Familiares de desaparecidos dicen que con Encinas no hubo avances importantes para la justicia

Texto: Jesús Guerrero

Fotografía: Oscar Guerrero

Chilpancingo

22 de octubre del 2023

Familiares de personas desaparecidas durante el periodo histórico conocido como la guerra sucia denunciaron que con Alejandro Encinas al frente de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación no hubo avances importantes en llegar a la justicia y, prueba de ello, aseguraron, es que en este gobierno se sigue protegiendo al Ejército de las atrocidades que cometió en Guerrero.

«Nosotros estuvimos en el informe de la Comisión para el Acceso a la Verdad de la Guerra Sucia un día antes que Alejandro Encinas dejara el cargo y dijimos que no hay ningún avance objetivo y que el Ejército sigue ocultando la información», dijo Octaviano Gervasio Serrano, representante del colectivo de Esposas e Hijos de Desaparecidos y Desplazados por la Guerra Sucia, quien participó en la conferencia de prensa junto a otros familiares de desaparecidos.

La semana pasada, Alejandro Encinas dio a conocer su renuncia a la Subsecretaría de Gobernación luego de que aceptó la invitación de la aspirante de Morena a la presidencia de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, para incorporarse a su equipo de trabajo.

Octaviano Gervasio recordó que hace ocho meses renunciaron dos de los tres integrantes del Comité para el Acceso a la Justicia, Carlos Pérez Vázquez y Fabián Sánchez Matus.

En declaraciones públicas que hicieron los dos miembros de este Comité establecieron que se iban del cargo porque no había apoyo económico y político de las instituciones gubernamentales y así era difícil cumplir con las expectativas de justicia a los familiares de los desaparecidos.

«Este comité es importante porque es donde están los abogados penalistas que iban a lograr judicializar los casos de personas desaparecidas y que están en las averiguaciones previas que tiene la Fiscalía General de la República», dijo Octaviano Gervasio.

Octaviano Gervasio, Carmen Iturio Nava así como Bernardo Hernández, hijos de tres desaparecidos presuntamente por el Ejército en la década de los setentas, dijeron que es difícil que en los últimos 11 meses que le resta a la Comisión para el Acceso a la Verdad de la Guerra Sucia vaya a cumplir con lo que prometió el gobierno de Andrés Manuel López Obrador de ir al fondo contra los responsables de la desaparición de cientos de personas en Guerrero.

La Comisión de Acceso a la Verdad está integrada por dos mujeres y tres hombres, entre ellos, el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan Abel Barrera Hernández concluye su trabajo en septiembre del 2024.

«Ellos aseguran que hay avances en esta Comisión que se creó pero es mentira y prueba de ello es de que fracasó la comparecencia de 300 militares como probables responsables de la desaparición de personas», dijo Octaviano Gervasio.

«Lamentablemente vemos una cerrazón y sin una voluntad plena del secretario de Defensa (Luis Crescencio Sandoval) para abrir los archivos con el propósito de darle una protección indebida a esos criminales que están o estuvieron en el Ejército», afirmó Octaviano Gervasio quien es hijo del campesino Octaviano Gervasio Benítez, desaparecido en 1974, en Atoyac de Álvarez presuntamente por militares.

El activista consideró que la Secretaría de la Defensa Nacional debería de dejar que fluya la investigación para que se castigue a los malos elementos del Ejército y esta institución tenga otra imagen ante la sociedad mexicana.

«No todos los del Ejército son malos, hay también buenos pero hay una cúpula de generales y coroneles en retiro que se oponen a que se abran los archivos porque saben que les va a llegar a ellos».

Mencionó que a pesar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador defiende al Ejército de graves violaciones a los derechos humanos que ha cometido, para los familiares de las víctimas de la guerra sucia es claro que los militares cometieron atrocidades en contra de la población civil en Guerrero.

«Nosotros lo que exigimos es de que se quite ese pacto de impunidad porque de seguir así van a continuar las desapariciones forzadas como sucede actualmente en el estado».

Este colectivo tiene un registro de más 800 personas desaparecidas durante la guerra sucia y hasta el momento solo se han logrado recuperar siete víctimas recientemente en el municipio de Ajuchitlán del Progreso.

En la conferencia de prensa de los familiares de las personas desaparecidas estuvo la arqueóloga y maestra del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Lidia Iris Rodríguez Rodríguez, quien informó que en las excavaciones que se realizaron en las ex instalaciones del 27 Batallón de Infantería, en Atoyac de Álvarez, hallaron vestigios de ropa que podría ser un indicio de que pertenezcan a personas desaparecidas por el Ejército en la década de los setentas.

Contó que es importante este hallazgo porque los familiares de las víctimas podrían decir a la FGR que prenda llevaban la última vez que vieron a su familiar.

La investigadora en arqueología forense recordó que en investigaciones que se realizaron por casos de desapariciones forzadas en Argentina y Brasil se hallaron ropas y eso derivó en la identificación de las víctimas.

«Nosotros esperamos que la FGR permita realizar más excavaciones en las antiguas instalaciones del 27 Batallón, en Atoyac, para recabar más indicios».

En donde funcionó el 27 Batallón de Infantería del Ejército, en Atoyac, ahora son instalaciones del ayuntamiento de ese municipio llamada Ciudad de los Servicios.

Octaviano Gervasio anunció que pedirán a la FGR que ordene el cierre de esas oficinas del ayuntamiento para que se realicen más excavaciones.

Hasta el 2019, se llevaron a cabo seis diligencias judiciales en ese terreno en donde estaba el 27 Batallón de Infantería.

Conferencia de prensa de la Union de Colectivos de Víctimas y Familiares de la Guerra Sucia, este 22 de octubre del 2022, en las instalaciones del SNRP.

Micaela Cabañas, la hija de Lucio, su historia y su propia lucha

La Asamblea de los Pueblos del Estado de Guerrero (APPG) la eligió para recibir la Presea Sentimientos del Pueblo, una ceremonia paralela a la presea que entrega el Congreso local en la conmemoración de los Sentimientos de la Nación, que reconoce las causas sociales


Texto: Margena de la O

Fotografía: Oscar Guerrero

Chilpancingo

13 de septiembre del 2023

Era 1996, debía cursar el cuarto año de la carrera universitaria de Derecho, cuando uno de sus maestros repasaba la lista de alumnos y se detuvo en su nombre.

–¿Micaela…Cabañas? ¿eres de la costa?, –le preguntó.

–No, yo soy cerquita de aquí, de un pueblo de Acapulco.

–¿Eres de los Cabañas? ¿Quién era tu papá? ¿Tienes familiares como el maestro Lucio?

–Él era mi papá.

–¡Ay, no es cierto! ¿Tú sabes quién era Lucio?

–Mi papá. Era un maestro muy importante.

– ¡Ay, Micaela!

Hasta los 21 años Micaela Cabañas Ayala fue consciente de quién fue su padre, el célebre Lucio Cabañas Barrientos. Su vida pasada la vivió entre penumbras, por su origen.

Cada vez que preguntaba a su madre por su padre reinaba el silencio. Ella debía luchar en si creer o no que su padre fue un gavillero, como lo leyó en los libros de la biblioteca de la preparatoria número 1 de la Universidad Autónoma de Guerrero (Uagro), o un importante maestro rural como el director de la secundaria de Naucalpan (Estado de México), donde estudió primer año de secundaria, el profesor Camilo, le dijo.

En el origen lleva la sentencia

Micaela Cabañas es la única hija del maestro rural Lucio Cabañas Barrientos, el hombre que tomó las armas entre los años sesentas y setentas, después de formarse como profesor en la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, pisar las aulas en distintos punto del estado, donde formó niñas y niños, y donde comenzó sus primeras luchas sociales.

La lucha armada le valió que el Estado mexicano lo declara uno de los enemigos públicos de una época conocida en el argot público como guerra sucia, pero renombrada por científicos sociales como terrorismo de Estado, por la política de desaparición y exterminio en manos de Ejército en nombre de combatir la guerrilla en la Sierra de Guerrero.

Las numerosas desapariciones y muertes de habitantes de El Quemado, un pueblo de Atoyac de Álvarez, en la Costa Grande, municipio donde inicia y termina la historia de este guerrillero, es un ejemplo claro de la estrategia militar.

La misma Micaela Cabañas lo padeció, aun cuando ni siquiera conoció a su padre; en el origen llevaba la sentencia.

También es una sobreviviente del Campo Militar número 1, donde estuvo retenida casi dos años, a partir de los dos meses de nacida. “Yo salí de ahí con vida, soy una sobreviviente de la Guerra Sucia”, dijo en una entrevista en 2019, de la que ya existe una primera versión, pero que es retomada para Amapola, periodismo transgresor hoy que sería acreedora de la Presea Sentimientos del Pueblo que otorga la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG) en el contexto de la conmemoración de los Sentimientos de la Nación.

Su padre fue un hombre perseguido por el gobierno por el desafío recurrente de sus tropas a la milicia, persecución que se agudizó en 1974, después de que su grupo, el Partido de los Pobres, secuestró al ex gobernador Rubén Figueroa Figueroa.

–¿Tú sabías que cuando pasó lo de la guerra sucia el presidente de la República (Luis Echeverría) ordenó exterminio total a la familia Cabañas?, –se le pregunta Micaela Cabañas.

–Yo soy víctima indirecta de Lucio Cabañas, víctima indirecta de Isabel Ayala, soy víctima directa porque también estuve en el Campo Militar número 1.

Micaela se enteró que sus paisanos y los lugares donde se refugió su padre hasta los apellidos se cambiaron. Todos los Cabañas o Barrientos, fueran o no familiares de Lucio, tenían una sentencia de muerte.

