Militares archivos

Protestan por los 43 en zonas militares y FGR ejecuta aprehensión contra mandos del Ejército

Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Oscar Guerrero

Chilpancingo

El subsecretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía Berdeja, informó que hay cuatro órdenes de aprehensión contra militares implicados en el caso Ayotzinapa, de las cuales tres ya fueron ejecutadas.

Uno de los militares detenidos es quien en 2014 fue el comandante del 27 Batallón de Infantería en la ciudad de Iguala, lugar donde el 26 de septiembre de 2014 elementos del Ejército, Policía Estatal, Federal y Municipal, en colusión con el grupo criminal Guerreros Unidos desaparecieron a 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.

Mejía Berdeja dijo que derivado del informe de la Comisión Especial para el Acceso a la Verdad y Justicia del Caso Ayotzinapa fue que se liberaron las órdenes de aprehensión contra cuatro elementos del Ejército.

Aunque Mejía Berdeja no reveló los nombres de los detenidos, el informe de la Comisión de la Verdad del Caso Ayotzinapa menciona al coronel José Rodríguez Pérez como el comandante del 27 Batallón de Infantería en 2014.

En dicho informe señalaron a Rodríguez Pérez de ser aliado de Guerreros Unidos y de ordenar asesinar a seis estudiantes normalistas privados de su libertad en una bodega cerca de la ciudad de Iguala.

También lo acusaron de ser el responsable de borrar todas las evidencias de las escenas del crimen.

Además de las órdenes de aprehensión contra elementos del Ejército, Mejia Berdeja informó que el Ministerio Público federal emitirá un amparo en contra de la resolución del juez que exoneró a José Luis Abarca Velázquez del caso Ayotzinapa y de otras 19 personas relacionadas con el caso.

“Se impugnará la resolución del juez para que José Luis Abarca y los otros 19 implicados no queden libres”, mencionó Mejía Berdeja durante su participación en la conferencia matutina presidencial.

Además de la impugnación, la Secretaría de Gobernación interpondrá una queja ante el Consejo de la Judicatura Federal en contra del juez federal de Tamaulipas que exoneró a Abarca Velázquez y a 19 personas más.

Pobladores de Acapulco retuvieron dos horas a militares y a Guardia Nacional por cometer abusos

Texto: Jesús guerrero

Fotografía: Especial

Chilpancingo

Habitantes de la comunidad de La Venta, municipio de Acapulco, retuvieron este martes dos horas a elementos del Ejército y de la Guardia Nacional (GN) en protesta por supuestos abusos que cometen contra la ciudadanía.

En videos difundidos en las redes sociales se observó que en una de las calles principales de La Venta había vehículos atravesados impidiendo el paso a las unidades en que se transportan los militares y los guardias.

Los habitantes del lugar, ubicado a la salida del puerto en dirección hacia Chilpancingo, denunciaron que en los patrullajes que realizan las fuerzas federales abusan de la ciudadanía con el uso de su fuerza.

Poco antes de las once de la mañana, los soldados y agentesse dirigían hacia la salida del pueblo cuando fueron interceptados por los pobladores.

Los vecinos acusaron a los elementos institucionales de haber detenido y golpeado a tres jóvenes de la comunidad esta misma madrugada.

Durante el diálogo en el que participó el comisario de La Venta, los mandos militares aceptaron que los soldados agredieron a los tres jóvenes y que serán cambiados de esa zona.

Pero, al final, los habitantes aceptaron que los militares y la GN continúen patrullando las calles de la comunidad.

En este año ya son tres veces que elementos de las fuerzas federales son retenidos por pobladores de distintos municipios.

El 16 de febrero pasado, en la cabecera municipal de Quechultenango, zona Centro del estado, militares fueron retenidos por más de seis horas por unos 200 pobladores que exigían su salida por supuestos abusos que han cometido contra la ciudadanía.

El pasado 7 de junio, habitantes de la comunidad de Petaquillas, perteneciente al municipio de Chilpancingo, retuvieron más de 10 horas a 50 militares, agentes de la Guardia Nacional, policías estatales y a dos funcionarios del gobierno del estado.

Quechultenango y Petaquillas, ambas de un mismo corredor, son lugares donde realizan sus actividades delictivas el grupo criminal de Los Ardillos, de acuerdo con la Fiscalía General del Estado (FGE). Es decir que autoridades estatales tienen clara la presencia criminal, sin dar resultados para erradicarla.

