Huir de la violencia y encontrarla en el camino

La violencia de género en Latinoamérica es un motivo de desplazamiento forzado, sin embargo no termina cuando una mujer migra, sino que se enfrenta a diferentes formas de violencia a lo largo del camino


Texto y foto: Alicia Fernández / La Verdad

5 de febrero 2024

 

A sus 46 años Miroslava no conocía el mar, lo conoció en Coatzacoalcos, Veracruz, en su trayecto por México rumbo a Estados Unidos, luego de instalarse en una casa habilitada como albergue cerca de la playa. Ella huye de Honduras temerosa de que su expareja la encuentre y cumpla su promesa de hacerle daño.

No contemplaba dejar su país, dice, viaja con muy poco presupuesto para proteger a su hija de 10 años. Miroslava no es su nombre real, ella pidió no ser identificada por seguridad.

“A mi hija el propio papá me la quiso violar y por eso yo lo denuncié a él y él se dio cuenta… Entonces me mandó amenazar a mi casa, me fue a destruir mi casa y me mandó a decir que me iba a matar y por eso mejor me vine huyendo porque como él es marero”, dicen de su expareja que pertenece a una pandilla criminal.

Vivió ocho años con él hasta que ella se embarazó de su hija, luego de nueve meses de nacida la niña, empezaron a tener fuertes peleas y él se fue con otra mujer y ahí empezó a consumir drogas y tuvo un cambio radical de personalidad según menciona Miroslava.

Luego de nueve años, el papá de la niña regresó, Miroslava pensaba que quería acercarse a su hija para ganarse su cariño, pero pronto se dio cuenta de que sus intenciones eran abusar de la niña.

“Un día yo fui a hacer un mandado cerquita y en lo que regresé mire que la niña estaba en el cuarto luchando con él y él me la tenía desnuda… Yo me le lancé a él y fue cuando lo agarré y lo tiré y agarré mi hija y me encerré en un cuarto y ahí los vecinos escucharon la bulla, entonces llamaron a la policía, vino la policía, pero él ya no estaba… Y no lo han podido atrapar”, cuenta.

Desde ese momento tomó la decisión de salir de su país, lleva seis meses desde que huyó, vive de la caridad de las personas que ha encontrado en el camino y avanza caminando lo único que le importa es irse lejos.

De su camino por México menciona: “Uno viene con miedo, arriesgándose, si hay bastante violencia, hay de todo en el camino, yo dije voy a seguir adelante protegiendo a mi hija, yo doy mi vida por mi hija”.

Sin embargo, al salir de su país no dejan la violencia. Durante su travesía y estancia en México, las mujeres enfrentan violencia de género, extorsiones, secuestros, falta de acceso a derechos de salud sexual y reproductiva, como aborto y control prenatal, falta de acceso a la educación, falta de información e inseguridad en las rutas de tránsito, falta de espacios de acogida adecuados para mujeres adolescentes con familias, falta de programas de cuidados para primera infancia con el fin de que las mujeres puedan salir a trabajar, y falta de programas que promuevan el acceso al trabajo para madres solas.

En el camino Miroslava conoció a Yeimi quien también huye de los maltratos de su expareja con quien vivía en su país de origen, Honduras.

“Yo le dije que me ayudara, porque estaba embarazada y él me dijo que mejor lo abortara que no era de él, me lo negó”, recordó.

Yeimi debía aguantar que su pareja le llamara perra, que le gritara y que le ofendiera constantemente. Sus hermanas le buscaron un trabajo pero la violencia era constante por lo que decidió huir y ahora con ocho meses de embarazo transita por México rumbo a Estados Unidos, acompañada de su padre.

Estos no son casos aislados, de acuerdo con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) señala que el 60 por ciento de las mujeres solicitantes de asilo en México provenientes de Honduras, Guatemala y El Salvador huyó de sus países por violencia de género.

Aparte de las violencias de género, las mujeres huyen de otras violencias como las institucionales y gubernamentales: “Si hay muchas mujeres viajando solas… De Venezuela huyen de una violencia por parte de instancias gubernamentales, de persecuciones políticas en el caso de las mujeres de Honduras o en el caso de las mujeres de Haití de la violencia generalizada en sus países”, menciona Angeles Roque de Alternativas Pacíficas en Matamoros, Tamaulipas.

Una mujer viaja con su hijo en camión en Coatzacoalcos rumbo a un albergue de migrantes
Una mujer en un albergue de Tapachula muestra descansa en un albergue al lado de su hijo mientras espera recuperarse de una lesión en su tobillo.
Una mujer migrante viaja en transporte público con su hijo rumbo a un albergue en Coatzacoalcos, Veracruz.

Agrega que huyen de las violencias y encuentran lo mismo en el camino en su tránsito por México: “Mujeres que son jefas de familia que tienen un negocio que tienen una vida hecha y entonces empiezan a recibir agresiones por parte de diferentes grupos de la delincuencia en sus propios países y que justo huyendo de eso vienen a encontrar en su tránsito, un poco más de lo mismo”.

En México las mujeres migrantes sufren persecución más allá de las fronteras, se enfrentan a discriminación y “abusos por parte de policías municipales, elementos de la Guardia Nacional, agentes del INM y la población en general”, se lee en el informe ‘La situación de las mujeres y las niñas en contextos de movilidad 2023 ante el Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres.’

De acuerdo a información compilada por el Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI), en 2022 en México se otorgaron a mujeres migrantes 52 mil 586 Tarjetas de Visitante por Razones Humanitarias siendo una de las causas de expedición el haber sido víctima o testigo de un delito en el 21 por ciento de casos, los principales países de origen de las solicitantes fueron Honduras, Nicaragua, Cuba, Haití y Venezuela.

De enero a abril de 2023 se han expedido 20 mil 082 de estos documentos, prevalece como una de las causas el haber sido víctima o testigo de un delito con un 10 por ciento de frecuencia y los países de origen han sido Guatemala, El Salvador, Honduras, Haití y Venezuela.

