Los retenían por el fallecimiento de un joven al que atropellaron
Texto: Amapola Periodismo
Fotografía: Captura de pantalla video en vivo
Chilpancingo
Elementos del Ejército dispararon al aire y al suelo para ahuyentar a un grupo de ciudadanos que los tenía retenidos en una calle del centro de Arcelia en protesta porque una patrulla militar atropelló a un joven que posteriormente murió en una clínica de Ciudad Altamirano, en la región de la Tierra Caliente.
«Lárguense», «no se acerquen», se escucha la advertencia de un militar cuando varios hombres se les acercan con insultos.
En una transmisión en vivo que se difundió en las redes sociales, se ve cuando los soldados accionan sus armas al piso y con el rifle en mano avanzan por la calle y disparan a un camión materialista que la gente lo utilizó para cerrar la calle y retenerlos.
Estos hechos se generaron después que en la comunidad de Cuauhlotitlán, municipio de Tlachapa, los militares atropellaron con su unidad al joven Miguel Ángel, quien debido a la gravedad de sus heridas fue trasladado a una clínica particular en Arcelia para recibir atención.
Los familiares, ciudadanos y algunos transportistas cerraron la calle Ignacio Manuel Altamirano en el centro de Arcelia, para retener a los militares.
En una conversación que tienen los militares con una familiar del joven lesionado le dicen que éste llevaba un bote que contenía supuesta marihuana y un cigarro electrónico.
«Ustedes no se van a ir de aquí hasta que la persona que atropellaron se cure y sean castigados los responsables», advirtió a los militares la mujer.
Pero la situación se volvió más tensa cuando se les informó a los manifestantes que Miguel Ángel había fallecido a causa de un traumatismo craneocenfálico.
La gente que permanecía en el bloqueo les gritaba a los militares que se retiraran de Arcelia.
«Aquí ya no van a matar a nadie más», se escuchó el grito de un ciudadano a través de una de las transmisiones en vivo.
Varios de los manifestantes empezaron a acercarse a los militares y a gritarles más.
Fue cuando los militares empezaron a disparar al piso y al aire para que la gente se replegara.
Luego, ya con el paso libre, los militares se retiraron del lugar.
Informes de las autoridades estatales aseguran que en Tierra Caliente operan la Familia Michoacana y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Hace 49 años, el Ejército se lo llevó como guía para buscar un campamento de guerrilleros, después lo mató. Es la octava víctima que será exhumada y probará el terrorismo de Estado
Texto y fotografía: José Miguel Sánchez
17 de septiembre del 2023
Chilpancingo
La mañana del 19 de noviembre de 1974 un grupo de militares tocaron la puerta de José Santos González Rojas, de 26 años, quien se dedicaba junto con sus hermanos a la agricultura y la ganadería en la comunidad serrana de Palos Altos, municipio de San Miguel Totolapan.
Los militares buscaban un guía para, supuestamente, llevarlos a recorrer la zona a buscar un campamento de guerrilleros.
Para ese entonces, ya había caído en combate el líder guerrillero Lucio Cabañas y el Ejército quería exterminar todas las células del Partido de los Pobres.
Era la década de 1970, la llamada guerra sucia estaba en su punto máximo de ebullición, la Sierra guerrerenses fue el campo de batalla entre el Ejército y la guerrilla.
Por ese motivo cientos de elementos del Ejército se desplegaron en Guerrero para enfrentar la guerrilla; dichas operaciones militares dejaron el saldo de cientos de personas desaparecidas, asesinadas, torturadas y pueblos saqueados y miles de desplazados.
Por la violencia ejercida por parte del Ejército, académicos y víctimas piden que este hecho histórico que va de 1960 a 1980 sea conocido como terrorismo de Estado.
Uno de esos pueblos asediados por el Ejército fue Palos Altos, donde una de las víctimas fue Santos González.