Ella nació en septiembre de ese mismo 1974, en Tixtla, el lugar donde se refugió su madre, su abuela (madre de su padre) y sus tíos (hermanos de Lucio). Su padre seguía en las montañas de la Sierra, más perseguido que antes, que siempre, por el secuestro de Figueroa. El ex gobernador de Guerrero fue rescatado por militares en medio de un enfrentamiento con el grupo guerrillero.

El gobierno dio con ellos dos meses después de su nacimiento y su madre y todos los Cabañas fueron a parar al Campo Militar número 1, referencia de la tortura y de la desaparición forzada institucional de aquellos tiempos.

La madre de Micaela era una niña, tenía 14 años, cuando ella nació. Un año antes conoció a Lucio en Santa Rosa, su pueblo, ubicado en la Sierra de la zona Centro del estado. Un día, él acampó con toda su tropa ahí, la gente les regaló de comer y en la noche hubo un baile en la cancha del lugar, con el tocadiscos de los padres de Isabel Ayala.

Isabel y Lucio bailaron juntos toda la noche. Al día siguiente la tropa guerrillera ya no amaneció en Santa Rosa. Isabel tampoco.

La historia de sus padres es una construcción de Micaela con los relatos de su abuela materna, y de lo poco que llegó a contarle su madre.

Isabel Ayala y su hija Micaela Cabañas estuvieron en el Campo Militar número uno durante 18 meses.

–Mi mamá tuvo que pasar por muchísimas cosas, violaciones, golpes, atropellos, siendo una niña. Mi mamá cuando entró al Campo Militar tenía 14 años, cuando salió de ahí tenía 16, era una menor de edad.

Una implicación de la manera en que se vive en el Campo Militar fue que Isabel Ayala quedó embarazada y parió un hijo de su violador.

–Ella fue violada por Rubén Figueroa Figueroa y tuvimos un hermano, un hijo de él, sólo que murió. El bebé estaba enfermo.

De lo poco que recuerda Micaela del bebé, después de que fueron liberadas, es cuando su madre le daba de comer por sondas.

Todo tenía que ver con su historia

La Ley de Atención a Víctimas cita dos categorías de víctimas, directas o indirectas. ¿Micaela dónde queda? En 2019, año de la entrevista, aún no lo resolvía, quizá porque nunca dejó de ser víctima.

Los primeros años de su vida se llamó Alejandra Ayala, en lugar de Micaela Cabañas, de hecho así estuvo registrada en el jardín de niños del barrio de San Francisco, en Chilpancingo, donde estudió.

Cuando fue Micaela Cabañas, sus maestros de primaria le decían “la hija de Lucio Cabañas”.

–Le empecé a preguntar a mi mamá quién era el maestro Lucio y me decía, no, pues, tu papá fue importante. Todavía se escuchaban las gavillas que hablaban de Lucio Cabañas y mi madre me decía, tú eres la mera madre de todos ellos.

Los años siguientes vivió sin saber por qué no conocía a la familia de su padre. La recomendación constante de su madre fue no hablar mucho de quién era y estar pendiente si alguien sospechoso se acercaba. Solía cambiarse de domicilio al mínimo indicio o alerta.

Conoció a su abuela, la madre de su padre, a los 19 años, y casi por casualidad. Una vez que atendía el módulo de información de la central de autobuses en Chilpancingo, una mujer le preguntó si era Micaela Cabañas, lo leyó en un distintivo que llevaba en el pecho. La mujer era pariente de la madre de Lucio y juntas planearon que conocería a su abuela en la casa de un cura en Atoyac de Álvarez. Fue la única vez que la vio.

Como evidencia de lo caótica que era su vida hasta entonces, dice que al menos tres veces por año su mudaba de casa. “Con decirte que me sé todas las colonias de Chilpancingo”, comentó y sonrió.

Es la manera en que le enseñaron a vivir.

–A nosotros nos siguen persiguiendo, ¿y sabes?, ya se hizo parte de nuestra vida diaria. Tú sales y te asomas si no ves nada sospechoso, te asomas si es que viene una persona, si viene armada. Nuestra vida es así, nosotros estamos criados así, con una desconfianza, ya es parte de nuestra vida.

Poco antes de la entrevista, el gobierno federal fue encabezado por el presiente Enrique Peña Nieto (hasta 2018), de origen priista, partido en que forjaron sus carreras políticas Los Figueroa.

En ese entonces, no podía entender por qué, con lo precavida que siempre fue su madre, creyó en los alcances de los programas institucionales para familiares de víctimas de desaparición forzada, como la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP), que funcionó durante casi todo el periodo presidencial de Vicente Fox Quesada (2001-2006).

Buscó la reparación del daño, sobre todo para sus hijos. Micaela nunca estuvo de acuerdo. Cree que esa gestión de su madre pudo ser la causante de su muerte.

–Ella dejó una carta y decía que quería que se le apoyara a sus hijos para que salieron adelante y no fueran ignorantes como ella, para que ellos tuvieran estudios. Ella nunca pidió terrenos, dinero, qué sé yo, cosas económicas, pidió que sus hijos tuvieran becas, tuvieran estudios que tuvieran dónde vivir, sin embargo, el gobierno no le cumplió en nada ni a sus hijos. Fue injusto lo que hizo el gobierno, porque sino le iban a dar nada no le hubieran dado, pero no lo hubieran matado.

A Isabel Ayala, madre de Micaela Cabañas Ayala, la mataron el 3 de julio de 2011, junto a su hermana Reyna, en Xaltianguis, el pueblo de Acapulco en el que vivía. La versión que fue pública por algunos medios de comunicación sobre cómo ocurrieron los hechos es que las hermanas salían de la iglesia del pueblo, donde vendían alimentos, y unos hombres desde un carro les dispararon y las mataron. Antes de huir, uno de ellos bajó para llevarse sus teléfonos celulares.

Ese año en Guerrero, dirigentes sociales, varios de estos ex guerrilleros, buscaban que los legisladores locales aprobaran la Comisión del Verdad para investigar y documentar las desapariciones y asesinatos ocurridos en la entidad entre 1969 y 1979, etapa de desapariciones y exterminio.

–¿Te acuerdas quién estaba gobernando el país en ese tiempo? Era el PAN. Cuando mi mamá muere eran las elecciones, iban a ser las elecciones para nuevo presidente de la República (que ganó el PRI), entonces me la asesinan y me amenazan a mí de muerte y yo salgo de ahí con toda mi familia y me voy al DF (ahora Ciudad de México). Yo estaba pidiendo irme otro país con toda mi familia y la Cámara de Diputados tenía un expediente mío, donde estaban todos los nombres de mi familia. A la salida de la Cámara de Diputados nos levantan y me dicen, tú calladita te ves más bonita, ni una declaración más ni un reportaje más; aquí tenemos la lista de todos tus familiares. La lista que habíamos dejado en la Cámara de Diputados.

En ese momento, ocho años después del asesinato de su madre, Micaela ya tenía varias claridades; todo tenía que ver con su origen, con su historia.

Nada repara el daño, pero su entorno cambia

Hay dos cosas primarias que en ese entonces Micaela Cabañas quería si la reparación del daño le llegara algún día: vivir en un lugar donde no le diera miedo decir su nombre, y que la historia le haga justicia a la memoria de su padre.

La única referencia emblemática de justicia es que el gobierno mexicano fue sentado en el banquillo de los acusados por el caso de desaparición forzada de Rosendo Radilla, a quien vieron por última vez en el cuartel de en Atoyac de Álvarez, después de que en agosto de 1974 lo retuvieron en un retén militar.

Su familia, en particular su hija Tita Radilla, llevó el caso hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) y esta emitió una sentencia en la que condenó al gobierno de México.

Hasta hace poco la vida de Micaela Cabañas comenzó a cambiar. El actual gobierno federal que encabeza Andrés Manuel López Obrador ha ofrecido ciertos rasgos de reparación a las víctimas del pasado, en particular de la época de Lucio, al reconocer parte de las atrocidades que cometió el Estado mexicano en el pasado reciente.

Apenas el viernes pasado, por ejemplo, fueron exhumadas las primeras siete víctimas de la guerra sucia, lo que fue calificado por familiares de víctimas directas, como Gervasio Serrano, hijo de Octaviano Gervasio Benítez, una persona desaparecida de la década de los sesentas, es un hecho histórico, porque es la evidencia de las crueldades que cometió el gobierno mexicano, a través del Ejército.

Los restos de cinco hombres de Los Espadines y dos de Las Desdichas, ambos del municipio de Ajuchitlán del Progreso, en la región de la Tierra Caliente, fueron exhumados 56 años después de la fosa clandestina en la que los enterraron los militares en 1967.

También esta administración federal dio la garantía de abrir los archivos secretos de la antigua Dirección Federal de Seguridad (DFS) y del Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional (Cisen) de esa época.

Este contexto ha conferido a Micaela la posibilidad de hacer un trabajo desde las instituciones. Desde hace un tiempo en la representante de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en Guerrero, responsabilidad que la ha sacado de las penumbras impuestas, y enarbolar su lucha y la de muchos tantos de víctimas del pasado y actuales.

También ha tenido la posibilidad de ser testigos de que por primera vez su padre, el maestro rural, sea nombrado en libros de texto por su lucha social.

Por todo lo que ha vivido Micaela Cabañas, quien de la sentencia de su destino creó una posibilidad, la APPG la eligió para recibir la Presea Sentimientos del Pueblo, una ceremonia paralela a la presea que entrega el Congreso local en la conmemoración de los Sentimientos de la Nación, que reconoce las causas sociales.