En cuanto a solicitudes de asilo por razones de género varias organizaciones de la sociedad civil que trabajan con mujeres migrantes han registrado que muchas víctimas de violencia de género solicitantes de asilo no reciben el reconocimiento.

Estas organizaciones señalan que las limitaciones durante los procesos de asilo de las mujeres son: ‘Falta de capacitación de autoridades en primeros auxilios psicológicos, nulos espacios privados y confidenciales para revelar hechos victimizantes, poco acceso a entrevistas de elegibilidad realizadas por personas del mismo sexo, investigaciones poco profundas para la documentación de las violencias, entre otras que influyen negativamente en la resolución”.

Refieren también que los largos tiempos de espera mientras se lleva a cabo el procedimiento ante la COMAR impactan de ‘manera determinante’ en las solicitudes de mujeres víctimas. Pese a que el plazo máximo es de 30 días, se ha documentado que el procedimiento puede durar más de seis meses.

Un grupo de migrantes de diversas nacionalidades recién llegado a Coatzacoalcos disfruta de la playa cerca a los departamentos habilitados como albergue en donde decidirán si siguen adelante o esperan por documentos que les permitan avanzar por México

Mientras tanto la salud y la economía de las mujeres se deteriora al tener poco acceso a atención médica y psicológica además de ser víctimas de todas las violencias posibles.

En espera de estos procesos muchas mujeres se refugian en instancias provisionales y estaciones migratorias en donde no cuentan con condiciones adecuadas de sanidad, El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura ha documentado carencias en productos básicos para la menstruación en estancias migratorias en el centro y sur del país lo que obliga a las mujeres a usar compresas de ropa.

En el norte de México, los campamentos improvisados carentes de seguridad pública y de servicios sanitarios son un foco de infecciones y enfermedades para las mujeres.

Fatima, nicaragüense de 39 años, desde Matamoros, Tamaulipas, instalada sobre una hamaca en un campamento improvisado a un lado del Río Bravo cerca del cruce fronterizo entre Brownsville y Matamoros en donde conviven miles de migrantes menciona que ha tenido múltiples enfermedades y que ha perdido la regla por tanto estrés.

Fátima descansa y se recupera en una hamaca cerca del Río Bravo en el campamento improvisado creado por migrantes en Matamoros, Tamaulipas

Lleva ocho kilos menos luego de una infección en el estómago con la que tiene más de 10 días de la cuál se encuentra en recuperación y todos los días busca obtener una cita para solicitar asilo en Estados Unidos.

“No ha pasado todavía que nos salga la cita y con el estrés de la cita a uno se le corta el periodo, se pone a pensar en otras cosas, no tiene paz aquí uno, se siente como encarcelado prácticamente porque no tienes vida social, no tienes nada”.

Localizan sin vida a una joven de Xochistlahuaca, tenía cuatro días desaparecida

Texto: Itzel Urieta

21 de enero del 2023

Chilpancingo

 

Elicelda López Morales, de 21 años, era originaria de Xochistlahuaca, en la Costa Chica, era madre de una menor de dos años. La última vez que la vieron fue el 14 de enero, después de salir de su trabajo en el Ayuntamiento.

Ayer, Elicelda fue localizada sin vida. Sus familiares realizaron la denuncia formal y se emitió una ficha de búsqueda de Alerta Violeta, que se difundió en redes sociales.

Ficha de Alerta violeta de Elicelda López Morales, desaparecida el 14 de enero del 2024. Foto: FGE

Mencionaron que la localizaron cerca de un módulo de policías municipales y que a unos 40 metros de ese lugar hay cámaras de vigilancia. Exigieron a las autoridades realizar una investigación que lleve a los culpables para que sean castigados.

A esta solicitud se unieron las exigencias de justicia por el feminicidio.

Una de las versiones indica que compañeros de trabajo de Elicelda escondieron las llaves de su motoneta y no se las devolvieron, por lo que se fue molesta y a pie. Desde ese momento, nadie supo de ella.

La Asociación Guerrerense Contra la Violencia hacia las Mujeres (AGVIM) tiene registrados, en este primer mes del 2024, nueve asesinatos de mujeres con presunción de feminicidio.

Fuera de registro oficial 123 feminicidios cometidos durante 2023

La AGCVM registró 138 feminicidios y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), 15


Texto: Amapola Periodismo (Con información de Itzel Urieta)

Foto: Amapola periodismo/Archivo

7 de enero del 2023

Chilpancingo

 

La Asociación Guerrerense contra la Violencia hacia las Mujeres (AGCVM), a través del Monitor de Violencia de Género que forma parte de la asociación civil, registró durante 2023, 138 feminicidios en Guerrero y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), 15 en el mismo año, lo que indica un subregistro oficial de los homicidios cometidos contra mujeres en razón de género.

De acuerdo con la presidenta de la AGCVM, Marina Reyna Aguilar, en la entidad, la mayoría de los homicidios contra mujeres no se tipifican como feminicidios, porque no son investigados con los protocolos establecidos, porque las agencias de los ministerios públicos son deficientes en la integración de las carpetas de investigación.

Por esa razón, explicó la activista, los feminicidios quedan registrados como homicidios de mujeres, aunque haya elementos para que se tipifique como feminicidio, es decir, como un delito cometido contra mujeres por su condición.

Reyna Aguilar llamó la atención de que existe una Fiscalía Especializada en Feminicidio de la Fiscalía General del Estado (FGE) que cuenta con el personal para la atención del tema, pero no son turnados a esta área la investigación de los homicidios de mujeres, precisamente por la falta de preparación de los ministerios públicos.

Foto: José Luis de la Cruz, 20 de marzo 2021.

Otras colectivas y activistas feministas publicaron otro registro de feminicidios de la entidad. En este se tiene un registro de 128 feminicidios.

En el Informe Delictivo de Violencia hacia las Mujeres que publica mensualmente el SESNSP, se registraron, de enero del 2023 a su corte de noviembre, 15 feminicidios en Guerrero.

Sobre estos datos el SESNSP no da más detalles, solo precisa que son datos recabados por las fiscalías o procuradurías locales.

Foto: José Luis de la Cruz, 20 de marzo 2021.

