Custodiada por montañas en una hondonada se divisa un caserío.
Es la comunidad del Charco, alzada a 841 metros de altitud del mar con una población de 146 habitantes en condiciones de pobreza extrema.
La madrugada del siete de junio de 1997, el 27 batallón de GAFES (Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales) hoy Fuerzas Especiales del Ejército mexicano cometió ejecuciones extrajudiciales, tortura y graves violaciones a los derechos Humanos.
Este 2023 la masacre del Charco cumple 25 años, y el caso que ocurrió durante el gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León y del gobernador Ángel Aguirre Rivero, sigue impune, sin fincar responsabilidad a ningún mando militar ni civil.
Ayer siete de junio habitantes de El Charco y de comunidades cercanas se dieron cita en la cancha donde hace más de dos décadas el Ejército masacró a 10 indígenas y a un estudiante de la Universidad Autónoma de México (UNAM).
La versión del gobierno es de que habría sido un enfrentamiento entre el Ejército y miembros del grupo guerrillero del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI).
Sin embargo, organizaciones de derechos humanos aseguran que fue una masacre perpetrada por el Ejército Mexicano. El caso está en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Con una homilía oficiada por el Obispo de Saltillo Monseñor Raúl Vera el acto conmemorativo dio inicio, frente a la que en 1997 fue la escuela Caritino Maldonado Pérez, los vestigios de impactos de bala y granadas de fragmentación son la escenografía tras la silueta del clérigo que siempre ha dado acompañamiento a las luchas sociales de los campesinos e indígenas del país.
Raúl Vera, en su eucaristía pide por las almas de los diez indígenas asesinados extrajudicialmente en una campaña de contrainsurgencia en Guerrero y por el estudiante de la UNAM, Ricardo Zavala.
“Pensamos en Ricardo Zavala y en las diez personas de la comunidad naa savi, asesinados por el ejército, también pensamos en nuestro hermano Efrén Cortés y nuestra hermana Ericka Zamora que estuvieron presos y fueron torturados”.
Pidió por todas las familias que terminaron dañadas por la represión.
Con voz fuerte declaró: “el Ejercito es el culpable del crimen de lesa Humanidad, cometido contra esta población “esos asesinos”, que se escuche bien esos asesinos siguen impunes, esos son asesinos desde hace veinticinco años no se les puede llamar de otro modo”.
Dijo que “el actual jefe de las fuerzas armadas en el país no tiene porque seguir manteniendo en impunidad los asesinatos que se cometieron en El Charco y que de mantenerlo como hasta ahora Andrés Manuel López Obrador es cómplice por omisión”.
El Obispo Vera llamo a no olvidar, a buscar justicia y a permanecer unidos ante estrategias del estado por dividir a treves de recursos económicos por resarcimiento de daños; “todos somos iguales, todos somos hermanos, tienen una labor muy importante y es fortalecer el nuevo municipio autónomo Nu Savi”.
Las condiciones por las que luchaban hace 25 años están teniendo frutos a través de la colectividad, porque lo mismo que se buscaba en ese tiempo se busca hoy, vivir bien, vivir con dignidad, afirmó Raúl Vera.
Al finalizar la eucaristía, la ofrenda de velas y flores colocada en la cancha de baquetboll se trasladó a la cruz de los caídos, dentro de un aula desvencijada por el tiempo donde el sobreviviente y defensor de Derechos Humanos Efrén Cortés, agradeció la presencia de la gente y particularmente del Obispo Raúl Vera.
El obispo y activista Raúl Vera exige a AMLO que se investigue al Ejército por la masacre de El Charco. Fotografía: Amïlcar Juárez
«Sin este hombre de sotana (Raúl Vera) no hubiéramos podido llevar nuestro caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en busca de justicia; no buscamos venganza, no existe odio, solo queremos justicia, clamó Efrén Cortés quien es sobreviviente de la masacre.
Cortés Chávez dijo que el caso de El Charco se ha demostrado ante la CIDH la participación de altos mandos militares como el General Retirado Juan Alfredo Garnica Oropeza y Luis Humberto Portillo Leal, en una masacre contra población civil desarmada en un contexto de contrainsurgencia.
Policías estatales con equipo antimotín replegaron a mujeres, niñas, niños y adultos mayores que tomaron todas las entradas del Recinto de las Oficinas del Poder Ejecutivo, conocido como Palacio de Gobierno, quienes exigían maestros y médicos para 56 comunidades de Cochoapa el Grande, municipio de la Montaña alta de Guerrero.
