Solidaridad feminista: colectivas operan red proaborto en la frontera de México y Estados Unidos

Las restricciones al aborto son duras en la frontera norte de México, sin embargo feministas enlazadas sustituye el vacío de servicios de salud y en colectivo enfrentan desde la escasez de píldoras hasta el miedo a la criminalización


Texto: Danae Vílchez y Mónica Martínez / La Verdad / openDemocracy

Fotografía: Meliza Valencia / openDemocracy 

22 de noviembre 2023

 

Alma, una joven mexicana cuyo verdadero nombre omitimos, se quedó embarazada sin querer en junio de 2021. Ya tenía un hijo y no pensaba tener otro. Pero como vivía en Sonora, estado fronterizo del norte del país, pensó que tenía pocas opciones. El aborto alí sólo está permitido si hubo violación o si la vida de la embarazada corre peligro. Nada de eso aplicaba a Alma, y le podían caer hasta seis años de prisión si abortaba.

 

Entonces, una amiga compartió un secreto bien guardado. Una red de activistas a favor del aborto podía ayudar a Alma a interrumpir su embarazo de forma segura en Hermosillo, la capital del estado.

 

Una ginecóloga, también activista por el derecho a decidir, confirmó que Alma estaba embarazada de unas cuatro semanas y la remitió a Marea Verde, grupo feminista que ayuda a las mujeres que desean abortar. El grupo la guió en el proceso de un aborto médico, le proporcionó las píldoras y estuvo con ella y su pareja cuando se tomó la medicación en casa.

 

“Fue la mejor decisión que pude tomar en mi vida”, dice Alma ahora. “Tuve la suerte de estar acompañada y segura. A pesar de toda la situación, se siente increíble tener esa compañía”.

 

La Suprema Corte de Justicia de México despenalizó este año el aborto en todo el país, allanando el camino para que el sistema sanitario federal brinde el servicio, pero eso no ocurrirá de la noche a la mañana. Mientras tanto, el aborto a demanda sólo está disponible en 12 de los 32 estados del país. En el resto, rigen restricciones severas, y el aborto solo se permite en casos de agresión sexual o si la vida o salud de la embarazada corre peligro.

 

Sin embargo, miles de mujeres mexicanas encuentran la forma de interrumpir su embarazo cada año. En los estados del norte cerca de la frontera con Estados Unidos (EE.UU.), cuentan con ayuda de activistas por los derechos reproductivos y de una red de acompañantes, que funciona de forma muy parecida al “ferrocarril subterráneo” del siglo XIX, que ayudaba a las personas esclavizadas del sur de EEUU a escapar de sus explotadores y viajar al norte, donde la esclavitud era ilegal.

 

En México, donde la desinformación abunda, los grupos feministas pueden ser la única fuente fiable – y confidencial – de información sobre aborto. Con la ayuda de aliadas, gestionan casas seguras y emplean canales de comunicación secretos para apoyar a quienes necesitan tomar decisiones sobre su salud reproductiva. El método seguro y no quirúrgico del aborto con medicamentos es su principal herramienta.

 

La Organización Mundial de la Salud considera que el misoprostol es un fármaco seguro para provocar un aborto hasta la semana 12. Puede utilizarse solo o en combinación con otro medicamento, la mifepristona. El misoprostol provoca contracciones y hemorragias similares a las de un aborto espontáneo prematuro, y la mifepristona bloquea la secreción de la hormona progesterona, impidiendo que el embarazo progrese.

 

En México, el misoprostol se vende sin receta en farmacias por entre 15 y 30 dólares (entre 260 y 520 pesos mexicanos), pero para la mifepristona sigue siendo necesaria una receta.

 

En Estados Unidos, laa Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) autorizó hace poco la venta de mifepristona sin receta, y el misoprostol lleva más de dos décadas en venta en farmacias o por correo. Pero la aprobación de la FDA fue impugnada en Texas por un grupo conservador representado por la organización jurídica religiosa Alliance Defending Freedom. Ninguno de los dos fármacos está legalmente disponible en estados que, como Texas, han prohibido el aborto.

Andrea Sánchez del grupo feminista Marea Verde Sonora impartiendo taller en un parque sobre aborto seguro con pastillas | Meliza Valencia/openDemocracy. Reservados todos los derechos.

SOLIDARIDAD POR EL ABORTO

En junio de 2022, la Corte Suprema de Estados Unidos anuló la histórica sentencia Roe contra Wade, y puso fin asi a la protección constitucional del aborto. Esto abrió el camino a que las legislaturas estatales promulgarán leyes más restrictivas sobre la interrupción del embarazo. En respuesta, al menos 17 organizaciones mexicanas que operan a lo largo o cerca de la frontera entre los dos países ampliaron sus redes transfronterizas para brindar atención a mujeres estadounidenses que necesitan abortar.

 

openDemocracy y La Verdad de Juárez revelaron este año que organizaciones antiabortistas, como Vifac (Vida y Familia AC), dirigen centros acusados de difundir desinformación y de coaccionar a mujeres y niñas para que continúen con sus embarazos.

 

Tokya Casimiro, acompañante abortista de Hermosillo, relató que ella y sus colegas suelen recibir a mujeres que no quieren que sus familias se enteren de que están pensando en abortar, procedentes de ambos lados de la frontera.

 

El papel de la acompañante es ofrecer información y apoyo, no juzgar. “Intentamos hacer hincapié en que no es que no nos importen sus razones, sino que creemos que todas las razones son válidas”, explica Casimiro.

 

Andrea Sánchez trabaja como acompañante para Aborto Seguro en Sonora. El grupo ayuda a las mujeres a acceder a píldoras abortivas, y Sánchez afirma que ofrece una amplia gama de apoyo, desde salud mental hasta asesoramiento jurídico.

 

“Parte de nuestro trabajo consiste en descubrir los distintos contextos a los que se enfrentan las mujeres que necesitan acceder al aborto. También podemos identificar si una mujer es víctima de violencia y sugerirle opciones, dependiendo de la situación”, dice.

 

Garantizar el acceso al aborto con medicamentos fue la razón por la que Sandra Cardona fundó en 2016 el grupo Necesito Abortar en Monterrey, la capital de Nuevo León, otro estado fronterizo. Ella comenzó a usar Facebook para informar a la gente sobre el aborto con pastillas. Desde entonces, según Cardona, el grupo ha asistido a más de 20 mil personas con apoyo para abortar o información sobre derechos sexuales y reproductivos, principalmente en México, pero también de otros países latinoamericanos y de EEUU.

A unos 220 kilómetros de la frontera con Texas, Cardona y su compañera Vanessa Jiménez abrieron una ‘abortería’ en su casa, en un barrio residencial de Monterrey. El aborto está severamente restringido en Nuevo León, y sólo se permite en casos de violación y de riesgo para la vida o la salud de la mujer.

 

Cardona y Jiménez acogen a personas que carecen de un lugar seguro para tomar las píldoras, y les proporcionan cobijo y orientación. No le tienen miedo a la persecución, a pesar del código penal del estado, porque se amparan en la sentencia de la Suprema Corte de 2021, que declaró inconstitucional criminalizar el aborto.

 

Las dos solían atender sobre todo a mexicanas o a migrantes de camino a EE.UU., pero esto cambió el año pasado. “Normalmente, dábamos información a mujeres de EE.UU. una vez cada uno o dos meses, pero a partir de septiembre de 2022 empezaron a llamar más mujeres. Algunas llegaron a nuestra ciudad pidiendo ayuda”, dice Cardona. “Ahora mismo, unas cinco o seis personas [de EEUU] vienen aquí cada semana en busca de un aborto”.

 

Otra acompañante abortista del estado de Chihuahua, fronterizo con Texas, asegura que, salvo una excepción, todas sus usuarias del lado estadounidense son hispanohablantes y muchas viven en comunidades fronterizas.

 

Mariela Castro, voluntaria del grupo de apoyo Marea Verde en ese estado, dice que las mujeres estadounidenses interesadas en su red transfronteriza suelen ser de clase trabajadora y con pocos recursos. “Sabemos que son ellas las que sufren esta situación. Buscar un aborto tiene mucho que ver con no complicar aún más su situación vital”, agrega.

 

La mayoría de las mujeres proceden de Texas, donde es ilegal practicar abortos en casi cualquier circunstancia e incluso mediante el envío por correo de los medicamentos mifepristona y misoprostol. Las leyes de Texas sólo contemplan excepciones para salvar la vida o evitar un “deterioro sustancial de las principales funciones corporales” de una paciente embarazada.

ESQUIVANDO LA CRIMINALIZACIÓN Y LA VIGILANCIA

Uno de los mayores desafíos de esta red transfronteriza es trasladar las píldoras abortivas por la frontera.

 

Para las clientas de México, las normas de las farmacias locales facilitan el envío de medicamentos por correo o mediante aplicaciones de entrega. Pero hacer llegar las píldoras a EEUU es otro cantar. A veces, las acompañantes tienen que encontrar allegados a la usuaria estadounidense u otras personas dispuestas a cruzar la frontera con el misoprostol. En Texas, el suministro de píldoras abortivas puede acarrear una pena de cárcel.

 

La mayoría de las proveedoras con las que hablamos en México no parecen preocuparse del riesgo de ser imputadas por autoridades estadounidenses, aunque sí por la seguridad de las mujeres a las que ayudan – y por sus familias.

 

Pero Karina de la Cruz, activista de Marea Verde Nogales, en la frontera con Arizona, afirma que acompañantes de Nogales le han confiado que temen ser criminalizadas por llevar píldoras abortivas a EEUU.

 

“Las restricciones en Estados Unidos nos pondrían a nosotras o a cualquiera que quiera ayudarnos al mismo nivel que los narcotraficantes, porque estaríamos cometiendo un delito al llevar allí el medicamento [misoprostol]”, dice.

 

La seguridad en línea también es crucial. Salma, una acompañante de Chihuahua que pidió no publicar su apellido, afirma que ella y muchas de sus colegas tuvieron que cambiar sus protocolos de comunicación con las personas a las que ayudan.

 

Por ejemplo, dejaron de utilizar aplicaciones de mensajería instantánea de Meta, como WhatsApp, Messenger e Instagram, luego de que Facebook reveló información a las fuerzas de seguridad de EEUU en el caso del aborto de una adolescente en Nebraska. Las autoridades estatales revisaron los mensajes privados de la chica, en los que supuestamente se detallaba cómo se había practicado un aborto con pastillas.

El muro fronterizo entre EE.UU. y México en Nogales, Sonora | Meliza Valencia / openDemocracy. Todos los derechos reservados.

 

Precios al alza y escasez

Las restricciones de EEUU desde la anulación de la sentencia Roe también impactan en la demanda de medicamentos abortivos en México.

 

Varias organizaciones mexicanas entrevistadas por openDemocracy han tenido dificultades para conseguir misoprostol de sus proveedores habituales. “Después de todas estas acciones contra el aborto en Estados Unidos, hubo escasez de misoprostol en México”, dice Salma. Aunque consiguieron negociar un precio bajo (240 pesos mexicanos, 14 dólares, por caja), frente al precio habitual de venta al público de 520 pesos mexicanos (30 dólares), los precios están subiendo.

 

La organización Colectiva Libre Feminista, con sede en Ciudad Juárez, estuvo recaudando fondos para un almacén de misoprostol, con el fin de ayudar a las mujeres necesitadas en territorio mexicano y en El Paso, Texas.

 

Si las farmacias se muestran reacias a venderles pastillas de misoprostol, recurren a un hombre para que las compre, “porque es más fácil para ellos que para una mujer”, explica Aylin Flores De la Rosa, miembro fundadora del grupo.

Aylin Flores de la Colectiva Libre Feminista de Ciudad Juárez, afuera del Hospital de la Mujer local|Verónica Martínez/openDemocracy-La Verdad de Juárez. Reservados todos los derechos.

Las defensoras del aborto en México también están preocupadas por un posible aumento del costo de los abortos quirúrgicos, así como de otros procedimientos de salud sexual y reproductiva.

 

Actualmente, el sistema público de salud ofrece un número limitado de estos procedimientos de forma gratuita, según Laura Dorado, de Aborto Seguro Chihuahua. Pero se teme que los hospitales privados puedan ver una oportunidad de ofrecer estos servicios, y hacerlo a un precio elevado, poniéndolos fuera del alcance de las mujeres mexicanas, pero al alcance de sus pares estadounidenses.

 

“Los extranjeros vienen aquí por odontología, cirugía plástica y procedimientos médicos que son demasiado caros en su país. Vienen aquí porque es barato para ellos, pero para la gente que vive aquí es costoso”, dice Flores.

 

A pesar de las dificultades, las activistas de ambos lados de la frontera son optimistas. Mariela Castro afirma: “Las mujeres de EEUU no estarán solas mientras haya mujeres del otro lado organizándose”.

Acercan activistas información sobre el aborto a Costa Chica, ante incumplimiento de instituciones

Texto: Itzel Urieta

Fotografía:  Red Guerrerense por los Derechos de las Mujeres

Chilpancingo

Ante la falta de acceso a la información y servicios del aborto en la Costa Chica de Guerrero, la Red Guerrerense por los Derechos de las Mujeres comenzó hoy una campaña de promoción y acceso a los servicios de interrupción del embarazo que alcancen a las comunidades y lugares más alejados de la región con un enfoque cultural.

Esta campaña se denomina Tu decides, el estado garantiza y nosotras te acompañamos inició este mediodía en Ometepec, en la Costa Chica.

Como primera acción de esta campaña en Ometepec, que realiza de manera independiente la Red, pintaron un mural donde plasmaron información sobre el acceso a servicios de la interrupción del embarazo.

Datos de los lugares donde las mujeres pueden acudir a solicitar la interrupción del embarazo como el hospital IMSS Bienestar de Ometepec y el Centro de s
Salud de la comunidad, además de números de teléfono para que las mujeres «en capacidad de gestar» puedan recibir acompañamiento por si les niegan el servicio.

Con este tipo de acciones, la Red pretende acercar la información relacionada al acceso a un aborto seguro gratuito y sin discriminación, esto porque, denunciaron la integrantes, las instituciones estales no cumple con el derecho a la información sobre este derecho.

«Nos preocupa que el Estado no haya llevado a cabo campañas efectivas de promoción y acceso a los servicios de interrupción del embarazo que alcancen a las comunidades y lugares más alejados de nuestra región y que tengan pertinencia cultural», mencionó durante la inauguración del mural la coordinadora de la Red, Ana Grabiela Candela Garzón.

Aun cuando el aborto es legal desde el 17 de mayo del 2022, la Red considera que muchas mujeres enfrentan barreras para acceder a los servicios de salud para ejercer sus derechos reproductivos de forma segura y confidencial.

El mural fue pintada a dos cuadras del zócalo de Ometepec, para que sea visible para todas las mujeres.

A las activistas les fue difícil hallar un espacio para el mural porque aún existen diversos estigmas y opiniones de la población de Ometepec en contra del aborto.

«La idea es llegar a otros espacios, a otras regiones. Queremos informar a las mujeres y a las personas con capacidad de gestar sobre el derecho (al aborto) que ya existe en Guerrero, porque ya hay una garantía legal, pero no queremos que quede solamente en el papel», mencionó Candela Garzón.