«En aquel tiempo no podías decirle que no al Ejército y por eso fue él (Santos González), que con miedo los acompañó para supuestamente ser su guía, pero ya nunca regresó», contó en entrevista Evaristo Tamaquio González, sobrino de Santos, quien se define como hijo de crianza y una de las personas que emprendió la lucha por la justicia.
Familiares de José Santos González exigen justicia, la imagen este 17 de septiembre en Chilpancingo.
Santos González Rojas era habitante de Palos Altos, comunidad serrana de San Miguel Totolapan, en la Tierra Caliente de Guerrero, se dedicaba a la agricultura y la ganadería, por lo que conocía muy bien los alrededores de Palos Altos.
En la Sierra de Guerrero, por las distintas irrupciones ilegales del Ejército la población vivió en constante miedo, «por eso, hasta que vimos que los militares se fueron, salimos a buscar a mi tío», recuerda Tamaquio González.
«Lo cargaban como guía y ya después lo desaparecieron, nosotros como a los ocho días lo fuimos a buscar y lo encontramos muerto y ya en descomposición», agregó.
Por las condiciones en las que hallaron el cadáver de Santos González, a su familia le fue imposible regresar con él, por lo que decidieron enterrarlo en el mismo punto donde lo hallaron.
Fue en el punto conocido como el Cerrito del Águila, a una hora y media de camino de Palos Altos donde hallaron el cadáver y lo enterraron.
Carlos González Marques también sobrino de Santos González emprendió una lucha de 49 años para recuperar los restos de su tío, hacerle justicia y darle un entierro digno.
Una lucha colectiva
Carlos y Evaristo se unieron al Colectivo de Esposas e Hijos de Desaparecidos y Desplazados de la Guerra Sucia, para exigir justicia y castigo a los responsables del asesinato de su tío.
Desde dicho colectivo, decenas de familias piden justicia para las víctimas, por lo que junto con la Asociación Representativa Ejidos y Comunidades Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos y Grupos Vulnerables y la Asociación Cívica Nacional Revoluciones (ACNR) formaron La Unión de Colectivos de Familiares y Víctimas de la Guerra Sucia.
Desde La Unión de Colectivos se interpuso una demanda ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra el Ejército por desaparición forzada.
Resultado de dicha denuncia, la FGR determinó exhumar ocho cadáveres de fosas clandestinas en Los Espadines y Palos Altos, las ubicaciones las obtuvieron a través de las declaraciones de las familias de las ocho personas que vieron cómo el Ejército los asesinó.
Fue así que del 4 al 8 de septiembre, la Unión de Colectivos junto con la FGR, la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP) realizaron la búsqueda de las fosas clandestinas.
Durante las labores de búsqueda hallaron los restos de Gervasio Bernardino Durán, Eduviges Ovillada Ortiz, Bartolo Rojas Nazario, Francisco Rojas Nazario, Pablo Rojas Terán, Apolonio Hernández Bernardino y José Isabel Rojas Bernardino, de 13 años.
La justicia quedó cerca, a tres horas de distancia
De Los Espadines a Palos Altos son tres horas de distancia, y aunque estaba incluido en las labores llegar, el clima y el tiempo impidieron a las autoridades completar los trabajos, por lo que quedaron pendientes de exhumación, los restos de José Santos González Rojas, enterrado cerca del poblado de Palos Altos.
«Estamos en eso, exigiendo justicia y ojalá pronto llegue, estamos un poco tristes y preocupados por no tener todavía a nuestro familiar y darle cristiana sepultura, pero esperemos que ya pronto.
Los otros siete restos fueron hallados en tres fosas clandestinas, dos en Los Espadines, una con tres y la segunda con dos víctimas y una tercera fosa en el lugar conocido como Las Desdichas, del municipio de Ajuchitlán del Progreso, en la Tierra Caliente de Guerrero.
