Chilpancingo ocupa el segundo lugar en casos de feminicidios, sólo detrás de Acapulco
Texto: Itzel Urieta
Fotografía: José Luis de la Cruz (Archivo Amapola)
18 de julio del 2023
Chilpancingo
Desde 2017, ocho municipios de Guerrero tienen activa una Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), emitida por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), y ninguno de ellos ni el goberno estatal, a siete años de distancia, han logrado que las retiren.
Activistas por los derechos de las mujeres reconocieron que sí hay trabajo y disposición de las autoridades, pero la violencia contra las mujeres aumentó en estos años.
«Eso es lo que se tiene que analizar», dijo la presidenta de la Asociación Guerrerense contra la Violencia hacía las Mujeres (AGCVM), Marina Reyna Aguilar.
En el caso Chilpancingo, la titular del Instituto Municipal de Igualdad de Género, Blanca Alicia Camacho de la Cruz, informó en la conferencia de prensa matutina de ayer lunes, que el Ayuntamiento capitalino ya cumplió con todos los requisitos para que les sea retirada la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres.
«Estamos cumpliendo y alcanzando más de las metas que nos habíamos propuesto y el día 7 (de julio) se entregó toda la documentación debida que acredita que este municipio ha cumplido con todas las medidas de la Alerta y esperamos que nos puedan quitar la alerta, aunque eso ya no depende de nosotros», mencionó Camacho de la Cruz.
La visión optimista del municipio de Chilpancingo no coincide con los datos y opiniones de activistas.
Para Reyna Aguilar, la situación no es tan fácil, porque aun cuando el municipio cumpla con los requisitos, también son otras instituciones, como el Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado (FGE) y el gobierno estatal, que deben implementar acciones y programas para que la Conavim retire las alertas.
Chilpancingo ocupa el segundo lugar en casos de feminicidios, sólo detrás de Acapulco.
De acuerdo con la Conavim, el municipio que más ha cumplido en las recomendaciones es Zihuatanejo.
«Los ayuntamientos pueden cumplir con su parte y cumplir con los requisitos que son de su competencia, pero no quiere decir que ya se les va a retirar la Alerta», dijo Reyna Aguilar.
Los municipios que cuenta con la Alerta de Género son Acapulco de Juárez, Ayutla de los Libres, Chilpancingo de los Bravo, Coyuca de Catalán, Iguala de la Independencia, José Azueta, Ometepec y Tlapa de Comonfort.
Existe una segunda alerta por Agravio Comparado, la cual establecía como principal acción la despenalización del aborto en la entidad, hecho que se logró el 17 de mayo del 2023.
En el caso de esta alerta son analizados los requisitos secundarios para que pueda ser removida.
Aún no hay fecha para que la Conavim retire ambas alertas.
La activista Emma Cerón Díaz dijo que las instituciones trabajan para el retiro de las alertas, «pero no han cumplido del todo. Por ejemplo, en Acapulco, apenas se está comprometiendo a accionar para quitar la alerta».
Marcha pacifica de feministas en marco del dia Internacional de la Mujer del monumento las bandera a la alameda Granados Maldonado culminando con un festival el 8 de marzo del 2021. Foto: José Luis de la Cruz (Archivo Amapola)
El pasado mes de marzo fue aprobada ante el Congreso de Jalisco una serie de reformas a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en torno a los ataques con ácido o alguna sustancia corrosiva. En éstas las y los diputados establecieron como mínimo una pena de 2 y hasta 15 años de prisión para los atacantes; sin embargo este tipo de agresión no fue considerado como intento de feminicidio.
La asociación civil Unión Diversa de Jalisco consideró que estas reformas, y sobre todo penas, se quedan contar al castigar penalmente este acto de violencia que con toda ensaña buscan agredir física y psicológicamente a sus víctimas. Esta organización ha tratado este tema desde el caso de Zoé, una mujer trans atacada con ácido en octubre de 2021 y posteriormente discriminada en un hospital privado por su identidad de género y quienes le negaron atención.
Zoé pasó hasta tres días sin atención médica especializada, ya que tras el caso de discriminación que vivió por parte del personal del Hospital Santísima Trinidad, su familia la llevaron a una Cruz Verde, sin embargo allí también ocurrió un acto de negligencia al recibirla pero darla de alta de inmediato con heridas en su cuerpo tan severas que sufrió la perdida de su oreja.
A pesar de la existencia de leyes y reformas, desde Unión Diversa de Jalisco consideran que en Jalisco no se está capacitado, en todas las instancias, para la atención a víctimas de ataques con ácido, como lo demuestra el caso de Zoé. Para ello debe brindarse una reparación integral del daño.
Texto: Leslie Zepeda / ZonaDocs
Ilustración: Luciana Peinado
17 de abril del 2023
México ha registrado hasta 34 víctimas de ataques con ácido, esto en los últimos 20 años, mientras solamente un agresor ha obtenido sentencia por este delito, así lo afirma la Fundación Carmen Sánchez MX. Una de ellas es Zoé, mujer trans sobreviviente de este tipo de agresión ocurrida el 19 de octubre de 2021 en pleno Centro Histórico de Guadalajara.
Ha transcurrido ya un año y cinco meses desde el ataque con ácido y la carpeta de investigación en la Fiscalía de Jalisco continúa abierta, donde como la gran mayoría de los casos, su agresor no ha obtenido una sentencia porque, incluso, continúa prófugo de la justicia. Lamentablemente Zoé no solamente fue víctima del ataque de ácido y posteriormente de discriminación en el Hospital Santísima Trinidad.
Además, Zoé también vivió un acto de negligencia médica por parte de personal de la Cruz Verde, así lo relata Fascinación Jiménez, presidenta de Unión Diversa de Jalisco AC, cómo su familia en búsqueda de atención médica la trasladaron por sus medios a una de ellas, donde la dieron de alta poco después de revisarla y decidir que sus heridas no eran graves, esto a pesar de que una de las consecuencias del ataque fue la pérdida de una oreja.
Precisamente la organización Unión Diversa de Jalisco AC le brindó acompañamiento a Zoé y su familia, esto un par de días después de la agresión que sufrió. Fue alrededor del tercer día cuando debido al dolor y negligencia de la Cruz Verde que su familia en busca de ayudarla dio con el contacto de la asociación. Por lo que tras al menos tres días sin atención especializada, fue trasladada al Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, donde finalmente recibió un tratamiento a sus heridas ocasionadas por el ácido.
