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Familias desplazadas de El Caracol por grupo criminal piden el apoyo del gobierno

Familias de la comunidad de El Caracol, municipio de Heliodoro Castillo, se desplazaron a Tlacotepec, donde fueron arropados por la ciudadanía ante la falta de apoyo del gobierno del estado

Texto: Amapola periodismo

Fotografía: Centro de Derechos Humanos de las Víctimas Minerva Bello

14 de mayo del 2023

Chilpancingo

Después de ser atacados con seis bombas lanzadas con drones, al parecer por integrantes del grupo criminal de la Familia Michoacana (FM), el pasado 3 de mayo, familias de la comunidad de El Caracol, Heliodoro Castillo, se desplazaron a Tlacotepec, cabecera de este municipio, en donde fueron arropados por la ciudadanía ante la falta de apoyo del gobierno del estado, denunció el Centro de Derechos Humanos de las Víctimas por la Violencia Minerva Bello.

A los desplazados los apoyó también el párroco de Tlacotepec, “pero la ayuda humanitaria es insuficiente”, difundió en su comunicado este organismo, donde también informó sobre los detalles del ataque contra los ahora desplazados.

Desde el pasado 3 de mayo las familias desplazadas de El Caracol están refugiadas en el interior de una iglesia de Tlacotepec.

Un día antes, el 2 de mayo, los habitantes de El Caracol se percataron del sobrevuelo de varios drones sobre la comunidad. “El 3 de mayo nuevamente se percataron de los drones pero esta vez fueron lanzadas seis bombas, lo que ocasionó que la gente saliera de sus casas de manera inmediata para proteger la vida de los niños y las mujeres”.

Ante ello las familias decidieron desplazarse de su pueblo y trasladarse a Tlacotepec.

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“A pesar de que la gente ya no estaba en su comunidad nuevamente el 8 de mayo fue atacada con 11 bombas con drones”, se lee en el comunicado del Centro Minerva Bello.

Desde hace seis meses la gente de El Caracol se había percatado de la presencia de hombres armados en las orillas del río del pueblo, que habrían identificado como miembros de la FM.

“Los hombres armados le decían a la gente que no los querían ver a la orilla del río y que si lo hacían se atuvieran a las consecuencias e incluso les impedían que visitaran a la localidad de Apaxtla de Castrejón”.

Este organismo de derechos humanos pide a las autoridades ayuda humanitaria a las familias desplazadas, porque la mitad de ellos presentan problemas de salud, como diarrea, tos, gripa, fiebre , dolor de cuerpo y de cabeza.

“El Centro de Derechos Humanos de las Víctimas por la Violencia Minerva Bello hace un llamado urgente a las autoridades de los tres niveles de gobierno para que en el ámbito de sus atribuciones realicen acciones que aseguren los derechos de la población, incluyendo medidas que garanticen su salud, educación, alimentación, vivienda y empleo en condiciones dignas”.

Pobladores desplazados de El Caracol, se resguardan en la Tlacotepec, cabecera municipal de Heliodoro Castillo, en la Sierra de Guerrero, después de un ataque presuntamente orquestado por la Familia Michoacana. Foto: Centro de Derechos Humanos Minerva Bello.

Ejército resguarda Corral de Piedra para evitar nuevos enfrentamientos armados

Texto: Amapola periodismo

Fotografía: Oficial, Fiscalía General del Estado (FGE)

12 de mayo del 2023

Chilpancingo

Después del enfrentamiento a balazos que dejó un saldo de siete personas muertas y cuatro heridas durante un baile por el Día de las Madres, elementos del Ejército y Policía Estatal resguardan la comunidad de Corral de Piedra, municipio de Leonardo Bravo, para evitar nuevos enfrentamientos entre los pobladores.

Las siete personas fallecidas durante el tiroteo del miércoles pasado fueron sepultadas por sus familiares en un ambiente tenso.

Con el paso de las horas la información de los hechos ha fluido. Por ejemplo, la Fiscalía General del Estado (FGE) precisó que fueron cuatro los heridos en los hechos; ayer en los primeros reportes policiacos manejaron cinco. También habitantes informaron que la agresión ocurrió en la cancha del pueblo, donde fue el baile.