Desde ayer, los pobladores de ese municipio mantienen un plantón en la entrada principal de este edificio porque quieren una audiencia directa con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda.
Como parte de sus acciones políticas, alrededor de las dos de la tarde los más de 100 manifestantes cerraron los cinco accesos al inmueble, de inmediato llegaron policías antimotines para abrir por la fuerza.
Los manifestantes trataron de cerrar con sus propios candados las puertas laterales del lado sur, situación que generó, en un primer momento, que los antimotines los jalonearan.
En los bloqueos estaban presentes niñas y niños, porque acompañan a sus madres y padres en la manifestación; quedaron en medio de los jaloneos.
Ante la negativa de los manifestantes de retirarse, otro grupo de antimotines encapsuló a todos, lo que generó un enfrentamiento a palabras y empujones entre los dos bandos. Este momento duró unos 10 minutos.
Elvira García Rodríguez, representante de los manifestantes, mencionó que la protesta es para exigir una audiencia con Salgado Pineda y preguntarle de manera directa por qué no ha cumplido su promesa de enviar maestros y médicos a 56 comunidades de la parte alta de Cochoapa el Grande.
En una acción diferente, estudiantes de la Escuela Primaria José Martí de esta ciudad, acompañados de sus maestras, acudieron al plantón y entregaron juguetes, ropa, y comida a las niñas y los niños que están con sus madres y padres en esta concentración de protesta.
Los manifestantes también recibieron la visita del director de Gobernación del estado, Francisco Rodríguez Cisneros, quien les ofreció una mesa de diálogo con funcionarios, pero la propuesta fue rechazada por la representante de los inconformes.
“Nosotros queremos hablar con la gobernadora Evelyn Salgado y que nos diga de viva voz por qué no ha cumplido lo que nos prometió en el 2022”, le contestó García Rodríguez al funcionario estatal.
Luego de ese acercamiento, el contingente bloqueó la puerta lateral del lado izquierdo de Palacio de Gobierno.
Poco después, fueron desalojados por los antimotines, quienes aun cuando escucharon los llantos de las niñas y los niños replegaron el contingente. Según García Rodríguez dos niños resultaron con pequeñas lesiones.
“Este es el gobierno de diálogo y de respeto a los derechos humanos”, ironizó la activista después del desalojo.
Por segundo día consecutivo, la gobernadora no despachó en sus oficinas de gobierno.
En la puerta principal de Palacio Gobierno otros grupos de manifestantes con diversas demandas permanecen en plantón y también piden una reunión con la mandataria.
Pero la gobernadora ni los ve ni los oye (Con información de Jesús Guerrero).
Texto: José Miguel Sánchez Fotografía: Cortesía 6 de marzo del 2023 Chilpancingo
La madrugada del 6 de marzo de 1990 el entonces gobernador priista, José Francisco Ruiz Massieu, ordenó desalojar de manera violenta de ocho ayuntamientos los plantones de personas que denunciaban fraude electoral en las elecciones del 4 de diciembre de 1989.
El desalojo de ese desalojo dejó un saldo de 21 personas asesinadas, cuatro desaparecidos e incuantificables lesionados.
A 33 años de esos hechos, los actores políticos señalados de perpetrar esa acción continúan en la escena política sin que la justicia los haya alcanzado. A lo largo de estos años han encabezado diferente cargos públicos, desde donde aplicaban políticas de represión.
Los antecedentes
Todo comenzó la jornada electoral del 4 de diciembre de 1989, en la que 24 candidatos del naciente Partido de la Revolución Democrática (PRD) acusaron a la Comisión Estatal Electoral, que dependía en ese entonces de la Secretaría General de Gobierno, de cometer fraude electoral.
«Existen actas en las que queda claro que los candidatos del PRD fueron los ganadores, pero ante una comisión controlada por el Estado era obvio que no iban a permitir un triunfo de la oposición», contó en entrevista Abel Lopez Rosas, historiador que ha documentado diversos movimientos sociales.
Ante el notable fraude que representaron aquellas elecciones, entre el 18 de diciembre de 1989 y el 4 de enero de 1990, 24 planillas de los candidatos del PRD, a través de asambleas multitudinarias, decidieron tomar los ayuntamientos como una forma de protesta.
Además nombraron autogobiernos a los que denominaron Ayuntamientos Populares.
