Familias de la comunidad de El Caracol, municipio de Heliodoro Castillo, se desplazaron a Tlacotepec, donde fueron arropados por la ciudadanía ante la falta de apoyo del gobierno del estado
Después de ser atacados con seis bombas lanzadas con drones, al parecer por integrantes del grupo criminal de la Familia Michoacana (FM), el pasado 3 de mayo, familias de la comunidad de El Caracol, Heliodoro Castillo, se desplazaron a Tlacotepec, cabecera de este municipio, en donde fueron arropados por la ciudadanía ante la falta de apoyo del gobierno del estado, denunció el Centro de Derechos Humanos de las Víctimas por la Violencia Minerva Bello.
A los desplazados los apoyó también el párroco de Tlacotepec, “pero la ayuda humanitaria es insuficiente”, difundió en su comunicado este organismo, donde también informó sobre los detalles del ataque contra los ahora desplazados.
Desde el pasado 3 de mayo las familias desplazadas de El Caracol están refugiadas en el interior de una iglesia de Tlacotepec.
Un día antes, el 2 de mayo, los habitantes de El Caracol se percataron del sobrevuelo de varios drones sobre la comunidad. “El 3 de mayo nuevamente se percataron de los drones pero esta vez fueron lanzadas seis bombas, lo que ocasionó que la gente saliera de sus casas de manera inmediata para proteger la vida de los niños y las mujeres”.
Ante ello las familias decidieron desplazarse de su pueblo y trasladarse a Tlacotepec.
“A pesar de que la gente ya no estaba en su comunidad nuevamente el 8 de mayo fue atacada con 11 bombas con drones”, se lee en el comunicado del Centro Minerva Bello.
Desde hace seis meses la gente de El Caracol se había percatado de la presencia de hombres armados en las orillas del río del pueblo, que habrían identificado como miembros de la FM.
“Los hombres armados le decían a la gente que no los querían ver a la orilla del río y que si lo hacían se atuvieran a las consecuencias e incluso les impedían que visitaran a la localidad de Apaxtla de Castrejón”.
Este organismo de derechos humanos pide a las autoridades ayuda humanitaria a las familias desplazadas, porque la mitad de ellos presentan problemas de salud, como diarrea, tos, gripa, fiebre , dolor de cuerpo y de cabeza.
“El Centro de Derechos Humanos de las Víctimas por la Violencia Minerva Bello hace un llamado urgente a las autoridades de los tres niveles de gobierno para que en el ámbito de sus atribuciones realicen acciones que aseguren los derechos de la población, incluyendo medidas que garanticen su salud, educación, alimentación, vivienda y empleo en condiciones dignas”.
Pobladores desplazados de El Caracol, se resguardan en la Tlacotepec, cabecera municipal de Heliodoro Castillo, en la Sierra de Guerrero, después de un ataque presuntamente orquestado por la Familia Michoacana. Foto: Centro de Derechos Humanos Minerva Bello.
El deslave dejó a 100 personas sin viviendas; el muro de contención lo solicitaron desde hace 15 años que notaron los primeros signos de desgajamiento del suelo, pero nunca los escucharon
Texto: José Miguel Sánchez
Fotografía: Óscar Guerrero
8 de mayo del 2023
Chilpancingo
Alejandro Flores Solache vivía desde hace 25 años en la colonia 1 de Mayo en los márgenes de la barranca La Lobera, pero hace cuatro días su casa cayó al barranco como consecuencia del desgajamiento del suelo que la sostenía.
Dichos desgajamientos ocurren en la colonia desde hace 15 años y casi inmediatamente, informaron los colonos, solicitaron a las autoridades municipales la construcción de un muro de contención para evitar el desgajamiento. En 15 años pasaron cinco administraciones municipales, pero ninguna atendió su petición y ahora el desprendimiento del suelo es un hecho.
La mañana del 4 de mayo, la casa de Alejandro Flores cayó dentro de la barranca La Lobera, su vivienda se ubicaba al final de una calle cerrada que daba al barranco; fue uno de los primeros afectados.
“Desde hace como ocho días comenzó todo esto, de repente sentíamos cómo se movía el piso y pensábamos que eran temblores, pero vimos cómo cada vez se desjagaban pedazos más grandes de la barranca”, contó en entrevista.
Fue la madrugada del 4 de mayo que los vecinos, asentados en los márgenes de la barranca decidieron sacar sus pertenencias ante el riesgo de que sus viviendas cayera con todo y el suelo que las sostenía.
“Entre todos nos apoyamos y logramos sacar lo que se pudo”, recordó Alejandro Flores.
Finalmente el pedazo de tierra sobre el que se cimentada la casa de Alejandro. cayó; desde arriba se observa el techo de lámina y algunas paredes de madera que quedaron bajo tierra.
“Todo nuestro patrimonio se perdió, por eso queremos el apoyo de la gobernadora (Evelyn Salgado Pineda) y del gobierno federal; cómo de la noche a la mañana vamos a perder todo”, mencionó.
El caso de Alejandro, hasta el momento, es el más grave, su casa cayó al barranco; otras nueve están en riesgos del mismo destino.
Esta mañana, la alcaldesa de Chilpancingo, la morenista Norma Otilia Hernández Martínez, informó en su conferencia de prensa matutina que hay un total de 33 viviendas en riesgo y el número de personas desalojadas puede aumentar en estos días.
La tragedia se pudo evitar
“Ahora que se dio a conocer la tragedia muchos dicen que es nuestra culpa, por venirnos a vivir cerca de la barranca, pero esa gente no sabe; cuando nosotros llegamos los márgenes de la barranca era, a partir de nuestra casa, unos 70 metros hacia adelante, no había ningún peligro”, contó otra de las vecinas afectadas.
Alejandro mencionó que desde que comenzaron a poblar la 1 de Mayo, hace 25 años, la barranca por causas naturales presentaba desprendimientos de ladera pequeños, que no comprometían las viviendas ni la seguridad de los colonos.
Fue hace 15 años que vieron que los desprendimientos eran constantes y se acercaba a sus viviendas, por lo que solicitaron al Ayuntamiento de Chilpancingo la construcción de un muro de contención para evitar más desprendimientos.
“Desde hace cinco administraciones estamos metiendo oficios y solicitudes para que nos pudieran construir un muro de contención, en ese entonces pequeño, con el que evitaran más desprendimientos, pero nadie nunca nos hizo caso”, dijo Alejandro.
La falta de un muro de contención hizo con el tiempo, las lluvias y los temblores la ladera de la barranca no lograra sostener a las 10 viviendas que están cimentadas en sus márgenes y que son hoy zona de riesgo.
“Si le hubieran invertido desde que los solicitamos se hubieran evitado muchos problemas, pero esos políticos sólo quieren para su bolsillo y nos dejan aquí con el problema”, mencionó.
Durante la conferencia matutina de hoy, el coordinador de Protección Civil Municipal, Sergio Del Moral Benítez, dijo que el reblandecimiento de tierra que ocasiona los desgajamientos en la barranca se debe a las fosas sépticas de las viviendas.
Dicha información fue desmentida por Alejandro, porque la 1 de Mayo es una colonia regularizada, es decir, todos tienen tomas de drenaje y agua potable.
En el caso de las 10 viviendas más afectadas, sus cimientos ya quedaron expuestos y no hay rastro de humedad o de alguna fosa séptica debajo de las viviendas.
La teoría de los vecinos es que debajo de la barranca corre un río subterráneo que es lo que genera la humedad y reblandecimiento de tierra.
Sólo pedimos el apoyo que nos merecemos
En la calle contigua a las viviendas afectadas hay un pequeño campamento de colonos, desde donde montan guardias para vigilar que nadie entre a sus viviendas desalojadas a robar.
“De todo quieren hacer leña del árbol caído”, comentó Alejandro en el campamento.
El sábado pasado la zona afectada fue visitada por el secretario general de Gobierno, Ludwing Marcial Reynoso Núñez, quien sólo les prometió que enviaría al Ejército para resguardar las viviendas.
A dos días de esa promesa no hay presencia militar ni de la Policía Estatal, de acuerdo con un recorrido que se hizo por la colonia.
“Los únicos que hasta ahorita han apoyado son las autoridades municipales, el DIF municipal nos trae comida al campamento y policías municipales están aquí resguardando, pero no es suficiente, sabemos que ellos se cansan y cómo si no hubieran más elementos estatales o federales para venir a apoyar”, dijo.
La petición de los colonos afectados es acceder a un plan de reubicación que les pueda garantizar su derecho a una vivienda.
La única propuesta hasta ahora es acondicionar un terreno en la colonia PRD para construir viviendas provisionales. “No queremos eso, al rato que le hayamos invertido a esa vivienda y los de la colonia ya nos quieran correr, nos vamos a ir a la calle de nuevo”, agregó Alejandro.
