Autoridades municipales comenzaron a borrar las pintas de los monumentos de la Plaza Cívica Primer Congreso de Anáhuac que realizaron las Mujeres que se manifestaron del 8 de marzo pasado.
En la marcha del 8 de marzo, en la que participaron mujeres, activistas, víctimas y familiares de mujeres que sufrieron violencia de género, por el Día Internacional de la Mujer, realizaron varias pintas en los monumentos de la Plaza Cívica.
En la base de los monumentos de José María Morelos y Pavón, Vicente Guerrero, Nicolás Bravo, Hermenegildo Galeana e Ignacio Manuel Altamirano se leía: «Mata a tu agresor», «8 M», «La policía no me cuida», «Gobierno machista».
La mañana de este domingo trabajadores de Servicios Públicos Municipales comenzaron a lijar las partes de los monumentos con consignas. Todavía no las borran del todo, muchas consignas continúan ahí.
En el piso de la explanada de la Plaza Cívica también hay pintas.
En las pintas había nombres de presuntos responsables de algún delito en contra de mujeres y exigencias de los colectivos en contra de las autoridades de procuración de justicia.
Se espera que las labores de limpieza continúen y queden borradas por completo en las próximas semanas.
También colocaron cárteles con fotografías de víctimas de feminicidio por las que exigen justicia.
Un caso es el de Paola Michelle, una niña de 14 años que fue asesinada el 28 de diciembre del 2022 mientras vendía postres en el centro de Chilpancingo.
Hasta el momento esos carteles no los han retirado.
A través de la página de Facebook de Ultravioleta, un programa en línea sobre temas de mujeres y feminismo, denunciaron un grupo de Telegram en el que exponen fotos íntimas de mujeres de la ciudad.
El grupo se llama Paks Chilpo Vip y cuenta con 128 integrantes que son hombres.
De acuerdo con la denuncia el grupo opera desde el 2020 y se comparten fotografías de mujeres, niñas y adolescentes.
El grupo tiene contenido de violencia sexual, “acoso en la vía pública debido a que los miembros del grupo toman fotos de las ciudadanas de todas las edades realizando cualquier tipo de actividad, como ir al supermercado, permanecer en sus instalaciones laborales, entre otras, para ver si entre ellos tienen algún tipo de contenido sexual de ella”, se lee en la denuncia de Facebook.
Para las mujeres que comentaron esta publicación, este grupo es un peligro para las mujeres de Chilpancingo. Los miembros de ese grupo comparten fotografías y videos de mujeres; algunos hasta preguntan si uno de ellos tiene referencias o material de alguna, lo que vulnera su dignidad humana, su transitar, su seguridad.
“Las pone en riesgo de ser atacadas de violencia sexual por uno o varios miembros, debido a que también mencionan en dónde trabajan, dónde estudian”, agregó alguien en la publicación en Facebook.
En la denuncia en redes filtraron algunas fotografías que son compartidas en ese grupo de hombres, y son de mujeres adultas, adolescentes y niñas en situaciones cotidianas.
Los miembros también preguntan por los datos de algunas de ellas y comentan las fotos que comparten.
Este tipo de situaciones se conocen como violencia de género digital y esta penalizado a través de la Ley Olimpia.
La Ley Olimpia es un conjunto de reformas a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y al Código Penal Federal, que busca reconocer la violencia digital y sancionar los delitos que violen la intimidad sexual de las personas a través de medios digitales, también conocida como ciberviolencia.
En Guerrero las sanciones para quienes incurran en este delito es de tres a seis años de prisión y multas de 200 hasta 1,000 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), se lee en el Código Penal.
Previo al 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, colectivas, organizaciones feministas y activistas por los derechos de las mujeres, preparan diversas actividades en Chilpancingo para conmemorar el día.
La marcha del separatista del 8M será la actividad principal de este día. La marcha convoca a todas las mujeres de todas las edades a participar.
Esta marcha iniciará en la alameda Granados Maldonado, la concentración será a las 3:30 de la tarde. Por cuestiones de seguridad no se mencionó donde culminará el recorrido, se dirá hasta el día de la movilización.
“En este marco lo que nosotros tratamos de visibilizar es todas la violencias que siguen pasando contra las mujeres y de visibilizar casos que han estado pasando en el estado y en la capital”, mencionó Renata González Moreno, integrante del Observatorio de Violencia contra la Mujeres Guerrero (OVM).
Después de la marcha, una de las activistas leerá un pronunciamiento en la que establecerán las exigencias de la agenda feminista.
“Dentro de esos temas vamos a abordar la violencia obstétrica, la violencia institucional, los matrimonios forzados, la violencia digital, la violencia vicaria, así como la violencia feminicida y la desaparición forzada hacia mujeres”, comentó Angie de la Rosa Palafox, integrante de la Red de Jóvenes Activistas por los Derechos Sexuales y Reproductivos, (Redefine Guerrero).
El acoso y hostigamiento sexual en espacios laborales y educativos, también serán parte de las exigencias.
“Exigiremos la liberación inmediata de las mujeres presas por abortar y el acceso al aborto de manera segura en las clínicas públicas de nuestro estado”, agregó de la Rosa Palafox.
El pronunciamiento será dirigido a los tres niveles de gobierno, a quienes también exigirán un alto a la persecución de activistas y defensoras de los derechos humanos de las mujeres.
De acuerdo con de la Rosa Palafox, en lo que va del año en Chilpancingo han ocurrido tres feminicidios, explicó que son tres los que están tipificados como feminicidios, pero hay otras muertes violentas de mujeres que se investigan como homicidios.
