Hombres armados y policías ministeriales tratan de despojar a la Comunidad Emperador Cuahutémoc del predio que alberga el jardín de niños

Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Oscar Guerrero / Archivo

Chilpancingo

Esta mañana el presidente del DIF municipal de Juan R Escudero, Miguel Costilla Villanueva, llegó al Jardín de Niños Emiliano Zapata, ubicado en la Comunidad Indígena Popular Emperador Cuauhtémoc, con dos hombres armados, cinco policías ministeriales y dos trabajadores de Catastro municipal para hostigar a los pobladores del asentamiento y exigir un predio que supuestamente le pertenece.

Los habitantes de la comunidad denunciaron públicamente las amenazas y hostigamiento por parte del funcionario municipal de Juan R Escudero, conocido como Tierra Colorada, que pretende arrebatarles el espacios donde estudian 30 niños de nivel preescolar.

El predio en cuestión es donde se ubica el jardín de niños, en el que estudian 30 niños y niñas de entres tres y seis años de edad y existe desde hace 18 años.

En 2006 se fundó la Comunidad Emperador Cuauhtémoc en un predio que fue gestionado como la organización 500 Años de Resistencia Indígena y Popular, en el que actualmente convergen la población migrante de los cuatro pueblos originarios.

Con este nuevo asentamiento, en 2006, los habitantes gestionaron la creación de una primaria y un jardín de niños.

La primaria fue reconocida como tal en 2019, por 17 años funcionó como una extensión de un plantel ubicado en la Costa Chica.

El Jardín de Niños Emiliano Zapato no corrió con la misma suerte, en 2016 la Comisión Colectiva, el órgano de gobierno de la Comunidad, comenzaron un proceso legal contra Costilla Lázaro que se dijo dueño del espacio.

En 2021 después de un juicio, un juez falló a favor de la Comunidad y dijo que no había elementos para determinar la propiedad que reclama Costilla Lázaro.

Esta mañana, Costilla Villanueva regreso y pretende de nuevo comenzar otro proceso para que le sea otorgado el espacio de 900 metros donde actualmente se asienta el preescolar Emiliano Zapata.

«Llevamos habitando la Comunidad 18 años, y sorprendentemente aparece hasta estos días los supuestos dueños queriendo medir con ayuda del Ayuntamiento de Chilpancingo», denunció un integrante de la Comisión Colectiva, quienes pidieron se omitieran sus nombres porque dijeron comenzaran un demanda penal y no quieren exponerse.

En conferencia de prensa los habitantes llamaron a los tres ordenes de gobierno que eviten favorecer a Costilla Villanueva y a evitar reactivar un caso por el que ya hay un fallo y la determinación de juez.

«Nosotros siempre buscamos al Ayuntamiento para hacer una gestión de agua, luz, drenaje y obra pública, y siempre nos dicen que no pueden hacer nada porque somos un predio irregular, pero los de catastro bien que andan con este personaje que nos quiere arrebatar el jardín de niños», mencionaron.

···El Jardín de niños···

En el preescolar Emiliano Zapata sólo hay un aula de madera, afuera un techado donde los estudiantes se resguardan de la lluvia y el sol; este mismo espacio funciona como galera para reuniones y eventos de la comunidad.

Desde su creación, hace 17 años, no cuenta con una clave propia, es un anexo de un otro jardín ubicado en la comunidad de Atliaca, municipio de Tixtla.

La Secretaría de Educación Guerrero (SEG) no le otorga una clave por el litigio en el que esta.

Como anexo se necesita de otro plantel que facilite la clave y los documentos puedan tener validez.

Al no tener una clave propia, el Jardín Emiliano Zapata no puede acceder a infraestructura, presupuesto o más maestros.

 

La Montaña de Guerrero: el lugar donde los servicios y los programas para el campo son casi inaccesibles

La ausencia del Estado en La Montaña guerrerense va desde el abandono en materia de salud, educación, seguridad y empleo hasta la desaparición de programas sociales específicos para la población trabajadora agrícola. En comunidades donde las personas no tienen nada, mucho menos cuentan con terrenos suficientes para cumplir los requisitos del programa Sembrando Vida.


Texto y fotografía: Marcela Nochebuena / Animal Político

Ilustración: Andrea Paredes

 

Rodeada enteramente de cerros, la cabecera municipal de Tlapa de Comonfort, al oriente de Guerrero, parece el último destino de la región montañosa de la entidad, pero no lo es. Es apenas el centro y punto de partida para la migración a otros estados de quienes habitan sus 19 municipios. Aquí quien no trabaja en el campo ya lo hizo antes o lo hará en el futuro. En los últimos 50 años, tres o cuatro generaciones de jóvenes han estado destinadas al trabajo agrícola.

Para los pueblos de la montaña, no existe un antes glorioso de atención gubernamental o de desarrollo, nunca lo ha habido. Todo antes es trágico, porque la historia de las comunidades aledañas a Tlapa se ha escrito con dolor: les han despojado, dividido, engañado, asesinado, masacrado, expulsado de sus tierras y explotado. Así resume Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, el abandono de esas poblaciones del sureste desde hace décadas.

De esa manera ocurrió el retiro del Estado, cuyas instituciones nunca terminaron de llegar a los habitantes de Tlapa. La ausencia sigue vigente: desde la atención a la salud hasta la educación, la seguridad y el acceso al empleo. Por épocas, han existido programas sociales dirigidos a pequeños productores y algunos subsidios que funcionaron, como uno de Conasupo de almacenes para el manejo y la compra de maíz. Hoy han dejado de existir.

En Tlapa, el porcentaje de personas de 15 años y más analfabetas es de 83.4% —con un crecimiento gradual desde el 2000, cuando era de 69.8%—, según estadísticas del Inegi. El promedio de escolaridad es de secundaria inconclusa (8.2 años). El 64% de la población de más de tres años no asiste a la escuela, frente a 36% que sí.

La migración de los habitantes de la región a otros estados comenzó a volverse sistemática en la década de los 70, cuando se evidenció la insuficiencia de las condiciones de las comunidades. En México, las personas que trabajan en el campo sobreviven al margen de todo, incluso de las estadísticas oficiales, pero estimaciones del Inegi señalan que alrededor de 2.5 millones laboran como empleadas en centros de producción agrícola.

Sin embargo, el Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas (PAJA), que contemplaba apoyos directos y acciones sociales para el desarrollo de esta población, y que había disminuido en 84% sus beneficiarios entre 2008 y 2016 a pesar de haber recibido 91% más de presupuesto en ese periodo, hoy ya no existe. En 2015, alcanzaba a 103 mil 140 personas.

Destinado específicamente a reclutar, seleccionar y enviar población migrante internacional a Canadá, sobrevive el Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales (PTAT), que en los últimos seis años, según datos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), ha beneficiado anualmente a 24 mil 800 personas en promedio. De ellas, solo 3% son mujeres. Las variaciones por año son mínimas; mientras el registro no crece, la migración sí.

Si antes se limitaba a la temporada más alta, entre septiembre y mayo, hoy es permanente, según lo documentado por Tlachinollan. Aunado a ello, las remesas recibidas en Tlapa, uno de los municipios guerrerenses con más envíos de dinero por parte de migrantes internacionales a sus familias, pasaron de más de 49 millones de dólares en el cuarto trimestre de 2019 a 106 millones de dólares en el mismo periodo de 2022, un incremento del 116%, de acuerdo con datos del Banco de México.

Para el campo mexicano, a partir de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador el apoyo se enfocó en el programa Sembrando Vida, que según el gobierno federal tiene la finalidad de generar autoempleo e incentivar a las y los trabajadores del campo a convertirse en productores. A cargo de la Secretaría de Bienestar, desde 2018 presumió el objetivo de revertir el abandono al sector por parte de gobiernos anteriores.

Según sus reglas de operación, las personas trabajadoras agrícolas deben cumplir con habitar en municipios catalogados como de medio a muy alto grado de rezago social, por debajo de la línea de pobreza por ingresos rural, pero al mismo tiempo tienen que acreditar la propiedad o posesión individual de 2.5 hectáreas —25 mil metros cuadrados— para trabajar en proyectos agroforestales que no se ubiquen a más de 20 kilómetros de su domicilio. A ello añaden más de cinco características específicas del terreno. Todo para obtener 6 mil pesos mensuales.

Si en La Montaña guerrerense no hay acceso a servicios o empleo, mucho menos a terrenos suficientes para cumplir con esos requisitos. Por ejemplo, en Calpanapa, municipio de Cochoapa el Grande, uno de los más pobres de México, al que se llega solo por caminos de terracería, hay cerca de 50 personas inscritas en el programa, mientras entre 70% y 80% de sus 336 habitantes sigue migrando a otros estados, temporal o definitivamente, para poder trabajar en el campo, según lo refirieron autoridades comunitarias.

En su evaluación más reciente, correspondiente a los recursos ejercidos en 2021, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) consignó que Sembrando Vida otorgó apoyos económicos a un total de 481 mil 205 personas en 20 estados, 30.7% de ellas mujeres. Sin embargo, de los 968 municipios donde se distribuyeron, 456 no correspondían a localidades marginadas. Por otro lado, no hubo mecanismos de control, en general, para probar documentalmente que los beneficiarios del programa cumplían los criterios y requisitos de elegibilidad.

Para 2023, Sembrando Vida tiene una meta de 455 mil 749 beneficiarios en más de 25 mil localidades de 23 estados. Las reglas de operación establecen que al menos 20% deben ser mujeres. Tomando en cuenta la estimación del Inegi, la población beneficiada por el programa representaría apenas 19% del total de personas dedicadas al trabajo agrícola en México. En contraste, entre quienes no tienen propiedad y no les queda más que trabajar para un empleador, solamente del 3% al 7% cuenta con contrato escrito.

“Queda el programa de fertilizante (Fertilizantes para el Bienestar), pero es un programa para asegurar clientela política, y obviamente también en el cambio al uso de agroquímicos es cuando llega el fertilizante, y es utilizado primero y después los demás; entonces, la gente se vuelve dependiente de todos los insumos químicos de fuera. Tanto ya no recibe apoyos como le llegan las nuevas tecnologías y las nuevas prácticas agrícolas, que los vuelven dependientes, y viene la privatización. Todo eso hizo que la gente prefiriera salir”, explica Barrera.

“Primero los pobres”: negativas y ausencias en el último sexenio

Abel Barrera recuerda que, desde el principio de esta administración, Tlachinollan intentó y logró reunirse con Ariadna Montiel, entonces subsecretaria de Bienestar, “con esa ilusión de que obviamente tienen una perspectiva en favor de los pobres, como lo ha dicho AMLO”. Le explicaron el trabajo del centro y le externaron su preocupación por la población jornalera en La Montaña, para plantear la posibilidad de que se implementara un programa específico.