Los ayuntamientos tomados fueron los de Ometepec, Florencio Villareal, Tlacoxistlahuaca, Xochistlahuaca e Igualapa, en la Costa Chica de Guerrero.
En la región Centro fueron los de Tixtla, Mártir de Cuilapan, Leonardo Bravo y Juan R. Escudero. En la Costa Grande fueron Coyuca de Benítez, Atoyac de Álvarez, La Unión y Coauayutla.
En la Tierra Caliente fueron Tlalchapa, Arcelia, Pungarabato y Tlapehuala. En la Montaña Ahuacotzingo, Metlatónoc, Xalpatláhuac y Malinaltepec.
En la zona Norte tomaron los ayuntamientos de Teloloapan, Cuetzala del Progreso y Cocula.
El movimiento postelectoral duró los tres meses siguientes, de enero a marzo de 1990.
“La toma de protesta de los ayuntamientos populares fue un acto de justicia para los pobladores, quienes efectuaron actos masivos donde demostraron el amplio respaldo popular a este ejercicio de autogobierno”, se lee en un artículo de López Rosas en el que narra parte de los hechos.
Fue así que los ayuntamientos populares fueron conformados por la planilla de la oposición.
“Los presidentes y la presidenta popular tenían la característica de que, durante la década de 1980, habían encabezado diversas movilizaciones en sus municipios por demandas sociales como construcción de escuelas y caminos, dotación de maíz y fertilizante, y participaron en la conformación de organizaciones sociales y del Frente Democrático Nacional. Se trataba, pues, de personas reconocidas por su compromiso social con su pueblo”.
Una de las características de estos ayuntamientos fue el apoyo masivo y colectivo; muchos de los pobladores que lo apoyaron donaban comida, gallinas, tortillas, maíz, queso y mano de obra para sostener los plantones.
Los manifestantes cuidaban las 24 horas los ayuntamientos, muchos de ellos armados con machetes, piedras y palos.
Los alcaldes populares cobraban impuestos y realizaron gestiones con las que lograron arreglar el alumbrado público o realizaban algunas obras de pavimentación y construcción de manera colectiva, ya que no recibían dinero oficial.
En el tema de seguridad se crearon policías ciudadanas con voluntarios que participaron en el movimiento.
Algunos de los personajes que encabezaron los ayuntamientos populares fueron el activistas Ranferi Hernández Acevedo, en Ahuacuotzingo; Eloy Cisneros Guillén, en Ometepc; Magdalena Rodríguez Mera, en Tixtla y Roberto Salinas Herrera, en Coyuca de Benítez.
Hernández Acevedo fue asesinado el 14 de octubre del 2017.
Fotografía del El Sol de Acapulco. retomada del artículo Operativo Relámpago. Un caso más de represión policial que permanece en la impunidad, del historiador Abel López Rosas.
“Operativo relámpago”
Fue la madrugada del 6 de marzo de 1990, entre las tres y las seis de la madrugada que elementos de la Policía Estatal y Policía Judicial irrumpieron violentamente en los plantones y los desalojaron.
“El gobierno utilizó argumentos que iban desde señalarlos (a los manifestantes) como promotores de la violencia hasta de promover la intervención de extranjeros y de cometer actos ilícitos. Además, los acusó de posesión de armas y de tener posibles vínculos con el tráfico de drogas. Todas las acusaciones tenían como finalidad justificar la represión que se avecinaba en contra de los ayuntamientos populares”, menciona López Rosas.
Además de su documentación, López Rosas concedió una entrevista a Amapola, periodismo transgresor y ofreció detalles de su trabajo.
El desalojo ocurrió en los 24 municipios tomados, de los cuales ocho fueron de manera violenta: Ometepec, Ahuacuotzingo, Florencio Villarreal, Tixtla, Arcelia, Pungarabato, Tlalchapa y Juan R. Escudero.
Los perpetradores nombraron esa operación policiaca violenta “operativo relámpago”.
En dichos desalojos participaron 800 elementos de seguridad, comandados por Valentín González Bonora, director de Seguridad Pública y por Juventino Sánchez Gaytán, director de la Policía Judicial.
“Empezaron a disparar a diestra y siniestra, llegando, tirando, nos echaron gases lacrimógenos. Al sentir la asfixia y el ardor en los ojos, tuvimos que salir. Al salir, nos agarraron a culatazos. A mí me abrieron la cabeza en tres partes”, le contó Cisneros Guillén, alcalde popular de Ometepec, a López Rosas en entrevista.