Llamó a las autoridades a juzgar con perspectiva de género los casos de muertes violentas contra mujeres.
Las activistas también mencionaron que trabajan en un mapeo sobre desaparición de mujeres el cual presentarán el 8 de marzo.
Datos del OVM Guerrero registraron que en 2022, en el estado ocurrieron 128 asesinatos contra mujeres sólo 13 están catalogados como feminicidios.
Según datos de la Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE), hay ocho Alertas Violetas activas por desaparición de mujeres.
En Guerrero no se aplican protocolos para investigar feminicidios, porque de 128 asesinatos contra mujeres ocurridos durante 2022, sólo 13 están catalogados como feminicidios, expusieron las integrantes del Observatorio de Violencia Contra las Mujeres (OVM).
Estas cifras fueron presentadas durante el foro Sentencia Mariana Lima, parámetro nacional para juzgar con perspectiva de género, donde estuvieron presentes activistas feministas, quienes coincidieron en la falta de acciones institucionales para juzgar e investigar los homicidios de mujeres y catalogarlos como feminicidios.
Ney Arias Vitinio, integrante del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, denunció que instituciones como la Fiscalía General del Estado (FGE) no cuentan con los protocolos adecuados para juzgar e investigar con perspectiva de género.
“Por lo menos aquí en Chilpancingo algo se puede hacer, más o menos salen las mujeres a marchar, pero en la Montaña no, no podemos hacer eso porque tenemos que trabajar sino no comemos”, mencionó.
Las integrantes de colectivas feministas organizaron el foro para analizar, discutir y exigir a las autoridades que apliquen este parámetro para investigar toda muerte violenta de mujeres como feminicidio.
La Sentencia Mariana Lima lleva el nombre en honor a Mariana Lima Buendía, originaria del Estado de México.
Ella fue asesinada por su esposo, Julio César Hernández Ballinas, comandante de la Policía Judicial del municipio de Chimalhuacán, Estado de México, el 28 de junio de 2010
En un primer momento, las autoridades cerraron el caso de Mariana bajo el argumento de ser un suicidio, por la insistencia de la madre fue reabierta la investigación en 2015; exhumaron el cuerpo y comprobaron que fue un feminicidio.
El 25 de marzo de 2015, en el natalicio de la joven, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió la sentencia Mariana Lima, a través de la cual se ordenó reabrir la investigación con perspectiva de género y debida diligencia.
A partir de la sentencia se pretende que toda muerte violenta de mujeres sea investigada como feminicidio y, después, descartarlo o confirmarlo en la investigación.
A nivel nacional, en 2022, la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana registró 3,775 asesinatos de mujeres, niñas u adolescentes, de los cuales 900 se investigaron como feminicidio.
En ese contexto, María de la Luz Estrada, representante del OVM, habló sobre los riesgos que hay para las mujeres en México.
“La realidad es que en México ser mujer es riesgoso. (…) Es algo que no hemos podido disminuir”, mencionó.
En el foro hubo presencia de diversas instituciones encargadas de impartir justicia, como la Fiscalía General del Estado (FGE), a quienes le exigieron atender de manera oportuna las investigaciones de mujeres asesinadas y desaparecidas.
En su respuesta, los asistentes de la FGE, en un intento de defenderse, dijeron que “muchas veces no podemos actuar con prontitud porque la familia y amigos no quieren hablar”.
La encargada de despacho de la Fiscalía sobre los femicidios, Cinthia Velázquez Sánchez, argumentó que la dependencia capacitan al personal en perspectiva de género para manejar de manera adecuada estos casos.
“Estamos tratando que todas las muertes violentas del estado se investiguen bajo esta perspectiva”, insistió.
Sobre el protocolo que utilizan para investigar los feminicidios en el estado, comentó que tiene extractos de la Sentencia Mariana Lima.
Al foro también asistieron víctimas de violencia de género, tal es el caso de Alejandra Mateos Jiménez, sobreviviente de feminicidio; aun cuando ya hay una sentencia en contra de su agresor, este no ha pisado la cárcel por la lentitud del sistema judicial.
A través de un amparo el agresor de Alejandra trató de librar la cárcel y por la tardanza de dictaminarlo, éste se fugó a los Estados Unidos, donde ya agredió a dos mujeres más.
La estrategia legal puesta en marcha en Baja California, Hidalgo, Oaxaca y Veracruz busca enfrentar el hecho de que, pese a que el aborto ya está despenalizado en esos estados, instituciones de salud federales se niegan a realizarlo porque las leyes federales aún no están actualizadas.
Texto: Marcela Nochebuena
Fotografía: Amílcar Juárez (Archivo)
20 de febrero del 2023
Colectivas de Baja California, Hidalgo, Oaxaca y Veracruz impulsan una estrategia legal para lograr que los servicios federales de salud garanticen el acceso al aborto, ya despenalizado hasta la duodécima semana de gestación en esas entidades.
Acompañadas por AbortistasMx, agrupaciones y colectivas de esos estados promueven amparos para que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) garanticen los servicios de aborto voluntario en todos los casos.
La omisión ante una iniciativa de reforma a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley General de Salud y el Código Penal Federal —congelada en el Congreso desde 2021— ha permitido que, en numerosos casos, los institutos nieguen el servicio de aborto voluntario aun en los estados donde ya está despenalizado, pues la normativa aún no lo contempla.