En la reunión, supieron que la administración no tenía intención de implementar programas sociales sectoriales, sino únicamente universales para el supuesto beneficio de toda la población pobre. Sin embargo, hay una población jornalera —explica Barrera— que no se está beneficiando porque no está en la comunidad por su frecuente movilidad. Los Servidores de la Nación ni siquiera los ubican. “Quedó ahí; está muy difícil que hagan un programa para jornaleros”, lamenta.

Más tarde, fueron contactados por la misma secretaría para plantearles un programa piloto en Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Chihuahua. Le pidieron apoyo a Tlachinollan para identificar comunidades específicas; sin embargo, al final no se concretó, presuntamente porque se necesitaban recursos para la campaña en Zacatecas, según confiaron a Barrera. “Nosotros fuimos a dar la cara y a decir que iba a haber programas para jornaleros… no se hizo y ni siquiera hubo forma de reclamarle a nadie”, agrega.

Por otro lado, lograron tener una reunión —a través de la Alianza Campo Justo— con la STPS. A partir de ella, el resultado fue que la población jornalera fuera incorporada a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami). El monto considerado sigue siendo bajo —aclara Barrera—, pero al menos ya está contemplado. Las personas trabajadoras agrícolas han pedido que se fije en al menos 300 pesos diarios.

Se refiere a la reforma que se dio finalmente en 2019 —después de años de solicitarla— al artículo 280 de Ley Federal del Trabajo, que indica que la Conasami fijará los salarios mínimos de las y los trabajadores del campo, tomando en cuenta su naturaleza y cantidad, el desgaste físico y los salarios en establecimientos y empresas dedicadas a producción agrícola. En 2020, lo fijó por primera vez en 213.39 pesos en la Zona Libre de la Frontera Norte y 160.19 en el resto del país. Este año asciende a 312.41 y 234.52, respectivamente.

En el caso de la STPS, también lograron que accediera a una única inspección en campos agrícolas. “Pero ya nos dimos cuenta que hay una burocracia en medio que dice ‘A ver, dime dónde está ese campo agrícola, cuáles son las coordenadas, quién es el dueño, cuál es su registro federal de causantes’. Eso lo tuvimos que hacer nosotros y todavía decían ‘Es que esta dirección no existe porque está sobre la carretera’. Nosotros teníamos que hacer su trabajo”, dice Barrera.

“No podían hacerlo ellos, alguien tiene que solicitarlo, y también ahí nos dimos cuenta que una cosa es la empresa que contrata a los trabajadores, otra la dueña de los terrenos, otra la de los camiones; entonces, hay cinco o seis”, agrega. Eso genera el problema de que lleguen a presentarse en una empresa cuya dirección no corresponde necesariamente con los terrenos agrícolas. En su opinión, el trámite burocrático de las inspecciones está hecho para los empresarios, no para los trabajadores.

Por ejemplo, la empresa Divemex, que se dedica a cultivo, cosecha, distribución y comercialización de granos, frutas, hortalizas y verduras, se ubica en Guadalajara, Jalisco. En su acta constitutiva, como única dirección oficial registra la Zona Metropolitana de esa ciudad. En su página oficial en internet puede conocerse de manera más específica que su sede está en Ostia 2756-6, colonia Lomas de Guevara, Guadalajara. Ninguna otra ubicación se publica ahí.

Sin embargo, sus campos de cultivo están en un punto distinto: la carretera El Dorado-El Salado número 12510, a media hora de Culiacán, aunque en una búsqueda general en internet, en primera instancia solo aparece como 80300 Culiacán, Sinaloa. Por otro lado, en respuesta a una solicitud de información sobre las inspecciones que ha realizado en centros agrícolas, la oficina de representación federal del trabajo en Sinaloa solo enlistó direcciones, muchas únicamente con el nombre de la carretera sin número, por lo que es imposible saber de qué empresas se trata.

De la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Tlachinollan solo obtuvo el compromiso de que se garantizara que algunos programas generales de producción ya existentes llegaran a la población minoritaria que es candidata, y del Inegi, que en los censos agropecuarios se incorporen rubros relacionados de manera más específica a las características de la población jornalera. Con el IMSS, hasta ahora no ha habido avances en alguna estrategia para hacer efectiva la afiliación.

Sobre los campos agrícolas en los estados de destino de la migración interna —Sonora, Sinaloa y Baja California, principalmente— y las inspecciones mencionadas, la STPS tampoco puede dar muchas certezas. A la petición del censo específico de centros de trabajo agrícolas vía transparencia, la STPS respondió con un padrón extenso de empresas registradas en todo tipo de sectores, sin especificar cuáles corresponden al agrícola.

En respuesta a otra solicitud de información, la Dirección General de Inspección Federal del Trabajo contestó que de 2017 a la fecha localizó únicamente 57 actas de visitas de inspección ordinarias y extraordinarias, la mayoría por comprobación de seguridad e higiene.

A estas se suman las realizadas por las delegaciones estatales de la dependencia. Tan solo en Sinaloa pasaron de 17 en 2015 —y un máximo de 34 en 2018— a seis en 2022; en Baja California Sur, de 18 en 2016 a una en 2022, mientras que en Jalisco, uno de los principales estados productores, han sido únicamente entre cero y siete anuales en los últimos ocho años.

Reclutamiento en La Montaña: “Aquí no hay nada”

A unos 10 minutos a pie desde el centro de Tlapa, en una superficie seca conocida como Río Jale, se estacionan los transportes —camionetas medianas— que llegan de las comunidades de la montaña. De ahí, a unos cuantos pasos se encuentra la casa del jornalero. En la reja exterior, las cartulinas se amontonan con una diversidad de ofertas para ir a otros estados a trabajar al campo.

“Se solicitan trabajadores el campo Santa Elena en Culiacán, Sinaloa, el corte de pepino; tarea de enrede, desbrote y desoje y otras más, el salario de 300 pesos diarios de 7:00 AM a 4:00 PM más 40 pesos, horas extras después de las 4:00 OM, hombres y mujeres a partir de 16 a 65 años con o sin experiencia, nosotros te capacitamos”, dice una de ellas.

“La empresa proporciona cuarto, tanque con gas, estufa, colchoneta, seguro social, guardería y escuela, el traslado y alimentos”, se añade en el letrero. Apenas cruzando la reja, en la primera mesa un contratista espera con un bonche de folletos. Sin que alguien se lo pregunte, explica que hoy ya no está permitido que los menores de edad trabajen y de inmediato culpa a las familias por insistir. Luego asegura que su empresa no miente: lo que dice en el tríptico se cumple.

“Campo Patricia Sinaloa, ¡Te ofrecemos empleo! Contrato gratuito”, dice el folleto. Tiene unos espacios en blanco para los días de salida, que no se especifican. Adentro, responden qué ofrecen: traslado gratuito, guarderías, seguridad social y consultorio médico, zonas habitacionales, despensas, primer cilindro de gas regalado y traslado de la zona habitacional al área de trabajo.

“Podrás ganar mínimo 280 diarios por tarea (cumpliendo con asistencia de seis días a la semana) y dependiendo de tu esfuerzo incrementar hasta 400 con tareas extras”, específica el interior del tríptico, antes de ofrecer incluso un bono de lealtad por el cumplimiento de contrato hasta el final de la temporada y buena asistencia. Necesitan personas en las áreas de trabajo en el campo, empaque, bomberos (fumigación) y actividades varias.

En la casa del jornalero, quienes vienen de las comunidades más lejanas pueden pasar una o varias noches mientras llega la fecha de tomar alguna de esas ofertas. Los camiones los recogen ahí mismo en la parte de afuera, o incluso llegan a otros puntos, como la intersección que conduce a Ayotzinapa, a unas dos horas en auto desde Tlapa. Dentro de la casa, a cargo de la cocina, está Aure. Como casi todos, ella también fue trabajadora agrícola desde pequeña, con su familia, que migró porque “aquí en La Montaña no hay nada”.

Recuerda que ella iba a Morelos al corte de ejote y elote, nunca a Sinaloa. Desde los 10 años, la llevaba su papá y después, ahí conoció a su esposo. “Siempre andábamos allá trabajando, hasta que falleció en 2005”, dice. Después, ya no pudo ir a trabajar, porque no podía ir sola con sus hijos pequeños. Fue entonces que regresó a vivir con sus papás en Chiepetepec, su comunidad en La Montaña, y más tarde llegó a la casa del jornalero por una recomendación, donde ya tiene 13 años.

Cuando trabajaba, iban muchas mujeres embarazadas y con bebés a cuestas, en el surco y en la sombra. Eran campos sin guardería y sin atención médica en casos de enfermedad o accidente. Había que llevarlos por fuera a un centro de salud. Remarca que en Culiacán hay campos diferentes que sí tienen todos esos servicios, aunque eso es solo en algunos casos; para quienes trabajan día por día con empleadores diferentes, como en Villa Unión, no existen esas condiciones.

Ahora, los hijos de Aure ya crecieron y son sus nietos quienes la acompañan ese día en el comedor. Sus hijos trabajan en la construcción, pero sus sobrinos sí van al campo a Sinaloa. Cuenta que quienes pasan por ahí y se van contratados salen en septiembre u octubre, y regresan hacia mayo a sus comunidades. Otros compran boletos por su cuenta, ya saben a dónde llegar a trabajar, están allá uno o dos meses y vuelven. Llegan de Cochoapa, de Joya Real, de Metlatonoc y de otras comunidades de La Montaña.

Aure hace ahora la limpieza y la comida, e incluso la cena, para los trabajadores, aunque en esta ocasión no hay gas. Como es abril, en este momento no hay tantas salidas de personas contratadas, sino de quienes van por su cuenta. Algunos ya saben más o menos a dónde; otros aceptan alguna de las ofertas en la reja esperando que lo prometido sea realidad. La mayoría prácticamente ya está por regresar a Guerrero.

En la casa del jornalero se genera, además, un registro local. No es un censo, aclara Paulino Rodríguez, de Tlachinollan, pero es un indicador que permite conocer más de lo que pueden informar las autoridades. Cada temporada, ascienden a entre 12 y 15 mil personas de diferentes edades que van en busca de trabajo a Sinaloa, Sonora, Chihuahua y Baja California, y se dispersan a hasta 21 estados de destino.

Sin acceso a la salud, en una de las comunidades más alejadas

Si en La Montaña no hay nada, para las mujeres mucho menos. Más aún en una de las comunidades más alejadas: Calpanapa Viejo, municipio de Cochoapa el Grande, a unas cinco horas de Tlapa, casi la mitad de pura terracería. En una comunidad de 336 habitantes, de los que más del 40% es hablante de lengua indígena, y 145 viviendas, para ellas no existe el acceso seguro a la educación o la salud de sus hijos, que llegan a morir por una diarrea, y a veces ni siquiera la posibilidad de parirlos en un hospital.

A sus 30 años, Angela tuvo que dar a luz a la orilla de una barranca, de camino al hospital que tenía más cercano, a dos horas y media. No habla español. Paulino ayuda con la traducción del ñuu savi. Embarazada de su sexta hija, había ido a una última cita médica. El 11 de enero, salió de su comunidad para el nacimiento de su bebé, porque no encontró doctor en el centro de salud.