 

Exhuman las primeras siete víctimas de la guerra sucia con evidentes huellas de un terrorismo de Estado

Entre los restos exhumados el viernes 8 de septiembre estaban los de un menor de 13 años. Son víctimas de un periodo marcado por las atrocidades del Ejército contra la población


Texto: Marlén Castro
Fotografía: Especial 
Chilpancingo
Los habitantes de Los Espadines, municipio de Ajuchitlán del Progreso, en la región de la Tierra Caliente, oyeron ruidos alrededor del pueblo. Se preocuparon. Eran comunes las incursiones del Ejército en las comunidades de la Sierra en esos años. Era 1967.
Cuatro años atrás, Lucio Cabañas, el líder guerrillero del Partido de los Pobres, había muerto en combate y el Ejército y todas las fuerzas federales se afanaban en exterminar la semilla revolucionara dejada por Cabañas.
Los habitantes de Los Espadines, apenas entre 35 y 40 personas, supieron pronto que los ruidos los hacían soldados y personas con ropas de civil.
Entre la oscuridad, algunos hombres pudieron escapar al monte. No todos corrieron con la misma suerte. Los que seguían ahí a la mañana fueron detenidos, torturados y fusilados.
Los sobrevivientes cuentan que esa noche de 1967 llegaron como 200 elementos del Ejército y otros más vestidos de civil, que usaron armas que descansaban sobre el suelo en tres patitas, desde las que lanzaban balas que destrozaban todo por completo. Se cree que usaron lanza granadas para hacer salir a la gente de sus escondites.
Esta mañana del viernes 8 de septiembre, 56 años después, los restos de cinco hombres de Los Espadines fueron exhumados de la fosa clandestina en la que los enterraron los militares. Los cráneos tienen orificios, lo que confirma la ejecución y el terrorismo de Estado.
Se define como terrorismo de Estado, de acuerdo con las discusiones académicas, a la forma del ejercicio del poder con miras a crear temor generalizado y a efectuar disposiciones represivas, criminales dirigidas contra los ciudadanos que son considerados enemigos del Estado, algunas de las prácticas y métodos utilizados fueron las desapariciones, las torturas y los llamados vuelos de la muerte.
“Alguien los acusó de que eran guerrilleros y por eso el Ejército acabó con ellos”, sostiene Octaviano Gervasio Serrano, presidente del Colectivo de Esposas e Hijos de Desaparecidos y Desplazados de la Guerra Sucia.
Gervasio Serrano, hijo de Octaviano Gervasio Benítez, una persona desaparecida de la década de los sesentas, indica que la exhumación de siete víctimas de la guerra sucia es un hecho histórico, porque se trata de la evidencia de las atrocidades que cometió el gobierno mexicano, cuyo principal brazo ejecutor fue el Ejército.

La fosa clandestina

Después de que sus esposos y padres fueron fusilados y enterrados, las viudas y los huérfanos abandonaron Los Espadines. Algunos se refugiaron en Pie de la Cuesta, otro pueblo de la Sierra, del municipio de Atoyac, de acuerdo con lo que registró el colectivo al que se adhirieron.
Las mujeres y los niños y niñas fueron obligados por los soldados a ver el fusilamiento de los hombres. Fueron amenazados, si hablaban, si denunciaban, si desenterraban a sus familiares, les pasaría lo mismo. Así que se fueron de Los Espadines pero siempre supieron dónde estaban enterrados.
“A pesar de que ya habían pasado muchos años, tenían mucho miedo de hablar”, dice Gervasio Serrano, quien se hizo abogado para hacerse de herramientas jurídicas en su lucha.
Los Espadines ahora sólo son coordenadas. El tiempo borró por completo sus casas. Ahora todo es un terreno en el que los vecinos siembran maíz.
A las familias les llevó 55 años para animarse a hablar ante una autoridad. Los menores que presenciaron los acontecimientos ahora tienen más de sesenta años y las viudas, sólo sobreviven dos, están entre los 85 y 90 años.
En noviembre del 2022 presentaron su denuncia ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y el 2 diciembre la ratificaron ante la Oficina Especial de Víctimas de la Guerra Sucia.
En abril de este año, se hizo una búsqueda de reconocimiento, a partir de los testimonios de las víctimas y, finalmente, el lunes 4 de septiembre comenzaron las labores para exhumar los restos humanos.
En Los Espadines identificaron dos puntos, cada uno, resultó ser una fosa. En una hallaron a tres personas y en la segunda a dos.
Junto con la denuncia de los sobrevivientes de la matanza de Los Espadines, también hablaron los familiares de dos víctimas en el lugar conocido como Las Desdichas y de otra más, en el punto conocido como El Cerrito del águila, pequeñas poblaciones del municipio de Ajuchitlán del Progreso.
Entre el 4 y el 8 de septiembre, personal de la Fiscalía Especializada para la Investigación, Persecución, de los Delitos en Materia de Desaparición Forzada de Personas de la Fiscalía General de la República (FGR) trabajaron en tareas para llevar a cabo la exhumación y este viernes anunciaron el hallazgo de los restos de siete víctimas. Falta uno más por localizar.

Las víctimas

Los restos exhumados pertenecen a Bartolo Rojas Nazario, Francisco Rojas Nazario, Gervasio Bernardino Román, Eduardo Oviada Ortiz, Apolonio Hernández Bernardino, José Isabel Rojas Bernardino, y el niño Pablo Rojas Terán, que tenía 13 años y era hijo de Francisco Rojas.
Los cadáveres, de acuerdo con lo que informaron a Estela Arroyo Castro, coordinadora de la Asociación Representativa de Ejidos, Comunidades, Grupos Vulnerables y Violaciones a los Derechos Humanos (Arecovidh), organización a la que pertenecen las víctimas, fueron trasladados en helicóptero a Chilpancingo por elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE).
Aun cuando es su derecho, el personal de la Fiscalía Especializada negó el acceso de los familiares al momento de que exhumaron los restos, supuestamente por la lluvia y sólo les permitieron verlos durante un par de minutos.
Arroyo Castro indicó que los restos de la víctima que faltaron, podrían ser exhumados hasta noviembre, después de las lluvias.

El Ejército “calladito”

Gervasio Serrano señala que las fechas de presentación de la denuncia, de ratificación y del inicio de los trabajos de reconocimiento y el hallazgo final de los restos de las víctimas hacen suponer que fue un proceso fácil, pero no lo fue.

Las víctimas y las organizaciones de personas desaparecidas presionaron al Estado a hacer las búsquedas, protestaron dos veces en la zona militar y denunciaron ante los medios la dilación y la omisión como estrategia del Estado para evitar llegar a este momento.

“Este es un hecho histórico, único, es la prueba de las atrocidades que cometió el Ejército, son sus víctimas. A ver. Este es un logro y no hay un comunicado del gobierno diciendo que hallaron los restos de víctimas. No lo hay ninguna información a la población ni del gobierno, ni del Ejército. El Ejército está calladito”.

Centro Nacional de Inteligencia incumple orden de entregar información sobre violaciones a DH, denuncia Mecanismo para la Verdad

Desde 2019 hasta la fecha, el Centro Nacional de Inteligencia ha incumplido la orden presidencial para entregar al Archivo General de la Nación toda la información que posee sobre violaciones a derechos humanos, advierte un informe del Mecanismo para la Verdad. Hasta ahora, solo ha entregado el expediente sobre Manuel Buendía.


Texto: Mauricio Torres / Animal Político 

Fotografía: Retomada del Informe del MEH

15 de agosto del 2023

 

El Centro Nacional de Inteligencia (CNI), antes Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), ha incumplido la orden que el presidente Andrés Manuel López Obrador emitió desde 2019 para que todas las instituciones del gobierno federal entreguen al Archivo General de la Nación (AGNla información que tengan sobre violaciones a derechos humanos.

Así lo advierte el Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico (MEH), instancia que forma parte de la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990 (CoVEHJ), y que este martes publica un informe sobre los incumplimientos del CNI.

La denuncia del MEH se da a menos de un mes de que otra instancia, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), lanzara un reclamo similar dirigido al Ejército y a la Marina, dependencias a las que acusó de obstaculizar sus investigaciones sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa al no entregar toda la información que tienen en su poder.

Ahora, el documento del mecanismo señala que conocer la información en cuestión es indispensable para entender qué ocurrió durante el periodo 1965-1990. También resalta que el CNI no solo tiene en sus manos los registros de las actividades del CISEN —su antecesor inmediato—, sino también de la Dirección Federal de Seguridad (DFS), la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales (DGIPS) y la Dirección General de Investigación y Seguridad Nacional (DGISEN).

“La DFS, DGIPS, DGISEN y el CISEN estuvieron a cargo del monitoreo, investigación, vigilancia y combate de las actividades de individuos y colectividades señaladas como enemigos y opositores del Estado: líderes políticos, campesinos, sindicalistas, estudiantes, personas de ciudadanía extranjera, organizaciones religiosas, movimientos fascistas y de derecha, agrupaciones comunistas y anarquistas, asociaciones de las clases medias, movimientos armados y un largo etcétera”, dice el informe.

“La importancia de los documentos de estas dependencias, también denominados ‘archivos de la represión’, consiste en que permiten conocer las lógicas de la violencia y las estrategias represivas empleadas por el Estado contra sus enemigos y opositores”, agrega.

El documento señala que el equipo del MEH detectó diversas irregularidades en la actuación del CNI en esta materia, como afirmar que ya había cumplido con la entrega de información sin tener las actas que lo comprueben.

Hasta ahora, de acuerdo con el informe, el CNI solo ha entregado al AGN el expediente del asesinato del periodista Manuel Buendía, ocurrido el 30 de mayo 1984. Dicho expediente está integrado por una caja con 10 legajos, en los que hay 816 fojas, 315 negativos y seis fotografías, pero ha sido lo único brindado a lo largo de cuatro años.

