Gira de AMLO en Guerrero: Dejan tirada obra en la Montaña

Habitantes de San Nicolás Zoyatlán denunciaron que la construcción del camino empezó en abril pero en mayo se detuvo la obra sin que se les de alguna explicación.


Texto: Amapola Periodismo 

Fotografía: Cortesía 

24 de junio de 2022

 

Un camino artesanal que forma parte de un programa que impulsa el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador está abandonado en el municipio de Xalpatláhuac, denunciaron los pobladores de la comunidad de San Nicolás Zoyatlán, en la región de la Montaña.

Los habitantes de esta comunidad indígena que pertenece al municipio de Xalpatláhuac, dijeron que desde hace un mes la obra está detenida.

Este camino de San Nicolás conectará a la carretera Tlapa-Marquelia y a uno de los accesos de la cabecera municipal de Xalpatláhuac.

Los vecinos del pueblo dijeron que uno de sus temores es de que las toneladas de cemento que se va a utilizar para la construcción del camino se eche a perder.

Los bultos de este material están apilados a unos metros del camino en un techado improvisado.

En febrero de este año, López Obrador estuvo en Chilpancingo en donde anunció el arranque de 66 caminos artesanales para 22 municipios de las regiones de la Montaña y Costa Chica de Guerrero.

La inversión para este 2022 es de mil 85 millones de pesos para construir 221. 3 kilómetros de caminos.

Según los habitantes de San Nicolás Zoyatlán, la construcción del camino empezó en abril pero en mayo se detuvo la obra sin que se les de alguna explicación.

La queja de los pobladores de esta comunidad se registra a unas horas de que López Obrador realice una gira de trabajo por la región de la Montaña para supervisar los caminos artesanales.

Obrador estará este viernes en Tlapa y el sábado en los municipios de Malinaltepec y Tlacoapa.

Por su parte, el alcalde del municipio de Cochoapa el Grande, Bernardo Ponce García, aseguró que los cuatro caminos artesanales que ellos están construyendo llevan más de un 50 por ciento de avance.

«Estos cuatro caminos artesanales va a beneficiar a muchos pueblos que conectan con la cabecera del municipio», señaló el edil entrevistado vía telefónica.

Para estas cuatro obras el gobierno federal entregó 47 millones de pesos al municipio de Cochoapa el Grande.

«Al presidente le voy a entregar un documento en donde le pido que nos den más recursos para la construcción de otros cuatro caminos que va a beneficiar a 80 comunidades», expresó.

El edil que milita en las filas del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) aseguró que ya que quedó restablecida la vialidad en el camino de terracería que conduce a Arroyo Prieto y otras comunidades después que maquinaria pesada retiró las toneladas de tierra y piedra que cayeron al desgajarse un cerro como consecuencia de las lluvias.

1 de cada 4 niños y adolescentes afirma estar expuesto a abuso sexual, según encuesta del INE

La encuesta fue aplicada a 6.9 millones de personas de grupos etarios que van de los 3 a los 17 años y de todos los estados del país.


Texto: Zedryk Raziel / Animal Político 

Fotografía: Amílcar Juárez (Archivo)

24 de junio de 2022

 

1 de cada 4 niñas, niños y adolescentes de 10 a 17 años afirman estar expuestos a abuso sexual en su comunidad o el entorno en el que viven, de acuerdo con la Consulta Infantil y Juvenil 2021 aplicada por el Instituto Nacional Electoral (INE).

De acuerdo con la encuesta, la violencia sexual es el tercer problema más grave identificado por la población ubicada en ese rango de edad. Además, las y los encuestados declararon haber sido víctimas de transgresiones a su cuerpo e intimidad por parte de adultos que están encargados de su cuidado

“Los problemas del entorno que más afectan a niñas, niños y adolescentes de 10 a 17 años, de acuerdo con las respuestas en la CIJ 2021, son la discriminación que perciben (35.85% en promedio), la desigualdad y la violencia contra las mujeres (27.14% en promedio), el abuso sexual infantil (25.71% en promedio), así como la pobreza y la falta de trabajo (24.5% en promedio)”, citan las conclusiones de la Consulta.

La encuesta fue aplicada a 6.9 millones de personas de grupos etarios que van de los 3 a los 17 años y de todos los estados del país. El ejercicio fue realizado en noviembre de 2021 y se centró en recabar las experiencias de los menores a lo largo de la pandemia.

A diferencia de la Consulta Infantil y Juvenil de 2018 –que era la más reciente–, en la de 2021 se incluyeron preguntas específicas sobre abusos físicos y psicológicos sufridos por niñas, niños y adolescentes en lugares como el hogar, la escuela, el trabajo, albergues o la calle, espacios donde los menores están a cargo de padres y madres, tutores, cuidadores o profesores.

A través de casillas instaladas en escuelas y juntas distritales, y mediante un sitio de internet habilitado como urna electrónica, fueron encuestadas 597 mil 420 personas de 3 a 5 años (8.57%); 2 millones 034 mil 389 de 6 a 9 años (29.16%); 2 millones 582 mil 101 de entre 10 y 13 años (37.01%), y 1 millón 762 mil 929 de 14 a 17 años (25.27%).

Del total, 2.9 millones de personas (42.7%) son niñas y adolescentes mujeres; 2.7 millones (38.9%) son niños y adolescentes hombres; 65.8 mil (0.9%) expresaron que no se identifican con ninguna de esas identidades de género, y 1.2 millones (17.4%) no especificaron ese dato.

Una pregunta fue: “Las personas adultas que te cuidan ¿qué tanto respetan tu cuerpo y tu intimidad?”. La población encuestada de 10 a 17 años respondió en un 25% (1.1 millones de niñas, niños y adolescentes) que los adultos “nunca” respetan su cuerpo e intimidad, mientras que otro 13% (564 mil 853) dijo que “a veces” lo respetan.

La pregunta sobre abusos físicos y psicológicos incluía otras posibles respuestas como golpes, gritos e insultos, castigos y menosprecio. La encuesta no detalló el contexto de las agresiones ni la figura adulta que las cometió.

Específicamente en el grupo etario de 10 a 13 años, el 16.34% (421 mil 915 personas) respondió que el abuso sexual infantil es el problema que más le afecta.

Además, 10 mil 700 personas de 3 a 5 años dijeron haber sido testigos de que “no se respeta el cuerpo de niñas y niños”, aunque no se especificó el lugar ni qué persona adulta cometió la agresión.

El abuso sexual impacta de manera más aguda en la población infantil y adolescente en situación de vulnerabilidad.

Por ejemplo, de las niñas, niños y adolescentes de 10 a 17 años que se identifican como indígenas, el 17.52% dijo que el abuso sexual es el riesgo que más identifican en su comunidad o entorno. La cifra fue de 24.25% entre la población que habita en albergues; de 21.78% entre quienes viven en situación de calle; de 18.72% entre personas con discapacidad; de 16.44% entre personas afrodescendientes, y de 16.25% entre personas migrantes.

En la Consulta Infantil y Juvenil de 2018, la única pregunta dirigida a documentar este tipo de abusos era si la persona encuestada había sido víctima de violencia sexual en el último año. El 9.9% de adolescentes entre 14 y 17 años respondió que “sí”, sin que el instrumento metodológico les permitiera abundar en mayores precisiones.

En la Consulta de 2015, la respuesta a esa pregunta entre el mismo grupo etario fue del 11.6%.

Aunque el informe de la Consulta 2021 se hizo público en abril, el pasado miércoles el presidente del INE, Lorenzo Córdova, presentó los resultados ante el Congreso de Nuevo León, donde llamó a que las opiniones de las personas menores de 18 años sean tomadas en cuenta por legisladores para la creación de políticas públicas.

“Estoy seguro de que los resultados de esta Consulta serán insumos valiosos para el diseño de leyes y de políticas públicas que contribuyan a la generación de condiciones más favorables para el desarrollo de la infancia y la adolescencia en México y para una democracia sustantiva y sustentable”, dijo.


