Etiqueta: Discriminación

Texto: Itzel Urieta

Fotografía: Red Guerrerense por los Derechos de las Mujeres 

Chilpancingo

Víctima de violación sexual y de criminalización por parte del Estado, situación que la mantuvo tres años y dos meses en la cárcel de Iguala, la joven nahua Aurelia García Cruceño, quien anoche fue.liberada, podrá cumplir los proyectos de vida que le fueron truncados.

Aurelia fue acusada injustamente del delito de homicidio en razón de parentesco, que en realidad fue un parto fortuito resultado de una violación.

La noche de este martes 21 de diciembre del 2022, después de varias audiencias, fue absuelta de ese delito por la jueza Mariela Alfaro Zapata.

Aurelia enfrenta abuso y criminalización

La historia de injusticiad contra Aurelia comenzó en su natal Xochicalco, una comunidad nahua perteneciente al municipio de Chilapa de Álvarez.

Xochicalco, está ubicada a 10 kilómetros de distancia de la cabecera municipal de Chilapa. Sus 360 habitantes, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), viven en pobreza extrema.

Para Aurelia, todo cambió en 2019, cuando fue víctima de una agresión sexual por parte de un hombre que, en ese entonces, era autoridad comunitaria de Xochicalco.

Aurelia quedó embarazada de ese abuso. En su comunidad no es bien visto que una mujer tenga relaciones sexuales o se embarace antes del matrimonio; desde niña le dijeron que a esas mujeres las quemaban vivas.

Por todo esa estigma y por miedo a represalias de su agresor, Aurelia decidió huir de Xochicalco e iniciar una nueva vida en la ciudad de Iguala, donde se alojó con una tía.

Nunca se imaginó que ahí comenzaría su calvario.

Aurelia llegó a Iguala en junio del 2019, cuatro meses después. El 2 de octubre, Aurelia, sola en el lugar donde se alojaba, tuvo dolores fuertes y sangrado vaginal intenso durante una semana sin saber que estaba embarazada, después expulsó el producto.

Cuando su tía se percató de la situación de Aurelia llamó a una ambulancia que la traslado a un hospital, ahí el paramédico que la atendió inicialmente dijo que estaba a punto de sufrir un choque hipovolémico por la falta de sangre.

En el Hospital, Aurelia recibió varias transfusiones de sangre y cuando se recuperaba le colocaron un implante anticonceptivo sin darse cuenta y sin su consentimiento.

Pero eso no fue todo, al siguiente día de su ingreso al hospital, varios policías la esposaron a la misma cama donde se recuperaba. Estaba detenida.

«Todavía ella no estaba recuperada, no se sabía de los hechos ni del producto y ella ya estaba siendo procesada, detenida y esposada en la cama del hospital. Ya estaba siendo oficialmente detenida por el delito de homicidio”, narró Verónica Garzón Bonetti, abogada defensora de Aurelia.

Dos días después de su ingreso al hospital y aun cuando todavía no le dadan de alta, los policías la trasladaron al Centro de Reinserción Social de Iguala.

Finalmente, el 8 de julio del 2021 una jueza dictó una sentencia condenatoria en su contra por 13 años y cuatro meses de prisión por el delito de homicidio en razón de parentesco.

Aurelia fue recluida en el penal de Iguala, donde pasó tres años en la incertidumbre sobre su vida. No sabía si quedaría libre o permanecería en prisión.

Inconsistencias en el caso

Verónica Garzón Bonetti y Ximena Ugarte Trangay, integrantes del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), fueron las abogadas defensoras de Aurelia, quienes denunciaron que su caso estuvo lleno de inconsistencias.

La primer inconsistencia que detectaron, dijeron, fue que después del parto no hubo ningún traductor que le explicara los motivos de su detención. La lengua materna de Aurelia es el náhuatl.

Otra fue que en el hospital donde la atendieron le colocaron un implante anticonceptivo sin su consentimiento.

Una más, al momento de su detención estaba delicada de salud.