Algunos familiares de las víctimas han optado por sacar de la comunidad a niños y mujeres, para evitar agresiones contra ellos en caso de que ocurran nuevos enfrentamientos a balazos, de acuerdo con datos recabados por Amapola, periodismo transgresor entre los mismos habitantes del pueblo.

El choque a tiros fue entre familiares de apellidos Nava, Alarcón, Cuenca y Maldonado, quienes desde hace tiempo tienen rencillas por la disputa de tierras en este ejido de la Sierra.

Para entender mejor: Siete muertos en un enfrentamiento a balazos en Corral de Piedra durante baile por Día de las Madres

Algunos familiares que perdieron a un pariente en el tiroteo hacen un esfuerzo para que haya un pacto de no más agresiones.

Una de las versiones que contó uno de ellos es que primero inició una discusión, luego hubo una riña a golpes y después el enfrentamiento a balazos.

Esta comunidad está enclavada en la Sierra de la zona Centro de Guerrero, donde hay presencia del grupo del crimen organizado de Los Tlacos.

En dos videos que se difundieron en las redes sociales después de la balacera se escuchan los disparos de armas de fuego y se ve a la gente correr en la cancha deportiva para ponerse a salvo.

También a varias personas tiradas en el piso y a mujeres y niñas y niños que lloran; a la vez que hombre se pasea con un arma larga. «Vente güey, allá que nos lleguen», se escucha decir a ese hombre.

Versiones extraoficiales informaron que en el tiroteo se utilizaron armas de grueso calibre como AK-47.

«El Ejército y la Policía Estatal junto con la Fiscalía General del Estado tenían planeado realizar este viernes cateos en las casas, pero se suspendió porque no había condiciones», contó una persona.

Los gobiernos federal y estatal ordenaron que las fuerzas federales y estatales permanezcan en el poblado.

La FGE informó que en las diligencias que realizó este jueves, los familiares se negaron a que los cadáveres de sus parientes fueran trasladados al Servicio Médico Forense (SEMEFO) de Chilpancingo para la realización de la necropsia de ley.

Reportó quiénes fueron las personas que murieron: Erick «N», Abel «N», Fernando «N», José «N», Fernando «N», Adán «N» y Aurelio «N».

También las heridas de bala: Isidro «N», Nicolás «N», José Alejandro «N» y María «N», quien es una señora de la tercera edad. Los cuatro lesionados de bala están en el Hospital General Raymundo Abarca Alarcón de Chilpancingo.

Elementos de seguridad estatales y federales llegaron a Corral de Piedra para encargarse de la seguridad. Foto: Fiscalía General del Estado (FGE).

Apoyados por Ejército y Policía Estatal, familias desplazadas regresan a su comunidad donde el centro de salud sigue cerrado

Texto: Amapola periodismo

Fotografía: Especial

Chilpancingo

Las 36 familias desplazadas por la violencia retornaron a su comunidad, San Antonio de las Tejas, municipio de Coyuca de Catalán, con la condición de que la presencia del Ejército, Guardia Nacional y Policía Estatal en la zona sea de manera permanente, y que el centro de salud sea reabierto con medicamentos y que los maestros regresen a impartir clases.

Las 200 personas, entre adultos, ancianos, niños y mujeres, llegaron este miércoles casi a las diez de la noche a su pueblo, luego de recorrer nueve horas de viaje a bordo de camionetas y cuatrimotos.

Estas familias se salieron de la comunidad el lunes pasado y llegaron a la cabecera municipal de Tecpan, en protesta porque la gobernadora Evelyn Salgado Pineda incumplió el acuerdo de que instalaría una Base de Operaciones Mixtas en esa zona de la Sierra de donde son originarios.

“Acordamos retornar porque hubo el compromiso del gobierno de que la presencia de las fuerzas de seguridad será de manera permanente y, además, de que se van a cumplir otras demandas de carácter social”, dijo Homero Cortés Cortés, vocero de las familias desplazadas de San Antonio de las Tejas.

La gente durmió dos noches en un albergue en Tecpan de Galeana y este miércoles, después de la firma de acuerdos con el director de Gobernación estatal, Francisco Rodríguez Cisneros, decidieron retornar a su pueblo.