Este texto es propiedad de Animal Político y lo reproducimos con su autorización. Puedes leer el original dando click en este enlace.

 

“Defendiste la sierra como pocos”: Pedro, el guía del mundo tarahumara asesinado en Chihuahua

Pedro Palma y su hijo del mismo nombre trabajaban en Tara-Aventura. Organizaba caminatas y cabalgatas en medio de paisajes de la sierra tarahumara, donde habitan los rarámuris.


Texto: Sergio Rincón / Animal Político

Fotografía: Internet

23 de junio de 2022

 

Un día después de haber celebrado el Día del Padre, mataron a Pedro Palma Gutiérrez, un guía turístico con más de 30 años de experiencia en la Sierra Tarahumara de Chihuahua. La Fiscalía del estado informó que Pedro fue secuestrado y golpeado supuestamente por un sujeto armado de nombre José Noriel Portillo, el Chueco, pero finalmente se escapó y buscó auxilio en la iglesia del pueblo de Cerocahui, donde finalmente lo asesinaron junto a los dos sacerdotes jesuitas, Joaquín César Mora y Javier Campos.

Para los hijos del empresario del ramo turístico, Ricardo y Pedro, fueron horas de incertidumbre, pues desde el lunes 20 de junio su papá estaba en calidad de desaparecido, pero tras encontrar el cuerpo se confirmó lo peor. “Agradezco a todos su apoyo, acaban de confirmar el deceso de mi padre”, informó Pedro Palma Carbaja por medio de Instagram.

“Este viajero continúa su viaje, esta vez eterno y con Dios de guía, te amo. Seguirás eternamente caminando por la sierra y en las sonrisas de cada turista. Te amo y estoy eternamente orgulloso”, agregó Palma Carbajal en Facebook.

Pedro Palma y su hijo del mismo nombre trabajaban en Tara-Aventura. En su sitio Web y en redes sociales hay fotos de ellos, principalmente del experimentado Pedro, o Peter Palm —como le decían algunos—, en caminatas o cabalgatas en medio de paisajes de la Sierra Tarahumara, donde habitan los rarámuris. Se trata de una zona donde en época de invierno alcanza los -16 grados centígrados, y en verano los 40 grados. Es decir, era un aventurero con gran experiencia en campos todo terreno.

En sus mensajes, Pedro Palma hablaba sobre el tren El Chepe, o sobre cuánto corrían los rarámuris, las historias de las barrancas o cañones, o del cuidado de la naturaleza. También compartía la lengua en la que hablaban los tarahumaras: pobóro (pueblo), oméachi (domingo), okochí (perro), omáwari (celebración), kuwésachi (calor)…

“Me encuentro en un campamento que se llaman Arrollo las Palmillas, anoche alguien acampó aquí y olvidó apagar la fogata. Es muy importante cerciorarse que quede apagada, ya que estamos pasando por un año muy seco, y esto propicia incendios forestales. Miren la belleza de este lugar, todo esto se puede acabar por una irresponsabilidad”, dijo Pedro en un video en octubre de 2020.

“Pedro Palma, empresario turístico incansable, excelente guía de turistas, maestro de muchos, experto probado en el ramo y un ejemplo a seguir. Me duele mucho el ver que nos fue arrancado de esta manera. Siempre recordaremos a ese compañero que no importaba que pasara, siempre decía: ‘todo está bien de alguna manera lo hacemos, no se agüite’. Siempre positivo, siempre alentando a nuevos guías a aprender, a superarse, pero sobre todo como él decía a hablar bien de Chihuahua que cuando se hizo el paraíso, Chihuahua fue la prueba. Defendiste la sierra como pocos lo hemos hecho y muchos admiramos eso. Mi admiración a tu devoción por la gente de la Sierra Tarahumara y tu  amor por Chihuahua”, publicó en Facebook, César, uno de sus amigos y colegas.

El diputado local Edgar Piñón recordó que: “Pedro era un enamorado de Chihuahua, dedicó su vida a que los visitantes, para que se llevaran siempre la mejor impresión de nuestro estado y en particular de la Sierra Tarahumara. Hoy, con tristeza, nos despedimos de él, lamento profundamente los hechos ocurridos y envió mis condolencias a su esposa y sus hijos”.

Sandra, otra de las amigas de Pedro, dijo: “Tan lamentable que una persona que fue un ejemplo de hombre trabajador, responsable y dedicado a su familia y a su estado termine así. ¡Siempre estará presente!”.

Dos eventos violentos en Cerocahui

De acuerdo con la Fiscalía de Chihuahua, el ahora nombrado caso Cerocahui, en realidad se trata de dos eventos. En el primero, José Noriel Portillo, el Chueco, encaró a los hermanos Paul y Armando, habitantes de Cerocahui, tras una disputa por un juego de béisbol, pues uno de los equipos era financiado por el Chueco. 

Noriel Portillo presuntamente mató a disparos a Paul, luego privó de la libertad a su hermano, y a una persona más, e incendió su casa, según los primeros reportes de investigación.

En una conferencia de prensa, el fiscal Roberto Fierro detalló que horas después, en el Hotel Misión de Cerocahui, el guía turístico, Pedro Palma, interactuó con el Chueco y fue privado de la libertad, pero escapó y llegó golpeado a la iglesia, donde los sacerdotes jesuitas lo auxiliaron. Finalmente fueron asesinados y sus cuerpos se los llevó presuntamente José Noriel Portillo.

Los restos de las víctimas fueron encontrados este miércoles, en una zona llamada Pito Real, en medio de una carretera que atraviesa los municipios chihuahuenses de San Rafael y Creel.

La Fiscalía de Chihuahua agregó que en sigue en la búsqueda de los habitantes privados de la libertad.

Recompensa por el Chueco

El presunto responsable de la matanza en Cerocahui, en Urique, Chihuahua, es José Noriel Portillo Gil, apodado el Chueco. La fiscalía ofrece una recompensa de 5 millones de pesos a quien brinde información que logre su captura.  

Se trata de un presunto criminal que es buscado por otros hechos. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó en su conferencia del miércoles que el Chueco tiene orden de aprehensión pendiente desde 2018 por el asesinato de un turista estadounidense, pero nunca fue detenido.

El mandatario informó que dio la instrucción de que se enviaran elementos de la Sedena a Chihuahua para actuar en las investigaciones. Agregó que el crimen organizado ha estado infiltrado desde hace mucho tiempo en la Sierra Tarahumara.

 


Este texto es propiedad de Animal Político y lo reproducimos con su autorización. Puedes leer el original dando click en este enlace. 

 

Violencia vicaria, la expresión más cruel del pacto patriarcal

Violencia vicaria es la que cuyo destino tiene un sólo género: las madres que son separadas de sus hijas e hijos por las ex parejas criminalizándolas; la violencia vicaria es desaparecer a los menores, corrupción judicial, parricidio y puede culminar en el feminicidio.


Texto: Susana Rodríguez, Jade Ramírez / PERIMETRAL 

Ilustración: PinchEinnar

17 de junio de 2022

 

Capítulo I: Venganza por elegir el no más

¿Cuántas veces hemos escuchado que la familia es la base de la sociedad? Pero de qué modelos de convivencia se sostiene la sociedad si las familias son núcleo de riesgo hasta llegar a la violencia vicaria, la expresión más cruel del pacto patriarcal.

Mucho antes de que la cuarta ola feminista se colocara en las conversaciones cotidianas, el espacio doméstico históricamente recargado en las espaldas de lo femenino ya estaba al límite, quebrado.

Pues el papel reservado a las mujeres para cumplir el rol “de lo que acontece afuera” como llama Maritza Duarte Alcantara en su tesis Resignificación de la paternidad: experiencias de crianza y cuidado de padres íntimos, de cliché y práctica cultural, brincó a emergencia nacional.

¡Ser buena mamá!, la mejor esposa y ejemplar cocinera siete días a la semana…o la empleada doméstica sin paga y amante prístina, son los roles de las madres que de incumplirlos, resultan juzgadas familiar, social y jurídicamente hasta arremeter con las hijas e hijos.