A consecuencia de la agresión tuvo que ser ingresada a quirófano hasta en cuatro ocasiones, cuenta Fascinación Jiménez:
“De primera mano fue un tema de negligencia – en la Cruz Verde- porque si la revisaron, la atendieron bien, sin embargo, no sé qué esperaban ver que fuera una urgencia mayor para poder actuar. Una vez que ella ingresa al Hospital Civil viejo, creo que tuvo tres o cuatro ingresos al quirófano, entonces estamos hablando de que ella necesitaba una atención especializada urgente y que si ella hubiera decidido sí denunciar, entonces también la Cruz Verde hubiera tenido una carga legal ante esta situación”.
La presidenta de Unión Diversa de Jalisco supone que esa habría sido la sanción ya que Zoé decidió no tomar acciones legales contra el hospital privado ni contra la Cruz Verde. Una decisión que fue respetada por la asociación, ya que además comprenden que vivir un ataque de ácido significa vivir múltiples daños, entre ellos psicológico. Más que nada conocen la burocracia y revictimización en las instituciones como lo son precisamente las fiscalías.
“Ella no quiso tomar cartas en el asunto en tema legal y es muy respetable esa decisión por parte de las víctimas, es algo que siempre se debe de respetar y hacer valer sin embargo, me atrevo a decir que por el evento tan traumático, yo creo que las víctimas en el momento no quieren este entrar en esto, porque aparte los trámites son burocráticos, desgastantes y traumáticos, hasta revictimizantes”, añade Fascinación.
La asociación civil hizo lo que estuvo en sus manos: levantó una queja por discriminación en contra del Hospital Santísima Trinidad ante el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), que a pesar de la demora fue favorable, por lo que tuvieron que capacitar a su personal en atención a población LGBTIQ+.
El Hospital Santísima Trinidad se excusó ante el CONAPRED que no se debió a un acto de discriminación, a pesar de que la familia de Zoé afirmó que decidieron no atenderla al no coincidir su documentación de identificación con ella. Aún así el hospital negó esta declaración y dijo negar la atención porque no tenían la capacidad de atender las heridas, una estrategia legal según interpreta Fascinación Jiménez.
“Creemos que esto es bastante grave por parte del hospital que le negaron la atención por un caso de discriminación y porque la víctima no quería, ni podía denunciar ese momento, ya que se encontraba entre quirófano y quirófano Si no tienen el equipo y no son capaces, lo que deben de tener es un protocolo para que se canalicen ese tipo de pacientes. Eso deberían de tener todos los hospitales, no nada más este hospital. En caso de que nieguen las acciones, estos negocios pueden llegar a ser clausurados, multados e incluso cerrados”.
Para Unión Diversa de Jalisco el caso de Zoé representa la poca capacidad con la que cuenta el Estado, específicamente en Jalisco, por atender estas agresiones perpetradas contra mujeres. Para Fascinación Jiménez esto evidencia una serie de negligencias por las que pasan las víctimas de ataques con ácido. Por ende, reconoce que el gobierno no cuenta profesionales especializados, tampoco sensibilizados en atender a personas en vulnerabilidad como lo es la población LGBTIQ+.
“No estamos hablando de cosas banales, estamos hablando de vidas humanas y las vidas de las chicas trans importan, que además son parte de la población LGBT más vulnerable, son las que viven mayores violencias, ellas tienen un promedio de vida de 35 años. Entonces creemos que están en un doble estado de vulnerabilidad por su identidad de género y por ser mujeres”, enfatiza.
Mural a la memoria y lucha de las mujeres que han sido atacadas con ácido. Fotografía: ZonaDocs
“Esta ley se queda corta”, reforman Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
El pasado 14 de marzo diputadas y diputados del Congreso de Jalisco hicieron una serie de reformas a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, esto con 34 votos a favor. Los resultados se traducen en penas de 2 a 15 años de prisión a personas que perpetúen ataques con ácido o cualquier otra sustancia corrosiva. Así como supone la regularización de venta de sustancias químicas corrosivas, cáusticas, tóxicas o inflamables.
Asimismo, afirmaron que en caso de involucrar una razón de género la pena por el ataque podría ser mayor, de hasta 20 años de prisión, e igualmente cuando el agresor tenga algún tipo de relación, ya sea de pareja, o cualquier, como laboral, consanguínea, familiar, etc. Durante la presentación de estas reformas fue mencionado justamente el caso de Zoé entre los casos que resaltan en Jalisco.
Y es que bajo este escenario el caso de Zoé, como mujer trans víctima de ataque de ácido, es que resulta importante relatar su vivencia. Así lo indica Fascinación Jimenez, quien desde su representación como presidenta de Unión Diversa de Jalisco, se posicionaron ante las reformas aprobadas por el Congreso de Jalisco, ya que no consideran suficientes para atender un problema como este, de tal magnitud.
“Ahora que salió esta reforma aquí en Jalisco sí creímos que se quedó corta, en el sentido de que es muy amplia la pena, o sea, creemos que dos años le pueden dar a un atacante y creemos que es súper leve. Porque un ataque de ácido es algo que busca dañar permanentemente, psicológicamente, físicamente, emocionalmente por siempre, que puede hacerte un daño tanto físico como puedes perder la vida”.
Lo más lamentable es que esta reforma no considera los ataques con ácido ni siquiera como un intento de feminicidio, un punto que para Fascinación debería contemplarse inicialmente para buscar la prevención del delito.
“Debería de ser de un delito que se abra como carpeta de intento de feminicidio y debería de ser grave, no entendemos porque la pena de dos años. Creemos que se quedó corta en ese sentido y que en torno a esta reforma también debería de haber otro tipo de acciones”, insiste.
Como lo fue en el caso de Zoé, para el resto de víctimas no ha habido una reparación integral del daño, sobre todo es necesario el acompañamiento integral a las víctimas, dado que no solamente es necesaria la atención médica, sino que sea especializada dadas las heridas que pueden ocasionar las diferentes sustancias químicas, y principalmente los estragos psicológicos, por lo que debería de brindarles atención psiquiátrica también, puntos que estas reformas no contemplan.
“Son daños que llevan tiempo, a veces se necesitan cirugías, asesoría psicológica, a veces incluso psiquiátrica porque hay secuelas en temas de ansiedad, de delirios de persecución. Es inmenso el tema, que no nada más es un parche, es un tema profundo”.
En México hay múltiples leyes, ahora reformas a estas, Centros de Justicia para la Mujer y demás instancias que atienden la violencia de género; sin embargo, para Fascinación Jiménez, ninguno de estos instrumentos es suficiente para atender la violencia machista y contra atacar al sistema patriarcal que más allá de atenderla, la acrecenta.