En el hospital al que llegó, en Dos Ríos, la revisó solo una enfermera, pero argumentó que como Angela no iba a las citas ahí constantemente, no podían recibirla. “No aceptaron que mi niña naciera en ese hospital y fue que tuvimos que regresar”, relata. Cuando iban por un paraje de Dos Ríos a Calpanapa, llegaron a un punto que se conoce como barranca de ocote. No pudo más y ahí nació su bebé.

En la camioneta viajaban también su suegro y su esposo. La enfermera de Dos Ríos le dio la opción de ir al hospital básico de Cochoapa o al de Ometepec, pero no alcanzaron a llegar. El más cercano quedaba a dos horas mínimo de distancia.

“En ese instante hicimos una llamada al hospital básico porque teníamos el número de teléfono. No entró la llamada y a veces se va la señal, o quién sabe qué había pasado, y con el simple hecho de que no estaba el médico en ese momento el día que ella nació, las enfermeras me dijeron que no me podían atender porque ellas iban a meterse en problemas”, cuenta Angela.

Su esposo y su familia se dedican al cultivo de la milpa en Guerrero. Antes y desde hacía muchos años, también iban a trabajar a Jalisco como jornaleros al corte de tomate y chile, pero ya no lo han hecho porque el papá de sus hijos logró entrar al programa Sembrando Vida, y sus hijos pequeños están estudiando. Hace cerca de cuatro años que permanecen en la comunidad.

“Nos apoya el programa, pero aparte sembramos maíz y vamos acompletando. Principalmente, los hombres son los que hacen ese trabajo, y nosotras las mujeres aquí en el hogar”, agrega. A solo unas viviendas de distancia, Guadalupe, de 52 años, borda al aire libre afuera de su casa, en un pequeño espacio techado con lámina. A esa hora, el calor supera los 30 grados en toda la región de La Montaña. Entre cuatro y cinco niños juegan o aprovechan para comer alrededor de ella.

Es abuela de todos ellos. También de un niño que recién falleció a los dos años de edad, la misma que tiene uno de los que permanecen sentados junto a ella mientras recuerda la enfermedad y muerte de su nieto. Guadalupe tampoco habla español. El niño, relata en ñuu savi, amaneció un día con vómito y diarrea, y en la noche su estado empezó a complicarse más. Al día siguiente, martes 21 de marzo, murió.

“Aquí no hay servicio médico. Tuvimos que ir al centro de salud, u hospital básico, de Dos Ríos —explica—. Fuimos y no lo atendieron, nos mandaron a Cochoapa el Grande, logramos llegar todavía, pero cuando revisaron a mi nietecito, los médicos detectaron que ya tenía como dos horas que había dejado de existir”. De un hospital a otro, hicieron tres horas de camino.

El papá de su nieto tenía ya meses en la migración, pero la mamá había salido de Calpanapa a trabajar en los campos de Jalisco hacía apenas 22 días. “Quiero agregar que el niño estaba sano cuando me lo dejó su mamá; así como vemos a este niño, así estaba él”, enfatiza. Otros dos nietos, de 11 y cinco años, hijos de la misma pareja, siguen a su cuidado. Los demás que la rodean están ahí solo por un rato; sus papás siguen en la comunidad.

“Aquí surgen muchas enfermedades y no hay medicinas. Tenemos un centro de salud, pero no hay médico, no hay enfermera. Anteriormente hubo un médico, pero a la fecha no. Es muy diferente cualquier situación de emergencia teniendo centro de salud con médico; pueden salvar la vida de alguien, de los niños, pero como aquí no hay eso, tenemos que ir hasta Ometepec. A otros dos de mis nietos los han tenido que llevar hasta allá para su atención médica”, reclama la abuela.

Guadalupe solo sabe que su nieto murió por vómito y diarrea, sin un diagnóstico específico. En abril, habría cumplido tres años.

“El pequeño Sinaloa”

Francisco y María Ignacia, que viven en Cacahuatepec, son ejemplo de que no hay programa social que alcance para subsistir en La Montaña. Tienen un pequeño invernadero en esa comunidad guerrerense. Les gustaría —y todavía conservan la esperanza de que un día sea posible— vivir de sus cultivos de tomate, cilantro, pepino y chile, pero sin apoyos, sería más costoso mantenerlo que el dinero que ganarían.

María Ignacia fue por primera vez a los campos de Culiacán con su papá, cuando tenía 15 años. A veces también ha ido a Baja California. Se juntó con Francisco hace 16 años. Juntos, han migrado a Sinaloa por contrato de seis meses. Francisco relata que antes los contrataba el señor Pedro Gálvez, que está en Tlapa. Ahora sus paisanos de la comunidad y él han asumido ese papel.

“Ahorita ya estoy contratando yo, pero ahorita mi gente los fui a dejar y me quedé la temporada, siempre he andado con ellos. Antes era trabajador y después me fui guiando sobre los patrones, les pedí el número y ya me dijeron que si podía buscarles gente, y empecé a trabajar así”, revela Francisco.

Antes, había ido cada temporada por unos cinco años solo como trabajador a esa empresa. En cada pueblo, dice, debe tener un conocido o alguien de confianza, y no mentirle a la gente sobre cuánto van a ganar y por cuántos meses es el contrato. Francisco dice que de entrada son tres, pero casi siempre se quedan seis. Recién llevó a 40 personas de Cacahuatepec, más otros dos camiones de Olinalá y Chilapa.

Le han pagado hasta 7 mil 500 por camión, solo que ahora la empresa también le ha fallado a él: dos semanas después de que llevó a las personas, dejaron de pagarle. “No sé cómo le hicieron, pero es como si me sacaran de la nómina”, reclama. Aun así, dice que debe ir a Sinaloa a estar con el grupo que mandó, y tratar de resolver el pago. Recuerda que antes las empresas daban otros apoyos o programas, pero ahora “ya trabajan mal”.

La paga, en este momento, es de 250 pesos, y el horario depende del rendimiento. “Si son seis surcos, tienes que sacar los seis y sales como a las 9:00 o 10:00; si sacas los seis surcos temprano, ya”, añade María Ignacia. Allá, lo que hagas es lo que vas a ganar, remata Francisco. Las personas duermen en un albergue al que le conocen como el Regalito, por la zona de El Dorado. Ahora, él tiene un compromiso como autoridad comunitaria, y eso también le impide volver a Sinaloa, pero casi toda su familia está allá.

La empresa para la que trabaja tiene la ventaja, dice, de que todavía les deja llegar con sus seis hijos, que van a la escuela o a la guardería, no a trabajar. Como ya no se permite el trabajo de menores de edad, hay algunas empresas que han restringido a que las familias migrantes lleguen a las viviendas con máximo dos niños. Francisco recuerda que cuando él inició en el campo, tendría 12 o 13 años, y los niños sí trabajaban limpiando surcos y en el enrede.

Asegura que el pago también va cambiando cada temporada, incluso ya se usa tarjeta. Los autobuses están un poco más equipados, no como los urbanos que todavía existen en la sindicatura de Villa Juárez, cerca de Culiacán. Ahora son los Costa de Oro los que hacen el viaje de más de 20 horas que los lleva a Sinaloa. La gente sigue prefiriendo irse porque en la comunidad no hay apoyo, dice la pareja.

De su invernadero propio incluso venden en Tlapa cuando no es temporada de migrar. A unos metros de su hogar, más allá de la breve superficie urbanizada, ya en el invernadero María Ignacia y Francisco muestran, a mucho menor escala, cómo es el trabajo en Sinaloa. En Cacahuatepec, el precio de las verduras es muy bajo comparado con lo que cuesta comprar simplemente un herbicida. “¿Cómo le vas a hacer? No sale. Por eso casi la mayoría migra”, asegura Francisco.

“Antes había más apoyos, había vivienda para los jornaleros, ahorita nada. Antes había hortalizas, piso firme, techados, mucho apoyo, era bueno, a mí me tocó de esos invernaderos, pero ahorita estamos viendo que definitivamente ya no hay nada”, agrega. De Sembrando Vida, la pareja reclama que solo aceptan a algunos, porque hay que cumplir con los requisitos de la dimensión del terreno.

Después de un rato en el invernadero, María Ignacia corta algunos chiles, tomates y cilantro para la salsa de ese día. Hace mucho, a su abuelita le pagaban 35 pesos con menos derechos. Ella gana más en la temporada del campo, pero también vende su cosecha cuando está de regreso en la comunidad. Tiene un papel central en el trabajo, la crianza, la alimentación y la migración de su familia. Está convencida de que con otro invernadero y más materiales, podrían hacer mucho más, e incluso quedarse.

A más de mil 500 kilómetros de su invernadero, algunas mujeres, en cambio, deciden ya no regresar. Optan por quedarse a formar comunidad en diferentes sindicaturas de Sinaloa, principalmente en Villa Juárez, donde su presencia no solo sostiene a sus familias, sino que implica gestiones, mejoras e incidencia en sus comunidades y en las generaciones de mujeres por venir.

Los reportajes de esta serie se realizaron en alianza con la Iniciativa Periplo de Fundación Avina.

 

Este texto es propiedad de Animal Político y lo reproducimos con su autorización. Puedes leer el original en este enlace.

Con compromisos a medias de la gobernadora, habitantes de Cochoapa el Grande levantan plantón

Texto: Jesús Guerrero

Fotografía: Oscar Guerrero

Chilpancingo

 

A puerta cerrada en un salón de la residencia oficial de Casa Guerrero, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda atendió este lunes a un grupo de habitantes de comunidades del municipio de Cochoapa el Grande, quienes, según sus dirigentes, les dio soluciones “a medias” a sus demandas de maestros y servicios de salud.

“Nos dieron de almorzar frijoles con huevo y un vaso de agua en Casa Guerrero», dijo Elvira García Rodríguez, quien formó parte del grupo que atendió la mandataria estatal junto con el titular de la Secretaría de Educación en Guerrero (SEG), Marcial Rodríguez Saldaña.

Las respuestas a sus demandas, según García Rodríguez, no fueron del todo satisfactorias, pero acordaron levantar el plantón que mantenían desde el miércoles 24 de mayo pasado afuera del Palacio de Gobierno y volver a sus comunidades. Los inconformes pedían maestros, una ambulancia y la reapertura de centros de salud.

“Ya no queremos exponer a los niños a alguna enfermedad grave”, dijo la activista entrevistada al salir de la residencia oficial.

García Rodríguez comentó que el único punto que la gobernadora resolvió fue el envío de dos maestros y una maestra de educación preescolar; a la maestra de la primaria a la comunidad de Dos Ríos le renovarán su contrato laboral. Es la profesora Lizeth Pacheco Alonso, a quien desde abril le dejaron de pagar su salario.

“Frente a la gobernadora, el secretario de Educación, Marcial Rodríguez, reconoció que la suspensión del pago del salario a la maestra Pacheco Alonso fue una confusión y ni siquiera sufrió un regaño por ese error”, mencionó Elvira García.