El IMSS y el ISSSTE siguen negando la interrupción legal del embarazo, pero también su aplicación bajo ciertas causales contempladas en leyes locales, porque el Código Penal Federal solo contempla tres: cuando el embarazo es resultado de una violación, cuando existe peligro de muerte de la mujer embarazada y cuando el aborto es espontáneo o accidental.
“Lo que hemos visto es que, aunque hay avances —tenemos ya 11 estados de la República que han despenalizado parcial o totalmente los servicios de aborto—, el acceso en IMSS e ISSSTE está restringido, y eso no corresponde a la realidad del país cuando sabemos que el tema del acceso a la seguridad social depende del trabajo”, explica Ninde MolRe, coordinadora de incidencia de AbortistasMx.
Desde la organización se han percatado de que, además, en estados como Hidalgo los servicios de aborto gratuito en clínicas estatales suelen negarse a personas que ya tienen seguridad social, por lo que no es un servicio universal. En consecuencia, esa situación sigue remarcando las diferencias en el acceso a servicios de salud para mujeres y personas con capacidad de gestar.
Por eso, desde AbortistasMx —plataforma de acompañamiento legal a colectivas y organizaciones interesadas en la despenalización del aborto— se ideó la estrategia de los amparos, que hasta ahora se está implementando en Baja California, con Las Calafias y Brujas Californianas; en Hidalgo, con Di Ramona; en Oaxaca, con Ixmucane AC, y en Veracruz, con Marea Verde Altas Montañas y un despacho de abogadas.
“Estamos implementando esta estrategia para pedir que se extiendan los servicios de aborto a IMSS e ISSSTE en estos estados… El amparo es un mecanismo que el Estado nos da a los ciudadanos para defendernos de las autoridades cuando hay violaciones a nuestros derechos humanos. En este caso, lo que nosotras estamos aludiendo es que en los servicios de salud federales, que son servicios que el Estado provee, el Congreso y el Ejecutivo federal no están respetando los derechos reproductivos de las personas”, señaló MolRe.
Estos son derechos humanos que deben garantizarse, según lo establece la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en su sentencia 271/2021 de septiembre de 2021. En ella, el máximo tribunal declaró inconstitucional criminalizar el aborto de manera absoluta. El Código Penal Federal permanece sin ser homologado a ese criterio, pues penaliza el aborto completamente con excepción de las tres causales que contempla.
Los amparos en los cuatro estados han sido firmados por derechohabientes del IMSS o ISSSTE, ya sea derivado de su trabajo o del seguro facultativo, y serán jueces federales quienes determinarán si son procedentes o no. Un primer avance ya se dio en Oaxaca en diciembre pasado, donde se ganó el primer amparo promovido por una mujer derechohabiente del ISSSTE contra el Código Penal Federal, solicitando su inaplicación.
“No solamente es el acceso a los servicios, sino la no criminalización. Esta mujer se amparó en el estado de Oaxaca, y el juez declaró que el Código Penal Federal es inconstitucional por restringir el derecho al aborto de forma total”, relató MolRe. Esa sentencia ya es firme, y por lo tanto, será un antecedente que servirá para el resto de la estrategia. En ese instrumento, sin embargo, no se pidió el otorgamiento de servicios, sino simplemente la inaplicación e inconstitucionalidad del delito de aborto previsto en la normativa federal.
Los siguientes amparos sí contemplarán ambos aspectos. Por un lado, que a las personas no se les criminalice en caso de que necesiten un aborto, y por el otro, que sea parte de los servicios de salud para toda la población. “Estamos tratando de que esa sea la argumentación para generar un precedente, o de alguna forma obligar a IMSS e ISSSTE a brindar esos servicios”, agregó la activista
En septiembre pasado, Patricia Mercado, una de las senadoras promoventes de la iniciativa federal para garantizar el acceso al aborto, explicó a Animal Político que, dado que el delito se persigue a nivel estatal, la despenalización en cada entidad es indispensable, pero a nivel nacional la reforma más importante es a la Ley General de Salud, pues permitiría garantizar el aborto como un servicio gratuito por parte de la Secretaría de Salud, el IMSS y el ISSSTE. Aunado a ello, también sería necesario fortalecer las leyes propias de ambos institutos.
En respuesta a una solicitud de información sobre la cifra de interrupciones legales del embarazo practicadas en el instituto, el IMSS contestó que eran cero. En tanto, el ISSSTE declaró la inexistencia de la información “toda vez que el instituto no realiza Interrupción Legal del Embarazo, debido a que este no se encuentra contemplado dentro de la normatividad sectorial vigente”. En cambio, únicamente proporcionó los datos relativos a abortos y muertes fetales englobados en la misma estadística.
Servicio nulo: la experiencia en Hidalgo
“La realidad es que son nulos”, dice Daniela Téllez, de la organización de acompañantes Di Ramona, en Hidalgo, en torno a los servicios de interrupción voluntaria del embarazo por parte de IMSS e ISSSTE, a partir de la información que se recaba desde la colectiva. “¿Cómo es posible que en los estados tengamos ahora leyes más progresistas que a nivel federal?”, cuestiona.
A partir de la despenalización del aborto en esa entidad en julio de 2021, Di Ramona puso en marcha la línea telefónica ILE Hidalgo, a la que las usuarias pueden llamar para informarse sobre cómo acceder a esos servicios en el estado. Ahí, con mucha frecuencia, reciben la comunicación de derechohabientes de IMSS e ISSSTE que acudieron a buscar el servicio y se toparon con una negativa.
