La organización le dio cuatro días a las autoridades para resolverles sus demandas, la principal de ellas es dar con el paradero de dos jornaleros desparecidos que forman parte de sus pueblos
Texto: José Miguel Sánchez
Fotografía: Cipog-EZ
24 de agosto del 2023
Chilpancingo
El Concejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (Cipog-EZ) que mantuvo bloqueada por cinco días la carretera interestatal Chilapa-José Joaquín de Herrera, a la altura del poblado de Alcozacán, para exigir la aparición con vida de dos de sus integrantes desaparecidos, liberó esta mañana la vía de comunicación después de un acuerdo con la Secretaría General de Gobierno.
A través de un comunicado, el Cipog-EZ informó que “derivado de los diálogos establecidos con Francisco Rodriguez Cisneros, director de Gobernación en Guerrero y Ludwig Marcial Reynoso secretario general de Gobierno en Guerrero, se llegó a un acuerdo parcial en el cual se comprometen a dar seguimiento a las demandas exigidas por los pobladores”.
Las exigencias de los pobladores son la aparición con vida de Nicolás Rodríguez Díaz y Ángel Villalba Salvador, quienes desaparecieron la mañana del jueves 17 de agosto, después de llegar a Chilpancingo provenientes de los campos agrícolas de Sinaloa, de acuerdo con la versión del Cipog-EZ.
Además, el Cipog-EZ pidió la desarticulación del grupo criminal Los Ardillos y la detención de su dirigente, Celso Ortega Jiménez, a quienes señala de ser los responsables de la desaparición de sus compañeros y de ser los provocadores de la violencia en la Montaña baja de Guerrero.
“Se decide terminar el bloqueo de la carretera Chilapa-José Joaquín de Herrera con la promesa de retomar nuevamente el bloqueo si las autoridades de gobierno no cumplen con lo acordado”, mencionó el Cipog-EZ.
La organización otorgó al gobierno estatal un plazo de cuatro días para ver resultados en sus peticiones, es decir, si el martes próximo no ven avances, advierten que tomarán “otras acciones acompañadas con el bloqueo de la carretera, sin tregua alguna”.
La semana del 13 al 20 de agosto, el Cipog-EZ fue blanco de la violencia que hay en Chilapa de Álvarez, en la zona denominada Montaña baja, donde, de acuerdo con fuentes de seguridad, opera el grupo criminal Los Ardillos.
El domingo 13 de agosto civiles armados asesinaron a balazos a dos integrantes de la organización cuando cargaban combustible en una gasolinera de Chilapa.
Las víctimas fueron Esteban “N”, de 40 años y su hijo Juan “N”, de 16 años, ambos vecinos de la comunidad de Xochitempa, municipio de Chilapa.
El Cipog-EZ es una organización campesina y de pueblos originarios con presencia en la Montaña baja de Guerrero; crearon un grupo de autodefensa para protegerse, dijeron, del grupo criminal de Los Ardillos
Marcha el Cipog-EZ en Alcozacán para exigir la aparición con vida de Ángel Villalba Salvador y Nicolás Rodríguez Díaz, el 19 de de agosto del 2023. Foto: Cipog-EZ
Esta mañana hallaron muerto a Marcelino Hernández Tecorral, uno de los tres integrantes del Concejo Indígena y Popular-Emiliano Zapata (Cipog-EZ) que desaparecieron el pasado 17 de agosto.
El promotor del Cipog-EZ, Jesús Plácido Galindo, confirmó a Amapola, periodismo transgresor que el cadáver de Marcelino fue hallado cerca de la comunidad de Zoquiapa, en el municipio de Tixtla, el mismo día de la desaparición.
De acuerdo con Plácido Galindo el cadáver estáen las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) de Chilpancingo desde el viernes pasado, es decir, al siguiente día de los hechos.
Les confirmaron ayer martes a sus familiares, quienes viajaron a la capital a reconocer el cadáver, que aun no les entregan. La exigencia del Cipog-EZ es que lo entreguen a su familia en Zacapexco, poblado de donde es originario.