Este mediodía, en conferencia de prensa en las instalaciones de la CDHEG, familiares de estas ocho víctimas, entre hijos, hermanos y sobrinos pidieron a la FGE y al Servicio Médico Forense (Semefo) agilizar las labores de identificación para que lo más pronto posible accedan a los restos de sus familiares y puedan darles sepultura.
«Encontramos los resultados que nosotros queríamos, donde el Ejército mexicano asesinó sin dar ni una explicación, llegaban a los pueblos a masacrar y echar los cuerpos a una fosa clandestina», mencionó Estela Arroyo Castro, coordinadora de la Asociación Representativa de Ejidos, Comunidades, Grupos Vulnerables y Violaciones a los Derechos Humanos (Arecovidh).
Durante las labores de exhumación, el personal de la FGE negó a los familiares observar los trabajos y solo al final, antes que los restos fueran trasladados en helicóptero a Chilpancingo les permitieron verlos durante unos minutos.
A 49 años de los hechos, la familia de Santos Gónzalez pide que se agilicen los trabajos para que las autoridades les entreguen a su familiar.
Los restos de la víctima que faltó podrían ser exhumados después de octubre, terminada la temporada de lluvias.
En la conferencia de prensa, los familiares de las siete víctimas de la guerra sucia desaparecidas y asesinadas presuntamente por elementos del Ejército, exigieron a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero (CDHEG), la identificación inmediata de los restos hallados en la comunidad de Los Espadines, en la Sierra de la Tierra Caliente.
Entre los restos exhumados el viernes 8 de septiembre estaban los de un menor de 13 años. Son víctimas de un periodo marcado por las atrocidades del Ejército contra la población
Texto: Marlén Castro
Fotografía: Especial
Chilpancingo
Los habitantes de Los Espadines, municipio de Ajuchitlán del Progreso, en la región de la Tierra Caliente, oyeron ruidos alrededor del pueblo. Se preocuparon. Eran comunes las incursiones del Ejército en las comunidades de la Sierra en esos años. Era 1967.
Cuatro años atrás, Lucio Cabañas, el líder guerrillero del Partido de los Pobres, había muerto en combate y el Ejército y todas las fuerzas federales se afanaban en exterminar la semilla revolucionara dejada por Cabañas.
Los habitantes de Los Espadines, apenas entre 35 y 40 personas, supieron pronto que los ruidos los hacían soldados y personas con ropas de civil.
Entre la oscuridad, algunos hombres pudieron escapar al monte. No todos corrieron con la misma suerte. Los que seguían ahí a la mañana fueron detenidos, torturados y fusilados.
Los sobrevivientes cuentan que esa noche de 1967 llegaron como 200 elementos del Ejército y otros más vestidos de civil, que usaron armas que descansaban sobre el suelo en tres patitas, desde las que lanzaban balas que destrozaban todo por completo. Se cree que usaron lanza granadas para hacer salir a la gente de sus escondites.
Esta mañana del viernes 8 de septiembre, 56 años después, los restos de cinco hombres de Los Espadines fueron exhumados de la fosa clandestina en la que los enterraron los militares. Los cráneos tienen orificios, lo que confirma la ejecución y el terrorismo de Estado.
Se define como terrorismo de Estado, de acuerdo con las discusiones académicas, a la forma del ejercicio del poder con miras a crear temor generalizado y a efectuar disposiciones represivas, criminales dirigidas contra los ciudadanos que son considerados enemigos del Estado, algunas de las prácticas y métodos utilizados fueron las desapariciones, las torturas y los llamados vuelos de la muerte.
“Alguien los acusó de que eran guerrilleros y por eso el Ejército acabó con ellos”, sostiene Octaviano Gervasio Serrano, presidente del Colectivo de Esposas e Hijos de Desaparecidos y Desplazados de la Guerra Sucia.