Expedientes faltantes e incompletos

El documento señala que personal del MEH también revisó los catálogos y depósitos del AGN, en los cuales encontró discrepancias o elementos faltantes. Para el mecanismo, esto lleva a la hipótesis de que hubo información relacionada con violaciones a derechos humanos que simplemente nunca se entregó al AGN o que incluso se sustrajo de ahí.

Como ejemplo, el informe advierte que hay fichas que se refieren a documentos que no están almacenados, o bien, a expedientes incompletos. Tan solo un caso es el de expedientes de narcotraficantes que fueron elaborados pero no están archivados.

“Hay tarjetas catalográficas que evidencian la existencia de expedientes creados por la institución de inteligencia, pero que no aparecen en los catálogos y que, por lo tanto, no están disponibles para consulta en el acervo documental del AGN. La información ubicada perteneció tanto a la DFS, DGIPS, DGISEN y CISEN, y se trata de los casos específicos de Ernesto Fonseca Carrillo (Imagen 16), Miguel Ángel Félix Gallardo (Imagen 17), y Enrique Camarena Salazar (Imagen 18)”, detalla el documento.

“El CNI no ha mostrado voluntad”

Para el mecanismo, todas estas situaciones impiden que tanto su propio personal como la CoVEHJ —creada el 10 de junio de 2021— avancen en su labor de esclarecer los hechos relacionados con violaciones a derechos humanos cometidas en la segunda mitad del siglo XX.

“A 22 meses de la creación de la CoVEHJ y faltando 13 meses para la entrega de su informe, al MEH no se le ha dado acceso a dicha documentación ni se ha hecho de su conocimiento dónde y bajo qué jurisdicción se encuentra esta”, señala el informe.

“En suma, el CNI no ha mostrado voluntad de estar acatando el acuerdo presidencial que lo obliga a abrir estos archivos para los usos que el decreto de creación otorga a la CoVEHJ”.

Desde el inicio del sexenio, cuando el CISEN se convirtió en CNI, su titularidad la asumió el general Audomaro Martínez Zapata, un militar en retiro cercano al presidente López Obrador.

En diversas ocasiones, el mandatario ha defendido el trabajo del CNI bajo el argumento de que este ya no espía a opositores políticos como antes lo hacía el CISEN, aunque el informe del Mecanismo para la Verdad resalta que el organismo actual no colabora con el esclarecimiento de hechos del pasado.

“El Mecanismo de Esclarecimiento Histórico hace un llamado al Centro Nacional de Inteligencia a acatar la orden del presidente de la República en el sentido de que corresponde a su gobierno y al Estado mexicano ‘permitir que se tenga acceso a todos los archivos de todas las dependencias, sin ningún límite, y también el que no haya obstáculos y que no haya impunidad para nadie’ como lo declaró en el acto inaugural de los trabajos de la Comisión de la Verdad del periodo 1965-1990”, subraya.

Los Espadines, comunidad donde militares forzaron a pobladores a cavar las fosas para sepultarlos

Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Oscar Guerrero / Archivo

Chilpancingo

A los 10 años Antolina Rojas Bernardino vio cómo el Ejército irrumpió en su pueblo, asesinó a cinco personas, entre ellas su padre. 56 años después, Antolina y parientes de las otras víctimas exigen que los restos sean exhumados de la fosa donde después supieron los enterraron, también que les garanticen justicia y un lugar digno para sepultar a sus familiares.

Era la mañana del 20 de diciembre de 1967 en Los Espadines, comunidad serrana de Ajuchitlán del Progreso, en la Tierra Caliente de Guerrero, cuando un centenar de elementos del Ejército irrumpió en el pueblo y con violencia entró a las casas y sacó a los hombres. No existía ninguna orden judicial para catear las viviendas.

«No sabemos por qué hicieron eso, los gallos ni siquiera cantaban cuando llegó el Ejército y como locos comenzaron a disparar, yo no estaba muy conciente en ese entonces, no entendía qué pasaba pero sé lo que vi», contó Antolina.

En esa irrupción del Ejército, el padre de Antolina, Bartolo Rojas Nazario, fue víctima de desaparición forzada y supieron, por testimonio de otros pobladores, que fue asesinado y enterrado en una fosa clandestina cerca de la comunidad junto con otras cuatro personas, entre ellas una menor de 14 años.

56 años después de esos hechos, las familias de los desaparecidos no entienden el actuar del Ejército aquella mañana de 1967.

«Nadie sabía qué pasaba, mi papá era ganadero, tenías vacas y chivos y de eso vivíamos, él no estaba metido en otra cosa y sin embargo fue desaparecido y asesinado», dijo Antolina

En la historia mexicana, el periodo comprendido entre 1960 y 1990 es conocido como guerra sucia, otros autores la denominan como terrorismo de Estado, por el alto nivel de violencia extrajudicial que vivieron miles de personas como parte de una estrategia contrairsugente que pretendía acabar con movimientos sociales de izquierda, tantos pacíficos, como guerrilleros, ya fuera en zonas urbanas o rurales.

Este periodo de 30 años dejó un número desconocido de muertos y desaparecidos en México; las denuncias recibidas por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) relacionadas con crímenes de Estado asciende a 327 víctimas en todo el país, dato rebasado por las cifras de los colectivos de víctimas y familiares.

Tan sólo la Unión de Colectivos de Familiares y Víctimas de la Guerra Sucia, que aglutina a tres organizaciones, tiene un registro de 800 personas desaparecidas en Guerrero en ese periodo.

En Guerrero, la brutalidad de la guerra sucia fue porque el Ejército buscaba por toda la zona serrana a los guerrilleros Lucio Cabañas Barriendo y Genaro Vázquez Rojas, quienes a través de la Partido de los Pobres y de la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria (ACNR), respectivamente, se levantaron en armas y se opusieron al régimen autoritario de la época.

La mañana del 20 de noviembre de 1967, el Ejército, en un primer momento, desapareció a cinco personas, entre ellas un menor de 14 años, después los asesinaron y les obligaron a cavar la fosa en la que fueron enterrados sus cadáveres.

«Nomás de repente se soltó la balacera y escuchamos cómo decían, ya mataron a Gervasio, ya mataron a Pablito, y por alguna razón todavía mi papá se salvó y pretendía huir vestido de mujer, pero lo agarraron y lo mataron», dijo Antolina.

Antolina a sus 66 años es parte de la Unión de Colectivos de Familiares y Víctimas de la Guerra Sucia, desde donde exige justicia y castigo para los asesinos de su padre.

Los Espadines, en 1969 era una comunidad alejada de cualquier otra población, para obtener víveres o requerir de algún servicio las personas viajaban por tres días en animales de carga hasta Ajuchitlán del Progreso.

Después de la irrupción armada del Ejército Los Espadines desapareció, su habitantes por miedo a pasar por lo mismo una segunda vez huyeron del lugar y se instalaron en la comunidad de Cuatro Cruces, en el mismo municipio de Ajuchitlán.

En esta misma irrupción armada en Los Espadines fueron desaparecidos y asesinado Francisco Rojas Durán y su hijo de 14 años, Pablo Rojas Terán, quien estudiaba para ser maestro.

La hija de Francisco y hermana de Pablo, Gloria Rojas Peralta reclama justicia por ambos asesinatos.

Gloria Recuerda cómo llegaron los militares y pidieron a toda la población, que no rebasaba los 200 habitantes, formarse en las afueras del pueblo, ahí, frente a todos, asesinaron a cinco personas y jamás les dieron una explicación o justificación a los familiares por esos asesinatos extrajudiciales.

«Ellos (los militares) nos amenazaron y nos pidieron que cavaramos la fosa para enterrar a nuestro familiar», recuerda Gloria, quien aún se le corta la voz al hablar del tema; para ella sigue vigente y es una herida que no cierra, porque no hay un acceso a la justicia y tanto su hermano y padre «no tienen un lugar dónde descansar en paz o nosotros ir a llorarles».

Al no haber ninguna orden judicial o algún certificado de defunción, estas cinco personas asesinadas están en calidad de desaparecidas desde hace 56 años; debido al testimonio de las personas que cavaron la fosas hay una carpeta de investigación para dar con su paradero.

En esta fosa estarían los restos de Gervasio Bernardino Durán, Bartolo Rojas Nazario, Pablo Rojas Terán, Francisco Rojas Nazario y José Santos González Rojas, todos habitantes de Los Espadines y asesinados la mañana del 20 de diciembre del 2023 por elementos del Ejército, de acuerdo con la denuncia de sus mimos familiares.

Integrantes de la Unión de Colectivos de Familiares y Víctimas de la Guerra Sucia, en conferencia de prensa, exigieron la exhumación de ocho cadáveres de víctimas de la guerra sucia de dos fosas clandestinas en la Sierra de Ajuchitlán del Progreso. Fotografía: José Miguel Sánchez

La justicia no llega

El 23 de abril del 2023, el Colectivo de Esposas e Hijos de Desaparecidos y Desplazados de la Guerra Sucia, la Asociación Representativa Ejidos y Comunidades Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos y Grupos Vulnerables y la Asociación Cívica Nacional Revoluciones (ACNR) anunciaron que derivado de una denuncia por desaparición forzada que interpusieron ante la Fiscalía General de la República (FGR) autorizaron la exhumación de ocho cadáveres en dos fosas clandestina ubicadas en la Sierra de Ajuchitlan.

La primera exhumación será en Los Espadines, donde esperan hallar los restos de cinco personas y otras tres más en el Cerro de de las Desdichas, en el ejido de Cuatro Arroyos.

Esta carpeta se integró como parte de los trabajos de la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990.