Los otros integrantes del Cipog-EZ desaparecidos son Ángel Villalba Salvador y Nicolás Rodríguez Díaz, quienes eran jornaleros que llegaron a Chilpancingo el 17 de agosto de los campos agrícolas de Sinaloa, de acuerdo con la versión de la organización.
El plan de los tres era llegar a Zacapexco, su comunidad natal, pero durante el trayecto en el transporte público Chilpancingo-Chilapa perdieron comunicación con ellos.
De acuerdo con el Cipog-EZ, un testigo denunció que los tres hombres fueron bajados del transporte público en un retén de hombres armados vestidos de policía estatal, sobre la carretera Tixtla-Chilapa, de acuerdo con lo relatado en un comunicado difundido ayer.
Plácido Galindo mencionó que el bloqueo instalado por el Cipog-EZ, en la carretera interestatal Chilapa-Hueycantenango, a la altura del poblado de Alcozacán, continúa desde hace cinco días y lo retirarán hasta que aparezcan los otros dos desaparecidos.
La organización denuncia que lo hicieron mediante tortura y en un intento de conservar la vida
Texto: José Miguel Sánchez
Fotografía: Cortesía Cipog-EZ
22 de agosto del 2023
Chilpancingo
Después que ayer circuló un video donde dos de los tres integrantes desaparecidos del Consejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (Cipog-EZ) aparecen atados de manos, sin playera y declaran ser integrantes del grupo criminal Los Tlacos, su organización reportó que dichas declaraciones fueron obtenidas mediante tortura y en un intento, de sus compañeros, de salvar sus vidas.
El viernes pasado, el Cipog-EZ denunció la desaparición de tres de sus integrantes provenientes de los campos agrícolas de Sinaloa; son Nicolás Rodríguez Díaz, Marcelino Hernández Tecorral y Ángel Villalva Salvador, con quienes perdieron comunicación en su viaje en una Urvan del transporte público de la ruta Chilpancingo-Chilapa.
El promotor del Cipog-EZ, Jesús Plácido Galindo, dijo que los tres desaparecidos son jornaleros migrantes que regresaban de trabajar de Sinaloa.
Mediante un comunicado el Cipog-EZ explicó que ellos llegaron a la terminal de autobuses de Chilpancingo alrededor de las siete de la mañana del jueves, después se trasladaron a la base de urvans de la ruta del transporte público Chilpancingo-Chilapa y desde entonces perdieron la comunicación con ellos.
Ayer circuló en redes sociales un video donde aparecen dos hombres que se identifican como Ángel Villalba Salvador y Nicolás Rodríguez Díaz. Están sentados en la tierra, al parecer atados de manos, sin playera y mirando a la cámara que los graba.
El primero en hablar es quien dice ser Ángel Villalba Salvador, y que es originario de Zacapexco. “No venimos de Sinaloa, venimos de Río Balsas, somos sicarios de Los Tlacos”, comenta.
La declaración es interrumpida por Nicolás Rodríguez Díaz, quien reafirma que no llegaron de Sinaloa, y que ambos fueron enviados a Nuevo Balsas «por órdenes de los dirigentes de la Policía Comunitaria de Rincón de Chautla, David y Bernardino Sánchez Luna, además del dirigente del Cipog-EZ, Jesús Plácido Galindo».
Esta mañana, el Cipog-EZ, a través de un comunicado, expuso que las declaraciones de sus compañeros desaparecidos fueron obtenidas después de ser torturados por integrantes del grupo criminal Los Ardillos.
El Cipog-EZ advirtió que en el video que circula en redes sociales sus compañeros Ángel y Nicolás fueron obligados a confesarse como «sicarios».
“Las declaraciones las hacen privados de su libertad, son declaraciones forzadas, bajo tortura, con la desesperanza, como si fuera el último intento de salvar sus vidas, donde aparecen sin playera, con hematomas y signos de tortura y la mirada fija hacia la cámara”, es un párrafo del comunicado del Cipog-EZ.
En el escrito de esta mañana, el Cipog-EZ detalla cómo ocurrió la desaparición de sus compañeros.