Uno de los compromisos que establecieron con el gobierno fue que después del período vacacional de Semana Santa los maestros van a reanudar las clases en las escuelas. El 7 de marzo pasado los maestros huyeron por las amenazas de integrantes de un grupo del crimen organizado a los habitantes de la comunidades de la Sierra.

“Otro de los acuerdos es que el gobierno va a proporcionar útiles escolares a los estudiantes y que el centro de salud será reabierto con medicamentos al 100 por ciento”, dijo Cortés Cortés.

Él también denunció que la clínica de salud está cerrada porque la enfermera recibió órdenes de sus superiores de que se retirara del pueblo por su seguridad.

“Lo que estamos pidiendo es que si va a funcionar nuevamente el centro de salud, que la Secretaría de Salud lo surta al cien por ciento de medicamentos”, agregó el vocero de los desplazados.

Mencionó que la propia enfermera de la clínica decía que no había suficientes medicamentos porque la jefa de la Jurisdicción Sanitaria 01 de la Secretaría de Salud, con sede en Tierra Caliente, Amalia Mora Eguiluz, decía que no había presupuesto.

Cortés afirmó que en su comunidad hay ancianos, niños y una mujer embarazada que requieren atención médica de manera constante, sobre todo por el clima frío.

Este jueves, los pobladores y autoridades de las comunidades que integran el ejido de San Antonio de las Tejas tuvieron una reunión con los mandos que están a cargo de las fuerzas de seguridad federal y estatal que ya se establecieron en esa zona.

El desplazamiento forzado que ha aumentado en lo que va de este 2023 en esta zona de la Sierra que colinda con la región de Tierra Caliente se debe a la presencia del grupo criminal de la Familia Michoacana que avanza hacia las comunidades de la Costa Grande.

El 29 de enero pasado, en la comunidad de El Parotal, municipio de Petatlán, los pobladores se enfrentaron a balazos con policías estatales que, denunciaron, subieron acompañados por tres presuntos miembros de la FM.

Un mando de la operación policiaca y agente, además de los tres individuos que iban en el convoy policiaco, murieron en el choque armado.

Después de ese enfrentamiento ocurrieron otros hechos de violencia en comunidades de la Sierra y como consecuencia hubo familias desplazadas, quienes acusaron al gobierno de la morenista Evelyn Salgado Pineda de proteger a la FM que dirigen los hermanos José Alfredo y Jhonny Hurtado Olascoaga.

Sin apoyo del gobierno de Evelyn Salgado se desplazan familias de la Sierra afectadas por la violencia

Familias de comunidad de la Sierra se desplazan a Tecpan por amenazas del crimen organizado

Texto: Jesús Guerrero

Fotografía: Especial

4 de marzo del 2023

Chilpancingo

A bordo de camionetas y cuatrimotos unas 200 personas salieron este lunes de su comunidad, San Antonio de las Tejas, municipio de Coyuca de Catalán, por amenazas de integrantes de un grupo del crimen organizado y por la falta de apoyo del gobierno estatal de la morenista Evelyn Salgado Pineda.

Las 34 familias se desplazaron hacia la cabecera municipal de Tecpan de Galeana, donde llegaron este lunes a las diez de la noche, luego de realizar un recorrido de nueve horas por un camino de terracería y ante el peligro de ser atacados a balazos por miembros del grupo criminal de la Familia Michoacana.

Son niños, ancianos, hombres y mujeres los que salieron desplazados de su pueblo, el cual fue atacado a balazos por delincuentes.

Salieron el lunes a las 13 horas de su comunidad y llegaron nueve horas después a Tecpan de Galeana; ante la falta de un albergue durmieron en la plaza central de esta localidad. Aunque las autoridades del municipio les enviaron cobijas y comida caliente.

Hasta este martes, el gobierno del estado no ha brindado atención a las familias desplazadas de esta comunidad.

La Ley 487 para Atender y Prevenir y Atender el Desplazamiento Interno del Estado de Guerrero establece la obligación de las autoridades estatales de darles atención médica, alimenticia, un lugar donde vivir y educación a las personas que por diversas razones se desplacen de sus comunidades.