Para estas familias, la exhumacion serían un paso más para llegar a la justicia que desde hace 56 años no acceden, pero en los últimos dos meses ya fue retrasada tres veces por la Guardia Nacional.

Es por eso que los tres colectivos antes mencionados, aglutinados en La Unión de Colectivos de Familiares y Víctimas de la Guerra Sucia, exigieron en una conferencia de prensa que dieron al mediodía de hoy, que las autoridades agilicen la exhumación de estas ocho personas.

Desde mayo está programado que la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNBP) hiciera la exhumación de estos ocho cadáveres, la cual fue pospuesta en tres ocasiones porque la Guardia Nacional argumentó que no había garantías de seguridad ni lugar dónde dormir durante las labores de búsqueda.

Octaviano Gervacio Serrano, representante legal de la Unión de Colectivos, dijo otros de los pretextos que pusieron las instituciones para no realizar la exhumación de los cadáveres, es que con las lluvias sería más complicado, y que en muchas de las zonas a buscar ahora son terrenos de siembra; quieren que termine la temporada de cosecha, a finales del 2023, para retomar la búsqueda.

«Lo que tememos es que el caso quede en el olvido sin que haya castigo a los responsables», mencionó.

Agregó que la Comisión de la Verdad, tienen en su poder una lista con 300 nombres de militares que participaron en desapariciones forzadas y asesinatos extrajudiciales en Guerrero, y que siguen vivos y están en funciones.

Sobre esos nombres, Gervasio Serrano dijo que pedirán su comparecencia ante los tribunales civiles y se les finquen responsabilidades por violaciones graves a los derechos humanos.

Si la exhumacion de estas ocho personas no se concreta con la CNBP y la Guardia Nacional, la Unión de Colectivos espera buscar apoyo en instancias de derechos humanos federales e internacionales.

«Lo único que pedimos es que las fosas donde están los restos de nuestros familiares puedan ser abiertas y podamos dar una sepultura digna a nuestros padres y hermanos», agregó Antolina.

Familiares de víctimas de la guerra sucia protestan fuera de la 35 zona militar en Chilpancingo, el pasado 19 de febrero del 2023. Foto: Óscar Guerrero (Archivo Amapola periodismo)

Autoridades aplazaron exhumación de cadáveres de víctimas en la guerra sucia; colectivos exigen agilizar

Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Óscar Guerrero

11 de junio del 2023

Chilpancingo

 

Autoridades judiciales aplazaron en dos ocasiones la exhumación de ocho cadáveres de víctimas de la guerra sucia en la Sierra de Guerrero porque la Guardia Nacional pide garantías de seguridad y espacios para dormir durante los trabajos, denunciaron colectivos de familiares y víctimas de la guerra sucia.

El 23 de abril del 2023, el Colectivo de Esposas e Hijos de Desaparecidos y Desplazados de la Guerra Sucia, y la Asociación Representativa Ejidos y Comunidades Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos y Grupos Vulnerables anunciaron que derivado de una denuncia por desaparición forzada que interpusieron ante la Fiscalía General de la República (FGR) autorizaron la exhumación de ocho cadáveres de una fosa clandestina en el ejido de Cuatro Arroyos, parte serrana del municipio de Ajuchitlán, en la Tierra Caliente de Guerrero.

En conferencia de prensa este mediodía, los colectivos denunciaron que dicha exhumación estuvo agendada, en un primer momento, para el 9 de mayo pasado. «Nosotros ya teníamos todo, ya estábamos listos, y de un día para otro nos dicen que se pospone para el día 19 de mayo porque la Guardia Nacional solicitó que haya un cuartel para que puedan dormir», dijo en una conferencia de prensa virtual Estela Arroyo Castro, integrante de la Asociación de Ejidos y Comunidades.

Después del 19 de mayo las autoridades ya no les proporcionaron a los colectivos otra fecha, sólo les informaron que podría reagendar después de la temporada de lluvias.

«Nosotros ya no queremos eso, del punto donde haremos la exhumación está a dos horas una base de operaciones mixtas en Puerto del Gallo, no entendemos por qué la negativa de la Guardia Nacional de acompañarnos y detener las investigaciones», mencionó Octaviano Gervasio Serrano, el asesor legal de las dos organizaciones.

A esta exhumación asistiría, además de los colectivos, los peritos de la FGR, de la Fiscalía General del Estado (FGE), de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y la Guardia Nacional; esta última fue la que detuvo ya en dos ocasiones la investigación.

«Entendemos que la Guardia Nacional está llena de militares y creemos que no quieren subir porque saben que se van a descubrir todos los atropellos que realizaron durante la guerra sucia y se están protegiendo», comentó Gervasio Serrano.

Fueron los mismos familiares que vieron como los militares asesinaron y enterraron en fosas clandestinas a estas ocho personas que hasta hoy están en calidad de desaparecidas, víctimas de la guerra sucia.

Ellos mismos, como testigos, aportaron datos a la investigación y fue entonces que las autoridades de investigación determinaron exhumar los cadáveres.

En esa fosa estarían, de acuerdo con la denuncia de sus mismos familiares, los cadáveres de José Isabel Gómez Bernardino, Gervasio Bernardino Durán, Francisco Rojas Nazario, Bartolo Rojas Nazario, Eduviges Zubillaga Ortiz, José Santos González Rojas y el menor de 14 años Pablo Rojas Terán.

Estas ocho personas serían asesinadas por elementos del Ejército entre 1971 y 1974 en distintos hechos, pero enterrados en fosas clandestinas.

«Lo queremos es justicia, que el presidente cumpla su palabra de que en su sexenio habría justicia y verdad, ya lleva cinco años, ya va acabar y nosotros no vemos nada de eso», mencionó Arroyo Castro.

En el marco del Día del Ejército Mexicano, colectivos de familiares y víctimas de la guerra sucia marcharon en la capital y protestaron en la 35 zona militar, para exigir un acceso pleno a la justicia. Foto: Óscar Guerrero (Archivo Amapola)

 

Exhumarán restos de personas fusiladas por Ejército durante guerra sucia en Guerrero

Texto: Amapola Periodismo 

Fotografía: Especial

23 de abril del 2023

Chilpancingo

 

Los restos de al menos ocho personas, entre ellas un menor de 15 años, que fueron fusiladas y enterradas en fosas clandestinas por el Ejército en Guerrero serán exhumadas, anunció Octaviano Gervasio Serrano, presidente del Colectivo de Esposas e Hijos de Desaparecidos y Desplazados de Guerra Sucia.

En una conferencia de prensa que ofrecieron en Chilpancingo, los familiares de desaparecidos en la décadas de los sesentas, setentas y ochentas denunciaron que de estas ocho personas torturadas y asesinadas por los militares borraron su identidad civil, es decir, sus nombres no aparecen en el Registro Civil de Guerrero.

Gervasio Serrano, hijo de Octaviano Gervasio Benítez, detenido y desaparecido por el Ejército en junio de 1974 en Atoyac de Álvarez, dijo que los familiares de las ocho víctimas narraron que fueron obligados por los militares a presenciar el asesinato y cuandi los tiraron a fosas clandestinas.

«Los familiares de las personas asesinadas por los soldados se salieron de su comunidad y viven con mucho miedo, pero ya decidieron denunciarlo ante la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía General de la República en donde ya se integraron las carpetas de investigación», comentó Octaviano Gervasio.

Mencionó que sólo falta que un juez de control ordene que realice la diligencia de exhumación de los restos humanos de las víctimas y después de una confrontación genética con sus familiares les den una sepultura.

«Estamos hablando de tres hechos diferentes en donde el Ejército asesinó y enterró en fosas clandestinas a un grupo de personas, uno en 1967, otro en 1971 y el tercero en 1974», dijo Gervasio Serrano.

Comentó que una de estas tres comunidades donde ocurrió la masacre perpetrada por el Ejército ya es un «pueblo fantasma», porque desde la «guerra sucia» solamente vive una familia.

«Los familiares tienen ubicadas el lugar exacto donde están las fosas, porque ellos fueron obligados por el Ejército a que vieran el asesinato de sus parientes».

Estela Arroyo Castro, quien en la rueda de prensa se conectó vía electrónica, informó que la denuncia la interpusieron el pasado 21 de abril pasado ante la FGE contra el Ejército por el asesinato de un grupo de personas, a quienes después enterraron clandestinamente.

«No podemos dar más información por el momento, ya que estamos en espera de que se ordene la exhumación, y por supuesto esperamos que se castigue a los responsables», dijo Arroyo Castro.

Gervacio Serrano agregó que la denuncia que interpusieron este grupo de familias contra los militares es un ejemplo de las atrocidades que realizaba el Ejército en Guerrero contra la ciudadanía, con el pretexto de detener a los integrantes de la guerrilla.

Condenó que en la recomendación 98-VG/2023, que recientemente emitió la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por la guerra sucia, hayan excluido a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), porque a su juicio fue el Ejército el principal responsable de las desapariciones y asesinatos de la gente.

En esa recomendación se le da un plazo al gobierno federal, Congreso de la Unión y el gobierno de Guerrero de seis meses para que realice plan de reparación integral a 814 personas que fueron víctimas del Estado.

El documento de la CNH relata casos de en San Luis Potosí, Veracruz, Ciudad de México, Guerrero, Tamaulipas, Jalisco, Sinaloa y Chihuahua.

Entre los casos más graves de violaciones a los derechos humanos durante ese periodo, destaca uno ocurrido en julio de 1972, en la comunidad de San Francisco de Tibor, del municipio de Atoyac de Álvarez, donde hubo un secuestro colectivo de personas.