Por el momento, los colonos afectados esperan un dictamen de la Secretaría de Protección Civil estatal en el que se explique la situación y, entonces, comenzar los trámites correspondientes ante las dependencias federales para acceder a algún programa de vivienda.
Los restos de al menos ocho personas, entre ellas un menor de 15 años, que fueron fusiladas y enterradas en fosas clandestinas por el Ejército en Guerrero serán exhumadas, anunció Octaviano Gervasio Serrano, presidente del Colectivo de Esposas e Hijos de Desaparecidos y Desplazados de Guerra Sucia.
En una conferencia de prensa que ofrecieron en Chilpancingo, los familiares de desaparecidos en la décadas de los sesentas, setentas y ochentas denunciaron que de estas ocho personas torturadas y asesinadas por los militares borraron su identidad civil, es decir, sus nombres no aparecen en el Registro Civil de Guerrero.
Gervasio Serrano, hijo de Octaviano Gervasio Benítez, detenido y desaparecido por el Ejército en junio de 1974 en Atoyac de Álvarez, dijo que los familiares de las ocho víctimas narraron que fueron obligados por los militares a presenciar el asesinato y cuandi los tiraron a fosas clandestinas.
«Los familiares de las personas asesinadas por los soldados se salieron de su comunidad y viven con mucho miedo, pero ya decidieron denunciarlo ante la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía General de la República en donde ya se integraron las carpetas de investigación», comentó Octaviano Gervasio.
Mencionó que sólo falta que un juez de control ordene que realice la diligencia de exhumación de los restos humanos de las víctimas y después de una confrontación genética con sus familiares les den una sepultura.
«Estamos hablando de tres hechos diferentes en donde el Ejército asesinó y enterró en fosas clandestinas a un grupo de personas, uno en 1967, otro en 1971 y el tercero en 1974», dijo Gervasio Serrano.
Comentó que una de estas tres comunidades donde ocurrió la masacre perpetrada por el Ejército ya es un «pueblo fantasma», porque desde la «guerra sucia» solamente vive una familia.
«Los familiares tienen ubicadas el lugar exacto donde están las fosas, porque ellos fueron obligados por el Ejército a que vieran el asesinato de sus parientes».
Estela Arroyo Castro, quien en la rueda de prensa se conectó vía electrónica, informó que la denuncia la interpusieron el pasado 21 de abril pasado ante la FGE contra el Ejército por el asesinato de un grupo de personas, a quienes después enterraron clandestinamente.
«No podemos dar más información por el momento, ya que estamos en espera de que se ordene la exhumación, y por supuesto esperamos que se castigue a los responsables», dijo Arroyo Castro.
Gervacio Serrano agregó que la denuncia que interpusieron este grupo de familias contra los militares es un ejemplo de las atrocidades que realizaba el Ejército en Guerrero contra la ciudadanía, con el pretexto de detener a los integrantes de la guerrilla.
Condenó que en la recomendación 98-VG/2023, que recientemente emitió la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por la guerra sucia, hayan excluido a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), porque a su juicio fue el Ejército el principal responsable de las desapariciones y asesinatos de la gente.
En esa recomendación se le da un plazo al gobierno federal, Congreso de la Unión y el gobierno de Guerrero de seis meses para que realice plan de reparación integral a 814 personas que fueron víctimas del Estado.
El documento de la CNH relata casos de en San Luis Potosí, Veracruz, Ciudad de México, Guerrero, Tamaulipas, Jalisco, Sinaloa y Chihuahua.
Entre los casos más graves de violaciones a los derechos humanos durante ese periodo, destaca uno ocurrido en julio de 1972, en la comunidad de San Francisco de Tibor, del municipio de Atoyac de Álvarez, donde hubo un secuestro colectivo de personas.
En la conferencia de prensa, Arturo Miranda Ramírez, ex miembro de la guerrilla y dos veces detenido y torturado en el Cuartel 1 del Ejército en la Ciudad de México, dijo que en otros países, como Chile o Argentina u otros de África, los gobiernos han enjuiciado a mandos de sus ejércitos por violaciones de lesa humanidad, pero aquí en México los militares gozan de impunidad.
En este gobierno del morenista Andrés Manuel López Obrador crearon la Comisión de la Verdad para el caso de la guerra sucia.
«Nosotros vemos que todo apunta a que no habrá castigo al Ejército y todo lo que actualmente se está haciendo es una simulación», dijo Gervasio Serrano.
Mencionó que en los recorridos que han realizado los familiares de los desaparecidos en las instalaciones del Ejército aquí en Guerrero ni siquiera acude la FGR, por las investigaciones que debe realizar contra los militares.
Colectivos de victimas de la Guerra Sucia en conferencia de prensa anuncian que se exhumaran los cadáveres de personas fusiladas por el Ejército. Foto: Especial
¿Qué trabajo hizo el expresidente José López Portillo para la agencia de investigaciones de Estados Unidos? La revelación de que él y otros expresidentes fueron informantes de la CIA en el contexto de la Guerra Fría no asombra, dice en entrevista la periodista Laura Castellanos, autora del libro México Armado
Texto: Alejandro Ruiz / Pie de Página
Foto: Tomada de wikipedia
19 de abril del 2023
Ciudad de México
27 de noviembre de 1976: S.D. Breckinridge envía un memorándum a las oficinas de la Agencia Central de Inteligencia estadounidense (CIA).
En el documento, que apenas y rebasa las tres páginas, el agente detalla el seguimiento de una investigación contra Lee Harvey Oswald, acusado en ese entonces de asesinar al expresidente estadounidense John F. Kennedy. Oswald, al parecer, estaba en México, y la CIA le siguió los pasos.
El motivo de las comunicaciones era discutir si el gobierno estadounidense podía hacer públicos los archivos de su investigación contra el asesino de Kennedy. Pero el memorándum del agente encerraba un problema mayor: comprometer las instalaciones y operaciones de la CIA en el país, y con esto, a sus informantes.
Breckinridge, tras consultarlo con su equipo, lo escribe claro:
“Bill Strubitts [presunto agente de la CIA en México] señaló que México pronto tendrá un nuevo presidente, un hombre que ha tenido el control de enlace durante varios años. Se puede esperar que no vea con buenos ojos la publicidad de esa relación”.
Memorandum de la CIA, 1976
Cuatro días después, el 1 de diciembre de 1976, aquél político que podría incomodarse con la publicidad de esa información asumiría la presidencia de la república. El hombre era José López Portillo.
“Esta revelación que hacen documentos desclasificados que señalan a López Portillo como informante de la CIA, pues es nueva, pero no asombra”, dice en entrevista la periodista y autora del libro México Armado, Laura Castellanos.
¿Por qué? Laura explica:
“Se sabe el asesoramiento [al gobierno de México] que dio la Agencia [CIA] en estrategias contrainsurgentes, particularmente en los 60 y en los 70, a través de la Dirección Federal de Seguridad”.
Laura Castellanos
Entrenar para reprimir: la CIA en México
El fin de la Segunda Guerra mundial marcó el inicio de la polarización del mundo. Por un lado, la URSS y el pensamiento socialista habían demostrado su fuerza y la capacidad de vencer, y cada vez había más pueblos que militaban por esa causa, dispuestos a tomar el cielo por asalto. Por el otro, el asenso y consolidación del imperialismo norteamericano expandía sus redes al tercer mundo, afianzando su dominio económico, pero también ideológico y político.
Para los Estados Unidos, que proyectos políticos con el comunismo por bandera avanzaran posiciones no resultaba favorable a sus intereses. Por eso, dedicó todas sus estrategias y recursos para combatirlos. Su brazo ejecutor: la Agencia Central de Inteligencia (CIA).
“Recordemos el contexto de esa época, que después de la segunda guerra mundial el gobierno de Estados Unidos desarrolló una estrategia global que partió, que polarizó al mundo en dos. Y que por supuesto impactó directamente al Estado mexicano. En 1947 el gobierno de Estados Unidos creó la CIA, y a la par el gobierno mexicano creó la Dirección Federal de Seguridad (DFS)”, narra Laura Castellanos.
Era el gobierno de Miguel Alemán Valdés, y la urgencia de eliminar la subversión en el país lo motivó a crear la DFS. Su objetivo, principalmente, se centró en combatir los remanentes de la lucha zapatista que aún se movilizaba en el sureste mexicano, encabezados por figuras como Rubén Jaramillo.
Después llegaron los 50, y lo que parecía una desconexión entre esfuerzos sindicales y agraristas, comenzó a nutrir programas políticos que, más allá de la democratización y la ampliación de derechos, sentaba las bases de un nuevo proyecto de nación y disputaba el control del Estado. El movimiento se hizo partido, con bases sociales firmes y combativas.
