Por la violencia que existe en Chilpancingo, el Ejército instaló un módulo de canje de armas de fuego en el zócalo de la ciudad hasta donde llegó una mujer con una granada, dos morteros y 39 balas.
La mujer que sólo dijo que venía de una comunidad de la Sierra, recibió de un mando del Ejército 7,500 pesos en efectivo por la entrega del armamento.
Causó expectación la llegada de la mujer porque traía una bolsa con la granada, las dos municiones conocidas como morteros y las 39 balas.
Después de sacar el armamento de la bolsa dio sus datos a los oficiales del Ejército. Firmó varios documentos y recibió el dinero.
El programa de la Sedena establece que la persona que canjee sus armas por dinero en efectivo o artículos para el hogar no se les hará ninguna investigación judicial.
Desde este miércoles el Ejército instaló en el zócalo de Chilpancingo el módulo para este canje, y en el primer día nadie llegó a realizar el intercambio.
Este jueves sólo acudió al módulo la mujer con la granada y los demás artículos.
A las tres de la tarde, el grupo de militares levantaron el módulo y se retiraron.
El canje de armas de fuego por parte de la Sedena ocurre en un contexto complicado; desde hace más de un mes se han contabilizado unos 20 hechos de violencia, entre los que destacan asesinatos, privación de la libertad de personas, ataques a bases de transporte público e incendios de más de 10 de estas unidades.
En un mes, choferes de taxis, camionetas Urvan de transporte público y foráneo fueron asesinados a balazos, cuatro de ellos calcinados en el interior de sus unidades.
Durante varios días el transporte público paró el servicio y la semana pasada reanudó después de un despliegue de fuerzas de seguridad federal y estatal en las calles de Chilpancingo.
«Lo único que nos dio el gobierno estatal fue una despensa», dijo el chofer de una combi de la ruta Centro-Mercado-Normal.
En Chilpancingo, la paz en la calles sigue prendida de alfileres.
En Guerrero sí existen casos de mujeres agredidas con ácido y otros químicos, pero no son contabilizados de manera oficial porque faltan protocolos y una tipificación como delito en el Código Penal del Estado de Guerrero, expuso la activista Marina Reyna Aguilar, presidenta de la Asociación Guerrerense contra la Violencia hacia las Mujeres (AGVM).
Hoy en el Congreso local, a través del panel legislativo contra la violencia ácida, se presentó la iniciativa Malena, una reforma al Código Penal y a la Ley 553 de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia del Estado.
En el panel estuvieron presentes María Elena Ríos y Sandra Montiel, ambas sobrevivientes de ataques con ácido.
Dentro del Código Penal ya existe apartado de lesiones, pero quien ejerza violencia ácida, correspondiente al delito de lesiones calificadas, tendrá penas que empiezan con 13 años.
La iniciativa de ley es propuesta de la diputada morenista Citlali Calixto Jiménez. Estas reformas pretenden castigar a toda persona que agreda con ácido o cualquier otra sustancia corrosiva a mujeres, mujeres trans, integrantes de las poblaciones LGBTI+ y personas en situación de calle.
“Sin embargo se establecen algunas agravantes que llevarían a que la pena pudiera ser de hasta 21 años”, mencionó Alejandro Gallardo, secretario técnico de Calixto Jiménez.
Los agravantes que pueden aumentar la pena es que el ataque cause deformidad o daño permanente a cualquier persona, que la agresión sea hacia una persona en situación de calle o sea motivada por orientación sexual o identidad de género; en caso de que la agresión sea motivada por razón de género la pena aumentaría hasta los 21 años.
Los 30 años de prisión serán por los siguientes supuestos; que las lesiones provoquen recersión parcial o total de las mamas, alteración del aparato genital que afecte la vida sexual plena, causen daño físico severo o cause incapacidad permanente para trabajar.
“Con esta iniciativa se pretende reconocer la violencia ácida como un tipo de violencia de género que marca de forma permanente los cuerpos, la salud y las vidas de las mujeres”, dijo Calixto Jiménez.
La diputada agregó que por la falta de la visibilización de este tipo de violencia no hay una estadística en el estado que permita conocer cifras de cuántas mujeres sufrieron violencia ácida.
Para la activista Elia Moreno del Moral es importante que exista un presupuesto asignado para la realización y, en su caso, aprobación de esta iniciativa.
“Hace falta que se analice el contexto de las agresiones, es por eso que no hay cifras para determinar si en el estado hay mujeres víctimas de violencia ácida”, comentó.
Sobrevivientes narran sus casos
María Elena Ríos, la saxofonista originaria de Oaxaca que sufrió un ataque con ácido de parte de quien fuera diputado del PRI en ese estado, Juan Antonio Vera Carrizal.
El químico provocó quemaduras en 70 por ciento de su cuerpo, motivo por el que se sometió a diversas cirugías.
También emprendió la lucha por la defensa sus derechos y porque su agresor fuera castigado por las autoridades.
“No hay palabras para describir lo que sentí. Es la violencia más extrema que le pueden ejecutar a una mujer. Mis cicatrices son de tercer grado. Las quemaduras carcomieron parte de mis músculos y de mis nervios”, relató.
Derivado de su agresión se volvió activista por los derechos de las mujeres y recorre el país en exigencia de que los ataques con ácido sean sancionados y tipificados como violencia de género.
Sandra Montiel es una mujer trans originaria de la Ciudad de México, hace 22 años sufrió violencia ácida mientras trabajaba como trabajadora sexual.
“Si ahora es difícil acceder a la justicia, imagínense hace 22 años. Sufrí mucha discriminación y transfobia”, recordó Sandra.
A Sandra le lanzaron ácido en un 70 por ciento de su cuerpo, tuvo quemaduras de tercer y cuarto grado. Sandra se ha sometido a diversas cirugías reconstructivas que ella costeó; nunca detuvieron a su agresor.
Contenido patrocinado por el Congreso del Estado de Guerrero