En el caso del Monitor de Violencia de Género y Feminicidios de la AGCVM, los datos aumentan de manera significativa, con 138 casos de homicidios con presunción de feminicidios.

De estos 138 casos, los municipios con más casos fueron Acapulco con 43, Chilpancingo con 23, Iguala con 18, Zihuatanejo con ocho, Chilapa con seis, Huitzuco con cinco, Taxco y Juan R Escudero con dos cada uno.

El Monitor de Violencia de la AGCVM registra las causas de muerte de las víctimas. De acuerdo con su registro durante 2023, 77 mujeres fueron asesinadas a balazos, 13 a golpes con algún tipo de objeto contundente, ocho mujeres fueron desmembradas y siete apuñaladas.

Hallan sin vida a Luisa Fernanda, desaparecida hace 10 días en Acapulco

Es el caso 127 de feminicidio en Guerrero


Texto: Itzel Urieta

Foto: Margena de la O

22 de diciembre del 2023

Chilpancingo

La última vez que vieron a Luisa Fernanda García Villegas, de 28 años, fue el 11 de diciembre en la zona de Costa Azul, en Acapulco. Estaba con Salvador Ángel Rodríguez Barrera, conocido como El Yaqui, quien era su pareja. 11 días después sus familiares confirmaron que hallaron su cadáver.

Al día siguiente de su desaparición, el 12 de diciembre, los familiares de Luisa Fernanda denunciaron que Salvador Ángel apagó su celular tan pronto fue público el caso de la joven; nadie sabe de él.

Los familiares de Luisa Fernanda interpusieron una denuncia para que la Fiscalía General del Estado (FGE) activara los protocolos de búsqueda.

Aspectos del bloqueo de familiares de Luisa Fernanda en la costera Miguel Alemán, el 14 de diciembre pasado, en exigencia de su aparición.

“Ya todo terminó, muchas gracias por todo a todos. No encontré a mi hermana como esperaba. Te amo para siempre Luisa. D.E.P amor de mi vida”, escribió en redes sociales quien se entiende es su hermana.

La FGE emitió un comunicado donde informó que hallaron el cadáver de una mujer con características parecidas a las de Luisa Fernanda.

“El día de ayer se recibió respuesta de la Fiscalía General de Puebla, sobre la localización en el municipio de Izúcar de Matamoros de un cuerpo que pudiera responder a las características físicas de Luisa N”, se lee en el comunicado.

Desde la desaparición de Luisa Fernanda, sus familiares y amigos comenzaron una campaña de búsqueda y difusión, principalmente en redes sociales, a la que se sumaron más usuarios.

Realizaron diversas marchas y bloqueos donde exigieron a la FGE la aparición con vida de Luisa Fernanda y la intervención de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda en el caso.

El primer bloqueo lo hicieron el 14 de diciembre en la avenida Costera Miguel Alemán, en la Diana Cazadora.

En ese bloqueo, María García, tía de Luisa Fernanda dijo que el último contacto de su sobrina fue con Salvador Ángel.

“Lo único que sabemos, es que él (Salvador Ángel) le dijo a sus familiares, Luisa salió de la casa ayer porque discutimos y ya no regresó”.

El lunes 18 de diciembre hicieron otro bloqueo y una marcha del asta bandera a la glorieta de la Diana Cazadora. Esa ocasión denunciaron que la pareja de Luisa Fernanda huyó sin rendir su declaración ante las autoridades ministeriales.

Esa ocasión la protesta se extendió hasta la noche. Al lugar de la protesta llegó la alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez, y le prometió a la familia una reunión para el día siguiente.

La última manifestación fue el miércoles pasado, donde la familia reprochó a la FGE la tardanza en obtener las grabaciones de las cámaras de vigilancia de Costa Azul, para saber qué pasó el día de la desaparición de Luisa Fernanda y con su pareja.

Incrementan en Guerrero los feminicidios en un 33 por ciento en 2023

A través de un comunicado firmado por 34 colectivas y activistas feministas, emitido el pasado lunes, informaron que en lo que va del año han ocurrido 126 feminicidios en el estado, un “33 por ciento en comparación con los 108 registrados en 2022”.

Estos datos los dieron a conocer el pasado lunes, después que en Chilpancingo policías municipales detuvieron a la activista Wendy Alanis Gutiérrez por realizar pintas en el centro de la capital un alto a los feminicidios en Guerrero.

“A pesar de que el Estado afirma que los feminicidios están disminuyendo, las cifras muestran lo contrario, adicionando que, muchos de estos casos no son investigados como posibles feminicidios, tal como lo establece la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)”, se lee en una parte del comunicado.

Con el caso de Luisa Fernanda la cifra aumentaría a 127 feminicidios.

“Estas no son simplemente cifras, son madres, hermanas, amigas, estudiantes, compañeras de trabajo, que a menudo quedan relegadas a la estadística”.

Algunas de las activistas feministas que firman el documento son María Luisa Garfias Marín, Viridiana Gutiérrez, Viridiana Gutiérrez Sotelo, Olimpia Jaimes López.

Entre las organizaciones y colectivas están la Red Feminista de Acapulco, Revolución Violeta, Diosas del Mar, Guerreras del Mar, Rebeldes y Revolucionarias, Colectiva Feminista Aguascalientes, Red Guerrerense por los Derechos de las Mujeres, Mujeres Afromexicanas en Movimiento entre otras.

Aumentaron agresiones contra mujeres en Acapulco después del paso de Otis

Texto: Itzel Urieta

Fotografía: Amilcar Juárez / Archivo

26 de noviembre del 2023

Chilpancingo

 

El paso del huracán Otis categoría cinco en Acapulco, no solo provocó daños a los comercios y hoteles, también afectó la integridad y seguridad de las mujeres, denunciaron colectivas feministas.

En el marco del Día Internacional de la eliminación de Violencia contra La Mujer,que se conmemora cada 25 de noviembre, diversas colectivas feministas del estado, se unieron para exigir a las autoridades correspondientes atención a los casos de mujeres víctimas de violencia, después del paso de Otis.

