Los restos de al menos ocho personas, entre ellas un menor de 15 años, que fueron fusiladas y enterradas en fosas clandestinas por el Ejército en Guerrero serán exhumadas, anunció Octaviano Gervasio Serrano, presidente del Colectivo de Esposas e Hijos de Desaparecidos y Desplazados de Guerra Sucia.
En una conferencia de prensa que ofrecieron en Chilpancingo, los familiares de desaparecidos en la décadas de los sesentas, setentas y ochentas denunciaron que de estas ocho personas torturadas y asesinadas por los militares borraron su identidad civil, es decir, sus nombres no aparecen en el Registro Civil de Guerrero.
Gervasio Serrano, hijo de Octaviano Gervasio Benítez, detenido y desaparecido por el Ejército en junio de 1974 en Atoyac de Álvarez, dijo que los familiares de las ocho víctimas narraron que fueron obligados por los militares a presenciar el asesinato y cuandi los tiraron a fosas clandestinas.
«Los familiares de las personas asesinadas por los soldados se salieron de su comunidad y viven con mucho miedo, pero ya decidieron denunciarlo ante la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía General de la República en donde ya se integraron las carpetas de investigación», comentó Octaviano Gervasio.
Mencionó que sólo falta que un juez de control ordene que realice la diligencia de exhumación de los restos humanos de las víctimas y después de una confrontación genética con sus familiares les den una sepultura.
«Estamos hablando de tres hechos diferentes en donde el Ejército asesinó y enterró en fosas clandestinas a un grupo de personas, uno en 1967, otro en 1971 y el tercero en 1974», dijo Gervasio Serrano.
Comentó que una de estas tres comunidades donde ocurrió la masacre perpetrada por el Ejército ya es un «pueblo fantasma», porque desde la «guerra sucia» solamente vive una familia.
«Los familiares tienen ubicadas el lugar exacto donde están las fosas, porque ellos fueron obligados por el Ejército a que vieran el asesinato de sus parientes».
Estela Arroyo Castro, quien en la rueda de prensa se conectó vía electrónica, informó que la denuncia la interpusieron el pasado 21 de abril pasado ante la FGE contra el Ejército por el asesinato de un grupo de personas, a quienes después enterraron clandestinamente.
«No podemos dar más información por el momento, ya que estamos en espera de que se ordene la exhumación, y por supuesto esperamos que se castigue a los responsables», dijo Arroyo Castro.
Gervacio Serrano agregó que la denuncia que interpusieron este grupo de familias contra los militares es un ejemplo de las atrocidades que realizaba el Ejército en Guerrero contra la ciudadanía, con el pretexto de detener a los integrantes de la guerrilla.
Condenó que en la recomendación 98-VG/2023, que recientemente emitió la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por la guerra sucia, hayan excluido a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), porque a su juicio fue el Ejército el principal responsable de las desapariciones y asesinatos de la gente.
En esa recomendación se le da un plazo al gobierno federal, Congreso de la Unión y el gobierno de Guerrero de seis meses para que realice plan de reparación integral a 814 personas que fueron víctimas del Estado.
El documento de la CNH relata casos de en San Luis Potosí, Veracruz, Ciudad de México, Guerrero, Tamaulipas, Jalisco, Sinaloa y Chihuahua.
Entre los casos más graves de violaciones a los derechos humanos durante ese periodo, destaca uno ocurrido en julio de 1972, en la comunidad de San Francisco de Tibor, del municipio de Atoyac de Álvarez, donde hubo un secuestro colectivo de personas.
En la conferencia de prensa, Arturo Miranda Ramírez, ex miembro de la guerrilla y dos veces detenido y torturado en el Cuartel 1 del Ejército en la Ciudad de México, dijo que en otros países, como Chile o Argentina u otros de África, los gobiernos han enjuiciado a mandos de sus ejércitos por violaciones de lesa humanidad, pero aquí en México los militares gozan de impunidad.
En este gobierno del morenista Andrés Manuel López Obrador crearon la Comisión de la Verdad para el caso de la guerra sucia.
«Nosotros vemos que todo apunta a que no habrá castigo al Ejército y todo lo que actualmente se está haciendo es una simulación», dijo Gervasio Serrano.
Mencionó que en los recorridos que han realizado los familiares de los desaparecidos en las instalaciones del Ejército aquí en Guerrero ni siquiera acude la FGR, por las investigaciones que debe realizar contra los militares.
Colectivos de victimas de la Guerra Sucia en conferencia de prensa anuncian que se exhumaran los cadáveres de personas fusiladas por el Ejército. Foto: Especial
¿Qué trabajo hizo el expresidente José López Portillo para la agencia de investigaciones de Estados Unidos? La revelación de que él y otros expresidentes fueron informantes de la CIA en el contexto de la Guerra Fría no asombra, dice en entrevista la periodista Laura Castellanos, autora del libro México Armado
Texto: Alejandro Ruiz / Pie de Página
Foto: Tomada de wikipedia
19 de abril del 2023
Ciudad de México
27 de noviembre de 1976: S.D. Breckinridge envía un memorándum a las oficinas de la Agencia Central de Inteligencia estadounidense (CIA).
En el documento, que apenas y rebasa las tres páginas, el agente detalla el seguimiento de una investigación contra Lee Harvey Oswald, acusado en ese entonces de asesinar al expresidente estadounidense John F. Kennedy. Oswald, al parecer, estaba en México, y la CIA le siguió los pasos.
El motivo de las comunicaciones era discutir si el gobierno estadounidense podía hacer públicos los archivos de su investigación contra el asesino de Kennedy. Pero el memorándum del agente encerraba un problema mayor: comprometer las instalaciones y operaciones de la CIA en el país, y con esto, a sus informantes.
Breckinridge, tras consultarlo con su equipo, lo escribe claro:
“Bill Strubitts [presunto agente de la CIA en México] señaló que México pronto tendrá un nuevo presidente, un hombre que ha tenido el control de enlace durante varios años. Se puede esperar que no vea con buenos ojos la publicidad de esa relación”.
Memorandum de la CIA, 1976
Cuatro días después, el 1 de diciembre de 1976, aquél político que podría incomodarse con la publicidad de esa información asumiría la presidencia de la república. El hombre era José López Portillo.
“Esta revelación que hacen documentos desclasificados que señalan a López Portillo como informante de la CIA, pues es nueva, pero no asombra”, dice en entrevista la periodista y autora del libro México Armado, Laura Castellanos.
¿Por qué? Laura explica:
“Se sabe el asesoramiento [al gobierno de México] que dio la Agencia [CIA] en estrategias contrainsurgentes, particularmente en los 60 y en los 70, a través de la Dirección Federal de Seguridad”.
Laura Castellanos
Entrenar para reprimir: la CIA en México
El fin de la Segunda Guerra mundial marcó el inicio de la polarización del mundo. Por un lado, la URSS y el pensamiento socialista habían demostrado su fuerza y la capacidad de vencer, y cada vez había más pueblos que militaban por esa causa, dispuestos a tomar el cielo por asalto. Por el otro, el asenso y consolidación del imperialismo norteamericano expandía sus redes al tercer mundo, afianzando su dominio económico, pero también ideológico y político.
Para los Estados Unidos, que proyectos políticos con el comunismo por bandera avanzaran posiciones no resultaba favorable a sus intereses. Por eso, dedicó todas sus estrategias y recursos para combatirlos. Su brazo ejecutor: la Agencia Central de Inteligencia (CIA).