El gobierno parecía verse rebasado, y después de que la devaluación de 1954 comenzara a trastocar la economía del pueblo, provocando su movilización en masa, llegó la represión.
Los asesinatos y encarcelamientos extrajudiciales contra trabajadores movilizados durante el sexenio de Adolfo López Mateos. Así como el asesinato de Rubén Jaramillo y las masacres del 68 y el halconazo dan cuenta de esto.
Los artífices: el ejército mexicano y la Dirección Federal de Seguridad, instituciones nutridas de cuadros formados en la Escuela de las Américas, una academia de contrainsurgencia inaugurada en 1946, operada por el ejército norteamericano y la CIA, donde se instruyó a militares y policías de la región en tácticas para desarticular a la oposición de sus países y “combatir el comunismo”.
Muchos de ellos integraron la DFS y lo que después se conocería como “las brigadas blancas”, un grupo paramilitar encargado de exterminar a la disidencia política del país.
“Recordemos que recientemente otros documentos desclasificados del gobierno de Estados Unidos también señalaron a los tres presidentes que antecedieron a López Portillo como informantes también de la CIA. Me refiero a Echeverría, Díaz Ordáz y a López Mateos”, recapitula Castellanos.
Particularmente, bajo el mandato de estos tres expresidentes, la contrainsurgencia en México cobró otro sentido: uno más profundo y generalizado.
Al frente de esta estrategia, dos nombres resuenan hondo: Miguel Nazar Haro y Fernando Gutiérrez Barrios.
Uno, Nazar Haro, nombrado titular de la DFS en el sexenio de Luis Echeverría. El otro, Gutiérrez Barrios, ex titular de esta misma Dirección durante el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz. Los dos, reconocidos en documentos de la CIA como informantes y colaboradores.
“Es importante recordar que López Portillo ratificó a Nazar Haro en la subdirección de la Dirección Federal de Seguridad, y a Fernando Gutiérrez Barrios en la subsecretaria de gobernación. Gutiérrez Barrios también es un personaje clave que también ha sido señalado por su cercanía con la CIA y con el gobierno de Estados Unidos”, precisa Castellanos.
López Portillo y la Guerra Sucia: testimonios acusan intervención de la CIA en interrogatorios
En su libro de memorias titulado Mis tiempos, el ex presidente José López Portillo escribiría: “Me impresiona el espíritu de sacrificio y disciplina de estos jóvenes dispuestos a matar o morir”.
Las líneas, aparentemente inocentes, escondían una contradicción de sentido, pues los jóvenes que admiraba eran los militantes de la Liga Comunista 23 de septiembre, una organización político militar que buscaba derrocar al Estado mexicano a nombre del comunismo.
El gobierno se encargó de encarcelarlos, torturarlos, asesinarlos y desaparecerlos, junto a cientos de militantes de otras organizaciones sociales y político – militares durante un oscuro periodo llamado la Guerra Sucia.
López Portillo fue uno de sus ejecutores.
“La presencia y la actuación de agentes de la CIA en acciones contrainsurgentes, tanto en el sexenio de Echeverría como en el de López Portillo, también ha sido denunciada por personas que fueron integrantes de organizaciones guerrilleras y sufrieron torturas y/o detenciones ilegales”, relata Castellanos.
Los testimonios los recogió la periodista en su libro México Armado, una crónica de los movimientos político-militares que surgieron en el país durante el periodo de 1943 a 1981. El libro, es también un relato de la represión organizada por el Estado y el papel intervencionista de las agencias de inteligencia estadounidense en la coordinación de la contrainsurgencia.
Laura recuerda:
“En México Armado recojo el testimonio de una ex guerrillera que, en el sexenio de Luis Echeverría, fue detenida y torturada por agentes de la Dirección Federal de Seguridad. Ella atestiguó que estuvieron presentes en esa sesión de tortura agentes de inteligencia estadounidenses que asesoraban a los agentes policiacos en técnicas para que el dolor se intensificara y prolongara”.
También, Castellanos reconstruye otra historia, la del ex rector de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, Felipe Martínez Soriano.
“El gobierno lo vinculó con la organización guerrillera Unión del Pueblo. Por esta supuesta vinculación su hija fue primero secuestrada, torturada y liberada días después, pero semanas más adelante él fue aprehendido sin orden judicial y lo obligaron a firmar su renuncia a la rectoría de la Universidad de Oaxaca, y él afirmó que su renuncia se la hicieron firmar en la Dirección Federal de Seguridad frente, cito ‘a dos personas de aspecto norteamericano, yo entiendo que eran de la CIA’. Esto sucedió en 1978, durante el gobierno de López Portillo”.
Su libro está plagado de testimonios, fechas, datos y nombres. Por eso, al recibir la noticia de que López Portillo era informante de la CIA en México, Laura no se sorprendió. Para ella, siempre fue clara la intervención de la Agencia norteamericana en el país. Y aunque la verdad con el paso del tiempo sale a la luz, la justicia sigue siendo un tema pendiente.
Los expresidentes, Adolfo López Mateos, Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverria y José López Portillo. Fotos: Tomadas de Wikipedia.
Este texto es propiedad de Pie de Página y los reproducimos como parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. Puedes leer el original en este enlace.
El pasado mes de marzo fue aprobada ante el Congreso de Jalisco una serie de reformas a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en torno a los ataques con ácido o alguna sustancia corrosiva. En éstas las y los diputados establecieron como mínimo una pena de 2 y hasta 15 años de prisión para los atacantes; sin embargo este tipo de agresión no fue considerado como intento de feminicidio.
La asociación civil Unión Diversa de Jalisco consideró que estas reformas, y sobre todo penas, se quedan contar al castigar penalmente este acto de violencia que con toda ensaña buscan agredir física y psicológicamente a sus víctimas. Esta organización ha tratado este tema desde el caso de Zoé, una mujer trans atacada con ácido en octubre de 2021 y posteriormente discriminada en un hospital privado por su identidad de género y quienes le negaron atención.
Zoé pasó hasta tres días sin atención médica especializada, ya que tras el caso de discriminación que vivió por parte del personal del Hospital Santísima Trinidad, su familia la llevaron a una Cruz Verde, sin embargo allí también ocurrió un acto de negligencia al recibirla pero darla de alta de inmediato con heridas en su cuerpo tan severas que sufrió la perdida de su oreja.
A pesar de la existencia de leyes y reformas, desde Unión Diversa de Jalisco consideran que en Jalisco no se está capacitado, en todas las instancias, para la atención a víctimas de ataques con ácido, como lo demuestra el caso de Zoé. Para ello debe brindarse una reparación integral del daño.
Texto: Leslie Zepeda / ZonaDocs
Ilustración: Luciana Peinado
17 de abril del 2023
México ha registrado hasta 34 víctimas de ataques con ácido, esto en los últimos 20 años, mientras solamente un agresor ha obtenido sentencia por este delito, así lo afirma la Fundación Carmen Sánchez MX. Una de ellas es Zoé, mujer trans sobreviviente de este tipo de agresión ocurrida el 19 de octubre de 2021 en pleno Centro Histórico de Guadalajara.
Ha transcurrido ya un año y cinco meses desde el ataque con ácido y la carpeta de investigación en la Fiscalía de Jalisco continúa abierta, donde como la gran mayoría de los casos, su agresor no ha obtenido una sentencia porque, incluso, continúa prófugo de la justicia. Lamentablemente Zoé no solamente fue víctima del ataque de ácido y posteriormente de discriminación en el Hospital Santísima Trinidad.
Además, Zoé también vivió un acto de negligencia médica por parte de personal de la Cruz Verde, así lo relata Fascinación Jiménez, presidenta de Unión Diversa de Jalisco AC, cómo su familia en búsqueda de atención médica la trasladaron por sus medios a una de ellas, donde la dieron de alta poco después de revisarla y decidir que sus heridas no eran graves, esto a pesar de que una de las consecuencias del ataque fue la pérdida de una oreja.
Precisamente la organización Unión Diversa de Jalisco AC le brindó acompañamiento a Zoé y su familia, esto un par de días después de la agresión que sufrió. Fue alrededor del tercer día cuando debido al dolor y negligencia de la Cruz Verde que su familia en busca de ayudarla dio con el contacto de la asociación. Por lo que tras al menos tres días sin atención especializada, fue trasladada al Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, donde finalmente recibió un tratamiento a sus heridas ocasionadas por el ácido.
A consecuencia de la agresión tuvo que ser ingresada a quirófano hasta en cuatro ocasiones, cuenta Fascinación Jiménez:
“De primera mano fue un tema de negligencia – en la Cruz Verde- porque si la revisaron, la atendieron bien, sin embargo, no sé qué esperaban ver que fuera una urgencia mayor para poder actuar. Una vez que ella ingresa al Hospital Civil viejo, creo que tuvo tres o cuatro ingresos al quirófano, entonces estamos hablando de que ella necesitaba una atención especializada urgente y que si ella hubiera decidido sí denunciar, entonces también la Cruz Verde hubiera tenido una carga legal ante esta situación”.