No cumplir la expectativa impuesta ha multiplicado un tipo de violencia que tipifica a las madres como las peores del mundo.

El encargado por el patriarcado de “corregir” a esas madres, es la pareja o el padre y la violencia vicaria es una forma de hacerlo.

Violencia vicaria es la que cuyo destino tiene un sólo género: las madres que son separadas de sus hijas e hijos por las ex parejas criminalizándolas; la violencia vicaria es desaparecer a los menores, corrupción judicial, parricidio y puede culminar en el feminicidio.

En Perimetral entrevistamos a seis mujeres sobre casos de violencia vicaria, para explicar lo que implica a una madre, defenderse de la crítica social, la violencia de pareja, el sistema judicial en pacto patriarcal y lo que atraviesan hasta rescatar a sus crías convertidas en botín.

La violencia inició antes de detectarla

Vivir en familia bajo el modelo impuesto de pareja tiene complicaciones en la convivencia, hasta transgredir las confusiones y los pleitos a violencias machistas.

La psicóloga Katya Berenice Ramírez Molina se refiere a todas las agresiones que las mujeres atraviesan antes de la violencia vicaria y sin darse cuenta: «cuando llegan al espacio terapéutico ni siquiera las consultantes logran mencionar sus relaciones como un espacio de violencia o amenazante», señala.

Es hasta que hay un trabajo de nombrar las violencias machistas como la manipulación, coerción, violencia psicológica y física a la madre y que se ejercer a los hijos, hijas, que comienzan a identificar la violencia vicaria.

Enojo, groserías, jalones en privado o en público, y ellas se ponen alertas. Las entrevistadas cuentan cómo empiezan a defenderse, pero cuando esto iniciar, se van, tienen que irse.

Sin embargo el núcleo familiar las juzga de estar fuera de lugar “porque entendieron mal su papel en la familia”, comentan.

La sociedad clasifica la separación no promovida por el hombre como ilegítima.

Y no, ellas no tienen permitido poner un alto.

«Cuando ellas son quienes promueven el divorcio, ellos ponen una postura de ¿Pero a ver muy fregona, a ver sal adelante sola, no? Cuando ellos buscan la separación ya por defecto están en el entendido de que tienen que entre comillas pagar por su libertad».

Maritza Duarte, especialista en Estudios Socioculturales

Dinero y posesión, lo que motiva la violencia vicaria

La separación de una pareja donde hubo hijas e hijos generalmente conlleva tres demandas civiles: divorcio, custodia y alimentos. En algunos casos son solo dos.

La mujer madre sale del entorno del agresor para mantenerse a salvo y a sus hijas e hijos.

Sandra Quiñónes, abogada especialista en temas de violencia de género, apuesta por desmitificar a las mujeres sacando adelante a su familia, por cómo se plantean las cosas.

Menciona que la sociedad insiste en poner el tema a blanco y negro: «mi mamá nos sacó adelante ella sola; eso es romantizar la violencia a la mujer por parte del vaquetón del papá y no, no es una santa, es una víctima«, afirma.

Y son víctimas de violencia económica que en algunos casos se vuelve vicaria, aunque no está reconocida socialmente ni tipificada como delito.

Violencia subregistrada

De acuerdo al Banco Estatal de Datos de Casos e Información de Violencia contra las Mujeres en Jalisco, en el 2018 se presentaron 798 denuncias por violencia económica y 792 por violencia patrimonial. Entre ambas suman el 30% del total.

Es decir si ella y él de manera “civilizada” llegan a un acuerdo inicial, tradicionalmente las hijas e hijos viven con la madre de lunes a viernes y el fin de semana se van con el papá.

Pero como señala Wilfrido Salazar Rule quien es abogado, son las madres quienes se hacen cargo de los cuidados incluyendo la formación cívica y emocional o las llamadas de atención, pero sin una retribución.

Lo pone como desigual pues «siempre le toca a la mamá estar encima del niño, de la niña, diciéndole: haz tu tarea, recoge tu cuarto, ve por el mandado, lava los trastes y al papá digamos le toca la parte noble, la parte del esparcimiento, la parte de irnos al parque«, comenta el abogado experto en derechos humanos.

Separación con venganza

Los hombres “castigan” a las mujeres mediante el control económico por abandonarlos y ridiculizarlos socialmente al haberlos dejado, es la constante en los testimonios e historias recabadas.

Aunque ellos sean los proveedores por tradición, lo son pero desde un espacio seguro, sostiene Maritza Duarte Alcántara con doctorado en Estudios Socioculturales por la Universidad Autónoma de Aguascalientes.

Al hombre se le enseña a trabajar, pero a trabajar para sí mismo; a la mujer se le enseña a las labores domésticas para los otros y ellas quedan en último lugar, entonces el tema aquí es que los hombres son extraordinarios proveedores, sí, pero de sí mismos. Cuando se disuelve el vínculo, ellos protegen el espacio doméstico porque es su espacio seguro donde él va a llegar siendo el rey y se le va a atender, cuando ese espacio seguro ya no es su espacio, entonces pierden toda responsabilidad y dicen: ahora mi casa es la casa de mi mamá, otra casa o la casa de mi nueva pareja.

La constante en las mujeres que entrevistamos, es que en el día a día añoran a una hija o hijo sin saber cuándo volverá, ni cómo está o en qué condiciones psicoemocionales se encuentra por la separación.

Hijas e hijos en riesgo bajo tutela del agresor

Claudia Angélica Rangel Martínez es psicóloga, perito estatal, federal, activista y acompañante de víctimas de violencia de género y abuso sexual infantil, le preguntamos por los traumas y daños provocados por la violencia vicaria y la venganza del padre.

«A las mujeres que también vivieron la violencia con sus parejas, lo que más les preocupa es que esta violencia se reproduzca en sus hijos y sus hijas, este es el temor de las mujeres que están pidiendo a gritos de auxilio que los niños y las niñas regresan a ambientes sanos. Muchas mujeres incluso dicen, ¿sabes qué? si no está conmigo no le hace, pero que se vaya con la abuela con la tía, que la red de apoyo sea diversificada porque el agresor si tiene a los niños y las niñas es potencialmente propenso a tener conductas violentas».

Psicóloga y perito

 

Este texto es propiedad de Perimetral y lo reproducimos como parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. Puedes leer el original dando click en este enlace. 


Te puede interesar: Inacción de autoridades de Guerrero para combatir violencia contra las mujeres

Ocho meses de gobierno de Evelyn Salgado y van 742 asesinatos en Guerrero

En la última semana la violencia alteró la cotidianidad de Chilpancingo: dejó a una parte de la ciudad sin el servicio del transporte público y suspendió la venta de pollo tras la quema de por lo menos seis vehículos y el homicidio de siete trabajadores de la producción y distribución del pollo.


Texto: Jesús Guerrero

Chilpancingo

 

En los primeros ocho meses de gobierno de la morenista Evelyn Salgado Pineda en Guerrero se han implementado cuatro operativos con Ejército, Marina, Guardia Nacional y Policía Estatal para frenar la violencia pero han sido poco útiles.

De acuerdo a cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) del 15 de octubre del 2021, cuando asumió la gubernatura, hasta este 15 junio se han registrado 742 homicidios dolosos en todo el estado.

El martes 7 de junio fue el último despliegue de fuerzas de seguridad que puso en marcha Salgado Pineda se trata de una Base de Operaciones Mixtas (BOM) integrada por militares, policías estatales y Guardia Nacional para frenar la ola de violencia que existe en las calles de Chilpancingo y en el poblado de Petaquillas.

Después de que la noche del martes 7 de junio los pobladores de Petaquillas liberaron las cinco patrullas con efectivos del Ejército, Guardia Nacional y Policía estatal tras nueve horas de retención, esta comunidad vive en una situación tensa.

Petaquillas es la entrada al municipio de Quechultenango, el centro de operaciones del grupo delictivo de Los Ardillos. Ahí, el 16 de febrero, los pobladores retuvieron a 50 militares durante cinco horas.