“La falta de luz y otros servicios básicos tras el paso del huracán, ha provocado un aumento en la violencia sexual en las zonas afectadas”, aseguraron las colectivas.

 

Agregaron que a través de redes sociales recibieron testimonios anónimos de personas que sufrieron agresiones sexuales durante las prolongadas penumbras que envolvieron a Acapulco por más de dos semanas.

A más de un mes de que Otis tocara tierra en el puerto, varias colonias continúan sin luz y otros servicios básicos como el agua, por lo que de acuerdo con las activistas, mujeres y niñas son vulnerables aun.

Para crear conciencia y apoyar a las niñas y mujeres de Acapulco crearon la campaña, En medio de la emergencia, nuestros derechos tienen vigencia, aborto legal, seguro y gratuito.

Esta campaña tiene como objetivo que los derechos de las mujeres “sean respetados y protegidos en tiempos de crisis”, así como abordan la desigualdad de género.

Ante la situación caótica que se vive en Acapulco, mencionan en un comunicado que la negación y atención de servicios que viven las mujeres de Acapulco aumentó.

La campaña incluye la colaboración de promotoras y acompañantas, quienes se capacitaron para responder a las solicitudes de las mujeres, niñas y adolescentes.

El rol de las promotoras y acompañantas implica la detección, canalización y acompañamiento a los servicios de salud pública y aborto autogestivo o, en caso de ser necesario, coordinar las derivaciones a la Ciudad de México, donde organizaciones aliadas apoyan para la atención integral y de urgencia.

“La urgencia de crear una campaña por parte de las organizaciones sociales, evidencia la falta de planes emergentes por parte de las instituciones para atender la violencia contra mujeres, niñas y adolescentes en medio de la crisis desencadenada por el huracán Otis”, agregaron.

 

Aumentan casos de homicidios dolosos con presunción de feminicidios

Datos de la Asociación Guerrerense de Violencia contra las Mujeres (AGCVIM), muestran que en lo que va del año se cometieron 118 homicidios dolosos con presunción de feminicidio.

Acapulco ocupa el primer lugar con 39 casos, seguido de Chilpancingo con 17 e Iguala con 15.

Marina Reyna Aguilar, presidenta de la AGCVIM, lamentó que la violencia contra las mujeres vaya en aumento y llamó a las autoridades a crear acciones para combatir los feminicidios.

“Desafortunadamente la violencia contra las mujeres se sigue normalizando. El gobierno en sus tres niveles, tienen la obligación de frenar la violencia. En estos municipios (en los que tienen más casos registrados), deberán de estar trabajando de manera ardúa los sistemas municipales para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres”, dijo Reyna Aguilar en entrevista telefónica.

Guerrero tiene dos alertas de violencia de género vigentes, la primera por Violencia Feminicida y la segunda por Agravio Comparado.

Las activistas coincidieron en que ambas alertas enfrentan procesos lentos y poco efectivos para abordar las diversas formas de violencia que experimentan las mujeres en el estado, pero es la segunda la que muestra menos avances.

Invisibilización e indiferencia: la violencia que enfrentan las mujeres con discapacidad en México

Tan solo en México, 7 de cada 10 mujeres con discapacidad han sufrido algún tipo de violencia.


Texto: Rogelio Loredo / Animal Político 

Fotografía: Animal Político

24 de noviembre 2023

 

La violencia contra las mujeres con discapacidad es un gran problema en México y a nivel internacional, del cual no se habla lo suficiente. Las circunstancias que enfrentan estas mujeres son poco visibilizadas, lo que complica la forma de encontrar soluciones.

“En cuanto al tema de violencias, las mujeres con discapacidad tenemos muchísimas más probabilidades no solo de vivirlas, sino de, además, no poder escapar”, dice Jen Mulini a Animal MX. Ella es una mujer indígena mexicana con discapacidad, activista, periodista, conferencista y hablante de náhuatl.

Mulini cuenta que las mujeres con alguna discapacidad (a diferencia de los hombres) son víctimas de un cruce específico de circunstancias que las colocan en especial vulnerabilidad ante la violencia y el abuso por su condición de discapacidad y su género.

ONU Mujeres documentó esta problemática a nivel mundial, y señala que las mujeres y niñas con discapacidad están frente a una situación de género y condición, entrecruzada y agravada por estereotipos que generan discriminaciones, especialmente sobre ellas.

Estos estereotipos también son un factor que genera nuevas situaciones de discriminación y violencia.

“No sólo no saben dónde denunciar, sino que muchas veces no saben que están viviendo una situación de violencia”, señala Mulini.

Esta problemática está presente en todo el mundo. Unsplash: Javad Esmaeili.

Pero no solo eso, este tipo de violencias son invisibilizadas. Prueba de ello son los datos específicos que aparecieron en la última Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH), realizada en 2021.

 

7 de cada 10 mujeres con discapacidad han sufrido algún tipo de violencia

El Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), a través de su boletín Desigualdad, reconoce una subestimación en las cifras de violencia hacia las mujeres y las niñas con discapacidades y limitaciones, porque ellas no necesariamente pueden responder directamente cuestionarios y la violencia captada por ellas puede ser muy superior a la recopilada por las encuestas.

“Como parte de un proyecto llamado Liderazgos Solidarios, visitamos casas donde no nos dejaban entrar o decían que ahí no vivía nadie con discapacidad”, relata Jen Mulini.

El proyecto que nos cuenta Jen es un ejemplo de que muchas veces estas violencias no necesariamente están reflejadas en las estadísticas.

Sin embargo, los resultados de la ENDIREH sí nos ayudan a dimensionar el panorama de violencia para las mujeres con discapacidad en México.

Las cifras no son del todo precisas porque a muchas mujeres y niñas no las dejan responder cuestionarios relacionados a las violencias. Unsplash: Ryanwar Hanif.

En México hay 22 millones de mujeres mayores de 15 años con discapacidad o limitación y la encuesta realizada cada 4 años por el Inegi identificó que de ellas, 16.3 millones de mujeres del mismo grupo de edad sufrieron algún incidente de violencia en algún momento de su vida.