Esta campaña tiene como objetivo prestar atención a las mujeres indígenas y afrodescendientes, quienes enfrentan desafíos adicionales para acceder a estos servicios debido a barreras culturales y lingüísticas.

Esta campaña de la Red es a nivel estatal; el pasado 5 de junio iniciaron una en la ciudad de Tlapa, en la Montaña de Guerrero.

 

Inician Red feminista campaña para acercar información sobre la interrupción del aborto en Tlapa

Texto: Itzel Urieta

Fotografía: Cortesía – Red Guerrerense por los Derechos de la Mujer 

05 de junio del 2023

Chilpancingo

 

Ante la necesidad de descentralizar la información sobre la interrupción legal del aborto, la Red Guerrerense por los Derechos de las Mujeres inició una campaña denominada Tú decides, el estado garantiza y nosotras te acompañamos, en Tlapa de Comonfort, municipio de la Montaña.

Esta campaña tiene como objetivo brindar información sobre el aborto a las mujeres y personas gestantes.

Como parte de la campaña, realizaron un mural en uno de los lugares más transitados de Tlapa, en dicho mural se lee: ”Abortar es tu derecho». Agregaron los lugares donde las mujeres pueden acudir en caso de querer interrumpir su embarazo, así como números telefónicos a los que pueden acceder que alguna de ellas les dé acompañamiento, también el límite de semanas para un aborto legal, 12 semanas.

De acuerdo con las integrantes de la Red, a un año de la despenalización del aborto, este derecho aún no está garantizado para las mujeres en el estado. La zona de la Montaña, según los registros de la organización, es una región donde hay necesidad infraestructura y material para garantizar el servicio y al derecho de abortar.

“En esta zona muchos centros de salud de primer nivel, municipales y rurales, carecen de las condiciones necesarias para asegurar la garantía de acceso a servicios adecuados. Por tanto, es crucial suministrar insumos como profilaxis, mifepristona y misoprostol, a fin de brindar asesoramiento sobre el aborto en las comunidades donde no existen protocolos de atención establecidos”, mencionó Ana Grabiela Candela Garzón, coordinadora de la Red Guerrerense.

Desde la despenalización del aborto, la Red ha dado acompañamiento a más de 150 mujeres que deseaban interrumpir su embarazo. “Nos interesa mucho la descentralización de los servicios porque nosotras acompañamos, pero el alcance que tenemos ha sido mayor en redes, pero no todas las personas tienen acceso a redes, por eso decidimos hacer este mural”, agregó Candela Garzón.

Actualmente sólo hay dos módulos de atención al aborto, los cuales están en Chilpancingo, situación que preocupa a las activistas; mencionaron que es complicado para las mujeres de la Montaña viajar hasta la capital del estado por falta de recursos y tiempo.


Para entender mejor: A un año de la despenalización del aborto, sólo tres hospitales en todo Guerrero cuentan con módulos de atención


“Es necesario reconocer los trasfondos que se entrelazan como consecuencia de los embarazos no deseados en nuestra región, como ejemplo, los casos de uniones forzadas infantiles, el abuso sexual, la desinformación, la práctica del incesto y la mortalidad materna. Ante esto, continuamos haciendo énfasis en la necesidad de trabajar conjuntamente con la Secretaría de Salud, así como conocer el presupuesto destinado a la atención del aborto”, leyeron en un comunicado.

Esta campaña es iniciativa de la Red para que las mujeres de la zonas más alejadas tengan acceso a la información sobre su derecho al aborto.

“Es lamentable que muchas mujeres aún desconozcan que ya podemos y tenemos la libertad de decidir sobre nuestros propios cuerpos, debido a la falta de difusión y acceso a la información adecuada”.

Llamaron a que las mujeres a las que se les ha negado el servicio de aborto, lo denuncien, porque, dijeron, ya es un derecho y antes de la despenalización ya había causales que permitían abortar.

El aborto fue despenalizado en el estado el 17 de mayo del 2022, con 30 votos a favor, 13 en contra y una abstención.

Además de la descentralización, otro aspecto que denunciaron las activistas es la falta de protocolos y estrategias por parte de las instancias de salud para garantizar un aborto seguro.

Agregaron que continuarán pendientes del trabajo de la Secretaría de Salud Guerrero (SSG).

 

El primer año de la despenalización del aborto, y todavía es un derecho negado en hospitales de Guerrero

Texto: Itzel Urieta

Fotografía: Oscar Guerrero 

Chilpancingo

A casi un año de la despenalización del aborto en Guerrero, aun falta camino legislativo, médico y social para que las mujeres tengan un acceso pleno a este derecho.

El aborto fue aprobado por el Congreso local el 17 de mayo del 2022, con 30 votos a favor, 13 en contra, una abstención y un voto nulo en una votación que tuvo que ser por cédula ante la presión de distintos grupos sociales que estaban a favor y en contra.

Aun cuando la despenalización del aborto fue un avance histórico para los derechos reproductivos de las mujeres, a casi un año de eso las instituciones de salud no tienen una estrategia y protocolos claros para realizar una interrupción legal del embarazo.

La iniciativa de reforma de aquel 17 de mayo contemplaba sacar el delito de aborto del Código Penal del Estado de Guerrero, pero aún falta dotar de presupuesto, equipo, capacitaciones y protocolos al sector salud para que las mujeres tengan un acceso pleno a una interrupción legal del embarazo.

Trabas en el sector salud

A las mujeres guerrerenses les niegan en los hospitales, clínicas y centros de salud el acceso a un aborto, de acuerdo con la Red Guerrerense por los Derechos de las Mujeres.

“Hubo el caso de una chica en Taxco que acudió a solicitar una Interrupción Legal del Embarazo (ILE) y le dijeron, ven en tres días”, comentó la coordinadora de la Red, Ana Grabiela Candela Garzón.

La Red Guerrerense por los Derechos de las Mujeres, es una organización no gubernamental de derechos humanos de las mujeres que, entre otras cosas, brinda acompañamiento a quienes deseen interrumpir su embarazo.

A pesar de que una de de las causales del aborto antes de su despenalización era por violencia sexual, de acuerdo con la Red, muchos casos no son atendidos y continúan con trabas burocráticas para permitir a las mujeres acceder a un aborto.

En un recorrido que realizó Amapola, periodismo transgresor por algunos hospitales públicos de Chilpancingo se constató que no existen protocolos médicos o administrativos para atender a alguna mujer que decida realizarse una interrupción del embarazo.

“La realidad es que ya sabemos que está aprobado y que si llega una mujer con esa petición tenemos que atenderla, pero nadie nos ha dicho cómo lo tenemos que hacer o algún protocolo a seguir”, contó una doctora del hospital del Instituto de Salud y Seguridad Socia para Trabajadores del Estado (ISSSTE) de Chilpancingo.

Si llega una mujer a solicitar una interrupción de su embarazo se desconoce si tiene que llegar a urgencias, a consulta externa o algún o con alguna trabajadora social.

En este hospital, de acuerdo con la información recabada, sólo un médico de todo el personal dijo ser objetor de conciencia, es decir, una persona que por sus creencias o convicciones se niega (en este caso) a practicar un aborto.

Las activistas feministas han expuesto su preocupación porque sea negado un derecho a las mujeres por las creencias de una persona.

Un médico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Acapulco coincidió en que ellos no tienen el acceso a un manual o a algún protocolo que dicte los pasos a seguir en caso de que una mujer desee interrumpir su embarazo.

Por lo mismo muchas mujeres desconfían del sector público.

Lo único que les proporcionó la Secretaría de Salud Guerrero a hospitales y centros de salud fueron una lista para que anoten los datos y cantidad de mujeres que acudieron a realizar.

Por la información obtenida por este medio menciona en el hospital antes mencionado no hay ningún caso registrado de interrupción legal del embarazo.

Datos del Observatorio Ciudadano de la Violencia hacia las Mujeres de Guerrero (OVM) registraron entre 2021 y 2022 por lo menos ocho casos en cuatro hospitales donde a las mujeres, niñas, adolescentes y adultas que fueron violadas, les negaron a interrumpir su embarazo.

“Si se supone que ya había un protocolo para atención de violencia sexual, ¿qué está pasando?, ¿por qué no se está aplicando?”, dijo Candela Garzón.

Manifestó su preocupación porque si antes les negaban este acceso a las mujeres que sufrieron violencia sexual, ahora que es un derecho de todas las mujeres, los casos de negación de un servicio médico aumenten.

En marzo pasado, la Secretaría de Salud informó que habían realizado 26 procedimientos de interrupción del embarazo.

Después de la despenalización de aborto, la Red ha dado acompañamiento a más de 100 mujeres, datos que contrastan con los de la Secretaría de Salud del estado.

*En la Zona Norte se niegan a practicar la ILE*

“Tenemos datos de que en zona Norte definitivamente no quieren dar la atención. Se sigue castigando a las mujeres por querer decidir sobre sus cuerpos”, compartió Candela Garzón. En particular, en Taxco de Alarcón niegan el derecho al aborto a las mujeres.

En Taxco sólo un médico practicaría el aborto, los demás fungen como objetores de conciencia, de acuerdo datos de la misma Red.

“No hay un protocolo de atención, el hecho de ir y no saber con quién dirigirse y que las mantengan en espera, hace que las chicas mejor se vayan”.

Otra preocupación de la Red es que ellas como acompañantes, no tienen datos de todo lo que sucede en el estado. El caso de la zona Norte es sólo un ejemplo.

Antes de la reforma no se permitía el aborto voluntario y se contemplaban penas de uno a tres años de cárcel por la interrupción del embarazo. Las únicas causales permitidas para el aborto eran la violación, la inseminación artificial no consentida y por problemas de salud o alteraciones genéticas del producto.

Falta camino legislativo

Para la creación de los protocolos, un reglamento y dotar de presupuesto a la Secretaría de Salud para este rubro, los legisladores tienen que reformar la Ley 1212 de Salud del estado.

Por ley, en menos de 180 días después de la despenalización del aborto, debían estar listas dichas reformas secundarias, pero ya casi se cumplen los 365 días, el próximo 17, y del Congreso local aún no salen estas reformas.

La reforma está en la Comisión de Salud pero, de acuerdo con la diputada Yesica Ivette Alejo Rayo, integrante de dicha comisión, no han dictaminado subirla al pleno por dos razones.

La primera porque desde que llegó la reforma a la Ley de Salud a Congreso local, la Comisión solicitó un informe a la Secretaría de Salud para conocer su situación presupuestal, “pero hasta ahora no hemos obtenido respuesta”, comentó la diputada.

En la solicitud de la Comisión a la Secretaría, los diputados requirieron un panorama general de la situación de la dependencia estatal para lograr implementar la reforma.

El otro tema pendiente es que los diputados locales esperan que el Congreso de la Unión apruebe las reformas de ley para el Instituto Nacional para el Bienestar (Insabbi).

Una de las diputadas impulsoras de la despenalización del aborto, la morenista Nora Yanek Velázquez Martínez, mencionó que aún no avanzan las reformas sanitarias porque en el Congreso de la Unión todavía reforman la Ley General de Salud para el marco legal del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi). Hasta entonces armonizarían las leyes locales.

“Estaba pendiente la reforma sanitaria a nivel local, pero ya con la reforma federal y la incorporación de varios hospitales públicos al Insabi, todo eso va a quedar cubierto”, mencionó en entrevista Velázquez Martínez.

Dijo que con estas reformas sanitarias, en los hospitales y centros de salud ya no pondrían obstáculos para practicar un aborto, “por el momento la Secretaría de Salud capacita al personal para que puedan practicar uno”.

“Todavía falta, claro, pero esperemos que con la reforma federal ya quede subsanado todo para que se haya un acceso pleno a este derecho”.

Estas declaraciones las dio la diputada antes de que el Congreso federal aprobara la desaparición del Insabi el pasado 25 de abril.

Con esta reforma ahora los servicios de salud que proporciona esta institución serán absorbidos por el Instituto Mexicano del Seguro Social IMSS-Bienestar.

Ante este nuevo panorama, la Comisión de Salud en el Congreso local tendrá que esperar las nuevas resoluciones de lo que aprobó el Congreso federal para poder homologar las leyes locales.

La burocracia y la penalización social, otras formas de castigar a las mujeres

Una nueva forma de negarles el acceso a un aborto a las mujeres, insistió Candela Garzón, es a través de prácticas burocráticas en los hospitales.

“No es que les digan no, como tal, pero al no pasarlas, al hacerlas esperar y decirles ven después, causa un conflicto en las usuarias de cómo resolver la situación en la que está”, narró.

Las mujeres que van a solicitar este servicio han denunciado a la Red que en ocasiones las hacen esperar o les piden que vuelvan después. Además, de poner como pretexto los cambios de turno en los hospitales.

Si una mujer acude cuando cambia el turno del hospital, es suficiente para que no la atiendan o le digan que tiene que esperar.

“El turno de la mañana le hecha la bolita al tuno de la tarde”.

El acceso a la información y el derecho a la salud también limita a las mujeres.

Desde el ámbito social también, expuso, es complicado abordar el aborto, porque aún hay estigmas.

“Hay un contexto que a las mujeres les dice que está mal”.

El contexto religioso en el estado, mencionó, también pesa en la despenalización social del aborto. Está el caso de Taxco. Aún hay mujeres que dentro de sus círculos cercanos son señaladas y criminalizadas por realizarse un aborto.

“Es un derecho, así como se respeta a quien decide continuar un embarazo, debería también respetarse a quien decide interrumpirlo”, agregó la defensora.

 

Los hombres trans y personas no binarias también abortan

Lo hacen, muchas veces en soledad, y sin acudir a centros médicos para evitar la violencia y la discriminación del personal de salud.


Texto: Alexandra Figueroa / Revista Espejo*

“Hubo un caso de un hombre trans que se realizó un aborto sin acompañante y sin la información adecuada y cuando nosotres nos enteramos del caso, el muchacho ya estaba en urgencias y le hicieron un legrado y todo el tiempo estuvieron negando su identidad, hablándole de ella o de muchacha. Después de ese evento, acudió a nosotres para tratarse psicológicamente por el proceso tan violento que vivió. Actualmente, sigue en terapia”. La cita es de Rita Tirado, del colectivo Periferia Subversiva de Sinaloa, una de las pocas organizaciones de Sinaloa que acompañan el aborto de hombres trans y personas no binarias.

“Todos los días tenemos la difícil tarea de tratar de visibilizar a estas personas en el tema,  porque siempre se ha tenido la idea de que solo las mujeres pueden gestar y que por ende solo las mujeres pueden abortar, cuando no es así”, cuenta Tirado. Abortar: decidir sobre el cuerpo, la maternidad, el futuro, ha sido un largo camino de lucha de las mujeres, debido a la constante revictimización, violencia y estigma social que enfrentan. Pero este camino tampoco ha sido más fácil para quienes se identifican como hombres trans, personas transmasculinas y personas no binarias con capacidad de gestar, porque, además, enfrentan muchísima discriminación e invisibilización por ser quienes son.

En los servicios de salud no se respeta su identidad de género ni su orientación sexual, provocando con ello impactos en su autoestima y salud mental. Es por esto y por la transfobia que se vive en algunos grupos feministas de acompañamiento del aborto que temen buscar ayuda para acceder a una interrupción del embarazo y, por lo tanto, muchas veces realizan el proceso en soledad, sin suficiente información, corriendo riesgos innecesarios.