«Fueron secuestrados en el tramo carretero que va de Chilpancingo a Chilapa, en el crucero de Ayahualulco, donde hay un retén militar y estatal. Es ahí donde fueron detenidos nuestros compañeros cuando viajaban en una urvan rumbo a Chilapa, por cuatro hombres fuertemente armados, con ropa de Policía Estatal y una patrulla de la Policía Estatal».
La organización señaló como responsables de estos hechos a Los Ardillos, grupo dirigido por Celso Ortega Jiménez, hermano del diputado local Bernardo Ortega.
Por el uso de uniformes y vehículos oficiales durante la privación de sus compañeros, el Cipog-EZ denunció que existen vínculos entre los elementos de seguridad y los grupos criminales.
Integrantes del Consejo Indígena y Popular de Guerrero (Cipog-EZ) durante su marcha el pasado sábado para exigir la aparición con vida de tres de sus integrantes. Foto: Cortesía Cipog-EZ
Nicolás Rodríguez Díaz, Ángel Villalba Salvador y Marcelino Hernández Tecorral, tres jornaleros integrantes del Concejo Indígena y Popular de Guerrero – Emiliano Zapata (Cipog-EZ) que llegaron de Sinaloa ayer, desaparecieron durante el trayecto de Chilpancingo a Chilapa.
De acuerdo con la información del Cipog, el objetivo de Nicolás, Ángel y Marcelino era llegar a Zacapexco, su comunidad natal. Arribaron a Chilpancingo a las siete de la mañana de ayer (17 de agosto) provenientes de los campos agrícolas de Sinaloa, y abordaron una Urvan del transporte público Chilpancingo – Chilapa; esa fue la última vez que tuvieron contacto con ellos.
«Se ha perdido toda comunicación con ellos», difundió el Cipog-EZ en un comunicado.
El Cipog-EZ llamó a los instituciones de derechos humanos y al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) a intervenir para la búsqueda y localización de los jornaleros.
«Responsabilizamos al presidente (municipal de Chilapa) Aldy Esteban Romá, a los síndicos Nestor Parra Domínguez y Rosa Elena Chávelas Gutiérrez por la desaparición de los compañeros y la permisibilidad de todos los asesinados, desapariciones forzadas y crímenes de lesa humanidad que se perpetran en contra de los pobladores indígenas», se lee en un comunicado del Cipog-EZ.
Esta es la segunda agresión que integrantes del Cipog sufren en menos de una semana.
El domingo 13 de agosto civiles armados asesinaron a balazos a dos personas mientras cargaban combustible en una gasolinera de Chilapa.
El informe policial mencionó que alrededor de las once de la mañana en la gasolinera Jardines, ubicada en la avenida Eucaria Apreza, una de las principales de Chilapa, a unos metros de mercado central, se reportaron detonaciones de arma de fuego.
Los hombres armados llegaron a la estación de servicio y dispararon contra la persona que estaba afuera de un camioneta marca Nissan doble cabina y después dispararon contra la otra persona permaneció dentro del vehículo.
Las víctimas fueron Esteban «N», de 40 años y su hijo Juan «N», de 16 años, ambos vecinos de la comunidad de Xochitempa, municipio de Chilapa e integrantes del Cipog.
En un comunicado después del ataque contra Esteban y Juan, el Cipog señaló al grupo criminal Los Ardillos de ser los responsables del crimen y exigió al gobierno del estado justicia y castigo a los responsables.
«Nos están asesinando y ningún gobierno llámese municipal, estatal o federal nos protege», reportó esta mañana el Concejo.
El Cipog-EZ es una organización campesina y de pueblos originarios que opera en la Montaña baja de Guerrero, su activismo en defensa del territorio y los derechos de las comunidades los llevaron a crear un grupo de autodefensa para protegerse del grupo criminal de Los Ardillos.