“Recordemos el contexto de esa época, que después de la segunda guerra mundial el gobierno de Estados Unidos desarrolló una estrategia global que partió, que polarizó al mundo en dos. Y que por supuesto impactó directamente al Estado mexicano. En 1947 el gobierno de Estados Unidos creó la CIA, y a la par el gobierno mexicano creó la Dirección Federal de Seguridad (DFS)”, narra Laura Castellanos.
Era el gobierno de Miguel Alemán Valdés, y la urgencia de eliminar la subversión en el país lo motivó a crear la DFS. Su objetivo, principalmente, se centró en combatir los remanentes de la lucha zapatista que aún se movilizaba en el sureste mexicano, encabezados por figuras como Rubén Jaramillo.
Después llegaron los 50, y lo que parecía una desconexión entre esfuerzos sindicales y agraristas, comenzó a nutrir programas políticos que, más allá de la democratización y la ampliación de derechos, sentaba las bases de un nuevo proyecto de nación y disputaba el control del Estado. El movimiento se hizo partido, con bases sociales firmes y combativas.
El gobierno parecía verse rebasado, y después de que la devaluación de 1954 comenzara a trastocar la economía del pueblo, provocando su movilización en masa, llegó la represión.
Los asesinatos y encarcelamientos extrajudiciales contra trabajadores movilizados durante el sexenio de Adolfo López Mateos. Así como el asesinato de Rubén Jaramillo y las masacres del 68 y el halconazo dan cuenta de esto.
Los artífices: el ejército mexicano y la Dirección Federal de Seguridad, instituciones nutridas de cuadros formados en la Escuela de las Américas, una academia de contrainsurgencia inaugurada en 1946, operada por el ejército norteamericano y la CIA, donde se instruyó a militares y policías de la región en tácticas para desarticular a la oposición de sus países y “combatir el comunismo”.
Muchos de ellos integraron la DFS y lo que después se conocería como “las brigadas blancas”, un grupo paramilitar encargado de exterminar a la disidencia política del país.
“Recordemos que recientemente otros documentos desclasificados del gobierno de Estados Unidos también señalaron a los tres presidentes que antecedieron a López Portillo como informantes también de la CIA. Me refiero a Echeverría, Díaz Ordáz y a López Mateos”, recapitula Castellanos.
Particularmente, bajo el mandato de estos tres expresidentes, la contrainsurgencia en México cobró otro sentido: uno más profundo y generalizado.
Al frente de esta estrategia, dos nombres resuenan hondo: Miguel Nazar Haro y Fernando Gutiérrez Barrios.
Uno, Nazar Haro, nombrado titular de la DFS en el sexenio de Luis Echeverría. El otro, Gutiérrez Barrios, ex titular de esta misma Dirección durante el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz. Los dos, reconocidos en documentos de la CIA como informantes y colaboradores.
“Es importante recordar que López Portillo ratificó a Nazar Haro en la subdirección de la Dirección Federal de Seguridad, y a Fernando Gutiérrez Barrios en la subsecretaria de gobernación. Gutiérrez Barrios también es un personaje clave que también ha sido señalado por su cercanía con la CIA y con el gobierno de Estados Unidos”, precisa Castellanos.
López Portillo y la Guerra Sucia: testimonios acusan intervención de la CIA en interrogatorios
En su libro de memorias titulado Mis tiempos, el ex presidente José López Portillo escribiría: “Me impresiona el espíritu de sacrificio y disciplina de estos jóvenes dispuestos a matar o morir”.
Las líneas, aparentemente inocentes, escondían una contradicción de sentido, pues los jóvenes que admiraba eran los militantes de la Liga Comunista 23 de septiembre, una organización político militar que buscaba derrocar al Estado mexicano a nombre del comunismo.
El gobierno se encargó de encarcelarlos, torturarlos, asesinarlos y desaparecerlos, junto a cientos de militantes de otras organizaciones sociales y político – militares durante un oscuro periodo llamado la Guerra Sucia.
López Portillo fue uno de sus ejecutores.
“La presencia y la actuación de agentes de la CIA en acciones contrainsurgentes, tanto en el sexenio de Echeverría como en el de López Portillo, también ha sido denunciada por personas que fueron integrantes de organizaciones guerrilleras y sufrieron torturas y/o detenciones ilegales”, relata Castellanos.
Los testimonios los recogió la periodista en su libro México Armado, una crónica de los movimientos político-militares que surgieron en el país durante el periodo de 1943 a 1981. El libro, es también un relato de la represión organizada por el Estado y el papel intervencionista de las agencias de inteligencia estadounidense en la coordinación de la contrainsurgencia.
Laura recuerda:
“En México Armado recojo el testimonio de una ex guerrillera que, en el sexenio de Luis Echeverría, fue detenida y torturada por agentes de la Dirección Federal de Seguridad. Ella atestiguó que estuvieron presentes en esa sesión de tortura agentes de inteligencia estadounidenses que asesoraban a los agentes policiacos en técnicas para que el dolor se intensificara y prolongara”.
También, Castellanos reconstruye otra historia, la del ex rector de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, Felipe Martínez Soriano.
“El gobierno lo vinculó con la organización guerrillera Unión del Pueblo. Por esta supuesta vinculación su hija fue primero secuestrada, torturada y liberada días después, pero semanas más adelante él fue aprehendido sin orden judicial y lo obligaron a firmar su renuncia a la rectoría de la Universidad de Oaxaca, y él afirmó que su renuncia se la hicieron firmar en la Dirección Federal de Seguridad frente, cito ‘a dos personas de aspecto norteamericano, yo entiendo que eran de la CIA’. Esto sucedió en 1978, durante el gobierno de López Portillo”.
Su libro está plagado de testimonios, fechas, datos y nombres. Por eso, al recibir la noticia de que López Portillo era informante de la CIA en México, Laura no se sorprendió. Para ella, siempre fue clara la intervención de la Agencia norteamericana en el país. Y aunque la verdad con el paso del tiempo sale a la luz, la justicia sigue siendo un tema pendiente.
Los expresidentes, Adolfo López Mateos, Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverria y José López Portillo. Fotos: Tomadas de Wikipedia.
Este texto es propiedad de Pie de Página y los reproducimos como parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. Puedes leer el original en este enlace.
Colectivos de víctimas de la guerra sucia realizaron este mediodía una visita a la 35 Zona Militar en Chilpancingo, como parte de las acciones de la Comisión para el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico (Comverdad) para esclarecer las violaciones a los derechos humanos cometidas por el Ejército entre 1960 y 1990.
Al término de la visita los colectivos denunciaron que estas visitas son una simulación, porque, en realidad, no hay ninguna autoridad judicial que haga vinculante las investigaciones de la Comverdad.
El representante legal de los colectivos víctimas de la guerra sucia, Octaviano Gervasio Benítez, solicitó de manera pública una reunión urgente con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, “para establecer acuerdos de trabajo y así poder llegar a la verdad de los hechos, castigo a los responsables que aún viven y lograr tener acceso a una reparación integral del daño en forma justa y adecuada”.
Los colectivos quieren solicitar al presidente la creación urgente de una Fiscalía especial para investigar y darle seguimiento a los testimonios de las víctimas sobre los perpetradores y crímenes de los que fueron objetos.