En la reunión, Salgado Pineda y Rodríguez Saldaña les dijeron a los manifestantes que la reapertura de ocho escuelas que están cerradas por falta de ocho maestros es un punto que analizarán hasta que inicie el nuevo ciclo escolar del 2023-2024; sería un grupo de egresados normalistas.

Sobre el caso del equipamiento del centro de salud de la comunidad de Dos Ríos y el envió de una ambulancia para el traslado de enfermos y enfermas, la gobernadora y un funcionario de la Secretaría de Salud contestaron que lo analizarán.

Elvira García afirmó que en casi todas las comunidades del municipio de Cochoapa hacen falta ambulancias y los pocos centros de salud que hay, unos están cerrados y donde sí hay servicio carecen de medicamentos y personal.

“Nos dijeron que estas demandas en materia de salud las van analizar y nos entregarán una respuesta posteriormente”, comentó la dirigente.

El grupo de habitantes de localidades de Cochoapa llegaron a las ocho de la mañana a Casa Guerrero y una hora después fueron atendidos por Salgado Pineda, los secretarios General de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez; de Educación, Marcial Rodríguez, y un funcionario de la Secretaría de Salud.

Otro grupo de inconformes permaneció en plantón afuera del Palacio de Gobierno.

Elvira García contó que durante el encuentro, Ludwig Marcial Reynoso los regañó por haber traído a niños a su protesta y que, incluso, los acusó de cometer un delito por ese hecho.

“Yo le contesté al secretario General de Gobierno que allá en nuestros pueblos todos luchamos”, comentó García Rodríguez.

Durante los cinco días que duró el plantón del grupo de pobladores de Cochoapa afuera del Palacio de Gobierno llovió y como consecuencia, informaron, cinco niños se enfermaron de gripa y tos, pero ya están bien de salud.

La reunión con la mandataria estatal fue concertada por la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Cecilia Narciso Gaytán, quien este domingo a mediodía atendió al grupo de inconformes en sus oficinas en Chilpancingo.

El grupo de habitantes interpuso una denuncia contra autoridades del gobierno estatal por el desalojo que sufrieron el pasado jueves 24 cuando tenían cerrada una de las laterales del Palacio de Gobierno, con lo que impidieron la entrada y la salida de funcionarios y trabajadores del edificio.

Elvira García dijo que las demandas que le plantearon a la mandataria estatal este lunes son las mismas que están plasmadas en una minuta de acuerdos que firmó el 22 de septiembre del 2022, luego de que también se instalaron en plantón afuera del Palacio de Gobierno.

“En esa fecha del 22 de septiembre la gobernadora dio instrucciones a los funcionarios que recorrieran las comunidades y atendieran las demandas, y en la reunión de este lunes 29 de mayo les dio las mismas indicaciones”, comentó.

Uno de los nuevos compromisos que estableció Salgado Pineda con los habitantes de Cochoapa es realizar una visita a las localidades para supervisar los trabajos de una carretera.

Después de la reunión en Casa Guerrero, el grupo de habitantes encabezados por Elvira García y el profesor Paulino Hernández se dirigieron al Palacio de Gobierno para informar al resto de los inconformes el resultado de estas pláticas. Después de eso se trasladarían a sus comunidades.

 

Normalistas bloquean por tres horas entradas a Palacio de Gobierno; piden plazas y material didáctico

Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Oscar Guerrero

Chilpancingo

Integrantes del Frente Unido de Normales Públicas del Estado de Guerrero (FUNPEG), que aglutina a siete normales del estado, marcharon y cerraron los accesos al Recinto Oficial del Poder Ejecutivo para exigir a la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) cumpla la promesa de otorgarles plazas para egresados y material didáctico.

El grupo de alrededor de 300 normalistas en una primera actividad marchó por la avenida Lázaro Cárdenas hasta llegar a la entrada principal de la sede el Poder Ejecutivo.

Durante la marcha, la dirigencia del FUNPEG mencionó que la SEG incumplió con la entrega de material didáctico para todos los grados académicos y la entrega plazas para los recién egresados.

Al llegar a la sede del Poder Ejecutivo, los manifestantes cerraron todos los accesos para presionar a las autoridades y pedir una reunión con la titular de la SEG, Marcial Rodríguez Saldaña.

Los estudiantes se colocaron en todas las entradas e impidieron el ingreso y la salida de los trabajadores, por lo que llegaron policía antimotines para intentar desalojar a los manifestantes.

El desalojo no ocurrió y los estudiantes permanecieron otra hora en las entradas de palacio hasta que una comisión entró para reunirse con Rodríguez Saldaña y el subsecretario de Educación Media Superior, Marco Antonio Marbán Galván.

Los estudiantes negaron que la manifestación sea para solicitar recursos económicos para clausuras, «tal y como se ha manejado por parte de algunos funcionarios en Guerrero que sólo pretenden desarticular el movimiento», mencionó uno de ellos.

Si solicitan recurso económico, pero «es un apoyo que dan las autoridades año con año para titulación y aranceles, no para eventos de clausura», comentó uno de los representantes del FUNPEG quien pidió omitieron su nombre.

A la una de la tarde instalaron una mesa de negociación entre las autoridades y los estudiantes. Fue entonces que los normalistas se retiraron de las entradas y permitieron el acceso a los trabajadores.

Durante el bloqueo, en el auditorio José Joaquín de Herrera, ubicado dentro de la sede de Palacio de Gobierno, se realizó una clausura de fin de de cursos de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de Guerrero (Uagro), por lo que muchos de los invitados y hasta el mariachi no entraron a la ceremonia.

Algunas personas con globos y ramos de flores permanecieron en la manifestación en espera de que liberaran el edificio.

 

Cumplen tres días plantonistas de Cochoapa afuera del Palacio de Gobierno; exigen maestros y centros de salud

Texto: Jesús Guerrero 

Fotografía: Óscar Guerrero 

26 de mayo del 2023

Chilpancingo

 

Habitantes de comunidades del municipio de Cochoapa el Grande cumplieron tres días de plantón afuera de Palacio de Gobierno en reclamo de maestros y reapertura de centros de salud, donde han dormido con frío y lluvia.

En el grupo hay mujeres y hombres adultos, niñas y niños de los pueblos de este lugar región de la Montaña; llegaron miércoles pasado.

Durante dos noches han dormido en el piso afuera del edificio de la sede del Poder Ejecutivo, conocido como Palacio de Gobierno, en espera que la gobernadora Evelyn Salgado Pineda los reciba en audiencia.

“En las dos noches que hemos dormido aquí nos hemos mojado por la lluvia, pero nadie se ha enfermado porque estamos acostumbrados a vivir en las inclemencias del tiempo en la Montaña”, dijo Elvira García Rodríguez, quien representa a los manifestantes.

En un video borroso que grabó uno de los plantonistas se escucha una intensa lluvia.

Algunos de los plantonistas informaron que los policías que son la guardia del Palacio de Gobierno apagaron las luces y cuando estaba la lluvia corrieron a protegerse a un lugar cubierto.

«Apagaron la luz en la noche porque pensaron que nosotros haríamos daños al edificio, pero cómo íbamos a realizar esas acciones si aquí hay niños con nosotros”, explicó García Rodríguez.

El grupo de habitantes de las comunidades del municipio de Cochoapa el Grande cerraron el jueves pasado una de las puertas laterales del Palacio de Gobierno para impedir la entrada y salida de funcionarios y trabajadores.

La Policía Estatal de antimotines los desalojó.

Según Elvira García un niño salió lastimado y una niña se desmayó porque entró en crisis nerviosa cuando vio a los policías enojados y armados con los toletes.

Este viernes la ex candidata de Morena a la alcaldía de Chilpancingo, Silvia Alemán Mundo, visitó a los plantonistas y les ofreció su intermediación para que fueran atendidos por el Secretario General de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez.

«Nosotros no estamos pidiendo ir a la oficina de ese funcionario para hablar, si él quiere hacerlo que venga aquí al plantón, pero le diremos que no aceptamos nada con él porque exigimos hablar directamente con la gobernadora», le contestó García Rodríguez a la morenista.

«Si la gobernadora nos tiene asco porque a lo mejor tenemos mal olor, estamos dos metros lejos de ella, pero queremos que nos escuche», agregó.

En la reunión afuera del Palacio de Gobierno, donde también estaban algunos líderes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), Alemán Mundo le dijo a los plantonistas que la secretaria de Salud, Aidé Ibarez Castro, les proponía donar su salario para la compra de zapatos a los niños que están en la protesta.

«Si necesitamos ese apoyo porque nos falta, pero no queremos que nos dé nada esa funcionaria porque ayer jueves cuando nos estaban desalojando los policías ella andaba cerca y ni siquiera les dijo a los agentes que no actuaran así», respondió García Rodríguez.

Dijo que Ibarez Castro entregó una ambulancia al alcalde de Cochoapa el Grande, Bernardo Ponce García, quien en vez de poner esta unidad a disposición del centro de salud de la cabecera municipal la envió a su pueblo natal.

«Esa ambulancia era para la comunidad de Dos Ríos, pero la Secretaria de Salud se la entregó al presidente municipal y no sabemos qué uso le dan, pero nosotros lo que estamos exigiendo es que lleven otras ambulancias para 52 pueblos».

Recordó que recientemente un grupo de jornaleros agrícolas de Cochoapa el Grande se accidentaron en Apatzigan, Michoacán y solicitaron una ambulancia para su traslado, pero sólo el gobierno federal los apoyó

La gente de las comunidades de este municipio de la Montaña se trasladaron a Chilpancingo debido a que la gobernadora, dijeron, les incumplió con una minuta de acuerdos que firmaron el 22 de septiembre del 2022.

En esos acuerdos se establecía el envío de 11 maestros bilingües de educación primaria y de preescolar, pero sólo llegaron tres profesores.

Además una maestra dejó de impartir clases en la comunidad de Río Chiquito porque desde el 15 de abril la Secretaría de Educación en Guerrero (SEG) ta no le pagó su salario, denunció el profesor Paulino Hernández, uno de los plantonistas.

García y Hernández recordaron que en esa reunión con Salgado Pineda, ocurrida el 22 de septiembre pasado, sure hermana Liz Salgado, presidenta del DIF estatal, se comprometió a realizar un recorrido por los pueblos de Cochoapa para llevar apoyos, pero, dijeron, sigue sin cumplir su palabra.

García Rodríguez contó que Liz Salgado les dijo que llevaría a los pueblos despensas, cobertores y hasta sillas de ruedas.

Consideró que la mandataria estatal los discrimina al no darles una audiencia. «Aquí vamos a estar afuera del Palacio así haga calor, frío y llueva», advirtió.

Hasta este viernes ningún funcionario del gobierno del estado se les acercó para dialogar, aun cuando había varios agentes de Gobernación del estado a unos metros de los plantonistas en labores de vigilancia.