Por ello, es fundamental atender las diferentes violencias desde la prevención, es decir, el machismo. Porque para ella la cosificación de las mujeres es uno de los principales problemas por atender, que la integridad de las mujeres no valga, en dado caso, dos años de prisión como lo plantean en estas reformas.
La primera vez que Anna se sintió insegura en una escuela fue en 2015, durante su primer año de facultad en la Universidad Autónoma de Guerrero (Uagro).
En ese primer año llevaba una materia obligatoria, llamada Pensamiento lógico, heurístico y creativo. Desde el principio notó que el maestro encargado repentinamente hacía comentarios incómodos hacia otras estudiantes.
«Siempre a las alumnas que él consideraba bonitas las veía de manera inadecuada en clase, también les hacía comentarios diciéndoles que se veían bien con la ropa que llevaban», recuerda.
De ese maestro ya había escuchado comentarios similares por alumnas de años más avanzados, pero nadie decía ni hacía nada.
«Las alumnas tenían miedo, cuando estamos en esa situación nos sentimos vulnerables, pensamos que nadie nos creerá y, en parte, es cierto. Muchas veces en la escuela no te dan la confianza suficiente para abordar estos temas, al contrario te cuestionan si hiciste algo para que el maestro tuviera esas actitudes contigo».
Anna acudía a clases de manera normal, cumplía con sus tareas y trabajos en tiempo y forma, porque comenzó a notar que ese maestro intentaba hacerle plática; le preguntaba de dónde era, si vivía sola, y eso le hacía sentirde incómoda.
«No es como que no podamos platicar con nadie, pero una siente cuando te dicen las cosas de manera como con otras intenciones».
El maestro de Anna era el líder de una de las corrientes políticas de su escuela, por lo que aprovechaba esta oportunidad para invitar a sus alumnas a supuestas reuniones escolares y de política.
De acuerdo con Anna, el maestro les pedía que le enviaran solicitud a su perfil de Facebook, porque en esa red social creaba los grupos para asignarles trabajos y darles información sobre la clase.
«Nos pedía que a la par de la solicitud le enviáramos un mensaje diciéndole de qué grupo y horario éramos. Hasta ahí vi todo normal, pero él comenzó a utilizar esto para enviarme mensajes a mí y a otras compañeras».
Le pteguntaba que cómo estaba, y cuando estaban de vacaciones solía escribirle de manera constante.
«Siempre escribía en manera de saludo, pero luego preguntaba otras cosas como que si había salido de vacaciones, y si no le contestaba enviaba muchísimos mensajes y reclamaba el por qué no respondía. Yo tuve que bloquearlo, porque me parecía incómodo y fastidioso».
Anna lo bloqueó la vez que la invitó a su cubículo con el pretexto de darle una supuesta información, pero le dijo algo que a ella no le gustó.
«La invito a que vaya a mi cubículo porque le voy a dar un regalo, a mí eso me dio miedo y jamás fui. Honestamente no le dije nada a nadie en su momento, más que a mis amigas cercanas. No sé, ni supe cuáles eran sus intenciones y prefiero que haya sido así».
Anna terminó su curso con normalidad, desde ese momento limitó su presencia en la facultad a estar y paticipar en clases, y entregar trabajos.
Su maestro no volvió a molestarla, y después de esa materia no tomó más clases con él.
En el 2020 vio en Facebook que algunas alumnas habían denunciado a ese maestro por acosador y misógino; le dio gusto que se atrevieran a hablar.
Aunque existió un denuncia formal por parte de las alumnas hacia dicho profesor, la solución que le dio la Uagro fue retirarlo de las clases frente a grupo y colocarlo como funcionario en la administración central. Es decir, nunca lo despidieron de la Universidad.
Este es sólo uno de tantos casos que se registran de acoso escolar en México, en Guerrero y en la Uagro.
El nombre de Anna fue cambiado por seguridad, aunque egresó hace unos años de su escuela, es una etapa de su vida que le incomoda recordar.
En Guerrero, en las últimas semanas salieron a la luz diversas denuncias colectivas de estudiantes; señalan de acoso sexual a maestros, directivos y alumnos.
Aunque las denuncias públicas trascienden, ninguna autoridad les ha puesto atención y parece no importarles el tema.
El caso más reciente es el del Instituto Tecnológico Superior de Tlapa.
El 16 de marzo, los estudiantes cerraron el plantel y comenzaron un paro estudiantil para exigir una auditoría a la institución e investigar a maestros y directivos acosadores.
A más de 15 días de dicha protesta su solicitud no ha procedido, por lo que actualmente mantienen un bloqueo carretero en las entradas principales de la ciudad.
El 30 de marzo pasado, la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) ofreció a las alumnas y a los alumnos que los docentes acusados de acoso sexual sean separados de manera provisional, mientras se desarrollan las investigaciones.
A través de un comunicado, las autoridades educativas informaron que este viernes pasado sostuvieron una reunión con alumnos, padres de familia e integrantes del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, quienes brindan acompañamiento a estudiantes del Tecnológico de Tlapa, para resolver la problemática que mantiene en paro a la institución desde hace dos semanas.
Esa información fue desmentida por los propios estudiantes, aseguraron que nunca llegaron a un acuerdo para destrabar el conflicto.
Casos similares se dieron en otras instituciones como la Uagro en el marco del Día Internacional de la Mujer, las estudiantes, a través de un tendedero, denunciaron a sus maestros y compañeros acosadores.
Una de las instituciones donde lo hicieron fue la preparatoria 9 Comandante Ernesto Che Guevara. Colocaron fotografías y carteles con denuncias de acoso y hostigamiento con nombres de alumnos, maestros y directivos de la institución.
Señalaron a alumnos y maestros de la Escuela Superior de Enfermería 1 y de la Preparatoria 1. Ambas escuelas ubiacadas dentro de Ciudad Universitaria Norte.
“El director es amigo de acosadores”, “Autoridades hacen oídos sordos, no encubran acosadores”, “No lo quites, te estamos observando”, son algunas de las frases que se leían en los tendederos.
Aquí están otras: «Maestro de la 9 invita a bailar a sus alumnas para conocerse más”, “El profesor de la 1, Francisco Javier Martínez, es un machista misógino, trata a las mujeres como objetos para los hombres”.
Otro caso grave en la Uagro ocurrió en la preparatoria 29 Emiliano Zapata, ubicada en Tixtla, donde descubrieron cámaras en los baños de estudiantes, hombres y mujeres.