La presidenta de Unión Diversa de Jalisco supone que esa habría sido la sanción ya que Zoé decidió no tomar acciones legales contra el hospital privado ni contra la Cruz Verde. Una decisión que fue respetada por la asociación, ya que además comprenden que vivir un ataque de ácido significa vivir múltiples daños, entre ellos psicológico. Más que nada conocen la burocracia y revictimización en las instituciones como lo son precisamente las fiscalías.
“Ella no quiso tomar cartas en el asunto en tema legal y es muy respetable esa decisión por parte de las víctimas, es algo que siempre se debe de respetar y hacer valer sin embargo, me atrevo a decir que por el evento tan traumático, yo creo que las víctimas en el momento no quieren este entrar en esto, porque aparte los trámites son burocráticos, desgastantes y traumáticos, hasta revictimizantes”, añade Fascinación.
La asociación civil hizo lo que estuvo en sus manos: levantó una queja por discriminación en contra del Hospital Santísima Trinidad ante el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), que a pesar de la demora fue favorable, por lo que tuvieron que capacitar a su personal en atención a población LGBTIQ+.
El Hospital Santísima Trinidad se excusó ante el CONAPRED que no se debió a un acto de discriminación, a pesar de que la familia de Zoé afirmó que decidieron no atenderla al no coincidir su documentación de identificación con ella. Aún así el hospital negó esta declaración y dijo negar la atención porque no tenían la capacidad de atender las heridas, una estrategia legal según interpreta Fascinación Jiménez.
“Creemos que esto es bastante grave por parte del hospital que le negaron la atención por un caso de discriminación y porque la víctima no quería, ni podía denunciar ese momento, ya que se encontraba entre quirófano y quirófano Si no tienen el equipo y no son capaces, lo que deben de tener es un protocolo para que se canalicen ese tipo de pacientes. Eso deberían de tener todos los hospitales, no nada más este hospital. En caso de que nieguen las acciones, estos negocios pueden llegar a ser clausurados, multados e incluso cerrados”.
Para Unión Diversa de Jalisco el caso de Zoé representa la poca capacidad con la que cuenta el Estado, específicamente en Jalisco, por atender estas agresiones perpetradas contra mujeres. Para Fascinación Jiménez esto evidencia una serie de negligencias por las que pasan las víctimas de ataques con ácido. Por ende, reconoce que el gobierno no cuenta profesionales especializados, tampoco sensibilizados en atender a personas en vulnerabilidad como lo es la población LGBTIQ+.
“No estamos hablando de cosas banales, estamos hablando de vidas humanas y las vidas de las chicas trans importan, que además son parte de la población LGBT más vulnerable, son las que viven mayores violencias, ellas tienen un promedio de vida de 35 años. Entonces creemos que están en un doble estado de vulnerabilidad por su identidad de género y por ser mujeres”, enfatiza.
Mural a la memoria y lucha de las mujeres que han sido atacadas con ácido. Fotografía: ZonaDocs
“Esta ley se queda corta”, reforman Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
El pasado 14 de marzo diputadas y diputados del Congreso de Jalisco hicieron una serie de reformas a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, esto con 34 votos a favor. Los resultados se traducen en penas de 2 a 15 años de prisión a personas que perpetúen ataques con ácido o cualquier otra sustancia corrosiva. Así como supone la regularización de venta de sustancias químicas corrosivas, cáusticas, tóxicas o inflamables.
Asimismo, afirmaron que en caso de involucrar una razón de género la pena por el ataque podría ser mayor, de hasta 20 años de prisión, e igualmente cuando el agresor tenga algún tipo de relación, ya sea de pareja, o cualquier, como laboral, consanguínea, familiar, etc. Durante la presentación de estas reformas fue mencionado justamente el caso de Zoé entre los casos que resaltan en Jalisco.
Y es que bajo este escenario el caso de Zoé, como mujer trans víctima de ataque de ácido, es que resulta importante relatar su vivencia. Así lo indica Fascinación Jimenez, quien desde su representación como presidenta de Unión Diversa de Jalisco, se posicionaron ante las reformas aprobadas por el Congreso de Jalisco, ya que no consideran suficientes para atender un problema como este, de tal magnitud.
“Ahora que salió esta reforma aquí en Jalisco sí creímos que se quedó corta, en el sentido de que es muy amplia la pena, o sea, creemos que dos años le pueden dar a un atacante y creemos que es súper leve. Porque un ataque de ácido es algo que busca dañar permanentemente, psicológicamente, físicamente, emocionalmente por siempre, que puede hacerte un daño tanto físico como puedes perder la vida”.
Lo más lamentable es que esta reforma no considera los ataques con ácido ni siquiera como un intento de feminicidio, un punto que para Fascinación debería contemplarse inicialmente para buscar la prevención del delito.
“Debería de ser de un delito que se abra como carpeta de intento de feminicidio y debería de ser grave, no entendemos porque la pena de dos años. Creemos que se quedó corta en ese sentido y que en torno a esta reforma también debería de haber otro tipo de acciones”, insiste.
Como lo fue en el caso de Zoé, para el resto de víctimas no ha habido una reparación integral del daño, sobre todo es necesario el acompañamiento integral a las víctimas, dado que no solamente es necesaria la atención médica, sino que sea especializada dadas las heridas que pueden ocasionar las diferentes sustancias químicas, y principalmente los estragos psicológicos, por lo que debería de brindarles atención psiquiátrica también, puntos que estas reformas no contemplan.
“Son daños que llevan tiempo, a veces se necesitan cirugías, asesoría psicológica, a veces incluso psiquiátrica porque hay secuelas en temas de ansiedad, de delirios de persecución. Es inmenso el tema, que no nada más es un parche, es un tema profundo”.
En México hay múltiples leyes, ahora reformas a estas, Centros de Justicia para la Mujer y demás instancias que atienden la violencia de género; sin embargo, para Fascinación Jiménez, ninguno de estos instrumentos es suficiente para atender la violencia machista y contra atacar al sistema patriarcal que más allá de atenderla, la acrecenta.
Por ello, es fundamental atender las diferentes violencias desde la prevención, es decir, el machismo. Porque para ella la cosificación de las mujeres es uno de los principales problemas por atender, que la integridad de las mujeres no valga, en dado caso, dos años de prisión como lo plantean en estas reformas.
Texto: José Miguel Sánchez Fotografía: José Luis de la Cruz (Archivo) 27 de marzo del 2023 Chilpancingo
El coordinador municipal de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) de Rincón de Chautla, municipio de Chilapa de Álvarez, David Sánchez Luna, denunció que la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) pretende retirar de la comunidad a la única maestra que atiende a los niños del preescolar.
Son 22 niños del preescolar Nicolás Bravo los que se quedarían sin clases
En una carta dirigida a la gobernadora Salgado Pineda y a la SEG y a su titular, Marcial Rodríguez Saldaña, la coordinación de la CRAC en Rincón de Chautla solicitó no cancelar la clave presupuestal de la maestra de preescolar Antonia Hilda Mesa Castro.
«Nuestros niños necesitan la educación, como lo ha dicho la gobernadora del estado Evelyn Salgado Pineda, que primero es la educación a los pueblos marginados o pueblos indigenas», se lee en la carta dirigida a Rodríguez Saldaña.
En la carta explicaron que apenas el 20 de febrero pasado la maestra llegó a la comunidad y a un mes de eso la SEG le notificó la cancelación de su clave.
«Nuevamente nos la quieren quitar (a la maestra) y dejar sin clases a nuestros niños», se lee en la carta. Mesa Castro ya fue informada de un cambio de plaza en otra comunidad.
«Según ya hablamos con el gobierno y nos dicen que ya lo están revisando, pero van lentos y en lo que lo revisan, pues, los niños van a perder clases», mencionó Sánchez Luna en entrevista.
La razón por la que los pobladores se niegan a que cambien de comunidad a la maestra Mesa Castro, es porque quien está adscrita a la comunidad, de nombre Marcelina Modesto Morales, tiene doble plaza. Es decir, está adscrita al preescolar Nicolás Bravo de Rincón de Chautla, y al de la comunidad de Chilacachapa, municipio de Tixtla.
«Por lo que se entiende que no hay garantía de que nuestros niños sigan estudiando», se lee en la parte final de la carta que también lleva remitente al director de Gobernación, Francisco Rodríguez Cisneros, y a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero (CDHEG).