Integrantes del Cipog-EZ protestan durante una visita del presidente Andrés Manuel López Obrador, el 21 de octubre del 2022, a la Montaña de Guerrero para exigir seguridad y un alto a Los Ardillos. Foto. Oscar Guerrero (Archivo Amapola)
CHILPANCINGO. La dirigencia del Consejo Indígena y Popular de Guerrero, Emiliano Zapata (Cipog-EZ), informó que un adulto y un menor de 16 años que son parte de la organización fueron asesinados este domingo en una gasolinera en Chilapa, y exigió justicia.
Las víctimas son Esteban Xochitempa, de 40 años y Juan, de 16 años, ambos vecinos de la comunidad de Xochitempa, municipio de Chilapa.
Esta organización civil acusó al grupo criminal de Los Ardillos de ser la responsable de este doble asesinato, por lo que exigió al gobierno del estado justicia y castigo a los responsables.
Este domingo, Esteban y fueron asesinados a balazos por hombres armados cuando cargaban de combustible un camioneta en la gasolinera ubicada en la avenida Eucaria Apreza, cerca del mercado central de Chilapa.
Esteban fue asesinado por los agresores cuando estaba cerca de las bombas despachadoras y a Macario dentro de la camioneta Nissan.
Estos hechos de violencia en Chilapa ocurren en el contexto de la celebración de La Tigrada que inició desde este domingo y culmina hasta mañana martes.
El Cipog-EZ denunció que el gobierno estatal de la morenista Evelyn Salgado Pineda no ha hecho nada para frenar a Los Ardillos, quienes han cometido asesinatos en diversas comunidades del municipio de Chilapa, ubicado en la Montaña baja.
Las agresiones perpetradas por Los Ardillos contra habitantes de las comunidades nahuas de esta zona llevan años y en particular aumentaron durante el gobierno del priista Héctor Astudillo Flores.
En enero del 2020, la Fiscalía General del Estado (FGE) documentó que integrantes de este grupo criminal asesinaron a 10 músicos de la comunidad de Alcozacán.
En un ataque armado el domingo, en Chilapa de Álvarez, dos integrantes del CIPOG-EZ fueron asesinados en una gasolinera. Foto: Especial.
Familiares y amigos de los tres integrantes del Concejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (Cipog-EZ) fueron sepultados, dos de ellos en Alcozacán y el otro en Tula, ambas comunidades del municipio de Chilapa.
Durante el sepelio, los dirigentes del Cipog-EZ exigieron justicia y castigo a los asesinos de Adán Linares Silverio, Moisés Cuapipisteco y Guillermo Hilario Morales.
Adán y Moisés, fueron sepultados en el panteón de Alcozacán y Guillermo Hilario, en su natal Tula.
El pasado sábado 5 de noviembre los tres miembros del Cipog-EZ fueron asesinados a balazos por un grupo de hombres armados cuando viajaban en un automóvil Nissan, tipo Tsuru, en la carretera federal Chilapa-Chilpancingo, a la altura de la comunidad de Xochimilco.
Jesús Plácido Galindo, dirigente del Cipog-EZ, denunció que fueron los integrantes del grupo delictivo de Los Ardillos los que asesinaron a sus tres compañeros. Las mismas autoridades han señalado que este grupo criminal tiene presencia en la región Montaña baja, a la que pertenece Chilapa.
«Nos mataron a tres compañeros, pero eso no es motivo para que nosotros nos quedemos con los brazos cruzados y lo que haremos es resistir aquí», dijo el activista.
Dijo que en Guerrero de nada sirve que haya una militarización si las comunidades están a merced de los grupos criminales. «Lo que hacía el anterior gobierno de proteger a los grupos paramilitares hoy lo está haciendo el nuevo gobierno; aquí no hay ningún cambio”.
«Aquí está la Guardia Nacional pero no hace nada para detener a la delincuencia que opera en esta zona», agregó.
En el sepelio de los tres indígenas nahuas estuvieron habitantes de las 18 comunidades donde tiene presencia la Cipog-EZ y la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias Pueblos Fundadores (CRAC-PF). Las 18 localidades pertenecen a los municipios de Chilapa y José Joaquín Herrera.
En los sepelios no hubo ningún representante del gobierno del estado, aun cuando sigue el resguardo de la Guardia Nacional y Policía Estatal en los accesos de las comunidades.