Las familias de San Antonio de las Tejas antes de salir de su pueblo pidieron a las autoridades estatales el acompañamiento de la Policía Ministerial y Policía Estatal para llegar a Tecpan sin ningún contratiempo. Pero ninguna corporación policiaca o el Ejército llegó para acompañarles.

Cuatro familias, en su mayoría personas de la tercera edad, decidieron quedarse en el pueblo en donde recientemente llegó una patrulla de la Policía Ministerial para brindarles seguridad.

Sin embargo, la mayoría de la ciudadanía consideró que estas medidas de seguridad eran insuficientes y decidieron salirse ante el temor de que nuevamente sean agredidos por los miembros de la FM.

El 19 de marzo, un convoy del Ejército se enfrentó a tiros con un grupo de integrantes de la Familia Michoacana (FM), en la comunidad de El Pescado, municipio de Coyuca de Catalán. Orbelín Hernández, alías El Gordo –lugarteniente de los líderes de la FM, José Alfredo y Jhonny Hurtado Olascoaga –, y dos de sus hijos, además de otros dos habitantes, murieron en ese choque armado, en el que también fallecieron dos soldados.

La muerte de El Gordo no ha establecido que haya menos riesgo contra los pobladores de esta zona de la Sierra.

Después de las agresiones que ha perpetrado la FM en esta zona de Costa Grande y Tierra Caliente, el gobierno instaló campamentos con fuerzas federales y estatales en siete puntos: en Santa Rosa, Las Mesas, El Banco, Corrales, El Durazno, San Antonio Tejas y Bayados.

Pero aun con estas siete bases de operaciones mixtas, las familias de Los Bayados y San Antonio Tejas, salieron de sus comunidades. En el caso de los desplazados de Los Bayados viven en la comunidad de El Súchil, municipio de Tecpan.

Los pobladores desplazados dejaron sus huertas, casas y bienes materiales, pero tienen la esperanza de que las autoridades les garanticen su regreso.

Imágenes del momento en que las familias de comunidad de la Sierra se desplazan hacia Tecpan por amenazas del crimen organizado.

Pobladores liberan a militares y policías en la Sierra

Texto: Jesús Guerrero

Fotografía: Especial

29 de marzo del 2023

Chilpancingo

Pobladores y comisarios de 40 comunidades de los municipios de San Miguel Totolapan y Heliodoro Castillo liberaron a 40 elementos del Ejército y 13 policías estatales en la localidad de Puerto Gallo, después de que funcionarios estatales se comprometieron a destinar 10 millones de pesos para la pavimentación y rastrilleo de una carretera que comunica esa zona.

En un comunicado de la Dirección de Comunicación Social del gobierno estatal, el grupo de funcionarios, entre ellos el director de la Comisión de Infraestructura Carretera Aeroportuaria del Estado de Guerrero (Cicaeg), Martín Vega, se comprometieron a atender las demandas de salud, educación y de desarrollo rural.

Desde este lunes a las diez de la mañana, cientos de habitantes y autoridades se instalaron en plantón afuera del cuartel para impedir la salida de los militares y agentes estatales.

Hasta ayer martes arribó a este sitio el grupo de funcionarios para dialogar con los inconformes.

Comisarios de las comunidades denunciaron que desde hace un año el gobierno de la morenista Evelyn Salgado Pineda se comprometió a resolverles una serie de demandas, lo que hasta el momento no ha ocurrido.

Sin embargo, tras la firma de una minuta de acuerdos los pobladores dejaron en libertad a los militares ayer martes en la noche.

Pobladores de la Sierra retienen a militares y a policías estatales para exigir obras

Texto: Amapola periodismo

Fotografía: Cortesía

27 de marzo del 2023

Chilpancingo

Cientos de habitantes encabezados por comisarios de 40 pueblos de los municipios de San Miguel Totolapan y Heliodoro Castillo tienen retenidos desde este lunes en la mañana a elementos del Ejército y policías estatales en una base de operaciones ubicada en la comunidad de Puerto del Gallo para exigir al gobierno obras y que funcionen los centros de salud.

En el interior de las instalaciones están 40 militares y unos 10 policías estatales retenidos.

La gente que tomó las instalaciones advirtió que no van a liberar a los militares y policías hasta que vean que se les de una solución.

