Habitantes de El Caracol entre la incertidumbre del desplazamiento y el abandono instituciona

Texto: José Miguel Sánchez (con información de Oscar Guerrero)

Fotografía: Oscar Guerrero

Chilpancingo

 

Pobladores desplazados de El Caracol, municipio de Heliodoro Castillo, dejaron pertenencias, animales y cultivos ante el miedo de perder la vida por los ataques aéreos de supuestos integrantes del grupo delictivo de la Familia Michoacana.

Sufrieron dos ataques con bombas caseras a través de drones, y por esa razón los pobladores huyeron de El Caracol y se resguardaron en la cabecera municipal, Tlacotepec, donde el párroco de la iglesia junto a los integrantes del Centro de Derechos de las Víctimas de Violencia Minerva Bello asignaron un albergue.

Desde ese lugar, donde hay 250 personas, Zeferino Neri contó ayer que abandonaron todas sus pertenencias en el pueblo.

«La gente maleante nos echó las bombas para que nos viniéramos para acá, mataron hasta un señor que nada tenía que ver; allá dejé todo, mi maíz, mis animales, marranos, me traje unos chivos para acá y los tuve que rematar para ganarle algo», contó.

De la persona que murió en el ataque, según este poblador, las autoridades no han informado nada.

Otra persona desplazada dijo que el primer ataque ocurrió el 1 de mayo y el segundo el 8, «y esperábamos otro el 10, para las mamás, por dejar pasar a los militares».

Los pobladores creen que la Familia Michoacana quiere entrar al territorio, porque consideram que es de Los Tlacos, otro grupo criminal que opera en esta parte de la Sierra de zona Centro de Guerrero, por eso intimidan a los habitantes para que los apoyen, de lo contrario los amenazan con asesinarlos.

«Nos tiraron bombas, nos dijeron que nos van a matar, que van a pasar casa por casa y nos maten a todos, nos quieren acabar a todos, pero nosotros no tenemos la culpa de nada, no tenemos nada que ver», narró otra mujer desplazada este lunes en el albergue en Tlacotepec.

El pasado 2 de mayo, a las seis de la tarde, los lugareños de El Caracol se percataron de que había drones sobrevolando la localidad.

Al día siguiente volvieron a ver esos artefactos, pero en esa ocasión les lanzaron seis bombas.

Los pobladores exigen a los tres niveles de gobierno garantías para regresar a su poblado, «ya estamos enfadados de estar encerrados en un solo lugar, allá vamos al río, salimos al campo», denunció uno de los afectados.

Son 60 familias las afectadas, 250 personas, entre ellos 80 niñas y niños, quienes exigen garantías para retornar a El Caracol.

La localidad también vive el abandono en los servicios de educación y salud, debido a que el personal se niega a subir por temor a la violencia en la zona que tiene que ver con la presencia de grupos armados.

Por ahora los desplazados son atendidos por la comunidad católica, pero tienen enfermedades respiratorias, gastrointestinales y crisis nerviosas.

El Caracol es una comunidad de 650 habitantes al sur de Heliodoro Castillo, en la Sierra y a orillas del río Balsas.

El municipio vecino es Apaxtla de Castrejón, demarcación en la que también han intentado ingresar desde hace meses integrantes de la Familia Michoacana.

Familias desplazadas de El Caracol por grupo criminal piden el apoyo del gobierno

Familias de la comunidad de El Caracol, municipio de Heliodoro Castillo, se desplazaron a Tlacotepec, donde fueron arropados por la ciudadanía ante la falta de apoyo del gobierno del estado


Texto: Amapola periodismo

Fotografía: Centro de Derechos Humanos de las Víctimas Minerva Bello

14 de mayo del 2023

Chilpancingo 

 

Después de ser atacados con seis bombas lanzadas con drones, al parecer por integrantes del grupo criminal de la Familia Michoacana (FM), el pasado 3 de mayo, familias de la comunidad de El Caracol, Heliodoro Castillo, se desplazaron a Tlacotepec, cabecera de este municipio, en donde fueron arropados por la ciudadanía ante la falta de apoyo del gobierno del estado, denunció el Centro de Derechos Humanos de las Víctimas por la Violencia Minerva Bello.

A los desplazados los apoyó también el párroco de Tlacotepec, “pero la ayuda humanitaria es insuficiente”, difundió en su comunicado este organismo, donde también informó sobre los detalles del ataque contra los ahora desplazados.

Desde el pasado 3 de mayo las familias desplazadas de El Caracol están refugiadas en el interior de una iglesia de Tlacotepec.

Un día antes, el 2 de mayo, los habitantes de El Caracol se percataron del sobrevuelo de varios drones sobre la comunidad. “El 3 de mayo nuevamente se percataron de los drones pero esta vez fueron lanzadas seis bombas, lo que ocasionó que la gente saliera de sus casas de manera inmediata para proteger la vida de los niños y las mujeres”.

Ante ello las familias decidieron desplazarse de su pueblo y trasladarse a Tlacotepec.


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“A pesar de que la gente ya no estaba en su comunidad nuevamente el 8 de mayo fue atacada con 11 bombas con drones”, se lee en el comunicado del Centro Minerva Bello.

Desde hace seis meses la gente de El Caracol se había percatado de la presencia de hombres armados en las orillas del río del pueblo, que habrían identificado como miembros de la FM.

“Los hombres armados le decían a la gente que no los querían ver a la orilla del río y que si lo hacían se atuvieran a las consecuencias e incluso les impedían que visitaran a la localidad de Apaxtla de Castrejón”.