“Si no interviene el Ministerio Público en las diligencias de inspección que se realizan en los campos militares y demás actos de investigación, para nosotros representan sólo acciones de simulación, impunidad y de burla para las víctimas, ya que para llevar a juicio a los responsables que aún viven se requiere obligatoriamente la intervención de la autoridad ministerial”, menciono Gervasio Bénitez.
Otro tema por el que se están preocupados los colectivos, expusieron, es que por decreto presidencial la Comverdad termina sus trabajos el ultimo día de septiembre del 2024 y, hasta el momento, no ven avances significativos para conocer la verdad de los hechos ni con el paradero final de las víctimas de desaparición forzada.
El 7 de octubre del 2021 entró en vigor el decreto presidencial por el cual se creó la Comverdad. Esta comisión tiene las funciones de investigación, seguimiento, proposición y emisión de informes sobre las violaciones a los derechos humanos cometidas por el Estado mexicano entre 1965 y 1990. Pero para las víctimas su funcionamiento es insuficiente.
“Consideramos que los trabajos de la Comisión han sido casi nulos”, agregó.
Momento en que integrantes de los colectivos de víctimas de la guerra sucia salen de las instalaciones de la 35 Zona Militar en Chilpancingo.
Texto: José Miguel Sánchez Fotografía: Óscar Guerrero (Archivo) 2 de marzo del 2023 Chilpancingo
Colectivos de víctimas de la guerra sucia denunciaron que el Congreso de la Unión pretende reformar la Ley General de Víctimas, «con lo que será más difícil acceder a la reparación del daño», mencionó el representante del colectivo Esposas e Hijos de los Desaparecidos de la Guerra Sucia, Octaviano Gervasio Benítez.
Con esta reforma, de acuerdo con lo denunciado en conferencia de prensa por tres colectivos de víctimas de la guerra sucia, se pretenden implementar más requisitos a las víctimas para que puedan accedan a un apoyo económico y alimentario que otorga mensualmente la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).
«De por sí es difícil acceder a la categoria de víctimas, pero si esto se llega a aprobar sería más complicado y no solo hablamos no nosotros como víctimas de la guerra sucia, están los de desaparecidos actuales y periodistas asesinados», mencionó Gervasio Benítez.
Durante la conferencia, que se realizó de manera virtual, también estuvo presente Catarino Hernández Navarro, hijo del guerrillero Carmelo Cortés Castro, asesinado en 1975 por elementos de seguridad del Estado en situaciones poco claras hasta la fecha.
Hernández Navarro llamó al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a cumplir su promesa de campaña de atender el tema de la justicia, la verdad, la reparación del daño y la no repetición de los hechos a las víctimas directas e indirectas de la guerra sucia.
«Nuestros padres y ancestros no hicieron más que aportar a qué en este país existiera un régimen democrático, fueron más de izquierda que muchos que los que hoy ostentan el poder y lo único que pedimos en justicia, algo que en 70 años nadie nos ha cumplido», mencionó Hernández Navarro.
Esto porque en 2019 la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación el Estado mexicano, sobre el caso de Carmelo Cortés Castro.
En dicha recomendación se pedía resarcir el daño que el Estado causo a la familia de Carmelo Cortés por su asesinato, además de investigar quienes fueron los perpetradores.
A cuatro años de dicha recomendación, la familia de Carmelo Cortés no tienen nada de eso.
Carmelo estuvo en un principio en las filas del grupo guerrillero Partido de los Pobres (Pdlp) que encabezaba el profesor Lucio Cabañas Barrientos y posteriormente fundió la organización Fuerzas Armadas Revoluconarias (FAR) la cual se dedicó a realizar acciones subversivas en las ciudades como en el Distrito Federal, hoy Ciudad de México.
Representantes de colectivos de víctimas de la guerra sucia después de realizar una conferencia de prensa virtual para demandar una audiencia en el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Foto: Cortesía.
En la conferencia que se llevó a cabo este domingo, también estuvieron presentes integrantes del Colectivo de esposas e hijos de desaparecidos y desplazados de la guerra sucia del municipio de Atoyac de Álvarez, Guerrero. A.C; la Asociación representativa de Ejidos y Comunidades y víctimas de violaciones de derechos humanos y grupos vulnerables A.C y la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria (ACNR).
Dichas asociaciones pidieron ser atendidos por el presidente López Obrador, para explicarle la situación de la Ley General de Víctimas y pedirle se cree una fiscalía especial para las víctimas de la guerra sucia.
Esto porque dijeron que el trabajo que realiza la Comisión de Acceso a la Verdad y Justicia por Violaciones a Derechos Humanos Cometidas entre 1965 y 1990 (Comverdad) no es significativo si los perpetradores no son llevados ante la justicia.
«Si no hay justicia la Comisión de la verdad solo pasará a la historia como una simulación, nosotros queremos justicia y reparación del daño, como lo prometió el presidente, pero ya solo le queda un año y no vemos que eso vaya a suceder», mencionó Gervasio Benítez.
Familiares de víctimas de la guerra sucia protestan fuera de la 35 zona militar en Chilpancingo, el pasado 19 de febrero del 2023. Foto: Óscar Guerrero (Archivo Amapola periodismo)
Alejandro López Cabañas era el sastre de la comunidad de San Vicente, en Atoyac de Álvarez. La noche del 27 de junio de 1972 militares se lo llevaron con engaños al cuartel, un mes después regresó a su casa con secuelas de la tortura que sufrió y con las que vivió de por vida.
“Llevaron a mi padre por engaño al cuartel, que iba arreglar unos pantalones del coronel Macario Castro Villareal y que se dirigiera al cuartel y que inmediatamente se regresara”, relató la hija de Alejandro, Estela López Arroyo.
No fue así, Alejandro regresó un mes después con claros signos de tortura y contó que se lo llevaron solo porque tenía el apellido Cabañas, igual que el entonces guerrillero Lucio Cabañas Barrientos, aunque Alejandro jamás participó en los movimientos sociales, según lo relatado por su hija.
Hace 15 años Alejandro falleció y nunca se pudo recuperar de las lagunas mentales que fueron consecuencia de las torturas de los militares.
Estela, de 62 años, participó el día de hoy en la marcha que realizaron tres colectivos de familiares de víctimas de la guerra sucia para exigir justicia y verdad.
Este domingo, en el marco del Día del Ejército Mexicano, los colectivos marcharon en la capital y protestaron en la 35 zona militar, para exigir un “acceso pleno a la justicia, sin simulación e impunidad”.
A las 10 de la mañana tres colectivos de familiares de desaparecidos, torturados y asesinados durante la denominada Guerra Sucia, se reunieron en el monumento a Las Banderas y salieron en marcha hacia la 35 zona militar.
La guerra sucia es un periodo histórico entre 1960 y 1980 en el que fueron secuestrados, asesinados y torturados cientos de personas, algunas afinas a los movimientos sociales de la época y algunas otras solo estaban en el lugar y momento equivocado.
De acuerdo con cifras de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) los desaparecidos por el Estado en este periodo es de 800 personas en todo el territorio nacional.
Aunque cifras de colectivos locales hablan de esos 800 desaparecidos solo en Guerrero, sin contar víctimas de tortura y asesinados.
Al mismo tiempo que las familias y víctimas marchaban, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda desayunaba con mandos militares por la conmemoración del Día del Ejército dentro de la 35 zona militar.