 

Desalojan policías estatales de puerta de Palacio de Gobierno a mujeres y menores que piden maestros y médicos

Texto: Itzel Urieta

Fotografía: Oscar Guerrero

Chilpancingo

 

Policías estatales con equipo antimotín replegaron a mujeres, niñas, niños y adultos mayores que tomaron todas las entradas del Recinto de las Oficinas del Poder Ejecutivo, conocido como Palacio de Gobierno, quienes exigían maestros y médicos para 56 comunidades de Cochoapa el Grande, municipio de la Montaña alta de Guerrero.

Desde ayer, los pobladores de ese municipio mantienen un plantón en la entrada principal de este edificio porque quieren una audiencia directa con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda.

Como parte de sus acciones políticas, alrededor de las dos de la tarde los más de 100 manifestantes cerraron los cinco accesos al inmueble, de inmediato llegaron policías antimotines para abrir por la fuerza.

Los manifestantes trataron de cerrar con sus propios candados las puertas laterales del lado sur, situación que generó, en un primer momento, que los antimotines los jalonearan.

En los bloqueos estaban presentes niñas y niños, porque acompañan a sus madres y padres en la manifestación; quedaron en medio de los jaloneos.

Ante la negativa de los manifestantes de retirarse, otro grupo de antimotines encapsuló a todos, lo que generó un enfrentamiento a palabras y empujones entre los dos bandos. Este momento duró unos 10 minutos.

Elvira García Rodríguez, representante de los manifestantes, mencionó que la protesta es para exigir una audiencia con Salgado Pineda y preguntarle de manera directa por qué no ha cumplido su promesa de enviar maestros y médicos a 56 comunidades de la parte alta de Cochoapa el Grande.

En una acción diferente, estudiantes de la Escuela Primaria José Martí de esta ciudad, acompañados de sus maestras, acudieron al plantón y entregaron juguetes, ropa, y comida a las niñas y los niños que están con sus madres y padres en esta concentración de protesta.

Los manifestantes también recibieron la visita del director de Gobernación del estado, Francisco Rodríguez Cisneros, quien les ofreció una mesa de diálogo con funcionarios, pero la propuesta fue rechazada por la representante de los inconformes.

“Nosotros queremos hablar con la gobernadora Evelyn Salgado y que nos diga de viva voz por qué no ha cumplido lo que nos prometió en el 2022”, le contestó García Rodríguez al funcionario estatal.

Luego de ese acercamiento, el contingente bloqueó la puerta lateral del lado izquierdo de Palacio de Gobierno.

Poco después, fueron desalojados por los antimotines, quienes aun cuando escucharon los llantos de las niñas y los niños replegaron el contingente. Según García Rodríguez dos niños resultaron con pequeñas lesiones.

“Este es el gobierno de diálogo y de respeto a los derechos humanos”, ironizó la activista después del desalojo.

Por segundo día consecutivo, la gobernadora no despachó en sus oficinas de gobierno.

En la puerta principal de Palacio Gobierno otros grupos de manifestantes con diversas demandas permanecen en plantón y también piden una reunión con la mandataria.

Pero la gobernadora ni los ve ni los oye (Con información de Jesús Guerrero).

 

El saldañismo, un imperio en la Uagro construido mediante la cooptación

En esta tercera elección, Saldaña necesita un número cualquiera de votos para su tercer rectorado, pero su propósito es mayor al de completar 12 años en la administración de la Uagro, es probar a nivel político su consolidación o debacle. El abogado Román Ibarra, su única oposición pública, reflexiona y opina sobre sus funciones al frente de la institución


Texto: Arturo de Dios Palma

Fotografía: Oscar Guerrero

Chilpancingo

 

La tarde de hoy, Javier Saldaña Almazán será declarado el ganador de la elección a rectoría de la Universidad Autónoma de Guerrero (Uagro). Será rector por tercera vez de forma consecutiva.

En eso no habrá polémica, pero sí en la cifra. En el número final de la elección, la Uagro –aunque no parezca– se jugará su futuro: se consolida el saldañismo o inicia su debacle.

En los últimos 10 años, Saldaña estableció una hegemonía al grado que en las tres ocasiones que ha competido por la rectoría lo ha hecho como candidato único. Sin contrincantes, sólo una oposición insuficiente. Se apoderó de su presupuesto, (3 mil 145 millones 359 mil 562 pesos para 2023), de la vida pública e interna de la universidad.

El arribo de Saldaña a la Uagro fue en los años 90, como intendente en el comedor universitario en Acapulco y, después, como profesor en el Centro de Investigación de Enfermedades Tropicales. Eran tiempos del rectorado de su primo, Marcial Rodríguez Saldaña, el actual secretario de Educación en Guerrero.

“De intendente a rector”, es la historia que Saldaña ha explotado hasta la saciedad.

Ascendió rápido, en 2006, el rector Arturo Contreras Gómez lo nombró director de Planeación de la Uagro. Ahí comenzó su carrera hacia la rectoría.

Román Ibarra Flores, profesor de tiempo completo de la Facultad de Derecho de la Uagro, es uno de los principales opositores y críticos de Saldaña. Lo ha observado de cerca en los últimos 10 años.

“En Planeación fue generando sus condiciones para ser rector. Cómo le fue haciendo: la dirección manejaba programas que significaban dinero para las escuelas y lo ofreció con la idea de que le correspondieran”, dice Ibarra Flores.

Ibarra Flores tiene algunas explicación de cómo Saldaña logró el control absoluto de la universidad. La cooptación, dice, es su método y ahora es muy complicado quitarle el control: construyó, con recursos de la Uagro, un ejército de 2,000 personas que le operan política y electoralmente.

“¡Así es imposible ganarle!”, resume el abogado.

El método: la cooptación

Saldaña, para hacerse del poder de la universidad, ha empleado su método infalible. Un universitario que lo apoya puede lograr lo que quiere, la basificación, una recategorización, que entre el hijo, la nuera, la esposa, el esposo, más salario, tiempo completo o privilegios. Si lo apoyan todo se puede.

Ibarra Flores lo confirma. Dice que en 2017, el propio Saldaña le ofreció convertirlo en maestro emérito.

“En las condiciones en las que está la Uagro no me interesa. Javier directamente me lo ofreció, claro no me dijo que era a cambio de que me pase con ellos pero eso se sobreentiende. No se lo acepté. Todo aquel que piense diferente lo quiere cooptar”.

Ibarra Flores explica que Saldaña ha optado por este método porque no quiere correr el mínimo riesgo.

“Hablé con él hace seis años, en la oficina del director de Derecho. Le pedí que diera chance de que hubiera elecciones, incluso, le dije: te conviene porque te legítimas, pero no quiere correr el mínimo riesgo. Apenas en marzo nos reunimos, en este hotel nuevo el Holiday Inn, ahí le dijimos que la universidad no va aguantar otra elección con candidato único”.

–¿Por qué no aguantaría otra elección con candidato único?

–Porque va a generar una crisis. Se podría venir un problema político dentro y fuera de la universidad y ya están apareciendo. Ahorita hay un movimiento donde somos universitarios y gente del pueblo. Eso no ocurrió hace seis años, cuando los únicos opositores fuimos nosotros, Insurgencia Universitaria. Saldaña y su equipo ya están muy cuestionados por la sociedad.

–¿Qué pasó con los universitarios de alto perfil, los guerrilleros, los investigadores?

–Fueron cooptados. Arturo Miranda, Berenice Illades Aguiar fueron cooptados. En el caso de Berenice hay negocios. Ella y su esposo están participando en actividades que les genera dinero extraordinario a su salario por manejar recursos públicos. Ella es directora de Investigación y en ese cargo tiene acceso a recursos. Sé que han mejorado mucho económicamente en estos 10 años de Saldaña. Pero no creo que Berenice esté convencida de las cualidades que le atribuyen a Saldaña, lo que los hace estar ahí es la conveniencia. Yo conozco a Berenice desde los 70. A Berenice e igual que Arturo Miranda, estar con Saldaña les ha representado una mejoría económica. Arturo Miranda le dieron el grado de maestro emérito y eso representa una cantidad importante de ingreso extra a su salario y que también le puede impactar en su jubilación.

El ejército de Saldaña

La cooptación es el método, pero Saldaña necesitó una estructura para ponerlo en práctica. Construyó un ejército que le operara política y electoralmente, que abarcara toda la universidad. ¿Cómo lo logró? Con los recursos de la propia universidad.

De acuerdo al Convenio Marco de colaboración que firmó la Secretaría de Educación Pública, la gobernadora Evelyn Sáldalo Pineda y el actual rector, José Alfredo Romero Olea en 2 de enero de este año en la Ciudad de México, la Uagro para 2023 recibirá una subsidio gubernamental del 3 mil 145 millones 359 mil 562 pesos.

De esos, 2 mil 295 millones 359 mil 560 pesos, los transfiere la SEP, el resto, 850 millones, el gobierno del estado.

Del monto total, 2 mil 21 millones 441 mil 986 pesos son para sueldos, prestaciones de los universitarios; mil 27 millones 984 mil 542 pesos son para Gastos de Operación. El resto lo gasta la universidad en el pago de estímulos al personal docente y gasto de operación peso a peso.

Con el rubro de Gastos de Operación, dice Ibarra Flores, Saldaña construyó su ejército de operadores.

“Saldaña sometió al Consejo Universitario para que le aprobara disponer de esos recursos y los utilice para pagar esos espacios que la SEP no se lo está autorizando. Incluso, la SEP desde el 2019 le pidió que los despidiera. En 2019 eran 600, ahora 2,000”.

–Esos 2,000 trabajadores, ¿quiénes son?

–Son personas contratadas por el equipo de Saldaña, muchos directamente por él.  Muchos deben estar por contrato, los tiene agarrados de estómago. Son 2,000 que son operadores políticos. Son 2,000 incondicionales que tiene distribuidos en toda la universidad y además parte de ese dinero lo utiliza para el control político. Así cuando le vamos a ganar. Muchos no cumplen ni funciones académicas ni administrativas, son jóvenes que están en las escuelas operando lo que les dicen. Es la estructura política-electoral de Saldaña.

“Por eso ahora para esta candidatura le firmaron 196 de 204 consejeros, los únicos que no lo firmaron son los integrantes de la Comisión Electoral. Eso rompe con principios básicos de cualquier sistema electoral, que el órgano que organiza la elección sea independiente e imparcial. El Consejo Universitario no es ni independiente ni imparcial. No había forma de que un opositor pudiera sacar adelante sus impugnaciones. Estamos como en los viejos tiempos; Saldaña tiene carro completo”.

–¿Qué impacto tiene que estos gastos de operación se estén utilizando para mantener su estructura?

–Que las escuelas no tengan dinero para cubrir sus necesidades. Por eso las escuelas cobran la cuota. Las escuelas cobran cuotas, además de aranceles, sin dar recibo. Por ejemplo en la Preparatoria 9, cobran 350 pesos por alumno de nuevo ingreso sin dar recibo. Eso cobra el director. Y lo peor: que no es la única, así casi están todas porque la rectoría no les da dinero para comprar sus insumos que utilizan.