En la conferencia de prensa, Arturo Miranda Ramírez, ex miembro de la guerrilla y dos veces detenido y torturado en el Cuartel 1 del Ejército en la Ciudad de México, dijo que en otros países, como Chile o Argentina u otros de África, los gobiernos han enjuiciado a mandos de sus ejércitos por violaciones de lesa humanidad, pero aquí en México los militares gozan de impunidad.

En este gobierno del morenista Andrés Manuel López Obrador crearon la Comisión de la Verdad para el caso de la guerra sucia.

«Nosotros vemos que todo apunta a que no habrá castigo al Ejército y todo lo que actualmente se está haciendo es una simulación», dijo Gervasio Serrano.

Mencionó que en los recorridos que han realizado los familiares de los desaparecidos en las instalaciones del Ejército aquí en Guerrero ni siquiera acude la FGR, por las investigaciones que debe realizar contra los militares.

Colectivos de victimas de la Guerra Sucia en conferencia de prensa anuncian que se exhumaran los cadáveres de personas fusiladas por el Ejército. Foto: Especial

«La CIA asesoró a la Dirección Federal de Seguridad en estrategias contrainsurgentes»

¿Qué trabajo hizo el expresidente José López Portillo para la agencia de investigaciones de Estados Unidos? La revelación de que él y otros expresidentes fueron informantes de la CIA en el contexto de la Guerra Fría no asombra, dice en entrevista la periodista Laura Castellanos, autora del libro México Armado


Texto: Alejandro Ruiz / Pie de Página

Foto: Tomada de wikipedia

19 de abril del 2023

Ciudad de México 

 

27 de noviembre de 1976: S.D. Breckinridge envía un memorándum a las oficinas de la Agencia Central de Inteligencia estadounidense (CIA).

En el documento, que apenas y rebasa las tres páginas, el agente detalla el seguimiento de una investigación contra Lee Harvey Oswald, acusado en ese entonces de asesinar al expresidente estadounidense John F. Kennedy. Oswald, al parecer, estaba en México, y la CIA le siguió los pasos.

El motivo de las comunicaciones era discutir si el gobierno estadounidense podía hacer públicos los archivos de su investigación contra el asesino de Kennedy. Pero el memorándum del agente encerraba un problema mayor: comprometer las instalaciones y operaciones de la CIA en el país, y con esto, a sus informantes.

Breckinridge, tras consultarlo con su equipo, lo escribe claro:

“Bill Strubitts [presunto agente de la CIA en México] señaló que México pronto tendrá un nuevo presidente, un hombre que ha tenido el control de enlace durante varios años. Se puede esperar que no vea con buenos ojos la publicidad de esa relación”.

Memorandum de la CIA, 1976

Cuatro días después, el 1 de diciembre de 1976, aquél político que podría incomodarse con la publicidad de esa información asumiría la presidencia de la república. El hombre era José López Portillo.

“Esta revelación que hacen documentos desclasificados que señalan a López Portillo como informante de la CIA, pues es nueva, pero no asombra”, dice en entrevista la periodista y autora del libro México Armado, Laura Castellanos.

¿Por qué? Laura explica:

“Se sabe el asesoramiento [al gobierno de México] que dio la Agencia [CIA] en estrategias contrainsurgentes, particularmente en los 60 y en los 70, a través de la Dirección Federal de Seguridad”.

Laura Castellanos

Entrenar para reprimir: la CIA en México

El fin de la Segunda Guerra mundial marcó el inicio de la polarización del mundo. Por un lado, la URSS y el pensamiento socialista habían demostrado su fuerza y la capacidad de vencer, y cada vez había más pueblos que militaban por esa causa, dispuestos a tomar el cielo por asalto. Por el otro, el asenso y consolidación del imperialismo norteamericano expandía sus redes al tercer mundo, afianzando su dominio económico, pero también ideológico y político.

Para los Estados Unidos, que proyectos políticos con el comunismo por bandera avanzaran posiciones no resultaba favorable a sus intereses. Por eso, dedicó todas sus estrategias y recursos para combatirlos. Su brazo ejecutor: la Agencia Central de Inteligencia (CIA).

“Recordemos el contexto de esa época, que después de la segunda guerra mundial el gobierno de Estados Unidos desarrolló una estrategia global que partió, que polarizó al mundo en dos. Y que por supuesto impactó directamente al Estado mexicano. En 1947 el gobierno de Estados Unidos creó la CIA, y a la par el gobierno mexicano creó la Dirección Federal de Seguridad (DFS)”, narra Laura Castellanos.

Era el gobierno de Miguel Alemán Valdés, y la urgencia de eliminar la subversión en el país lo motivó a crear la DFS. Su objetivo, principalmente, se centró en combatir los remanentes de la lucha zapatista que aún se movilizaba en el sureste mexicano, encabezados por figuras como Rubén Jaramillo.

Después llegaron los 50, y lo que parecía una desconexión entre esfuerzos sindicales y agraristas, comenzó a nutrir programas políticos que, más allá de la democratización y la ampliación de derechos, sentaba las bases de un nuevo proyecto de nación y disputaba el control del Estado. El movimiento se hizo partido, con bases sociales firmes y combativas.

El gobierno parecía verse rebasado, y después de que la devaluación de 1954 comenzara a trastocar la economía del pueblo, provocando su movilización en masa, llegó la represión.

 

Los asesinatos y encarcelamientos extrajudiciales contra trabajadores movilizados durante el sexenio de Adolfo López Mateos. Así como el asesinato de Rubén Jaramillo y las masacres del 68 y el halconazo dan cuenta de esto.

Los artífices: el ejército mexicano y la Dirección Federal de Seguridad, instituciones nutridas de cuadros formados en la Escuela de las Américas, una academia de contrainsurgencia inaugurada en 1946, operada por el ejército norteamericano y la CIA, donde se instruyó a militares y policías de la región en tácticas para desarticular a la oposición de sus países y “combatir el comunismo”.

De acuerdo con el informe histórico de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp) durante 40 años (1953 – 1996) México mandó a cerca de mil efectivos militares a formarse en esta academia.

Muchos de ellos integraron la DFS y lo que después se conocería como “las brigadas blancas”, un grupo paramilitar encargado de exterminar a la disidencia política del país.

“Recordemos que recientemente otros documentos desclasificados del gobierno de Estados Unidos también señalaron a los tres presidentes que antecedieron a López Portillo como informantes también de la CIA. Me refiero a Echeverría, Díaz Ordáz y a López Mateos”, recapitula Castellanos.

Particularmente, bajo el mandato de estos tres expresidentes, la contrainsurgencia en México cobró otro sentido: uno más profundo y generalizado.

Al frente de esta estrategia, dos nombres resuenan hondo: Miguel Nazar Haro y Fernando Gutiérrez Barrios.

Uno, Nazar Haro, nombrado titular de la DFS en el sexenio de Luis Echeverría. El otro, Gutiérrez Barrios, ex titular de esta misma Dirección durante el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz. Los dos, reconocidos en documentos de la CIA como informantes y colaboradores.

“Es importante recordar que López Portillo ratificó a Nazar Haro en la subdirección de la Dirección Federal de Seguridad, y a Fernando Gutiérrez Barrios en la subsecretaria de gobernación. Gutiérrez Barrios también es un personaje clave que también ha sido señalado por su cercanía con la CIA y con el gobierno de Estados Unidos”, precisa Castellanos.

López Portillo y la Guerra Sucia: testimonios acusan intervención de la CIA en interrogatorios

En su libro de memorias titulado Mis tiempos, el ex presidente José López Portillo escribiría: “Me impresiona el espíritu de sacrificio y disciplina de estos jóvenes dispuestos a matar o morir”.

Las líneas, aparentemente inocentes, escondían una contradicción de sentido, pues los jóvenes que admiraba eran los militantes de la Liga Comunista 23 de septiembre, una organización político militar que buscaba derrocar al Estado mexicano a nombre del comunismo.

El gobierno se encargó de encarcelarlos, torturarlos, asesinarlos y desaparecerlos, junto a cientos de militantes de otras organizaciones sociales y político – militares durante un oscuro periodo llamado la Guerra Sucia.

López Portillo fue uno de sus ejecutores.

“La presencia y la actuación de agentes de la CIA en acciones contrainsurgentes, tanto en el sexenio de Echeverría como en el de López Portillo, también ha sido denunciada por personas que fueron integrantes de organizaciones guerrilleras y sufrieron torturas y/o detenciones ilegales”, relata Castellanos.

Los testimonios los recogió la periodista en su libro México Armado, una crónica de los movimientos político-militares que surgieron en el país durante el periodo de 1943 a 1981. El libro, es también un relato de la represión organizada por el Estado y el papel intervencionista de las agencias de inteligencia estadounidense en la coordinación de la contrainsurgencia.

Laura recuerda:

“En México Armado recojo el testimonio de una ex guerrillera que, en el sexenio de Luis Echeverría, fue detenida y torturada por agentes de la Dirección Federal de Seguridad. Ella atestiguó que estuvieron presentes en esa sesión de tortura agentes de inteligencia estadounidenses que asesoraban a los agentes policiacos en técnicas para que el dolor se intensificara y prolongara”.

También, Castellanos reconstruye otra historia, la del ex rector de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, Felipe Martínez Soriano.

“El gobierno lo vinculó con la organización guerrillera Unión del Pueblo. Por esta supuesta vinculación su hija fue primero secuestrada, torturada y liberada días después, pero semanas más adelante él fue aprehendido sin orden judicial y lo obligaron a firmar su renuncia a la rectoría de la Universidad de Oaxaca, y él afirmó que su renuncia se la hicieron firmar en la Dirección Federal de Seguridad frente, cito ‘a dos personas de aspecto norteamericano, yo entiendo que eran de la CIA’. Esto sucedió en 1978, durante el gobierno de López Portillo”.