“Desde su derechohabiencia, se les impide acceder a los servicios dentro de sus clínicas locales y cercanas, por las cuales inclusive están pagando de sus salarios sus impuestos para poder acceder a servicios de salud integrales, pero lamentablemente en IMSS e ISSSTE no es una posibilidad”, asegura Téllez.
“Las usuarias tienen que trasladarse necesariamente a hospitales de la Secretaría de Salud pública del estado de Hidalgo, donde evidentemente los servicios tampoco son perfectos y se siguen sobresaturando debido a que la atención no se brinda donde ellas deberían poder acceder a su derecho”, añade.
El argumento llano es que ahí no se da el servicio. “’Aquí esas cosas no se hacen’, así de tajante”, señala la activista. Por ello, el proyecto ILE Hidalgo, que creó Di Ramona para difundir esos servicios en el estado primero mediante una campaña con la colocación de espectaculares en diversos puntos de Pachuca y muros rotulados en otros municipios clave, da cada vez más pasos.
A la difusión, siguió la línea telefónica exclusiva para la información sobre aborto legal —ruta, horarios, documentación, ubicaciones—, independiente de la que ya tenía Di Ramona para acompañamiento de abortos. Así, la campaña de comunicación se transformó en una de incidencia con la Secretaría de Salud de la entidad, a partir de las quejas sobre deficiencias que empezaron a recibir al inicio de la implementación.
Al mismo tiempo, comenzaron a hacerse evidentes las negativas en los servicios federales de salud. “Afortunadamente, las quejas que llegamos a tener de la Secretaría de Salud en mayor medida se fueron corrigiendo, pero era una constante la negativa por parte de IMSS e ISSSTE, la cual continúa aún hoy en 2023. Es una pena porque en noviembre salió la segunda edición del lineamiento técnico para la atención al aborto seguro nacional, e IMSS e ISSSTE pusieron ahí sus logos; entonces, es incomprensible”, relata Téllez.
Otra consecuencia importante de la negativa del servicio en los institutos federales es que, cuando las usuarias la reciben, se van con la idea de que no se puede abortar en ningún hospital en Hidalgo o incluso de que sigue siendo ilegal, explica. Además del rechazo, no reciben ninguna información adicional, orientación o redirección. De ahí surgió la necesidad de iniciar la estrategia legal en compañía de AbortistasMx.
“Tenemos altas expectativas de esta estrategia, no es la primera en su tipo: hace unos meses en Oaxaca se implementó un amparo muy similar, y la resolución fue positiva. No esperamos menos para el estado de Hidalgo… Sabemos que, si bien un amparo es una herramienta sumamente útil, muy contundente, que nos sirve muchísimo, tampoco lo es todo; entonces, seguimos trabajando desde otros ámbitos: la incidencia, la comunicación, la difusión y la defensoría de este derecho que, ya lo dijo la Suprema Corte, es un derecho y también un servicio esencial de salud”, concluye la activista.
En la imagen, activistas feministas durante la marcha del 8 de marzo del 2022. Foto: Amílcar Juárez (hemeroteca Amapola)
La Uagro borró ayer murales feministas y en reclamo de justicia por los 43 normalistas de Ayotzinapa de la fachada de la sede universitaria, y con ello se levantó el descontento de diversos grupos sociales
Texto: Amapola periodismo y José Miguel Sánchez
Fotografía: Oscar Guerrero
8 de diciembre del 2022
Chilpancingo
Después de que autoridades universitarias borraran los murales de protesta en la fachada principal de Ciudad Universitaria Sur (CU-Sur) de la Universidad Autónoma de Guerrero (Uagro), esta mañana artistas visuales e integrantes de colectivas feministas comenzaron a intervenir de nuevo los muros de la sede universitaria.
El artista plástico José Luis Correa Catalán, autor de mural en reclamo de justicia por los 43 normalistas desaparecidos, uno de los que fueron borrados de la fachada de CU, convocó a esta acción, también en protesta por la decisión de los funcionarios de la Uagro, en evidencia de una falta de respeto a los espacios culturales y de memoria social.
Desde las ocho de la mañana de hoy, él se dio cita en CU-Sur para iniciar el boceto de su nuevo mural; mañana continuará.
Desde anoche, integrantes de colectivas feministas, como Las Revueltas, acudieron a CU-Sur a escribir consignas en los muros recién pintados de blanco, en rechazo a la decisión de la Uagro y, sobre todo, a dejar claro los principios de su lucha.
Integrantes de colectivas feministas difundieron en redes sociales que regresarán el próximo sábado a realizar de nueva cuenta los murales. También convocaron a más mujeres y niñas a sumarse a esta acción, y para eso pudieron llevar su material, como brochas.
Se espera que en el transcurso del día de hoy y mañana sigan sumándose activistas, entre ellas una comisión de estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa.
El día de ayer, con pintura blanca, unas personas contratadas por la Uagro borraron murales de protesta, uno de ellos para exigir la aparición con vida de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa y el otro, más reciente, un mural sobre los derechos de las mujeres y un alto a la violencia de género.
Correa Catalán calificó el hecho como «una forma de borrar la memoria de las luchas sociales» por parte de las autoridades universitarias.
Correa Catalán denunció que aun cuando esta mañana ya estaba una aparte de los nuevos bocetos del mural, los trabajadores, con pintura roja, intentaron tapar los trabajos.
«Eso nos habla de que no fue un error humano como lo quiere hacer creer la Universidad», mencionó.