Rincón de Chautla, ubicada en la Montaña baja de Guerrero, enfrenta altos índices de pobreza y marginación; sus habitantes sufren la inseguridad y violencia provocada por grupos criminales con relaciones políticas y económicas. El saldo de este fenómeno de la violencia son personas asesinadas y desaparecidas, también ante la inacción de las autoridades de los tres niveles de gobierno.
Cuatro niños toman clases después del confinamiento en 2021 generado por la pandemia de la Covid-19 en el Jardín de Niños Independencia, en la colonia Florida de Chilpancingo. Foto: José Luis de la Cruz (Archivo Amapola)
Integrantes de los colectivos y diputadas y diputados locales retoman los trabajos de la Ley en Materia de Desaparición de Personas y Desaparición Forzada
Texto: José Miguel Sánchez
Fotografía: Óscar Guerrero
17 de marzo del 2023
Chilpancingo
La Comisión Estatal de Atención a Víctimas (CEAV) no cuenta con presupuesto, oficina ni personal suficiente para atender a las víctimas, denunciaron ante las diputadas y los diputados locales integrantes de colectivos de búsquedas de personas desaparecidas.
«La Comisión Estatal de (Atención a) Víctimas no tiene ni oficina, es una casa que no tiene las áreas adecuadas para atender a las familias, no hay la infraestructura ni del lugar ni del personal. Queremos personal calificado para atender a las víctimas, tanto psicólogos, secretarias y todo», mencionó la representante del Colectivo de Familiares en Búsqueda María Herrera, Gema Antúnez Flores, quien asistió a la reunión.
Esta información fue revelada en una reunión entre los colectivos y un grupo de legisladores locales para comenzar los trabajos de la Ley en Materia de Desaparición de Personas y Desaparición Forzada.
Para ejemplificar la problemática, Antúnez Flores mencionó algunos necesidades urgentes.
«En la Comisión (Estatal de Búsqueda) pasó un caso de un psicólogo que resultó ser un acosador que no tenía ni título profesional, y luego si tenemos una emergencia tenemos que hacer fila para acceder a esos servicios», agregó.
Ante las diputadas y los diputados denunció que la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP) sólo cuenta con una persona asignada para la búsqueda de personas.
«Tantos colectivos que somos y cuando solicitamos búsquedas tenemos que hacer fila hasta que se desocupen de la búsqueda que algún otro colectivo esté haciendo en ese momento», mencionó.
En dicha reunión los colectivos pidieron a legisladores locales más presupuesto para la CEAV y la CEBP, ambas dependientes de la Secretaría General de Gobierno.
De acuerdo con el Presupuesto de Egresos del estado, a la CEAV se le otorgo para este año un presupuesto de 13 millones 577 mil, que representa una tercera parte de lo que recibe la Oficina de la Gobernadora, con 33 millones 95 mil pesos a su disposición.
Después de una movilización el pasado 7 de marzo, por parte de varios colectivos de búsqueda de personas, este viernes se realizó la reunión entre un grupo de diputados y representantes de los colectivos para comenzar los trabajos para crear la Ley en Materia de Desaparición de Personas y Desaparición Forzada.
Tanto la movilización de la semana pasada y la reunión de hoy tienen el fin de presionar a los legisladores locales para que aprueben una iniciativa de ley para que las víctimas directas e indirectas de desaparición y desaparición forzada tengan un marco jurídico mediante el cual puedan acceder a una búsqueda pronta.
Para llegar a esta primera reunión con los legisladores locales, los colectivos tuvieron que marchar, bloquear los accesos al Congreso local y los cuatro carriles de la Autopista del Sol el pasado 7 de marzo, por cinco horas.
Derivado de ese bloqueo y manifestación las diputadas y los diputados pusieron como fecha este día para un primer encuentro.
Para seguir con el análisis de la iniciativa de ley, agendaron ambas partes otra reunión para el próximo 21 de abril y dependerá de los avances, pero esperan que la iniciativa suba al pleno del Congreso local para su votación a mediados de junio próximo.
Al finalizar la movilización del 7 de marzo, Antúnez Flores denunció que los legisladores de la 62 legislatura, es decir, la anterior, perdieron una iniciativa que los colectivos trabajaron desde 2019 con la Cruz Roja Internacional.
«Afortunadamente nosotros conservamos una copia, lo que viene ahora es leer lo que ya tenemos avanzado y aportar a esta nueva que se está haciendo».
En la reunión estuvo presente la diputada y presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Yoloczin Domínguez Serna, y los diputados integrantes de la Comisión de Derechos Humanos, Leticia Mosso Hernández y Osbaldo Ríos Manrique.
De parte de los colectivos asistieron representantes de Familiares de Acapulco en Búsqueda de sus Desaparecidos; Familiares en Búsqueda María Herrera; Colectivo de Desaparecidos Lupita Rodríguez Narciso y Los Otros Desaparecidos de Iguala.
Los ausentes en esta reunión fueron la Fiscalía General del Estado (FGE), la Comisión Estatal de Atención a Víctimas (CEAV) y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero (CDHEG), a quienes los colectivos hicieron un llamado a integrarse a los trabajos para le creación de esta ley.
«Queremos que se valore el área, el presupuesto y se le garantice a las personas su derecho a ser buscados», dijo Antúnez Flores.
Familiares de personas desaparecidas durante la movilización del pasado 7 de marzo para exigir al Congreso legislar en materia de desaparición de personas y desaparición forzada. Foto: Óscar Guerrero.
Hace ocho años, Eloisa Campos Castillo inició la búsqueda de su hijo Randy Jesús, desaparecido en Veracruz. En este tiempo, dice, ha aprendido que buscar a una persona es también buscar a las demás cuyo paradero se desconoce.
Texto y fotografía: Manu Ureste / Animal Político
17 de marzo del 2023
A los 52 años, Eloisa Campos Castillo volvió a enfundarse una falda ceñida y corta, se calzó unos tacones altos, se maquilló con rubor las mejillas y se metió muerta de miedo a un prostíbulo donde, sospechaba, el narco tenía secuestrado a su hijo.
Era agosto de 2014. El hijo de Eloisa, Randy Jesús Mendoza Campos, de 22 años, había desaparecido luego de asistir a su trabajo en una óptica de Orizaba, una ciudad de 120 mil habitantes en la zona centro de Veracruz.
Días antes de meterse al prostíbulo, la mujer recibió una misteriosa llamada en su celular.
—Usted no me conoce, pero tengo información sobre su hijo —le soltó una voz femenina sin mayor presentación—. Pero tiene que hacer lo que le digo: un hombre tiene que llamar a este número y decir que quiere mis servicios.
—¿Cómo dice? —respondió desconcertada Eloisa—. Pero oiga…
—Usted haga lo que le digo —la cortó en seco la mujer—. Que un hombre llame y pregunte por mis servicios.
Y colgó.
Ocho años después, Eloisa, ahora de 60 años, se encuentra en un punto remoto del municipio de Río Blanco, cerca de Orizaba. Está parada a unos pocos metros de peritos forenses que excavan la tierra para tratar de confirmar la existencia de una fosa clandestina en las caballerizas abandonadas del “Rancho Cali”, un predio de 10 hectáreas que hace cinco años utilizaban Los Zetas como narcocementerio.
En este mismo lugar, el Colectivo Familias Desaparecidos Córdoba-Orizaba ya encontró en 2017 ocho cuerpos en tumbas clandestinas. Y ahora, cinco años después, las madres del Colectivo —tras completar su ritual gritando al unísono “Porque la lucha por un hijo no termina y una madre nunca olvida”— buscan nuevas evidencias de tumbas clandestinas, en coordinación con las autoridades de la policía ministerial de búsqueda, servicios periciales e integrantes de la Comisión Estatal de Búsqueda.
Amparada bajo la sombra de unas espigadas palmeras, a un costado de un campo de cultivo donde dos campesinos tocados con sombreros labran la tierra sudorosos y ajenos al horror que tienen a tan solo unos metros de sus pies, Eloisa continúa narrando que aquel día que recibió la llamada misteriosa fue a la casa de su hermano a pedirle ayuda.
Ambos marcaron de nuevo al número telefónico y esta vez contestó una voz de hombre.
Como instruyó la mujer, el hermano de Eloisa preguntó por ella. El precio del servicio, le informó una voz contundente, era mil 200 pesos nada más por dejarla salir a domicilio. El hermano de Eloisa aceptó y se la enviaron.
“Ella llegó con mucho miedo; decía que había metida gente muy peligrosa, narcos. Pero accedió a contarme que la dueña de la casa de citas donde trabajaba andaba con un hombre al que apodaban ‘el Conta’, y que vio cómo este fulano llegó un día a la casa y aventó una foto de mi hijo en una mesa y dijo: ‘Ay, si supieran dónde tengo metido a este chamaco’. Y luego se empezó a reír”.