En la última semana la violencia alteró la cotidianidad de Chilpancingo: dejó a una parte de la ciudad sin el servicio del transporte público y suspendió la venta de pollo tras la quema de por lo menos seis vehículos y el homicidio de siete trabajadores de la producción y distribución del pollo.

Fotografía: Redes

Hasta este miércoles, la venta de este producto se restableció en los mercados de la capital pero en forma parcial y con sobreprecio.

Para reforzar la seguridad llegaron cien elementos de Marina a esta ciudad pero la violencia no para ya que este miércoles fue asesinado a balazos un joven de 25 años en la colonia Omiltemi y en la calle Cristóbal Colón, a una cuadra del zócalo, un individuo hirió de bala a un empresario a quien presuntamente trató de asaltar.

Acapulco, gobernado por la morenista Abelina López Rodríguez, ocupa el primer lugar en Guerrero en homicidios dolosos.

A nivel nacional, el puerto ocupa el lugar diez de los 50 municipios del país con el más alto índice de asesinatos, según datos del SESNSP.

Socorro Gil Guzmán forma parte de uno de los colectivos de familiares de desaparecidos y asesinados en Acapulco. Dice que desde diciembre del 2018 busca a su hijo Jonathan Guadalupe Romero y la violencia en el puerto no para.

«Todos los días hay mensajes en Facebook o en otras redes sociales de familiares que buscan a un pariente desaparecido», señala Gil Guzmán quien acusa a los policías municipales de Acapulco de haber desaparecido a su hijo.

«Vemos como las camionetas de militares, policías estatales, Guardia Nacional y la Marina pasan por las calles pero no vemos que la violencia pare e incluso en la misma costera Miguel Alemán hay hechos de violencia», externó.

El 21 de noviembre del 2021, Salgado Pineda anunció en Acapulco el “Operativo Refuerzo 2021” con el Ejército, Marina, Guardia Nacional y Policía Estatal.

Este despliegue también incluía a Chilpancingo e Iguala aunque después se extendió a Huitzuco debido a que en esos días un grupo delictivo impuso un toque de queda en ese municipio.

Para diciembre, Salgado Pineda puso en marcha otra operación y en marzo de este año, uno más.

El secuestro de la adolescente Yoseline en el fraccionamiento San Agustín, en la zona suburbana de Acapulco desató la furia de sus familiares, vecinos y amigos que cerraron el viernes 20 y sábado 21 de mayo la carretera federal Acapulco-Chilpancingo a la altura del punto conocido como Paso Limonero.

Al bloqueo llegó la fiscal general del estado, Sandra Luz Valdovinos Salmerón, a tratar de desactivar la protesta, pero los manifestantes le dijeron que iban a abrir la vía cuando la menor apareciera con vida.

Durante la noche del sábado 21 también arribó al bloqueo la gobernadora para platicar con los familiares de la menor de edad.

Pero la madrugada del domingo, horas antes de la inauguración del Tianguis Turístico, Yoseline fue puesta en libertad por sus captores y recientemente uno de ellos fue detenido por la Fiscalía de General del Estado (FGE).

Después del caso de Yoseline han aflorado otras protestas de familiares reclamando a la fiscalía y a la gobernadora que también busquen y localicen con vida a sus desaparecidos en Acapulco.

En los últimos días se recrudeció la violencia es en el destino turístico de Zihuatanejo de Azueta. De acuerdo a versiones extraoficiales, la violencia se generó después asesinato de Oliver Sánchez Coria, líder del grupo delictivo pues integrantes de esta organización comenzaron a pelear el liderazgo.

Esta ola de violencia, provocó que en Zihuatanejo los días 2 y 3 de junio, los industriales de la masa y la tortilla cerraron sus establecimientos, se suspende el servicio de transporte público después de que presuntamente recibieron amenazas por parte de la delincuencia.

La ciudadanía entró en pánico cuando hombres armados incendiaron dos unidades de transporte público. Durante los días de violencia, ningún medio periodístico publicó lo que aconteció en la ciudad porque desde hace años han sufrido amenazas de la delincuencia.

«Al parecer ya regresó esto a la normalidad pero no sabemos hasta cuando ya que los delincuentes pueden regresar a la hora que se les antoje porque saben que no serán detenidos por el gobierno», lamenta un empresario hotelero de Zihuatanejo.

Para el obispo emérito de la diócesis Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel Mendoza, el gobierno de Salgado Pineda tiene dos opciones para frenar la violencia: dialogar con los grupos delictivos para que realicen un pacto entre ellos o bien aplicarles mano dura deteniéndolos.

«Hasta ahorita el gobierno de Morena en Guerrero ha sido ineficaz para frenar la violencia que provocan los grupos de la delincuencia».

Rangel Mendoza prevé que la espiral de violencia en Guerrero aumente porque hay una inacción del gobierno federal y estatal.

«Los cobros de piso, las extorsiones y hasta regular los precios de la tortilla, la carne, el refresco y otros productos los hacen los grupos de la delincuencia que tienen controlados muchos municipios de Guerrero», asegura.

Insiste en que la gobernadora dialogue con estas organizaciones para que haya paz en Guerrero.

Presume que dialogó con varios grupos delictivos y logró restablecer la paz en varias regiones que estaban azotadas por la violencia.

Puso como ejemplo Chilapa en donde ahora, según él, hay tranquilidad, aunque informes de la fiscalía aseguran que este municipio es controlado la delincuencia que desplazó a otra organización.

Dicha agrupación delictiva ha tenido un crecimiento al igual que los políticos que han gobernado este municipio de la Montaña baja.

Fotografía: Amílcar Juárez

 

Fotografía: Amílcar Juárez

Te puede interesar: Has visto a… Lucyla Mendoza, la víctima 13 de desaparición que expone la trata en Montaña alta

“Hay algo que no te he dicho”: un retrato íntimo de tres mujeres que deciden interrumpir su embarazo

“Hay algo que no te he dicho” de la realizadora Massiel Hernandez es una película documental que se presenta en el marco del Festival Internacional de Cine en Guadalajara con la intención de mostrar la historia de tres mujeres que están decididas a interrumpir su embarazo, acción con la desafían a la sociedad conservadora y su propia familia en un país que criminaliza el aborto.


Texto: Alondra Ángel Rodríguez / Zona Docs 

Fotografía: Zona Docs

15 de junio de 2022

 

En México, abortar no es fácil. La criminalización y los estigmas que se tienen respecto a este derecho hace complicado que las mujeres o las personas con capacidad de gestar puedan hacerlo con plena libertad y garantías; por ello, “Hay algo que no te he dicho” es una película documental que ofrece un enfoque más humano al proceso que atraviesan quienes deciden interrumpir su embarazo por distintas razones.

En entrevista con ZonaDocs, Massiel Hernandez -fotógrafa, realizadora y gestora cultural- nos propone un retrato íntimo de cómo Carmen, Melina y Fanny atravesaron este proceso marcado por el miedo y la presión social:

“Una motivación particular es el cómo estos temas no se hablaban aunque es algo muy cotidiano en la vida de las mujeres y las personas con capacidad de gestar. Son historias que no necesariamente se tienen que contar a todo el mundo, pero que el esconderlas tiene un trasfondo muy complejo para las mujeres que se enfrentan a estas decisiones llenas de miedo y culpa”.

Cómo nació todo

Massiel acompañanta de aborto y ese estar en la lucha por los derechos sexuales y reproductivos, desde tiempo atrás, le hizo darse cuenta de los estigmas y limitaciones que se pueden tener respecto al tema, además le permitió conocer la historia de muchas mujeres:

“Poder tener acceso a conocer los panoramas a los que se estaban enfrentando las mujeres fue mi motivación para decir: yo quiero hacer una película sobre esto, porque también tenía esas ganas de poder abordar el tema del aborto desde ese lugar, donde las voces de las mujeres estuvieran en primer plano”.

Dentro de esta película documental se comparten las historias que atraviesan quienes deciden ejercer el derecho de decidir sobre su propio cuerpo, pero sobre todo “Hay algo que no te he dicho” es una invitación a la empatía.