De ellas, 9.8 millones vivieron violencia en los 12 meses previos a la encuesta que se realizó en 2021.

La encuesta también reveló que las mujeres con discapacidad sufren más violencia que las mujeres sin discapacidad o limitaciones. 72.6% de las mujeres con discapacidad sufrió violencia, frente al 66.7% de las mujeres sin discapacidad.

Es decir, casi 7 de cada 10 mujeres con discapacidad han sufrido algún tipo de violencia.

 

¡Estos números aumentan al revisar el porcentaje de mujeres mayores de 60 años!

El 14.6% de las mujeres de 60 años y más experimentó algún incidente de violencia, pero las mujeres con discapacidad en ese rango de edad lo vivieron en 41.5 %.

Eso quiere decir que las mujeres con discapacidad son un grupo con un índice de violencia superior frente a otros grupos de atención prioritaria.

 

¿A qué tipos de violencias se enfrentan?

Las violencias que enlista la ENDIREH, están catalogadas en física, psicológica/emocional, patrimonial, económica y sexual, mismas que se pueden desarrollar en los ámbitos, escolares, laborales, de pareja, familiares o comunitarios.

Sin embargo, no necesariamente visibilizan todas las violencias a las que son sometidas las mujeres con discapacidad, pues también se enfrentan a situaciones de explotación laboral, mendicidad forzada y la negación de las atenciones que requieren.

Por ejemplo, el Centro Interdisciplinario de Derechos, Infancia y Parentalidad (CIDIP) señala en un informe que a nivel sexual y reproductivo algunas violencias que viven las mujeres con discapacidad están normalizadas, aceptadas y promovidas por la sociedad, como abortos sin consentimiento o anticoncepcion y esterilización forzada.

El CIDIP también destaca que la violencia a las personas con discapacidad permanece oculta e incluso normalizada a causa de los múltiples prejuicios, estereotipos y estigmas.

 

Faltan espacios seguros y accesibles

Otras situaciones que no son contempladas y no necesariamente se reflejan en las encuestas, son las violencias institucionales de las que también pueden ser víctimas las mujeres con discapacidad.

El informe de CIDIP apunta que hasta un 80% de mujeres con discapacidad que viven en instituciones están expuestas a violencia de personal sanitario, de servicio o cuidadores.

Y si las mujeres intentan salir de ese lugar donde son violentadas, se enfrentan a otro problema: “No hay refugios con accesibilidad para que las mujeres con discapacidad puedan salir de los espacios violentos”, nos explicó Jen Mulini.

“No hay presupuesto para la accesibilidad, no solo las mujeres con discapacidad no pueden comunicarse, no tienen redes de apoyo. Hay un abismo muy grande para que puedan pedir ayuda y si quieren escapar, por parte del gobierno, no hay quien las reciba”, señala.

Jen menciona que incluso el hecho de denunciar se convierte en una experiencia violenta cuando acuden a fiscalías o ministerios públicos que no necesariamente fueron pensados con una mirada inclusiva.

“¿Qué está pasando en la fiscalías? ¿Con qué tipo de servicios cuentan? Si es una mujer con discapacidad motriz usuaria de silla de ruedas, es accesible, pero ¿si es una persona sorda puede llegar un intérprete?”, cuestiona Jen.

Jen Mulini es una periodista y activista a favor de los derechos de las personas con discapacidad. Instagram: @jenmulini.

 

¿Qué podemos hacer?

Para Jen Mulini, además de visibilizar la problemática, un inicio sería darle voz a las mujeres con discapacidad y crear redes, entender que difícilmente cuentan con apoyo y debido a eso es menos probable que puedan escapar de la violencia.

Pero además, falta la vinculación de las instituciones con las personas con discapacidad para que los instrumentos como encuestas y políticas públicas estén diseñadas de manera inclusiva.

Y sobre todo, es necesario un cambio social acerca de cómo vemos a las personas con discapacidad, hacer equipo y aprender a enriquecer con la diversidad.

“Si no se vuelve en este ciclo vicioso de la violencia económica, la violencia en las calles, la violencia de pareja… y todas las violencias juntas”, finaliza la periodista.

ONU Mujeres estima que a nivel mundial hay más de 500 millones de mujeres con discapacidad.

Hallan a dos mujeres asesinadas en 48 horas en Guerrero; feministas cuestionan la estrategia de seguridad

Texto: Itzel Urieta

Fotografía: Jose Luis de LaCruz / Archivo

Chilpancingo

En 48 horas dos mujeres fueron asesinadas en Acapulco. Las víctimas son Harumi Clarett Montalvo Bernal, de 18 años, quien había desaparecido el 28 de julio, y otra mujer de la que no hay información.

De acuerdo con su madre, Minerva Montalvo, entre las tres y cuatro de la mañana civiles armados irrumpieron en su casa y sacaron Harumi por la fuerza, fue la última vez que se supo de ella.

El 31 de julio sus familiares, vecinos y amigos bloqueron la Costera Miguel Alemán para exigir a la Fiscalía General del Estado (FGE) que diera con el paradero de la joven.

Ese 31 por la noche se supo de la localización de un cadáver en dentro de una bolsa negra abandonada en la carretera de La Venta.

Medios locales informaron que se trataba de Harumi. Mediante un grupo de Facebook que hizo la familia para la búsqueda confirmaron la noticia.

En realidad fueron dos cadáveres de mujeres halladas en el puerto el mismo día.

El cadáver de Harumi fue hallado en una fosa clandestina entre los límtes del poblado Carabalí y la colonia Villa Madero, en la zona rural de Acapulco, el mismo día que hallaron el de una mujer en la carretera de La Venta.

Del cadáver hallado en carretera de La Venta no hay más información.

La coordinadora de la Red Guerrerense por los Derechos de las Mujeres, Ana Grabiela Candela Garzón, lamentó que no haya un cese en la violencia hacias las mujeres.

«Las mujeres siguen siendo números, siguen siendo la nota roja. Hemos visto comentarios misóginos por parte de las personas que revictimizan a las mujeres», mencionó

Para Candela Garzón hacen falta políticas públicas para prevenir más violencia hacia las mujeres.