Las alumnas, de manera particular, denunciaron que estas mini cámaras las localizaron desde el 23 de febrero; le exigieron al director de la preparatoria, José Francisco Calvo Hernández, una explicación, la cual, a más a de un mes de la denuncia, no han recibido.
Las autoridades universitarias sólo emiten comunicados, evitan responder los cuestionamientos de los reporteros y no informan sobre algunas investigaciones.
No hay datos oficiales ni un registro de acoso sexual en las escuelas.
Parece que las autoridades universitarias piensan más en las elecciones para elegir rector el próximo mes de mayo, porque es de lo que más se lee en los medios de la Uagro, que en la integridad de las alumnas.
Las madres y padres protestan para exigir una explicación, pero los directivos siguen callados
Texto: Itzel Urieta
Fotografía: Especial
06 de marzo del 2023
Chilpancingo
Alumnas, alumnos, madres y padres de familia se manifestaron esta mañana en las instalaciones de la Preparatoria 29 Emiliano Zapata, de la Universidad Autónoma de Guerrero (Uagro), ubicada en Tixtla, porque descubrieron cámaras pequeñas en los baños de hombres y mujeres del plantel.
Los alumnos denunciaron que estas mini cámaras las localizaron desde el 23 de febrero y hoy, junto a sus madres y padres, exigieron al director de la preparatoria, José Francisco Calvo Hernández, una explicación.
De acuerdo con los manifestantes, Calvo Hernández, aun con la protesta, es omiso ante su exigencia.
Los estudiantes temen por su integridad y privacidad.
«Exigimos a las autoridades correspondientes su intervención, ya que fueron violentados los derechos de nuestras hijas menores de edad, además de que se investigue a los responsables de está acción y al director dé la cara y explique qué pasó aquí. También que no haya represalias en contra de los alumnos manifestantes por algunos docentes de está institución educativa», expresó una madre de familia.
Las autoridades de la Uagro tampoco se han pronunciado.
A través de un nuevo posicionamiento, la Red de Maestras Feministas GDL llamó a la Secretaría de Educación Jalisco (SEJ) y a las autoridades escolares de la Secundaria General 71 “La Experiencia” en Zapopan a garantizar que dentro de este y otros planteles educativos existan condiciones para que estudiantes, docentes y trabajadoras desarrollen sus actividades dentro de entornos seguros y libres de violencia. También insistieron en atender cada una de las denuncias que se hicieron públicas por medio de redes sociales luego de los desplegados de la Red y la propia SEJ.
Llamaron con urgencia a reconocer que, el cumplimiento de los protocolos de actuación frente a casos de hostigamiento, acoso y abuso sexual dentro de las instituciones públicas de educación, no son un tema de “interpretación” del personal directivo y que cada plantel tiene la obligación de seguirlos puntualmente y, con ello, de informar sobre estas situaciones a la SEJ de manera inmediata.
Si bien, anunciaron que el agresor fue “reubicado” tras las acciones de denuncia, cuestionaron en el documento que, en el caso de la Secundaria General 71 se siga buscando invisibilizar la problemática y que se insista en llevar el proceso “puertas adentro” para mantener la reputación “positiva” de la escuela.
Texto: Dalia Souza / ZonaDocs
Ilustración: ZonaDocs
1 de marzo de 2023
El pasado 22 de febrero, ZonaDocs informó sobre la denuncia pública que la Red de Maestras Feministas GDL hizo frente a un caso de hostigamiento y acoso laboral sexual en contra de alumnas, maestras y trabajadoras de la educación de la Secundaria General 71 “La Experiencia” en Zapopan, Jalisco.
El reclamo público surge después de haber presentado una primera queja en el año 2018 ante la directora de la secundaria, Alicia Hernández García y el Inspector de la Zona Escolar No.03 de Secundarias Generales, Pedro Cárdenas López.
En ésta se identificaba como presunto agresor al contralor de la escuela. Sin embargo, las acciones de sanción tras la presentación de la queja, en aquel momento, sólo consistieron en prohibirle a este hombre hablar con docentes y el alumnado, así como confinarlo a un escritorio dentro del área de dirección donde “era vigilado”.
En opinión de las víctimas, su actuar respondió a una estrategia de simulación, encubrimiento, justificaciones y omisión que sólo “logró detener al agresor un tiempo”.
Así, acompañadas de la Red de Maestras Feministas GDL decidieron el pasado 22 de febrero hacer público un pronunciamiento en el que llamaron a atender este caso y garantizar espacios seguros para la comunidad de alumnas, maestras y trabajadoras educativas que fueron víctimas de este agresor, así como de otros casos identificados por la colectiva. Y es que, advirtieron que este suceso no es aislado.
Como respuesta al pronunciamiento de la Red, la Secretaría de Educación Jalisco (SEJ) hizo público un comunicado donde informó que constataron la existencia de quejas internas sobre el caso desde el año 2018, sin embargo, dentro del plantel “no aplicaron los protocolos ante el Órgano Interno de Control”. Y agregaron que actualmente “hay una queja en contra de un trabajador administrativo por presunto acoso de tipo verbal hacia una alumna”.
De manera paralela, el Secretario de Educación Jalisco, Juan Carlos Flores Miramontes declaró públicamente a los medios de comunicación sobre este caso, advirtiendo que éste llegó a la Secretaría de Educación “por redes”, pero al no “identificar una denuncia”, fue personal de un “departamento especializado” dentro de la dependencia quien acudió a la secundaria a hacer un monitoreo sobre lo señalado. El resultado de esta revisión fue que “se notaron posibles agresiones”.
Tanto en el comunicado como en las declaraciones de Flores Miramontes, se anunció sobre la “suspensión” de las funciones del docente señalado, el cual, mantenía una “mezcla de funciones administrativas y docentes”.
Y así lo confirmó también la Red de Maestras Feministas GDL en el pronunciamiento respuesta publicado este 28 de febrero: “el Contralor fue reubicado en Inspección entre el 20 y 21 de febrero de 2023. Por el momento, las alumnas, maestras y trabajadoras de la educación de la institución ya no están en riesgo por sus agresiones” suscribieron en su documento.
Sin embargo, cuestionaron que la Secretaría de Educación Jalisco “haya decidido borrar” dos denuncias más sobre agresores en la Secundaria General 71, mismas que, refieren, se hicieron públicas tras la emisión del comunicado de la SEJ y aparecían como comentarios en la publicación.
En este documento manifestaron su preocupación frente al discurso y las acciones que han decidió tomar las autoridades educativas del plantel, así como de parte del Inspector de la Zona Escolar No.03 de Secundarias Generales, Pedro Cárdenas López.