Gervasio Serrano, hijo de Octaviano Gervasio Benítez, una persona desaparecida de la década de los sesentas, indica que la exhumación de siete víctimas de la guerra sucia es un hecho histórico, porque se trata de la evidencia de las atrocidades que cometió el gobierno mexicano, cuyo principal brazo ejecutor fue el Ejército.
La fosa clandestina
Después de que sus esposos y padres fueron fusilados y enterrados, las viudas y los huérfanos abandonaron Los Espadines. Algunos se refugiaron en Pie de la Cuesta, otro pueblo de la Sierra, del municipio de Atoyac, de acuerdo con lo que registró el colectivo al que se adhirieron.
Las mujeres y los niños y niñas fueron obligados por los soldados a ver el fusilamiento de los hombres. Fueron amenazados, si hablaban, si denunciaban, si desenterraban a sus familiares, les pasaría lo mismo. Así que se fueron de Los Espadines pero siempre supieron dónde estaban enterrados.
“A pesar de que ya habían pasado muchos años, tenían mucho miedo de hablar”, dice Gervasio Serrano, quien se hizo abogado para hacerse de herramientas jurídicas en su lucha.
Los Espadines ahora sólo son coordenadas. El tiempo borró por completo sus casas. Ahora todo es un terreno en el que los vecinos siembran maíz.
A las familias les llevó 55 años para animarse a hablar ante una autoridad. Los menores que presenciaron los acontecimientos ahora tienen más de sesenta años y las viudas, sólo sobreviven dos, están entre los 85 y 90 años.
En noviembre del 2022 presentaron su denuncia ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y el 2 diciembre la ratificaron ante la Oficina Especial de Víctimas de la Guerra Sucia.
En abril de este año, se hizo una búsqueda de reconocimiento, a partir de los testimonios de las víctimas y, finalmente, el lunes 4 de septiembre comenzaron las labores para exhumar los restos humanos.
En Los Espadines identificaron dos puntos, cada uno, resultó ser una fosa. En una hallaron a tres personas y en la segunda a dos.
Junto con la denuncia de los sobrevivientes de la matanza de Los Espadines, también hablaron los familiares de dos víctimas en el lugar conocido como Las Desdichas y de otra más, en el punto conocido como El Cerrito del águila, pequeñas poblaciones del municipio de Ajuchitlán del Progreso.
Entre el 4 y el 8 de septiembre, personal de la Fiscalía Especializada para la Investigación, Persecución, de los Delitos en Materia de Desaparición Forzada de Personas de la Fiscalía General de la República (FGR) trabajaron en tareas para llevar a cabo la exhumación y este viernes anunciaron el hallazgo de los restos de siete víctimas. Falta uno más por localizar.
Las víctimas
Los restos exhumados pertenecen a Bartolo Rojas Nazario, Francisco Rojas Nazario, Gervasio Bernardino Román, Eduardo Oviada Ortiz, Apolonio Hernández Bernardino, José Isabel Rojas Bernardino, y el niño Pablo Rojas Terán, que tenía 13 años y era hijo de Francisco Rojas.
Los cadáveres, de acuerdo con lo que informaron a Estela Arroyo Castro, coordinadora de la Asociación Representativa de Ejidos, Comunidades, Grupos Vulnerables y Violaciones a los Derechos Humanos (Arecovidh), organización a la que pertenecen las víctimas, fueron trasladados en helicóptero a Chilpancingo por elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE).
Aun cuando es su derecho, el personal de la Fiscalía Especializada negó el acceso de los familiares al momento de que exhumaron los restos, supuestamente por la lluvia y sólo les permitieron verlos durante un par de minutos.
Arroyo Castro indicó que los restos de la víctima que faltaron, podrían ser exhumados hasta noviembre, después de las lluvias.
El Ejército “calladito”
Gervasio Serrano señala que las fechas de presentación de la denuncia, de ratificación y del inicio de los trabajos de reconocimiento y el hallazgo final de los restos de las víctimas hacen suponer que fue un proceso fácil, pero no lo fue.