«No hay disminución de los feminicidios, tampoco hay una política pública de prevención que es lo más importante», mencionó Candela Garzón.

Datos de la Asociación Guerrerense contra la Violencia hacia las mujeres (AGCVM) indicaban que hasta el 20 de julio, ocurrieron 69 asesinatos contra mujeres con presunción de feminicidio.

Con los dos últimos asesinatos en Acapulco suman 71 asesinatos de mujeres.

Además de los asesinatos y desapariciones, las víctimas y su familia tiene que lidiar con la revictimizacion.

En las redes sociales «hasta le dan me divierte a las fichas de búsqueda, socialmente estamos muy mal y es muy lamentable, nosotras siempre estamos haciendo el cuestionamiento por las que ya no están, por nosotras, porque nosotras tambien tenemos miedo de saber qué esta pasando».

Existe también una ausencia del Estado para garantizar la seguriad de las mujeres, aun cuando la gobernadora, la morenista Evelyn Salgado Pineda, aseguró que Guerrero sería un santuario para las mujeres.

«Siempre dicen y preguntan, ¿dónde están las feministas? Lo que deberían preguntar es dónde está el Estado que nos tiene que brindad la seguridad», agregó Candela Garzón.

 

Con plantón en Ciudad Judicial, el FPM exige justicia por el asesinato de Arnulfo Cerón

Los activistas denunciaron que hay ciertos indicios de que el Poder Judicial favorezca a ex alcalde Tlapa, señalado como uno de los autores intelectuales del asesinato


Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Oscar Guerrero

Chilpancingo

El Frente Popular de la Montaña (FPM), acompañado de autoridades comunales de diferentes de pueblos de esta región, instalaron un plantón indefinido afuera de Ciudad Judicial, en Chilpancingo, para exigir una audiencia con el presidente del Poder Judicial, Raymundo Casarrubias Vázquez, y pedir sentencia para los autores materiales e intelectuales del asesinato del activista Arnulfo Cerón Soriano.

Cerón Soriano era activista del FPM y fue desaparecido el 11 de octubre del 2019; 40 días después hallaron su cadáver en una fosa clandestina.

Los integrantes del FPM denunciaron que el movil de la desaparición y asesinato de Cerón Soriano fue por su activismo en reclamo de obras y por su exigencia de transparencia en el recurso público que ejercieron quien entoces era alcalde de Tlapa, Dionicio Merced Pichardo y su jefe de gabinete, Antonio García Morales. Ambos son señalados como presuntos autores intelectual del asesinato del activista.

El integrante de la Dirección Colectiva del FPM, Ubaldo Segura Vicario, consideró que existen acuerdos económicos y políticos entre García Morales, el Poder Judicial y el gobierno estatal para exonerarlo, aun cuando existen diversas irregularidades en el proceso.

Denunció que García Morales es un personaje afín a Morena y al presidente del Poder Judicial.

Los integrantes del FPM exigieron en su protesta una audiencia con Casarrubias Vázquez para solicitar un informe del juicio oral que comenzó hace tres semanas en los juzgados de Tlapa; le piden que resuelvan conforme a derecho.

«Él ya estuvo en la cárcel por ser el presunto autor intelectual del asesinato del compañero Arnulfo, pero las autoridades lo dejaron ir para que continuara su proceso en libertad», comentó Segura Vicario.

Por el crimen hay ocho detenidos como autores materiales, así como un autor intelectual, quien era el jefe de gabinete del Ayuntamiento, Antonio García Morales, pero éste enfrenta el juicio en libertad después de ganar un amparo.

 

En la impunidad el doble feminicidio de Kenia y Avelina, originarias de la Montaña

Texto: Itzel Urieta

Fotografía: Tlachinollan

Chilpancingo

A un año del doble feminicidio de las hermanas Kenia y Avelina Olivares López, la Fiscalía General de Estado (FGE) no ha ejecutado la orden de aprensión contra el presunto responsable, Fernando Reyes Olivos, denunció el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.

Kenia estaba casada con Fernando. Tenían tres hijos. Ella había denunciado que sufría maltrato por parte de Fernando, pero ninguna autoridad le garantizó su integridad y protección.

El 26 de julio del 2022, Kenia y Fernando habían discutido; él la corrió de su casa y se dejó a su hija menor. Kenia decidió refugiarse en casa de su hermana Avelina, en la comunidad de Tlaquetzalapa, municipio de Copanatoyac, en la Montaña.

Kenia le dijo a Avelina que no tenía intenciones de dialogar con Fernando porque ya lo conocía; era una persona violenta.

Esa noche del 26 de julio, Fernando llegó a la casa de Avelina acompañado de otros hombres, trató de llevarse a Kenia pero ella se resistió.

Al ver los jaloneos y la discusión, Avelina intentó ayudar a su hermana y defenderla de Fernando, pero él le disparó con una arma de fuego y la asesinó.

Después de presenciar esa escena, Kenia se escondió en la cocina, pero Fernando la vio y le disparó. Kenia y Avelina murieron al instante.

Ya pasó un año de este doble feminicidio y aún no hay justicia para Kenia y Avelina, denunció la abogada del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinolla, Neil Arias Vitinio.

La abogada mencionó que existen todas las pruebas necesarias para que Fernando fuera arrestado y condenado por el doble feminicidio, pero por el tráfico de influencias no ocurrió.

Fernando es hijo del ex alcalde priista de Copanatoyac, Enterbio Reyes Bello, por lo que suponen está refugiado en ese municipio.

La orden de aprensión fue emitida tres días después del doble feminicidio, el 30 de agosto del 2022 y la FGE, desde entonces, no la ejecuta.

«En Tlachinollan tenemos a la fecha nueve órdenes de aprehensión vigentes por el delito de feminicidio, tenemos desde el 2014 hasta el 2022 estas órdenes. Hay una falta de voluntad política que ha tenido la Fiscalía para poder ejecutar estar órdenes de aprehensión», dijo Arias Vitino.

Ante la negativa de la FGE de ejecutar la orden, Tlachinollan, que da acompañamiento legal a la familia de Kenia y Avelina, promovió un amparo el 23 de septiembre.