Narraron que durante la sesión de Consejo Técnico Escolar del 24 de febrero de 2023, Cárdenas López tomó la palabra para hacer sus valoraciones sobre el caso, mismas que consideraron carecen de un reconocimiento pleno de la problemática, de sensibilidad, perspectiva de género e, incluso, que insinúan la posibilidad de “resolver estos problemas “dentro” de la institución”.
“Yo los invito a que en lo sucesivo busquen la manera de integrarse y resolver cualquier tipo de problemas, tanto de alumnos como de docentes o de los trabajadores, que se generen. Yo no veo nada. A las autoridades ¿qué les interesa?, solo les interesa dar una buena respuesta porque ellos buscan una posición en la sociedad, pero los problemas los tenemos aquí nosotros y aquí los podemos resolver, como debe ser” fueron presuntamente las afirmaciones del inspector de zona y que la Red de Maestras decidió hacer públicas en su pronunciamiento.
“Minimiza las denuncias al señalar que se trata de dificultades de convivencia entre pares” precisó la Red, por lo que, advirtieron, deja en evidencia el total desconocimiento de la problemática que tiene en sus manos. A esto suma, dijeron, la centralidad e importancia que da a la idea de la “proyección positiva o negativa” de la escuela, obviando lo verdaderamente importante: la seguridad de la comunidad educativa, principalmente de alumnas, maestras y trabajadoras que han denunciado entornos hostiles hacia dentro del espacio escolar.
Además, consideraron muy riesgoso que sea el propio inspector con la anuencia de la directora quienes hayan llamado a proteger no sólo la imagen de la escuela (como acción prioritaria), sino también a este y/u otros agresores.
“Tanto el supervisor como la directora reiteraron que lo importantes es proteger la imagen de la escuela. Durante el espacio del CTE dedicado a abordar la denuncia de acoso, el supervisor instó a proteger a los agresores señalados, menoscabando directamente los derechos de una menor. Igualmente, la mayor preocupación que expresó la directora es que haya alumnos que no se inscriban por lo que está pasando” narran la Red de Maestras a través de su pronunciamiento respuesta.
Refirieron que la frase textual que utilizó López Cárdenas para referirse a esto fue “son uno contra todos”.
“Precisamente es de lo que hablamos, acompañamiento se le tiene que dar tanto a la persona afectada como a quien comete el daño” advirtió presuntamente el inspector en la sesión de Consejo Técnico Escolar del pasado 24 de febrero, sin dejar claro si este “acompañamiento” hace referencia a algún tipo de taller o seguimiento terapéutico sobre nuevas masculinidades, erradicación de la violencia de género, etc.
“A las autoridades de la escuela no les preocupa la integridad ni la seguridad de las alumnas, maestras y trabajadoras de la educación de la secundaria” sentenciaron desde la Red de Maestras Feministas GDL y cuestionaron que tanto el inspector como la directora hayan relatado en esta sesión de consejo los detalles del caso, “son acciones con las que ambos vulneran y revictimizan”.
En ese sentido, recordaron que más allá de desarrollar un nuevo instrumento para atender los casos de hostigamiento dentro de la escuela, es indispensable que se retomen los ya existentes y, sobre todo, se mantenga una comunicación directa con la comunidad estudiantil.
De aquí que una de sus exigencias sea que el personal directivo y docente de la Secundaria General 71, así como el inspector de la zona, “reciban capacitación y un curso de sensibilización sobre los protocolos de actuación en caso de maltrato, acoso y abuso”. Sobre este proceder, han requerido que “haya evidencias de esta capacitación”.
“Los protocolos de actuación no son interpretativos, las autoridades deben seguirlos al pie de la letra” sentenciaron.
De la misma forma, demandaron que “se informe de manera pública en qué parte del proceso se encuentra el caso y cuáles son los pasos que se han seguido hasta ahora” y que “se garantice el interés superior de la niñez” esto respecto a la estudiante menor de edad que se identificó como víctima de “acoso sexual verbal” como informó el secretario de Educación Jalisco.
Recordaron que el caso de la Secundaria General 71 “evidencia los errores que no debería cometer ninguna otra escuela” y que su llamado “es para que todas las secundarias y escuelas públicas del estado sean espacios seguros para infancias y adolescencias”:
“Nos parece importante visibilizar que las compañeras, alumnas y maestras, están y han estado en resistencia ante este tipo de violencias desde hace tiempo en muchos entornos escolares; en el caso de las compañeras de la secundaria 71, lo que más nos interesa es que ellas, tanto alumnas como maestras, trabajadoras y personal de apoyo sientan que no están solas, que sus peticiones y denuncias deben ser escuchadas desde la garantía de sus derechos e integridad, para que puedan realizar sus actividades de manera digna. Nosotras seguiremos trabajando hasta que cada escuela sea un espacio seguro para todas” apuntaron.
Finalmente, reconocieron a la comunidad educativa que dentro de esta sesión manifestaron su intención de “gestionar un cambio de actitud en toda la institución en función de garantizar que todas y todos sean agentes activos para lograr que la Secundaria General 71 sea un espacio seguro y libre de acoso”.
Este texto es propiedad de ZonaDocs y lo reproducimos como parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. Puedes leer el original en este enlace
Integrantes de la Colectiva Morenas Guerrero impugnarán la resolución que la Comisión Nacional de Honor y Justicia de Morena (CNHJ) que desechó su queja en contra del diputado local Alfredo Sánchez Esquivel por violencia política en razón de género.
La queja de violencia política en razón de género fue interpuesta después de que Sánchez Esquivel llamara ignorante a la diputada local y actual presidenta de la Junta de Coordinación Política de Congreso del Estado (Jucopo), Yoloczin Domínguez Serna.
Las inconformes leyeron un posicionamiento en el que mencionaron que no se les notificó la resolución de la queja.
«En ningún momento fuimos notificadas de dicha resolución, en el domicilio que, para efectos de esta queja dejamos establecidos», se lee en el comunicado.
La queja fue presentada y firmada por 353 mujeres militantes de Morena, el pasado 16 de diciembre del 2022, para respaldar a Domínguez Serna después de una serie de discusiones y declaraciones públicas entre la presidenta de la Jucopo y Sánchez Esquivel.
En la resolución de la CNHJ se argumenta que la queja fue desechada por que no se pudo comprobar la militancia en Morena de las 353 mujeres firmantes, no se detalló «de manera minuciosa las circunstanciales de modo, tiempo y lugar de los hechos», se lee en el documento.