Al no hablar español, Aurelia no comprendió mucho de lo que le sucedió. No contó con un traductor que le explicara su situación.

Por esa razón, la defensa de Aurelia argumentó que nunca le juzgaron con perspectiva intercultural ni de género.

Actualmente Aurelia tiene 23 años y hasta la noche de ayer, vivió tres años en prisión preventiva, lo que representaba otra irregularidad, porque la Constitución señala, explicaron las abogadas, que el plazo máximo debe de ser de dos años.

Aurelia estuvo presa tres años en un centro penitenciario donde hay 463 hombres y 27 mujeres sin estar separados.

Además, el penal de Iguala cuenta con altos niveles de autogobierno, lo que ponía a Aurelia y al resto de las mujeres, denunciaron las abogadas, en una situación de riesgo grave a actos de violencia.

Una nueva esperanza

Al retomar las abogadas del IMDHD el caso de Aurelia lograron que la justicia federal otorgara un amparo y la magistrada del Poder Judicial de Guerrero, Indalecia Pacheco León, aceptara la reposición del procedimiento el 17 de enero del 2022.

El IMDHD estableció que Aurelia fue víctima de la Fiscalía General del Estado (FGE) y el Poder Judicial al realizarle un proceso discriminatorio en razón de su condición de pobreza y su origen nahua.

Además de acusarla de un delito que no cometió, pues, comprobó que fue un parto fortuito.

Tuvieron que pasar cinco audiencias maratónicas y una más cardíaca que la anterior, para que Aurelia lograra obtener su libertad.

Desde que comenzaron las audiencias, la FGE, quien acusaba a Aurelia de homicidio, trató por todos los medios de que continuara en prisión.

Desde retrasar las audiencias, solicitar más testigos y asistencias técnicas innecesarias, la FGE impidió que la defensa de Aurelia desahogara todas las pruebas.

Faltaban días para darse a conocer la sentencia, y en ese momento el Poder Judicial de Guerrero dio otro golpe al caso de Aurelia.

El 15 de diciembre, la jueza determinó que Garzón Bonetti y Ugarte Trangay no podían hablar con la prensa sobre el caso de Aurelia, con el pretexto de que el juicio estaba en curso y por privacidad para la jueza, quien argumentó que estaba en riesgo su seguridad.

Después las audiencias que eran públicas se volvieron privadas, y los familiares de Aurelia no tuvieron acceso a todas las audiencias.

Pese a todos los obstáculos, Garzón Bonetti y Ugarte Trangay lograron lo que se pensaba imposible, se enfrentaron al sistema judicial y lograron la liberación de Aurelia, quien podrá cumplir su sueño de ser maestra.

La libertad

La audiencia de la tarde de ayer en Iguala, que estaba agendada a las cuatro de la tarde, se pospuso y comenzó hasta las siete, después de dos horas a puerta cerrada, la jueza Mariela Alfaro Zapata finalmente falló por la liberación de Aurelia.

“En la audiencia lo que dijo la jueza es que no había elementos suficientes aportados por la fiscalía para sostener su acusación y condenar a Aurelia. Que ella no era repsonsable del homicidio y debía quedar en absoluta e inmediata libertad”, expuso Garzón Bonetti.

Aurelia salió acompañada de su madre Agustina Cruceño Naranjas, de su padre Alberto García Palazin, y sus abogadas Garzón Bonetti y Ugarte Trangay.

Entre los planes de Aurelia ahora que está en libertad es estudiar y convertirse en maestra.

«Voy a estudiar mucho y ojalá pueda lograr mi sueño de ser maestra», expresó Aurelia.

Comentó que aprendió a hablar español en la cárcel y que conoció a más mujeres en su misma situación, a quienes deseó que también hallen apoyo para ser liberadas.

Diversas activistas y colectivas feministas estuvieron fuera de Palacio de Justicia de Iguala en apoyo a Aurelia, quienes al verla salir la recibieron con aplausos y consignas.

Aurelia ya es una mujer libre y aun cuando nunca recuperará los tres años que estuvo en prisión, podrá continuar con su vida.