Linares Silverio, uno de los tres asesinados, fue coordinador de la CRAC-PF, y contaba con medidas cautelares después de que el pasado 17 de marzo de este año, junto con otros de sus compañeros, fueron emboscados a balazos en el crucero de Tlatlaquitepec, en la carretera federal Chilapa-Tlapa. En ese ataque murió un policía comunitario y tres más resultaron heridos.
Él fue uno de los que el pasado 21 de octubre le dijeron al presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando los integrantes de esta organización lo interceptaron en la carretera federal Chilapa-Tlapa, en su reciente gira por Guerrero, que las comunidades estaban desamparadas ante la presencia en su región (Montaña baja) del grupo criminal de Los Ardillos.
El ex coordinador de la CRAC-PF le exigió a Obrador medidas de seguridad en las comunidades y la detención de los integrantes del grupo criminal.
Los tres integrantes del Consejo Indígena y Popular del Estado de Guerrero Emiliano Zapata (Cipog-EZ) que fueron asesinados a balazos presuntamente por miembros del grupo criminal de Los Ardillos en Chilapa son velados en la explanada de la iglesia de la comunidad nahua de Alcozacán.
Decenas de mujeres, hombres y niños están fuera de la iglesia para acompañar a los familiares de Adán Linares Silverio, Moisés Cuapipisteco y Guillermo Hilario Morales, las víctimas del ataque, quienes serán sepultados mañana (martes) en el panteón de la comunidad, que también pertenece al municipio de Chilapa.
Esta mañana, los tres cadáveres les fueron entregados a sus familiares en el Servicio Médico Forense (Semefo) en Chilpancingo.
De regreso a su comunidad, los familiares de los tres asesinados y miembros del Cipog-EZ fueron custodiados por elementos de la Guardia Nacional (GN) y la Policía Estatal (PE).
Jesús Plácido Valerio, dirigente de esta organización que también cuenta con su policía comunitaria, dijo que del 2015 a la fecha ya son 48 personas de las comunidades de la Montaña baja asesinadas por el grupo delictivo de Los Ardillos.
Dijo que sus tres compañeros asesinados a tiros en las inmediaciones de la comunidad de Xochimilco, Chilapa, el pasado sábado en la tarde, participaron en la protesta que realizaron a la orilla de la carretera federal Chilpancingo-Tlapa, en donde detuvieron al presidente Andrés Manuel López Obrador para pedirle medidas de seguridad y la detención de los integrantes del grupo grupo criminal.
La presencia de Los Ardillos en Montaña baja no es sólo un señalamiento de este organización, las propias autoridades desde hace años han aceptado que este grupo criminal tiene presencia en la zona, como tampoco es ignorado de manera institucional que están asociados de manera personal al diputado perredista Bernardo Ortega Jiménez, quien es hermano de los líderes, Celso e Iván Ortega Jiménez.
Tres de los líderes del Consejo Indígena y Popular de Guerrero – Emiliano Zapata (CIPOG-EZ) que pidieron al presidente Andrés Manuel López Obrador frenar al grupo del crimen organizado conocido como Los Ardillos fueron asesinados.
Adán Linares, uno de los asesinados, estuvo presente en el encuentro con el presidente López Obrador hace quince días que vino a la Montaña y la CIPOG-EZ lo interceptó en Chilapa, momento en que le pidió detener la ola de violencia generada por Celso Ortega Jiménez, presunto líder de Los Ardillos y de su hermano, el diputado local del PRD, Bernardo Ortega Jiménez.
De acuerdo con la información del CIPOG-EZ, alrededor del medio día Adán Linares, Moisés Cuapipistenco y Guillermo Hilario salieron de la comunidad de Alcozacán, municipio de Chilapa, a bordo de un automovil Tsuru color blanco, con dirección a Chilpancingo, a comprar refacciones de auto que les encargó el comisario.
A las dos de la tarde, el Tsuru fue detenido por un policía de Tránsito de Chilapa, y a partir de ahí fueron seguidos por una motocicleta.