Tampoco, de acuerdo con el documento, se relacionan pruebas relacionadas con la denuncia de violencia de género ni expresan con caridad lo que pretenden con el proceso.
En la conferencia de prensa, realizada en un salón al sur de Chilpancingo, las integrantes de Morenas Guerrero lamentaron que la CNHJ no actúe con perspectiva de género.
«Hacemos un llamado a la Comisión Nacional de Honor y Justicia para que haga una revisión del caso con la perspectiva de género correspondiente, y que dé marcha atrás a la decisión de desecharlo, pues no es posible que más de 300 mujeres que confiamos en nuestra autoridad partidaria y nos hicimos presentes con nombre y apellido, seamos ignoradas», expresó, Lucía Mariana Jaimes.
Además denunciaron que Sánchez Esquivel interpuso una acusación en contra Domínguez Serna en la CNHJ que también fue desechada.
La Colectiva Morenas Guerrero dijo que confía en el dirigente nacional, Mario Delgado Carrillo y los órganos internos del partido, para que resuelvan esta situación «con la perspectiva de género que requiere».
A la sesión extraordinaria del día de hoy, en el Congreso local, en la que se citaron a los 46 diputados, Sánchez Esquivel no asistió.
En Guerrero no se aplican protocolos para investigar feminicidios, porque de 128 asesinatos contra mujeres ocurridos durante 2022, sólo 13 están catalogados como feminicidios, expusieron las integrantes del Observatorio de Violencia Contra las Mujeres (OVM).
Estas cifras fueron presentadas durante el foro Sentencia Mariana Lima, parámetro nacional para juzgar con perspectiva de género, donde estuvieron presentes activistas feministas, quienes coincidieron en la falta de acciones institucionales para juzgar e investigar los homicidios de mujeres y catalogarlos como feminicidios.
Ney Arias Vitinio, integrante del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, denunció que instituciones como la Fiscalía General del Estado (FGE) no cuentan con los protocolos adecuados para juzgar e investigar con perspectiva de género.
“Por lo menos aquí en Chilpancingo algo se puede hacer, más o menos salen las mujeres a marchar, pero en la Montaña no, no podemos hacer eso porque tenemos que trabajar sino no comemos”, mencionó.
Las integrantes de colectivas feministas organizaron el foro para analizar, discutir y exigir a las autoridades que apliquen este parámetro para investigar toda muerte violenta de mujeres como feminicidio.
La Sentencia Mariana Lima lleva el nombre en honor a Mariana Lima Buendía, originaria del Estado de México.
Ella fue asesinada por su esposo, Julio César Hernández Ballinas, comandante de la Policía Judicial del municipio de Chimalhuacán, Estado de México, el 28 de junio de 2010
En un primer momento, las autoridades cerraron el caso de Mariana bajo el argumento de ser un suicidio, por la insistencia de la madre fue reabierta la investigación en 2015; exhumaron el cuerpo y comprobaron que fue un feminicidio.
El 25 de marzo de 2015, en el natalicio de la joven, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió la sentencia Mariana Lima, a través de la cual se ordenó reabrir la investigación con perspectiva de género y debida diligencia.
A partir de la sentencia se pretende que toda muerte violenta de mujeres sea investigada como feminicidio y, después, descartarlo o confirmarlo en la investigación.
A nivel nacional, en 2022, la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana registró 3,775 asesinatos de mujeres, niñas u adolescentes, de los cuales 900 se investigaron como feminicidio.
En ese contexto, María de la Luz Estrada, representante del OVM, habló sobre los riesgos que hay para las mujeres en México.
“La realidad es que en México ser mujer es riesgoso. (…) Es algo que no hemos podido disminuir”, mencionó.
En el foro hubo presencia de diversas instituciones encargadas de impartir justicia, como la Fiscalía General del Estado (FGE), a quienes le exigieron atender de manera oportuna las investigaciones de mujeres asesinadas y desaparecidas.
En su respuesta, los asistentes de la FGE, en un intento de defenderse, dijeron que “muchas veces no podemos actuar con prontitud porque la familia y amigos no quieren hablar”.
La encargada de despacho de la Fiscalía sobre los femicidios, Cinthia Velázquez Sánchez, argumentó que la dependencia capacitan al personal en perspectiva de género para manejar de manera adecuada estos casos.
“Estamos tratando que todas las muertes violentas del estado se investiguen bajo esta perspectiva”, insistió.
Sobre el protocolo que utilizan para investigar los feminicidios en el estado, comentó que tiene extractos de la Sentencia Mariana Lima.
Al foro también asistieron víctimas de violencia de género, tal es el caso de Alejandra Mateos Jiménez, sobreviviente de feminicidio; aun cuando ya hay una sentencia en contra de su agresor, este no ha pisado la cárcel por la lentitud del sistema judicial.
A través de un amparo el agresor de Alejandra trató de librar la cárcel y por la tardanza de dictaminarlo, éste se fugó a los Estados Unidos, donde ya agredió a dos mujeres más.
Texto: Itzel Urieta Fotografía: Cortesía Red Guerrerense por los Derechos de la Mujer 29 de diciembre del 2022
Después de permanecer tres años en prisión por un aborto fortuito, esta noche quedó en libertad Aurelia García Cruceño.
Aurelia es una mujer nahua originaria de Xochicalco, municipio de Chilapa de Álvarez. Sufrió una violación en 2019 por una autoridad comunitaria de su minicipio. A raíz de esa violación quedó embarazada y meses después sufrió un aborto fortuito.
Desde ese momento fue encarcelada en el centro penitenciario de Iguala.
Para la determinación de su caso hubo alrededor de cinco audiencias. Quedó absuelta del delito de homicidio en razón de parentesco.
La audiencia de hoy en Iguala, que estaba agendada a las cuatro de la tarde, se pospuso y comenzó hasta las siete, después de dos horas a puerta cerrada, la jueza Mariela Alfaro Zapata finalmente falló por la liberación de Aurelia.
Aurelia salió acompañada de su madre Agustina Cruceño Naranjas, de su padre Alberto García Palazin, y sus abogadas defensoras Verónica Garzón Bonetti y Ximena Ugarte Trangay.
Entre los planes de Aurelia ahora que está en libertad es estudiar y convertirse en maestra.
«Voy a estudiar mucho y ojalá pueda lograr mi sueño de ser maestra», expresó Aurelia.
Comentó que aprendió a hablar español en la cárcel y que conoció a más mujeres en su misma situación, a las que apoyará a que sean liberadas.