Su libro está plagado de testimonios, fechas, datos y nombres. Por eso, al recibir la noticia de que López Portillo era informante de la CIA en México, Laura no se sorprendió. Para ella, siempre fue clara la intervención de la Agencia norteamericana en el país. Y aunque la verdad con el paso del tiempo sale a la luz, la justicia sigue siendo un tema pendiente.

Los expresidentes, Adolfo López Mateos, Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverria y José López Portillo. Fotos: Tomadas de Wikipedia.

 


Este texto es propiedad de Pie de Página y los reproducimos como parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. Puedes leer el original en este enlace. 

Abrir los cuarteles no es suficiente para acceder a la justicia, sostiene víctimas de la guerra sucia

Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Oscar Guerrero

Chilpancingo

Colectivos de víctimas de la guerra sucia realizaron este mediodía una visita a la 35 Zona Militar en Chilpancingo, como parte de las acciones de la Comisión para el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico (Comverdad) para esclarecer las violaciones a los derechos humanos cometidas por el Ejército entre 1960 y 1990.

Al término de la visita los colectivos denunciaron que estas visitas son una simulación, porque, en realidad, no hay ninguna autoridad judicial que haga vinculante las investigaciones de la Comverdad.

El representante legal de los colectivos víctimas de la guerra sucia, Octaviano Gervasio Benítez, solicitó de manera pública una reunión urgente con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, “para establecer acuerdos de trabajo y así poder llegar a la verdad de los hechos, castigo a los responsables que aún viven y lograr tener acceso a una reparación integral del daño en forma justa y adecuada”.

Los colectivos quieren solicitar al presidente la creación urgente de una Fiscalía especial para investigar y darle seguimiento a los testimonios de las víctimas sobre los perpetradores y crímenes de los que fueron objetos.

“Si no interviene el Ministerio Público en las diligencias de inspección que se realizan en los campos militares y demás actos de investigación, para nosotros representan sólo acciones de simulación, impunidad y de burla para las víctimas, ya que para llevar a juicio a los responsables que aún viven se requiere obligatoriamente la intervención de la autoridad ministerial”, menciono Gervasio Bénitez.

Otro tema por el que se están preocupados los colectivos, expusieron, es que por decreto presidencial la Comverdad termina sus trabajos el ultimo día de septiembre del 2024 y, hasta el momento, no ven avances significativos para conocer la verdad de los hechos ni con el paradero final de las víctimas de desaparición forzada.

El 7 de octubre del 2021 entró en vigor el decreto presidencial por el cual se creó la Comverdad. Esta comisión tiene las funciones de investigación, seguimiento, proposición y emisión de informes sobre las violaciones a los derechos humanos cometidas por el Estado mexicano entre 1965 y 1990. Pero para las víctimas su funcionamiento es insuficiente.

“Consideramos que los trabajos de la Comisión han sido casi nulos”, agregó.

Momento en que integrantes de los colectivos de víctimas de la guerra sucia salen de las instalaciones de la 35 Zona Militar en Chilpancingo.

Con reformas a la Ley General de Víctimas será difícil reparación del daño, denunciaron victimas de la Guerra sucia

Texto: José Miguel Sánchez
Fotografía: Óscar Guerrero (Archivo) 
2 de marzo del 2023
Chilpancingo

 

Colectivos de víctimas de la guerra sucia denunciaron que el Congreso de la Unión pretende reformar la Ley General de Víctimas, «con lo que será más difícil acceder a la reparación del daño», mencionó el representante del colectivo Esposas e Hijos de los Desaparecidos de la Guerra Sucia, Octaviano Gervasio Benítez.

Con esta reforma, de acuerdo con lo denunciado en conferencia de prensa por tres colectivos de víctimas de la guerra sucia, se pretenden implementar más requisitos a las víctimas para que puedan accedan a un apoyo económico y alimentario que otorga mensualmente la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).

«De por sí es difícil acceder a la categoria de víctimas, pero si esto se llega a aprobar sería más complicado y no solo hablamos no nosotros como víctimas de la guerra sucia, están los de desaparecidos actuales y periodistas asesinados», mencionó Gervasio Benítez.

Durante la conferencia, que se realizó de manera virtual, también estuvo presente Catarino Hernández Navarro, hijo del guerrillero Carmelo Cortés Castro, asesinado en 1975 por elementos de seguridad del Estado en situaciones poco claras hasta la fecha.

Hernández Navarro llamó al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a cumplir su promesa de campaña de atender el tema de la justicia, la verdad, la reparación del daño y la no repetición de los hechos a las víctimas directas e indirectas de la guerra sucia.

«Nuestros padres y ancestros no hicieron más que aportar a qué en este país existiera un régimen democrático, fueron más de izquierda que muchos que los que hoy ostentan el poder y lo único que pedimos en justicia, algo que en 70 años nadie nos ha cumplido», mencionó Hernández Navarro.

Esto porque en 2019 la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación el Estado mexicano, sobre el caso de Carmelo Cortés Castro.

En dicha recomendación se pedía resarcir el daño que el Estado causo a la familia de Carmelo Cortés por su asesinato, además de investigar quienes fueron los perpetradores.

A cuatro años de dicha recomendación, la familia de Carmelo Cortés no tienen nada de eso.

Carmelo estuvo en un principio en las filas del grupo guerrillero Partido de los Pobres (Pdlp) que encabezaba el profesor Lucio Cabañas Barrientos y posteriormente fundió la organización Fuerzas Armadas Revoluconarias (FAR) la cual se dedicó a realizar acciones subversivas en las ciudades como en el Distrito Federal, hoy Ciudad de México.

Representantes de colectivos de víctimas de la guerra sucia después de realizar una conferencia de prensa virtual para demandar una audiencia en el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Foto: Cortesía.

En la conferencia que se llevó a cabo este domingo, también estuvieron presentes integrantes del Colectivo de esposas e hijos de desaparecidos y desplazados de la guerra sucia del municipio de Atoyac de Álvarez, Guerrero. A.C; la Asociación representativa de Ejidos y Comunidades y víctimas de violaciones de derechos humanos y grupos vulnerables A.C y la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria (ACNR).

Dichas asociaciones pidieron ser atendidos por el presidente López Obrador, para explicarle la situación de la Ley General de Víctimas y pedirle se cree una fiscalía especial para las víctimas de la guerra sucia.

Esto porque dijeron que el trabajo que realiza la Comisión de Acceso a la Verdad y Justicia por Violaciones a Derechos Humanos Cometidas entre 1965 y 1990 (Comverdad) no es significativo si los perpetradores no son llevados ante la justicia.

«Si no hay justicia la Comisión de la verdad solo pasará a la historia como una simulación, nosotros queremos justicia y reparación del daño, como lo prometió el presidente, pero ya solo le queda un año y no vemos que eso vaya a suceder», mencionó Gervasio Benítez.

 

 

Familiares de víctimas de la guerra sucia protestan fuera de la 35 zona militar en Chilpancingo, el pasado 19 de febrero del 2023. Foto: Óscar Guerrero (Archivo Amapola periodismo)

 

En el día del Ejército, familiares de víctimas de la guerra sucia exigen justicia afuera de la 35 zona militar

Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Oscar Guerrero 

Chilpancingo

 

Alejandro López Cabañas era el sastre de la comunidad de San Vicente, en Atoyac de Álvarez. La noche del 27 de junio de 1972 militares se lo llevaron con engaños al cuartel, un mes después regresó a su casa con secuelas de la tortura que sufrió y con las que vivió de por vida.

“Llevaron a mi padre por engaño al cuartel, que iba arreglar unos pantalones del coronel Macario Castro Villareal y que se dirigiera al cuartel y que inmediatamente se regresara”, relató la hija de Alejandro, Estela López Arroyo.

No fue así, Alejandro regresó un mes después con claros signos de tortura y contó que se lo llevaron solo porque tenía el apellido Cabañas, igual que el entonces guerrillero Lucio Cabañas Barrientos, aunque Alejandro jamás participó en los movimientos sociales, según lo relatado por su hija.

Hace 15 años Alejandro falleció y nunca se pudo recuperar de las lagunas mentales que fueron consecuencia de las torturas de los militares.

Estela, de 62 años, participó el día de hoy en la marcha que realizaron tres colectivos de familiares de víctimas de la guerra sucia para exigir justicia y verdad.

Este domingo, en el marco del Día del Ejército Mexicano, los colectivos marcharon en la capital y protestaron en la 35 zona militar, para exigir un “acceso pleno a la justicia, sin simulación e impunidad”.

A las 10 de la mañana tres colectivos de familiares de desaparecidos, torturados y asesinados durante la denominada Guerra Sucia, se reunieron en el monumento a Las Banderas y salieron en marcha hacia la 35 zona militar.

La guerra sucia es un periodo histórico entre 1960 y 1980 en el que fueron secuestrados, asesinados y torturados cientos de personas, algunas afinas a los movimientos sociales de la época y algunas otras solo estaban en el lugar y momento equivocado.

De acuerdo con cifras de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) los desaparecidos por el Estado en este periodo es de 800 personas en todo el territorio nacional.

Aunque cifras de colectivos locales hablan de esos 800 desaparecidos solo en Guerrero, sin contar víctimas de tortura y asesinados.

Al mismo tiempo que las familias y víctimas marchaban, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda desayunaba con mandos militares por la conmemoración del Día del Ejército dentro de la 35 zona militar.

Los familiares y victimas marcharon con cartulinas y fotografías de sus desaparecidos, con pancartas en las que se leían sus exigencias de justicia.

El representante del colectivo Esposas e Hijos de los Desaparecidos de la Guerra Sucia, Octaviano Gervasio Benítez, dijo que la mayoría de los crímenes de lesa humanidad, y de los que tienen documentados, se dieron en 1974 a 1980, de los que a casi 50 años no hay justicia para la víctimas ni castigo a los perpetradores.