En los días siguientes, Eloisa salió tres veces con la mujer a dar recorridos por prostíbulos en localidades aledañas a Orizaba, hasta que le señaló uno que estaba en Cuautlapan, un pequeño pueblo de unos 8 mil habitantes próximo al municipio de Ixtaczoquitlán. Ahí, en la parte de atrás del local, la mujer le señaló que había una casa de seguridad de Los Zetas.
Poco después, la misteriosa mujer desapareció y no volvió a comunicarse.
Eloisa recurrió entonces a su cuñada. Ambas fueron a las inmediaciones del bar-prostíbulo, donde atestiguaron un movimiento extraño de coches Tsuru de color blanco y sin placas, que entraban y salían del local.
Aguantando los nervios y el miedo, Eloisa observó de cerca uno de los coches.
“Vi que en la parte de atrás traía harta ropa. Y yo hasta saqué los ojos cuando vi eso, porque pensé: ‘¿Y si esa ropa es de todos los muchachos y mujeres que se llevan secuestrados?’”.
La veracruzana fue al día siguiente corriendo al Ministerio Público, con la esperanza de que el fiscal a cargo ordenara un cateo de la casa de seguridad.
“Pero no hizo nada. Nunca hizo nada. No buscó a mi hijo”.
Para terminar de complicar las cosas, su cuñada le dijo que lo sentía mucho, pero que tenía pánico de meterse en broncas con el narco. Máxime en un estado como Veracruz, donde tan solo en los últimos cinco años se contabilizan, según datos oficiales, hasta 6 mil 180 asesinatos —un promedio de mil 200 al año—, y peor aún, en aquel Veracruz que en 2014 aún estaba bajo dominio de Los Zetas, uno de los grupos delictivos más sanguinarios de México que desató un ‘reinado’ de terror en la entidad con cobros de piso al por mayor, tráfico de migrantes, asesinatos, desapariciones y fosas clandestinas. Un ‘reinado’ que ahora ocupa otro grupo delictivo de siglas diferentes: el Cártel Jalisco Nueva Generación.
“Estaba desesperada. El tiempo pasaba, mi hijo no aparecía y no sabía a quién más acudir, ni qué hacer”, recuerda Eloisa.
Así estuvo, hasta que, frente a un espejo, tomó una decisión desesperada.
“Me puse una falda un poco corta, me calcé unos zapatos, me pinté de más y me metí al bar, que era una cantina de mala muerte”, narra la mujer, que vuelve a tirar de memoria para describir la escena:
—¿Qué se le ofrece? —le preguntó una mujer de mediana edad, “muy mal encarada”, que estaba detrás de la barra de la cantina.
—Necesito trabajo.
—Váyase, aquí no tenemos trabajo. Solo contratamos a mujeres jóvenes, señora.
—PUEDO TRABAJAR HACIENDO LA LIMPIEZA.
Las mayúsculas son porque, en este punto de la plática, Eloisa dice que elevó el tono de voz a propósito. Pensaba que, si Randy Jesús estaba en alguna habitación de la casa de seguridad, él podría escucharla si gritaba.
Ante lo raro de la escena de Eloisa gritando cuando tenía a la mesera frente a ella, la mujer de detrás de la barra comenzó a ponerse nerviosa al ver que los comensales se intercambiaban miradas de extrañeza.
—Señora, le he dicho que se vaya de aquí —le advirtió, amenazante.
—Está bien. ¿ME PUEDE SERVIR ENTONCES UNA CERVEZA, POR FAVOR? —gritó de nuevo Eloisa, que trataba de ganar tiempo dentro del local.
—No, no puedo. ¡Lárguese!
Debajo de la sombra de las palmeras al interior del “Narcorrancho Cali”, a unos pocos metros de otra maraña de árboles y arbustos que crecen salvajes y que esconden el viejo caserón abandonado donde Los Zetas torturaban y desmembraban a sus víctimas, la mujer hace una pausa y se quita la gorra con la que se guarda del fuerte sol del mediodía.
A lo lejos, se alcanza a escuchar el ruido de las piedras y de los bloques de concreto que sus compañeras del colectivo quitan del suelo rocoso de las caballerizas en ruinas y las avientan a un costado para que, luego, el equipo de forenses pase por la zona con un aparato que arrastran por el suelo para detectar posibles anomalías y remociones de tierra que pudieran indicar la existencia de fosas clandestinas.
“El amor a mi hijo fue lo que me llevó a no pensar en las posibles consecuencias”, se arranca de nuevo Eloisa, que se vuelve a ajustar la gorra sobre la cabeza, para luego atusarse la blusa de rayas azul marino que viste con unos pantalones de mezclilla y unas botas estilo militar.
“Yo, en ese momento, me decía tontamente: si hablo fuerte, mi hijo me va a escuchar y él va a gritar: ‘¡Mamá, aquí estoy! ¡Ayúdame, por favor! ¡Ayúdame!’”, dice Eloisa, por cuyas mejillas comienza a resbalar un caudal de lágrimas.
“Claro… ahora lo pienso y digo… híjole, fue la desesperación lo que me llevó a hacer algo tan arriesgado. Porque, imagínate, ¿qué hubiera pasado si mi hijo hubiera estado ahí? —se pregunta—. Ni modo que él me gritara, y entonces yo entrara a la fuerza y me lo llevara de la mano en un antro lleno de narcos, ¿verdad?”.
La mujer traga saliva y clava la mirada en el suelo.
El viento, que corre ahora feroz a su alrededor, agita las bandas de plástico que piden “no pasar” y las decenas de banderitas rojas que, clavadas por los peritos en el suelo arcilloso, dibujan la silueta de una posible fosa clandestina.
A continuación, Eloisa esboza una sonrisa cansada.
Con una mueca de tristeza en el rostro, se limpia las lágrimas y se queda en silencio.
“Sentada en la iglesia no voy a encontrar a mi hijo”
Después de que la corrieron de mala forma, Eloisa estuvo varios meses yendo a las inmediaciones de la cantina, “disfrazada” con una gorra y unos lentes de ver que, en realidad, no tenían graduación. En un puesto de memelas cercano al prostíbulo, permanecía horas bajo el sol y las lluvias de la tarde junto a la dueña del changarro callejero a la que le pedía un café tras otro sin dejar de observar los movimientos del local.
Finalmente, al no conseguir pistas de su hijo, la mujer se percató de que era tiempo de cambiar de estrategia; de dejar atrás los disfraces. Y el 14 de agosto de 2015, siete meses después de la desaparición de Randy, decidió asistir a una marcha convocada por el Colectivo Familias Desaparecidos Córdoba-Orizaba. Ahí fue cuando conoció a la señora Araceli Salcedo, férrea activista que lidera el colectivo y madre de Fernanda Rubí, una joven a la que Los Zetas desaparecieron tras salir de una discoteca en Orizaba hace 10 años.
“Araceli me preguntó por mi caso y yo rompí a llorar. Ella solo me abrazó y me dijo: ‘Tranquila, no estás sola’. Así empezó mi unión con el colectivo hasta el día de hoy”, explica la veracruzana, que agrega que, por aquel entonces, el fiscal a cargo del caso de su hijo seguía sin investigar ni dar resultados. “No hicieron nada hasta que lo cambiaron y me pusieron a la fiscal Rosalba, que de inmediato comenzó a hacer todo lo que el otro no había hecho, como pedir la sábana de llamadas del celular de mi hijo”.
Ahora, Eloisa es de las veteranas del colectivo, que agrupa a más de 350 familias de toda la zona centro de Veracruz, entidad donde, según cifras oficiales, en los últimos cinco años se interpusieron 3 mil 651 denuncias por desaparición de jóvenes de cero hasta 29 años —el 55% de estas fueron por desaparición de niños, niñas y adolescentes menores de edad— , de las cuales hasta mil 460 siguen vigentes a la fecha, mientras que en 105 casos los jóvenes ya fueron localizados muertos.
La mujer, como muchas otras del grupo de buscadoras, tuvo que dejar aparcado su trabajo en una tienda naturista y dedicarse al 100% a la búsqueda de Randy Jesús, algo que todavía, dice, hay mucha gente en la sociedad que no lo entiende.
“Hace poco una señora llegó y me dijo: ‘Ay, manita, ¿pero cómo? ¿Todavía andas en eso? Ya mejor déjalo, mujer. Ve a la iglesia, ponlo en manos de Dios y sigue con tu vida’”.
Eloisa niega con la cabeza, observando de reojo a sus compañeras que no dejan de rastrear la tierra en las caballerizas abandonadas.
“Y yo siempre les respondo lo mismo: que tendrían que estar en mis zapatos para entenderme, para entendernos. Y sí, creo en Dios firmemente. Pero sé que por ir a sentarme a la iglesia y rezar, mi hijo no va a aparecer así porque sí. Tengo que seguir buscando”.