Las víctimas y las organizaciones de personas desaparecidas presionaron al Estado a hacer las búsquedas, protestaron dos veces en la zona militar y denunciaron ante los medios la dilación y la omisión como estrategia del Estado para evitar llegar a este momento.
“Este es un hecho histórico, único, es la prueba de las atrocidades que cometió el Ejército, son sus víctimas. A ver. Este es un logro y no hay un comunicado del gobierno diciendo que hallaron los restos de víctimas. No lo hay ninguna información a la población ni del gobierno, ni del Ejército. El Ejército está calladito”.
El Congreso local tiene una inscripción más en letras doradas desde este 4 de septiembre, razón por la cual el Poder Legislativo sesionó hoy de forma solemne y recibió en sus graderías a militares de grado y de tropa, quienes fueron testigos de la develación para reconocer el papel del Heroico Colegio Militar en la vida pública del país.
Debido a que se tenía prevista la presencia del secretario de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Crescencio Sandoval, el recinto legislativo fue cercado con vallas desde las ocho de la mañana, aunque la sesión fue programada para las 10:30 horas del día.
La gobernadora Evelyn Salgado Pineda y su gabinete estuvo presente en esta sesión solemne, presidida por la petista Leticia Mosso Hernández, a la que acudió el director del Heroico Colegio Militar, Jorge Antonio Maldonado Guevara y el comandante de la Novena Región Militar, Ricardo Flores González.
Además de la sesión pública y solemne para inscribir en el muro de honor 2023 año del Bicentenario del Heroico Colegio Militar, se instaló este día el primer periodo ordinario del tercer año de ejercicio constitucional de la sexagésima tercera Legislatura.
La sesión solemne tuvo tres oradores. La presidenta de la Mesa Directiva, la gobernadora Evelyn Salgado y el director del Heroico Colegio Militar. La gobernadora destacó que la inscripción con letras doradas en el muro de honor era un reflejo del agradecimiento que el pueblo de Guerrero le tiene al Colegio Militar. Recordó el papel que juegan las fuerzas armadas en la vida pública de México, por ejemplo, durante las emergencias ante eventos naturales.
Maldonado Guevara destacó el lugar que ocupa Guerrero en la vida nacional por los hechos históricos que aquí se presentaron como la declaración de Los Sentimientos de la Nación y el nacimiento de Vicente Guerrero.
Aseguró que la frase Mi patria es Primero es la guía en la que los militares basan su actuación.
A los 10 años Antolina Rojas Bernardino vio cómo el Ejército irrumpió en su pueblo, asesinó a cinco personas, entre ellas su padre. 56 años después, Antolina y parientes de las otras víctimas exigen que los restos sean exhumados de la fosa donde después supieron los enterraron, también que les garanticen justicia y un lugar digno para sepultar a sus familiares.
Era la mañana del 20 de diciembre de 1967 en Los Espadines, comunidad serrana de Ajuchitlán del Progreso, en la Tierra Caliente de Guerrero, cuando un centenar de elementos del Ejército irrumpió en el pueblo y con violencia entró a las casas y sacó a los hombres. No existía ninguna orden judicial para catear las viviendas.
«No sabemos por qué hicieron eso, los gallos ni siquiera cantaban cuando llegó el Ejército y como locos comenzaron a disparar, yo no estaba muy conciente en ese entonces, no entendía qué pasaba pero sé lo que vi», contó Antolina.
En esa irrupción del Ejército, el padre de Antolina, Bartolo Rojas Nazario, fue víctima de desaparición forzada y supieron, por testimonio de otros pobladores, que fue asesinado y enterrado en una fosa clandestina cerca de la comunidad junto con otras cuatro personas, entre ellas una menor de 14 años.
56 años después de esos hechos, las familias de los desaparecidos no entienden el actuar del Ejército aquella mañana de 1967.