Los familiares y victimas marcharon con cartulinas y fotografías de sus desaparecidos, con pancartas en las que se leían sus exigencias de justicia.
El representante del colectivo Esposas e Hijos de los Desaparecidos de la Guerra Sucia, Octaviano Gervasio Benítez, dijo que la mayoría de los crímenes de lesa humanidad, y de los que tienen documentados, se dieron en 1974 a 1980, de los que a casi 50 años no hay justicia para la víctimas ni castigo a los perpetradores.
“Los desaparecidos fueron torturados con tratos inhumanos crueles y degradantes de los que no se conoce la verdad, ni se ha castigado a los responsables”, dijo Gervasio Benítez.
Informó que de esta época tienen un total de 700 desaparecidos registrados y lamentó que “cada administración federal que pasa siempre es el mismo discurso, que van a investigar y nunca lo hacen”.
El contingente llegó a las afueras de las instalaciones de la 35 Zona Militar, donde fueron cerradas las puertas y detrás había un contingente de militares con equipo antimotines.
Por una pequeña puerta salió un elemento de Gobernación y un mando del Ejército a hablar con los manifestantes.
Desde las torres de vigilancia, militares fotografiaron y grabaron en todo momento la protesta de los manifestantes.
Por su parte, los manifestantes tiraron cuetes en señal de protesta, algunos fueron lanzados directamente dentro de las instalaciones militares.
Las familias e integrantes de los colectivos colocaron las lonas de sus desaparecidos y exigencias sobre la fachada de las instalaciones.
Antes de retirarse, los manifestantes leyeron una serie de peticiones que entregaron al personal que estuvo en la puerta observando la manifestación.
En dicho documento piden la destitución del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, “por el mal trabajo que hace al investigar los crímenes de la guerra sucia, debido a que actualmente solo dos ministerios públicos atienden las 600 carpetas de investigación de nuestros casos”.
El documento también señala que el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval González, “no permite el avance de las investigaciones y protege a los militares criminales que aún viven”, se lee en el documento.
A la gobernadora Evelyn Salgado Pineda piden que se investigue a los entonces agentes de la Policía Judicial involucrados en las detenciones y extra judiciales que acabaron en desapariciones forzadas.
Denunciaron que la Comisión para el acceso a la verdad y el esclarecimiento histórico de la guerra sucia (Comverdad) no ha aportada nada nuevo a las investigaciones y la catalogaron de “omisión y simulación”.
El documento es firmado por el Colectivo de esposas e hijos de desaparecidos y desplazados de la guerra sucia del municipio de Atoyac de Álvarez, Guerrero. A.C, la Asociación representativa de Ejidos y Comunidades y víctimas de violaciones de derechos humanos y grupos vulnerables A.C y por la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria (ACNR).
Fotografía: Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan
9 de diciembre del 2022
Chilpancingo
Este viernes comenzó el conversatorio Diálogos por la Verdad y Justicia, convocado por el Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico de la Guerra Sucia, para escuchar a las víctimas y familiares de personas desaparecidas, torturadas y encarceladas de 1965 a 1990, periodo conocido como guerra sucia, que algunos académicos nombran terrorismo de Estado.
Durante el conversatorio, víctimas, sobrevivientes y familiares de personas desaparecidas contaron su testimonio acerca de cómo vivieron la desaparición de algún familiar en manos del Ejército o agentes del Estado mexicano.
Los testimonios fueron recabados por el equipo del Mecanismo para Verdad y formarán parte un informe que tiene la intención de esclarecer las violaciones a los derechos humanos cometidas contra la población civil en Guerrero de 1965 a 1990.
El conversatorio, además, se convirtió en un espacio de protesta, donde las familias y víctimas exigieron al gobierno enjuiciar a los perpetradores «y no hacerles un memorial como pretende el presidente», además de una reparación del daño, tanto física, emocional, económica y social. El conversatorio comenzó ayer viernes y terminará hoy.
«Queremos terminar con la impunidad que hasta ahora ha protegido a los perpetradores de masacres, desapariciones, arrasamiento de pueblos enteros, asesinatos, torturas y encarcelamientos clandestinos», mencionó David Fernández Dávalos, titular del Mecanismo para la Verdad.
Alrededor de 100 personas, entre víctimas y familiares llenaron el auditorio de la Unidad Deportiva Chilpancingo, conocida como Crea, al norte de la ciudad.
El auditorio, que lucía repleto de personas originarias de la región Costa Grande, Costa Chica, Sierra, Tierra Caliente y Centro, principalmente, y otros más desplazados desde hace 40 años, se escucharon unos a otros.
Los asistentes contaron pasajes o recuerdos dolorosos sobre la violenta historia política del estado de los últimos 50 años.
Testimonios como el de Guillermina Cabañas Barrientos, hermana del guerrillero Lucio Cabañas Barrientos, resonaron en el pequeño auditorio cuando contó cómo el Estado, a través del Ejército, orilló a toda a la familia del guerrillero a desplazarse y a vivir en la clandestinidad.
«Llegaban los militares y sacaban a toda la gente a la cancha de basquetbol, ahí los que eran Cabañas de un lado y los que no, del otro lado, y ahí vimos cómo comenzaron a desaparecer a nuestros familiares», mencionó Guillermina, quien tiene 72 años.
Contó que en la comunidad donde vivía, San Martin de las Flores, municipio de Atoyac, Costa Grande, debido a los estigmas y el miedo que tenían al Ejército, ella decidió, con ayuda de su hermano Lucio, irse a la clandestinidad.
Aprendió a usar armas y se unió a la lucha armada del Partido de los Pobres que encabezada su hermano.
Aún embarazada combatió fue enfermera para la guerrilla, «hasta que a los cinco meses de embarazo Lucio buscó la manera de sacarme de la Sierra».
Pablo Cabañas, maestro normalista, igual que su hermano Lucio, dijo que nunca participó en la lucha armada, aún así fue detenido frente a sus alumnos de quinto de primaria en una escuela de Huatabampo, Sonora.
Después de su detención fue torturado directamente por Miguel Nazar Haro de la Dirección Federal de Seguridad (DFS); estuvo seis años en prisión “por el único delito de ser hermano del profesor Lucio Cabañas, perdí mujer, casa, trabajo y libertad”.
Otros de los testimonios contados durante el conversatorio fue el de los campesinos de Tlacalixtlahuaca, municipio de San Luis Acatlán, Costa Chica. Victoriano Villegas, dijo, por ejemplo, que “fue duramente golpeada por el Ejército en castigo por haberle dado alojo y cobijo en una ocasión al guerrillero Genaro Vázquez Rojas”.
En esa intervención militar, Victoriano Villegas, que tenía 15 años en ese entonces, vio cómo los militares obligaban a los campesinos a cavar sus fosas antes de ejecutarlos o los dejarlos colgados de los árboles.
“Nadie era libre, sólo de recordar duele”, mencionó.
José Oliver Calleja, otro poblador de Tlacalixtlahuaca, recordó que su padre, antes de ser asesinado, lo colgaron de un árbol, fue torturado por militares.
“Estamos muy sentidos con lo que nos hizo el gobierno, y lo mínimo que pueden hacer es una reparación del daño y castigar a los perpetradores”.
Nicomedes Fuentes Adame, quien también vivió la embestida del Estado en esos tiempos, es un activista que públicamente lleva años con el reclamo de justicia para las víctimas de la guerra sucia, pidió al Mecanismo y a la Comisión de la Verdad el rescate de la memoria histórica, garantías de la no repetición y castigo a los perpetradores.