De hecho, la veracruzana asegura que en estos años en el colectivo ha aprendido que la búsqueda de un hijo o de una hija es también la búsqueda por los demás.
Y eso la reconforta y le da algo de paz.
“Ya son muchos años en los que hemos ayudado a muchas familias”, dice orgullosa Eloisa, que explica que, a pesar de que existe entre las madres buscadoras un gran temor a encontrar a sus seres queridos en lugares como el “Narcorrancho Cali”, el salir juntas a buscar respuestas es lo que las mantiene de pie en mitad de tanta barbarie.
“Este no es un lugar donde quisiera encontrar a mi hijo, claro. Porque veo esa casa donde torturaban a la gente y ruego que el que aparezca bajo tierra no sea él. Pero, al mismo tiempo, cuando no hay búsquedas yo siento que me consumo metida en casa. Porque esto que hacemos, las búsquedas, la búsqueda de mi hijo, es lo único que me da fuerza para seguir viviendo”, concluye Eloisa.
Karen Melissa Peñaloza Martínez cumplió 39 días desaparecida y en todo este tiempo la Fiscalía General del Estado (FGE) no ha mostrado avances en su búsqueda.
Karen Melissa es estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Guerrero (Uagro), es originaria de Cuajinicuilapa, municipio de la Costa Chica.
Llegó a Chilpancingo para estudiar su carrera profesional; estudiaba su primer año en el turno matutino.
Desapareció el 31 de enero. La versión que se es conoce es que abordó un taxi con dirección al poblado de Petaquillas, ubicado a 10 minutos de la capital.
Ayer, en la marcha del 8M, su madre, Gisela Peñaloza, viajó desde Cuajuinicuilapa para participar en la marcha y exigir su aparición con vida.
Gisela estaba en uno de los contingentes que encabezaban la marcha, con una lona en la que se leía; «Las mujeres afromexicanas te buscamos Karen Melissa». Gisela recorrió las calles de Chilpancingo con esa lona con la foto de Karen.
De acuerdo con su madre, Karen se mudaba de cuarto. Vivía con una compañera, pero ese 31 de enero cambió sus cosas a un departamento cerca de la Facultad de Comunicación y Mercadotecnia (Facom), cerca del Fraccionamiento Reforma.
La última comunicación que Gisela tuvo con su hija fue el mismo 31 de enero. Recuerda que le dijo: «Más tarde hacemos videollamada». Eso nunca ocurrió.
Al principio Gisela desconocía que Karen se mudaba de cuarto, se enteró cuando vino a Chilpancingo a buscarla porque no le contestaba el teléfono.
«Había un taxi, me informan que había un taxi en el que ella se cambió con sus cosas, iba acompañada de una mujer, no sabemos quién es la mujer realmente», mencionó Gisela.
Lo único que le dijeron era que, por los colores, el taxi era de Petaquillas.
El plan de Gisela y Karen era pasar juntas el puente por el Día de la Candelaria, a principios de febrero, en Cuajunicuilapa.
Gisela pasaría por Karen a Chilpancingo para irse juntas a la Costa Chica. Gisela estaba en un pueblo cerca de Iguala, donde tienen familiares.
El 1 de febrero Karen ya no le contestó, y su madre supuso que estaba ocupada o que su celular se había descompuesto, recordó «que andaba fallando».
«Después se vino el 2 y yo ya venía para acá,(Chilpancingo), le estuve marcando aquí y nada. Se me hizo raro, pensé que tal vez ya se había ido para allá».
El 5 de febrero, Gisela regresó a Chilpancingo y fue a la Facultad de Derecho y ahí supo que Karen se había cambiado de departamento, le dijeron donde vivía, así dio con el lugar.
En el nuevo departamento sólo estaba su perro, la dueña del departamento le dijo que Karen estuvo en ese lugar unos 10 minutos.
«La dueña le dijo que no aceptaba perros, y Karen le dijo, no se preocupe, más tarde lo soluciono, pero ya no regresó».
Después amigos cercanos de Karen comenzaron a llamarle para decirle que no la encontraban, incluso ni a sus amigos más cercanos les contestaba el teléfono.
«Yo pensé que todo esto iba a terminar luego, y aquí estamos a 38 días de su desaparición».
La FGE solo le ha comentando a Gisela que investigan el caso, pero sin darle resultados.
«Me han informado que han salido a pegar cárteles y a preguntar, pero que hasta la fecha no hay nada».
Cada que Gisela sabe alguna información se acerca a la FGE y aprovecha para preguntar cómo va la búsqueda. Las amistades de Karen tampoco les han dado mayores datos.
«Espero que ya esta semana primero Dios tengamos noticias favorables, es muy difícil estar con esta angustia».
Familiares y amigas de Karen Melissa marcharon el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, en Chilpancingo, para exigir su pronta aparición con vida. Foto: Óscar Guerrero
A 20 años de la agresión sexual en su contra, cometida por 11 militares, un Juzgado de Distrito dictó una sentencia de 20 años contra uno de sus agresores
Texto: José Miguel Sánchez
Fotografía: Tlachinollan
8 de marzo del 2023
Chilpancingo
El 21 de marzo del 2002 un grupo de 11 militares que irrumpieron en Barranca Tecoani, comunidad me’phaa en Ayutla de los Libres, y agredieron de manera sexual a Inés Fernández Ortega. A 20 años de los hechos un Juzgado de Distrito dictó una sentencia de 20 años contra uno de sus agresores, Hugo Humberto García de León.
En conferencia de prensa, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro (CentroProh), dieron a conocer que la sentencia fue dictada por el Tribunal Segundo de Distrito con sede en Acapulco, el 1 de marzo de 2023.
Inés tenía 25 años. Era 22 de marzo del 2002. Estaba en su casa con sus cuatro hijos, en la comunidad de Barranca Tecuani, cuando 11 militares armados ingresaron a su casa. Todos ellos participaron en la agresión sexual.
De acuerdo con una ficha técnica del informe de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corteidh): los hechos ocurrieron de la siguiente manera: uno de los militares la tomó de las manos y le apunto con su arma, le ordenó que se tirara al suelo.
Una vez en el suelo, otro militar con una mano tomó sus manos y la “violó sexualmente mientras otros dos militares miraban”
Después Inés acudió al Ministerio Público (MP) de Ayutla de Libres para interponer la denuncia; caminó ocho horas para llegar.
“Al llegar no me tomaron en cuenta porque hablaba en mi lengua (me’paa) y no había algún traductor disponible”, contó Inés, a través de su interprete, durante la conferencia de prensa.
Tardó tres días para interponer la denuncia; nadie de su comunidad la apoyó por miedo a los militares.
Desde que interpuso la denuncia, el 24 de marzo de 2002, Inés vivió malos tratos en el proceso, incluida la corroboración de la agresión sexual.
Ningún habitante de Barranca Tecuani quería hacerle frente a los militares, “les tenían miedo porque ellos llegaban y de la nada, con armas, cortaban nuestros plantíos de maíz”, recuerda Inés.
Dos meses después de que interpusiera su denuncia, el MP local se declaró incompetente para continuar con la investigación –por la acusación contra miembros del Ejército– y mandó el expediente al Ministerio Público Militar de la 35 Zona Militar
Inés, con el apoyo de Tlachinollan, interpuso una serie de recursos legales a nivel internacional a fin de investigar y sancionar a los responsables de los hechos.
La denuncia fue interpuesta ante la Corteidh en junio del 2004. Para 2010 emitió una condena contra México “por la tortura sexual de Inés, cometida por soldados del Ejército” y clasificó el delito como una grave violación de derechos humanos.
Entre las recomendaciones de la Corteidh al Estado mexicano estaba la reparación del daño, una disculpa pública y llevar ante la justicia a sus agresores.
La disculpa pública la obtuvo el 6 de abril del 2012 por parte del entonces secretario de Gobernación federal, Alejandro Poire Romero, en un acto público en la cabecera de Ayutla de los Libres, Guerrero.
Como parte de la reparación del daño construyeron un centro de ayuda para mujeres, donde dan acompañamiento a mujeres de pueblos originarios que sufren algún tipo de violencia de género.
La justicia, considera Inés, aún no le es garantizada, de los 11 militares que la agredieron sexualmente, sólo uno tiene una sentencia condenatoria por 20 años, 20 años después de los hechos.
“Aún así, por la sentencia que hoy se presenta en contra de uno de mis agresores, quiero decirles que una mujer me’phaa le ganó al poder militar”.
De los 11 militares que la agredieron, Inés sólo logró identificar a dos, uno de ellos fue el hoy sentenciado a 20 años, y el segundo fue Salvador Aguilar Ortañes, quien fue detenido en 2014 y encarcelado en una prisión militar, pero falleció en una riña en 2017, contó el director jurídico de Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra.