Después de las dos de la tarde se perdió comunicación con los tres integrantes del CIPOG-EZ y a las cinco de la tarde fue hallado el Tsuru blanco, a la salida de Chilapa, con los tres cadáveres dentro.
Los otros dos integrantes del CIPOG-EZ asesinados fueron Moisés Cuapipistenco y Guillermo Hilario, quienes se desempeñaban como promotores regionales en las comunidades de Alcozacán y de Tula.
Esta tarde familiares de Adán Linares, Moisés Cuapipistenco y Guillermo Hilario acudieron al Servicio Médico Forense (Semefo) de Chilpancingo a reconocer los cuerpos.
Las familias llegaron en una Urvan escoltados por seis patrullas de la Policía Estatal y Guardia Nacional.
Fuera de las instalaciones del Semefo, Jesús Placido Galindo, representante del CIPOG-EZ, responsabilizó del asesinato de sus tres compañeros al grupo criminal de Los Ardillos «y al gobierno del estado por la incapacidad para garantizar nuestra seguridad».
«El Estado puede desmantelar grupos, si puede desmantelar movimientos sociales, no se cual sea el motivo de su silencio de ellos (el gobierno) de no detener a Los Ardillos, sabemos que el control de los recursos de los municipios beneficia al pago de sicarios, control del ramo 33 y de grupos paramilitares», mencionó Placido Galindo.
Placido Galindo también responsabilizó del crimen a todas las autoridades políticas de la zona «por ser cómplices de Los Ardillos».
«Responsabilizamos a Los Ardillos, a su líder Celso Ortega, al presidente municipal de Chilapa, Aldy Esteban Román, y a sus policías municipales que están coludidos con la delincuencia, al diputado local Bernardo Ortega Jiménez, hermano de Celso y al diputado Jesús García», acusó Placido Galindo.
El automóvil estaba sobre la Carretera Federal Chilpancingo-Chilapa y presentaba impactos de balas, por lo que se cree que fueron interceptados y atacados a balazos.
En la imagen, Jesús Plácido Galindo, representan del CIPOEG-EZ, en una entrevista con reporteros afuera de las instalaciones del SEMEFO en Chilpancingo, Guerrero, este 6 de noviembre del 2022. Foto: Óscar Guerrero
Después de que integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Pueblos Fundadores (CRAC-PF) denunciaron al diputado local Bernardo Ortega Jiménez y al grupo criminal de Los Ardillos como responsables de la violencia en la zona denominada Montaña Baja, el legislador salió a deslindarse de esas acusaciones y de sus hermanos, quienes, según datos oficiales, lideran al grupo criminal.
Esto porque el pasado viernes, durante la gira del presidente Andrés Manuel López Obrador en la región Montaña, los dirigentes de la CRAC-PF, que pertenecen al Consejo Indígena Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (CIPOG-EZ), interceptaron la caravana en la que viajaba el mandatario y denunciaron que los líderes del grupo criminal Los Ardillos son Celso Ortega Jiménez y el diputado local Bernardo Ortega Jiménez.
“Muchos de nuestros compañeros bajan a Chilapa a vender sus productos y ya no vuelven y siguen desapareciendo, y nosotros hacemos responsables a Los Ardillos, a Celso Ortega y al diputado Bernardo Ortega”, le dijo uno de los líderes de la CRAC-PF a López Obrador.
De acuerdo con la demanda de la CRAC, Los Ardillos asesinaron en los últimos meses a 40 personas en la zona, por lo que pidieron la intervención del presidente para detenerlos, incluido a sus líderes.
La denuncia contra el diputado perredista Bernardo Ortega Jiménez, quien no es la primera vez que tiene este cargo –es la cuarta ocasión– y otros, como el de presidente municipal de Quechultenago, sede del grupo criminal, de acuerdo con los reportes oficiales, es reiterada, sobre todo porque esa relación le ha permitido tener su poder político en la zona.
El distrito del que es diputado, el 24, comprende los municipios de Mártir de Cuilapan, Quechultenango, Mochitlán y Tixtla, los cuales tienen conexión con la Montaña baja, y lo vuelven en solo un corredor, en el cual tiene presencia el grupo criminal.