Fuentes Adame recordó que él fue detenido y desaparecido en dos ocasiones y llevado a cárceles clandestinas del Ejército y la Brigada Blanca.
Uno de sus torturadores fue el comandante Wilfrido Castro Contreras, quien, dijo, falleció de muerte natural, sin ningún castigo.
Otro personaje presente y asumido como sobreviviente de la guerra sucia es el ex gobernador interino, Rogelio Ortega Martínez, quien contó que fue torturado por el comandante del Ejército, Mario Aburto Acosta Chaparro, y un comandante de la Brigada Blanca.
«Mi petición aquí es que los nombres de esos torturadores queden en los libros de historia como lo que son, criminales, torturadores y secuestradores», mencionó.
Las historias de otras personas menos públicas también fueron narradas en este espacio.
El 17 de mayo de 1974, Onésimo Uriostegui Terán, junto con sus dos hijos, Mario y Efraín Uriostegui Flores, caminaban rumbo al campo a trabajar, cuando un grupo de militares les marcó el alto.
Por el miedo de la población a los militares, la familia Uriostegui corrió y en respuesta los militares dispararon y asesinaron a Efraín.
La familia Uriostegui Flores tardó una semana en hallar su cadáver; después de hallarlo lo enterraron por la noche para que los militares no se dieran cuenta.
Por el miedo que les generó el asesino de Efraín, la familia Uriostegui huyó de su natal Tenexpa, un pueblo de Tecpan de Galeana, Costa Grande. Contrataron un taxi para llevarlos a Acapulco, pero en el crucero de Tenexpa, un retén militar los detuvo.
Ahí les preguntaron de dónde venían y alguien respondió que de la Sierra, por lo que de inmediato los militares los bajaron del taxi y Efraín y Mario fueron trasladados en calidad de detenidos al cuartel militar de Atoyac.
La historia fue contada por Celia Uriostegui Flores, hija de Onésimo y hermana de Mario y Efraín.
Ese fue el último contacto que Celia tuvo con su padre y hermano, desde entonces los busca.
La guerra sucia (terrorismo de Estado para muchos) fue un periodo que comprendió de 1965 a 1980, en ese tiempo militares y grupos paramilitares se enfrentaron de manera directa con los movimientos sociales de izquierda, desde universitarios, populares, campesinos hasta las guerrillas.
Datos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y con los que trabaja la Comisión de la Verdad indican que durante ese periodo fueron desaparecidas unas 800 personas.
Integrantes del Comité de agraviados por la guerra sucia de El Quemado, municipio de Atoyac, bloquearon alrededor de tres horas la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo, para exigir a la Comisión de Atención a Víctimas (CEAV) cumpla con la reparación del daño que les prometieron desde 2019.
Los manifestantes bloquearon la circulación en los dos carriles de la carretera federal, a la altura del poblado de Cuatro Milpas, ahí exigieron al gobierno estatal y específicamente a la gobernadora, Evelyn Salgado Pineda, ser la intermediaria entre la CEAV y ellos para tener acceso a la reparación del daño que les prometieron.
De acuerdo con un pronunciamiento que publicó el Comité, una noche antes del bloqueo, desde el 2019 se firmó una minuta de acuerdo con la CEAV y el gobierno estatal para comenzar la reparación del daño a 70 personas, entre víctimas y familiares de activistas torturados y desaparecidos durante la guerra sucia en el poblado de El Quemado.
“A tres años de firmarse la minuta las víctimas solo hemos recibido algunos apoyos, pero sin considerar los parámetros internacionales de reparación del daño”, se lee en su pronunciamiento.
En febrero del 2019, la CEAV, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y el entonces gobernador priista, Héctor Astudillo Flores, anunciaron un programa piloto que comenzaría en El Quemado para garantizar la reparación del daño a las víctimas y familiares de la guerra sucia.
Dicho programa no se implementó y por eso los familiares de las víctimas decidieron bloquear la carretera la mañana de este miércoles.
Los manifestantes denunciaron que la actual administración federal ha incumplido con las familias afectadas, pues de acuerdo con la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh), se tendría que hacer un pago a las familias que sufrieron tortura y desapariciones forzadadas.
“Somos respetuosos de nuestro presidente de la República, pero consideramos que muchos funcionarios no están cumpliendo con la cuarta transformación, solo nos dan atole con el dedo”, mencionaron los manifestantes.
Desde las 08:40 de la mañana unas cien personas y miembros de organizaciones sociales, bloquearon ambos carriles de la vía federal de manera parcial.
Después de horas de bloqueo, los manifestantes dialogaron con el delegado regional de la Costa Grande del gobierno federal, Juan Méndez Noriega, quien les prometió una mesa de trabajo en El Quemado donde estarán representantes del CEAV, de la CNDH y del gobierno estatal para dar solución a sus peticiones.
Colectivos de víctimas de familiares de personas desaparecidas durante la década de los setentas pidieron al secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval González, se retracte de su propuesta, que tiene la venia presidencial, de colocar en letras de oro a los militares abatidos en combate durante el periodo conocido como guerra sucia.
En conferencia de prensa, este martes los representantes de los colectivos hicieron un pronunciamiento dirigido a Sandoval González para, entre otras cosas, desista y pida disculpas por lo dicho el pasado 22 de junio durante el inicio de actividades conjuntas entre la Comisión de la Verdad (Comverdad), y el Ejército para abrir sus cuarteles y archivos.
Sandoval González dijo en esa ocasión que los militares caídos en aquella etapa serán homenajeados.
“Es un agravio y una ofensa para las victimas enaltecer a los perpetradores como si fueran héroes nacionales”, mencionó Octaviano Gervasio Benítez, representante del Colectivo de grupos de desaparecidos de la guerra sucia.
“Por eso pedimos al secretario se retracte de su propuesta de enaltecer a los perpetradores”.
Además de la petición de que el secretario se retracte, los colectivos piden al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y al subsecretario de Gobernación y presidente de la Comverdad, Alejandro Encinas Rodríguez, una serie de peticiones que garantice a las víctimas y familiares un acceso pleno a la justicia.
Los colectivos pidieron que a los trabajos de la Comverdad se sume la Secretaría de Marina (Semar), para que explique el tema de los vuelos de la muerte, donde supuestamente a través de aviones tiraron en el mar a activistas desaparecidos desde entonces.
También pidieron incluir a la Fiscalía General de la República (FGR), para comenzar a judicializar los casos y después la creación de una Fiscalía Especial para los casos sucedidos durante la guerra sucia y poder enjuiciar a los perpetradores y que las entrevistas a los perpetradores sean realizadas por ministerios públicos y no por historiadores.
“Hasta que cada perpetrador sea presentado a la justicia vamos a estar en paz, ya basta de actos protocolarios que fomentan la impunidad“, mencionó Gervasio Benítez quien comentó que su padre fue desaparecido por el Ejército durante la guerra sucia en Atoyac.
Los colectivos también denunciaron el enfoque que la Comverdad a las investigaciones y anunciaron que ellos no quieren un informe o un libro, como pretenden, lo que piden es castigo a los culpables.
De acuerdo con datos de la Comisión Nacional de Derechos Humano (CNDH), las victimas directas durante la guerra sucia ascienden a 542 personas, pero los colectivos dijeron que a través de sus propias indagatorias ellos contabilizan alrededor de 1,200.