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Familiares de desaparecidos rechazan que militares represores sean glorificados

Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Oscar Guerrero

Chilpancingo

Colectivos de víctimas de familiares de personas desaparecidas durante la década de los setentas pidieron al secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval González, se retracte de su propuesta, que tiene la venia presidencial, de colocar en letras de oro a los militares abatidos en combate durante el periodo conocido como guerra sucia.

En conferencia de prensa, este martes los representantes de los colectivos hicieron un pronunciamiento dirigido a Sandoval González para, entre otras cosas, desista y pida disculpas por lo dicho el pasado 22 de junio durante el inicio de actividades conjuntas entre la Comisión de la Verdad (Comverdad), y el Ejército para abrir sus cuarteles y archivos.

Sandoval González dijo en esa ocasión que los militares caídos en aquella etapa serán homenajeados.

“Es un agravio y una ofensa para las victimas enaltecer a los perpetradores como si fueran héroes nacionales”, mencionó Octaviano Gervasio Benítez, representante del Colectivo de grupos de desaparecidos de la guerra sucia.

“Por eso pedimos al secretario se retracte de su propuesta de enaltecer a los perpetradores”.

Además de la petición de que el secretario se retracte, los colectivos piden al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y al subsecretario de Gobernación y presidente de la Comverdad, Alejandro Encinas Rodríguez, una serie de peticiones que garantice a las víctimas y familiares un acceso pleno a la justicia.

Los colectivos pidieron que a los trabajos de la Comverdad se sume la Secretaría de Marina (Semar), para que explique el tema de los vuelos de la muerte, donde supuestamente a través de aviones tiraron en el mar a activistas desaparecidos desde entonces.

También pidieron incluir a la Fiscalía General de la República (FGR), para comenzar a judicializar los casos y después la creación de una Fiscalía Especial para los casos sucedidos durante la guerra sucia y poder enjuiciar a los perpetradores y que las entrevistas a los perpetradores sean realizadas por ministerios públicos y no por historiadores.

“Hasta que cada perpetrador sea presentado a la justicia vamos a estar en paz, ya basta de actos protocolarios que fomentan la impunidad“, mencionó Gervasio Benítez quien comentó que su padre fue desaparecido por el Ejército durante la guerra sucia en Atoyac.

Los colectivos también denunciaron el enfoque que la Comverdad a las investigaciones y anunciaron que ellos no quieren un informe o un libro, como pretenden, lo que piden es castigo a los culpables.

De acuerdo con datos de la Comisión Nacional de Derechos Humano (CNDH), las victimas directas durante la guerra sucia ascienden a 542 personas, pero los colectivos dijeron que a través de sus propias indagatorias ellos contabilizan alrededor de 1,200.

A tres años del gobierno de López Obrador, los colectivos piden justicia y concluyeron que la ola de violencia y desapariciones que generan los grupos del crimen organizado se debe a que sucesos como la guerra sucia continúan impunes.

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Guerrero: Tiempos violentos

Texto: Amapola Periodismo

Chilpancingo

Una serie de imágenes que captó ayer miércoles con su cámara el fotorreportero Óscar Guerrero refleja la realidad que vive Guerrero que se parece en mucho a la de otros estados del país en donde la violencia está imparable.

La primera gráfica muestra a dos soldados del Ejército que realizan labores de vigilancia a plena luz del día en la plaza central Primer Congreso de Anáhuac, en el centro de Chilpancingo, la capital del estado.

En esta ciudad desde hace tres semanas sus habitantes viven otra oleada de violencia. Van 11 asesinatos, seis vehículos incendiados y durante tres días los vendedores de pollos cerraron sus establecimientos después de que tres distribuidores con cinco de sus trabajadores fueron asesinados por hombres armados, dos en el mercado central Baltazar R. Leyva Mancilla y seis en una granja en la comunidad vecina de Petaquillas.

Después de las diez de la noche, las calles del centro de Chilpancingo lucen desoladas y los transportistas han suspendido el servicio nocturno.

Hace diez días llegaron a Chilpancingo cien elementos de la Marina para patrullar las calles.

Otra imagen captada por Guerrero Ramírez, es la de una mujer que salió huyendo de Chilapa derivado de la desaparición de su hijo, un chofer de una camioneta Urvan de transporte público que hoy jueves cumple cuatro meses de haber sido privado de su libertad por tres hombres armados en aquella localidad.