“La persona que está buscando ayuda, por evitar una situación de discriminación, estrés y de violencia de parte de la persona que lo va a acompañar, llámese acompañante o doctor, decide hacerlo por su cuenta y es cuando terminan teniendo hemorragias o yendo al hospital porque la situación se salió de las manos”, menciona Marce Casman, del Colectivo Mutantes Disidentes / Aborta Segurx Guasave, Sinaloa.

En México, en once de los 32 estados no es un crimen el abortar. En la Ciudad de México, Oaxaca, Hidalgo, Baja California, Baja California Sur, Veracruz, Colima, Guerrero y Quintana Roo la interrupción del embarazo es legal hasta las 12 semanas de gestación, mientras que en Sinaloa se puede antes de las 13 semanas y en Coahuila los plazos están por especificar.

Sin embargo, solo cuatro estados: Sinaloa, Baja California Sur, Quintana Roo y Colima, tienen en cuenta a las personas gestantes dentro del marco legal que regula el aborto. Esto, a pesar de que en septiembre del 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que es inconstitucional que la ley criminalice a las mujeres y personas gestantes que voluntariamente decidan interrumpir su embarazo.

Es más, en ninguna ley de aprobación del aborto en el país se nombra explícitamente a hombres trans o personas no binarias asignadas mujeres al nacer (AFAB), sino que se agrupa su existencia bajo el término: “personas gestantes”. Una realidad que, según algunos colectivos,  es una expresión de la violencia simbólica que padecen, que no reconoce sus derechos y los invisibiliza. “El sistema de salud, en su intento de incluir a los hombres trans y personas no binarias (AFAB) en el tema del aborto, solamente les violentó más, agrupándoles solo como personas gestantes. Pensamos que debería cambiarse esa terminología en la Ley General de Salud del Estado de Sinaloa”, agrega Rita Tirado.

Salir de la sombra

La negativa de reconocer a las personas trans y no binarias en las leyes llevó a que, en octubre del 2022, se presentaran dos amparos colectivos ante un Juzgado Federal para que el Gobierno del Estado de Chihuahua implementara los servicios necesarios de salud para garantizar a las personas gestantes, el acceso a un aborto libre y seguro.

“Muchas veces ni siquiera se concibe la idea de que un hombre trans tenga la capacidad de gestar”, menciona Marce Casman, del colectivo Mutantes Disidentes, de Sinaloa. Esta invisibilización forma parte de la cisnormatividad (del prefijo “cis”), que alude a que las personas que se les asignó como femenino al nacer siempre “crecen para ser lo que se espera de las mujeres”, y quienes al nacer se les asignó como masculinos, “siempre crecen para ser lo que se espera de ser hombres”.

En este sentido, Dante Ureta, hombre trans de Sinaloa (estado en donde se especifica que el aborto también es legal para personas gestantes) dice que la atención médica se centra en esa dualidad, mujer y hombre, y en general no se piensa en el resto de las personas con una identidad de género no normativa. Por ejemplo, explica Ureta, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) entrega cartillas de salud, donde se especifica que si eres hombre tienes derecho a ciertas consultas y si eres mujer a otras. En último caso, las consultas ginecológicas, por ejemplo, no están dentro de las cartillas de salud de hombres, por lo que se vuelve una tarea burocrática para los hombres trans acceder a este tipo de atención cuando ya se han cambiado el nombre legalmente.

“Eso sin hablar de que cuando ya tenemos procesos de reemplazo hormonal y demás, los médicos no saben cómo tratar o atender nuestros cuerpos, lo hacen en total desconocimiento, porque desde la escuela no se les enseña que existimos, porque a la medicina no le ha interesado el tema de la salud trans”, agrega Ureta.

Ninde MolRe, abogada especialista en género y acompañante de procesos de justicia sexual y reproductiva en México, está de acuerdo con esto y cree que el aborto en hombres trans y personas no binarias: “ni siquiera es un derecho del cual se hable públicamente”. “Cuando hablamos del derecho al aborto estamos hablando de mujeres cis y eso es lo que tenemos en el imaginario y esto deja por fuera a todas las personas con capacidad reproductiva que forman parte del espectro no heterosexual y no cisgénero”, piensa MoIRe.

Desconocimiento y discriminación

La discriminación en los servicios de salud es visible para hombres trans y personas no binarias que deciden interrumpir su embarazo, ya que suelen ser víctimas de que no se refieran a ellos o elles con el género que se identifican. Suele manifestarse con el uso incorrecto de los pronombres y con la negación de reconocer y utilizar el nombre que han elegido.

“Si no tienen arreglado su nombre, por así decirlo, en la situación legal, está la parte de tener que decir ‘soy mujer, necesito consulta’ y estar soportando que te estén hablando con tu nombre legal y no con tu nombre elegido o tu nombre social, y por ende que te estén haciendo misgender, que vendría siendo que te estén hablando de una manera que no te representa”, explica Marce Casman, como acompañante de estos procesos en el sistema de salud.

Mariel Yee, jefa del departamento del área de Diversidad Sexual y Orientación de Género de la Secretaría de las Mujeres en Sinaloa, comentó que el misgender en los servicios de salud se presenta, principalmente, debido al desconocimiento del personal médico sobre las identidades de género, orientaciones sexuales y expresiones de género.

“Pues que también sea como este sesgo de “que no se supone que estás transicionando, ¿Por qué te relacionarías con un hombre cis?” como estas cosas o el pensar cómo lo pueden ver tan imposible, el pensar que pudiéramos enfrentar situaciones o comentarios donde se les discrimine o se les violente a partir de esto”, comentó Mariel Yee.

Una situación que no es nueva. Para la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) las personas transgéneros y transexuales enfrentan una exclusión sistemática del sistema de salud y seguridad social.  De acuerdo con un diagnóstico de la CEAV y Fundación Arcoíris (2016), tres de cada cinco personas trans consideró que no existen establecimientos públicos adecuados para la comunidad LGBT+. Mientras que en los resultados del Diagnóstico Situacional de las Personas LGBTIQ de México (2015) se encontró que 46% de las mujeres trans y 44% de los hombres trans reportaron dificultades para acceder a servicios médicos.

Si en algo están de acuerdo todas las colectivas que trabajan por visibilizar la existencia de los hombres trans y las personas no binarias, con capacidad de gestar, es en la necesidad de que en México y en otros países se creen protocolos de atención diferenciados para que, en el caso del aborto y otros servicios médicos, se les reconozcan y respeten sus derechos.

*#HablemosDelAborto es una conversación digital y periodística, entre México y Colombia,  que lucha en contra de la penalización social del aborto en América Latina y los efectos que deja en las mujeres, hombres trans y personas no binarias. Fue organizada por Mutante, en alianza con El Espectador en Colombia, y en colaboración con Lado B, Página 3, Istmo Press, Revista Espejo, Amapola Periodismo Transgresor, La Marea y Pie de Página, de México. Tuvo el apoyo del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE). Si busca más información, le invitamos a conversar en las redes sociales de los medios aliados.

El largo camino hacia una vida nueva de una niña que no quiso ser mamá

A sus 13 años, Martina tuvo que irse de su pueblo, junto a su familia, para refundar su vida. Lo hizo después de quedar en embarazo, producto de una violación, y de decidir abortar para salvar su salud mental y física.


Texto: Rodrigo Soberanes / La Marea de México*

 

Martina no volvió a su pueblo, en Veracruz, México, de donde tuvo que salir para buscar interrumpir un embarazo, producto de una violación, que ponía en riesgo su vida. Tenía 13 años. En los Servicios de Salud le negaron la atención que necesitaba y se vio forzada a desplazarse, lejos de su casa.

“Tememos por la integridad de mi hija, que alguien la moleste, que sea señalada porque como es un lugar tan pequeño, se supo lo que había pasado. Todo tiene secuelas, nos queda temor a la sociedad”, contó Eli Martínez, mamá de Martina.

Son originarias de Teocelo, Veracruz, un estado donde fue aprobada una reforma en junio de 2021 que despenaliza el aborto durante el primer trimestre de embarazo y elimina el plazo en los casos de víctimas de violencia sexual, como sería cualquier niña con diagnóstico de embarazo.

Pero, como evidencian las cifras, aún no hay garantías para que las niñas víctimas de violencia sexual accedan a un aborto seguro y gratuito y esto significa que siguen expuestas a vivir la realidad de Martina y su familia.

De acuerdo con la Dirección General de Salud de Veracruz, 699 niñas, de entre 10 y 14 años, parieron en 2021. El 53 por ciento de ellas tuvo su primera consulta en alguna institución pública durante el primer trimestre de embarazo. Estaban a tiempo de ser atendidas de manera segura, pero por alguna razón, cientos de ellas siguieron con ese embarazo. En ese año el total de interrupciones realizadas por los Servicios de Salud fue de seis. Las demás niñas, o viven obligadas a ser mamás, o buscaron la interrupción por su cuenta fuera de Veracruz, como Martina.

En 2022, el año siguiente de la reforma, el panorama no cambió. De hecho, la cifra llegó a 747 casos de niñas que tuvieron que parir. De ellas, 376 fueron a su primera consulta dentro del primer trimestre de embarazo. El total de interrupciones en los servicios de salud en este año fue de seis también.

Es decir, en dos años y en el contexto de la despenalización del aborto, el Estado habría negado o hecho caso omiso a la restitución de los derechos de 1,446 niñas, que viven obligadas a ser mamás, sin contar las que resolvieron abortar por fuera del sistema de salud, que son casos que no entran en las cifras oficiales.

Todas son víctimas de agresión sexual porque son menores de edad, niñas como Martina, y no puede considerarse que sus relaciones sexuales sean consentidas. Así lo determinó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en un fallo emitido en septiembre de 2021.

El primer trimestre del embarazo es cuando las condiciones son más favorables para que las niñas puedan someterse a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). La mayoría de las víctimas han logrado acudir al Estado durante ese término.

“Es muy preocupante porque esos números son de partos, de nacimientos que tuvieron su primera consulta en un momento importante donde hay menos riesgo”, dijo Adriana Fuentes Manzo, abogada de Equifonía, la organización que representó a Martina y la ayudó a interrumpir su embarazo lejos de Veracruz.

Con o sin reforma, el Estado no ha garantizado los derechos de las niñas que están dentro de esas cifras, salvo las 12 que sí fueron atendidas en 2021 y 2022. Se trata de un problema de salud pública que no solo se vive en Veracruz, o en los 31 estados más de México.

Las maternidades forzadas en niñas son una epidemia silenciosa que está golpeando fuertemente a la región. América Latina y el Caribe es la única región del mundo en donde los partos de niñas menores de 14 años siguen aumentando, como ha documentado el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE).

Se habla de que son embarazos que ponen en riesgo la vida porque, por ejemplo, una niña que queda en embarazo tiene cuatro veces más riesgo de presentar complicaciones que una mujer adulta. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha establecido que de dos millones de niñas menores de 15 años que paren en el mundo, 70.000 de ellas mueren durante el embarazo, por algo tan sencillo como que el suelo pélvico no está preparado para llevar el embarazo y hay mayor riesgo de preeclampsia, que aumenta el riesgo de muerte.

Además, esta realidad tiene impactos más profundos. Un gran número de niñas del continente, a quienes se les ha forzado a mantener embarazos producto de violaciones, ha considerado quitarse la vida y algunas lo han hecho, porque no ven futuro posible.

Martina no quiere ir al colegio

Martina estudiaba la secundaria, pero un día no quiso volver al colegio. No quería nada. “La niña tuvo miedo de hablar con nosotros, no nos contó lo que estaba pasando”. Así fue hasta que presentó desmayos y la llevaron a una clínica donde les dieron la noticia. Entonces contó todo. Su agresor fue un tío que tenía 20 años.

“Nos comentó cómo sucedieron las cosas. Fue algo muy duro, muy difícil. No sabíamos qué hacer, mi esposo estaba muy alterado, yo en shock. Fue algo increíble”, narró Eli Martínez.

Denunciaron al agresor y eso les valió el rechazo de la familia. Se desbarataron acuerdos que tenían sobre su casa y la perdieron. Se les empezó a derrumbar todo lo que habían construido.

A Martina le negaron la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) dos veces. La primera porque el director de la clínica de Teocelo les recomendó que debía parir (se encontraba en la semana 15 del embarazo) y al mismo tiempo se negó a que se le atendiera, lo que puso en riesgo su vida.

Hablamos con el director del Centro de Salud, pero no nos dio el apoyo. Nos decían que aquí no estaba permitido, que era un riesgo para mi hija y que lo más recomendable era seguir con el embarazo. De la Fiscalía vinieron a hablar con el director para apoyar la razón del riesgo para la salud (de seguir con el embarazo). Aun así, no nos quisieron apoyar”, dijo la mamá de Martina.

Las enfermeras que habían hecho el ultrasonido se acercaron por su cuenta a la familia y les dieron el contacto de Equifonía. Esa circunstancia fortuita definió el rumbo de la vida de Martina y su familia. Siguieron adelante con acompañamiento. La Fiscalía General de Justicia de Veracruz, que ya había iniciado una carpeta de investigación por la denuncia de violación, condujo a Martina al Hospital de Especialidades Médicas, que está en Xalapa, la capital de Veracruz.

En ese momento, el equipo de Equifonía pensaba que solo daría una asesoría a la familia, pero las cosas se complicaron. Llegó la segunda negativa: un doctor del Centro de Especialidades Médicas de Xalapa (capital de Veracruz) se declaró objetor de conciencia en un Comité de Bioética en el cual se decidió que Martina debía ser mamá, pese a que su vida estaba en riesgo.

Eso fue antes de la reforma, pero para entonces ya existían bases legales para que el Estado garantizara los derechos de esta niña de 13 años embarazada por un violador. Como la Norma 046 —que ya estaba vigente— y señala el derecho de las víctimas de violencia sexual y la Ley General y otras leyes estatales de víctimas que contemplan el aborto como un servicio de restitución de derechos, con lo cual podrían haber hecho una “interpretación amplia” en favor de la víctima.

El embarazo de Martina superaba las 12 semanas y los doctores decidieron no intervenir. “Volvieron a hacer lo mismo (que el primer doctor), no hicieron una interpretación amplia que podrían haber hecho para salvaguardar los derechos de la niña”, agregó la abogada Fuentes Manzo.

El hospital entregó un documento a Equifonía donde les informó que no podía realizar la interrupción porque tenía 15 semanas de embarazo. La representación legal de Martina esperaba que, si los sistemas de salud pública no podían dar solución, la enviaran a una instancia específica donde sí se pudiera. Pero tampoco sucedió.

“Esas sesiones médicas deberían ser a favor de ellas, garantizando su derecho a la salud. Son niñas víctimas de violencia sexual que no saben que están embarazadas y cuando se enteran superan las semanas. Martina es un caso concreto”, dijo la abogada Adriana Fuentes.

Para ella, la reforma penal de Veracruz “ha sido un logro” pero los Servicios de Salud no van a la par de ese logro, como lo muestran las cifras de 2021 y 2022. “Es la brecha de implementación lo que está fallando”, cree.