Esto porque el día de ayer, la Uagro emitió un comunicado donde expuso que “un error humano” el borrado de los murales. Además se comprometió a pagar el material que necesitaran los artistas para rehacer los murales.
Correa Catalán dijo que no aceptarán nada de la Universidad, confía en que la ciudadanía apoye con material y se atrincheren para defender el espacio.
«Porque este espacio ya no es de la Universidad, es un espacio de protesta que le pertenece a la lucha social, al pueblo y a los estudiantes».
El mural que creará de nuevo Correa Catalán será similar al que fue borrado; sólo hará algunas actualizaciones.
La Red Guerrerense por los Derechos de las Mujeres, en el marco del Día de acción global por la despenalización del aborto, informó que aún falta mucho en materia de salud y difusión para garantizar un aborto legal y seguro para las mujeres en la entidad.
En conferencia de prensa, la Red Guerrerense llamó a las instituciones de salud, públicas y privadas, a garantizar el derecho de aborto despenalizado desde el pasado 17 de mayo.
“Las instancias de salud deben ponerse al corriente con la reforma histórica que se logró en Guerrero el pasado 17 de mayo”, mencionó Viridiana Gutiérrez Sotelo, integrante de la Red.
Explicaron que a pesar de que existe disposición de parte de las autoridades de salud y de que ya se impartieron talleres al personal médico, aún hay muchos problemas que afectan la seguridad de las mujeres que decidieron interrumpir su embarazo.
“Ejemplo de ello es que continúa la práctica del legrado, cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) estableció que debe de eliminarse y sustituirse por una Aspiración Manual Endouterina (AMEU), en otros casos, las dosis con medicamentos no son las correctas, Desconocemos si estas prácticas se mantienen por falta de infraestructura o por desconocimiento de los procedimientos y normas”.
Otro de los retos que hay es la difusión de la despenalización del aborto en comunidades donde no se habla español, no hay luz, acceso a internet o teléfono.
La despenalización social es otro tema que preocupa a las activistas, porque consideran que las mujeres que deciden interrumpir su embarazo tienen miedo a ser juzgadas por su familia y comunidad cuando no tienen porque ser persuadidas para cambiar su decisión.
La Red mencionó que esas son problemáticas que tiene que asumir el Estado para garantizar un aborto legal, seguro y gratuito para todas las mujeres.
“Sabemos que aún existen muchos obstáculos, pero estamos seguras y confiadas de que este cambio será paulatino y gradual”, dijo Gutiérrez Sotelo.
De acuerdo con la información de la Red Guerrerense, desde que se aprobó la despenalización a la fecha acompañaron a 61 mujeres que decidieron interrumpir su embarazo, principalmente en Chilpancingo, Acapulco y Eduardo Neri.
Y están en un rango de edad desde los 13 hasta los 36 años, que son estudiantes, trabajadoras y amas de casa, con hijas e hijos, solteras y casadas.
La Red Guerrerense mandó un mensaje a todas las mujeres que quieran practicarse un aborto, que si tiene dudas pueden acudir a ellas por si necesitan un acompañamiento, las pueden localizar en sus redes sociales donde también está disponible un línea telefónica para mayor información.
La diputada de Morena, Gloria Citlali Calixto Jiménez, dijo que en el Congreso local trabajan en una reforma sanitaria para continuar con el proceso de legalizar el aborto.
Durante una conferencia de prensa, Calixto Jiménez mencionó la existencia de un anteproyecto para una reforma sanitaria que contempla cuidar los procesos para que los médicos practiquen abortos seguros y cuidando los derechos de las mujeres.
Calixto Jiménez explicó que en este anteproyecto se contemplaron las voces de médicos y equipo de técnicos del sector salud para garantizar el derecho de las mujeres a un aborto seguro.
Otro de los temas que abarca el anteproyecto de ley es la objeción de conciencia, que consiste en si un médico decide o no practicar un aborto.
«Habrá médicos que digan soy objetor de conciencia, pero en el momento de una emergencia no puede decir no porque la institución no es objetora de conciencia, todo eso se tiene contemplado en el anteproyecto».
«También contemplamos una educación, planificación, derechos reproductivos y un presupuesto», mencionó Calixto Jiménez.
Añadió que el anteproyecto aún no se presenta al pleno del Congreso local porque antes quieren asegurar que se apruebe la iniciativa.
«No sé trata de decir yo ya cumplí y aquí está una iniciativa, lo que estamos buscando es que se apruebe por lo que estamos haciendo los cabildeos necesarios».
La diputada morenista, quien es secretaria en la Comisión de Igualdad de Género, dijo que esperan presentar la iniciativa a finales de este mes para que también se contemple en el presupuesto del próximo año.
«No puede pasar del 15 de octubre por el tema presupuestal», sentenció.
Falta la despenalización social del aborto: colectiva feminista
Calixto Jiménez explicó el anteproyecto a una colectiva feminista que asistió al Congreso local a entregar una serie de recomendaciones para que los diputados legislen los pendientes que hay sobre la despenalización del aborto en Guerrero.
La colectiva asistió al Congreso local en el marco del Día de Acción Global por un Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
La propuesta del colectivo Siempre Vivas del Sur es para lo que llamaron «la despenalización social del aborto», que consiste en educación sexual en las escuelas, presupuesto para el sector salud y capacitación a médicos para practicar abortos seguros.
La propuesta fue entregada al Congreso local para que sea turnada a las comisiones de Justicia, Igualdad de Género y Salud.