“Se trataba de colocar el tema desde las experiencias y los matices de las personas, ya que no se vive igual; por ello, buscamos retratar esto más allá de la militancia en la que está involucrado el tema para ubicar y ver al aborto desde un espacio más íntimo centrado en cómo se vive en este proceso”.

Además de hablar sobre la importancia que tiene despenalización del aborto en el país, la película documental busca combatir penalización moral, esto para poder generar reflexiones respecto al tema desde una perspectiva más humana, pues hay historias dignas que merecen ser contadas de la manera más amorosa.

“Es como si entráramos a la casa de alguien y esa metafóricamente es la intención de la película. De repente te están contando algo muy íntimo donde te encuentras miles de matices y una historia de vida que va más allá de lo que puede estar pasando”.

La lucha dentro del proceso de creación

A pesar de los contextos tan complejos, la criminalización del aborto, las limitaciones y barreras que se pueden tener en la sociedad y la fiscalización del cuerpo en la cultura hetero patriarcal, esta pieza cinematográfica rescata el que las mujeres siguen tomando con autonomía sus propias decisiones todos los días.

Y eso que Massiel Hernandez asume como algo valioso es lo que le permite resignificar el cómo las mujeres: “están decidiendo bajo sus términos lo que es mejor para sus vidas”.

Por ello, en esta pieza cinematográfica se presentan tres historias de diferentes personas gestantes que por una u otra razón decidieron no continuar su embarazo: Carmen, Melina y Fanny.

El propósito de hablar de sus vivencias es sacar el aborto de esa visión trágica, dramática, de oscuridad; es decir, no se trata de hacerlo ver como algo terrible o como lo peor que les puede pasar a las mujeres, sino de reflejar la diversidad que hay en las experiencias y cómo cada una de éstas se viven de una manera diferente.

Dentro del Festival Internacional de Cine de Guadalajara, la película tuvo una muy buena aceptación por parte del público:

“había que brindar esta experiencia y creo que la gente ha conectado muy bien con el documental, fueron proyecciones muy conmovedoras y muy enriquecedoras, estoy muy contenta de poder al fin darle vida”. expresó Massiel Hernandez.

La realizadora también comentó que el documental por el momento se encuentra en la etapa de festivales nacionales e internacionales, pero los planes son que esta película pueda seguirse proyectando pasada esta primera etapa: “queremos que está película tenga una buena vida bonita y que pueda llegar a muchos públicos y muchos espacios”.

Massiel Hernández

Este texto es propiedad de Zona Docs y lo reproducimos como parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. Puedes Leer el original en este enlace. 

 

Te Puede interesar: Aborto legal: «Era justo que nos dieran un poco de esperanza»

50 pollerías de Chilpancingo cierran por asesinatos de distribuidores

Los hechos de violencia fue el motivo de que se decidiera el cierra de las pollerías en los mercados Leyva Mancilla, San Francisco, Los Ángeles, colonia del PRI, Alianza Popular y un andador comercial ubicado en el centro de Chilpancingo.


Texto y foto: Amapola Periodismo

12 de junio de 2022

Chilpancingo

 

Después de los seis asesinatos de este sábado en una granja de pollos en la comunidad de Petaquillas, al menos 50 establecimientos de venta de este alimento cerraron en forma indefinida en los mercados ubicados en distintos puntos de Chilpancingo.

Este domingo, en los pasillos de las cuatro naves del mercado central Baltazar R. Leyva Mancilla se pudo observar a soldados del Ejército, Guardia Nacional y policías estatales realizar recorridos de seguridad.

Solo en esta central de abasto, ubicada al norte de Chilpancingo las 32 pollerías de la nave 3, bajaron sus cortinas.

Los comerciantes no colocaron ningún anuncio pero con el simple hecho de que los pollos enteros o en partes no estaban en exhibición se entendía.

Fue aquí en el pasillo de la nave 3 del R. Leyva en donde el pasado lunes 6 de junio iniciaron los asesinatos contra los proveedores de pollos.

Aquí alrededor de las cuatro de la tarde de ese día, el distribuidor de este producto Tomás Ramírez caminaba justo frente al establecimiento con razón social La Bendición cuando varios hombres armados lo asesinaron de cuatro balazos.

Algunos dueños de las pollerías revelaron que Tomás tenía apenas tres días de haber regresado a esta capital luego de haberse desplazado durante casi un año por haber recibido amenazas.

Este domingo en los pasillos de las cuatro naves del mercado se observó la ausencia de la gente para realizar sus compras.

Sigue leyendo 50 pollerías de Chilpancingo cierran por asesinatos de distribuidores

El cambio del Insabi al IMSS-Bienestar en los estados se hace sin plazos y con los gobernadores que se ofrezcan

El Gobierno federal reconoce que no cuenta con un programa o calendario para la transición en el modelo de atención a personas sin seguridad social.


Texto: Andrea Vega / Animal Político 

Fotografía: Facebook INSABI 

10 de junio de 2022

 

Los cambios para que el Insabi traspase al IMSS-Bienestar la atención a la población sin seguridad social se aplican sin una estrategia o evaluación prediseñada con indicadores, plazos o tiempos. Incluso se eligieron estados cuyos gobernadores se ofrecieron como voluntarios con el requisito de atender una lista de pasos que, además, no es forzoso seguir en orden ni aplicarlos todos.

Así lo reconoció el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) al responder cuatro solicitudes de transparencia enviadas por Animal Político. En las solicitudes se pidió conocer los cronogramas, planes de trabajo y lineamientos que sustentan el tránsito hacia la nueva política de federalización de servicios de salud y la decisión de comenzar con Nayarit y después con otros 14 estados.

La respuesta oficial es que esa información no existe como se solicita. No hay documentos previos ni fechas calendarizadas para avanzar en el modelo. La selección de las entidades no tuvo otro criterio más que el de los gobernadores que han levantado la mano para ser parte de ese modelo. Nayarit fue el primero de ellos.

“La Unidad del Programa IMSS-Bienestar informa que la participación de cada entidad de la República Mexicana en el proceso de federalización (transformación) de los servicios de salud para la aplicación del modelo IMSS-Bienestar, es una decisión adoptada de manera voluntaria por la persona titular del ejecutivo estatal; y se lleva a cabo de acuerdo con nueve pasos”.

Los pasos son:

  1. Presentación del modelo al ejecutivo estatal.
  2. Levantamiento de diagnóstico en campo.
  3. Integración de equipos federación-estado.
  4. Análisis de resultados y brechas.
  5. Firma de convenio marco.
  6. Intercambio de información.
  7. Instalación de mesas de transición.
  8. Firma de convenios específicos.
  9. Acuerdos de entrega-recepción e implementación del modelo IMSS-Bienestar.

Estos pasos, como el mismo IMSS aclara, no necesariamente son sucesivos, y ni siquiera es forzoso aplicarlos todos.

“Cabe señalar que la ejecución de estos pasos no es necesariamente cronológica, y puede variar en función de los acuerdos que se establezcan con cada entidad federativa”, indica el Instituto en sus respuestas.

Por la misma razón, advierte el Instituto, tampoco hay un cronograma o calendario de cómo se irá avanzando en los estrados.

Únicamente se cuenta con la fecha de implementación del modelo IMSS-Bienestar en Nayarit, ocurrida a partir del 1 de abril de 2022”, indica en otra de las respuestas.

Además se solicitaron datos respecto al origen de los recursos que se tendrán que destinar para atender una población objetivo en el país de más de 60 millones de personas sin seguridad social, pero de ello no se abundó en las respuestas proporcionadas.

Animal Político pidió al Instituto Mexicano del Seguro Social precisar si había mayor información sobre estos procedimientos, pero indicaron que la información proporcionada por transparencia es correcta y es la que se cuenta sobre este tema.

En una nota publicada por este medio el 20 de abril, especialistas solicitaron a las autoridades federales hacer público el plan para fortalecer el sistema de salud y dar atención a la población sin seguridad social.