 Martina no quiere ser mamá

Durante el proceso, Martina, su mamá y su papá enfrentaron otro tipo de trabas, situaciones propiciadas desde los sistemas de salud que apuntaban a disuadirlos de su decisión. Las dudas acechaban a la familia. El papá, que en ese momento no tenía trabajo, “se entregó a la voluntad de Dios” y se resignó a que su hija continuara el embarazo. La mamá pugnó por seguir el proceso de interrupción.

Su caso es común, incluso, después de la despenalización del aborto en Veracruz. La mayoría de partos en niñas violentadas son precedidos de consultas durante el primer mes de embarazo. Los datos de los partos de niñas apuntan a que esas primeras consultas no están orientadas a restituirles sus derechos y a guiarlas a un aborto seguro y gratuito.

De hecho, en noviembre de 2021, con la reforma penal ya en vigor, esa organización recibió otro caso de una joven de 16 años que sufrió una violación en la calle y quedó embarazada. No conocía al agresor. Acudió a ellas y pidió que la canalizaran directamente a la Ciudad de México porque no quería que los Sistemas de Salud de Veracruz intentaran disuadirla.

Dijo que desconfía de las instituciones, que no quiere que se le someta a Aborto Seguro porque después de las 20 semanas de gestación da la opción de dar en adopción, pese a que las mujeres ya tienen muy clara su decisión de abortar. Dar una consejería de adopción revictimiza. Eso es lo se busca evitar”, dijo Manzo.

Tenía 26 semanas de gestación y en Veracruz “no están capacitados en servicios de salud” para tomar un caso así. Es decir, no están capacitados para aplicar la reforma que despenalizó el aborto, como sucede en todo el continente latinoamericano, donde hay alguna ley parcial o total a favor de esta interrupción, en especial cuando se supera el primer trimestre de gestación.

 Rehacer la vida

“El acompañamiento nos abrió puertas, gracias a ellas conocimos lo que es la IVE y tomamos esa opción por mi hija, porque era muy chiquita y corría un riesgo de perder la vida por su corta edad, entonces sin pensarlo, optamos por esa opción”, narró Eli Martínez.

El caso fue derivado a Fondo María, que hizo un estudio socioeconómico y un plan para atenderlas: alquiler de vehículos, hospedajes, alimentación. Así inició un proceso que culminó con Martina sana.

Martina, su mamá y su papá no volvieron a vivir a Teocelo, un pueblo colonial, poblado por comerciantes, caficultores y artesanos, ubicado en una de las serranías de la zona centro de Veracruz. Intentaron volver, creyeron que podían retomar la vida como estaba antes, pero no pudieron y se fueron por esa carretera llena de curvas trazadas en bordes de acantilados que comunica con Xalapa.

—¿Cómo está Martina?

—Se recuperó bien, su cuerpo reaccionó bien, es una niña sana. Emocionalmente sí le afectó. Decidimos cambiar de residencia precisamente por la integridad de mi hija”.

—¿Hoy temen de algo?

—Temor a agresiones físicas, no. Pero sí tememos por la integridad de mi hija. Que alguien la moleste, por ejemplo, pero ella es muy valiente y madura y está sabiendo llevar las cosas muy bien. La metimos a terapias, hace deporte, tratamos de que siempre esté en actividades.

—¿Cómo es su vida ahora?

—Está tomando las cosas con calma, está en el último semestre de “prepa”, quiere tomar una carrera de medicina. Alejarnos le sentó muy bien.

—¿Tienen acompañamiento del Estado?

—Una beca para que estudie.

—¿Cómo va la familia?

—Tratamos de pasarla lo mejor que podamos porque sabemos que días pueden estar mal, días pueden estar bien. La experiencia que vivimos nos cambió la vida.

Martina se ve contenta cuando visita Teocelo, al menos eso cree su mamá. Hoy es una chica alta, de 18 años, que reconoce, con esa firmeza suya, a las personas que sí la ayudaron dentro de su comunidad. Está agradecida, “las recuerda mucho”. Pero se va. Siempre se va. Su vida está reconstruida lejos, en algún lugar del centro de México.

 

*#HablemosDelAborto es una conversación digital y periodística, entre México y Colombia,  que lucha en contra de la penalización social del aborto en América Latina y los efectos que deja en las mujeres, hombres trans y personas no binarias. Fue organizada por Mutante, en alianza con El Espectador en Colombia, y en colaboración con Lado B, Página 3, Istmo Press, Revista Espejo, Amapola Periodismo Transgresor, La Marea y Pie de Página, de México. Tuvo el apoyo del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE). Si busca más información, le invitamos a conversar en las redes sociales de los medios aliados.

Guerrero sin protocolos para practicar el aborto a casi un año de su despenalización

Colectivas ofrecen el acompañamiento a mujeres que deciden abortar, una responsabilidad de las instituciones


Texto: Margena de la O

Ilustración: Saúl Estrada

Chilpancingo

 

“En Guerrero puedes acceder a un aborto en los servicios de salud o desde casa”, es la frase que tiene fijada en su perfil de Facebook la Red Guerrerense por los Derechos de las Mujeres. La organización que aglutina diversos grupos de activistas ofrece asesoría y acompañamiento a las mujeres que desean abortar antes de las 12 semanas a través de tres números de teléfono.

El acompañamiento ofrecido por las activistas es relevante porque aun cuando en Guerrero las diputadas y los diputados locales despenalizaron el aborto desde el 17 de mayo del 2022, las instituciones de salud pública carecen de un protocolo para ofrecer el servicio.

Lo que sigue pendiente en Guerrero y en gran parte de México, es “la despenalización social” en relación al aborto, plantea la coordinadora de la Red, Ana Grabiela Candela Garzón, cuando explica la importancia y necesidad del acompañamiento que ofrece la colectiva.

Desde 14 de julio pasado, cuando comenzaron a brindar información y asesoría, hasta el cierre del 2022, habían acompañado a más de 100 mujeres que tomaron la decisión de abortar, informó Janiseli Renata González Moreno, otra de las integrantes de la Red pendiente del acompañamiento.

Lo iniciaron de manera pública en un contexto importante de reconocimiento de los derechos de las mujeres de Guerrero a decidir sobre sus cuerpos. Las diputadas y los diputados locales despenalizaron el aborto en “cumplimento también a la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y respuesta a la Alerta de Violencia contra las Mujeres por Agravio Comparado en Guerrero”, de acuerdo con lo que difundió el Congreso local el día de la aprobación.

La segunda alerta de género para Guerrero fue decretada el 5 de junio del 2020, por el agravio cometido contra las mujeres víctimas de abuso sexual a quienes les negaron el derecho de abortar establecido en el Código Penal Federal.

El Observatorio de Violencias contra las Mujeres Guerrero, una de las organizaciones de esta Red, la solicitó y después gestionó, mediante un cabildeo con diputadas de la bancada de Morena, la iniciativa, después ley, que quitó todos los candados jurídicos en Guerrero al aborto, informó la coordinadora, Viridiana Gutiérrez Sotelo.

Guerrero se convirtió en el noveno estado en despenalizar el aborto de las 32 entidades en el país. En total, 11 estados han despenalizado parcial o total el aborto en México hasta este momento. En el estado es legal antes de las 12 semanas.

A esta despenalización de aborto le suceden otras reformas secundarias, como ajustes a la Ley de Salud, para establecer el protocolo que garantice un servicio de salud de calidad.

La incitativa de modificación ya está en el Congreso local, pero aun falta la discusión al interior de la Comisión de Salud, y que sea tratada y votada en pleno por las diputadas y los diputados.

Gutiérrez Sotelo tiene la claridad que aun con estos pendientes no existe impedimento legal para que las mujeres tenga garantizado el derecho de abortar, porque se los garantiza el marco jurídico federal y local.

En este punto también coincide que María Luisa Garfias Marín, una activista feminista por los derechos de las mujeres que abrió brecha en Guerrero, al exponer que negar el aborto a una mujer en Guerrero no sólo es privarla de un servicio médico, “es violentar derechos humanos”, agrega quien ahora es integrante de la Red Guerrerense por los Derechos de las Mujeres.

Apremia porque las instituciones de salud pública en Guerrero construyan de manera urgente el protocolo de atención médica para las mujeres que deseen abortar.

“Como no hay una garantía de una atención de calidad y de calidez por eso se sigue dando el acompañamiento, porque se les han negado los servicios y, entonces, por eso las mujeres buscan a las colectivas para que les den el acompañamiento”, analiza Garfias Marín.

El acompañamiento que ofrece la Red privilegia y comprende el contexto de las mujeres. Candela Garzón expuso que llevan años haciéndolo, desde antes de la despenalización, amparadas en los lineamientos de la Organización Mundial de Salud.

La Red tiene disponibles tres números de teléfono celular para orientar a las mujeres que desean abortar, ya sea por llamada o mensajes: 7621057057 para la zona Norte, y 7472194211 y 7442576612 para el resto del estado o de cualquier otro lugar. Porque a estos números, dice la coordinadora, han llamado mujeres de otras partes de México, y hasta de Guatemala y El Salvador.

González Moreno mencionó al principio que la Red respalda el aborto autogestivo o aborto en casa, aun cuando su lucha más fuerte sea con toda una narrativa social y moral que le ha impregnado muchos tabúes.

A partir de este punto están los detalles del procedimiento que la Red Guerrerense por los Derechos de las Mujeres emplea para acompañar.

Primero conversan con las mujeres que se acercan con dudas y, después, intentan saber su contexto: edad, lugar de origen, si han tenido hijos o no, si se aplicaron alguna prueba y cuál fue o si hubo algún ultrasonido, si están o no con pareja y otros tantos datos que broten de una charla cálida, comprensiva.

La coordinadora de la Red aclara que es importante el contexto porque existe el prejuicio de que las mujeres que más abortan son jóvenes o solas, casi como un prejuicio de irresponsabilidad, cuando no es un patrón. Les ha tocado acompañar a madres, con parejas estables o de muchos años.

Después les proporcionan la información asociada con el derecho de las mujeres a abortar y la garantía que tienen de servicios médicos en instituciones de salud pública, porque es importante “devolverles al Estado su responsabilidad” en el tema, puntualiza Candela Garzón.

La Organización Mundial de la Salud avala medicamentos para la interrupción del embarazo de manera segura, efectiva y no invasiva, el misoprostol o el régimen combinado de mifepristona y misoprostol, con las dosis reglamentadas para la ingesta. Esta información la comparten las activistas para que las mujeres sepan que un aborto no siempre es un proceso quirúrgico e invasivo.

De tal manera que cuando las mujeres decidan acudir a un centro, clínica u hospital de salud pública sepan que el legrado no es la primera ni única opción.

Las integrantes de la Red creen que ahí radica el problema en los servicios de salud. “Cuando nosotras hacemos el acompañamiento lo que seguimos viendo es que a pesar de que tienen la información de que el aborto puede ser con medicamento o con procedimientos menos invasivos para el cuerpo de las mujeres siguen privilegiando el legrado como una forma común de hacerlo, y eso es sumamente violento para las chicas”, explica Gutiérrez Sotelo, también integrante de la Red.

La penalización social es lo que más pesa en las mujeres; acudir a un hospital o clínica les resulta impensable. Muchas de las mujeres que han pedido información o acompañamiento a la Red, incluso hacen su primer contacto por mensajes, para guardar lo más posible su identidad, cuenta Candela Garzón.

Entonces, es cuando brindan el acompañamiento para un aborto autogestivo o aborto en casa.

Las activistas monitorean a las mujeres que lo dicen desde el horario de la toma de los medicamentos, las dosis que deben ingerir hasta sus síntomas, que pueden variar: cólicos, dolor abdominal, sangrado vaginal, sensación de vómito, algunas de diarrea. El cierre de esta fase es cuando las mujeres dejan de sangrar, es decir, terminan su proceso de aborto.

La fase final del monitoreo es al mes siguiente, cuando la mujeres recuperan su menstruación, pero no todas continúan hasta este punto.

“En la mayoría los casos son exitosos, sino es que todos, por una u otra situación, nada de gravedad, terminan el procedimiento, y al mes algunas nos cuentan ya me bajó, me sentí bien o algunas simplemente ya no más, desaparecen; también parte del acompañamiento no es saturarlas, ellas necesitan un espacio y lo sabemos”, dice Candela Garzón.

Pero lo que siempre ocurre es que las mujeres les recomiendan con otras.

En la misma Red hay colectivas que acompañan a mujeres de sus entornos para el proceso de aborto, como la Red Feminista de Acapulco Revolución Violeta, asentada en el puerto, o las integrantes de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en Mexico (ddeser), a través de Marea Verde, establecidas en Tlapa, a quienes también las han contactado mujeres de otras regiones o estados.

Lo cierto es que todas estas campañas y servicios que brindan las colectivas son un responsabilidad de Estado, que las instituciones aún no asumen.

 

La Red Guerrerense por los Derechos de las Mujeres acompañó de manera política el caso de Aurelia García Cruceño, la mujer nahua que estuvo encarcelada por una emergencia obstétrica, en plena discusión por la despenalización total del aborto en Guerrero.

Aurelia, la indígena que pasó 1.140 días presa por una emergencia obstétrica

Tras el acompañamiento político y jurídico que recibió de varias organizaciones de mujeres y derechos humanos en Guerrero, recuperó su libertad en diciembre de 2022. Un caso que destapó el racismo y la misoginia de la justicia, en plena discusión sobre la despenalización del aborto en este estado, al suroeste de México. Detalles desconocidos de su vida y proceso.


 Texto: Margena de la O 

Ilustración: Alejandra Balaguera

 

El dolor es intenso y va del abdomen bajo a la zona lumbar. La tumba a la cama. Un torrente precipitado baja por su útero, con la fuerza de un alud. Con el sangrado, expulsa una masa corporal que desconocía. Está asustada y débil. Nadie más está en casa. Ni sus primos, ni su tía. Camina hasta la cocina y con un cuchillo común corta el cordón umbilical como puede. Deja el pequeño cuerpo sin vida en una caja de zapatos. Se desvanece. Es 1 de octubre de 2019.

Aurelia García Cruceño llegó a la casa de su tía Lucía Palazin, en Iguala, hace cuatro meses. Ella aceptó recibirla a cambio de que le ayudara en las tareas domésticas: limpiar la casa y preparar las comidas. Aurelia no hablaba español, pero deseaba por encima de todo salir de su pueblo, Xochicalco, una comunidad nahua de Chilapa, de 360 habitantes, en el estado Guerrero, al sureste de México. Tiene 19 años, nunca había estado embarazada. Mide menos de metro y medio. Su lengua materna es el náhuatl. Estudió hasta la Secundaria. Su intención era escapar del último hombre que la agredió sexualmente, una autoridad comunitaria de su pueblo.

De niña fue violentada sexualmente por un hombre de su círculo familiar. Siempre escuchó que a las mujeres que quedaban embarazadas antes del matrimonio las quemaban vivas. Cuando sospechó que ese era su caso, pidió orientación en la Casa de Salud, pero se la negaron. Entonces, tomó todos los tés y brebajes que le dijeron para estos posibles casos; olvidó lo sucedido, recogió sus cosas y salió de su pueblo.