Este organismo de derechos humanos pide a las autoridades ayuda humanitaria a las familias desplazadas, porque la mitad de ellos presentan problemas de salud, como diarrea, tos, gripa, fiebre , dolor de cuerpo y de cabeza.

“El Centro de Derechos Humanos de las Víctimas por la Violencia Minerva Bello hace un llamado urgente a las autoridades de los tres niveles de gobierno para que en el ámbito de sus atribuciones realicen acciones que aseguren los derechos de la población, incluyendo medidas que garanticen su salud, educación, alimentación, vivienda y empleo en condiciones dignas”.

Pobladores desplazados de El Caracol, se resguardan en la Tlacotepec, cabecera municipal de Heliodoro Castillo, en la Sierra de Guerrero, después de un ataque presuntamente orquestado por la Familia Michoacana. Foto: Centro de Derechos Humanos Minerva Bello.

 

 

Tras ataque en donde mueren dos hombres y una adolescente, familias desplazadas se cambian de lugar

Texto: Amapola periodismo
Fotografía: Especial 
9 de abril del 2023
Chilpancingo

En el 2018, familias de la comunidad de Las Ventanas del municipio de San Miguel Totolapan fueron expulsadas por integrantes de un grupo del crimen organizado de Los Tlacos y desde esa fecha el gobierno del estado no les ha garantizado un lugar seguro donde vivir.

Este grupo de expulsados era integrado por 27 familias y se fueron a vivir al municipio de Atoyac de Álvarez pero con el paso del tiempo se fue desintegrando ya que muchos se fueron a vivir a otros estados del país e incluso a Estados Unidos por seguridad.

Las autoridades estatales nunca les cumplió a las familias con garantizarles el regreso a su comunidad o cuando menos beneficiándolos con un lugar donde vivir, alimento, salud y educación a los niños como lo establece la Ley 487 para Prevenir y Atender el Desplazamiento Interno del Estado.

En diciembre del 2022, estas familias se salieron de Atoyac de Álvarez y se refugiaron en la comunidad de Xaltianguis, del municipio de Acapulco.

El pasado miércoles 5 de abril, las familias sufrieron un ataque a balazos muriendo dos hombres y resultando herida de una bala en la cabeza una menor de 15 años de nombre Ashly «N» quien murió un día después en el Hospital General de Acapulco.

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que los hombres armados atacaron a tiros a este grupo de personas en un camino de terracería de la comunidad de Xaltianguis.

El jueves 6 de abril los agresores todavía se paseaban por las calles de Xaltianguis para agredir a las demás familias de desplazados de Las Ventanas pero huyeron ante la llegada de policías estatales, agentes ministeriales y el Ejército.

Sin embargo, el mismo jueves las familias sobrevivientes del ataque acordaron salirse de Xaltianguis y trasladarse a Atoyac de Álvarez, en la región de la Costa Grande.

Las autoridades habilitaron un ginmasio deportivo para que en ese lugar durmieran las familias.

En entrevista, el director de Gobernación del estado, Francisco Rodríguez Cisneros, aseguró que las familias desplazadas ya no están en Atoyac y aseguró que fueron llevadas a otro sitio para darles medidas de seguridad.

«Ya les dimos todo el apoyo que nos estaban pidiendo y por razones de seguridad no daremos a conocer a donde las llevamos», afirmó el funcionario estatal.

Dijo desde este sábado las familias ya fueron evacuadas de Atoyac.

«Será difícil que podamos cumplir su demanda de que regresen a su comunidad de Las Ventanas», dijo.

Mencionó el grupo de familias desplazadas es integrada 25 personas. Rodríguez Cisneros reconoció que en la plática que tuvo este sábado las con las víctimas le pidieron que el gobierno estatal interceda para que las autoridades de Estados Unidos les brinden asilo político.

Las familias que fueron atacadas a balazos en Xaltianguis aseguraron que ya no quieren estar en Guerrero porque su vida corre peligro.

«Estábamos viviendo en lugares muy lejos de nuestro pueblo y hasta aquí nos vinieron atacar», dijo uno de los desplazados.

En un informe que dio a conocer en febrero de este año el Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, asegura que en la actual administración que encabeza la morenista Evelyn Salgado Pineda el número de desplazados por la violencia en Guerrero está en aumento.

Según la medición de este organismo, hay 25 mil 300 personas que desde el 2016 han sido expulsadas de sus comunidades por los distintos grupos del crimen organizado.

Menciona que solo en el 2022, 2 mil 500 personas fueron desplazadas de manera forzada de las diferentes regiones del estado.

Los últimos desplazamientos forzados han sido originados por hechos de violencia registrados en Tierra Caliente y la Costa Grande entre grupos antagónicos de grupos del crimen organizado que tienen pactos con los sectores políticos y económicos de estas zonas.

Un informe oficial de autoridades estatales ubican que en Guerrero hay 16 organizaciones criminales y que tres de ellas han tenido un avance en diversas regiones.

La Familia Michoacana (FM) controla los 9 municipios de Tierra Caliente y demarcaciones en la zona norte del estado.

También está el grupo de Los Ardillos que tiene presencia en municipios de la región centro, Montaña Baja y Montaña Alta.

Así como la organización criminal de Los Tlacos que tienen bajo su mando municipios de la zona centro y norte del estado.