“Los desaparecidos fueron torturados con tratos inhumanos crueles y degradantes de los que no se conoce la verdad, ni se ha castigado a los responsables”, dijo Gervasio Benítez.

Informó que de esta época tienen un total de 700 desaparecidos registrados y lamentó que “cada administración federal que pasa siempre es el mismo discurso, que van a investigar y nunca lo hacen”.

El contingente llegó a las afueras de las instalaciones de la 35 Zona Militar, donde fueron cerradas las puertas y detrás había un contingente de militares con equipo antimotines.

Por una pequeña puerta salió un elemento de Gobernación y un mando del Ejército a hablar con los manifestantes.

Desde las torres de vigilancia, militares fotografiaron y grabaron en todo momento la protesta de los manifestantes.

Por su parte, los manifestantes tiraron cuetes en señal de protesta, algunos fueron lanzados directamente dentro de las instalaciones militares.

Las familias e integrantes de los colectivos colocaron las lonas de sus desaparecidos y exigencias sobre la fachada de las instalaciones.

Antes de retirarse, los manifestantes leyeron una serie de peticiones que entregaron al personal que estuvo en la puerta observando la manifestación.

En dicho documento piden la destitución del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, “por el mal trabajo que hace al investigar los crímenes de la guerra sucia, debido a que actualmente solo dos ministerios públicos atienden las 600 carpetas de investigación de nuestros casos”.

El documento también señala que el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval González, “no permite el avance de las investigaciones y protege a los militares criminales que aún viven”, se lee en el documento.

A la gobernadora Evelyn Salgado Pineda piden que se investigue a los entonces agentes de la Policía Judicial involucrados en las detenciones y extra judiciales que acabaron en desapariciones forzadas.

Denunciaron que la Comisión para el acceso a la verdad y el esclarecimiento histórico de la guerra sucia (Comverdad) no ha aportada nada nuevo a las investigaciones y la catalogaron de “omisión y simulación”.

El documento es firmado por el Colectivo de esposas e hijos de desaparecidos y desplazados de la guerra sucia del municipio de Atoyac de Álvarez, Guerrero. A.C, la Asociación representativa de Ejidos y Comunidades y víctimas de violaciones de derechos humanos y grupos vulnerables A.C y por la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria (ACNR).

 

Justicia, memoria y reparación del daño piden víctimas y familiares de la guerra sucia en Guerrero

Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan 

9 de diciembre del 2022

Chilpancingo 

 

Este viernes comenzó el conversatorio Diálogos por la Verdad y Justicia, convocado por el Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico de la Guerra Sucia, para escuchar a las víctimas y familiares de personas desaparecidas, torturadas y encarceladas de 1965 a 1990, periodo conocido como guerra sucia, que algunos académicos nombran terrorismo de Estado.

Durante el conversatorio, víctimas, sobrevivientes y familiares de personas desaparecidas contaron su testimonio acerca de cómo vivieron la desaparición de algún familiar en manos del Ejército o agentes del Estado mexicano.

Los testimonios fueron recabados por el equipo del Mecanismo para Verdad y formarán parte un informe que tiene la intención de esclarecer las violaciones a los derechos humanos cometidas contra la población civil en Guerrero de 1965 a 1990.

El conversatorio, además, se convirtió en un espacio de protesta, donde las familias y víctimas exigieron al gobierno enjuiciar a los perpetradores «y no hacerles un memorial como pretende el presidente», además de una reparación del daño, tanto física, emocional, económica y social. El conversatorio comenzó ayer viernes y terminará hoy.

«Queremos terminar con la impunidad que hasta ahora ha protegido a los perpetradores de masacres, desapariciones, arrasamiento de pueblos enteros, asesinatos, torturas y encarcelamientos clandestinos», mencionó David Fernández Dávalos, titular del Mecanismo para la Verdad.

Alrededor de 100 personas, entre víctimas y familiares llenaron el auditorio de la Unidad Deportiva Chilpancingo, conocida como Crea, al norte de la ciudad.

El auditorio, que lucía repleto de personas originarias de la región Costa Grande, Costa Chica, Sierra, Tierra Caliente y Centro, principalmente, y otros más desplazados desde hace 40 años, se escucharon unos a otros.

Los asistentes contaron pasajes o recuerdos dolorosos sobre la violenta historia política del estado de los últimos 50 años.

Testimonios como el de Guillermina Cabañas Barrientos, hermana del guerrillero Lucio Cabañas Barrientos, resonaron en el pequeño auditorio cuando contó cómo el Estado, a través del Ejército, orilló a toda a la familia del guerrillero a desplazarse y a vivir en la clandestinidad.

«Llegaban los militares y sacaban a toda la gente a la cancha de basquetbol, ahí los que eran Cabañas de un lado y los que no, del otro lado, y ahí vimos cómo comenzaron a desaparecer a nuestros familiares», mencionó Guillermina, quien tiene 72 años.

Contó que en la comunidad donde vivía, San Martin de las Flores, municipio de Atoyac, Costa Grande, debido a los estigmas y el miedo que tenían al Ejército, ella decidió, con ayuda de su hermano Lucio, irse a la clandestinidad.

Aprendió a usar armas y se unió a la lucha armada del Partido de los Pobres que encabezada su hermano.

Aún embarazada combatió fue enfermera para la guerrilla, «hasta que a los cinco meses de embarazo Lucio buscó la manera de sacarme de la Sierra».

Pablo Cabañas, maestro normalista, igual que su hermano Lucio, dijo que nunca participó en la lucha armada, aún así fue detenido frente a sus alumnos de quinto de primaria en una escuela de Huatabampo, Sonora.

Después de su detención fue torturado directamente por Miguel Nazar Haro de la Dirección Federal de Seguridad (DFS); estuvo seis años en prisión “por el único delito de ser hermano del profesor Lucio Cabañas, perdí mujer, casa, trabajo y libertad”.

Otros de los testimonios contados durante el conversatorio fue el de los campesinos de Tlacalixtlahuaca, municipio de San Luis Acatlán, Costa Chica. Victoriano Villegas, dijo, por ejemplo, que “fue duramente golpeada por el Ejército en castigo por haberle dado alojo y cobijo en una ocasión al guerrillero Genaro Vázquez Rojas”.

En esa intervención militar, Victoriano Villegas, que tenía 15 años en ese entonces, vio cómo los militares obligaban a los campesinos a cavar sus fosas antes de ejecutarlos o los dejarlos colgados de los árboles.

“Nadie era libre, sólo de recordar duele”, mencionó.

José Oliver Calleja, otro poblador de Tlacalixtlahuaca, recordó que su padre, antes de ser asesinado, lo colgaron de un árbol, fue torturado por militares.

“Estamos muy sentidos con lo que nos hizo el gobierno, y lo mínimo que pueden hacer es una reparación del daño y castigar a los perpetradores”.

Nicomedes Fuentes Adame, quien también vivió la embestida del Estado en esos tiempos, es un activista que públicamente lleva años con el reclamo de justicia para las víctimas de la guerra sucia, pidió al Mecanismo y a la Comisión de la Verdad el rescate de la memoria histórica, garantías de la no repetición y castigo a los perpetradores.

Fuentes Adame recordó que él fue detenido y desaparecido en dos ocasiones y llevado a cárceles clandestinas del Ejército y la Brigada Blanca.

Uno de sus torturadores fue el comandante Wilfrido Castro Contreras, quien, dijo, falleció de muerte natural, sin ningún castigo.

Otro personaje presente y asumido como sobreviviente de la guerra sucia es el ex gobernador interino, Rogelio Ortega Martínez, quien contó que fue torturado por el comandante del Ejército, Mario Aburto Acosta Chaparro, y un comandante de la Brigada Blanca.

«Mi petición aquí es que los nombres de esos torturadores queden en los libros de historia como lo que son, criminales, torturadores y secuestradores», mencionó.

Las historias de otras personas menos públicas también fueron narradas en este espacio.

El 17 de mayo de 1974, Onésimo Uriostegui Terán, junto con sus dos hijos, Mario y Efraín Uriostegui Flores, caminaban rumbo al campo a trabajar, cuando un grupo de militares les marcó el alto.

Por el miedo de la población a los militares, la familia Uriostegui corrió y en respuesta los militares dispararon y asesinaron a Efraín.

La familia Uriostegui Flores tardó una semana en hallar su cadáver; después de hallarlo lo enterraron por la noche para que los militares no se dieran cuenta.

Por el miedo que les generó el asesino de Efraín, la familia Uriostegui huyó de su natal Tenexpa, un pueblo de Tecpan de Galeana, Costa Grande. Contrataron un taxi para llevarlos a Acapulco, pero en el crucero de Tenexpa, un retén militar los detuvo.

Ahí les preguntaron de dónde venían y alguien respondió que de la Sierra, por lo que de inmediato los militares los bajaron del taxi y Efraín y Mario fueron trasladados en calidad de detenidos al cuartel militar de Atoyac.

La historia fue contada por Celia Uriostegui Flores, hija de Onésimo y hermana de Mario y Efraín.

Ese fue el último contacto que Celia tuvo con su padre y hermano, desde entonces los busca.

La guerra sucia (terrorismo de Estado para muchos) fue un periodo que comprendió de 1965 a 1980, en ese tiempo militares y grupos paramilitares se enfrentaron de manera directa con los movimientos sociales de izquierda, desde universitarios, populares, campesinos hasta las guerrillas.

Datos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y con los que trabaja la Comisión de la Verdad indican que durante ese periodo fueron desaparecidas unas 800 personas.

Salir de la versión móvil