Esa noche del 1 de octubre de 2019, en Iguala, Aurelia se desangraba cuando llegaron sus familiares a casa. Sus signos vitales eran muy débiles, según el paramédico Jason Muñoz, que la vio a media noche. Por eso pidieron una ambulancia y la llevaron al Hospital General Dr. Jorge Soberón Acevedo. Sus familiares no salían de su sorpresa. Días atrás, Aurelia solo tenía cólicos menstruales y la tía le dio unas pastillas antiinflamatorias para aliviar el dolor. Le dijo que si seguía con el dolor irían a un hospital. ¿De dónde pudo salir ese pequeño cuerpo si Aurelia era tan delgada?, se preguntaron.

En la madrugada del 2 de octubre de 2019, cuando Aurelia retomó la conciencia, se vio esposada a la cama hospitalaria. No entendía nada. Seguía un poco anestesiada del legrado que le hicieron para retirar los residuos de la placenta en el útero. El personal del hospital llamó a los agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) y trasladaron a una cárcel mixta a los dos días (4 de octubre) sin que le dieran el alta del hospital. La acusaron, supuestamente, de matar a su hijo, de cerca de ocho meses de gestación, y la condenaron, el 8 de julio de 2021, a trece años y cuatro meses de reclusión.

Aurelia narró a la abogada Verónica Garzón Bonetti, con mucha dificultad, los hechos que recordó de esa noche y madrugada que le cambiaron la vida, durante un acompañamiento psicológico y jurídico de preparación para enfrentar el delito que le endilgaban: homicidio en razón de parentesco.

El encierro

 El cuarto es pequeño. La voz de Aurelia es casi inaudible. Se le ve triste. Se encorva y baja la mirada para musitar alguna palabra. Es 4 de marzo de 2022. Las activistas de la Red Guerrerense por los Derechos de las Mujeres, una colectiva integrada por diversas organizaciones de mujeres de Guerrero, visitan a Aurelia por primera vez en el Centro de Readaptación Social de Iguala. Desde ese día, no la dejaron sola. La acompañaron en la intimidad del penal y dieron a conocer su caso en la opinión pública.

A la par, las abogadas del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democráticos (IMDHD), Ximena Ugarte y Verónica Garzón Bonetti, decidieron llevar su defensa en el terreno legal. Lucía, la tía de Aurelia, buscó a Garzón Bonetti por su reconocida lucha por los derechos humanos de las mujeres.

En esos encuentros, que se extendieron durante todo el 2022, Aurelia les contó de a poco, como las pausadas gotas de un proceso de destilación, que extrañaba mucho a su mamá y a su papá, Agustina Cruceño y Alberto García. Les dijo que anhelaba, algún día, poder construirles una casa. Con el poco español que había aprendido, narró que adentro de la cárcel solía escuchar la radio, que veía algunas series de televisión, y que compartía celda con una mujer que tenía un niño pequeño con el que jugaba a menudo y con otra, que era mayor que ella. Explicó que trabajaba en un puesto de aguas frescas dentro del penal, pero que su deseo era estudiar y convertirse en maestra. También, que adentro estaba Mayra Onofre, recluida por el mismo delito, homicidio en razón de parentesco.

Los primeros abogados que tuvo Aurelia la llevaron a aceptar un proceso penal abreviado. Es decir, un proceso que termina de manera anticipada con una sentencia condenatoria. Por eso, cuando las abogadas Ximena Ugarte y Verónica Garzón tomaron el caso, apelaron la sentencia y pidieron a la justicia que le permitiera a Aurelia defender su inocencia en un juicio oral. El 17 de enero de 2022, la magistrada Indalecia Pacheco León les dio la razón, revirtió la sentencia condenatoria y repuso el procedimiento judicial, por las graves violaciones a los derechos humanos que identificó en el procedimiento.

Para el IMDHD, la magistrada reconoció que Aurelia “fue juzgada por un sistema jurídico al que ella no pertenece y cuyas reglas no comprende. Y en el camino, además, sufrió discriminación por ser mujer, por ser indígena, por ser migrante y por encontrarse en situación de pobreza”. Para ese momento, además, Aurelia ya había pasado presa dos años y dos meses. Por eso, las abogadas pidieron al juzgado que le permitiera enfrentar el proceso en libertad, ya que había superado el tiempo máximo de reclusión preventiva (dos años) que establece la Constitución Política Mexicana, no tenía antecedentes penales y no representaba ningún riesgo para la sociedad.

En cambio, estar privada de su libertad sí podía ser peligroso para ella, porque estaba en un centro penitenciario mixto, donde no era efectiva la separación entre hombres y mujeres, y existía un riesgo muy alto de que Aurelia volviera a vivir una agresión sexual. La audiencia para revocar la medida carcelaria se dio el 20 de julio del 2022. La jueza encargada del caso, Mariela Alfaro Zapata, negó la propuesta y aseveró que Aurelia sí era un peligro social, por el crimen que se le endilgaba y porque “si es tan pobre como dicen —les dijo a las abogadas—, ¿quién va a garantizar que va a poder pagar su transporte para venir acá?”.

Según la defensa de Aurelia, para ese momento ya era claro que la jueza culpaba de forma anticipada a Aurelia y daba por cierta la teoría de la Fiscalía General del Estado. Entre otras supuestas pruebas, la Fiscalía tenía una declaración ministerial de la tía de Aurelia en la que decía que la señora había denunciado a su sobrina. Pero después se descubrió que se trató de una declaración que Lucía Palazin dio en español, sin abogado ni intérprete, porque su idioma natal también es el náhuatl. Los servidores públicos ministeriales la escribieron y le pidieron a la tía que la firmara. Ella confió y lo hizo sin leer el documento. Así lo manifestó ella misma en la audiencia, ante la jueza Alfaro Zapata.

Las abogadas de Aurelia sostuvieron que la tía solo recibió órdenes del personal de la Fiscalía, como cuando le pidieron que condujera a unos policías ministeriales a su casa para hacer diligencias después del parto fortuito de Aurelia. Lucía creyó que eso era parte del procedimiento. La defensa también demostró que el dictamen forense del feto que presentó la Fiscalía era inconsistente porque no probaba que las lesiones que tenía fueran posteriores a la emergencia obstétrica que tuvo Aurelia. También dijeron que la prueba que utilizó esta entidad, para aseverar que el feto nació con vida, estaba revaluada por la comunidad científica, por su alto margen de error en esa interpretación.

En la hipótesis de la Fiscalía nunca fueron importantes los abusos sexuales que padeció Aurelia desde la infancia, ni la violencia sicológica y falta de oportunidades que tuvo a lo largo de su vida, ni la última agresión sexual por la que quedó embarazada en 2019, ni la falta de asistencia y orientación médica para interrumpir ese embarazo en semanas tempranas al ser un caso de violación, como establecía para esa fecha el Código Penal Federal.

Durante el juicio oral, los comentarios de la jueza demostraron, rápidamente, de qué lado estaba: «cómo una mujer no va a saber que está embarazada», dijo una vez, «obviamente era su bebé», soltó en otro momento. El juicio corrió al tiempo que los medios de comunicación, estatales y nacionales, informaban lo que pasaba.

La estrategia mediática y política la abanderó la Red Guerrerense por los Derechos de las Mujeres. El caso resonó, incluso, en la conferencia matutina del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en el Palacio Nacional de Ciudad de México. “Tenemos buena relación con el Poder Judicial. Cuando hay estos temas se escucha nuestro planteamiento”, dijo López Obrador, en favor de Aurelia.

La última audiencia del juicio oral de Aurelia fue el 20 de diciembre del 2022. Al final, la jueza Alfaro Zapata dictó su libertad porque, según ella, la Fiscalía no reunió suficientes pruebas para determinar que las lesiones que tenía el feto fueran provocadas por Aurelia. Un tecnicismo jurídico que, según sus abogadas, estuvo lejos de reconocer los derechos vulnerados de esta joven nahua y la importancia de que el Poder Judicial se actualice y garantice una justicia con perspectiva intercultural y de género en casos similares. Casos como el de Mayra Onofre, a quien Aurelia conoció en la cárcel de Iguala y sigue privada de su libertad.

La misma Aurelia tiene pocas certezas después de su liberación, porque la Fiscalía General del Estado, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y la Procuraduría de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (que depende del Sistema para el Desarrollo Integral de las Familias en Guerrero) apelaron la sentencia absolutoria de Aurelia. Sus argumentos para pedir que la condenen la invisibilizan como víctima de una cadena de violencias y refuerzan que su vida importa menos que el feto que expulsó.

La imagen corresponde al día en que Aurelia fue liberada. Foto: Red Guerrerense por los Derechos de las Mujeres.

*  *  *

 La historia de Aurelia permitió entender por qué muchas mujeres como ella no accedían a un aborto seguro en Guerrero, aun cuando fueran víctimas de abuso sexual. El Código Penal del Estado de Guerrero establecía que el acceso a este servicio médico se permitiría en casos de agresión sexual, pero solo hasta que un agente del Ministerio Público o un juez lo autorizara. Es decir, las mujeres víctimas tenían que someterse al escrutinio de un servidor público para acceder a un derecho que ya garantizaba la Legislación Federal.

En la práctica, las mujeres buscaban ayuda en los centros de Salud Pública y les negaban la atención, como le pasó a Aurelia. Las integrantes del Observatorio de Violencias contra las Mujeres de Guerrero ya tenían documentado el problema cuando hicieron público el caso de Aurelia.

La coordinadora del Observatorio, Viridiana Gutiérrez Sotelo, detectó decenas de casos de mujeres, entre los 13 y 16 años, a quienes se les impidió abortar, aun cuando sufrieron agresiones sexuales siendo menores de edad.

Por esa razón, las integrantes del Observatorio pidieron que la Secretaría de la Gobernación de Guerrero decretara una segunda alerta de género que subsanara el problema. La Secretaría la aceptó el 5 de junio de 2020 y pidió al Poder Ejecutivo de Guerrero que cumpliera con 14 medidas reparadoras para que esa situación no se repitiera más.

A la fecha, de las catorce medidas solicitadas, solo ha cumplido una, y más por la incidencia política que realizaron las colectivas feministas: el 17 de mayo de 2022, el Congreso de Guerrero despenalizó totalmente el aborto antes de las 12 semanas de gestación. El parlamento argumentó que fue una respuesta a la alerta de género mencionada. Guerrero fue el noveno estado en hacerlo, de los 32 que existen en México. En total, once estados han despenalizado parcial o totalmente el aborto en este país.

Sin embargo, aun con la despenalización, en Guerrero todavía no hay garantías para acceder a abortos seguros y gratuitos, porque siguen pendientes algunas reformas a las leyes de Salud y al Código Penal del Estado. Las activistas feministas Jesica Estévez Ojendiz y Lourdes Juárez Díaz creen que aún falta un largo camino legislativo y constitucional, además, de la necesaria capacitación y formación del personal médico.

La libertad

 Es 20 de diciembre de 2022. Son las 9:20 de la noche. Aurelia camina hacia la entrada del Palacio Judicial de Iguala, acompañada de su madre y padre. Cruza las rejas de la fachada. Está libre. Sonríe. Se lleva la palma de la mano a la boca. La baja y vuelve a sonreír. Los ojos le brillan. Las mujeres que la esperan desde la tarde le expresan su apoyo con un grito de guerra: “¡Aurelia, hermana, aquí está tu manada!”. La mayoría son integrantes de la Red Guerrerense por los Derechos de las Mujeres.

Varios reporteros la aguardan. Horas antes, Aurelia le había dicho a las abogadas y a las activistas que no hablaría con nadie. “Muchas gracias por apoyarme, por defenderme y estar con mis papás. Me sentía triste por ellos, ya los quería ver, pero me hice fuerte para salir adelante”, le dice al primero que le acerca un micrófono, ante la sorpresa de la comitiva.

La emoción le cimbra el pecho. Respira agitada. “Me siento muy feliz, no lo puedo creer. Me siento muy feliz”, suelta cuando otra reportera le pregunta cómo se siente. A otros les dice que, ahora en libertad, quiere estudiar y cumplir su sueño de ser maestra. Ana Grabiela Candela Garzón, la coordinadora de la Red, la escucha y la desconoce. No es la misma Aurelia que conoció el 4 de marzo del 2022 en el penal de Iguala, pero está feliz de ver a la nueva Aurelia.

*  *  *

Tan pronto recuperó su libertad, Aurelia, ahora, con 23 años, tuvo que irse, junto a su madre y padre, a trabajar como jornalera en los campos agrícolas del norte del país. Su sueño de ser maestra sigue aplazado.

 

#HablemosDelAborto es una conversación digital y periodística, entre México y Colombia,  que lucha en contra de la penalización social del aborto en América Latina y los efectos que deja en las mujeres, hombres trans y personas no binarias. Fue organizada por Mutante, en alianza con El Espectador en Colombia, y en colaboración con Lado B, Página 3, Istmo Press, Revista Espejo, Amapola Periodismo Transgresor, La Marea y Pie de Página, de México. Tuvo el apoyo del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE). Si busca más información, le invitamos a conversar en las redes sociales de los medios aliados.

Ciudad de México: 15 años de la despenalización del aborto entre el derecho y el privilegio

¿Qué hay detrás de la disminución en las interrupciones legales del embarazo (ILE) en esta capital? Detrás, también están las enormes barreras que persisten para acceder a este derecho: burocráticas, de desinformación, de recursos humanos y de dinero.


Texto: Mely Arellano y Daniela Rea / Lado B y Pie de Página de México

Diana tiene 35 años, una hija y un embarazo de 10 semanas. Una mañana de invierno del 2022 acudió a la clínica pública México-España, ubicada en la delegación Miguel Hidalgo, para interrumpir ese embarazo. Sabe que en la Ciudad de México el aborto está despenalizado, así que buscó en internet el procedimiento, los lugares y los requisitos.

La mañana que acudió a la clínica era la décima en la fila. Antes de ella había una joven que venía de Querétaro acompañada de su mamá; y una chica con uniforme de secundaria acompañada de dos amigos con el mismo uniforme, entre otras mujeres. A las 7 de la mañana ya eran unas 30 personas y para las 8, cuando entregaron las fichas, la mitad se tuvo que ir a su casa por no alcanzar turno.

Cuando la trabajadora social le revisó sus documentos le dijo que le faltaba una prueba de sangre. “Eso no está en los requisitos de internet”, espetó, “pero se necesitan y sin ellos no puedes entrar”, le respondió la mujer. Ni hablar. Diana regresó a casa con su ficha y su embarazo.

Al día siguiente decidió no volver a intentarlo ahí, porque no le darían permiso en el trabajo y no quería exponerse a más incertidumbre en un proceso ya de por sí complicado. Terminó yendo a una clínica particular donde pagó 3,500 pesos (unos US$ 193) por el procedimiento de aspiración sin anestesia. Hubiera elegido no sentir el dolor que sintió, pero no tenía los 2,500 pesos adicionales para ello.

Después de luchar 50 años por la despenalización del aborto y lograrlo desde hace 15, en la Ciudad de México el aborto es legal hasta las 12 semanas de gestación, pero el acceso a este derecho enfrenta muchas barreras: de información, de recursos materiales y humanos, administrativas y de clase.