En la conferencia estuvo presente María Luisa Aguilar, integrante del CentroProh y Norma Jiménez, sobreviviente de tortura por la represión cometida por policías estatales y federales en el Estado de México en San Mateo Atenco en 2006.
“Inés caminó ocho horas en busca de justicia y después siguió caminando otros 20 años, y lo hizo por todas nosotras”, dijo Norma Jiménez.
Rosales Sierra celebró que está sentencia fuera para garantizar una justicia para Inés lo que, expuso, no sucede a menudo en este país.
Inés Fernández Ortega durante la inauguración del Centro de Atención a Mujeres en Ayutla de los Libres.
Se perdieron cuatro años de esfuerzos de integrantes de familiares de desaparecidos. Después de protestar esta tarde, se reunieron con los diputados locales y acordaron reiniciar los trabajos de la iniciativa.
Texto: José Miguel Sánchez
Fotografía: Óscar Guerrero
7 de marzo del 2023
Chilpancingo
Los diputados locales perdieron la iniciativa en materia de personas desaparecidas y desaparición forzada que los colectivos de víctimas presentaron hace cuatro años al Poder Legislativo.
Desde 2018 que presentaron la iniciativa a la fecha han pasado por el Congreso local dos legislaturas –la anterior y la vigente– que ignoraron la propuesta que impulsaron familiares de desaparecidos.
De acuerdo con la representante del colectivo de Familiares en Búsqueda María Herrera, Gema Antúnez Flores, los diputados de la entonces 62 legislatura nunca le dieron importancia.
“Hace cuatro años se inició una (iniciativa de ley) pero quedó como a mitad del camino, ya nadie le hizo caso y ningún diputado puso atención y los colectivos dejamos de presionar”, contó Antúnez Flores al salir de la reunión con diputados locales en el Congreso local, después de que protestaron en demanda de la aprobación de una ley que garantice la búsqueda y localización de las personas desaparecidas.
Fue en 2021 y 2022 que los colectivos comenzaron a trabajar junto con integrantes de la Cruz Roja Internacional, quienes los asesoraron con abogados para mejorar la iniciativa presentada en 2018.
“Fue esa iniciativa la que los diputados perdieron, ya con los cambios y mejoras que le hicimos con la asesoría de la Cruz Roja”, dijo Antúnez Flores.
Ante la falta de una respuesta por parte de los diputados locales de aprobar la ley en materia de desaparición de personas, fue que el día de hoy los colectivos marcharon y bloquearon por cuatro horas el Congreso local y calles aledañas.
Después de cuatro horas de bloquear los cuatro carriles del bulevar Vicente Guerrero, una representación de los colectivos entró a una mesa de diálogo con la presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Yoloczin Domínguez Serna; la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso local, Leticia Mosso Hernández y el director general de Gobernación, Francisco Rodríguez Cisneros.
Al no tener la iniciativa principal, el compromiso de los diputados fue que se trabajaría con la iniciativa de la Ley General de Desaparición, presentada en noviembre del 2022 por la diputada morenista Nora Yanek Velázquez Martínez y Alfredo Sánchez Esquivel.
Una fuente dentro del Congreso local aseguró que dicha iniciativa no subía al pleno porque la presentó Sánchez Esquivel, quien desde hace varios meses mantiene un conflicto con Domínguez Serna, quien lo acusó por violencia política de género. La diputada lo relevó en la presidencia de la Jucopo.
En la mesa de negociación, los diputados locales prometieron a los colectivos trabajar de manera conjunta dicha iniciativa, es decir, comenzarán de nuevo con los trabajos para impulsar esta ley.
“Realmente ese es nuestro coraje, que después de 18 reuniones y de los avances que ya teníamos de trabajar todo 2022 comenzamos de nuevo”, dijo Antúnez Flores.
La primer mesa de trabajo se agendó para el próximo 17 de marzo, pero siguen sn asegurarles una fecha para que llegue al pleno del Congreso local para su votación.
A nivel federal existe la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares, además de la Ley Federal de Declaración Especial de Ausencia para Personas Desaparecidas.
Dichas leyes, aun cuando fueron aprobadas por el Congreso de la Unión desde 2017 y 2018, respectivamente, sólo 15 estados han armonizado sus leyes. En Guerrero está pendiente.
Se los llevaron cuando colocaba flores en las tumbas de dos de sus familiares asesinados unos días antes
Texto: Jesús Guerrero
Fotografía: Óscar Guerrero
7 de marzo del 2023
Chilpancingo
Durante la protesta que realizaron familiares de desparecidos en la Autopista del Sol para exigir al Congreso local la aprobación de la Ley en Materia de Desaparición de Personas y Desaparición Forzada, el presidente del Colectivo Siempre Vivos, José Díaz Navarro, denunció que el pasado jueves integrantes del grupo criminal de Los Ardillos se llevaron a tres integrantes de una familia en Chilapa.
En entrevista, el activista denunció que el gobierno mexicano no le da el mismo trato a los familiares de desaparecidos de Guerrero que a los estadounidenses, por quienes en menos de 24 horas activaron todos los mecanismos de seguridad y hallaron con vida a dos de los cuatro.
El pasado viernes en Tamaulipas, un grupo armado atacó a balazos una camioneta en la que viajaban cuatro afroamericanos a quienes, presuntamente, confundieron con unos traficantes haitianos; ese mismo día el gobierno de Estados Unidos le exigió al gobierno mexicano la localización de sus connacionales.
“Nosotros somos de la Montaña baja de Guerrero y no somos de Estados Unidos para que el presidente Andrés Manuel López Obrador voltee los ojos hacia acá para ordenar que busquen a nuestros desaparecidos”, dijo Díaz Navarro.
Este mismo martes dos de los cuatro desaparecidos fueron localizados con vida y dos asesinados.
“Nosotros no somos gente de dinero, gente poderosa, no tenemos una embajada que nos proteja y tampoco tenemos un presidente brinde atención a los familiares de las personas desaparecidas o asesinadas”, agregó el activista a quien le desparecieron y asesinaron a dos hermanos.
“Nosotros llevamos años pidiendo una reunión con el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, para que nos autoricen las búsquedas en Chilapa, pero ni nos atiende”, siguió.
El activista de este colectivo de Chilapa acudió en el 2015 a la Fiscalía General de la República (FGR) a denunciar a los hermanos Iván y Celso Ortega Jiménez, líderes Los Ardillos, un grupo del crimen organizado, porque su asociación criminal tiene relaciones políticas y económicas, de ser los responsables de la desaparición y asesinato de sus hermanos Hugo y Alejandrino en el 2014.
Los líderes de Los Ardillos son hermanos del diputado local Bernardo Ortega Jiménez.
Díaz Navarro dijo que en este 2023 supuestamente hay mil millones de pesos para la Comisión Nacional de Búsqueda, pero al colectivo de Siempre Vivos de Chilapa desde hace tres años no le autorizan una búsqueda por una insuficiencia de recursos.
Dijo que el presidente López Obrador ordenó la búsqueda de los cuatro estadounidenses porque hubo presiones del gobierno de Estados Unidos.
«Seguramente pronto van a detener a los responsables que agredieron a los cuatro estadounidenses”.
Durante el mitin frente al edificio del Congreso local, ubicado al sur de Chilpancingo, el activista denunció que en Guerrero y, en particular, Chilapa siguen las desapariciones de personas.
Contó que el pasado lunes 27 de febrero integrantes de Los Ardillos asesinaron a balazos a la señora Beneranda Hernández Rendón de 70 años y a su nieto, Eduardo Jaimes García, de 18 años. Ambos estaban en su casa cuando fueron atacados a tiros.
Para el jueves 2 de marzo, detalló, cuando otros tres integrantes de esa familia colocaba flores en las tumbas de sus familiares asesinados, unas personas armadas se los llevaron por la fuerza en una camioneta.
La personas privadas de su libertad son Raúl Isidro Jaimes Hernández de 48 años, su hijo Raúl Jaimes García de 18 años, y su hermana Irma Jaimes Hernández.
El presidente de Siempre Vivos informó que acudiría a la Fiscalía General del Estado (FGE) a interponer la denuncia del doble asesinato y de la desaparición de las otras tres personas, todos de una misma familia.
Mencionó que Irma Jaimes Hernández acudió a Chilapa –vive en Chilpancingo– para participar en los funerales de sus familiares asesinados. “Fue a Chilapa la señora Irma y sólo para que se la llevaran”, expresó Díaz Navarro.
El activista acusó al gobierno de proteger al grupo del crimen organizado Los Ardillos, porque lleva años en Chilapa y, según él, su poder es intocable.