–No veo a los directores de las escuelas quejándose por la falta de dinero, ¿esto está acordado?

-Sí, claro. Esto es un mar de corrupción. El Grupo Universidad por Guerrero, que encabeza Saldaña, ha promovido la corrupción de manera escandalosa. Por ejemplo, el acarreo del 5 de mayo: ¿Quién pagó los camiones? Ahora en la elección de consejeros la indicación fue vayan y compren lo que necesiten y que lo facturen a nombre de la universidad. Eso pasa porque no hay contrapesos en la universidad y eso da lugar a un gobierno autoritario

Sin democracia y se enseñoreó la corrupción

–¿Cuál ha sido la mayor afectación de la hegemonía de Saldaña?

–La principal afectación es a la democracia. Se acabó la democracia. Y la otra es la corrupción. Se enseñoreó la corrupción con Saldaña. Sobre todo en el asunto de las obras, es sabido que se derrumbaron edificio que no debieron tumbarse para tener obras.

“Las implicaciones a mediano y largo plazo pueden ser dos. Una que siga así. Ahorita te lo puedo decir así: en la Uagro gobierna el PRI. Lo digo de otra manera, la Uagro es el único bastión que le queda al PRI. No tiene otro bastión, perdió el gobierno de Guerrero, le quedan unos ayuntamientos, algunos diputados, pero el verdadero bastión es la Uagro, y no es poca cosa maneja más de 3 mil millones de pesos, es un dineral”.

“La otra es que surja un movimiento emergente, que se amplié el cuestionamiento social, porque lo que vemos es que a Saldaña y a su grupo lo ven como una usurpación. De hecho el que está es un usurpador. Romero Olea tenía cobertura legal por seis meses con la condición convocará a elecciones extraordinarias y no lo hizo. Está en la total ilegalidad y está avalado por la gobernadora, el Congreso y la SEG”.

“El Consejo Universitario decidió prologarle a dos años sin ninguna base jurídica. El artículo 31 de la Ley Orgánica de la Uagro dice lo que se tiene qué hacer cuando no hay rector: nombrarse a un interino y este a través del Consejo Universitario debe convocar en menos de 30 días a una elección extraordinaria. No lo hizo con el pretexto de la pandemia, pero hubo elecciones constitucionales. Está bien que se preocupen por nosotros pero no al nivel de romper las reglas de la democracia e institucionalidad”.

Saldaña, ¿es rico?

A Saldaña lo ha perseguido un cuestionamiento: su riqueza.

El ex gobernador, Zeferino Torreblanca Galindo, se refirió a Saldaña como “el rector más rico del país”.

En 2018, otro ex gobernador, Ángel Aguirre Rivero, escribió en sus redes sociales: “¿Cómo un rector de una Universidad tan pobre como la nuestra puede comprar caballos de dos o tres millones de pesos? La Universidad Autónoma de Guerrero debe ser sometida a una minuciosa auditoría, que se investiguen las propiedades del Rector Javier Saldaña y se conocerán muchas cosas”.

Cuando recibió su constancia como senador electo, Félix Salgado Macedonio, dijo: “No puede ser que haya un pueblo pobre con un gobernante rico, ni puede ser que haya una Universidad pobre, donde se rechazan a los jóvenes estudiantes, con un rector rico, tampoco se puede”.

–¿Qué tanto es cierto esto?

–Sí, hay la percepción de que se ha hecho rico de manera ilícita, a Saldaña lo sigue un cuestionamiento público de enriquecimiento ilícito al amparo del cargo de rector. El cargo lo ha utilizado para hacer negocios ilícitos o lícitos como su universidad privada en Acapulco Indesag (Instituto de Desarrollo Salvador Allende Gossens), la compra de bienes, se dice que tiene bienes en todo el estado. Las obras de la universidad las maneja él, hay que echarle cuentas a los porcentajes de utilidad que dan las obras, 30 por ciento por el monto total de la obra, si es un millón, son 300,000 pesos, pero son varios millones en obras.

–¿La universidad está facultada para hacer obra pública?

–El estado y la Federación le dan recursos especiales para que la universidad los ejecute. Estos recursos deberían ser licitados pero no se licitan. La obra pública es el negocio de todo el grupo de Saldaña, no sólo de él. En la sociedad hay esa percepción, se sabe que tiene un rancho con caballos pura sangre, se sabe que tiene una casa en el conjunto residencial Las Brisas en Acapulco. Acá en Chilpancingo tiene varios inmuebles, acá por el hotel Jacarandas, dicen que ahí tiene una construcción grande. Pero casi nada está a su nombre, se le señala de corrupto, no de tonto. Por eso él dice: ‘compruebenme la corrupción’. En la corrupción no sólo se investiga los bienes que están a su nombre sino también su entorno. Es decir, esa casa no está a tu nombre pero ahí llegas como dueño.

–¿Por qué no lo están investigando?

–Sí está denunciado, pero ha tenido la intuición de que para estar bien necesita estar bien con la gente del poder. Por eso se acercó con la gobernadora, por eso se está acercando a Claudia Sheinbaum, porque piensa que ella va a ser la próxima presidenta. Quien no lo pasa y tiene bien clarito quién es Saldaña, es el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Hay cosas que se pueden resolver con una instrucción.

–¿Por qué no se ha dado esa instrucción?

–No sé, sería bueno preguntarle a López Obrador.

–En 2021, cambió el mapa político en Guerrero, parecía que Saldaña quedaba desprotegido al salir del PRI, pero no pasó nada. ¿Qué le ofreció Saldaña a la familia Salgado? ¿Por qué lo arroparon?

–Es muy sencillo, Saldaña da la impresión de que mueve a la universidad. Les vendió la idea de que en la universidad tiene 100,000 votos. Pero no es así, yo calculo que mueve a unos 10,000, no creo que más. Para Félix Salgado significan 10,000 votos para Claudia. Y fue Félix el que acercó a Saldaña a la gobernadora y ahora ya son camaradas. Es una cuestión de intereses políticos.

–¿No hay intereses económicos?

–Por supuesto, en esos niveles los intereses políticos siempre tienen su expresión económica.

Inelegible

El 8 de marzo de 2016, el Congreso del estado aprobó una reforma a la Ley Orgánica de la Uagro. La enmienda tenía un artículo en especial: el que le abrió la puerta a Saldaña para la reelección.

A la reforma la llamaron Ley Saldaña, porque él mismo la operó, pero, sobre todo, porque le dio ventaja sobre cualquier otro oponente.

En el artículo 10, fracción II inciso C del Reglamento Electoral de la universidad está el mayor candado para cualquiera que, en ese momento y ahora, quiera competir contra Saldaña: “Acreditar el reconocimiento y aval de 25 consejeros universitarios o los consejeros académicos de al menos 12 unidades académicas o 93 consejeros académicos”.

“El requisito de las 25 firmas es inconstitucional, viola el principio de jerarquía de leyes, pero lo están aplicando. El requisito de las 25 firmas de consejeros no está en la Ley Orgánica de la Uagro, está en el Reglamento electoral y, según el derecho, ninguna norma menor puede tener más requisitos que la ley superior. Saldaña es inelegible. Él fue electo por primera vez con una ley que prohíbe la reelección, luego promulgó una nueva ley orgánica que incluye la reelección por una vez. Él ya ejerció la reelección, aunque ellos dicen que no, que ese derecho es válido en su elección del 2017”.

–¿Cuántos votos necesita Saldaña para declararse rector?

–La legislación dice que necesita mayoría de votos, no dice que necesita la mayoría absoluta que sería el 50 más uno, sólo con la mayoría simple, así que cualquier cifra la haría rector. Nada más que si les preocupa que vayan a votar. Si logra, por ejemplo, unos 10,000 votos se vendría una crisis y marcaría el fin de saldañismo. Hace seis años logró 60,000 votos pero dijo que iba a sacar 90,000. Nosotros como oposición logramos convencer a 15,206 que votaron en abstención. No sacó ni 70,000.

“En esta elección, calculamos un patrón de 90,000. Esta vez no sabemos en cuántos vamos a influir, hace seis años éramos más poquitos. Pero vemos que hay mucha gente que no tiene que ver en los negocios, pensamos que va a votar en abstención o no va a votar.

“Ahora Saldaña dice que espera que 80 por ciento de los universitarios salgan a votar, eso representaría unos 75,000 votos, pero lo que yo he visto, sobre todo, en alumnos que no los están influyendo. Pero en los profesores sí tiene el control porque no está basificándolos, porque si lo hace pierde el control sobre ellos. Negocian las direcciones de las escuelas. Al grupo Transformación Guerrerense que encabeza su primo, Roberto Rodríguez Saldaña, le ofreció la Secretaría General. Cuando tomé el control se verá si es cierto o no”.

–¿Quién pagó la campaña de Saldaña?

–¡Tienen mil millones de pesos! Así te lo digo: tienen mil millones para gastarlos como quieran. Por no ocuparlos para lo que es, gasto de operación. No se acordó tope de gastos, el Consejo Universitario no lo tocó ni como tema. Se sabe que formalmente la Uagro no le dio dinero para hacer campaña. Entonces no habrá revisión, no habrá fiscalización. En el proceso electoral de la universidad no hay apego ni a los principios electorales constitucionales.

La Uagro en el fondo del ranking 

–¿Hay los logros en la era de Saldaña?

–Ellos dicen que han elevado a la universidad a los primeros lugares en el país. Es falso. Presumen la certificación en las licenciaturas y posgrados en Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC), esos son logros pero no de Saldaña, son de los profesores que decidieron prepararse. Sí habido logros pero hay que decirlo, para eso se le paga para que hagan las cosas y bien. A los funcionarios se les paga para que hagan su trabajo.

“No hay y ojalá hubiera una superación cualitativa en la universidad, yo no lo veo. Hay cosas donde hubo mejoras pero no en el nivel que ellos lo presumen. Por ejemplo, la Uagro no está colocada en los mejores ranking, es la 32 de 38 universidades públicas.

“Y uno de los problemas de este periodo de Saldaña es que no se formó una élite de esté preocupada y atendiendo lo académico, está metida en lo político, en el control. Los académicos de alto nivel están metidos en lo político y no en lo académico. Eso es un mensaje equivocado, ¿para qué un doctorado? No hubo una evolución política, ni en el aspecto ético. Y eso en un estado como Guerrero es grave”.

 

«Que vaya la gobernadora a la Montaña para que le dé el sol», gritan manifestantes de Cochoapa afuera de Palacio

Texto: Jesús Guerrero

Fotografía: Oscar Guerrero

Chilpancingo

 

«La gobernadora que vaya a la Montaña para que le dé un poco el sol», gritó en un mitin afuera del Palacio de Gobierno Elvira García Rodríguez, quien encabezó un grupo de padres de familia y niños en una marcha de protesta para exigir maestros y clínicas de salud en sus comunidades, pertenecientes a Cochoapa el Grande, en la región Montaña de Guerrero.