A tres años del gobierno de López Obrador, los colectivos piden justicia y concluyeron que la ola de violencia y desapariciones que generan los grupos del crimen organizado se debe a que sucesos como la guerra sucia continúan impunes.
En un pronunciamiento por escrito Ventura Reyes expresó que las víctimas y familiares de personas desaparecidas durante la guerra sucia lo que necesitan es reconciliación, reivindicación y justicia.
Texto: José Miguel Sánchez
Fotografía: Óscar Guerrero (Archivo)
30 de junio de 2022
Chilpancingo
El activista Ventura Reyes Urióstegui denunció la intención del gobierno federal de indemnizar a las víctimas y familiares de la guerra sucia.
Calificó esa acción como algo mínimo y dijo que se necesita justicia y que el Estado diga dónde están los desaparecidos.
Por parte de la Comisión de Atención a Victimas de la Violencia (CEAV), y de la Comisión de la Verdad, hay un programa que se puso en marcha el pasado 11 de febrero, en Guerrero, para indemnizar a familiares y victimas de la guerra sucia.
En un pronunciamiento por escrito Ventura Reyes expresó que las víctimas y familiares de personas desaparecidas durante la guerra sucia lo que necesitan es reconciliación, reivindicación y justicia.
Explicó que para lograrlo se requiere considerar los ideales y causas que motivaron a los movimientos guerrilleros y, “en un proceso de reconciliación tenemos que poner por delante las razones por las que luchamos y la disposición del régimen para crear las condiciones y hacer realidad esos ideales”, explicó.
Se conoce como guerra sucia a un conjunto de medidas de represión militar y política encaminadas a disolver a los movimientos de oposición política y armada contra el Estado mexicano.
Ventura Reyes consideró que además de la justicia y la presentación con vida de los desaparecidos se necesitan crear las condiciones para lograr los objetivos que el movimiento guerrillero abanderó.
Sobre la propuesta presidencial de abrir los cuarteles para revisar los archivos del Ejercito, Ventura Reyes consideró que es una pérdida de tiempo para las víctimas, porque el Estado sabe dónde están.
“Fueron los cuerpos de seguridad quienes se los llevaron (a los desaparecidos), por órdenes del gobierno en turno. Querer meter a las víctimas a hurgar en los archivos del Ejercito es un engaño más, porque así no van a encontrar la verdad”.
Respecto a su propuesta de reconciliación Ventura Reyes apuntó que se necesita entablar un diálogo y llegar a acuerdos con todas las partes, el gobierno, el Ejercito e integrantes de los movimientos guerrilleros para deslindar responsabilidades de quienes tomaron las decisiones y las estrategias de guerra.
De acuerdo con Ventura Reyes se necesita deslindar responsabilidades y castigar a los culpables para que haya justicia y las instituciones se fortalezcan con instrumentos de justicia, política y economía más justas.
Agregó que de parte de las víctimas y familiares hace falta más organización para hacer una exigencia de justica más amplia, consensuada e incluyente.
“Lo cierto es que no se ha hecho un esfuerzo por definir y fijar posicionamientos consensuados, frente a las diferentes aristas del tema”, mencionó.
Respecto a la propuesta del presidente de homenajear a los militares fallecidos Ventura Reyes dijo que no se puede tomar partido a favor de los perpetradores.
“El Ejército y el presidente están en su derecho de reconocer a los militares y agentes caídos, pero al hacerlo, se asumen como parte beligerante. De manera institucional deben estar del lado de la ley y de la justicia, al calificar los acontecimientos en cuestión”.
Exigieron también que se diga la verdad sobre el papel del Ejército en la Guerra Sucia. Consideran que siguen siendo intocables y no hay voluntad política para abrir los cuarteles y ser investigados
Texto: José Miguel Sánchez
Fotografía: Amílcar Juárez
12 de marzo de 2022
Chilpancingo
Familiares y víctimas de desaparición forzada de los años 70´s se reunieron con integrantes de la Comisión por el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico y Justicia a las Violaciones graves a los Derechos Humanos cometidos entre los años 1965-1990.
Exigieron a las autoridades justicia para las víctimas, el esclarecimiento de los hechos ocurridos en el periodo denominado Guerra Sucia, así como la presentación con vida de sus familiares.
En el encuentro, que se realizó en el Auditorio Sentimientos de la Nación, las víctimas expusieron sus casos particulares y sus expectativas sobre la Comisión.
Entre los asistentes estuvieron hijas, hijos, hermanas y esposas de personas desparecidas y torturadas, también algunos sobrevivientes de tortura y encarcelamiento.
Las víctimas contaron sus experiencias en la búsqueda de justicia y realizaron exigencias a las autoridades.
Nicolás Catarino Vásquez contó a la Comisión que él fue desaparecido, torturado y posteriormente encarcelado por el Ejército Mexicano en 1970, tenía 18 años y estudiaba la preparatoria. A 50 años de esos hechos pidió tener acceso a una reparación del daño.
«Yo no me refiero a una reparación económica, me gustaría una reparación psicológica y saber que mis torturadores sean alcanzados por la justicia», comentó.
Trinidad Cuevas, quien militó en las Fuerzas Armadas del Pueblo, lo que le costó la persecución del Ejército, contó que es desplazada de Jalisco. En la Guerra Sucia, los dos hijos de Trinidad fueron desaparecidos. No sabe nada hasta la fecha, exigió su presentación con vida.
Leticia Gutiérrez, hija de Lauro Gutiérrez Santana, arrestado por el Ejército en Atoyac de Álvarez por ser presunto militante del Partido de Los Pobres, dirigido por Lucio Cabañas, también acudió a la reunión.
Fuentes cercanas a la familia les informaron que Gutiérrez Santana estaba arrestado en al Campo Militar número 1, donde posteriormente fue ejecutado.
Las víctimas denunciaron algunos problemas a los que se enfrentan en la búsqueda de justicia, como la falta de protocolos en los servicios médicos forenses, lo que calificaron como una “crisis forense”. No les permiten un reconocimiento eficiente de los cadáveres, lo que dificulta el reconocimiento a los familiares.
Pidieron también tener acceso a una reparación del daño que no sólo sea económica, si no también psicológica, justicia para las víctimas y un castigo a los perpetradores.
Exigieron también que se diga la verdad sobre el papel del Ejército en la Guerra Sucia. Consideran que siguen siendo intocables y no hay voluntad política para abrir los cuarteles y ser investigados.
Pidieron a la Comisión valorar la creación de un museo para rendir un homenaje a todas las víctimas de la Guerra Sucia.
Integrantes de la Comisión contestaron a los presentes que tomarán en cuenta sus testimonios y propuestas; además, prometieron que recabarán más información sobre las víctimas.
Abordarán el tema de los militares y propondrán otra Comisión de la verdad que abarque la década de 1990 para revisar casos como los de El Charco y Aguas Blancas.
En el foro estuvieron presentes integrantes de la Comisión de la Verdad, el Colectivo de esposas e hijos desaparecidos de la Guerra Sucia, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y la Comisión de Derechos Humanos del Estado.
Las víctimas dijeron tener esperanza en estos espacios y esperan que sus casos y testimonios no sean archivados como en sexenios anteriores.