Después de dicho desalojo, Cisneros Guillén fue víctima de desaparición forzada durante cuatro días, tiempo en el que fue torturado y golpeado por elementos de seguridad, de acuerdo con lo que él mismo ha contado en diversos actos públicos.
El alcalde popular de Ahuacotzingo, Ranferi Hernández Acevedo, también fue detenido y trasladado a la Procuraduría de Chilpancingo, donde lo golpearon y torturaron.
En Florencio Villareal, en la Costa Chica, el desalojo duró 10 horas, tiempo en el que hubo un enfrentamiento a balazos entre policías y los pobladores que defendieron el plantón.
“¡Éntrenle hijos de la chingada, aquí está el pueblo cabrones!, –gritaba una templada voz cruceña desde la galera que albergaba el ayuntamiento, al tiempo que contestaba las ráfagas de R-15 con una escopeta recortada, pero con el coraje de quien defiende lo suyo”, se lee en el documento de López Rosas.
El resultado del desalojo en Florencio Villareal fue de tres policías muertos y un integrante del Ayuntamiento Popular.
Los pobladores que resistieron el desalojo evitaron ser detenidos y aprovecharon para retirarse cuando el comandante de la policía pidió una tregua para auxiliar a los policías heridos.
Los perpetradores
Detrás de la decisión para efectuar la operación policiaca estuvieron diversos políticos y funcionarios priistas que ocupaban cargos en ese momento
En la documentación de López Rosas saltan los nombres de Rubén Figueroa Alcocer, en ese entonces presidente estatal del PRI y diputado federal; José Rubén Robles Catalán, procurador de Justicia del estado; Ángel Aguirre Rivero, coordinador de campaña de los candidatos del PRI en la Costa Chica; Fernando Gutiérrez Barrios, secretario de Gobernación y el presidente de la República, Carlos Salinas de Gortari.
Ninguno de estos personajes son ajenos por muchos otros actos que cometieron.
Rubén Figueroa Alcocer, por ejemplo, le atribuyen la masacre de 17 campesinos en el vado de Aguas Blancas, en Coyuca de Benítez, en 1995. Fungía entonces como gobernador de Guerrero.
Por la masacre y la presión social expuesta en diversos medios de comunicación por activistas, Figueroa Alcocer pidió licencia al cargo y su lugar lo asumió Ángel Aguirre Rivero.
En 1998 Aguirre Rivero es acusado de perpetrar otra masacre contra campesinos, esta vez en El Charco, en la Costa Chica del estado.
En el Charco fallecieron 11 campesinos, la versión fue que el Ejército abrió fuego contra una primaria en la que estaban guerrilleros del entonces Frente Popular Revolucionario (FPR), pero eran campesinos na savi que acudieron a una asamblea.
En 2014, 15 años después, Aguirre Rivero, fue protagonista de otro hecho de violencia contra los movimientos sociales.
La noche y madrugada del 26 y 27 de septiembre del 2014, 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, fueron desaparecidos, presuntamente por integrantes de un grupo delictivo, con ayuda del Ejército, Policía Federal y Policía Estatal.
En ese entonces, Aguirre Rivero era el gobernador constitucional de Guerrero.
El final
El mismo día de la operación policiaca en los ayuntamientos populares, el gobernador Francisco Ruiz Massieu dio un mensaje que fue transmitido por televisión en el que dijo: “el estado vuelve a la normalidad: todo está en paz, no hay mítines, no hay plantones y no hay movilizaciones”.
Por su parte, el secretario general de gobierno, Jesús Ramírez Guerrero, a través de un comunicado dijo que “los operativos realizados por las fuerzas de seguridad pública para desalojar varios palacios municipales da (daban) por terminadas las acciones ilícitas como ayuntamientos paralelos, supuestas policías populares, cobros indebidos de impuestos, abusos contra la ciudadanía así como arrestos administrativos sin justificación y la prestación ilícita del servicio del Registro Civil”.
Las acciones ciudadanas para valer su decisión fueron descalificadas por las instituciones, además de los actos represivos con la fuerza del Estado que clausuró a los ayuntamientos populares. Muchos de los alcaldes populares continuaron como activistas y fueron o son oposición.
El uso de la fuerza pública en los ocho municipios donde había ayuntamientos tomados obligó a los pobladores de los demás municipios a aceptar las condiciones del gobierno del estado.