Liduvina Gallardo Suastegui, integrante de la colectiva, mencionó que la propuesta que hoy entregaron al Congreso local resultó de talleres y foros en escuelas y con mujeres para conocer sus dudas acerca de la despenalización del aborto en la entidad.
Las integrantes de la colectiva fueron recibidas por la diputada Calixto Jiménez y Osbaldo Ríos Manrique, del mismo partido, quienes mencionaron que impulsarán la propuesta para que sea tomada en cuenta en las comisiones.
Ríos Manrique dijo que desde la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública trabajarán para que las reformas a las leyes sean acompañadas por un presupuesto, lo que reconoció muchas veces no sucede así.
La Red de Jóvenes Activistas por los Derechos Sexuales y Reproductivos (REDefine Guerrero), exigieron al Poder Legistativo, la Fiscalía General del Estado (FGE) y a la Secretaría de Salud, el acceso a servicios seguros y gratuitos para la interrupción legal del embarazo en el estado.
En el marco del Día de Acción Global por la Despenalización del Aborto que se celebra el 28 de septiembre, REDefine realizó actividades para informar a la ciudadanía sobre la despenalización del aborto.
Un stand informativo, al cual denominaron Picnic Abortista y un tendedero sobre experiencias de mujeres con el aborto, fueron parte de las actividades realizadas la tarde de este sábado en el Kiosco de la Alameda Francisco Granados Maldonado ubicado en el centro de esta capital.
Al término de las actividades exigieron al poder legislativo una reforma a la Ley 1212 de Salud del Estado para garantizar jurídicamente el derecho a un aborto seguro y gratuito.
A la FGE demandaron la liberación inmediata de las mujeres presas por abortar. Explicaron que estas mujeres están bajo proceso por el delito de homicidio en razón de parentesco.
En cuanto a la Secretaria de Salud, piden que se destinen los recursos suficientes para garantizar un aborto seguro y gratuito. Además de capacitar al personal de salud, para que brinden una atención eficaz y libre de violencia hacia las mujeres, adolescentes y niñas.
“Eliminar el delito de aborto del código penal del estado, no genera por sí solo las condiciones para acceder a servicios de salud gratuitos y seguros en toda la entidad, es por ello que exigimos acciones contundentes para proteger, reconocer y garantizar la salud sexual y reproductiva”, dijo una de las mujeres en un posicionamiento al finalizar sus actividades.
Picnic abortista para hablar sobre el aborto
Para informar sobre la despenalización del aborto se realizó esta actividad llamada Picnic Abortista.
Sentadas en medio del Kiosco ubicado en la Alameda, en medio un mantel verde, hojas de color verde, plumones, colores, crayolas y snacks llegaron las mujeres para unirse al Picnic Abortista.
“¿Qué sintieron cuándo se despenalizó el aborto”?, preguntó Angie de la Rosa Palafox, una de las organizadoras de la actividad.
Alegría, emoción, felicidad, fueron algunos de los comentarios en los que las participantes coincidieron.
De acuerdo con De la Rosa Palafox, esta actividad fue con el propósito de crear un espacio de confianza en el que las mujeres compartieran sus experiencias y dudas sobre el aborto.
“Queríamos que se sintieran cómodas, que se sintieran con amiga y que se sintieran en confianza de expresarse”, dijo la abogada activista feminista.
Las asistentes llevaron al picnic alimentos de color verde. Esto se especificó en el flyer que circuló días antes de la actividad.
Mientras compartían los alimentos las participantes realizaron actividades como, un tendedero donde escribieron frases sobre el aborto.
“Mi abuela, mi madre no tuvieron el derecho a decidir”, “Mi cuerpo mi decisión”, se leía en los carteles.
También pintaron dibujos alusivos al feminismo y al aborto.
Las organizadoras pidieron a las asistentes que ayudaran a difundir la información porque reconocieron que al vivir en la capital es más fácil acceder a la información, mientras las mujeres que viven en comunidades no tienen este acceso.
“La despenalización de la sociedad es lo más difícil”, expresó una de las asistentes, las demás apoyaron el comentario.
En el estado de Guerrero, el aborto se despenalizó el pasado 17 de mayo del 2022 y es la octava entidad en México en despenalizar el aborto.
Después de muchas movilizaciones y espacios de protesta para exigir la despenalización la REDefine quiso con estas actividades tener un encuentro más cercano con las mujeres.
La tarde de este martes la gobernadora del estado, Evelyn Salgado Pineda, dio el banderazo de salida del programa Transporte Violeta.
El Transporte Violeta es parte de las políticas públicas del gobierno del estado para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra niñas y mujeres.
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (IINEGI), nueve de cada 10 mujeres sufren acoso en el transporte público.
El evento se realizó en la explanada del palacio de gobierno.
Pablo Gordillo Oliveros, secretario técnico de la gobernadora, explicó que Transporte Violeta es un programa más para fortalecer y garantizar la integridad de las mujeres. Recordó que el pasado 18 de julio del 2022 activaron la Alerta Violeta, un programa de reacción inmediata en caso de la desaparición de alguna adolescente, niña o mujer mayor de 18 años.
“Al día de hoy este programa tiene una tasa de éxito de 97 por ciento. Con la identificación a salvo de 52 mujeres en lo que va del programa”, dijo Gordillo Oliveros.
Por el momento, el Transporte Violeta funcionará en Chilpancingo y Acapulco.
En Chilpancingo habrá 18 unidades exclusivas, con nueve rutas, las cuales son: Amate-Jacarandas, ruta Oriente, San Mateo, PRD Parte Alta, ruta Liverpool, ruta Santo Domingo-Mercado, Zinnia, Rosario Ibarra y Los Ángeles.