 

Sin apoyo del gobierno de Evelyn Salgado se desplazan familias de la Sierra afectadas por la violencia

Familias de comunidad de la Sierra se desplazan a Tecpan por amenazas del crimen organizado


Texto: Jesús Guerrero

Fotografía: Especial

4 de marzo del 2023

Chilpancingo

 

 

A bordo de camionetas y cuatrimotos unas 200 personas salieron este lunes de su comunidad, San Antonio de las Tejas, municipio de Coyuca de Catalán, por amenazas de integrantes de un grupo del crimen organizado y por la falta de apoyo del gobierno estatal de la morenista Evelyn Salgado Pineda.

Las 34 familias se desplazaron hacia la cabecera municipal de Tecpan de Galeana, donde llegaron este lunes a las diez de la noche, luego de realizar un recorrido de nueve horas por un camino de terracería y ante el peligro de ser atacados a balazos por miembros del grupo criminal de la Familia Michoacana.

Son niños, ancianos, hombres y mujeres los que salieron desplazados de su pueblo, el cual fue atacado a balazos por delincuentes.

Salieron el lunes a las 13 horas de su comunidad y llegaron nueve horas después a Tecpan de Galeana; ante la falta de un albergue durmieron en la plaza central de esta localidad. Aunque las autoridades del municipio les enviaron cobijas y comida caliente.

Hasta este martes, el gobierno del estado no ha brindado atención a las familias desplazadas de esta comunidad.

La Ley 487 para Atender y Prevenir y Atender el Desplazamiento Interno del Estado de Guerrero establece la obligación de las autoridades estatales de darles atención médica, alimenticia, un lugar donde vivir y educación a las personas que por diversas razones se desplacen de sus comunidades.

Las familias de San Antonio de las Tejas antes de salir de su pueblo pidieron a las autoridades estatales el acompañamiento de la Policía Ministerial y Policía Estatal para llegar a Tecpan sin ningún contratiempo. Pero ninguna corporación policiaca o el Ejército llegó para acompañarles.

Cuatro familias, en su mayoría personas de la tercera edad, decidieron quedarse en el pueblo en donde recientemente llegó una patrulla de la Policía Ministerial para brindarles seguridad.

Sin embargo, la mayoría de la ciudadanía consideró que estas medidas de seguridad eran insuficientes y decidieron salirse ante el temor de que nuevamente sean agredidos por los miembros de la FM.

El 19 de marzo, un convoy del Ejército se enfrentó a tiros con un grupo de integrantes de la Familia Michoacana (FM), en la comunidad de El Pescado, municipio de Coyuca de Catalán. Orbelín Hernández, alías El Gordo –lugarteniente de los líderes de la FM, José Alfredo y Jhonny Hurtado Olascoaga –, y dos de sus hijos, además de otros dos habitantes, murieron en ese choque armado, en el que también fallecieron dos soldados.

La muerte de El Gordo no ha establecido que haya menos riesgo contra los pobladores de esta zona de la Sierra.

Después de las agresiones que ha perpetrado la FM en esta zona de Costa Grande y Tierra Caliente, el gobierno instaló campamentos con fuerzas federales y estatales en siete puntos: en Santa Rosa, Las Mesas, El Banco, Corrales, El Durazno, San Antonio Tejas y Bayados.

Pero aun con estas siete bases de operaciones mixtas, las familias de Los Bayados y San Antonio Tejas, salieron de sus comunidades. En el caso de los desplazados de Los Bayados viven en la comunidad de El Súchil, municipio de Tecpan.

Los pobladores desplazados dejaron sus huertas, casas y bienes materiales, pero tienen la esperanza de que las autoridades les garanticen su regreso.

Imágenes del momento en que las familias de comunidad de la Sierra se desplazan hacia Tecpan por amenazas del crimen organizado.

 

Regresa un grupo de desplazados de Los Bayados a su comunidad a sacar sus pertenencias

Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Secretaría de Seguridad Pública (SSP)

28 de febrero del 2023

Chilpancingo

 

Una grupo de habitantes de Los Bayados, municipio de Ajuchitlán, en la Tierra Caliente, que salieron el 19 de febrero en calidad de desplazados por la violencia, regresaron hoy a su pueblo escoltados por la Guardia Nacional y el Ejército.

De 246 habitantes que huyeron por las amenazas que recibieron por parte de un grupo, esta mañana regresaron 30.

El subsecretario de Prevención y Operación Policial de la Secretaría de Seguridad Pública del estado, Irving Jiménez Sánchez, informó que los acompañaron elementos de seguridad y que el traslado comenzó a las seis de la mañana.

«Personal de seguridad estatal y el Ejército se quedarán en la comunidad de manera permanente», dijo en entrevista Jiménez Sánchez y agregó que «no eran desplazados, porque (simplemente) ellos se podían mover por todos lados».

El secretario general de Gobierno, Ludwing Marcial Reynoso Núñez, mencionó que los 30 habitantes partieron en caravana junto con los elementos de seguridad de la comunidad de El Suchil, del municipio de Tecpan de Galeana, en la Costa Grande.

«La gente que se quiera regresar de Bayados será acompañada por las fuerzas de seguridad, pero en el pueblo se quedarán militares y policías para resguardar a la demás gente que ahí se quede».

Agregó que las 30 personas se regresaran a su comunidad porque «quieren ver en qué estado se encuentran sus casas y sacar algunas de sus pertenencias».

Mencionó que muchas familias que salieron de Los Bayados el pasado 19 de febrero se refugiaron en El Suchil, otros en la cabecera de Tecpan de Galeana y otros en Zihuatanejo.

Los habitantes de Los Bayados, a través de un comunicado difundido la semana pasada, dijeron que se salieron sin pertenencias de su comunidad porque un día antes ocurrió un enfrentamiento a balazos entre integrantes de dos grupos del crimen organizado.