«Ya basta que nos estén engañando, nosotros queremos hechos no palabras», dijo uno de los comisarios que participa en la protesta y que fue entrevistado vía telefónica.

Puerto del Gallo, es una comunidad que pertenece al municipio de Heliodoro Castillo y está ubicada en la Sierra.

En los videos que enviaron las autoridades de los pueblos se ven cientos de campesinos que están fuera de la Base de Operaciones Mixtas (BOM).

El comisario quien no proporcionó su nombre por razones de seguridad, contó que desde hace tres años -durante el gobierno del priísta Héctor Astudillo- se firmó una minuta de acuerdos en donde hubo el compromiso de pavimentar la carretera desde Puerto del Gallo hasta Tlacotepec que es la cabecera del municipio de Heliodoro Castillo.

Llegó el gobierno de la morenista Evelyn Salgado Pineda y tampoco ha cumplido con esa minuta de acuerdos.

«Apenas estuvimos en Chilpancingo y nos dijeron que nos darían solución pero no vemos para cuando», dijo.

Contó que tuvieron una reunión con las autoridades de la Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero (Cicaeg) para ver lo de la carretera, de caminos y ramales.

«Ya les dijimos a los militares que no los vamos a dejar salir», dijo el comisario.

Los habitantes y autoridades municipales que participan en la protesta son de las comunidades de Puerto del Gallo, Agua Zarca, Renacimiento, Cueva de Guerrero, Chilpancinguito, Durazno San Vicente, Capulines, Campo Morado, Tejamanil, Las Juntas, Pueblo Viejo, Los Hornos, El Frío, Parrales, El Pinzán, Santa Elena, Bejuco.

«Nuestras carreteras están bien decaídas y ya basta que nos estén engañando», expresó.

Otra de las peticiones que exigen que el gobierno les cumpla a los pobladores es el envío de médicos, reapertura de centros de centros de salud, escuelas, la construcción de un puente y pavimentación de calles.

Pero no es la primera vez que la gente de esta zona de la Sierra toma esta misma Base de Operaciones Mixtas (BOM) en Puerto Gallo para presionar al gobierno.

Por ejemplo, el 31 de mayo del 2019, los pobladores de esta zona de los municipios de Heliodoro Castillo y San Miguel Totolapan retuvieron más de 24 horas a los militares para exigir la entrega del fertilizante y la realización de obras sociales.

Los soldados fueron liberados por los inconformes luego de que las autoridades federales y estatales les llevaron los bultos de fertilizante.

Sin embargo, hay otras peticiones que al igual que son las mismas por las que están luchando desde mayo del 2019.

Hoy como en el 2019, la gente de la Sierra pide la construcción de la carretera Puerto del Gallo-Tlacotepec, caminos, envío de médicos, medicinas, maestros y escuelas.

«Desde hace más de tres años estamos esperando que el gobierno nos dé respuesta y nada soluciona», mencionó el comisario.

Por su parte, el Secretario General de Gobierno, Ludwing Marcial Reynoso Núñez, confirmó que unos 40 militares están retenidos por los pobladores pero que ya se está atendiendo el asunto.

En menos de una semana, han estallado tres conflictos en distintos puntos de la Sierra por diversas demandas por parte de sus habitantes.

El pasado jueves 23 de marzo, en la comunidad de Piedra Concha, del municipio de San Miguel Totolapan, habitantes de 40 comunidades realizaron una asamblea en donde le pidieron al presidente Andrés Manuel López Obrador el envió de Ejército, Guardia Nacional para detener a los integrantes de grupo del crimen organizado de la Familia Michoacana.

Este sábado 25 en una asamblea efectuada en la comunidad de El Balcón del municipio de Ajuchitlán del Progreso, comisarios y habitantes de 114 comunidades pidieron a López Obrador envié a esa zona de la Sierra más elementos del Ejército para frenar a una organización de la delincuencia organizada.

Desde hace décadas las comunidades de la Sierra enfrentan situaciones de pobreza extrema derivado de la falta de atención de las autoridades de los tres niveles de gobierno.

Esta situación ha sido caldo de cultivo para que en esta región permee la inseguridad derivado de los grupos del crimen organizado que tienen vínculos con grupos de poder económico y políticos.