Citlali es una joven del Estado de México. Cruzó la frontera invisible con la Ciudad de México para realizarse un aborto. Llegó a una de las clínicas públicas en el norte de la ciudad y, además de que la trabajadora social la quería disuadir de hacerse el procedimiento, le quiso cobrar 3,000 pesos. Citlali no sabía que tiene derecho a un aborto legal, seguro y gratuito, solo había escuchado que podía abortar sin el riesgo de ser llevada a la cárcel.

Abortar en la Ciudad de México y la forma en cómo lo hacemos es una cuestión de privilegio.

Caída estrepitosa

Desde el año 2007 que se aprobó la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), el gobierno local ha practicado 256 mil 665 procedimientos, el 85% a través de medicamento y el resto por AMEU (aspiración manual uterina). Sin embargo, desde el 2014 la cantidad de procedimientos ha disminuido.

¿Qué significa esta disminución de los servicios brindados por el Estado? Para activistas, es un reflejo de la falta de accesibilidad al derecho, para la Secretaría de Salud local es más bien una estabilización de casos, luego de un repunte por la disminución de abortos considerados “clandestinos”, sumado al confinamiento pandémico.

Y si bien el confinamiento complicó el traslado y el acceso de las mujeres a procedimientos en instituciones públicas, y fueron otras mujeres, las acompañantas, las que solventaron esa ausencia del Estado, eso no explica la caída sostenida desde 2014.

Colas, fichas, gasas y papel de baño

Si una mujer quiere interrumpir su embarazo en la Ciudad de México, en los servicios gratuitos del Estado, tiene que llamar al ILETEL (555132-0909) o acceder a internet y buscar las clínicas y los horarios en que se ofrece el servicio.

Uno de los primeros resultados de la búsqueda es la página oficial de la Secretaría de Salud (Ssa). Ahí leerá que no puede ir a cualquier clínica, pues solo se ofrece en siete unidades médicas y ocho hospitales; que el horario inicia a las 8:00 am, pero en la práctica sabrá que tiene que hacer fila a las 6:00 am para alcanzar una de las 20 fichas que se reparten. Si no alcanza, deberá intentarlo al día siguiente, con las complicaciones que ello implica: volver a pedir permiso en el trabajo, volver a encargar a lxs hijxs y volver a gastar dinero en el transporte público.

En la capital del país, el acceso a la interrupción legal del embarazo público no es una garantía. Esta es una de las principales quejas que hacen usuarias, acompañantas y organizaciones de defensa a los derechos humanos.

Daniela Medina, integrante de Marías Acompañantes, dice: “Antes pensaba que el principal obstáculo eran las leyes y la falta de gratuidad, o sea, que las mujeres no accedían a abortos seguros porque solo estaba garantizado en CDMX, pero el hecho de que ya sea legal en otros estados me ha cambiado la visión. Ahora creo que el problema, más bien, es la falta de información y los estigmas que hay alrededor (…) Casi todas las feministas sabemos cómo usar el misoprostol y que abortar es nuestro derecho, pero lo sabemos nosotras. Hay muchísimas mujeres fuera de nuestros círculos que no lo saben, que creen que conseguir ‘miso’ es difícil e ilegal, incluso tenemos muchos casos donde acuden a médicos que les recetan procedimientos incompletos o erróneos porque, aunque son médicos, no están actualizados en el tema, no conocen el uso del ‘miso’, por negocio o simplemente porque anteponen su supuesta ética a la salud y deseos de la paciente”.

Stephanie Lomelí, coordinadora de Fondo María, asegura que “en efecto, hay todavía muchas personas, incluso en la Ciudad de México, que no saben que se puede acceder a un aborto en las clínicas públicas”.

En la página de internet se establece que los requisitos para acceder a la ILE son:

  • Identificación oficial, en original y copia.
  • La Clave Única de Registro de Población (CURP), un código de identidad de 18 caracteres utilizado para identificar a residentes y ciudadanos mexicanos.
  • Comprobante de domicilio en original y copia (último recibo de predial, luz, agua, gas, televisión paga, teléfono fijo o servicio de internet).
  • Cédula de Gratuidad (residentes de la Ciudad de México).
  • Se recomienda acudir con un acompañante con identificación oficial en original y copia.

Pero en la práctica cotidiana, las mujeres señalan que se les exige también prueba de sangre, la recomendación de acompañante se vuelve obligación y se les piden insumos como gasas, papel de baño o cloro porque la clínica pública no tiene recursos económicos para ello.

Incluso en algunos casos, mujeres han testimoniado el cobro por el servicio que debería ser gratuito, como el caso de Citlali, la joven del Estado de México a quien una trabajadora social quiso cobrarle 3,000 pesos por un procedimiento en un hospital público. Su testimonio fue recogido por Lurel Cedeño Peña en su tesis doctoral “La experiencia narrada del aborto en mujeres mexicanas: entre el estigma y el empoderamiento”.

Desde 2007, cuando se despenalizó el aborto en CDMX, al mes de febrero de 2023, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México ha armado 16 expedientes de queja vinculados a la presunta violación a los derechos a la salud y de las mujeres, relacionados con la ILE. En los casos registrados se observa que:

  • En 10 de los 16 expedientes, se manifestó que hubo obstrucción o restricciones por parte del personal médico para poder realizar el procedimiento.
  • En todos los casos se declaró que recibieron malos tratos por parte del personal que atiende en los hospitales.
  • La mitad de las personas peticionarias o agraviadas denunciaron que fue necesario acudir a más de un hospital para conseguir la atención.
  • En solo uno de los casos, la autoridad señalada como responsable no fue la Secretaría de Salud, sino personal de la Fiscalía especializada.
  • En uno se refiere a que el procedimiento del ILE no fue correctamente practicado y se puso en riesgo la salud de la paciente.
  • En tres casos solicitaron requisitos adicionales, como análisis clínicos, testigos o estudios clínicos pagados de manera particular.

“El servicio funcionaría si hubiera conciencia de las barreras para llegar al aborto y se actuara para combatirlas”, dice Maricarmen Teolli, acompañanta. “Por ejemplo, solo por referirnos a las barreras económicas: tener saldo en el teléfono para hacer una llamada en busca de información, llegar, regresar, pagar pruebas de sangre, los insumos que piden… Muchas veces el que una mujer ejerza su autonomía depende de tener 100 pesos de saldo en el celular”.

Actualmente, solo en dos lugares, el Centro de Salud Dr. Juan Duque de Estrada y la Clínica de Salud Reproductiva Beatriz Velasco de Alemán, ambas ubicadas en la alcaldía Venustiano Carranza, cerca del centro de la ciudad, dan atención ampliada e incluso los fines de semana.

“Eso es muy importante porque hay quienes no tienen la posibilidad de acudir entre semana”, porque tienen que pedir permiso en su trabajo, dice Stephanie Lomelí, coordinadora de Fondo María, y agrega que para que una mujer pueda ir a pedir el servicio a las 6 de la mañana debe echar mano de muchas herramientas y redes de apoyo: el ejercicio del derecho a abortar es un tema de justicia sexual y reproductiva.

Del total de interrupciones legales del embarazo que realiza el gobierno local, el 68.7% son a mujeres que radican en la Ciudad de México y el resto a otros estados del país, siendo los principales: Estado de México (con el 87.5% del total de procedimientos a foráneas), Hidalgo y Puebla.

Y si bien Patricia López, acompañanta de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México (Ddeser), reconoce que una buena práctica es la prioridad que dan a las mujeres foráneas para atenderlas el mismo día, mediante el procedimiento de AMEU, para las que sí radican en CDMX no hay suficiente atención.

Lo ideal, propone Stephanie Lomelí, es que el servicio de ILE se proveyera en cualquier centro de salud, clínica u hospital de la ciudad, y no que se limitara a unos cuantos, como sucede actualmente.

En ello coincide Mara Zaragoza, subdirectora de fortalecimiento de la organización Ipas Latinoamérica, que lucha por el acceso a abortos seguros: “si bien no estamos diciendo que desaparezcan las clínicas de ILE, nos parece que hoy por hoy cualquier mujer debería poder llegar a una clínica, decir que lo necesita y obtener el servicio con la misma calidad”.

En experiencia de las acompañantas, los servicios públicos también deberían mejorar la publicidad y atención para que sea cálida, clara, sin estigmas y sin presión para llevarse un método anticonceptivo.

La falta de información pública sobre este derecho ha dado pie a que en la entrada de las clínicas haya personas anti-derechos que, disfrazados de médicos y enfermeras, desinformen y coopten a las usuarias para obstaculizar el acceso al aborto. Mujeres que, según la titular de la Administración del Seguro Social (Ssa), Olivia López, inhiben la interrupción del embarazo con información falsa, e “incluso a mujeres que no están embarazadas les realizan el ultrasonido y proyectan imágenes de fetos que no existen en su vientre”.

Adolescentes y su derecho a la justicia reproductiva

El documento “Aborto Legal, Seguro y Gratuito en la Ciudad de México, 2007-2021. Tendencias a 15 años de su despenalización y provisión pública”, realizado por el gobierno de la CDMX, señala que se ha reducido más el número de ILE entre niñas y adolescentes, que entre las mujeres adultas, aunque no refiere razones. Y señala también que en alcaldías menos urbanas, como Milpa Alta, la probabilidad de embarazo infantil es muy elevada, y muy reducida la probabilidad de que las niñas accedan a la interrupción.

El Comité de Expertas de Belém Do Pará señala sobre los embarazos infantiles que “todo embarazo en una niña menor de 14 años debe considerarse no consentido y, por tanto, producto de violencia sexual”.

De acuerdo con la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), en la CDMX se registraron 635 violaciones sexuales contra niñas de 1 a 17 años, solo de 2019 a 2021, es decir, una cada dos días. Aunque seguramente son más, porque como señala la directora de esta organización, Tania Ramírez, “hay un subregistro de estos casos”.

En caso de una violación, la Norma Oficial Mexicana 046 establece que se puede acceder a una Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE)  incluso sin denuncia judicial de por medio, y no hay un límite de semanas gestacionales para llevar a cabo el procedimiento.

Sin embargo, el número de IVE es muy bajo. Por ejemplo, en ese mismo periodo en el que hubo 635 violaciones sexuales contra niñas (2019-2021), solo se registraron 116 IVE en mujeres en general, aunque de acuerdo con las autoridades, eso se debe a que muchas prefieren acceder a la ILE para evitar cuestionamientos.

Pero si ese es el caso, ¿cómo van a saber las adolescentes que pueden acceder a un aborto si no hay campañas de difusión?, cuestiona Stephanie Lomelí, coordinadora de Fondo María: “Vemos a veces campañas que hablan de la vacunación o de otro tipo de servicios, y pues ILE nunca está presente”.

Las cinco alcaldías con mayor índice de fecundidad en adolescentes son Tláhuac, Xochimilco, Magdalena Contreras, Milpa Alta y Cuajimalpa.  De acuerdo con un análisis realizado por Verónica Esparza, coordinadora de Investigación en el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), en Milpa Alta y Cuajimalpa hay menos información, menos presupuesto y, por lo tanto, menos posibilidades de acceso a una ILE. Lo cual tiene un impacto en la vida presente y futura de esas adolescentes.

Al respecto, Oliva López Arellano, secretaria de Salud de la CDMX explica que es necesario mucho equipamiento para llevar el servicio a las alcaldías más alejadas, por lo que se concentran en prevenir el embarazo, mediante campañas sobre el derecho a la salud sexual y reproductiva y el acceso a métodos anticonceptivos en escuelas de educación media y media superior.

Uno de los requisitos para que las adolescentes puedan acceder a una ILE o una IVE es que vayan acompañadas por su padre, madre o tuto, lo cual, de acuerdo con acompañantas, complica el acceso por el estigma que hay alrededor del embarazo adolescente.

La criminalización permanece

La falta de información sobre el aborto afecta también a las mujeres adultas que viven en las zonas menos urbanas, “como Tláhuac, Milpa Alta, Xochimilco, donde todavía hay mucho estigma”, dice Patricia López, acompañanta de Ddeser. En su experiencia, en esas zonas “todavía hay muchos mitos y estereotipos al respecto, como que un aborto es culpa de la mujer”.

A la falta de información se suma el hecho de que el aborto sigue siendo un delito contemplado en el Código Penal: “mientras eso continúe, las mujeres seguirán teniendo temor de solicitar o buscar servicios, porque están preocupadas de sí su caso cuadra o no en un marco legal”, dice Mara Zaragoza, de Ipas Latinoamérica.

Se trata de un temor fundado: la CDMX es la entidad donde hubo más Carpetas de Investigación (CDI) por aborto en el año 2022 en todo el país: 192 personas fueron denunciadas por ese delito, una denuncia cada dos días.

También en el acumulado de 2015 a 2022, la capital del país quedó en primer lugar con 945 denuncias.

Que el aborto siga como delito en el Código Penal hace también que el personal de salud sienta riesgos, “y esa incertidumbre legal, lo único que trae como resultado es mayor rechazo, falta de atención y negación de servicios, que ponen en juego lo que se supone que es lo más importante: la salud y bienestar de las mujeres”, agrega Mara Zaragoza.

Abortar en clínicas privadas

Mientras el aborto siga siendo más un privilegio que un derecho, las mujeres optarán por interrumpir sus embarazos con acompañantas, pero también en clínicas privadas, donde tampoco hay garantía de una atención sin prejuicios o incluso a un precio justo. Además, los hospitales privados no están obligados a informar a la autoridad sobre el número de servicios de ILE o IVE que dan.

Este relato lo comparte Daniela Medina, integrante de Marías Acompañantes, quien acompañó a una amiga a realizarse una ILE en una clínica privada en el año 2012.

“Acompañé a una amiga que en ese entonces tenía 21 años y tenía 10 semanas de gestación. Somos de Toluca, así que tuvimos que trasladarnos en bus primero, llegar a (la estación) Observatorio y de ahí a la clínica que estaba por la estación Indios Verdes. Cuando llegamos le empezaron a cuestionar por su salud, que si tenía un TAC, que si no estaba alimentándose bien para que no se le notara, frente a todas las demás pacientes. La persona que estaba en el mostrador era un hombre y le hizo un interrogatorio extenso. Ella pidió ver el ultrasonido y la ginecóloga le dijo que si quería verlo era porque no estaba segura y ella no podía perder el tiempo, tenía muchas pacientes. Mi amiga quería de alguna forma despedirse del embrión. Luego le dijo que tenía 13 semanas y media y que, por eso, el costo era más alto y tenía que ser otro proceso. Mi amiga quería un AMEU y le dijeron que sí, pero además la forzaron a pagar más y a tomar una dosis de ‘miso’. Mi amiga comenzó con mucho dolor, escalofrío y náusea, síntomas fuertes del ‘miso’ y estaba muy asustada. El encargado del mostrador le gritó y la maltrató. Llegamos a la clínica a las 9:30 a. m. más o menos y la atendieron cerca de las cuatro o cinco de la tarde, pero a mí me dieron informes hasta las seis. No la anestesiaron, sintió todo y la ‘gineco’ la regañaba por moverse, por respirar profundo. Después la dejaron una hora esperando, semidesnuda, leyendo sobre anticonceptivos. Le volvieron a hacer un ultrasonido para que viera que el útero estaba vacío. Por días tuvo dolor y después, una infección”.