En Ixcateopan, Pedro Ascencio de Alquisiras, Igualapa, Xochistlahuaca, Tlacoachistlahuaca, Tlapehuala y Apaxtla de Castrejón, el Congreso local aprobó un decreto en el que asignó regidurías de representación a los militantes del PRD.
En seis municipios establecieron consejos municipales: Coahuayutla, Cuautepec, Malinaltepec, Teloloapan, Tlacoachistlahuaca y La Unión.
En el municipio de Leonardo Bravo, el PRI se quedó con la presidencia municipal y el candidato del PRD fue designado como síndico.
En los municipios de Atoyac, Mártir de Cuilapan, Cuetzala del Progreso y Coyuca de Benítez, los pobladores lograron que el Congreso local designara un presidente municipal neutral, y que el síndico y la mitad de los regidores fueran ocupados por militantes del PRD.
En el informe 2020-2021 de Amnistía Internacional advirtió que en 2020 el gobierno a cargo del presidente, Andrés Manuel López Obrador, desplegó a más efectivos militares en la estrategia de seguridad pública que las dos administraciones presidenciales anteriores, la del priista Enrique Peña Nieta y del panista, Felipe Calderón Hinojosa
Texto: Beatriz García
Fotografía: José Luis de la Cruz (Archivo)
19 de febrero del 2022
Chilpancingo
Las violaciones a los derechos humanos cometidas por efectivos del Ejército en Guerrero no paran desde los años 70s, época conocida como Guerra Sucia, lo único que ha cambiado, coincidió el defensor de derechos humanos, Vidulfo Rosales Sierra y la integrante de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) e hija del guerrillero, Lucio Cabañas Barrientos, Micaela Cabañas Ayala.
Hoy sábado se conmemora el Día del Ejército Mexicano y de manera oficial se celebran eventos para congratular el trabajo que han hecho los militares en el país, además de entregarles reconocimiento. En Guerrero no es a excepción.
Un sin número de violaciones a los derechos humanos se han cometido por elementos del Ejército en Guerrero y en el resto del país, y que han sido de interés público, casos que ha llegado a instituciones internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), mismo motivo por el que se han emitido recomendación al Estado mexicano.
El 31 de agosto del año pasado Amnistía Internacional y Seguridad sin Guerra emitieron un posicionamiento donde externaron su preocupación con la decisión del gobierno federal, de continuar con el enfoque de militarizar la seguridad pública, como lo hicieron los dos gobiernos que lo antecedieron.
“Esto ha detonado el aumento de quejas por violaciones graves a los derechos humano, de tal manera que hacemos un llamado urgente para que la seguridad pública esté en manos de personal civil, como lo establecen las normas del derecho internacional de los derechos humanos”, advirtieron los organismos defensores.
En el informe 2020-2021 de Amnistía Internacional advirtió que en 2020 el gobierno a cargo del presidente, Andrés Manuel López Obrador, desplegó a más efectivos militares en la estrategia de seguridad pública que las dos administraciones presidenciales anteriores, la del priista Enrique Peña Nieta y del panista, Felipe Calderón Hinojosa.
El Sistema Nacional de Alerta de Violencia a los Derechos Humanos de la CNDH estableció que el número total de quejas registradas contra la Guardia Nacional en 2020 sumaron 350. En el 2021 acumularon más de 261 quejas, lo que situaba a ese cuerpo de seguridad entre las 10 instituciones con más quejas por violaciones a derechos humanos.
Violaciones a derechos humanos cometidas por el Ejército en Guerrero
En Amapola. Periodismo transgresor hicimos un recuento de las violaciones a derechos humanos cometidos por el Ejército en Guerrero, desde la Guerra Sucia, hasta uno de los casos emblemáticos, la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, cometidos el 26 y 27 de septiembre del 2014 en Iguala, hechos que demuestran que las violaciones cometidas por militares no paran, lo que cambia es la época.
El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan es un organismo defensor que ha acompañado casos en los que estuvieron involucrados militares, como el del asesinato del nahua Bonfilio Rubio Villegas, originario de Tlatzala, municipio de Tlapa, que fue asesinado por militares mientras viajaba en un autobús en el 2009, y los casos de violación sexual a las Me´phaa, Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú.
Sobre esta situación habló el abogado de Tlachinollan y que acompaña en su defensa a los padres y madres de los 43, Vidulfo Rosales Sierra.