Hasta las 19 horas de este lunes, los dos mil pobladores, según los comisarios de los pueblos, mantenían retenidos a los militares y policías estatales.

Momentos en los que los pobladores de la Sierra informan sobre los militares retenidos. Foto: Cortesía

Comisarios y habitantes de la Sierra piden a AMLO más Ejército y GN en esa zona

Texto: Jesús Guerrero

Fotografía: José Luis de la Cruz (Archivo)

27 de marzo del 2023

Chilpancingo

Comisarios de 114 comunidades de la Sierra de los municipios de Tecpan de Galeana y Ajuchitlán del Progreso pidieron al gobierno de Andrés Manuel López Obrador que refuerce la seguridad en esta zona para evitar que un grupo del crimen organizado siga provocando violencia, saqueo de los recursos naturales y desplazamiento forzado de las familias.

Reunidos el pasado sábado 24 de marzo en la comunidad de El Balcón, del municipio de Ajuchitlán del Progreso, las autoridades de los pueblos dijeron que la presencia del grupo criminal de La Familia Michoacana ha provocado el desplazamiento de muchas familias de esa parte de la Sierra.

«Debido a la incursión del grupo armado (la FM) más de 60 familias, que son alrededor de 400 personas del pueblo de Los Bayados, Santa Clara, La Trinidad y Los Puertos, del municipio de Coyuca de Catalán, salieron huyendo», dijo el comisario del ejido San Antonio las Tejas, David Salto Cortés.

Durante la asamblea dijo que en su pueblo, Los Puertos, eran 63 familias, pero ahora sólo se quedaron 23 debido a los hechos violentos de las últimas semanas.

«Los hombres armados nos dieron de plazo tres días para que saliéramos de nuestras comunidades, pero nosotros decidimos quedarnos y cuando pedimos ayuda al gobierno sólo nos mandaron a dos agentes de la Policía Ministerial», comentó Salto Cortés.

Agregó que ya pasaron más de tres semanas que las familias salieron de sus comunidades y hasta la fecha el gobierno no les garantiza que regresen a sus pueblos.

Durante la asamblea leyeron un documento dirigido al presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien le piden que reactiven las Bases de Operaciones Mixtas (las BOM) de manera rotativa. Estas bases de seguridad están integradas por elementos del Ejército, Guardia Nacional y Policía Estatal.

Después del enfrentamiento a balazos entre habitantes de la comunidad de El Parotal, del municipio de Petatlán, el 28 de enero con policías estatales en el que murieron un mando, un policía raso y tres individuos identificados por los pobladores como de la FM, el gobierno instaló dos Bases de Operaciones Mixtas, una en la comunidad de Santa Rosa y otra en Las Mesas.

En la parte de la Sierra donde ocurrió la asamblea conecta con la región de Tierra Caliente. Esta región concreta en lo alto de la Sierra con Costa Grande. En ambas zonas la violencia ha prevalecido desde hace muchos años generada por la presencia de grupos criminales asociados a grupos económicos y políticos en la región que actúan por diferentes intereses.

En el documento que leyó durante la asamblea del sábado pasado en El Balcón, Nancedalia Ramírez Domínguez, a nombre de los comisarios y organizaciones, expuso a López Obrador que por la grave violencia que prevalece en esa zona sus habitantes ya no tienen la seguridad de permanecer ni poder regresar.

«Solicitamos se reactiven las bases de operación militar de manera mixta y rotativa para que haya más seguridad en la población, así como también los centros integradores del bienestar que se habían instalado anteriormente, pero que no se les dio seguimiento ni atención y son de suma importancia y de beneficio a la Sierra», dijo Ramírez Domínguez.

José Luis Cázares Leyva, presidente del comité de Seguridad Privada Ruta Tecpan-El Balcón-Fresno de Puerto Rico, afirmó que la gente se ha coordinado para hacerle frente a cualquier problema que se presente para mantener la paz.

«Ya se planteó la problemática que se vive en la Sierra en donde hay pueblos desplazados que son vecinos de nosotros; por eso pedimos que se brinde la seguridad, porque el gobierno es el que tiene las armas, nosotros somos un comité de pacificación, sin armas, de diálogo», afirmó Cázares Leyva.