Julia Escalante, activista por los derechos sexuales y reproductivos, realizó una investigación sobre el servicio de ILE en clínicas privadas y encontró —con excepciones— que hay lugares donde hacen trabajar al personal médico 10 horas seguidas, con poco tiempo de descanso por lo que no dan consejerías ni explican las señales de alarma. Lo cual implica un riesgo para las usuarias; además de que se les exige practicar y vender los procedimientos y métodos anticonceptivos más costosos. Encontró también una alta fluctuación de personal en las clínicas.

Escalante registró el caso de una mujer que tenía un embarazo ectópico y la aspiración mal practicada terminó en una perforación. Días después del procedimiento ella llamó a la clínica para decir que tenía dolor, le dijeron que era normal. “Terminó en un hospital con una infección y una cirugía que costó 70,000 pesos (unos US$ 3.785)”.

Otra experiencia que acompañó Daniela Medina sucedió en otra clínica privada, en la colonia Roma:

“Mi acompañada tenía 20 años y 8 semanas, ella quería abortar con ‘miso’. Le dijeron que no podía usar medicamentos porque tenía más de 12 semanas y tenía que ser forzosamente con AMEU (que salía mucho más caro, que con medicamentos). Le hicieron firmar una especie de deslinde de responsabilidades si se ponía mal en Toluca. Yo aún no sabía cómo funcionaba el ‘miso’ y pues creímos en lo que decía la ‘gineco’. En ese momento yo tenía unos 2 años acompañando, no conocía muchas clínicas y no tenía tan presente el concepto de violencia ginecológica ni de derechos que tengo hoy”.

Para Daniela, estas experiencias que acompañó son ejemplo de cómo se sigue castigando a las mujeres por decidir y cómo se lucran de nuestro desconocimiento. “En las clínicas privadas es común que intenten cobrarles de más a las mujeres, que aumenten el precio por cada semana de gestación. En casi todas las clínicas dicen que hay acompañamiento psicológico, que es libre de estigmas, pero esa vez parecía todo lo contrario”.

 

#HablemosDelAborto es una conversación digital y periodística, entre México y Colombia,  que lucha en contra de la penalización social del aborto en América Latina y los efectos que deja en las mujeres, hombres trans y personas no binarias. Fue organizada por Mutante, en alianza con El Espectador en Colombia, y en colaboración con Lado B, Página 3, Istmo Press, Revista Espejo, Amapola Periodismo Transgresor, La Marea y Pie de Página, de México. Tuvo el apoyo del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE). Si busca más información, le invitamos a conversar en las redes sociales de los medios aliados.

(Pódcast) Ruta Oaxaca: recorrer miles de kilómetros para abortar en libertad

Por: El Espectador

Foto: Alejandra Balaguera

 

Las historias de Esperanza, Victoria y Libertad son el reflejo de cómo en este estado las mujeres enfrentan enormes barreras de acceso y prejuicios para decidir sobre su cuerpo y maternidad. Esto a pesar de que aquí, como en otros lugares de Latinoamérica, el aborto está despenalizado hasta las 12 semanas de embarazo.

#HablemosDelAborto es una conversación digital y periodística, entre México y Colombia,  que lucha en contra de la penalización social del aborto en América Latina y los efectos que deja en las mujeres, hombres trans y personas no binarias. Fue organizada por Mutante, en alianza con El Espectador en Colombia, y en colaboración con Lado B, Página 3, Istmo Press, Revista Espejo, Amapola Periodismo Transgresor, La Marea y Pie de Página, de México. Tuvo el apoyo del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE). Si busca más información, le invitamos a conversar en las redes sociales de los medios aliados.

«Las mujeres no tienen por qué salirse de la Iglesia por abortar»: Sandra Mazo

La directora de Católicas por el Derecho a Decidir en Colombia e integrante del movimiento Causa Justa explica por qué quienes son creyentes pueden disentir de la jerarquía eclesial y decidir sobre su propia maternidad. Dice que para superar la culpa del aborto, que impacta tan hondo a las mujeres, es necesaria su bendición social.


Por: Karen Parrado Beltrán / Mutante*

Fotos: Paula Thomas

Colombia

 

Después de veinte años de un debate intenso hay varios acuerdos sobre el aborto en Colombia. Uno de ellos, que empieza a ganar terreno, es que a las camándulas ya no hay que sacarlas de los úteros —pues el país ha avanzado a través de sentencias de la Corte Constitucional—, sino de las conciencias.

Úteros y conciencias engloban metafóricamente dos facetas del aborto en el país: la legal y la social. Por un lado, Colombia es el país con la regulación más progresista del continente en la materia. Por otro, es de las naciones con más católicos en el mundo, donde abortar aún es considerado un acto moralmente reprochable o un pecado condenado por la Iglesia católica.

“Pero ya no es igual que hace dos mil años”, dice Sandra Mazo, activista católica y feminista, y parte del movimiento de mujeres que demandó al Estado colombiano en dos oportunidades durante este siglo para eliminar al aborto del Código Penal. Para ella, que también es directora de la oenegé Católicas por el Derecho a Decidir Colombia (CCD – Colombia), el aborto tiene que ser menos una cruzada religiosa, encallada en ideas fundamentalistas, y más un tema de salud pública.

También busca volver más popular la visión misericordiosa de la Iglesia católica sobre el aborto, una visión que no condena a las mujeres creyentes por abortar ni las obliga a abandonar la Iglesia. Además, cree que hay una tarea pendiente: despenalizar las conciencias y erradicar la culpa a la hora de acceder al aborto.

Mazo y otras mujeres recorren el país haciendo pedagogía sobre la Sentencia C-055 de 2022, que emitió la Corte Constitucional el 21 de febrero del año pasado. Con esa decisión –considerada histórica– se despenalizó parcialmente el aborto hasta la semana 24 sin condiciones, conservando las tres causales establecidas en un fallo previo, la Sentencia C-355 de 2006, que son: peligro para la vida o salud de la mujer, incompatibilidad del feto con la vida fuera del útero y cuando el embarazo sea resultado de una violación, incesto o procedimientos de fertilización no consentidos.

En 2005 usted estaba embarazada de su primera hija, muy cerca de dar a luz y también era parte del movimiento de mujeres que quería lograr que la Corte Constitucional despenalizara el aborto en las tres causales específicas. Algunos verían una contradicción en eso, ¿para usted qué representó?

Para mí fue coherencia. La situación que estaba viviendo en el 2005 frente a mi embarazo lo que mostraba era precisamente lo que defendemos nosotras, y es que la maternidad tiene que ser deseada, planeada, tiene que hacer parte del proyecto de vida de las personas. Y el estar embarazada en medio de esta apuesta de litigio que nos llevó a la despenalización en tres causales, fue mostrar en la práctica, en mi propia vida y en mi propio cuerpo, que no queremos que las maternidades sean forzadas y que tenemos derecho a decidir. Eso lo que mostró es que no estamos haciendo apología del aborto, sino que lo que promovemos son maternidades seguras y deseadas.

Ha dicho que el no abortar no es un dogma dentro de la Iglesia, ¿qué significa eso en la práctica?

El aborto en la Iglesia católica definitivamente es un tema que está en debate. La Iglesia católica, que es a la que yo pertenezco y en la que creo, no es monolítica y en el tema del aborto no hay una visión impuesta. Hemos investigado y hemos encontrado que el aborto está en el Derecho Canónico y que es tratado desde una visión misericordiosa, porque es perdonado. El Derecho Canónico es benévolo y misericordioso porque exime o atenúa la pena de excomunión por aborto en determinadas circunstancias. Hay principios muy importantes en la Iglesia católica, sobre todo el principio de la libertad de conciencia, que hacen que se vuelvan argumentos muy potentes para quienes somos creyentes, y que nos muestran que esta Iglesia sí comprende y sí perdona a las mujeres que abortan. Aquí hay un debate de todas maneras plural, sabemos que quizá la jerarquía eclesial en los últimos años ha tenido una postura bastante cerrada frente al tema, pero hay doctrina religiosa que nos muestra que hay posibilidad de disentir frente a esto y que las mujeres no tienen por qué salirse de la Iglesia por abortar porque hay razones de peso que la Iglesia perdona.

¿Qué ha hecho que esa postura misericordiosa de la Iglesia sobre el aborto no sea tan conocida?

Lo que hace que no exista la misericordia son los fundamentalismos religiosos. Los creyentes no podemos ver la palabra de Dios, la ritualidad y la sacralidad, al pie de la letra. Lo religioso también hay que leerlo en el contexto. Los contextos cambian. Esta es una Iglesia que tiene que empezar también a mirar el devenir de los tiempos, los signos. Y los tiempos cambian.
Por eso, en materia de derechos sexuales y derechos reproductivos, mucha feligresía le está reclamando a la Iglesia católica cambios, que ya no es igual que hace dos mil años. También consideramos que hay una Iglesia renovada, y nos vamos a encontrar con religiosas, sacerdotes, personas de iglesia que están seguras de que hay que empezar a leer lo religioso y
la religión desde los cambios de los sujetos históricos. Nosotras no concebimos un Dios a partir del miedo, del pecado o de la culpa, sino una visión de Dios a nuestra imagen y semejanza.

¿Qué responsabilidad le queda a los creyentes?

Hay que trabajar mucho en ser coherentes y tener un diálogo más directo con ese Dios en el que creemos. Porque nada ganamos con rezar tres veces al día o ir todos los domingos a misa, si estamos reproduciendo ejercicios de poder y siendo incoherentes con el mensaje del cristianismo, que es el de la solidaridad, el del amor.

¿Cuál cree que ha sido el mayor impedimento para que la discusión del aborto en Colombia avance hacia un terreno de derechos humanos?

Un impedimento ha sido el patriarcado, y es esa dificultad para que entiendan que las mujeres tenemos agencia moral, es decir, capacidad de decisión. Nuestro cuerpo, nuestra vida, nuestra sexualidad han sido tomados como un recurso, como un medio, y no como un fin. A las mujeres nos han instrumentalizado el cuerpo para la maternidad, y los poderes patriarcales –llámense Iglesia, Estado, cultura– se han creído dueños del cuerpo y la vida de las mujeres. Y creo que eso ha dificultado en términos normativos, pero también en términos sociales y emocionales, que se pueda avanzar frente al ejercicio del derecho a decidir de las mujeres y, sobre todo, en el tema del aborto, que ha sido tratado con tanto estigma a partir del miedo, del pecado, de la culpa, bajo el manto de una doble moral. Mientras no haya reconocimiento de las mujeres como agentes morales de decisión va a ser muy difícil que la sociedad entienda que no pueden seguir decidiendo por nosotras. Se hacen leyes y normas que siguen reproduciendo la desigualdad y nos siguen viendo como menores de edad, incapaces de tomar decisiones frente a nuestra vida. Nos ponen la responsabilidad sobre el mundo, pero nos quitan agencia para decidir frente a nuestro cuerpo, es demasiado contradictorio.

¿Vivimos una especie de doble moral cuando se trata del aborto?

Casi todo el mundo ha tenido cercanía con alguien que ha abortado. Esta es una sociedad doble moral porque cuando conoce casos concretos considera que había razones para hacerlo, pero a nivel general muestra un discurso en contra de avanzar en estos derechos. Esto está muy permeado por el estigma. La gente puede que internamente esté de acuerdo con ciertas circunstancias de aborto, pero como reconocerlo tiene tantos costos en términos de sanción social y moral, cuando se tiene que hablar a nivel público se oculta y se rechaza. Luchar por la salud pública, para que no se nos mueran las mujeres, y para que no las tengan que perseguir ni criminalizar, es un acto de humanidad y de derechos. Por eso hablo de la doble moral, porque es muy lamentable una sociedad que está siendo connivente y cohonestando con que las mujeres se mueran por situaciones que podrían ser evitables. Esta es una sociedad en la que todos defendemos la vida, pero en la que hay vidas de primera y de segunda, y la vida de las mujeres siempre ha estado en segundo lugar.

La sentencia C-055, que despenalizó el aborto en Colombia hasta la semana 24 de gestación, cumplió un año hace poco. ¿Qué ha sido lo más significativo de estos 12 meses?

Creo que el balance es bastante positivo. Por un lado, se ha hecho mucha pedagogía, sobre todo las organizaciones de Causa Justa, y otras organizaciones de mujeres, de derechos sexuales y reproductivos, hemos hecho un trabajo incansable para llevar la información de la manera más veraz, oportuna y fiel a lo que ha significado la sentencia de la Corte. Lo que me parece que también ha generado que se mantenga la conversación vigente. No fue que se despenalizó el 21 de febrero de 2022 y se dejó de hablar. Y, como ha habido un gobierno nuevo, nos ha permitido un ejercicio de incidencia con el gobierno, que ha mostrado
voluntad política. De hecho, han agilizado el proceso de hacer una resolución (051 de 2023), que salió en enero y que da la reglamentación para el ejercicio y la práctica del aborto en Colombia por parte de las entidades prestadoras de servicios de salud (EPS). Creo que no ha sido un año fácil en términos de que se comprenda lo que significó las 24 semanas, pero cada vez hay más voluntades, más personas y organizaciones tomando en serio lo que ha dicho la Corte y generando más información al respecto.

¿Para usted qué representa la semana 24 en esta última sentencia, un aspecto muy criticado por algunos sectores?

Cuando presentamos esta demanda no pedimos ni semanas ni plazos. Para nosotras la petición era muy clara: eliminar el delito de aborto del Código Penal. La decisión de la Corte de dar 24 semanas fue basada en el principio de un óptimo constitucional, es decir, pensar cómo generar una armonización entre la vida en gestación y la vida de la mujer o persona gestante. Este fue un criterio basado en salud pública, en parámetros que ha dado la Organización Mundial de la Salud. Fue un asunto de la Corte
Constitucional, no nuestro. No es que la Corte haya dicho que pueden abortar a las 24 semanas, sino que da un lapso entendiendo que Colombia tiene muchas dificultades para detectar y enfrentar a tiempo situaciones de embarazos no deseados por cualquier razón.

Vayamos a los últimos cinco años y a todo el proceso que ha acompañado al activismo de Causa Justa. ¿Qué cosas planteó diferente desde el principio este movimiento en comparación al que logró la sentencia de las causales en 2006?

En este tiempo lo que ha marcado la diferencia es que las organizaciones que integramos Causa Justa hemos ganado madurez. La capacidad de entender todas las experticias y capacidades que hemos logrado ha hecho que podamos confluir y retroalimentarnos. Otro elemento muy importante fue construir argumentos. Construimos noventa y fue todo un proceso para entender y documentar por qué era necesario eliminar el delito de aborto. Pasamos de saber que había que despenalizarlo a argumentar desde muchas perspectivas las razones para hacerlo definitivamente, y aquí hubo miradas jurídicas, políticas, en salud pública, socioculturales. Otro elemento diferencial fueron las redes sociales. Eso ha ayudado mucho porque nos posibilitó mostrar los argumentos por diferentes medios y sobre todo democratizar y socializar muchísimo con organizaciones de diferente índole.

Otra cosa fue lo que está pasando en América Latina, es decir, la ola verde que vimos en Argentina nos puso un listón muy alto en términos de la movilización. De hecho, Argentina comenzó con la despenalización social y después con la despenalización legal, a nosotras nos ha tocado más vía litigio y hemos ido llegando a la despenalización social.