Los integrantes de la Comisión se comprometieron a mantener un diálogo permanente con las víctimas y los resultados de la investigación serán presentados en un informe.
El 7 de octubre del 2021, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la creación de la Comisión, luego que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, firmó el decreto para dicha finalidad.
El mecanismo tiene como referente a las comisiones que hubo en Uruguay, Argentina y Ghana. La mexicana tratará de entender el tamaño y la densidad de los movimientos contrainsurgentes que utilizó el Estado mexicano para reprimir a los movimientos sociales.
Familiares de desaparecidos en la Guerra Sucia protestaron en la 35 Zona Milita
Marcharon con fotografías de sus desaparecidos y con pancartas en las que se leían sus exigencias de justicia: “Justicia y verdad, no más impunidad”, que el gobierno sea responsable de investigar y aclarar los hechos ocurridos en la Guerra Sucia”
Texto: Beatriz García
Fotografía: Óscar Guerrero
Han pasado 62 años desde que militares asesinaran en la sierra de Atoyac a cientos de familias. En ese territorio suman más de 700 desaparecidos.
Este sábado, Día del Ejército Mexicano, marcharon en la capital, y protestaron en la 35 zona militar, para exigir se abran “expedientes secretos” que tiene en su poder esa institución, donde habla de lo que pasó en la Guerra Sucia.
Por la mañana, un evento oficial encabezado por la gobernadora, Evelyn Salgado Pineda, celebró la presencia militar en Guerrero y la supuesta labor de protección que desempeña en la población, pero a la par la sociedad civil recuerda las graves violaciones que esta institución ha cometido a lo largo y ancho del estado.
A las 10 de la mañana tres colectivos de familiares de desaparecidos en los años sesenta, en la denominada Guerra Sucia, se reunieron en la capital, en la alameda Granados Maldonado. Los familiares marcharían hacia la 35 zona militar, en una marcha que denominaron: Marcha contra el Ejército Mexicano.
“Las violaciones a los derechos humanos cometidas por efectivos del Ejército en Guerrero no paran desde los años 70s, época conocida como Guerra Sucia, lo único que ha cambiado, coincidió el defensor de derechos humanos, Vidulfo Rosales Sierra y la integrante de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) e hija del guerrillero, Lucio Cabañas Barrientos, Micaela Cabañas Ayala”, se publicó en un texto en Amapola. Periodismo transgresor este sábado.
Los familiares de desaparecidos marcharon con fotografías de sus desaparecidos y con pancartas en las que se leían sus exigencias de justicia: “Justicia y verdad, no más impunidad”, “Justicia, pido el esclarecimiento de la desaparición de mi padre, Zenón Zamora Hernández, que el gobierno sea responsable de investigar y aclarar los hechos ocurridos en la Guerra Sucia, el 16 de julio de 1974”, “Desaparecido por el Ejército Mexicano, Raymundo Barrientos, el Rincón de las Parotas”.
El representante del colectivo Esposas e Hijos de los Desaparecidos de la Guerra Sucia, Octaviano Gervasio, dijo que la mayoría de los crímenes de lesa humanidad, y de los que tienen documentados, se dieron en 1974, de ellos siguen sin saberse y no se han castigado a los culpables, porque fueron desaparecidos por el Ejército de forma sistemática, una orden dada desde el comandante supremo de las fuerzas armadas, los ex presidentes Luis Echeverría Álvarez y López Portillo.
Los desaparecidos, antes, fueron torturados, “con tratos inhumanos crueles y degradantes”, de los que no se conoce la verdad, ni se ha castigado a los responsables, y que incluso hay militares que se hacen llamar “honorables” y que hasta medallas se les han entregado, pero que son unos criminales.
Lamentó que las desapariciones forzadas en el país y en el estado siguen, que es “una crisis humanitaria”, que pueden desaparecer una persona y nadie investiga nada, y que por ello es necesario se investigue desde la Guerra Sucia, porque si no esto crímenes se seguirán cometiendo.
Informó que de esta época tienen un total de 700 desaparecidos registrados y lamentó que cada administración federal que pasa siempre es el mismo discurso, que van a investigar y nunca lo hacen.
El contingente llegó a las afueras de las instalaciones de la 35 Zona Militar, donde en todo momento las puertas permanecieron cerrada.
En una torre de las instalaciones militares fotografiaron y grabaron la protesta de los manifestantes.
Los manifestantes colocaron las lonas de sus desaparecidos y exigencias sobre la fachada de las instalaciones.
En el lugar se escuchó el clamor de: ¡Justicia!, mientras realizaron un mitin donde algunos familiares dieron su testimonio, y aclararon que no iban a felicitar a los militares si no a exigir la investigación de sus desaparecidos.
Al final un militar accedió a abrir una pequeña ventana, donde hubo una confrontación verbal, porque no los quisieron recibir, lo único que pudieron hacer es entregar un documento que firmaron todos los familiares, para exigir investigación y verdad en la Guerra Sucia.
En el informe 2020-2021 de Amnistía Internacional advirtió que en 2020 el gobierno a cargo del presidente, Andrés Manuel López Obrador, desplegó a más efectivos militares en la estrategia de seguridad pública que las dos administraciones presidenciales anteriores, la del priista Enrique Peña Nieta y del panista, Felipe Calderón Hinojosa
Texto: Beatriz García
Fotografía: José Luis de la Cruz (Archivo)
19 de febrero del 2022
Chilpancingo
Las violaciones a los derechos humanos cometidas por efectivos del Ejército en Guerrero no paran desde los años 70s, época conocida como Guerra Sucia, lo único que ha cambiado, coincidió el defensor de derechos humanos, Vidulfo Rosales Sierra y la integrante de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) e hija del guerrillero, Lucio Cabañas Barrientos, Micaela Cabañas Ayala.
Hoy sábado se conmemora el Día del Ejército Mexicano y de manera oficial se celebran eventos para congratular el trabajo que han hecho los militares en el país, además de entregarles reconocimiento. En Guerrero no es a excepción.
Un sin número de violaciones a los derechos humanos se han cometido por elementos del Ejército en Guerrero y en el resto del país, y que han sido de interés público, casos que ha llegado a instituciones internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), mismo motivo por el que se han emitido recomendación al Estado mexicano.
El 31 de agosto del año pasado Amnistía Internacional y Seguridad sin Guerra emitieron un posicionamiento donde externaron su preocupación con la decisión del gobierno federal, de continuar con el enfoque de militarizar la seguridad pública, como lo hicieron los dos gobiernos que lo antecedieron.
“Esto ha detonado el aumento de quejas por violaciones graves a los derechos humano, de tal manera que hacemos un llamado urgente para que la seguridad pública esté en manos de personal civil, como lo establecen las normas del derecho internacional de los derechos humanos”, advirtieron los organismos defensores.
En el informe 2020-2021 de Amnistía Internacional advirtió que en 2020 el gobierno a cargo del presidente, Andrés Manuel López Obrador, desplegó a más efectivos militares en la estrategia de seguridad pública que las dos administraciones presidenciales anteriores, la del priista Enrique Peña Nieta y del panista, Felipe Calderón Hinojosa.
El Sistema Nacional de Alerta de Violencia a los Derechos Humanos de la CNDH estableció que el número total de quejas registradas contra la Guardia Nacional en 2020 sumaron 350. En el 2021 acumularon más de 261 quejas, lo que situaba a ese cuerpo de seguridad entre las 10 instituciones con más quejas por violaciones a derechos humanos.