Desde los años 70, finales de los 60, con la llamada Guerra Sucia, explicó, ahí se vio la faceta del Ejército cometiendo “violaciones atroces” a los derechos humanos más elementales, asentados en tratados internacionales que deben respetar la vida y la integridad de las personas.
Entre la gama de violaciones ejercidas por los militares en los sesentas fueron, principalmente, “ejecuciones extrajudiciales”, tortura, desapariciones, señaló el abogado. Y además, hubo un caso que se registró en la Corte Interamericana y fue el parteaguas para documentar estas violaciones, el caso de Rosendo Radilla Pacheco, un líder social de Atoyac, que lucho por mejoras en educación y salud, contra las injusticias y abusos.
Fue desaparecido por militares en 1974.
El caso de Rosendo Radilla fue el que abrió brecha y sentó bases para que se pudiera restringir el fuero militar y se pudieran hacer reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y al Código de Justicia Militar, por ello, ahora, los delitos que comete el Ejército son juzgados por la justicia civil.
Después de estos hechos se construyeron diversos cuarteles militares en el estado y aunque ahora los militares estarían dentro de estas construcciones no se irían de Guerrero, dijo, pero sí disminuyó su presencia en las comunidad y aparentemente las violaciones a derechos humanos, pero volverían a surgir en los años noventa, cuando aparece la guerrilla del Ejército Popular Revolucionario (EPR) y del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI).
El escenario volvió a ser el mismo, torturas, desapariciones, por lo cual surgió una recomendación de la CNDH, que menciona 30 casos donde hubo violaciones a los derechos humanos sobre tortura, incursiones a comunidades, violaciones sexuales cometidos contra mujeres, explicó el defensor de derechos humanos.
El accionar del Ejército en Guerrero se prolongó en distintas partes del estado, en los años de 1998 y 2000 con la masacre de El Charco, donde participó directamente el Ejército, contra una célula del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI).
Fue entonces que suceden los hechos de tortura por militares contra ecologistas que defendían sus recursos naturales en Petatlán, Rodolfo Montiel Flores y Teodoro Cabrera.
Después se cometen las violaciones sexuales contra Valentina Rosendo e Inés Fernández, dentro de un operativo que despliega el Ejercito en comunidades de los municipios de Acatepec y Ayutla de los Libres, porque hay información de que ahí operan grupos insurgentes, y tienen como finalidad “reducir el margen de acción de los grupos insurgentes que operan en esa región”, según informes oficiales del Ejército.
Estos casos se difundieron internacionalmente. Los casos también los retomó la CIDH, y entonces poco se frenó la presencia del Ejército en las comunidades.
En el sexenio del panista, Felipe Calderón Hinojosa, del 2006 al 2012, se constituyó la llamada “guerra contra el narcotráfico”, una supuesta estrategia de esa administración para combatir a los grupos delictivos, que propició que los militares se desplegaran en todos los rincones del país.
En esta época fue asesinado Bonfilio Rubio Villegas, en un retén de militares en Huamuxtitlán. Mientras viajaba en un autobús, supuestamente porque los efectivos creyeron que ahí iban delincuentes.
-¿Entonces se hablaría de que las violaciones por parte del Ejército no cesan, que lo que único que ha cambiado es la época?- se le preguntó al abogado.
Se siguen reditando, han sido diferentes épocas, por diferentes motivos, pero todo el tiempo el Ejército ha cometido violaciones a los derechos humanos, tortura, desaparición, ejecuciones extrajudiciales, de manera selectiva, pero, también masiva como Tlatlaya, Ayotzinapa y El Charco. También de manera selectiva como la Guerra Sucia que iban matando, dos, tres, cuatro, cinco activistas, señaló Rosales.
En el 2000 cambio un poco el discurso con la aplicación de la Ley Federal de Armas, Fuego y Explosivos, pero las violaciones se siguieron cometiendo, insistió el abogado y activista.
Hubo unos pequeños avances en términos de esta materia contra el Ejército, agregó, y esa es la batalla que liberaron organizaciones sociales y de derechos humanos, para acotar el fuero militar, para efecto de que las violaciones de derechos humanos no fueran juzgadas por tribunales e instancias militares, y se logró, no en México, pero si por los casos que fueron llevado a la Corte Interamericana.
La realidad es que el Ejército es un poder dentro de los poderes, y que el poder civil tiene que hacer acuerdos con los poderes legalmente establecidos, aunque el Ejército sigue teniendo un poder fuerte en la vida fáctica, es una institución hermética, porque no transparenta y no hay poder que lo obligue a rendir cuentas.