Un último ingrediente que llegó y que potenció muchísimo el trabajo de Causa Justa fue la movilización social. La calle es un lugar muy importante para defender esta sentencia, y fue una cosa impresionante ver tantas mujeres, tantas personas en general, movilizándose alrededor de ella.

En Colombia y otros países de la región vivimos una avanzada de movimientos autodenominados ‘provida’ que insisten en que el aborto siga considerándose un delito. ¿Cómo lee la simbiosis entre estos movimientos y la religión?

Creo que estos grupos, que realmente se llaman antiderechos, tienen muchas procedencias. Algunos tienen una procedencia religiosa, sobre todo muchos grupos pentecostales y evangélicos, que han tomado mucha fuerza como movimientos trasnacionales en contra de la agenda de género y en contra de los derechos sexuales y reproductivos. Sabemos que hay toda una intencionalidad religiosa, pero no es su única característica de identidad, también obedecen a una ideología de derecha. Y cuando digo de derecha es una ideología neoliberal, patriarcal, que se empeña en mantener el statu quo y que lo que necesita es mantener la tradición, lo que se concibe como la familia y los valores tradicionales. Esa simbiosis que caracteriza a los grupos antiderechos hay que mirarla desde una perspectiva política, pero también económica. Ellos están muy interesados en tener en los gobiernos y en el Estado figuras representativas que mantengan el orden y un modelo de injusticia y, sobre todo, bajo principios y pilares neoconservadores.

También hay una característica de estos grupos y es en lo social y en lo cultural. Han aprendido de los movimientos sociales, incluso del movimiento feminista, y replican las acciones que nosotras hacemos para la incidencia. Están armando y fortaleciendo grupos de jóvenes, tienen movimientos de mujeres, conforman oenegés, tienen centros de estudio e investigación en las universidades.

Con esas dos banderas –la defensa de la vida y de la familia– han desplegado una cantidad de estrategias para retroceder derechos y para obstaculizar el avance de los derechos de las mujeres y de las personas de la diversidad sexual.

¿Qué piensa de los dos referendos ‘provida’ que se están organizando en este momento en el país? ¿Le preocupan?

Sabemos que hay dos proyectos que están en la recolección de firmas. Ellos se están valiendo de los mecanismos de la democracia para retrocedernos en derechos y es lamentable. Esperamos que esas dos iniciativas no prosperen. Somos conscientes de que estos instrumentos de la participación ciudadana no son para poner a consideración derechos fundamentales.

La sentencia de la Corte Constitucional está reconociendo el aborto como un derecho fundamental que se deriva del derecho a la salud, y ellos con sus referendos lo que están poniendo a consideración es negar un derecho fundamental. La verdad no nos asusta porque nosotras siempre nos hemos valido de los mecanismos de la democracia para ganar y alcanzar derechos, y estamos aquí listas para el debate político que haya que dar.

¿Cómo enfrentar el problema de la culpa y del estigma que rodea al aborto?

Hay una cosa que para Católicas (por el Derecho a Decidir, CDD-Colombia) ha sido siempre una bandera y es que no basta con que logremos normas muy progresistas si no trabajamos al mismo tiempo por cambiar imaginarios sociales y culturales que las asimilen; es lo hemos llamado despenalización social. Creemos que muchas personas a pesar de que saben que el aborto es legal, que no están cometiendo un delito, experimentan una fuerte carga cultural que hace que haya muchas culpas. Y una de las cosas que hemos planteado es que hay que empezar a despenalizar las conciencias, eso pasa por empezar a entender por qué la gente tiene miedo, porque está cargada de culpas y porque las creencias hacen que que sean tan conflictivas las decisiones frente al aborto. De hecho, hay un cargo muy bello que reconoció la Corte Constitucional en esta sentencia y es el de la libertad de conciencia. La Corte dijo que este derecho hace parte de un derecho reproductivo, que es la autonomía reproductiva, el derecho a decidir de las mujeres. Por eso estableció que hasta las 24 semanas ninguna mujer tiene que decirle ni al médico, ni al esposo, ni al papá, ni al sacerdote, ni a nadie, por qué va a abortar. Es entender que la decisión que toma, la toma basada en su libre albedrío, eso es muy revolucionario. No hablamos de un tema solamente religioso, es también jurídico, porque es acudir nada más y nada menos que al principio de la libertad.

Hay algo muy lindo de esta sentencia y es que no obliga. Las personas a las que su conciencia, su religión, su moral, les impide practicarse un aborto, afortunadamente esta sentencia no las obliga, no tienen por qué hacerlo; pero tampoco pueden presionar y obligar a las mujeres a actuar en contra de su propia conciencia. Si hay algunas que sí lo desean, que sí se enfrentan a un embarazo no deseado, no se les puede imponer un tipo de moral única. Tiene que llegar un momento donde la gente entienda que esto es un procedimiento de salud pública, de igualdad de derechos, y empezar a quitarle esa carga de estigma, de miedo y de culpa que ha tenido toda la vida el aborto.

 

#HablemosDelAborto es una conversación digital y periodística, entre México y Colombia, que lucha en contra de la penalización social del aborto en América Latina y los efectos que deja en las mujeres, hombres trans y personas no binarias. Fue organizada por Mutante, en alianza con El Espectador en Colombia, y en colaboración con Lado B, Página 3, Istmo Press, Revista Espejo, Amapola, periodismo transgresor, La Marea y Pie de Página, de México. Tuvo el apoyo del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE). Si busca más información, le invitamos a conversar en las redes sociales de los medios aliados.

Colectivas promueven amparos en cuatro estados para que el IMSS y el ISSSTE garanticen el acceso al aborto

La estrategia legal puesta en marcha en Baja California, Hidalgo, Oaxaca y Veracruz busca enfrentar el hecho de que, pese a que el aborto ya está despenalizado en esos estados, instituciones de salud federales se niegan a realizarlo porque las leyes federales aún no están actualizadas.


Texto: Marcela Nochebuena

Fotografía: Amílcar Juárez (Archivo)

20 de febrero del 2023

 

Colectivas de Baja California, Hidalgo, Oaxaca y Veracruz impulsan una estrategia legal para lograr que los servicios federales de salud garanticen el acceso al aborto, ya despenalizado hasta la duodécima semana de gestación en esas entidades.

 

Acompañadas por AbortistasMx, agrupaciones y colectivas de esos estados promueven amparos para que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) garanticen los servicios de aborto voluntario en todos los casos.

 

La omisión ante una iniciativa de reforma a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley General de Salud y el Código Penal Federal —congelada en el Congreso desde 2021— ha permitido que, en numerosos casos, los institutos nieguen el servicio de aborto voluntario aun en los estados donde ya está despenalizado, pues la normativa aún no lo contempla.

 

El IMSS y el ISSSTE siguen negando la interrupción legal del embarazo, pero también su aplicación bajo ciertas causales contempladas en leyes locales, porque el Código Penal Federal solo contempla tres: cuando el embarazo es resultado de una violación, cuando existe peligro de muerte de la mujer embarazada y cuando el aborto es espontáneo o accidental.

 

“Lo que hemos visto es que, aunque hay avances —tenemos ya 11 estados de la República que han despenalizado parcial o totalmente los servicios de aborto—, el acceso en IMSS e ISSSTE está restringido, y eso no corresponde a la realidad del país cuando sabemos que el tema del acceso a la seguridad social depende del trabajo”, explica Ninde MolRe, coordinadora de incidencia de AbortistasMx.

 

Desde la organización se han percatado de que, además, en estados como Hidalgo los servicios de aborto gratuito en clínicas estatales suelen negarse a personas que ya tienen seguridad social, por lo que no es un servicio universal. En consecuencia, esa situación sigue remarcando las diferencias en el acceso a servicios de salud para mujeres y personas con capacidad de gestar.

 

Por eso, desde AbortistasMx —plataforma de acompañamiento legal a colectivas y organizaciones interesadas en la despenalización del aborto— se ideó la estrategia de los amparos, que hasta ahora se está implementando en Baja California, con Las Calafias y Brujas Californianas; en Hidalgo, con Di Ramona; en Oaxaca, con Ixmucane AC, y en Veracruz, con Marea Verde Altas Montañas y un despacho de abogadas.

 

“Estamos implementando esta estrategia para pedir que se extiendan los servicios de aborto a IMSS e ISSSTE en estos estados… El amparo es un mecanismo que el Estado nos da a los ciudadanos para defendernos de las autoridades cuando hay violaciones a nuestros derechos humanos. En este caso, lo que nosotras estamos aludiendo es que en los servicios de salud federales, que son servicios que el Estado provee, el Congreso y el Ejecutivo federal no están respetando los derechos reproductivos de las personas”, señaló MolRe.

 

Estos son derechos humanos que deben garantizarse, según lo establece la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en su sentencia 271/2021 de septiembre de 2021. En ella, el máximo tribunal declaró inconstitucional criminalizar el aborto de manera absoluta. El Código Penal Federal permanece sin ser homologado a ese criterio, pues penaliza el aborto completamente con excepción de las tres causales que contempla.

Los amparos en los cuatro estados han sido firmados por derechohabientes del IMSS o ISSSTE, ya sea derivado de su trabajo o del seguro facultativo, y serán jueces federales quienes determinarán si son procedentes o no. Un primer avance ya se dio en Oaxaca en diciembre pasado, donde se ganó el primer amparo promovido por una mujer derechohabiente del ISSSTE contra el Código Penal Federal, solicitando su inaplicación.

 

“No solamente es el acceso a los servicios, sino la no criminalización. Esta mujer se amparó en el estado de Oaxaca, y el juez declaró que el Código Penal Federal es inconstitucional por restringir el derecho al aborto de forma total”, relató MolRe. Esa sentencia ya es firme, y por lo tanto, será un antecedente que servirá para el resto de la estrategia. En ese instrumento, sin embargo, no se pidió el otorgamiento de servicios, sino simplemente la inaplicación e inconstitucionalidad del delito de aborto previsto en la normativa federal.

 

Los siguientes amparos sí contemplarán ambos aspectos. Por un lado, que a las personas no se les criminalice en caso de que necesiten un aborto, y por el otro, que sea parte de los servicios de salud para toda la población. “Estamos tratando de que esa sea la argumentación para generar un precedente, o de alguna forma obligar a IMSS e ISSSTE a brindar esos servicios”, agregó la activista

 

En septiembre pasado, Patricia Mercado, una de las senadoras promoventes de la iniciativa federal para garantizar el acceso al aborto, explicó a Animal Político que, dado que el delito se persigue a nivel estatal, la despenalización en cada entidad es indispensable, pero a nivel nacional la reforma más importante es a la Ley General de Salud, pues permitiría garantizar el aborto como un servicio gratuito por parte de la Secretaría de Salud, el IMSS y el ISSSTE. Aunado a ello, también sería necesario fortalecer las leyes propias de ambos institutos.

 

En respuesta a una solicitud de información sobre la cifra de interrupciones legales del embarazo practicadas en el instituto, el IMSS contestó que eran cero. En tanto, el ISSSTE declaró la inexistencia de la información “toda vez que el instituto no realiza Interrupción Legal del Embarazo, debido a que este no se encuentra contemplado dentro de la normatividad sectorial vigente”. En cambio, únicamente proporcionó los datos relativos a abortos y muertes fetales englobados en la misma estadística.

 

Servicio nulo: la experiencia en Hidalgo

“La realidad es que son nulos”, dice Daniela Téllez, de la organización de acompañantes Di Ramona, en Hidalgo, en torno a los servicios de interrupción voluntaria del embarazo por parte de IMSS e ISSSTE, a partir de la información que se recaba desde la colectiva. “¿Cómo es posible que en los estados tengamos ahora leyes más progresistas que a nivel federal?”, cuestiona.

 

A partir de la despenalización del aborto en esa entidad en julio de 2021, Di Ramona puso en marcha la línea telefónica ILE Hidalgo, a la que las usuarias pueden llamar para informarse sobre cómo acceder a esos servicios en el estado. Ahí, con mucha frecuencia, reciben la comunicación de derechohabientes de IMSS e ISSSTE que acudieron a buscar el servicio y se toparon con una negativa.

 

“Desde su derechohabiencia, se les impide acceder a los servicios dentro de sus clínicas locales y cercanas, por las cuales inclusive están pagando de sus salarios sus impuestos para poder acceder a servicios de salud integrales, pero lamentablemente en IMSS e ISSSTE no es una posibilidad”, asegura Téllez.

 

“Las usuarias tienen que trasladarse necesariamente a hospitales de la Secretaría de Salud pública del estado de Hidalgo, donde evidentemente los servicios tampoco son perfectos y se siguen sobresaturando debido a que la atención no se brinda donde ellas deberían poder acceder a su derecho”, añade.

 

El argumento llano es que ahí no se da el servicio. “’Aquí esas cosas no se hacen’, así de tajante”, señala la activista. Por ello, el proyecto ILE Hidalgo, que creó Di Ramona para difundir esos servicios en el estado primero mediante una campaña con la colocación de espectaculares en diversos puntos de Pachuca y muros rotulados en otros municipios clave, da cada vez más pasos.

 

A la difusión, siguió la línea telefónica exclusiva para la información sobre aborto legal —ruta, horarios, documentación, ubicaciones—, independiente de la que ya tenía Di Ramona para acompañamiento de abortos. Así, la campaña de comunicación se transformó en una de incidencia con la Secretaría de Salud de la entidad, a partir de las quejas sobre deficiencias que empezaron a recibir al inicio de la implementación.

 

Al mismo tiempo, comenzaron a hacerse evidentes las negativas en los servicios federales de salud. “Afortunadamente, las quejas que llegamos a tener de la Secretaría de Salud en mayor medida se fueron corrigiendo, pero era una constante la negativa por parte de IMSS e ISSSTE, la cual continúa aún hoy en 2023. Es una pena porque en noviembre salió la segunda edición del lineamiento técnico para la atención al aborto seguro nacional, e IMSS e ISSSTE pusieron ahí sus logos; entonces, es incomprensible”, relata Téllez.

 

Otra consecuencia importante de la negativa del servicio en los institutos federales es que, cuando las usuarias la reciben, se van con la idea de que no se puede abortar en ningún hospital en Hidalgo o incluso de que sigue siendo ilegal, explica. Además del rechazo, no reciben ninguna información adicional, orientación o redirección. De ahí surgió la necesidad de iniciar la estrategia legal en compañía de AbortistasMx.

 

“Tenemos altas expectativas de esta estrategia, no es la primera en su tipo: hace unos meses en Oaxaca se implementó un amparo muy similar, y la resolución fue positiva. No esperamos menos para el estado de Hidalgo… Sabemos que, si bien un amparo es una herramienta sumamente útil, muy contundente, que nos sirve muchísimo, tampoco lo es todo; entonces, seguimos trabajando desde otros ámbitos: la incidencia, la comunicación, la difusión y la defensoría de este derecho que, ya lo dijo la Suprema Corte, es un derecho y también un servicio esencial de salud”, concluye la activista.

En la imagen, activistas feministas durante la marcha del 8 de marzo del 2022. Foto: Amílcar Juárez (hemeroteca Amapola)
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