«Nosotros no queremos un solo pueblo desplazado, no queremos que nadie venga a desplazar a nuestros pueblos», dijo.

La semana pasada, en otra asamblea realizada en la comunidad de Piedra Concha, del municipio de San Miguel Totolapan, en los límites de Tierra Caliente, comisarios de 40 pueblos, quienes omitieron sus nombres, exigieron al gobierno federal que frene el avance de los integrantes del grupo del crimen organizado de la Familia Michoacana, con quienes, aseguraron, se han enfrentado a balazos en los últimas dos semanas en esa parte de la Sierra.

En la reunión realizada en una cancha deportiva techada se observó, por varias fotográficas que circularon en las redes sociales, a hombres armados.

Tras la difusión de lo discutido en esta asamblea, este domingo 25 de marzo circuló en las redes sociales un comunicado donde se señala que un grupo del crimen organizado denominado Los Tlacos, obliga a la gente de esa parte de la Sierra a que se arme para enfrentar a la organización rival.

Elementos de la Guardia Nacional decomisaron dos armas largas y cartuchos útiles durante un retén en el acceso principal del muncipio de Leonardo Bravo, el pasado 7 de abril del 2020. Foto: José Luis de la Cruz (Archivo Amapola)

Grupo armado se lleva a un hombre y a sus tres hijos en la Sierra; exigen su localización

Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Especial

19 de marzo del 2023

Chilpancingo

Habitantes de comunidades de la Sierra denunciaron que desde el pasado primero de marzo un señor con sus tres hijos fueron privados de la libertad por un grupo de hombres armados en la comunidad de La Finca, municipio de Petatlán, por lo que exigieron al gobierno del estado su búsqueda y localización.

Este domingo 12 comisariados de los municipios de Petatlán, Tecpan y Coyuca de Catalán y el presidente del Comité de Caminos de la Sierra, Víctor Espino Cortés hicieron esta denuncia durante una reunión que se desarrolló en la comunidad de Santa Rosa de Lima, municipio de Tecpan de Galeana, en la región de la Costa Grande.

Espino Cortés contó que a raíz de los hechos ocurridos en La Morena el pasado 3 de marzo, en el que elementos de seguridad de todos los niveles de gobierno catearon una vivienda en dicha comunidad, la violencia se disparó en la región.

Ese 3 de marzo, en La Morena, en una operación conjunta entre elementos del Ejército, Guardia Nacional y Policía Ministerial aseguraron una casa, presuntamente propiedad del líder del grupo criminal conocido como la Familia Michoacana, Johnny Hurtado Olascoaga, alias El Pez.

En un comunicado que emitió en días posteriores la Secretaría de Seguridad Pública estatal (SSP) informó que la vivienda tiene acabados de lujo, se encontraron granadas de fragmentación, y distintos tipos de droga.

También se indicó que cerca del lugar las autoridades descubrieron dos sembradíos de marihuana.

Dos días antes, el 1 de marzo, en La Finca, comunidad ubicada más arriba que La Morena, un grupo de civiles armados se llevó a un hombre, horas más tarde ese mismo grupo citó a todos los hombres en la cancha central, pero nadie acudió.

Solo los tres hijos del hombre secuestrado acudieron al llamado y fueron desaparecidos por los hombres armados, presuntamente por integrantes de la Familia Michoacana.

«El objetivo de ese secuestro era amenazar a los pobladores para que los dejarán (a los civiles armados) establecerse ahí y les garantizarán seguridad y comida», contó Espino Cortés.

Por tal amenaza, los habitantes de La Finca decidieron huir y los pocos que quedaron, bajo amenazas, brindaron seguridad y alimentos a los hombres armados.

En un vídeo difundido en redes sociales, la tarde del 4 de marzo, se observan a Policías Ministeriales con armas a quienes los pobladores les impiden el paso.

De acuerdo con Espino Cortés, las mujeres que les impiden el paso a los elementos ministeriales lo hicieron bajo amenaza.

En La Finca, los civiles armados robaron cuatro cuatrimotos a los pobladores e incendiaron una vivienda.