Diversas activistas y colectivas feministas estuvieron fuera de Palacio de Justicia de Iguala en apoyo a Aurelia.
Ayer la defensa presentó los alegatos finales y hoy le dictaron la sentencia final.
A partir de hoy Aurelia es una mujer libre y podrá continuar con su proyecto de vida.
En la imagen, Aurelia García Cruceño da entrevista a medios al salir de la Ciudad Judicial de Iguala junto a su madre y su padre. Foto: Red Guerrerense por los Derechos de la Mujer.
Texto: Itzel Urieta Fotografía: Fotograma 20 de diciembre del 2022
Durante la conferencia matutina de hoy, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dijo que el caso de Aurelia García Cruceño, mujer nahua presa desde el 2019 por un aborto fortuito, se resolverá pronto.
López Obrador fue cuestionado por este caso que tomó fuerza en los últimos días, y comentó que mañana dará respuesta, porque tiene buena relación con el Poder Judicial de Guerrero.
“Tenemos buena relación con el Poder Judicial, cuando hay estos temas se escucha nuestro planteamiento. Se reúnen expertos que trabajan sobre estos temas y por lo general se resuelven bien, con justicia”, comentó el presidente.
Aurelia lleva tres años presa por un aborto fortuito que sufrió en 2019. Desde ese momento fue encarcelada en el centro penitenciario de Iguala.
Después de varias audiencias, ayer la defensa presentó los alegatos finales y se espera que el día de hoy a las cinco de la tarde le dicte la sentencia final.
«Por lo general siempre buscamos que no se cometan injusticias», dijo López Obrador y como una manera de evadir la pregunta hizo el recuento de otro casos judiciales en los que no hay una sentencia y el Poder Ejecutivo da acompañamiento jurídico.
En el caso de Aurelia el presidente invirtió dos minutos, pero 20 en explicar otros dos casos judiciales.
Al final le preguntaron qué hace para evitar que casos como el de Aurelia, en el que autoridades comunitarias actúen con impunidad, sucedan.
«Todos los días desde las seis de la mañana trabajamos para llevar justicia», respondió.
Lleva tres años presa por un aborto fortuito que sufrió en 2019. Desde ese momento fue encarcelada en el centro penitenciario de Iguala. Su defensa espera sea declarada en libertad
Texto: Itzel Urieta Fotografía: Cortesía 20 de diciembre del 2022
Activistas feministas protestaron esta tarde fuera del Palacio de Justicia de Iguala para exigir la libertad de Aurelia García Cruceño, mujer nahua presa por un aborto fortuito.
Aurelia lleva tres años presa por un aborto fortuito que sufrió en el 2019. Desde ese momento fue encarcelada en el centro penitenciario de Iguala.
Después de varias audiencias, hoy comenzaron los alegatos finales y se espera que mañana (martes) se dicte la sentencia final.
Antes de ingresar al Palacio de Justicia, activistas feministas se manifestaron para exigir a la jueza Mariela Alfaro Zapata que deje en libertad a Aurelia. Las activistas consideran que su defensa presentó pruebas suficientes para demostrar su inocencia.
“Queremos la libertad para Aurelia porque ella se lo merece, le han robado parte de su vida, Aurelia tiene derecho a realizar su proyecto de vida”, dijo Ana Gabriela Candera Garzón, coordinadora de la Red Guerrerense por los Derechos de las mujeres.
La activista María Luisa Garfias Marín denunció que Aurelia sufrió violencia institucional durante este proceso.
“En un estado donde las autoridades hablan de convertirlo en una ínsula, en un espacio sagrado para los derechos de las niñas y las mujeres, hoy estamos viendo que de esa ínsula de la que se nos ha hablado no existe”, expuso Garfias Marín.
Pidieron a la jueza reconsiderar la sentencia de Aurelia.
En la protesta también estuvo presente la madre y el padre de Aurelia, quienes lloraron y en su lengua, el náhuatl, exigieron que Aurelia sea liberada.
En 2019, cuando Aurelia García Cruceño tenía 20 años fue agredida de manera sexual por un hombre de su pueblo, Xochicalco, ubicado en la zona nahua del municipio de Chilapa de Álvarez, y quedó embarazada.
Después de tres años en prisión, mañana Aurelia conocerá su sentencia final. La cual, sus abogas defensoras y activistas feministas esperan sea favorable.
De ser así, Aurelia podrá continuar con su proyecto de vida, en libertad. De acuerdo con Candela Garzón, uno de los sueños de Aurelia es convertirse en maestra y hacerle una casa a sus padres.
“Ojalá pronto Aurelia se encuentre con nosotros de este lado, porque ella merece estar libre”, agregó Candela Garzón.
En la imagen, activistas feministas, el padre y la madre de Auerelia, protestan fuera de la Ciudad Judicial de Iguala para exigir que la sentencia de la jueza determine su libertad. Foto: Cortesía
En Oaxaca la violencia contra las mujeres no se detiene, en menos de 24 horas, dos mujeres fueron asesinadas, una de ellas fue localizada en un terreno baldío en Playa Brasil, agencia municipal de Salina Cruz, Oaxaca y la otra mujer recibió impactos de bala en un fraccionamiento de la capital de Oaxaca, confirmaron las autoridades de justicia.
De acuerdo con un reporte hemerográfico de Grupo de Estudios para la Mujer “Ges Mujer”, en lo que va del año suman 137 feminicidios y de la actual administración estatal que encabeza Salomón Jara Cruz, 5 mujeres han sido asesinadas.
El martes por la mañana, Diana Edith G. H de 49 años fue asesinada esta mañana a balazos por personas desconocidas en el fraccionamiento El Rosario de la capital de Oaxaca.
De acuerdo con testigos, el crimen de Diana Edith ocurrió alrededor de las 9:00 horas, sin que hasta el momento se conozca el motivo ni quiénes lo hicieron.
La mujer vestida con un suéter blanco con verde, pantalón negro y tenis blancos permaneció tirada en el piso por varios minutos hasta que llegaron las autoridades y cuerpos de emergencia.
Mientras que hoy miércoles por la mañana, fue hallado el cuerpo de otra mujer con disparos de arma de fuego en un terreno baldío de Playa Brasil, en Salina Cruz, Oaxaca sin que hasta el momento se conozca su paradero.
De acuerdo a los reportes, se trata de una mujer joven que vestía con short y playera, pelo negro y delgada.
En tan solo este mes, en el inicio del sexenio del morenista Salomón Jara, cinco oaxaqueñas han sido asesinadas, se trata de Ivette M; en San Gabriel Mixtepec, Yadira J.M., en Santos Reyes Nopala , Adela M.A., en Nejapa de Madero, Diana Edith en la capital de Oaxaca y hoy otra joven que hasta el momento está desconocida.