Además de que los delincuentes les dieron el plazo de un día para salirse de su pueblo.

De las 246 personas desplazadas, 70 son menores de edad y otros 70 son adultos mayores, dos de ellos con problemas de discapacidad.

En esa ocasión, las familias pidieron el apoyo de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda.

Según Reynoso Núñez, el gobierno estatal les entregó apoyo alimentario y artículos de aseo.

En esa parte de la Sierra viven una situación difícil desde el pasado 28 de enero pasado que se registraron enfrentamientos entre miembros de dos grupos de la delincuencia organizada.

Ese día en la comunidad de El Parotal, del municipio de Petatlán, hubo un enfrentamiento entre pobladores y policías estatales que dejó un saldo de cinco muertos, entre ellos, un comandante que dirigía el convoy, un policía raso y tres individuos a quienes los lugareños los identificaron como miembros del grupo criminal de la Familia Michoacana.

Jiménez Sánchez rechazó que esos tres hombres que murieron y que iban con los agentes estatales pertenecieran a la Familia Michoacana.

«Eran personas que habían denunciado abusos en esa zona», dijo el funcionario y mencionó que las investigaciones ya están a cargo de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Momentos en los que 30 pobladores de Los Bayados son escoltados por elementos de la Guardia Nacional y Ejército de regreso a su comunidad. Foto: Secretaría de Seguridad Pública.

 

En siete años suman 25,000 personas desplazadas en Guerrero por la violencia

Texto: José Miguel Sánchez
Fotografía: Arturo de Dios /Archivo
6 de febrero del 2023
Chilpancingo

 

De 2016 hasta el cierre del año pasado, 25,000 personas son víctimas de desplazamiento forzado a causa de la violencia, así lo informó el Centro de Defensa de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos).

A través de un comunicado expuso que en Guerrero las víctimas de desplazamiento forzado interno podrían llegar a las 30,000 este año “si las autoridades no frenan la situación de violencia que se vive en las regiones del Centro, Tierra Caliente, Sierra y Costa Grande”.

Además que el Centro Morelos acusa al gobierno estatal de minimizar la violencia que hay en la entidad.

También realizó un recuento de hechos violentos de los últimos meses, donde incluyó “la masacre de 22 personas en San Miguel Totolapan”, el ataque armado del pasado 2 de febrero, donde un grupo de pobladores y policías estatales se enfrentaron a balazos en El Parotal, municipio de Petatlán, hecho que dejó el saldo de cinco muertos.

“Con estos hechos violentos no hay paz ni tranquilidad y es la consecuencia de una guerra por el control del territorio, lo que ha provocado que decenas de familias sean desplazadas de sus lugares de origen”.

En el documento explican a la gobenadora Evelyn Salgado Pineda que de 2016 al 2021 hubo 22,840 personas desplazadas, además de los 2,500 que documentaron sólo en 2022.

El Centro Morelos estima que a la fecha ya suman 25,000 personas desplazadas víctimas de violencias previas.

El Centro Morelos también llamó a las autoridades a actualizar y reglamentar la Ley 487 para Atender y Prevenir El Desplazamiento Forzado Interno y que el Senado de la República ratifique la Ley General para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno.

Plantearon que los tres niveles de gobierno atienda este problema para que las personas desplazadas sean reubicados o regresen a sus comunidades, y les garanticen una reparación del daño con “una estrategia de paz y seguridad que en realidad aporte resultados”.


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Familias de Tecpan se desplazan por temor después de ataque armado

Texto: Amapola Periodismo

Fotografía: Oficial / Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero

Chilpancingo

 

Debido a los hechos de violencia ocurridos en varias comunidades de la Sierra, familias de la comunidad de Santa Rosa de Lima, municipio de Tecpan de Galeana, decidieron desplazarse para evitar nuevas agresiones.

Una mujer que pidió que se omitiera su nombre dijo que hombres armados atacaron a balazos sus casas el lunes pasado, pero que afortunadamente no hubo personas lesionadas.

Contó que ella y otras mujeres de la colonia Linda Vista de Santa Rosa veían cuando llegaban al pueblo un grupo de vecinas que fueron a sepultar a un familiar asesinado en el enfrentamiento a balazos en la comunidad de El Parotal, municipio de Petatlán, el pasado sábado 28 de enero, del cual se informó en este medio.

En ese momento, hombres armados que se escondían en los cerros empezaron a disparar hacia sus viviendas. Dijo que el tiroteo duró aproximadamente una hora y media y cesó hasta que llegó el Ejército y la Guardia Nacional.

Santa Rosa Lima, del municipio de Tecpan de Galeana, es resguardado por fuerzas de seguridad después balaceras.

Dijo que durante el ataque se quedaron sin señal de teléfono de celular pero algunas de ellas pidieron comunicarse para solicitar auxilio.

La mujer aseguró que las balas atravesaron los muros de varias casas.

Recordó que en diciembre del 2022, luego de que un grupo criminal, al parecer de la Tierra Caliente, asesinó a tiros a seis personas en la comunidad de El Durazno, municipio de Coyuca de Catalán, los delincuentes asentados en el territorio de la Costa Grande, es decir, otro grupo criminal, les pidió su apoyo, pero como se negaron, los atacaron a balazos este lunes pasado.

Es decir, la versión de la señora es que en Satanases Rosa les agredieron delincuentes asentados en la Costa Grande. Esta región colinda en la Sierra con la Terra Caliente de Guerrero.