Se integran también 50 taxis exclusivos Violeta, de los cuales, 20 ya tienen video vigilancia y geolocalización.
En Acapulco habrá cuatro unidades del Acabús exclusivas, en las rutas uno y cinco.
En la actividad también estuvo presente el senador Félix Salgado Macedonio, padre de la gobernadora.
En su intervención, Salgado Macedonio mencionó el trabajo de Salgado Pineda en beneficio de las mujeres. “Es la primer gobernadora en denunciar públicamente la venta de niñas en el estado”, destacó.
“La violencia tiene que llegar a su fin. Guerrero tiene que ser el santuario de las mujeres”, dijo Salgado Macedonio, quien enfrentó durante su campaña en 2021 tres denuncias por abuso sexual. Al final, dejó de ser candidato por no comprobar gastos de campaña y su partido, Morena, designó como candidata a su hija.
La gobernadora felicitó a las y los transportistas por su disposición ante esta iniciativa.
“Esto va más allá de pintar las unidades, es todo un trabajo de capacitación constante para los transportistas, esperemos que más adelante su unan más unidades”, externó Salgado Pineda.
Dijo también que en su gobierno no se tolerará el acoso ni la violencia hacia las mujeres.
Esta es la primera etapa del Transporte Violeta, según se explicó. En la segunda etapa se espera que haya una aplicación en los teléfonos celulares para pedir los taxis, así como expandir la iniciativa a otros municipios.
El estado de Guerrero tiene dos alertas, una por violencia feminicida y otra por agravio comparado.
Por encima de estas medidas para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, este lunes 19 de septiembre fueron asesinadas cuatro mujeres en diferentes partes del estado.
La Red Guerrerense por los Derechos de las Mujeres exigió el desafuero del alcalde de Alcozauca, Sebastián Ortiz Sayas, quien fue acusado por su esposa de golpearla, para que responda por el delito de violencia familiar.
A través de un comunicado la Red Guerrerense por los Derechos de las Mujeres exigió el desafuero Ortiz Sayaz y rechazaron cualquier acto de violencia contra niñas, adolescentes y mujeres.
«Exigimos el desafuero del presidente municipal de Alcozauca; ningún agresor debe ocupar cargos públicos y ninguna persona puede ni debe estar por encima de los derechos humanos», se lee en el comunicado.
Las activistas y defensoras de los derechos humanos que conforman la Red, expusieron que Ortiz Sayas justificó la violencia contra su esposa y dijo que “los golpes son normales dentro del matrimonio».
El pasado 11 de septiembre, Rosalía Díaz Caballero denunció a su esposo a Ortiz Zayas, alcalde del municipio de Alcozauca, en la región de la Montaña, de haberla golpeado.
Horas más tarde, la Fiscalía General del Estado (FGE) informó que la Unidad Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Familiar del Distrito Judicial de Morelos recibió a la señora Rosalía «N» quien manifestó ser víctima de violencia familiar.
Señaló como su agresor al alcalde de Alcozauca, Sebastián «N», quien la agredió a las siete de la mañana del sábado 11 de septiembre.
“Las instituciones deben trabajar con perspectiva de género en las investigaciones para que las víctimas obtengan justicia, así como salvaguardar su integridad”, advierte la Red Guerrerense por los Derechos de las Mujeres.
En el comunicado expresaron su preocupación sobre la impunidad característica del sistema mexicano «ya que el 99 por ciento de los delitos contra las mujeres quedan impunes».
Explicaron que de acuerdo con los resultados más recientes de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en el Hogar (Endireh) 2021, publicados el 30 de agosto pasado, Guerrero ocupa el primer lugar en prevalencia de violencia en el ámbito familiar a nivel nacional.
Exigieron a la FGE hacer las investigaciones pertinentes y actúe conforme a derecho sobre el caso de violencia familiar en contra de Rosalía Díaz Caballero.
Un albergue de mujeres en situación de violencia dado de baja en 2018 del Registro Nacional de Refugios (RNR) por haberse detectado una serie de irregularidades sigue en funciones a pesar de que continúan los malos tratos y falta de alimentos, denunciaron las usuarias.
Una ex usuaria del refugio a quien para cuidar su identidad le llamaremos Ema, contó que su «expulsión» del albergue fue después que le pidió a la directora de este espacio Susana Castro Meza que le dieran atención médica a su pequeña hija que tenía tres días con una fuerte tos.
Fue una psicóloga la que le dio un medicamento porque en el refugio no había.
La denunciante afirmó que en una visita que realizó a este espacio la Procuradora de la Mujer, Yuridia Melchor Sánchez, ella y otras mujeres le entregaron varias cartas en las que le contaron todas las irregularidades que existen en el albergue.
El refugio funciona con recursos de la Secretaría de la Mujer del gobierno estatal.
La denunciante mencionó que el pasado 23 de junio hubo una reunión en la que estuvo Castro Meza, la procuradora, Yuridia Melchor y la directora de administración del refugio, Yolanda Rodríguez.
«En la reunión en la que estuvimos cinco de las siete usuarias nos dijeron que ya habían leído las cartas y que por ese motivo habría consecuencias legales contra nosotras», contó Ema.
En los escritos que le dieron a la funcionaria las mujeres detallaron el maltrato que sufren los niños como es la falta de un médico y de alimentos.
«Había ocasiones en que no había tortillas, agua y leche, y era la cocinera del albergue la que compraba de su dinero estos alimentos», refirió.