El 31 de marzo del 2023 el juez de control falló a favor de la familia de las víctimas y ordenó a la FGE ejecutará la orden, pero hasta la fecha dicha instancia no informa sobre sus acciones para cumplir con la determinación del juez.

«En la vía de los hechos no se materializa, no han realizado acciones mínimas para la búsqueda y captura de esta persona», mencionó Baldomero Díaz Salazar, abogado de Tlachinollan.

En este año Tlachinollan ha registrado tres feminicidios en diferentes municipios de la Montaña, tampoco han sido resueltos.

«Muchos feminicidios se están cometiendo aquí en la región desafortunadamente los testigos que ven estos hechos tan atroces, tan aberrantes, son los hijos», agregó Arias Vitino.

De acuerdo con Díaz Salazar, la FGE sólo responde al juez de control mediante oficios que realizan operativos y retenes en las inmediaciones de Copanatoyac, pero al momento de solicitar informes de dichas operaciones se las niegan; cree que no hay acciones para localizar a Fernando.

Marcha para exigir justicia por el doble feminicidio de Kenia y Avelina, en Tlapa de Comonfort el 28 de agosto del 2022.

Mujer jornalera desaparece en Chilpancingo; lleva 22 días

Texto: Itzel Urieta

Fotografía: Foto Facebook

Chilpancingo

Verónica Zúñiga Nava desapareció el 4 de julio del 2023, lo último que supieron fue que acudió al panteón central de Chilpancingo a dejarle flores a su bebé que falleció hace dos meses.

Desde hace 22 días su familia no sabe nada sobre su paradero, por lo que se acercaron al Colectivo de familiares de personas desaparecidas Lupita Rodríguez Narciso para recibir acompañamiento.

Fue su hermana, Yesenia Zúñiga Nava, quien denunció públicamente la desaparición durante el mitin por los ocho años y 10 meses de la desaparición de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa.

«Antes yo decía y era a lo mejor de las que juzgaba, por que tapaban calles, porque perjudicaban al ciudadano, hoy se acabo mi miedo, porque tenía miedo de venir y hablar, hoy soy capaz de incendiar medio Chilpancingo si se puede por encontrar a mi hermana», comentó.

Al término del mitin, Yesenia contó que el último contacto que tuvieron con ella fue el 2 de julio a través de un mensaje, mediante el cual avisó que estaba en el panteón central de la ciudad, en una visita a la tumba de su bebé que falleció dos meses atrás.

Yesenia Zúñiga tiene 42 años, cuatro hijos, entre ellos dos menores de edad, «para los que Verónica era su padre y madre».

La hermana de Verónica reprochó a la Fiscalía General del Estado (FGE) no realizar las investigaciones correspondientes sobre su paradero, así como no revisar el material audiovisual de las cámaras de videovigilancia cercanas al panteón central.

«Que hagan algo, que se levanten de sus escritorios que dejen el aire acondicionado un rato. Hay cámaras, se supone que están las cámaras de los postes y de negocios, no es posible que no sepan nada de ella», comentó.

Lamentó que las autoridades argumentan que su desaparición se debe a que «se fue con el novio como muchas mujeres desaparecidas en la entidad», aseguró le dijeron en la FGE.

De acuerdo con su ficha de búsqueda, Verónica Zúñiga Nava es de complexión regular, tez blanca, y mide 1.60 metros, la última vez que fue vista vestía pantalón negro en color mezclilla, blusa de tirantes y tenis color negro.

La familia Zúñiga Nava es jornalera en los campos agrícolas de Sinaloa, cada temporada Verónica y Yessenia acuden a cosechar jitomate.

El caso de la desaparición de Verónica Zúñiga Nava coincide con el del policía estatal, Oscar César Bautista Flores, ambos cumplieron 22 días, ambos hechos ocurrieron en el centro de la capital y ambas familias se unieron al Colectivo Lupita Rodríguez para exigir su presentación con vida.

Verónica Zúñiga Nava es madre autónoma y de sus cinco hijos dos dependen de ella. Su hermana Verónica relató que en los últimos dos meses estaba en depresión por la muerte de su bebé, a la que fue a visitar al panteón central de Chilpancingo el día de su desaparición.

Por el caso del elemento de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Oscar César Bautista Flores, su esposa Edith Guadalupe Espíritu González denunció que durante los 22 días ningún superior o de los mandos de la SSP ha tenido contacto con la familia.

Desde que se confirmó su desaparición, también el 4 de julio, en la calle 5 de mayo del centro de Chilpancingo, las autoridades no dan con su paradero.

Ambas familias se sumaron a la exigencia de jusiticia por los 43 normalistas de Ayotzinapa.

 

Marchan mujeres para exigir castigo a dueño de cafetería en Chilpancingo por violencia laboral y sexual

Texto: Itzel Urieta

Fotografía: Óscar Guerrero 

25 de junio del 2023

Chilpancingo

 

Ex empleadas de la cafetería Smart Coffee Shop, ubicada en el Andador Emiliano Zapata de Chilpancingo, marcharon esta tarde para exigir a la Fiscalía General del Estado (FGE) las atienda y sancione a Francisco Pacheco Pérez, dueño de la cafetería, por abuso laboral, sexual y violencia física.

Adriana entró a trabajar a Smart Coffe hace dos años. Optó por trabajar ahí después de que vio un anuncio pegado afuera de la cafetería; solicitaban mujeres de 18 a 25 años, y ella cumplía con los requisitos, en ese entonces tenía 19 años.

Cuando entró a trabajar como mesera en la cafetería todo era relativamente normal, al año y tres meses comenzó una relación con Pacheco Pérez, de 40 años.

Después de ocho meses de relación comenzaron a vivir juntos, en ese tiempo Adriana sufrió violencia física y explotación laboral.

Al ser pareja de Pacheco Pérez, éste la obligaba a trabajar sin sueldo; Adriana doblaba turnos y se encargaba de todo.

«Era trabajadora, era ama de casa, practicamente hacía todo», mencionó.