Después de los hechos en La Morena, toda la población decidió huir de La Finca y abandonaron sus hogares.

La Finca es una comunidad serrana con 30 casas y un promedio de 120 habitantes.

Por tales hechos de violencia que sse registraron en el último mes, las autoridades ejidales pidieron a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda que entren los elementos de seguridad «para ya sacar de una vez por todas a esas gentes», mencionó Espino Cortés.

También exigen la búsqueda y localización inmediata de las cuatro personas desaparecidas el 1 marzo, de la cual no había una denuncia pública, hasta este domingo.

Las autoridades también pidieron mayores garantías de seguridad porque tienen el temor de que en los próximos días la situación de violencia aumente en esta zona luego de que el pasado viernes 17 de marzo, el Ejército y presuntos integrantes de la FM se enfrentaron a balazos en la comunidad de El Pescado, del municipio de Coyuca de Catalán.

Este choque dejó un saldo de dos militares y cinco presuntos miembros de la FM muertos y dos soldados heridos de bala.

Violencia en Sierra de Guerrero desplaza a otras 240 personas

Texto: Amapola periodismo

Fotografía: Especial

Chilpancingo

Familias de la comunidad de Los Bayados, municipio de Ajuchitlán del Progreso, se desplazaron debido a los hechos de violencia ocurren en esa parte de la Sierra desde el pasado 28 de enero.

A través de un comunicado, los habitantes del pueblo denunciaron que la decisión de salirse de sus casas a partir del domingo 19 de febrero fue porque un día antes hubo un enfrentamiento a balazos en un punto conocido como Las Golondrinas, cerca de su comunidad.

“Ya no pudimos más y elegimos abandonar nuestra comunidad ante los rumores de que nos daban hasta las 12 horas del día domingo para abandonar nuestro pueblo; salimos con lo que pudimos agarrar pensando sólo en ponernos a salvo”, dice el texto enviado por los pobladores.

Son un total de 246 personas desplazadas, de ellos 70 son menores de edad y 70 son adultos mayores, dos de ellos con discapacidad.

La mayoría de los desplazados se refugiaron en casas de familiares en Tecpan de Galeana y otros puntos de la Costa Grande. Aun cuando Ajuchitlán del Progreso pertenece a Tierra Caliente, esta región colinda con Costa Grande en lo alto de la Sierra.

“Le solicitamos a la gobernadora (Evelyn Salgado Pineda) que nos brinde apoyo, que ya no nos deje olvidados, somos gente de paz y ahora no tenemos nada que darle a nuestros hijos”.

También expusieron que cuando se salieron de su pueblo ni siquiera pudieron despedirse de sus muertos que están sepultados en el panteón del pueblo.

Exigen el apoyo del gobierno para poder regresar a su comunidad o por lo menos sacar sus cosas personales. También piden despensas y becas para sus hijos.

En el comunicado que va dirigido a la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (CDHEG), los habitantes de Los Bayados exponen que en su pueblo siempre han vivido el abandono institucional, pero, al menos, vivían en paz.

Comparten que apenas hace unos meses comenzaron a recibir el apoyo del programa federal Sembrando Vida, que utilizaban para la siembra de huertos d aguacate, durazno y maguey, porque también se dedicaban a la elaboración del mezcal. “Pero ahora ya no tenemos nada”, dicen.

Desde el 10 de diciembre del 2022 la violencia detonó en la Sierra con el asesinato de siete personas en la comunidad de El Durazno, del municipio de Coyuca de Catalán por parte de un grupo armado.

Después el 28 de enero, en la comunidad de El Parotal, municipio de Petatlán, los pobladores retuvieron a policías después de un enfrentamiento a balazos.

El saldo de esa supuesta confrontación armada fue un comandante, un policía y tres civiles muertos.

Los tres civiles subieron en el mismo convoy de policías estatales y, según los pobladores de El Parotal, eran miembros del grupo criminal de la Familia Michoacana.

Desde el 28 de enero, los enfrentamientos a balazos entre grupos armados en varias comunidades de los municipios de Tecpan de Galeana, Petatlán, Ajuchitlán del Progreso y Coyuca de Catalán, no han parado aun con la presencia de fuerzas de seguridad federal y estatal.