Doña María Engracia Guerrero López, madre de Jesús Antonio Moyao Guerrero y su familia tuvieron que salir para no ser atacados, y son revictimizados por la Fiscalía General de Justicia y peor aún, los intimidan para que dejen de buscar a su desaparecido.

Ella hizo la denuncia, el 24 de febrero de este año, y hasta ocho días después la Fiscalía publicó la ficha de búsqueda. Pero las autoridades ni buscan a Jesús Antonio ni mucho menos detienen a los que se presume son los responsables.

Desde hace casi una década Chilapa se ha convertido en una zona de violencia con asesinatos, desapariciones y secuestros. Van más de ocho operaciones de fuerzas de seguridad federal y estatal del 2014 a la fecha, y la situación sigue igual.

Este martes, un grupo de reporteros que cubrían una conferencia de prensa con líderes de la policía comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias Pueblos Fundadores (Crac-Pf) quedaron atrapados en una balacera que estas autodefensas protagonizaron con integrantes de un grupo delictivo en el cerro de la comunidad de Tula, que está a menos de 60 minutos de la cabecera municipal de Chilapa.

Otras imágenes que captó Guerrero Ramírez, es la de una protesta que realizaron policías estatales en una de las laterales de la autopista del Sol para exigir al gobierno de la morenista Evelyn Salgado Pineda que acate la resolución de un juez federal que ordena su reinstalación.

Los más de cien agentes fueron despedidos en el 2017 por el gobierno del priísta Héctor Astudillo Flores por realizar protestas en demanda de uniformes, patrullas, armamento, pago de bono, viáticos y que se les aumentara el monto económico del seguro de vida.

Ayer, el grupo de agentes iban a ser desalojados por sus propios compañeros en la autopista.

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Ejército y Guardia Nacional aseguran vehículos y tres tigres en Quechultenango

Fue un operativo que se realizó días antes de que los militares fueran retenidos y expulsados

Texto: Amapola Periodismo

Fotografía: Especial

17 de febrero del 2022

Chilpancingo

Días antes que pobladores de Quechultenango expulsaran a 50 militares y 20 agentes ministeriales estatales, la Fiscalía General dió a conocer que en un operativo realizado en este municipio aseguró tres tigres, once vehículos y la detención de un individuo.

En este operativo en el que participaron efectivos del Ejército y Guardia Nacional y que la Fiscalía no precisa el día que lo realizó, se aseguraron cinco inmuebles donde había autopartes en la comunidad de

Tlanicuilulco que está ubicada a 40 minutos de la cabecera municipal de Quechultenango.

En un cateo que se realizó en la calle Libertad, en Quechultenango se aseguró un arma de uso exclusivo del Ejército y Fuerza Aérea además de 28 kilos de hierba seca parecida a la marihuana.

También fue detenida una persona que ya fue puesta a disposición de las autoridades.

La Fiscalía señala que seguirá con las investigaciones para lograr la detención de los responsables.

El operativo en el que el Ejército y la Guardia Nacional realizaron cateos y aseguraron un arma, marihuana y vehículos, fue realizado el pasado domingo 13 de febrero.

Pobladores liberan a militares en Quechultenango

Entre los acuerdos con el Ejército, los habitantes lograron que se libere al doctor del pueblo detenido por presuntamente portar un arma de grueso calibre

Texto y fotografía: Amapola Periodismo

17 de febrero del 2022

Chilpancingo

Con la condición de que las autoridades y pobladores serán avisados de los operativos que realice el Ejército Mexicano y la liberación de un médico que fue detenido, fueron liberados elementos del Ejército Mexicano y un grupo de agentes ministeriales en la localidad de Quechultenango.

Los 50 militares y 20 agentes fueron retenidos por pobladores de esta comunidad desde la tarde de ayer miércoles hasta las 12 de la noche.

En el acuerdo que se estableció entre los habitantes con el comandante de la 35 Zona Militar con sede en Chilpancingo, Enrique Martínez López, el secretario de Seguridad Pública Estatal, Evelio Gómez Méndez, el director de Gobernación, Francisco Rodríguez y el subsecretario de asuntos políticos del estado, Óscar Chávez es de que hoy jueves sea liberado el médico del pueblo, Jesús Flores.

Florea fue detenido por presuntamente portar un arma de grueso calibre.

«Déjenos trabajar, no queremos que pasen hechos como los registrados en la comunidad de Buenavista de la Salud (municipio de Chilpancingo), les dijo el jefe de la 35 Zona Militar, Enrique Martínez López.