Otra versión que contó otro grupo de vecinos de Santa Rosa de Lima es que en el enfrentamiento del lunes fue entre miembros de la Familia Michoacana y pobladores del pueblo.

Además de que muchas de las personas que viven en la colonia de Linda Vista son familiares de uno de los tres individuos que pertenecen a la Familia Michoacana, grupo que está del lado de Tierra Caliente, y que murieron en el enfrentamiento a tiros entre policías estatales y pobladores de El Parotal, el pasado sábado 28 de enero. Los tres individuos subieron con los mismos policías vestidos con uniformes de agentes.

Después de la balacera del lunes, en Santa Rosa de Lima, el gobierno instaló una base de operaciones mixtas con fuerzas de seguridad federal y estatal.

Sin embargo, comisarios de comunidades de los municipios de Tecpan, Ajuchitlán del Progreso, Petatlán y Coyuca de Catalán exigen que instalen otras dos bases iguales en la región de la Sierra, como lo prometió la gobernadora Evelyn Salgado Pineda.

Propone que estos filtros de seguridad estén en Las Mesas, municipio Coyuca de Catalán (Tierra Caliente) y en el crucero de San Antonio Texas, municipio de Petatlán (Costa Grande).

Ayer martes, después de tres días de balaceras en esa zona de la Sierra, comisarios municipales y comisariados ejidales de localidades de los municipios de Coyuca de Catalán, Tecpan, Petatlán y Ajuchitlán del Progreso se reunieron en Santa Rosa de Lima para denunciar el acoso y hostigamiento que sufren por parte de integrantes de la Familia Michoacana.

«No nos vamos a quedar con los brazos cruzados y si ellos (los de la FM) nos atacan nosotros vamos a responder, porque también estamos armados, aunque sea con rifles de calibre 22», dijo uno de los comisarios que pidió omitir su nombre.

En la reunión participaron la comisaría Azucena Rosas de El Durazno, del municipio de Coyuca de Catalán; Guillermo Salas, comisario de Santa Rosa de Lima, municipio de Tecpan; Pablo Mejía, autoridad municipal de La Calera, municipio de Petatlán, entre otros.

 

En medio de una depresión fallece Antonio, un desplazado por violencia de la Sierra

Texto: José Miguel Sánchez 

Fotografía: Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón

22 de enero del 2023

 

Antonio Trujillo Benito falleció el 21 de enero y nunca pudo regresar a su casa, Campo de aviación, un pueblo de la Sierra de Leonardo Bravo, de donde salió hace cuatro años de manera forzado.

La depresión de Antonio, que se desprende desde su desplazamiento forzado, lo condujo al alcohol y este a su muerte, informó Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón

El 11 de noviembre de 2018 un grupo de civiles armados “habrían invadido a comunidades de Filo de Caballos en El Ranchito, Puentecillas, Carrizal, Mirabal y Campo de Aviación donde habrían disparado contra la población civil”, se lee en una recuento de los hechos realizado por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Violencia (CEAV) que da cuenta de la razón por la que salió desplazado Antonio.

Derivado de esa agresión, en total, unos 2,000 pobladores de dichas comunidades salieron en calidad de desplazados ese mismo día y se refugiaron en el auditorio municipal de Chichihualco, cabecera municipal de Leonardo Bravo.

“Duele mucho la partida de nuestro querido compañero Antonio Trujillo Benítez, pero más me duele que se fue con la esperanza de algún día volver a su pueblo natal”, se lee en el comunicado del Centro Morelos, organización que acompaña personas desplazadas.

En el contenido del comunicado se entiende que derivado de estar fuera de su hogar y con toda su familia, Antonio se refugió en el alcohol, porque pensó que así “encontraría la solución a su tristeza y coraje en contra de un gobierno insensible al cual no le importamos”.

En marzo de 2019, durante un plantón fuera de Palacio Nacional, en la Ciudad de México, para exigir al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, solucionar el tema de las personas desplazadas, Francisco, otra persona desplazada tuvo un infarto y fue Antonio, quien con “desesperación fue capaz de darle respiración de boca a boca, tratando de salvarlo, pero finalmente se nos adelantó y ahora él (Antonio)”.

“Finalmente la depresión lo venció, pues es dura y sabemos que por esa causa podemos en cualquier momento perder la vida, por tanta tristeza provocada por haber tenido que dejar todo desde el 2018 para salvar la vida, el no poder regresar a su tierra, la falta de justicia, reubicación y reparación del daño”.

El 17 de noviembre de 2018, seis después de que Antonio huyó de su hogar, los desplazados intentaron retornar en una caravana acompañados de militares, policías, activistas, periodistas y personal de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), pero fueron atacados entre Los Morros y Campo de Aviación, dos comunidades de la Sierra.

Por el ataque, los pobladores decidieron no seguir hacia sus hogares y se regresaron a Chichihualco, donde muchos permanecen, otros migraron a Cuernavaca, Morelos y Ciudad de México, pero esperan el apoyo federal para un retorno seguro.

“Seguiremos luchando para que sus hermanos e hijos alcancen la reubicación y un trato digno, exigiendo justicia para las víctimas que se quedan”, precisó en el texto Centro Morelos.

También exigió a los tres niveles de gobierno cumplir con su promesa de pronta reubicación y reparación del daño para todas las familias víctimas de desplazamiento interno forzado.

“Que ningún/a compañera/o más mueran sin tener un lugar y un techo seguro donde vivir. Hasta siempre compañero Toño, abrazos hasta al cielo”.