Lo que más les preocupa es que el Insabi tampoco presentó un plan para dar cobertura a esta población, ni los resultados de lo que logró antes de traspasar al IMSS-Bienestar la que era su responsabilidad principal.

Así como no se ha esclarecido cuánto presupuesto se va a destinar ni de dónde saldrá, tampoco se ha dicho qué va a pasar con la atención de tercer nivel, la de alta especialidad, como la de los Institutos Nacionales de Salud.

En una presentación en la Cámara de Diputados durante la Semana de la Seguridad Social, el director del IMSS, Zoé Robledo, precisó que la apuesta del nuevo modelo es fortalecer el primer y segundo nivel de atención (que incluye solo las especialidades básicas: pediatría, cirugía general, urgencias, ginecología y medicina interna). Pero reconoció que respecto al tercer nivel todavía se está analizando cómo se dará la atención a la población que no es derechohabiente.

Nayarit, el primero en levantar la mano

Animal Político también solicitó el documento en el que se establecen los resultados de los estudios previos, levantamiento de información o análisis de factores por los que se decidió que el modelo arrancaría en Nayarit. El IMSS Bienestar respondió que no hay tales estudios.

“La participación en el proceso de transformación de los servicios de salud para la aplicación del modelo IMSS-Bienestar en el estado de Nayarit fue una decisión adoptada de manera voluntaria por la persona titular del ejecutivo estatal, para que la entidad fuese la primera del país en integrarse a dicha transición”, se lee en la respuesta.

Para el caso de los otros 14 estados que están en alguna fase de implementación del modelo IMSS Bienestar para atender a la población sin seguridad social, tampoco hubo un análisis previo a su selección. La respuesta es muy similar.

“La participación en el proceso de transformación de los servicios de salud para la aplicación del modelo IMSS-Bienestar en Baja California Sur, Campeche, Ciudad de México, Colima, Durango, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas, es una decisión adoptada de manera voluntaria por la persona titular del ejecutivo estatal y la jefa de gobierno”.

Aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador; y el titular del IMSS, Zoé Robledo, han asegurado que  a finales del 2022 el nuevo modelo ya estará en operaciones, todavía no hay fechas programadas para que arranque en las entidades seleccionadas.

A la pregunta de este portal sobre cómo y en qué fechas irá arrancando este modelo de forma sucesiva en cada uno de los 14 estados y basado en qué análisis, censos o estudios se decidió el avance de implementación, la respuesta es que no hubo análisis ni hay cronograma.

Por ahora lo que se está haciendo es hacer el diagnóstico, realizar las mesas de diálogo y firmar acuerdos con los estados.

En el caso de Tlaxcala y Colima, Animal Político tuvo acceso a estos acuerdos. Los documentos están fechados el 4 y el 25 de febrero, respectivamente y establecen que las entidades y el IMSS se coordinarán para intercambiar información e impulsar gestiones a fin de que, en un futuro (sin precisar cuándo) una red de unidades de salud estatales se empleen para la operación del programa IMSS-Bienestar.

Los ejes sobre los que se desarrollarán estos acuerdos son el aprovechamiento y optimización de los recursos financieros, infraestructura de unidades de salud y personal adscrito a estas unidades.

El IMSS y las entidades firmarán para esto los instrumentos jurídicos necesarios, pero no se precisa cuáles serán.


Este texto es propiedad de Animal Político y lo reproducimos con su autorización. Puedes leer el original dando click en este enlace. 

“Bajo la Bota”: Los devastadores efectos de la militarización de la política migratoria

“Bajo la Bota” es un proyecto web hecho por organizaciones de la sociedad civil y periodistas independientes donde se muestra, a través de trabajo de campo en las fronteras norte y sur, 100 testimonios y 144 respuestas a solicitudes de información pública sobre la triste realidad que viven día con día las personas que intentan lograr asilo en México o, en su defecto, cruzar el país en dirección a los Estados Unidos de América.


Texto: Josué Ibarra / ZonaDocs 

24 de mayo de 2022

 

“La militarización de las políticas migratorias va en contra de las disposiciones normativas en materia migratoria y el derecho internacional en materia de derechos humanos”, mencionaron los colectivos que participaron en el proyecto web: “Bajo la Bota”, el cual muestra -mediante diversos trabajos periodísticos- los efectos de la militarización en las políticas migratorias.

En este proyecto participaron las organizaciones Fundación Para la Justicia, Sin Fronteras, Red de Periodistas de a Pie, Derechos Humanos Integrales en Acción A.C., Instituto para las Mujeres en la Migración, Uno de siete Migración y Derechoscopio.

El origen del proyecto fue la implementación, por parte del Estado Mexicano, de una de una política migratoria sin enfoque de derechos humanos donde se usó tanto a la Guardia Nacional como a otros cuerpos militares para ser el aparato de control del flujo migratorio.

Esta política migratoria vulnera los derechos de las personas migrantes en sus recorridos para llegar a Estados Unidos, pero también lo hace con los solicitantes de asilo, pues en ambos casos éstos se ven forzados a tomar rutas clandestinas para evitar a los cuerpos militares, y esto los pone en riesgo de sufrir desapariciones forzadas, secuestros, extorsión, trata de personas y corrupción, además de discriminación racial y étnica, situaciones climáticas extremas y accidentes.

El proyecto hace énfasis en tres cuestiones que consideran alarmantes en la violación de los derechos humanos de las personas migrantes; la primera son “Las detenciones arbitrarias e ilegales”.

“La Guardia Nacional perpetra detenciones arbitrarias, muchas veces basadas en perfilamiento racial, participando también en expulsiones colectivas, contrarias al derecho internacional de los derechos humanos”

Este punto lo resaltan incluyendo otros temas de suma importancia: el racismo y la xenofobia, las que se activan con la represión militar, esto lo reflejan con dos reportajes realizados en Tijuana, Baja California, y Tapachula, Chiapas; regiones donde documentaron situaciones de personas migrantes y solicitantes de asilo afrodescendientes y africanas que fueron detenidas arbitrariamente.

La segunda cuestión fue “El uso excesivo de la fuerza” que hace referencia a como la Guardia Nacional, junto con el Instituto Nacional de Migración, han ejecutado un uso excesivo de la fuerza contra grupos de personas migrantes, solicitantes de asilo, refugiadas, así como otras personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad.

En su mayoría, las Caravanas Migrantes han sido las que más sufrieron estos atentados, así lo confirma el informe a través de la documentación periodística que se hizo del tema.

En último punto que remarca “Bajo la Bota” es “La violencia sexual”, sobre la que señalan:

“Las mujeres migrantes y solicitantes de asilo afrodescendientes y africanas en su tránsito por México, han sido víctimas de violación sexual, acoso e intimidación por parte de elementos de la Guardia Nacional.”

“Bajo la Bota” deja claro que esto no son hechos aislados; al contrario, son actos que cada vez se vuelven más comunes por parte de la Guardia Nacional y de los agentes del INM.

Tras su trabajo realizaron las siguientes recomendaciones tanto para el gobierno mexicano como para el estadounidense.

Al gobierno mexicano:

  • Cese de la participación de las fuerzas militares en tareas migratorias;
  • Eliminar expresamente de toda política pública relacionada con la movilidad humana la detención de las personas migrantes;
  • En particular, ninguna niña, niño o adolescente ni personas solicitantes de asilo deberían ser privadas de su libertad.
  • Derogar acuerdos migratorios o cualquier clase de acuerdo con Estados Unidos que atenten contra el derecho internacional de las personas refugiadas y el derecho internacional de los derechos humanos.
  • Respetar el principio internacional de no devolución.

Al gobierno estadunidense:

  • Cesar la aplicación de toda política migratoria y de relaciones exteriores en la región que se centre en la contención migratoria, mediante la detención y el uso de la fuerza y políticas de “externalización” del control migratorio.
  • Evitar de manera absoluta exigir, alentar, acordar o apoyar la participación de fuerzas militares en tareas de control migratorio en otros países de la región.
  • Participar de manera coordinada con otros gobiernos de la región en esfuerzos por garantizar la seguridad de las personas migrantes, solicitantes de asilo y en necesidad de protección internacional.
  • El Congreso estadounidense debe evaluar las consecuencias que ha traído para la región impulsar acuerdos migratorios que violan las reglas internas de los países que los suscriben.