El diputado, como lo ha hecho antes, otra vez se deslindó de la relación o vinculación que hacen los integrantes de la CRAC-PF. Lo hizo a través de un comunicado publicado en las redes sociales, en el que escribió que no responde por terceras personas y que “no es delito compartir apellido”.
“Jamás seré responsable de lo que hagan con su vida terceras personas, así sean familiares o amigos. Lamento que por falta de información o por la razón que sea, se use mi nombre en acusaciones sin sustento”.
En la imagen, el diputado local perredista Bernardo Ortega Jiménez junto a la gobenadora Evelyn Salgado Pineda. Foto: Redes
“Como decía yo soy responsable de mis actos y decisiones, no de las otras personas. Y a las pruebas me remito. En México, no es delito compartir un apellido. Cada quien construye el camino de su vida y la mía está dedicada a mi familia, a representar a la gente que más necesita, así ha sido y así seguirá”, son párrafos de su comunicado.
El diputado mencionó que tiene una carrera política de 26 años.
De acuerdo con datos de la Fiscalía General de la República (FGR), Los Ardillos son un grupo derivado de los Beltrán Leyva, el cual se fracturó con la caída de los hermanos, y generó el surgimiento grupos en regiones.
Los Ardillos, según esta información oficial, tiene presencia en la zona Centro y Montaña de Guerrero, en municipios como Chilapa, Mártir de Cuilapan, Zitlala, Tixtla, Quechultenango, Mochitlán y José Joaquín de Herrera.
La mayoría de estos municipios conforman lo que se conoce como Montaña baja, donde varios sectores sociales han denunciado a Los Ardillos como responsables de la violencia en este lugar que, a la vez, determina la situación política y económica.
El coordinador del Colectivo Siempre Vivos, José Díaz Navarro, señala de manera directa a los hermanos Ortega Jiménez de la desaparición de sus hermanos. Este colectivo está integrado por familiares de desaparecidos, creado justo después de la irrupción armada a la cabecera municipal de Chilapa de personas asociadas a Los Ardillos en mayo de 2015.
La información oficial establece que el fundador de este grupo criminal es Celso Ortega Rosas, a quien le apodaban El Ardilla, de ahí el origen del nombre. Él es el padre de Celso e Iván Ortega Jimenez, los líderes actuales del grupo, quienes tienen órdenes de aprehensión.
Celso, Iván y Bernardo Ortega Jiménez son hermanos, pero este último niega vínculos con sus hermanos. En distintas entrevista ha dicho que él no tiene nada que ver con las actividades laborales y delictivas de sus hermanos.
Los Ardillos tienen un historial de acusaciones de asesinatos y delitos, pero las autoridades nunca han actuado contra ellos. Nunca han anunciado alguna operación policiaca especial para capturarlos, como lo han hecho antes con otros grupos. El ex fiscal de Guerrero, Xavier Olea Peláez, anunció en radio a nivel nacional que tenían acorralado al líder Los Rojos en Chilapa, pero nunca ocurrió, porque escapó.
Como parte del contexto de lo que ha ocurrido en Montaña baja, en enero del 2020, un grupo de 20 trabajadores de un grupo musical que se trasladaba a Alcozacán, fueron interceptados e incinerados, de acuerdo con la Fiscalía General del Estado (FGE), por Los Ardillos.
En hechos más recientes, a este grupo criminal les fueron decomisados dos tigres de bengala en el municipio de Quechultenango, pero después del decomiso las fuerzas de seguridad fueron sacadas por la población y no se supo más de los decomisos.
Por su parte, el diputado Ortega Jiménez en tribuna se burla de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa y de muchos discursos de los diputados morenistas.
En la imagen, líderes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Pueblos Fundadores (CRAC-PF) dialogan con el presidente Andrés Manuel López Obrador para exigir que detenga a al grupo criminal Los Ardillos, que lideran los hermanos Ortega Jiménez. Foto: Oscar Guerrero