En la imagen, Antonio Trujillo Benito en su posición de víctima de desplazamiento forzado durante una manifestación en la Ciudad de México en apoyo a los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. Foto: Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón.

 

Familias de El Durazno huyen después de la masacre

Texto: Jesús Guerrero

Fotografía: Especial 

Chilpancingo

 

A seis días de que un grupo armado asesinó a balazos a siete personas en El Durazno, municipio de Coyuca de Catalán, al menos 50 personas de esta comunidad se desplazaron a otros lugares de Guerrero por razones de seguridad.

El éxodo de las familias de esta localidad ocurrió en las últimas 24 horas aunque desde el pasado domingo se puso en marcha una operación con fuerzas de seguridad federal y estatal para resguardar a los habitantes y detener a los responsables.

“Dejaron todo, sus casas, sus parcelas”, dijo la comisaria de El Durazno, Azucena Rosas García.

Después que ocurrió la masacre de seis adultos y un menor de 11 años, los habitantes de este pueblo enclavado en la Sierra recibieron la visita de diversos funcionarios y mandos de corporaciones de seguridad.

Desde este domingo 11 de diciembre, luego de que transcurrieron más de 24 horas de la matanza, llegó el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Evelio Méndez Gómez, con un contingente de marinos, Guardia Nacional, Ejército y Policía estatal.

Además, el lunes 12, la fiscal general del Estado, Sandra Luz Valdovinos Salmerón, visitó a los pobladores y les prometió que se hará justicia en el caso de los siete asesinatos y llevó a un agente del Ministerio Público del Fuero Común para que los familiares de las víctimas interpusieran sus denuncias.

“Aquí siguen los soldados, los policías estatales y Guardia Nacional pero solo andan recorriendo las calles del pueblo y no van al monte a detener a los delincuentes que ahí andan escondidos listos para entrar y solo esperan que se vayan las fuerzas de seguridad”, dijo la comisaria.

El Durazno es una localidad en donde el único sustento de las familias es la agricultura con la siembra de maíz, frijol, calabaza y chile, pero además tienen huertas de aguacate.

“La gente tiene que ir a sus parcelas para sembrar y sigue en sus casas porque no tienen ninguna garantía de regresar con vida”, indicó.

Otro problema que enfrentan los habitantes de El Durazno es de que los proveedores de diversos productos no acuden a la localidad para surtir a las tiendas y no lo harán mientras no haya garantías de seguridad.

De seguir esta situación, lo más seguro es de que los niños de la escuela primaria y preescolar no regresen a clases en enero luego de sus vacaciones de fin de año.

“La escuela primaria (Ignacio Zaragoza) en donde el grupo armado citó a la gente para asesinarla está baleada y tiene que ser remozada”, dijo la comisaria.

Este jueves los pobladores recibieron la visita de una funcionaria del DIF estatal que envió la presidenta de este organismo, Liz Salgado Pineda, hermana de la gobernadora Evelyn Salgado.

La enviada de Salgado Pineda entregó 200 despensas.

“Esas despensas alcanzan para dos o tres días, es una burla que nos hace el gobierno; lo que queremos es de que se nos haga justicia y que los delincuentes que andan escondidos cerca del pueblo los detengan”.

Mencionó que la funcionaria del DIF estatal llegó acompañada por el director de Derechos Humanos de la Secretaría General de Gobierno, Miguel Flores Morales.

“Nosotros pensábamos que el de derechos humanos se quedaría aquí en el pueblo para recabar nuestras denuncias pero se fue rápido con la funcionaria del DIF, pues se ve que les dio mucho miedo estar aquí”, dijo la comisaria.

Uno de los programas sociales que puso en marcha el gobierno federal desde el 2018 fue Sembrando Vida, pero aquí en El Durazno todavía ningún campesino ha sido beneficiado.

En el 2019, cien campesinos se inscribieron en este programa pero sus nadie salió en las listas de beneficiarios.

“El gobierno federal no nos ha apoyado en nada, es más ni siquiera con becas para los niños que van a la escuela”.

A la gente, aseguró, no le importa mucho que hayan sido excluidos en los programas sociales del gobierno de Andrés Manuel López Obrador porque les interesa más tener tranquilidad.

Rosas García reconoció que tiene miedo de que la pase a ella y a su familia por las denuncias que ha hecho de manera pública por la situación de inseguridad que existe en su pueblo.

“La verdad temo que me maten porque esa gente mala ya me tiene ubicada pero a pesar de eso yo seguiré dando la cara por mi pueblo porque para eso me eligieron”, dijo.

A seis días del asesinato de los seis adultos y un menor de 11 años, las fuerzas policiacas solo aseguraron dos camionetas con las siglas de la FM (Familia Michoacana) en las que presuntamente se moviliza el grupo armado, además de cartuchos útiles.

 

 

 

 

Ley de Desplazamiento Forzado, un pendiente para las víctimas: Centro Morelos 

Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Óscar Guerrero 

11 de septiembre del 2022

Chilpancingo 

 

La relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre desplazamiento forzado interno, Cecilia Jiménez Damary, llevará al alto comisionado de la ONU la exigencia de acceso a la justicia, la verdad, la reparación del daño a víctimas de desplazamiento forzado, informó el Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón.

El Centro Morelos emitió un comunicado donde informó el resultado de la visita de Jiménez Damary, el pasado 6 y 7 de septiembre, con víctimas de desplazamiento forzado de distintos municipios de Guerrero.