Esto en referencia a lo que ocurrió el pasado 26 de enero en la noche cuando policías comunitarios de Buenavista se enfrentaron a tiros contra un grupo de civiles armados dejando un saldo de seis muertos.

Los habitantes de esta comunidad y familiares de los cuatro policías comunitarios muertos acusan a integrantes del grupo delictivo de «Los Ardillos» los que atacaron a los guardias civiles cuando estaban en la comandancia.

Esta organización delictiva, señalan informes de la Fiscalía General de la República (FGR) está afincada en esta zona de Quechultenango.

Después de los acuerdos, los militares fueron liberados, además se les entregó sus teléfonos celulares.

«A nadie se le golpeo», dijo uno de los pobladores durante el diálogo con el comandante de la 35 Zona Militar y el secretario de Seguridad Pública estatal.

Uno de los pobladores les dijo a las autoridades que en Quechultenango es la propia ciudadanía la realiza las tareas de seguridad además de que hay policía comunitaria.

«Mejor vigilen a Chilpancingo e Iguala en donde un día hay un muerto y otro día también», señaló.

Denunció que es tan grave la inseguridad en Chilpancingo que campesinos de comunidad de Quechultenango que acuden a esta capital del estado a vender sus productos del campo tienen que pagar una cuota diaria a la delincuencia.

«Hagan su tarea allá en Chilpancingo, aquí hay paz», dijo uno de los habitantes.

En la reunión también estuvo el alcalde del municipio de Quechultenango, Crisóforo García.

Después de los acuerdos, los pobladores desbloquearon la principal calle de esta comunidad y dejaron en libertad a los militares y agentes ministeriales.

Al final, uno de los ministeriales reclamó el regreso de su teléfono celular y su computadora laptop y que al parecer ninguno de estos aparatos se le regresaron.

Los pobladores y autoridades de las comunidades de Quechultenango y de Mochitlán retuvieron a las fuerzas de seguridad para frenar sus operativos que desde hace cuatro días están realizando en esa zona que comunica a Chilapa y Atlixtac.

Habitantes de Quechultenango retienen a Ejército y a ministeriales

Texto y fotografía: Amapola Periodismo

16 de febrero del 2022

Chilpancingo

Pobladores de Quechultenango mantenían retenidos hasta esta noche del miércoles a elementos del Ejército Mexicano y un grupo de agentes ministeriales que ingresaron a esta zona para iniciar un operativo de seguridad.

Durante la tarde de este miércoles, unas 200 personas que se congregaron en la entrada de esta comunidad que es la cabecera del municipio de Quechultenango mostraban pancartas en donde se leían consignas contra el Ejército Mexicano.

Mujeres, jóvenes y personas de avanzada edad cerraron la vía principal de esta localidad.

«Queremos la paz», «no al Ejército», gritaba un hombre que dirigía al contingente de alrededor de unas 200 personas.

El cierre de la vía empezó durante la tarde y hasta en la noche de este miércoles seguían en ese sitio los pobladores.

«Aquí no hay asesinatos, no hay mujeres violadas, que manden al Ejército a Acapulco a Chilpancingo, aquí vivimos en paz», dijo el individuo corpulento que vestía playera gris y una gorra negra.

Posteriormente los habitantes se dirigieron hacia los militares que estaban concentrados en el centro de la localidad a quienes los obligaron a retirarse de ese sitio.

Después los pobladores rodearon a los militares en espera de que acuda a esta localidad el Secretario General de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez.

Durante el ríspido desencuentro entre los pobladores y los militares, una señora acusó a un agente ministerial de cometer una serie de abusos contra la ciudadanía.

«Váyanse de aquí, aquí nadie los quiere», le gritó la señora a los soldados.

El domingo 13 de febrero, el Ejército Mexicano y Guardia Nacional desplegó un operativo en esta zona donde opera un grupo delictivo.

El operativo incluye los municipios de Quechultenango, Chilapa y Atlixtac.
Pero a tres días de que inició este despliegue militar y de policías ministeriales, los pobladores se organizaron y este miércoles exigieron la salida del Ejército.

Hasta las 9 de la noche, los habitantes mantenían retenidos a los soldados.
Llegó a esta demarcación el subsecretario de Asuntos Políticos, Óscar Chávez y el Director de Gobernación estatal, Francisco Rodríguez.

Los inconformes exigen que acuda el Secretario General de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez.

Más de una decena de reporteros que acudieron a realizar la cobertura se encuentran en el lugar y no pueden salir porque la situación está tensa.