SCJN rechazó la consulta a los pueblos indígenas, CRAC pedirá sanciones a los diputados

 

Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Óscar Guerrero 

6 de septiembre del 2022

Chilpancingo 

 

Organizaciones sociales y de pueblos originarios exigieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sancionar a los diputados locales de la 62 legislatura por irregularidades en el proceso de consulta a los pueblos indígenas y afromexicanos.

Durante un acto político afuera del Congreso local, integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, informaron que el pasado 26 de agosto la SCJN rechazó algunos procesos de la consulta a los pueblos indígenas que realizó el Congreso local.

El rechazo se debió a diversas irregularidades en el proceso; documentos falsos y otros que no cumplen con el aval de las asambleas comunitarias.

«La SCJN rechazó la consulta de los diputados porque los pueblos indígenas estuvieron ausentes y no fueron integrados para diseñar protocolos», mencionó Vidulfo Rosales Sierra, abogado de Tlachinollan.

Los asesores legales de la CRAC mencionaron que la SCJN rechazó la consulta por no considerar a los pueblos indígenas, por lo que no hubo diálogo objetivo,ni acuerdos ni consensos.

«Solo Hubo actas donde los pueblos firmaron de enterados».

El acuerdo de la SCJN por las inconsistencias fue darle al Congreso de Guerrero un plazo de 10 días hábiles para explicar porque no fueron considerados los pueblos indígenas.

Sobre la sentencia, las organizaciones sociales dijeron que la SCJN es condescendientes y pretende favorecer al Congreso local.

«Hacemos un extrañamiento respetuoso al presidente de la Suprema Corte para que no sea condescendiente con el Congreso, los 10 días están fuera del marco legal, debieron sancionar», mencionó Rubén Cayetano García, asesor legal de la CRAC.

Plácido Dolores, de la Casa de Justicia de Espino Blanco, en el municipio de Malinaltepec, mencionó que el Congreso hizo un falso trabajo de consulta que no plasma las necesidades de los pueblos.

En el acto acusaron al presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Alfredo Sánchez Esquivel, de ocupar un cargo que no le corresponde como indígena amuzgo.

Otra de las exigencias fue que que el dinero ocupado para la consulta sea devuelto y ocupado para una verdadera consulta donde los pueblos originarios sean organizadores y los diputados solo observadores.

«Los diputados que integran la legislatura solo se dedican a actividades de menor relevancia y hacen caso omiso a las necesidades reales, específicamente con los pueblos indígenas y Afromexicanos».

Además de los asesores legales de la CRAC y Tlachinollan estuvieron representantes integrantes de las cinco casas de justicia del sistema comunitario de la CRAC.

Fernando Xochihua, otro de los asesores de la CRAC, pidió sanciones al Congreso.

Pedimos a la Corte aplicar la ley y que ya no siga prolongando la agonía de la 62 legislatura, la Corte debe aplicar la ley, aplicar la sanción que corresponde a los diputados que avalaron la consulta y que la Corte ya dijo que está mal hecha, estableció Xochihua.

Marchan policías comunitarios, niños y mujeres para exigir justicia, seguridad y maestros

En el pliego de peticiones está la instalación de módulos de seguridad con agentes de la Guardia Nacional y Ejército, el envío de maestros para escuelas de secundaria y bachillerato, un centro de salud con médicos y enfermeras así como la dotación de medicamentos.


Texto: Ampola Periodismo

Fotografía: Oscar Guerrero

Chilpancingo

 

Más de 300 personas entre policías comunitarios, niños y mujeres marcharon en las calles de la comunidad de Ayahualtempa, del municipio de José Joaquín Herrera, para exigir la instalación de retenes de la Guardia Nacional y Ejército para disuadir a un grupo delictivo que opera en esa región de la Montaña baja.

Las autoridades del pueblo y dirigentes de la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de Pueblos Fundadores (CRAC-PF), emplazaron a los gobiernos federal y estatal para que en dos semanas empiecen a cumplir con su pliego de demandas de seis puntos.

Este domingo 12 de junio, autoridades estatales acudieron a esta comunidad en donde se reunieron con los pobladores y recibieron sus peticiones.

Los enviados de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda les regalaron despensas a las mujeres y juguetes a los niños.

En el pliego de peticiones está la instalación de módulos de seguridad con agentes de la Guardia Nacional y Ejército, el envío de maestros para escuelas de secundaria y bachillerato, un centro de salud con médicos y enfermeras así como la dotación de medicamentos.

También piden la instalación de un Banco del Bienestar y el pago de una indemnización a viudas de 10 hombres que fueron asesinados por integrantes de un grupo delictivo.

Luis Morales Rojas, integrante del Consejo Tradicional del Gobierno Náhuatl, dijo que están emplazando al gobierno hasta este fin de año cumpla con esos seis puntos del pliego petitorio y que en caso de no hacerlo van a preparar a unos 60 niñas y niños para que se ejerciten como policías comunitarios.

«¡Zapata está vivo apuntando a Los Ardillos y si siguen secuestrando les dará su merecido!», gritaron esta consigna los pobladores en referencia a este grupo delictivo que la Fiscalía Genera del Estado (FGE) en 2019 les integró una carpeta de investigación por el asesinato de 10 músicos de la comunidad de Alcozacán, del municipio de Chilapa, es decir, dentro de la misma Montaña baja.

Alcozacán es una comunidad vecina de Ayahualtempa y desde el 2019, sus pobladores y policías comunitarios han tenido enfrentamientos armados con los miembros de ese grupo criminal.

Los pobladores de las dos comunidades han denunciado que Los Ardillos han asesinado y desaparecido a más de 40 personas. Ayahualtempa y Alcozacán no solamente viven en una situación de violencia e inseguridad también de bajos niveles de desarrollo humano.

 La marcha de los niños, mujeres y policías comunitarios de la CRAC-PF se desarrolló alrededor del pueblo.

Los policías comunitarios vestían uniforme color verde olivo y portaban escopetas y rifles de bajo calibre.

Morales Rojas dijo que están reclamando a la FGE que realice la búsqueda de 13 personas que fueron privadas de su libertad por integrantes del grupo delictivo. La desaparición de las 13 personas ocurrieron algo largo de los últimos tres años.

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