El grupo de más de 50 personas, entre menores de edad y adultos, caminó más de dos kilómetros. Después de la marcha a los niños se les pintron los cachetes de rojo por el sol.

«Aquí nos vamos a quedar, no importa que llueva o pegue más el sol», dijo García Rodríguez, quien se identificó como representante de los manifestantes.

Los pobladores de seis comunidades llegaron al Palacio de Gobierno, donde la puerta de acero estaba cerrada y tapizada con pancartas que colocó un grupo de militantes de la organización del Frente de Defensa Popular (FDP), quienes desde hace dos días duermen ahí en espera de una audiencia con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda.

Los miembroa del FDP esperan una respuesta de la búsqueda de José Abundio Bolaños Calvario, habitante nahua del municipio de Chilapa, quien desde mayo del 2022 fue privado de su libertad por el grupo del crimen organizado de Los Ardillos.

«Llegamos aquí porque dice la gobernadora que es la casa del pueblo pero está cerrada», dijo García Rodríguez al arribar junto con mujeres, niñas y niños a la puerta del edificio de la sede del Poder Ejecutivo.

Al mismo tiempo de las protestas de afuera del Palacio, funcionarios estatales compartían en su cuenta personal de Facebook una fotografía.donde aparece la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum con gobernadoras de varios estados del país, entre ellas la de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda.

Uno de los servidores públicos que compartió profusamente las imágenes de Salgado Pineda fue el delegado en la región Centro de la Secretaría General de Gobierno, Raúl Suárez Martínez, un ex militante del desaparecido Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), y ahora de Morena.

«Siempre unidas», decía el encabezado de la fotografía con Sheimbaun Pardo tomada este miércoles en Palacio Nacional en la Ciudad de México, luego de la reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

«Aquí vamos a esperar a la gobernadora para ver si se le antoja recibirnos porque ya estamos cansados de las órdenes que da a sus funcionarios y no las cumplen», dijo García Rodríguez en el mitin.

Durante el trayecto de la marcha, un servidor público de nombre Rafael los conminó a no llegar a Palacio de Gobierno a cambio de ser atendidos por su jefe, el director de Gobernación, Francisco Rodríguez Cisneros.

Pero los manifestantes rechazaron esa oferta y siguieron en la marcha que partió de la alameda Granados Maldonado, en el centro de Chilpancingo.

«Ya hemos tenido muchas reuniones con funcionarios como con el secretario de Educación (Marcial Rodríguez Saldaña) y no resuelven nada», dijo García Rodríguez.

Contó que en septiembre del 2022 Rodríguez Saldaña acudió a la comunidad de Dos Ríos y firmó una minuta de acuerdos que incluía la contratación de dos maestros y una maestra bilingües para escuelas de primaria y de preescolar.

Pero a la profesora, dojo, ya no le renovaron su contrato, lleva dos meses sin cobrar su salario.

Las personas que se instalaron en plantón afuera del Palacio de Gobierno provienen de las comunidades de Barranca Ocotera, Peña de Venado, Agua Azul, Dos Ríos, Guadalupe de la Joya, San Pedro y Río Encantador Chiquito.

En el 2022 habitantes de estas comunidades del municipio de Cochoapa el Grande protestaron en Palacio de Gobierno para exigir maestros, construcción de escuelas y centros de salud.

«En aquella ocasión aquí estuvimos dos días en plantón y nos recibió la gobernadora, quien les dio instrucciones a los funcionarios que resolvieran nuestras demandas, pero todo sigue igual», recordó García Rodríguez.

En la minuta de acuerdos, dijo, fijaron el compromiso de la construcción de 20 escuelas en la región y el funcionamiento de los centros de salud con médicos y medicinas.

«Sabemos que la construcción de las 20 escuelas es un proceso lento, pero el asunto de los profesores si se puede resolver de manera inmediata pero no lo hacen», insistió García Rodríguez.

Debido a la falta de maestros más de 80 niños de preescolar y de primaria de estas comunidades están sin recibir clases.

No es la primera vez que pobladores de estas comunidades del municipio de Cochoapa el Grande se trasladan a Chilpancingo a protestar para presionar a las autoridades a que cumplan con la ejecución de obras y dotación de servicios públicos.

En el 2021, habitantes de esa zona denunciaron que las familias de estas demarcaciones estaban incomunicadas debido a que el gobierno estatal dejó tirada la construcción de un puente llamado Río Víbora.

Por las protestas que realizaron los pobladores lograron que el gobierno estatal construya ese puente con una inversión de más de 14 millones de pesos.

Este puente va a comunicar a pueblos de Cochoapa el Grande con Ometepec, es decir, region Montaña con región Costa Chica.

«Uno tiene que venir aquí a Chilpancingo a protestar para que nos hagan caso y aquí nos vamos a quedar a dormir los días que sean necesarios hasta que la gobernadora nos reciba en audiencia», advirtió la representante.

Cochoapa el Grande es un municipio con los más bajos índices de desarrollo humano, señala el Consejo Nacional de Población (Conapo).

En los casi dos años que lleva en el cargo Salgado Pineda, cuatro veces ha visitado algunos municipios de la Montaña y en dos de ellas acompañó al presidente Andrés Manuel López Obrador para supervisar los trabajos de los caminos artesanales.

En las dos visitas que la gobernadora ha realizado a la Montaña su traslado fue en helicóptero y son giras de «pisa y corre».

Luego del mitin, los manifestantes de Cochoapa cerraron dos horas la avenida Alejandro Cervantes Delgado.

El otro grupo de inconformes, del Frente de Defensa Popular (FDP) y que dirige Clementina Guevara Tejedor y que están en plantón desde el lunes pasado, preparaban sus alimentos en afuera del Palacio de Gobierno.

A estos inconformes los desalojaron el lunes pasado de la Autopista del Sol policías antimotines estatales.

Durante la tarde de este miércoles otro contigente integrado por padres de familia y estudiantes de las preparatorias populares que demandan mayor presupuesto y su reconomiento legal también se instalaron en plantón en Palacio.
Estonia sucedió son que la gobernadora Evelyn Salgado pusiera un pie en sus oficinas.

Retoman maestros de prepas populares con marcha y plantón movimiento por el reconocimiento oficial de su subsistema

Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Oscar Guerrero

Chilpancingo

Las preparatorias populares son un sistema educativo que existe desde hace 40 años para impartir educación medio superior a estudiantes de comunidades marginadas, y todo ese tiempo ha funcionado sin el apoyo gubernamental necesario, denunciaron los docentes durante un plantón que colocaron afuera del Congreso local.

Timoteo Espinoza Turio es maestros hace 12 años en la Preparatoria Popular de Apetzuca, municipio de Acatepec, en la Montaña de Guerrero, y le ha tocado enseñar en condiciones muy precarias.

“Primero, cuando yo llegué trabajaba en la Comisaría, ahí se improvisó un salón y, luego, con apoyo de los padres de familia se consiguió un terreno y construimos un aula de adobe, que es donde actualmente impartimos clases”, contó.

Apetzuca es una comunidad nahua del municipio de Acatepec, y la preparatoria popular es la única institución de educación media superior que hay para las comunidades aledañas.

Sin la preparatoria de Apetzuca los estudiantes tendrían que trasladarse hasta la cabecera municipal de Acatepec para estudiar, es decir, una distancia de cinco horas.

Apetzuca tiene una población de 436 habitantes, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadistica y Geografía (INEGI); muchos de sus estudiantes pertenecientes a comunidades aledañas viajen todos los días.

Al no tener un presupuesto oficial, las preparatorias populares viven de cooperaciones mensuales que otorgan las madres y padres de familia, la cooperación va desde los 60 hasta los 200 pesos, depende del acuerdo y necesidades de los planteles.
La Universidad Autónoma de Guerrero (Uagro) sólo les apoya con los certificados, papeleo y sellos que validen la educación de los alumnos, “pero en el tema económica no pone ni un peso”, dijo Timoteo.

Desde hace apenas algunos años el gobierno estatal les otorga un monto cada ejercicio fiscal, pero insuficiente para los plantes y salarios para los maestros. Como están en el desamparo institucional, el presupuesto lo pueden cambiar cada año o incluso no otorgarlo.

“A veces que no hay recurso y no pagan las autoridades, los padres se cooperan y por una semana de trabajo o quincena ellos a cambio nos dan un guajolote o un bulto de maíz y frijol, todo con tal de no dejar sin clases a sus hijos”, contó Timoteo.

En muchos casos son los mismos pobladores o padres y madres quienes le otorgan los alimentos al maestro.

Para el ejercicio fiscal 2023, el Congreso local aprobó 80 millones de pesos para las prepas populares en modalidad tripartita entre el gobierno del estado, la Uagro y el Congreso local, “pero todo es se va en puro salario, hace falta infraestructura, uniformes, todo porque no existimos”.

Los maestros agrupados en el Frente Estatal de Preparatorias Populares marcharon en Chilpancingo para exigir el reconocimiento laboral de 1,050 docentes que como Timoteo atienden a 14,000 mil alumnos en las zonas más marginadas del estado.

La movilización de los maestros inició en monumento a Las Banderas y culminó con un plantón en el Congreso local para exigir a los diputados locales que reformen la Ley General de Educación Media Superior del Estado de Guerrero, para que las preparatoria populares sean consideradas y tengan un marco legal para poder exigir un presupuesto y obras.

“Tenemos más de 20 años en lucha para que tengamos un reconocimiento laboral, ya hemos tenido reuniones con funcionarios de primer nivel y con la gobernadora y se acordó crear un Organismo Público Descentralizado (OPD), pero a los que les encargó eso no avanzan con el trámite”, dijo el integrante de la Comisión Política del Frente, Raymundo Pablo Vázquez.

Después de la marcha comenzaron el plantón. Cada año los maestros, padres de familia y hasta alumnos comienzan cada año con una movilización. Esta vez desde el plantón exigieron una audiencia con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda.

Pablo Vázquez mencionó que son 104 plantes, ubicados en las zonas más alejadas de las regiones Centro, Costa Chica, Montaña y Norte, que necesitan el reconocimiento legal para que los maestros y demás personal acceden a salarios y prestaciones y los alumnos a una infraestructura digna.

“Hay escuelas que van desde un jacalito, una media agua, de adobe madera o de concreto, pero todo es por gestión de nosotros y de apoyos que pedimos a los alcaldes, porque de parte de las autoridades educativas no hay una respuesta”, dijo Pablo Vázquez.

A las 15:30 horas, una vez instalado el plantón, los manifestantes bloquearon de manera intermitente los cuatro carriles del bulevar Vicente Guerrero, a la altura del Congreso local, lugar donde mantienen su plantón.

Después de cerrar por una hora la vialidad del boulevard Vicente Guerrero, y ante la llegada de elementos de la Policía Estatal con equipo antimotin, los maestros decidieron levantar su plantón a las afueras del Congreso y en marcha avanzaron hacia Palacio de Gobierno.

A las 5:30 de la tarde, en en la entrada principal de Palacio de Gobierno, los maestros colocaron de nuevo su plantón y ninguna autoridad los atendía.

