las víctimas interpusieran sus denuncias.
“Aquí siguen los soldados, los policías estatales y Guardia Nacional pero solo andan recorriendo las calles del pueblo y no van al monte a detener a los delincuentes que ahí andan escondidos listos para entrar y solo esperan que se vayan las fuerzas de seguridad”, dijo la comisaria.
El Durazno es una localidad en donde el único sustento de las familias es la agricultura con la siembra de maíz, frijol, calabaza y chile, pero además tienen huertas de aguacate.
“La gente tiene que ir a sus parcelas para sembrar y sigue en sus casas porque no tienen ninguna garantía de regresar con vida”, indicó.
Otro problema que enfrentan los habitantes de El Durazno es de que los proveedores de diversos productos no acuden a la localidad para surtir a las tiendas y no lo harán mientras no haya garantías de seguridad.
De seguir esta situación, lo más seguro es de que los niños de la escuela primaria y preescolar no regresen a clases en enero luego de sus vacaciones de fin de año.
“La escuela primaria (Ignacio Zaragoza) en donde el grupo armado citó a la gente para asesinarla está baleada y tiene que ser remozada”, dijo la comisaria.
Este jueves los pobladores recibieron la visita de una funcionaria del DIF estatal que envió la presidenta de este organismo, Liz Salgado Pineda, hermana de la gobernadora Evelyn Salgado.
La enviada de Salgado Pineda entregó 200 despensas.
“Esas despensas alcanzan para dos o tres días, es una burla que nos hace el gobierno; lo que queremos es de que se nos haga justicia y que los delincuentes que andan escondidos cerca del pueblo los detengan”.
Mencionó que la funcionaria del DIF estatal llegó acompañada por el director de Derechos Humanos de la Secretaría General de Gobierno, Miguel Flores Morales.
“Nosotros pensábamos que el de derechos humanos se quedaría aquí en el pueblo para recabar nuestras denuncias pero se fue rápido con la funcionaria del DIF, pues se ve que les dio mucho miedo estar aquí”, dijo la comisaria.
Uno de los programas sociales que puso en marcha el gobierno federal desde el 2018 fue Sembrando Vida, pero aquí en El Durazno todavía ningún campesino ha sido beneficiado.
En el 2019, cien campesinos se inscribieron en este programa pero sus nadie salió en las listas de beneficiarios.
“El gobierno federal no nos ha apoyado en nada, es más ni siquiera con becas para los niños que van a la escuela”.
A la gente, aseguró, no le importa mucho que hayan sido excluidos en los programas sociales del gobierno de Andrés Manuel López Obrador porque les interesa más tener tranquilidad.
Rosas García reconoció que tiene miedo de que la pase a ella y a su familia por las denuncias que ha hecho de manera pública por la situación de inseguridad que existe en su pueblo.
“La verdad temo que me maten porque esa gente mala ya me tiene ubicada pero a pesar de eso yo seguiré dando la cara por mi pueblo porque para eso me eligieron”, dijo.
A seis días del asesinato de los seis adultos y un menor de 11 años, las fuerzas policiacas solo aseguraron dos camionetas con las siglas de la FM (Familia Michoacana) en las que presuntamente se moviliza el grupo armado, además de cartuchos útiles.