El proyecto web “Bajo la Bota” cuenta con reportajes que narran, a través de distintas historias, los efectos que tiene en la frontera norte y en la frontera sur de México, la militarización de las políticas migratorias. Algunas de estas historias llevan por nombre “Mamá ¿Por qué nos van a matar?: el infierno del secuestro de migrantes en México” o “Temblaba de miedo: la Historia de Natalie, migrante extorsionada por la Guardia Nacional”; en ellas se retrata la violencia que sufren día con día los migrantes que pisan el país en la búsqueda de una vida más digna.

 

Aquí puedes visitar el sitio del proyecto “Bajo la Bota”:

https://www.bajolabota.com.mx/


Este texto es propiedad de ZonaDocs y lo reproducimos como parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. Puedes leer el original en este enlace.

En riesgo, operación de los tribunales de género y narcomenudeo

El Consejo de la Judicatura aprueba nuevas pautas de operatividad de los juzgados que prácticamente anulan el funcionamiento de los tribunales especializados, donde se atienden los delitos de mayor incidencia en Ciudad Juárez; advierten retrocesos en materia de justicia


 

Texto: Itzel Ramírez / La Verdad

Fotografía: Rey R. Jauregui / La Verdad

21 de febrero de 2022

 

Una reforma al funcionamiento del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) anulará la operación de los tribunales especializados de narcomenudeo y de género, dos entes que, aunque no estaban formalizados en la Ley Orgánica del Poder Judicial, trabajaron como modelos celebrados por la sociedad civil y organismos internacionales, debido a su trascendencia en la aplicación de la justicia.

Con el argumento de equilibrar las cargas de trabajo y de eliminar la discrecionalidad de las asignaciones, el Consejo de la Judicatura aprobó un acuerdo que dividirá a los jueces en dos grupos (de control y de enjuiciamiento) y que desactiva la especialización.

La modificación ha generado reacción de algunos grupos, como el caso de organizaciones feministas, que fueron uno de los pilares de la construcción del Tribunal Especializado en Violencia de Género.

El acuerdo, firmado en una sesión privada del Consejo de la Judicatura el pasado 28 de enero, ordena hacer una distinción entre jueces de control y de enjuiciamiento para cambiar los turnos de asuntos que llegan a los tribunales del sistema penal acusatorio, de justicia para adolescentes y de ejecución.

“… este Pleno, considera necesario, lleva a cabo una transformación interna (…) a efecto de garantizar a los justiciables y a la sociedad en general, una regulación estricta de parámetros para la recepción, distribución y tramitación de todos aquellos asuntos que en materia penal del sistema acusatorio llevan a cabo su tránsito por el proceso”, se lee en el documento.

“El objetivo primordial de esta decisión es garantizar el debido despacho de los asuntos puestos a disposición de los juzgados penales; de igual manera, lograr un seguimiento adecuado de los mismos, estableciendo un método que permita la derivación y radicación de casos”, abunda el texto.

De acuerdo con el Consejo de la Judicatura, un diagnóstico del área de Gestión Judicial mostró que hay “pautas o reglas de trabajo no escritas” que complican la asignación de cargas de trabajo dentro de los tribunales penales de la entidad.

“… resulta necesario establecer la definición de directrices de organización y distribución judicial –como en el caso–, entre las y los juzgadores, así como de las causas penales, ya que de lo contrario, no será posible alcanzar una igualdad y equidad por cuantía y complejidad en la distribución de cargas de trabajo, pero sobre todo, no será viable garantizar eficazmente el derecho de las personas de acceder a la justicia”, continúa la exposición de motivos del acuerdo.

La derivación de causas, apunta el documento, será por juez de control, de enjuiciamiento, de ejecución y de justicia para adolescentes.

Hasta antes del acuerdo, el Tribunal Superior de Justicia de Chihuahua funcionaba con jueces que podían conocer de una causa como jueces de control y constituirse como tribunal de enjuiciamiento en otra, un modelo que ha quedado erradicado con la decisión de la Judicatura.

La modificación, según los argumentos esgrimidos en el acuerdo, evitará que jueces se nieguen a conocer de asuntos “por decisiones arbitrarias, fuera de los supuestos de la ley como: excusas, recusaciones, impedimentos, competencia… con conciencia de que la negativa debe y solo puede ser por vía judicial y no personal”.

A partir de la publicación del acuerdo, la separación entre jueces de control, de enjuiciamiento, de ejecución y de justicia penal para adolescentes inicialmente será en el distrito judicial Morelos, para luego extenderse a las otras zonas jurisdiccionales.

Las causas vigentes y de ingreso serán distribuidas a la totalidad de jueces penales atendiendo al criterio alfabético descendente según su apellido.

En los hechos, esta distribución implica que los tribunales especializados de narcomenudeo y de violencia de género ya no serán los únicos que conozcan de estos delitos, lo que significa su desaparición, de acuerdo con fuentes consultadas.

Sin embargo, el vocero del Tribunal Superior de Justicia, Israel Hernández, dijo que hasta el momento los jueces siguen trabajando de manera cotidiana y aseguró que las modificaciones son solamente una reingeniería que no impactará en la aplicación de las medidas alternativas que se contemplan en la ley.

TRIBUNALES ESPECIALIZADOS ATIENDEN DELITOS DE MÁS INCIDENCIA

Aunque no estaban regulados en la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Chihuahua, los tribunales especializados de género y de narcomenudeo fueron estructuras creadas para atender los dos delitos de más incidencia en el estado, particularmente en Ciudad Juárez.

El Tribunal Especializado en Narcomenudeo se creo en 2019 para atender los casos por este delito en audiencias masivas en donde se ofrece a la mayoría de los acusados la posibilidad de acogerse a la suspensión condicional, una suerte de justicia terapéutica.

Apenas el 19 de octubre del año pasado, el TSJ firmó un convenio con el Consulado General de Estados Unidos en Ciudad Juárez para fortalecer el desarrollo de capacidades y la formación de personal para el delito más numeroso en la frontera.

“En Ciudad Juárez cada 4 horas hay una víctima de homicidio doloso y cada hora se pone a disposición de un agente del Ministerio Público un portador de drogas (…), el 85 por ciento de los homicidios tiene relación con las drogas. De cada 100 homicidios que se cometen en la ciudad, menos de 5 casos son sentenciados, en narcomenudeo la impunidad es del 76 por ciento, con un rezago de 12 mil carpetas, 566 carpetas por cada agente de investigación”, declaró en esa fecha Jorge Contreras Fornelli, presidente del Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana (Ficosec).

En el evento, Eric Cohan, cónsul general de Estados Unidos en Ciudad Juárez, resaltó cómo la cooperación bilateral ayudaría a que más personas fueran atendidas en este tribunal. El expresidente del tribunal, el magistrado Pablo Héctor González Villalobos, dijo que la especialización en narcomenudeo -con la asistencia del Tribunal para el Tratamiento de Adicciones-, implicaba la integralidad en la aplicación de justicia y, sobre todo, en la atención al problema de las adicciones.

Ahora, con las nuevas disposiciones para la atención de asuntos, los casos de narcomenudeo podrán ser tratados por cualquier juez de primera instancia, sin que sea necesaria su especialización, como funciona el Tribunal Especializado de Narcomenudeo.

En el mismo caso está el Tribunal Especializado en Violencia de Género, creado en septiembre de 2020 para atender el delito de violencia familiar, el segundo más numeroso en incidencia.

Siete jueces de control y enjuiciamiento estaban adscritos a atender los casos de violencia familiar, que a lo largo de 2021 sumó tres mil 44 causas -mil 471 correspondientes al distrito Bravos de Ciudad Juárez-, con un total de tres mil 287 víctimas –mil 532 de ellas en la frontera–, de acuerdo con las cifras de la Unidad de Estadística del TSJ.