El gobierno de AMLO que prometía un gobierno diferente, no lo es: Micaela Cabañas
La representante de la Oficina Foránea en Guerrero de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Micaela Cabañas, expresó, que la población y se siente atropellada, porque el Ejército fue creado para defender “contra la invasión enemiga” y no para atacarlo.
“Nos sentimos ofendidos, nos sentimos atropellados del nuevo gobierno que pensamos que iba a ser de cambio, a nuestro favor de las organizaciones sociales, civiles, principalmente. Después de haber pasado varios años de violaciones a derechos humanos, pensamos que tal vez si se iban a acabar (las violaciones del Ejército) o por lo menos no iba a ser tan dura la estocada, pero definitivamente al parecer es todavía más agresivo en contra de nosotros”, expresó la también hija del ex tinto guerrillero y fundador del Partido de los Pobres (PDLP).
Resaltó que el papel del Ejército fue de violaciones a la población civil, durante la guerra sucia, y que es doloroso saber que en la actualidad se repite y se están dando cargos públicos a quienes traen escuela de represión.
Se pregunta si realmente han cambiado las condiciones y por qué el gobierno en lugar de proteger, arremete contra el pueblo.
Pero hay una esperanza, dijo, porque ahora hay instituciones de derechos humanos y es un organismo de amparo que hace sobrepeso, aunque sigue habiendo violaciones, porque la formación y la escuela del Ejército se repite.
“El maestro Lucio Cabañas Barrientos fue uno de los primeros defensores de derechos humanos en aquel entonces cuando no había protección, pero protegía a su pueblo, a los maestros, a los padres y les enseñaba una mejor idea en su entorno, pero en la actualidad todo lo que hemos pasado la familia Cabañas, he tenido que caminar tanto, he sido víctima tantas veces pero hoy me honra decir que soy sobreviviente, que estoy en una institución para defender el pueblo”, consideró.
Es la primera confrontación de esta dimensión entre el gobierno de la 4T en Guerrero y la Normal Rural de Ayotzinapa
Texto: Amapola Periodismo
Fotografía: Oscar Guerrero
3 de febrero de 2022
Chilpancingo
Estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa se enfrentaron con elementos de la Guardia Nacional y la policía estatal, luego de que las agrupaciones policiacas evitaran que los estudiantes entregaran volantes sobre su movimiento, que entre otros puntos demanda la presentación con vida de sus 43 compañeros desarecidos en Iguala y que tomaran los módulos de cobro de la caseta de Palo Blanco de la autopista del Sol.
El saldo de esta confrontación fue de al menos una decena de heridos. Durante casi una hora la autopista del Sol lució como un campo de batalla. Los normalistas lanzaron petardos y piedras, mientras que los policías con equipo antimotín y pistolas de gas lacrimógeno disparaban para dispersar la manifestación.
Sobre los heridos, cinco eran de la Guardia Nacional y cinco por parte de los normalistas.
Cuando los estudiantes se retiraban, detuvieron un tráiler, bajaron al conductor pusieron la palanca de velocidades en neutral y dejaron que se desplazara y se estrellara en una caseta de información turística dejando daños materiales.
Hasta las 14 horas, los más de 500 elementos de la Guardia Nacional y Policía Estatal mantenían cerrada la caseta en tanto que los normalistas se retiraron en seis autobuses a las instalaciones de la escuela, en Tixtla.
A su paso por el punto conocido como el Parador del Marqués de la misma vía de cuota, a la salida de Chilpancingo, los normalistas lanzaron un petardo, de acuerdo a versiones de un automovilista que circulaba por esa vía, a una patrulla de la Guardia Nacional.
A la protesta acudieron organizaciones sociales en respaldo de los normalistas, que también exigen mejoras para su escuela rural ubicada en el municipio de Tixtla y que hasta el momento las autoridades no les han cumplido.
Estos hechos se dan, un día después de que la gobernadora Evelyn Salgado Pineda anunciara el operativo para resguardar las casetas ante la toma de éstas por parte de los normalistas para continuar financiando las acciones de sus exigencias de justicia de justicia.
Durante al menos tres horas ese tramo, el kilómetro 20 de la autopista del Sol, mantenía el tránsito lento.
Acivistas condenaron los hechos y que la Guardia Nacional sea empleada para estos fines.