La ex usuaria mencionó que en esa reunión, Castro Meza aparte de amenazarlas les advirtió que ella tenía mucho poder porque era amiga de Pino Girón.
También se habló con la delegada regional de la Secretaría de la Mujer, María Delia Figueroa Salas, quien en vez de apoyarla le dijo que los tres meses para permanecer en el refugio ya habían concluido y que era tiempo que se fuera.
Estos espacios donde se les da cabida a las mujeres en busca de protección de ellas y de sus hijos menores establece un período de tres meses para que permanezcan en este lugar y salir con las condiciones de rehacer su vida.
«Yo le decía a la delegada (Figueroa Salas) que no me quería ir porque tenía que terminar con mis procesos legales y me faltaba reforzar la autoestima de mis hijos», dijo.
Mencionó que a pesar de que le decía a la funcionaria que quería permanecer en el albergue la expulsaron sin tener afuera un trabajo y una red de apoyo para que la cuidara.
Salió del refugio y con un dinero que le dio la delegada de la Secretaría de la Mujer pagó el alquiler de una habitación en un hotel donde durmió una noche acompañada de sus dos pequeños hijos.
Actualmente la ex usuaria vive en la casa de una amiga y para mantener a sus hijos se alquila en realizar tareas de aseo en las viviendas.
Ema quien decidió dejar a su esposo porque la violentaba psicológicamente y económicamente además de que le era infiel con otras mujeres, interpuso denuncias ante la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (CDHG) y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim).
En estas denuncias, Ema, relata la serie de maltratos, escasez de insumos y de recursos públicos que sufren las mujeres que acuden a este lugar para buscar protección de su vida.
Después de que Ema fue expulsada del refugio e hizo las denuncias, Castro Meza fue destituida y la Secretaría de la Mujer publicó una convocatoria para la elección de la nueva directora.
«Cuando dije todo lo que ahí pasaba la titular de la Secretaría de la Mujer (Violeta Pino) se molestó conmigo reclamándome porque mencione su nombre en la denuncia», afirmó Ema.
El pasado 18 de julio, tres ex trabajadoras de este refugio acudieron al Palacio de Gobierno y le entregaron un documento a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda sobre las irregularidades en este albergue en contra de ellas y de las usuarias.
Son dos enfermeras y una psicóloga las que fueron despedidas por la entonces directora del refugio Susana Castro las que denunciaron los maltratos que sufren las usuarias y sus pequeños hijos.
Marina Reyna Aguilar, presidenta de la Asociación Guerrerense Contra la Violencia hacia las Mujeres, dijo que las irregularidades que existen en este refugio de mujeres que han vivido violencia extrema es de varios años atrás y no en este gobierno.
Mencionó que por la «violencia institucional» que viven en ese albergue las mujeres fue el motivo de que la Red Nacional de Refugios (RNR) lo diera de baja desde el 2018.
«Llegan (las mujeres) de vivir una violencia extrema por parte de sus parejas o ex parejas y llegan a un espacio donde tendrían que darles una atención integral para salvaguardar su vida pero no es así porque muchas veces llegan a ese espacio ahora para sufrir una violencia institucional», añadió.
Este refugio para mujeres víctimas de la violencia fue creado durante el gobierno de Zeferino Torreblanca Galindo y empezó a decaer en su funcionamiento desde la administración de Ángel Aguirre Rivero quien gobernó del 2011 al 2014.
Reyna Aguilar dijo que su organización se ha ido enterando de esos abusos que se cometen en este refugio a través de las denuncias que han recibido de las ex usuarias.
«Hubo el caso del chofer de un vehículo oficial del refugio que andaba enamorando a las usuarias», contó.
Reyna Aguilar dice que el gobierno coloca es esos espacios a gente con las que tienen compromisos políticos y no a personas capacitadas que brinden una buena atención a las mujeres que sufren todo tipo de violencia.
Indica que los encargados del refugio hacen lo que les viene en gana porque no son vigilados por las autoridades y por ello va a proponer a la Secretaría de la Mujer que se nombre un comité integrado por la sociedad civil y el gobierno.
Este comité tendrá como principal tarea observar y evaluar el trabajo que se realiza en ese albergue.
Reyna Aguilar afirmó que es grave que cuando las mujeres salen del refugio no tengan una protección y tampoco un sustento económico.
Por eso dijo que es necesario que la Secretaría de la Mujer tenga un presupuesto especial para destinarlo a apoyos económicos a las mujeres que salen del albergue además de que se les dé un seguimiento a sus casos.
«No sabemos qué es lo que pasa con las mujeres después que salen del refugio expuestas a sufrir otra vez violencia», dijo la activista feminista.
Desde el 2018, refugio está dado de baja por el RNR
Debido a que el refugio de Guerrero para mujeres que en situación de extrema violencia se han detectado una serie de maltratos a las usuarias, la Red Nacional de Refugios (RNR) lo dio de baja desde el 2018 cuando era gobernador el priísta Héctor Astudillo Flores.
«Hicimos algunas observaciones después de las visitas que hicimos (al refugio) en donde recabamos algunos comentarios de las usuarias y no se corrigieron y ya no es integrante de la Red desde el 2018», afirmó la directora de la Red Nacional de Refugios (RNR), Wendy Figueroa Morales.
Mencionó que es la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) la que observa y evalúa que en los refugios se respeten los derechos de las mujeres.
El protocolo de estos refugios establece no mencionar su ubicación por la seguridad de las mujeres y sus hijos.