ES UN RETROCESO, ADVIERTEN

Irma Villanueva, abogada especializada en materia de género y extitular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, dijo que la decisión de cambiar la radicación de turnos es un retroceso en materia de acceso a la justicia para las mujeres.

“Si se llega a aplicar es un retroceso definitivamente para las mujeres y las niñas de Juárez y Chihuahua, nos indica un desconocimiento y una falta de priorización del Tribunal (Superior de Justicia). Se refleja que no es un tema prioritario, no es un tema que interese conocer, esa es la lectura que damos de fuera, no les interesa avanzar en los hechos y eso es muy preocupante”, mencionó Villanueva.

La abogada dijo que la medida desmantela todo el esfuerzo que desde la sociedad civil se hizo para construir equipos multidisciplinarios sensibilizados en materia de género.

“El que los asuntos fueran atendidos según el tribunal en turno o por turnos implica que se elimina de facto la especialización porque los casos van llegando y se turnan como vaya, salen de a unidad o del equipo multidisciplinario especializado en este tema”, aseguró.

Villanueva recordó que tanto tratados internacionales como el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés), señala que la especialización es necesaria para proveer justicia integral.

Además, dijo, la decisión del Consejo de la Judicatura va en contra de los planes del Judicial estatal, que buscaba que el modelo de tribunal especializado se aplicara en otros distritos.

Profesores demandaron ser integrados a programa de Promoción Horizontal

Al término de la protesta autoridades escolares informaron a los profesores que 132 de ellos ya fueron aceptados en el Programa


 

Texto: Beatriz García
Fotografía: José Luis de la Cruz (Archivo)

01 de febrero del 2021

Chilpancigo

 

El profesor de la primaria Cuitláhuac, ubicada en El Conchero, municipio de Coyuca de Benítez José Martín García González, tiene 28 años de servicio, decidió participar en el Programa de Promoción Horizontal de la Unidad del Sistema para la Carrera de Maestros y Maestros (Usicamm), aunque obtuvo el mayor puntaje a nivel estatal en los exámenes que hizo, no pudo seguir en el proceso porque le argumentaron que es un maestro con plaza federal pero trabaja en una escuela estatal.

El Programa de Promoción Horizontal se trata de la obtención de incentivos integrado por niveles de estímulo, donde podrán participar de manera voluntaria el personal que en la educación básica realiza funciones docentes, de técnicos docentes, de asesoría técnica pedagógica, de dirección y de supervisión, y en este programa se contempla la posibilidad de que los participantes puedan incorporarse, promoverse o conservar el incentivo sin necesidad de cambiar de función, esto de acuerdo a la información emitida por el Gobierno de México.

El problema del profesor es similar al de 141 docentes del estado que juntos este martes bloquearon en la glorieta ubicada en la avenid Ruffo Figueroa, al sur de la ciudad, para exigir a las autoridades del estado les permitan terminar el proceso de la promoción.

Se supone que las autoridades enviaron un oficio a la federación para justificar el problema de los maestros federalizados y que trabajan en escuelas estatales y así concluir el proceso, pero desde el 17 de diciembre no les dan respuesta.

El docente de  El Conchero inició su proceso en este programa en marzo del año pasado, se registró,  entregó documentación e hizo los dos exámenes de conocimiento que le solicitaron. Obtuvo el mayor puntaje de los docentes de educación básica en el estado que hicieron estas evaluaciones.

En estos exámenes a los docentes les evalúan conocimientos, habilidades, aptitudes, estrategias, metodologías, lo que conocen de proyectos de trabajo, del programa de estudios y protocolos de seguridad.

Pero el resultado del examen, contó en entrevista, no fue suficiente para otorgarle los beneficios del Programa de Promoción Horizontal, la traba que le dieron es que así como él otros maestros tienen plaza de la federación y trabajan en una escuela estatal, cuando deberían estar en escuelas federales.

El maestro además de estar luchando por su reconocimiento en esta Promoción Horizontal se ocupa en dar clases a sus 28 alumnos de primer grado, en línea todavía, por la pandemia de la Covid-19.

“A mí me llena de orgullo estar en ese sentido, servir a mi escuela, a mi estado, pero yo creo que el estado no está viendo esa parte, no está viendo maestros que le estamos echando ganas”, expresó.

Los profesores exigieron una reunión con la gobernadora

El bloqueo de los docentes provocó que el trasporte público no pudiera acceder por esas calles y avenidas, pero esa era la intención de los manifestantes para tener la atención de las autoridades del estado.

La profesora Yesenia Luciano exigió una reunión con la gobernadora, Evelyn Salgado Pineda o con el Secretario de Educación, Marcial Rodríguez Saldaña, no con otros funcionarios.

Una comisión de profesores fue recibido por la titular de la Unidad Estatal del Sistema para la Carrera de Maestros y Maestras (Uesicamm), Lucila Rangel Santos.

La presión de la protesta dio resultados. La funcionaria informó a los profesores que 132 de ellos ya fueron aceptados en el Programa de Promoción Horizontal, mientras, el resto esperará información.

Denuncian desaparición de dos policías comunitarios en Atlixtac

Suman dos desapariciones más en territorio comunitario


Texto: Jesús Guerrero
Fotografía: Óscar Guerrero

26 de enero del 2022

Chilpancingo

 

El Consejo Indígena y Popular Emiliano Zapata (CIPOG-EZ) denunció que dos policías comunitarios que pertenecen a su organización están desaparecidos desde este martes y la última vez que se les vio fue cuando eran detenidos por la Policía Municipal de Atlixtac.

En un comunicado, la organización difundió que el comandante de la Policía Comunitaria de Zacapexco, Pablo Hilario Morales, y el policía comunitario, Samuel Hernández Sánchez, fueron detenidos alrededor de las tres y media de la tarde en la carretera federal Chilapa-Tlapa, cerca de la bodega de la Coca-Cola, en las inmediaciones del acceso a la localidad de Atlixtac.

Atlixtac, es la cabecera del municipio que lleva este mismo nombre.

La CIPOG-EZ reportó que los dos policías comunitarios siguen desaparecidos y exigió a las autoridades su búsqueda y presentación con vida.

Tanto las autoridades de los municipios de Atlixtac y Tlapa han negado que tengan detenidos a los dos desaparecidos.

El Consejo Indígena y Popular Emiliano Zapata responsabilizó a los policías municipales de Atlixtac de lo que le pueda ocurrir a los dos indígenas nahuas.

Según esta organización, los agentes municipales de Atlixtac tienen relación con un grupo un grupo criminal que opera en la región de la Montaña baja de Guerrero.

En otro punto de esta misma zona donde se han denunciado desapariciones y asesinatos, es en los municipios de Chilapa y José Joaquín Herrera.

Durante el mes de diciembre del 2021 y en enero del 2022, fuerzas de seguridad federal y estatal realizaron dos búsquedas de tres policías comunitarios de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Pueblos Fundadores (CRAC-PF) que fueron desaparecidos hace más de un mes en esa zona.

Se trata de los guardias civiles Juan José Reyes Ventura, Marcelino Chino Mendoza y Juan Reyes, los dos primeros vecinos de la comunidad de Ayahualtempa y el tercero de Alcozacán, del municipio de Chilapa.

El pasado 16 de enero, Delfina Ramírez Morales, vecina de la localidad de Ayahualtempa, fue privada de su libertad presuntamente por varios policías municipales de José Joaquín de Herrera.

Al siguiente día de su desaparición, el lunes 17 de enero, el cadáver de Delfina fue hallado en un paraje de la comunidad de Temixco, José Joaquín Herrera.

Rocelia Morales Guerrero, madre de Delfina, narró que su hija fue vista en el domingo 16 de enero en el zócalo de Hueycantenango, cabecera del municipio de José Joaquín Herrera, y ahí fue privada de su libertad por un grupo de policías municipales.

Salir de la versión móvil