«Nadie sabía qué pasaba, mi papá era ganadero, tenías vacas y chivos y de eso vivíamos, él no estaba metido en otra cosa y sin embargo fue desaparecido y asesinado», dijo Antolina
En la historia mexicana, el periodo comprendido entre 1960 y 1990 es conocido como guerra sucia, otros autores la denominan como terrorismo de Estado, por el alto nivel de violencia extrajudicial que vivieron miles de personas como parte de una estrategia contrairsugente que pretendía acabar con movimientos sociales de izquierda, tantos pacíficos, como guerrilleros, ya fuera en zonas urbanas o rurales.
Este periodo de 30 años dejó un número desconocido de muertos y desaparecidos en México; las denuncias recibidas por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) relacionadas con crímenes de Estado asciende a 327 víctimas en todo el país, dato rebasado por las cifras de los colectivos de víctimas y familiares.
Tan sólo la Unión de Colectivos de Familiares y Víctimas de la Guerra Sucia, que aglutina a tres organizaciones, tiene un registro de 800 personas desaparecidas en Guerrero en ese periodo.
En Guerrero, la brutalidad de la guerra sucia fue porque el Ejército buscaba por toda la zona serrana a los guerrilleros Lucio Cabañas Barriendo y Genaro Vázquez Rojas, quienes a través de la Partido de los Pobres y de la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria (ACNR), respectivamente, se levantaron en armas y se opusieron al régimen autoritario de la época.
La mañana del 20 de noviembre de 1967, el Ejército, en un primer momento, desapareció a cinco personas, entre ellas un menor de 14 años, después los asesinaron y les obligaron a cavar la fosa en la que fueron enterrados sus cadáveres.
«Nomás de repente se soltó la balacera y escuchamos cómo decían, ya mataron a Gervasio, ya mataron a Pablito, y por alguna razón todavía mi papá se salvó y pretendía huir vestido de mujer, pero lo agarraron y lo mataron», dijo Antolina.
Antolina a sus 66 años es parte de la Unión de Colectivos de Familiares y Víctimas de la Guerra Sucia, desde donde exige justicia y castigo para los asesinos de su padre.
Los Espadines, en 1969 era una comunidad alejada de cualquier otra población, para obtener víveres o requerir de algún servicio las personas viajaban por tres días en animales de carga hasta Ajuchitlán del Progreso.
Después de la irrupción armada del Ejército Los Espadines desapareció, su habitantes por miedo a pasar por lo mismo una segunda vez huyeron del lugar y se instalaron en la comunidad de Cuatro Cruces, en el mismo municipio de Ajuchitlán.
En esta misma irrupción armada en Los Espadines fueron desaparecidos y asesinado Francisco Rojas Durán y su hijo de 14 años, Pablo Rojas Terán, quien estudiaba para ser maestro.
La hija de Francisco y hermana de Pablo, Gloria Rojas Peralta reclama justicia por ambos asesinatos.
Gloria Recuerda cómo llegaron los militares y pidieron a toda la población, que no rebasaba los 200 habitantes, formarse en las afueras del pueblo, ahí, frente a todos, asesinaron a cinco personas y jamás les dieron una explicación o justificación a los familiares por esos asesinatos extrajudiciales.
«Ellos (los militares) nos amenazaron y nos pidieron que cavaramos la fosa para enterrar a nuestro familiar», recuerda Gloria, quien aún se le corta la voz al hablar del tema; para ella sigue vigente y es una herida que no cierra, porque no hay un acceso a la justicia y tanto su hermano y padre «no tienen un lugar dónde descansar en paz o nosotros ir a llorarles».
Al no haber ninguna orden judicial o algún certificado de defunción, estas cinco personas asesinadas están en calidad de desaparecidas desde hace 56 años; debido al testimonio de las personas que cavaron la fosas hay una carpeta de investigación para dar con su paradero.