Angélica Ayala, de Ges Mujer, que en este 2022 conmemora 45 años de empoderar a las mujeres y niñas informó que tan solo en el mes de noviembre brindó un total de 103 asesorías, 24 en el área legal y 79 en atención psicológica.
El martes por la mañana, Diana Edith G. H de 49 años fue asesinada esta mañana a balazos por personas desconocidas en el fraccionamiento El Rosario de la capital de Oaxaca.
Este texto es propiedad de IstmoPress y lo reproducimos como parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. Puedes leer el original en este enlace.
El aumento del nivel de impunidad en estos crímenes es un indicador “de la violencia extrema que afecta a toda la sociedad mexicana”, advierte un informe de la organización Impunidad Cero.
Texto: Eréndira Aquino / Animal Político
Fotografía: Amapola Periodismo (Archivo)
2 de diciembre del 2022
En cinco años, el Poder Judicial de Oaxaca no ha emitido sentencias condenatorias por los delitos de homicidio doloso y feminicidio, según un análisis realizado por la asociación civil Impunidad Cero. Otro estado que no ha condenado feminicidas desde 2016 es Tlaxcala.
De acuerdo con Impunidad Cero, estos dos delitos “son el reflejo de la violencia extrema que afecta a la sociedad mexicana”, ya que todos los días se contabilizan 94 víctimas de homicidio doloso y 10 de feminicidio en todo el país.
En el estudio Impunidad en homicidio doloso y feminicidio 2022, la asociación afirma que “a pesar de esta crisis de violencia, México se ha mantenido con niveles de impunidad alarmantes, relacionados con los complejos fenómenos de los delitos que enfrenta cada estado, así como con la falta de capacidades institucionales para investigarlos y perseguirlos”.
Cartografía de la impunidad
A nivel nacional, el índice de impunidad en el homicidio doloso en 2021 se ubicó en 91.4%, mientras que para 2016 fue del 86.6%, lo que muestra que en el periodo de cinco años esta tendencia aumentó 4.8%.
Aunque Oaxaca es el único estado que, de acuerdo con el índice presentado por la asociación, no emitió ninguna sentencia condenatoria por homicidios dolosos entre 2016 y 2021, otras 20 entidades se encuentran por encima del 90% de impunidad acumulada. Los estados con mayor porcentaje fueron: Morelos (99.8%), Tlaxcala (99.5%), Colima (99.3%), Guerrero (98.5%) y Chihuahua (98.2%).
Aquellos en los que el porcentaje es menor fueron Yucatán (38.5%), Aguascalientes (58.1%), Querétaro (69%), Ciudad de México (69.6%) y Coahuila (70.9%). Sin embargo, no hay un solo estado que haya esclarecido todos los casos.
En cuanto a los feminicidios, el porcentaje de impunidad acumulada entre el periodo de 2016 a 2021 ascendió a 56.6% a nivel nacional, es decir, que menos de la mitad de los feminicidios registrados ha concluido con una sentencia condenatoria desde que se comenzó a operar el sistema de justicia penal y se tipificó el delito gradualmente en los estados.
Después de Oaxaca y Tlaxcala, donde no se condenaron feminicidas, los estados con mayor impunidad acumulada por feminicidio fueron Chihuahua (98.8%), Colima (92.1%), Puebla (88.7%), Morelos (86.5%) y Guerrero (85%).
En contraste, Aguascalientes (95.5%), Zacatecas (12.8%), Yucatán (29%), Querétaro (30.8%) y Sonora (40%) fueron las entidades con menor porcentaje.
¿Qué causa estos “niveles alarmantes” de impunidad?
Una de las principales causas de los “niveles alarmantes” de impunidad en el país, según Impunidad Cero, es la baja capacidad de las autoridades para investigar y esclarecer los delitos.
Por ejemplo, en el caso de los feminicidios, hay cuatro estados que no contemplan reglas para indagar este delito: Baja California, Durango, Nuevo León y Tamaulipas. En otros casos, los protocolos con los que cuentan no han sido actualizados, por lo que no se encuentran adaptados a los cambios en la legislación nacional y estatal, lo que repercute en la acreditación de los hechos.
Aunque las carencias no son solo de protocolos para la investigación. La asociación indicó que también hay un déficit en el número de fiscales y agentes del Ministerio Público, cuya tasa nacional es de 10.1 por cada 100 mil habitantes.
En el caso de los policías de investigación, Impunidad Cero destacó que hay 12.5 agentes por cada 100 mil habitantes, lo que muestra una falta de capacidad en la práctica de diligencias y actos de investigación.
Aunque para 2021 en todo el país se reportaron 125 agencias del Ministerio Público especializadas en homicidio en el país, esto solo representa 8.3% de unidades por cada 100 mil víctimas. Además, en entidades como Hidalgo, Estado de México, Quintana Roo, Tamaulipas y Veracruz no cuentan con unidades dedicadas exclusivamente a la investigación de este delito.
Las recomendaciones
Con el fin de contribuir con la reducción de la impunidad en estos delitos, la asociación lanzó una serie de recomendaciones dirigidas a las autoridades de distintos niveles de gobierno.
Sobre el caso específico de feminicidios, se recomendó mejorar la atención y la calidad de los servicios proporcionados por los Centros de Justicia para las Mujeres, para que las víctimas cuenten con medidas de protección y sean trasladadas a refugios. También se pidió que se armonicen los tipos penales de este delito en las entidades federativas, ya que actualmente cada una cuenta con diferentes definiciones y razones de género para clasificarlo.
Asimismo, se recomendó que se fortalezcan las capacidades de investigación, con el desarrollo y la actualización de los protocolos para feminicidios, priorizando la investigación de este delito junto con el de homicidio doloso, y que se lleve registro en sistemas informáticos de las carpetas de investigación en un formato que permita tener mayores datos acerca de las víctimas, los agresores y el proceso en el que se encuentra cada caso.
Para Impunidad Cero, es importante que en la reflexión sobre los delitos que permanecen sin castigo se tome en cuenta que optar por un aumento de sanciones no necesariamente va a significar mayor acceso a la justicia, por lo que pidió apostar por la reinserción social antes del punitivismo que “perpetúa el estigma, la discriminación y la ausencia de rehabilitación”.
En la imagen, feministas durante una manifestación por los derechos de la mujer y contra la violencia de género. Foto: Amapola Periodismo (Archivo)