En el informe preliminar de Jiménez Damary a la oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas en México para los Derechos Humanos informó sobre la necesidad que tienen las víctimas del acceso a la justicia, a la verdad, a la reparación del daño, garantias de no repetición, la restitución de los bienes, vivienda, tierras y enjuizamiento de los perpetradores.

Además de pedir al Senado de la República apruebe la Ley de Víctimas de Desplazamiento Forzado Interno.

Durante la visita a Guerrero, Jiménez Damary se reunió con alrededor de 60 familias de Chilapa, Zitlala, Leonardo Bravo y Heliodoro Castillo, municipios de los que salieron por la violencia desatada por los grupos del crimen organizado en connivencia con grupos económicos y políticos.

Jiménez Damary también dijo que los derechos de los desplazados están garantizados por la Ley Internacional Territorial para Pueblos Indígenas y la Ley General de Derechos Humanos.

«Ser niño o niña desplazada supone una doble vulnerabilidad, el rompimiento de las estructuras familiares y comunitarias las ponen en un mayor riesgo de sufrir diversas formas de explotación, abuso y abandono, me preocupa particularmente la ausencia de perpectiva intercultural de atención a mujeres Indígenas Desplazadas”, mencionó Jiménez Damary durante la entrega del informe preliminar.

De acuerdo con el Centro Morelos, Jiménez Damary llamó al Estado mexicano a plasmar en la Ley de Desplazamiento una clara distribución de competencias, de acuerdo con las diversas faces del desplazamiento, y mecanismos de coordinación entre los tres niveles de gobierno y organismos autónomos.

También que está ley plasme que las personas desplazadas y organizaciones de la sociedad civil sean consultadas.

También lamentó que el desplazamiento forzado Interno no esté tipificado como delito en los codigos penales.

Por su parte, el Centro Morelos dijo que la vista de la relatora de la ONU «renueva las esperanzas de las familias; unas por tener el reconocimiento como víctimas y finalmente que todas las familias puedan obtener la reubicación, la reparación del daño y acceso a la justicia».

El Centro Morelos lamentó que en el informe preliminar, Jiménez Damary, no mencionó el señalamiento que hicieron las víctimas a los agentes del estado que apoyaron a los grupos de «narcoparamilitares» para desplazarlos, ni tampoco mencionó la complicidad y corrupción de las autoridades, pero esperan que en el informe final si haga mención de ese contexto.

“Ya no podremos regresar a nuestros pueblos”, dicen desplazados de la Sierra durante visita de relatora de la ONU

Texto: Amapola Periodismo

Fotografía: Oscar Guerrero

Chichihualco 

 

Una mujer que en noviembre próximo cumple cuatro años en desplazamiento forzado dice que los líderes de un grupo del crimen organizado que la expulsaron de su comunidad, ubicada en la Sierra, lograron apoderarse de esa zona con el propósito de explotar la madera y no por la cosecha de la amapola porque según ella, la flor ya casi nadie la siembra.

“La amapola, que era lo que sostenía a mi pueblo, ya no lo vale; la goma (de opio) ya bajó de precio, asegura la mujer que por razones de seguridad su nombre se mantendrá confidencial.

Dice que la toma de sus pueblos por parte de esta agrupación fue por dos razones: tener bajo control esa zona y explotar la riqueza forestal.

Este miércoles, desde las once de la mañana, llegaron adultos y niños al Auditorio Municipal de esta localidad, cabecera del municipio de Leonardo Bravo.

Las familias desplazadas tuvieron una reunión con la relatora de la ONU sobre desplazamientos internos, Cecilia Jiménez-Damary, a quien le contaron su vida como desplazados.

Antes vivían en las comunidades de Izotepec, Los Morros, Polixtepec, Filo de Caballos, Campo de Aviación, Carrizal, del municipio de Leonardo Bravo, de la zona Centro.

También hay un grupo de desplazados de Tlatempanapa, municipio de Zitlala, de la región Montaña baja.

En entrevista, antes de la llegada de la relatora, la señora narró que en febrero del 2015 hombres armados irrumpieron en su comunidad y expulsaron a la mayoría de sus habitantes y en mayo de ese mismo año retornaron.

La situación en su pueblo se agravó. El 17 de octubre de ese mismo año, varios criminales mataron y quemaron a uno de sus sobrinos y a otro joven cuando subían su ganado en una camioneta, dijo la mujer.

«Pero el 18 de noviembre del 2018 estuvo bien feo porque hubo muchas balaceras y nos salimos todos, con niños y ancianos, unos caminando por los montes hasta llegar a Chichihualco”, refirió.

Mencionó que en esa ocasión de noviembre del 2018 un jefe de un grupo criminal apodado El Teniente fue el que encabezó la irrupción violenta contra los habitantes de las cinco comunidades de la Sierra.

El Teniente fue identificado por las autoridades como Juan Castillo Gómez, quien pertenecía al grupo del crimen organizado conocido como Los Tlacos, quien en 2019 rompió con esta organización y murió durante un enfrentamiento a balazos con miembros de la supuesta policía comunitaria de la Sierra.

Estas autodefensas fueron vinculadas con el grupo de Los Tlacos, según las autoridades de la Fiscalía General del estado (FGE).

En noviembre del 2018, 300 familias expulsadas de sus pueblos llegaron a Chichihualco, en donde, durante varios meses vivieron en el Auditorio Municipal en condiciones precarias.

Actualmente, 130 familias continúan en Chichihualco; viven en diferentes casas.

La gran mayoría de los desplazados se fueron a distintas ciudades de Estados Unidos donde viven con parientes que ya tienen allá su residencia legal.