Adriana se separó de Pacheco Pérez poco tiempo después de cumplir ocho meses como pareja, interpuso una demanda ante la FGE por violencia física y sexual, y la dependencia giró una orden de aprehensión contra su agresor.

Al interponer la denuncia más mujeres se acercaron a Adriana y ella se dio cuenta que no fue la única que había pasado por una situación con Pacheco Pérez.

La denuncia la interpuso desde hace un año, la FGE le dio respuesta apenas el viernes pasado, luego de que Adriana hiciera público su caso.

«El trabajo sólo es el gancho para que pueda seguir haciendo esto, siempre pide muchachas para trabajar de entre 18 y 25 años».

Son cinco ex trabajadoras las que se sumaron a la denuncia pública de Adriana y dijeron haber pasado situaciones similares con Pacheco Pérez.

Adamari es otra víctima de Pacheco Pérez, denunció que cuando era trabajadora de Smart Coffee, Pacheco Martínez la invitó a salir, le dio una bebida con alguna sustancia que le hizo perder el conocimiento y abusó de manera sexual de ella.

Adamari no puso la denuncia de inmediato por miedo, cuando se atrevió a denunciar en la FGE le dijeron que «ya había pasado mucho tiempo» y no procedió.

También ella participó en la marcha para exigir justicia para sus demás compañeras.

La marcha salió del parque Margarita Maza de Juárez y llegó al kiosko del centro de Chilpancingo, donde colocaron algunas pancartas, en las que se leía «Francisco Pacheco Pérez abusador», «Smart Coffee es una farsa».

Las víctimas llamaron a las mujeres a no trabajar en esa cafetería, dijeron, pueden poner en riesgo su integridad y su vida.

«Queremos que nos hagan justicia a las demás chicas que también han sufrido abusos por esta persona (Pacheco Pérez), vamos a seguir presionando a la fiscalía para tener el resultado que buscamos», agregó Adriana.

 

Llega al Congreso local la iniciativa Malena para tipificar como delito la violencia ácida

Texto: Itzel Urieta

Fotografía: Óscar Guerrero 

Chilpancingo 

 

En Guerrero sí existen casos de mujeres agredidas con ácido y otros químicos, pero no son contabilizados de manera oficial porque faltan protocolos y una tipificación como delito en el Código Penal del Estado de Guerrero, expuso la activista Marina Reyna Aguilar, presidenta de la Asociación Guerrerense contra la Violencia hacia las Mujeres (AGVM).

Hoy en el Congreso local, a través del panel legislativo contra la violencia ácida, se presentó la iniciativa Malena, una reforma al Código Penal y a la Ley 553 de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia del Estado.

En el panel estuvieron presentes María Elena Ríos y Sandra Montiel, ambas sobrevivientes de ataques con ácido.

Dentro del Código Penal ya existe apartado de lesiones, pero quien ejerza violencia ácida, correspondiente al delito de lesiones calificadas, tendrá penas que empiezan con 13 años.

La iniciativa de ley es propuesta de la diputada morenista Citlali Calixto Jiménez. Estas reformas pretenden castigar a toda persona que agreda con ácido o cualquier otra sustancia corrosiva a mujeres, mujeres trans, integrantes de las poblaciones LGBTI+ y personas en situación de calle.

“Sin embargo se establecen algunas agravantes que llevarían a que la pena pudiera ser de hasta 21 años”, mencionó Alejandro Gallardo, secretario técnico de Calixto Jiménez.

Los agravantes que pueden aumentar la pena es que el ataque cause deformidad o daño permanente a cualquier persona, que la agresión sea hacia una persona en situación de calle o sea motivada por orientación sexual o identidad de género; en caso de que la agresión sea motivada por razón de género la pena aumentaría hasta los 21 años.

Los 30 años de prisión serán por los siguientes supuestos; que las lesiones provoquen recersión parcial o total de las mamas, alteración del aparato genital que afecte la vida sexual plena, causen daño físico severo o cause incapacidad permanente para trabajar.

“Con esta iniciativa se pretende reconocer la violencia ácida como un tipo de violencia de género que marca de forma permanente los cuerpos, la salud y las vidas de las mujeres”, dijo Calixto Jiménez.

La diputada agregó que por la falta de la visibilización de este tipo de violencia no hay una estadística en el estado que permita conocer cifras de cuántas mujeres sufrieron violencia ácida.

Para la activista Elia Moreno del Moral es importante que exista un presupuesto asignado para la realización y, en su caso, aprobación de esta iniciativa.

“Hace falta que se analice el contexto de las agresiones, es por eso que no hay cifras para determinar si en el estado hay mujeres víctimas de violencia ácida”, comentó.

Sobrevivientes narran sus casos

María Elena Ríos, la saxofonista originaria de Oaxaca que sufrió un ataque con ácido de parte de quien fuera diputado del PRI en ese estado, Juan Antonio Vera Carrizal.

El químico provocó quemaduras en 70 por ciento de su cuerpo, motivo por el que se sometió a diversas cirugías.

También emprendió la lucha por la defensa sus derechos y porque su agresor fuera castigado por las autoridades.

“No hay palabras para describir lo que sentí. Es la violencia más extrema que le pueden ejecutar a una mujer. Mis cicatrices son de tercer grado. Las quemaduras carcomieron parte de mis músculos y de mis nervios”, relató.

Derivado de su agresión se volvió activista por los derechos de las mujeres y recorre el país en exigencia de que los ataques con ácido sean sancionados y tipificados como violencia de género.

Sandra Montiel es una mujer trans originaria de la Ciudad de México, hace 22 años sufrió violencia ácida mientras trabajaba como trabajadora sexual.

“Si ahora es difícil acceder a la justicia, imagínense hace 22 años. Sufrí mucha discriminación y transfobia”, recordó Sandra.

A Sandra le lanzaron ácido en un 70 por ciento de su cuerpo, tuvo quemaduras de tercer y cuarto grado. Sandra se ha sometido a diversas cirugías reconstructivas que ella costeó; nunca detuvieron a su agresor.

 


Contenido patrocinado por el Congreso del Estado de Guerrero 

 

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