 

Golpean a estudiante de secundaria afuera de escuela, y madre exige castigo y garantías para su hija

Texto: Itzel Urieta

Fotografía: Oscar Guerrero

Chilpancingo

 

Este mediodía, María Olga Bruno Nieto, madre de la menor agredida el viernes 19 de mayo afuera de la Secundaria Técnica 185 por otra joven mayor, estudiante del del CTIS 135, denunció que después de esos hechos su hija fue amenazada y carece de apoyo de autoridades educativas.

Ese mismo viernes circuló un video en redes sociales donde se observó la agresión a golpes contra la estudiante de secundaria. La estudiante del CTIS 135 y acude a la Secundaria Técnica 185 a realizar su servicio social.

Derivado de ese video, la mamá de la menor, es decir Bruno Nieto, denunció ante la Fiscalía Especializada para Menores de Edad las agresiones contra su hija.

La Secretaría de la Educación Guerrero (SEG), expuso la madre en conferencia de prensa, no ha emitido ningún comunicado sobre los hechos, aun cuando uno ya había antecedentes de violencia escolar de la joven identificada como la agresora y ninguna autoridad de la escuela lo impidió.

Los maestros del plantel, al parecer, “sólo observaron la escena sin que hicieran nada al respecto”.

“Después de los hechos mi hija aún recibe amenazas de recibir más golpes mientras que autoridades guardan silencio ante este caso de violencia y acoso escolar”, denunció la mamá.

Señaló a la directora de la secundaría de haberle pedido no denunciar a cambio de una solución al problema, pero hoy ya no la recibió.

Un grupo de padres acompañó a Bruno Nieto a dar la conferencia de prensa afuera de la secundaria, y expusieron que hay más casos similares ocurridos en el plantel; pidieron a las autoridades que brinden seguridad para los alumnos.

“Si es necesario queremos que este aquí la Guardia Nacional”, mencionó una madre de familia.

Bruno Nieto dijo que su hija continúa delicada de salud y medicada debido a los golpes que recibió.

 

Sin capacitación ni conocer planes o libros, maestros esperan próximo ciclo escolar: “No aterrizamos qué implica la nueva reforma”

Docentes de primaria y secundaria advierten que, como ha ocurrido con reformas previas, no han recibido capacitación formal sobre la Nueva Escuela Mexicana y desconocen los próximos planes de estudio y libros de texto. Prevén que tengan una mayor carga de trabajo.


Texto: Erendira Aquino / Animal Político

Fotografía: José Luis de la Cruz (Archivo Amapola)

22 de mayo del 2023

 

Las y los docentes de educación básica desconocen los materiales con los que enseñarán a niños y jóvenes de primaria y secundaria durante el siguiente ciclo escolar. Aunque han recibido capacitación en el modelo de la Nueva Escuela Mexicana, no han visto el plan de estudios que se aplicará ni los nuevos libros de texto gratuitos.

En entrevistas con Animal Político, maestras de primaria y secundaria señalan que, al igual que como ha ocurrido con otras reformas educativas, la que busca implementar la Secretaría de Educación Pública (SEP) en el siguiente ciclo no ha contemplado una capacitación completa para los profesores, lo que podría complicar su labor, así como la capacidad de aprendizaje de los estudiantes.

Docentes de primaria aseguran que desde que comenzó el actual ciclo escolar han recibido información sobre los cambios que busca la Nueva Escuela Mexicana, con la ayuda de programas piloto, pero desconocen cómo se conformará el plan de trabajo que se implementará y a la fecha no han visto los libros de texto, que ya se encuentran en impresión.

Los de secundaria aún no saben lo que ocurrirá con los materiales para los estudiantes, ya que no fueron convocados como en años pasados para votar por los libros más completos de cada materia, aunque piensan que todavía podrían ser llamados para formar parte del proceso, porque no es la primera vez que las autoridades educativas dejan para último momento esta selección.

“Va a generar a los maestros más carga de trabajo”

Ángeles Marisol, maestra de primaria con 30 años de trayectoria, considera que la nueva forma de trabajo que propone implementar la SEP “podría traer un rezago más profundo entre los niños que tienen iniciativa de buscar y aprender con los que requieren de estar trabajando más para entender el contenido”.

“Siento que va a estar un poquito más complicado el trabajo, porque todavía no aterrizamos bien lo que implica la nueva reforma, y eso va a generar a los maestros más carga de trabajo por las adecuaciones que tendrán que hacer de último momento, porque no conocemos los materiales, y también en este cambio se están quitando muchos contenidos… como que se está haciendo más básica la educación básica”, advierte Marisol, quien da clases en el Estado de México.

La profesora destaca que, con reformas educativas previas, como ocurrió en 2013, aunque la SEP no les brindó mayor capacitación para implementar los cambios, al menos les permitió tener acceso a los libros de texto con anticipación, lo que permitió a los docentes pensar en las adecuaciones que cada uno realizaría a su forma de trabajo. Pero esta vez “siento que todavía ni la misma secretaría aterriza bien lo que quiere”, señala Marisol.

Alma, quien también es maestra en una primaria pública en el Estado de México, coincide en que no han tenido acercamiento con personas que les brinden información precisa sobre cómo implementar el cambio de la enseñanza por medio de materias a la que se realiza a través de proyectos.

“Una capacitación, como de que un especialista nos dé una plática referente al tema de manera profesional, no hemos tenido; el tema se ha conversado como parte de las actividades de los consejos técnicos escolares, que se realizan el último viernes de cada mes, donde nos proporcionan algunos materiales de guía y vemos algunos videos con mensajes de la SEP, pero nada más”, explica.

La profesora considera “triste” que esto se repita cada año, independientemente de quién encabece el gobierno o la SEP: “Simplemente nos dicen aquí está el material, esto es lo que tienes que trabajar. Incluso nos hemos enfrentado a la disparidad de tener que trabajar con materiales que no están actualizados, con programas de estudio que no corresponden a las temáticas que aborda el libro de texto”.

Berenice, psicopedagoga de carrera con más de 20 años dando clases de primaria en el Estado de México, critica que los nuevos libros de texto sobre los que les han hablado en las juntas de consejo técnico “vienen como si los niños ya supieran leer y escribir, y están demasiado saturados de información para los niños, para los papás y para los docentes por el cambio a formato por proyectos”.

“A esto nos enfrentamos en las escuelas oficiales o también pasa que los libros de texto a veces no llegan completos, me ha tocado que llegan solo para la mitad del grupo, y pues los demás solo pueden consultarlos en línea, si es que tienen acceso a internet, y en clase solo podemos revisar con los alumnos los recursos digitales cuando tenemos datos de internet en los teléfonos, porque en las escuelas no siempre hay. Este tipo de dificultades vienen pasando desde hace tiempo, y aunque se han hecho varias reformas, eso no ha cambiado”.

“Lo que sabemos es por los medios de comunicación”

En el caso de los materiales para secundaria, los docentes no han recibido información de los planes y programas, ni de los libros de texto. Gisela, quien da clases de ciencias en el Estado de México desde hace 10 años, señala: “Lo que sabemos es por los medios de comunicación, aunque siempre ha sido así cuando se anuncian cambios”.

De acuerdo con la maestra —médica cirujana de carrera—, en años pasados la SEP convocaba a los docentes de nivel secundaria en el mes de mayo para votar por los libros más adecuados para cada asignatura, algo que en esta ocasión aún no ha ocurrido. Sin embargo, acostumbrada a que muchos procesos escolares “se dejan a la mera hora”, considera que la consulta sobre los materiales podría ocurrir en cualquier momento.

Sobre la capacitación que puedan recibir para implementar los nuevos materiales, la maestra Karina, quien da clases de matemáticas en el Estado de México, prevé que les brinden mayor información durante las vacaciones de verano de los estudiantes, periodo en el que los profesores son convocados para recibir actualizaciones por parte de las autoridades educativas, “pero estamos a merced de que la SEP decida convocarnos”.

Animal Político documentó que los nuevos libros de texto que la SEP ya mandó a imprimir incumplen con la Ley General de Educación, ya que los planes y programas para el siguiente ciclo escolar no han sido publicados, y los contenidos de los materiales no fueron sometidos a consulta de padres de familia y maestros, como establece la norma.

Ante esta situación, padres de familia anunciaron que se encuentra en trámite un amparo contra la producción de los nuevos libros de texto gratuitos, misma que acusan que violó el debido proceso mediante el cual se establece que deben reformarse los materiales educativos.

La SEP fue consultada por el medio para conocer el estado de la producción de los libros de texto para los distintos grados de educación básica, así como su postura sobre los señalamientos de los padres de familia, sin que al momento de la publicación haya recibido respuesta.

Clases presenciales con tan solo cuatro infantes en el jardín de niños Independencia, en la colonia Florida en Chilpancingo. Foto: José Luis de la Cruz (Amapola Archivo).

Este texto es propiedad de Animal Político y lo reproducimos con su autorización. Puedes leer el original en este enlace.

 

 

Marchan normalistas en Chilpancingo en reclamo de plazas, material didáctico y uniformes

Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Óscar Guerrero 

19 de mayo del 2023

Chilpancingo 

 

Estudiantes de la Escuela Normal Urbana Federal Rafael Ramírez marcharon por las principales calles de Chilpancingo y bloquearon el bulevar René Juárez Cisneros, a la altura de Palacio de Gobierno, para exigir a la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) la entrega de material didáctico, uniformes, gastos para su clausura de fin de cursos y plazas para los que egresarán.

La marcha comenzó a la una de la tarde en el parque Bicentenario, al norte la capital, donde bloquearon las avenidas Insurgentes, Vicente Guerrero y Benito Juárez.

En ese punto permanecieron 40 minutos y avanzaron hacía el norte de Chilpancingo.

Los más de 100 estudiantes no dieron declaraciones a la prensa. En sus pancartas se leía que exigían una mesa de diálogo con el gobierno estatal para tratar el tema de los uniformes, material didáctico para prácticas profesionales y el pago de la clausura de fin de cursos.

Otras de las demandas que algunos estudiantes mencionaron es la solicitud de una urvan para los traslados de los alumnos y 58 plazas de telesecundaria para los estudiantes próximos a egresar.

La marcha avanzó por las principales calles del centro de la ciudad y en los cruces de las avenidas Lázaro Cárdenas y Rufo Figueroa bloquearon ese punto por otros 40 minutos.

La marcha avanzó y los estudiantes culminaron en la entrada de Palacio de Gobierno, donde bloquearon ambos sentidos del bulevar René Juárez Cisneros.

Ahí una comisión de la Secretaría General de Gobierno y la SEG salió a atenderlos y después de una hora de diálogo retiraron la protesta.

Esta es la tercera manifestación que los estudiantes realizan en los últimos días para exigir a la SEG y al gobierno estatal solución a su pliego petitorio.

Por dichas actividades, desde el pasado lunes las clases en la Normal están suspendidas.

 

 

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