Pero hay un grupo de desplazados de la Sierra que se fueron a diferentes estados del país.

La mujer denunció que el 23 de septiembre del 2020 su hermano regresó a su comunidad para verificar la versión de que todo estaba tranquilo y valorar si retornaban.

Mencionó que el viernes a mediodía del 25 de septiembre su hermano le envió un mensaje de su teléfono celular avisándole que ya regresaba a Chichihualco, pero nunca llegó.

Cuatro días después de la desaparición de su hermano ella y otras 20 mujeres se trasladaron a la comunidad para buscarlo.

“Teníamos mucho miedo pero aún así realizamos la búsqueda por varios pueblos, pero nunca encontramos a mi hermano, es más ni siquiera la camioneta que él utilizó para trasladarse. Todavía sigue desaparecido”, refirió.

La cita para la reunión con la relatora de la ONU estaba programada para las 12 horas, pero la gente desplazada de las cinco comunidades llegó desde una hora antes al Auditorio Municipal.

Niños acompañados de sus padres se sentaron en las graderías. En medio del auditorio había una mesa cubierta con un mantel blanco y sillas. Al fondo, otra mesa con varias ollas de peltre con mole verde y rojo, tamales y tortillas.

La comida fue para las familias, la relatora de la ONU y los demás invitados.

Un señor de alrededor de 50 años, que también es de una comunidad donde fue expulsado, dijo que las demandas que plantearían a la relatora eran para que obligara al gobierno federal a cumplir con el apoyo.

“Nosotros ya no podemos regresar a nuestros pueblos porque allá los delincuentes ya tienen ocupadas nuestras casas y huertas de aguacate pero queremos que el gobierno nos reubique en un lugar seguro”, dijo Maurilio, de la comunidad de Filo de Caballos.

La última protesta que hicieron las familias desplazadas fue a finales del 2021 frente a Palacio Nacional, en la Ciudad de México.

“Nos regresamos a Chichihualco el 24 de diciembre después de que se firmó una minuta de acuerdos que el gobierno federal; no han cumplido”, dijo el desplazado.

En uno de esos puntos de la minuta, el gobierno federal se comprometió a reubicar a estas familias en un lugar seguro para que no sufran ataques de la delincuencia.

“Aquí donde estamos podemos sufrir alguna agresión porque no tenemos medidas de seguridad”, refirió.

La gente dice estar de acuerdo en que su reubicación sea en Guerrero pero siempre y cuando les den medidas de seguridad.

En estos casi cuatro años fuera de sus pueblos ya murieron nueve desplazados.

Las familias se quejaron ante la relatora de la ONU de que el gobierno federal les retrasa el apoyo como es la despensa y el pago de la renta de la casa que habitan.

Una de las peticiones a la relatora es de que el gobierno cumpla con la aprobación de la Ley de Desplazamiento Forzado Interno que está en comisiones legislativas del Senado de la República.

Plantearon seis cosas que deben de cumplir las autoridades, salud, educación, seguridad, vivienda y trabajo.

A las 12 con 20 minutos llegó la relatora de la ONU y encabezó una reunión a puerta cerrada con las familias desplazadas.

Jiménez-Damary llegó acompañada por cuatro patrullas, tres de la Guardia Nacional y una de la Policía Estatal.

Con este encuentro, Jiménez-Damary concluyó una gira de dos días que realizó en Guerrero, donde escuchó las denuncias de más de 50 grupos de desplazados por la violencia de, al menos, 10 municipios en manos de distintas organizaciones del crimen organizado.

 

Desplazados por la violencia denuncian inacción del gobierno ante Relatora de la ONU

Texto: Jesús Guerrero

Fotografía: Óscar Guerrero

6 de septiembre del 2022

Chilpancingo

 

Familias desplazadas por la violencia de Guerrero se reunieron con la relatora de la ONU sobre desplazamiento forzado, Cecilia Jiménez Demary, a quien le expusieron sus condiciones precarias en las que viven y la inacción del gobierno.

«En Guerrero hay más de 20 mil personas desplazadas y es un flagelo que no ha sido atendido por las autoridades», dijo el director ejecutivo del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, durante el inicio de la reunión con Jiménez Demary.

Familias expulsadas de sus comunidades por grupos del crimen organizado de municipios como Leonardo Bravo, Coyuca de Catalán, Zitlala, Chilapa llegaron a la curia de la diócesis Chilpancingo-Chilapa.

Un grupo de padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala también participaron en la reunión.

Las familias le dieron el recibimiento a la relatora con una cadena de cempasúchil.

«Aquí hay personas desplazadas de la zona Norte, de la Tierra Caliente, de la Sierra y están esperanzadas de que su voz y su palabra llegue lejos para que el gobierno nos escuche», dijo Barrera Hernández al darle la bienvenida a la relatora de la ONU.

«Gracias, muchas gracias», les dijo la relatora a las personas que le colocaron en el cuello dos cadenas de cempasúchil.

Jiménez Dimary empezó una gira de dos días en Guerrero para reunirse con las familias desplazadas por la violencia y las autoridades estatales.

Este miércoles la relatora de la ONU estará en la localidad de Chichihualco, cabecera del municipio de Leonardo Bravo.

Aquí desde noviembre del 2018 viven familias de seis comunidades de la Sierra expulsadas por integrantes de una supuesta policía comunitaria que, según informes oficiales, tiene nexos con un grupo criminal conocido como Los Tlacos.

A la relatora la custodian varias patrullas de la Guardia Nacional.

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