Violaciones a derechos humanos cometidas por el Ejército en Guerrero
En Amapola. Periodismo transgresor hicimos un recuento de las violaciones a derechos humanos cometidos por el Ejército en Guerrero, desde la Guerra Sucia, hasta uno de los casos emblemáticos, la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, cometidos el 26 y 27 de septiembre del 2014 en Iguala, hechos que demuestran que las violaciones cometidas por militares no paran, lo que cambia es la época.
El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan es un organismo defensor que ha acompañado casos en los que estuvieron involucrados militares, como el del asesinato del nahua Bonfilio Rubio Villegas, originario de Tlatzala, municipio de Tlapa, que fue asesinado por militares mientras viajaba en un autobús en el 2009, y los casos de violación sexual a las Me´phaa, Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú.
Sobre esta situación habló el abogado de Tlachinollan y que acompaña en su defensa a los padres y madres de los 43, Vidulfo Rosales Sierra.
Desde los años 70, finales de los 60, con la llamada Guerra Sucia, explicó, ahí se vio la faceta del Ejército cometiendo “violaciones atroces” a los derechos humanos más elementales, asentados en tratados internacionales que deben respetar la vida y la integridad de las personas.
Entre la gama de violaciones ejercidas por los militares en los sesentas fueron, principalmente, “ejecuciones extrajudiciales”, tortura, desapariciones, señaló el abogado. Y además, hubo un caso que se registró en la Corte Interamericana y fue el parteaguas para documentar estas violaciones, el caso de Rosendo Radilla Pacheco, un líder social de Atoyac, que lucho por mejoras en educación y salud, contra las injusticias y abusos.
Fue desaparecido por militares en 1974.
El caso de Rosendo Radilla fue el que abrió brecha y sentó bases para que se pudiera restringir el fuero militar y se pudieran hacer reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y al Código de Justicia Militar, por ello, ahora, los delitos que comete el Ejército son juzgados por la justicia civil.
Después de estos hechos se construyeron diversos cuarteles militares en el estado y aunque ahora los militares estarían dentro de estas construcciones no se irían de Guerrero, dijo, pero sí disminuyó su presencia en las comunidad y aparentemente las violaciones a derechos humanos, pero volverían a surgir en los años noventa, cuando aparece la guerrilla del Ejército Popular Revolucionario (EPR) y del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI).
El escenario volvió a ser el mismo, torturas, desapariciones, por lo cual surgió una recomendación de la CNDH, que menciona 30 casos donde hubo violaciones a los derechos humanos sobre tortura, incursiones a comunidades, violaciones sexuales cometidos contra mujeres, explicó el defensor de derechos humanos.
El accionar del Ejército en Guerrero se prolongó en distintas partes del estado, en los años de 1998 y 2000 con la masacre de El Charco, donde participó directamente el Ejército, contra una célula del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI).
Fue entonces que suceden los hechos de tortura por militares contra ecologistas que defendían sus recursos naturales en Petatlán, Rodolfo Montiel Flores y Teodoro Cabrera.
Después se cometen las violaciones sexuales contra Valentina Rosendo e Inés Fernández, dentro de un operativo que despliega el Ejercito en comunidades de los municipios de Acatepec y Ayutla de los Libres, porque hay información de que ahí operan grupos insurgentes, y tienen como finalidad “reducir el margen de acción de los grupos insurgentes que operan en esa región”, según informes oficiales del Ejército.
Estos casos se difundieron internacionalmente. Los casos también los retomó la CIDH, y entonces poco se frenó la presencia del Ejército en las comunidades.
En el sexenio del panista, Felipe Calderón Hinojosa, del 2006 al 2012, se constituyó la llamada “guerra contra el narcotráfico”, una supuesta estrategia de esa administración para combatir a los grupos delictivos, que propició que los militares se desplegaran en todos los rincones del país.
En esta época fue asesinado Bonfilio Rubio Villegas, en un retén de militares en Huamuxtitlán. Mientras viajaba en un autobús, supuestamente porque los efectivos creyeron que ahí iban delincuentes.
-¿Entonces se hablaría de que las violaciones por parte del Ejército no cesan, que lo que único que ha cambiado es la época?- se le preguntó al abogado.
Se siguen reditando, han sido diferentes épocas, por diferentes motivos, pero todo el tiempo el Ejército ha cometido violaciones a los derechos humanos, tortura, desaparición, ejecuciones extrajudiciales, de manera selectiva, pero, también masiva como Tlatlaya, Ayotzinapa y El Charco. También de manera selectiva como la Guerra Sucia que iban matando, dos, tres, cuatro, cinco activistas, señaló Rosales.
En el 2000 cambio un poco el discurso con la aplicación de la Ley Federal de Armas, Fuego y Explosivos, pero las violaciones se siguieron cometiendo, insistió el abogado y activista.
Hubo unos pequeños avances en términos de esta materia contra el Ejército, agregó, y esa es la batalla que liberaron organizaciones sociales y de derechos humanos, para acotar el fuero militar, para efecto de que las violaciones de derechos humanos no fueran juzgadas por tribunales e instancias militares, y se logró, no en México, pero si por los casos que fueron llevado a la Corte Interamericana.
La realidad es que el Ejército es un poder dentro de los poderes, y que el poder civil tiene que hacer acuerdos con los poderes legalmente establecidos, aunque el Ejército sigue teniendo un poder fuerte en la vida fáctica, es una institución hermética, porque no transparenta y no hay poder que lo obligue a rendir cuentas.
El gobierno de AMLO que prometía un gobierno diferente, no lo es: Micaela Cabañas
La representante de la Oficina Foránea en Guerrero de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Micaela Cabañas, expresó, que la población y se siente atropellada, porque el Ejército fue creado para defender “contra la invasión enemiga” y no para atacarlo.
“Nos sentimos ofendidos, nos sentimos atropellados del nuevo gobierno que pensamos que iba a ser de cambio, a nuestro favor de las organizaciones sociales, civiles, principalmente. Después de haber pasado varios años de violaciones a derechos humanos, pensamos que tal vez si se iban a acabar (las violaciones del Ejército) o por lo menos no iba a ser tan dura la estocada, pero definitivamente al parecer es todavía más agresivo en contra de nosotros”, expresó la también hija del ex tinto guerrillero y fundador del Partido de los Pobres (PDLP).
Resaltó que el papel del Ejército fue de violaciones a la población civil, durante la guerra sucia, y que es doloroso saber que en la actualidad se repite y se están dando cargos públicos a quienes traen escuela de represión.
Se pregunta si realmente han cambiado las condiciones y por qué el gobierno en lugar de proteger, arremete contra el pueblo.
Pero hay una esperanza, dijo, porque ahora hay instituciones de derechos humanos y es un organismo de amparo que hace sobrepeso, aunque sigue habiendo violaciones, porque la formación y la escuela del Ejército se repite.
“El maestro Lucio Cabañas Barrientos fue uno de los primeros defensores de derechos humanos en aquel entonces cuando no había protección, pero protegía a su pueblo, a los maestros, a los padres y les enseñaba una mejor idea en su entorno, pero en la actualidad todo lo que hemos pasado la familia Cabañas, he tenido que caminar tanto, he sido víctima tantas veces pero hoy me honra decir que soy sobreviviente, que estoy en una institución para defender el pueblo”, consideró.