En esta fosa estarían los restos de Gervasio Bernardino Durán, Bartolo Rojas Nazario, Pablo Rojas Terán, Francisco Rojas Nazario y José Santos González Rojas, todos habitantes de Los Espadines y asesinados la mañana del 20 de diciembre del 2023 por elementos del Ejército, de acuerdo con la denuncia de sus mimos familiares.
Integrantes de la Unión de Colectivos de Familiares y Víctimas de la Guerra Sucia, en conferencia de prensa, exigieron la exhumación de ocho cadáveres de víctimas de la guerra sucia de dos fosas clandestinas en la Sierra de Ajuchitlán del Progreso. Fotografía: José Miguel Sánchez
La justicia no llega
El 23 de abril del 2023, el Colectivo de Esposas e Hijos de Desaparecidos y Desplazados de la Guerra Sucia, la Asociación Representativa Ejidos y Comunidades Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos y Grupos Vulnerables y la Asociación Cívica Nacional Revoluciones (ACNR) anunciaron que derivado de una denuncia por desaparición forzada que interpusieron ante la Fiscalía General de la República (FGR) autorizaron la exhumación de ocho cadáveres en dos fosas clandestina ubicadas en la Sierra de Ajuchitlan.
La primera exhumación será en Los Espadines, donde esperan hallar los restos de cinco personas y otras tres más en el Cerro de de las Desdichas, en el ejido de Cuatro Arroyos.
Esta carpeta se integró como parte de los trabajos de la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990.
Para estas familias, la exhumacion serían un paso más para llegar a la justicia que desde hace 56 años no acceden, pero en los últimos dos meses ya fue retrasada tres veces por la Guardia Nacional.
Es por eso que los tres colectivos antes mencionados, aglutinados en La Unión de Colectivos de Familiares y Víctimas de la Guerra Sucia, exigieron en una conferencia de prensa que dieron al mediodía de hoy, que las autoridades agilicen la exhumación de estas ocho personas.
Desde mayo está programado que la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNBP) hiciera la exhumación de estos ocho cadáveres, la cual fue pospuesta en tres ocasiones porque la Guardia Nacional argumentó que no había garantías de seguridad ni lugar dónde dormir durante las labores de búsqueda.
Octaviano Gervacio Serrano, representante legal de la Unión de Colectivos, dijo otros de los pretextos que pusieron las instituciones para no realizar la exhumación de los cadáveres, es que con las lluvias sería más complicado, y que en muchas de las zonas a buscar ahora son terrenos de siembra; quieren que termine la temporada de cosecha, a finales del 2023, para retomar la búsqueda.
«Lo que tememos es que el caso quede en el olvido sin que haya castigo a los responsables», mencionó.
Agregó que la Comisión de la Verdad, tienen en su poder una lista con 300 nombres de militares que participaron en desapariciones forzadas y asesinatos extrajudiciales en Guerrero, y que siguen vivos y están en funciones.
Sobre esos nombres, Gervasio Serrano dijo que pedirán su comparecencia ante los tribunales civiles y se les finquen responsabilidades por violaciones graves a los derechos humanos.
Si la exhumacion de estas ocho personas no se concreta con la CNBP y la Guardia Nacional, la Unión de Colectivos espera buscar apoyo en instancias de derechos humanos federales e internacionales.
«Lo único que pedimos es que las fosas donde están los restos de nuestros familiares puedan ser abiertas y podamos dar una sepultura digna a nuestros padres y hermanos», agregó Antolina.
Familiares de víctimas de la guerra sucia protestan fuera de la 35 zona militar en Chilpancingo, el pasado 19 de febrero del 2023. Foto: Óscar Guerrero (Archivo Amapola periodismo)
Pobladores de una colonia de la comunidad Ocotito, municipio de Chilpancingo, corrieron a un grupo de soldados del Ejército a quienes acusaron de cometer presuntos abusos.
“Ya hicieron su desvergue y todavía quieren venir a pisotearnos; una vez lo hacen, pero otra vez no”, les grita a los militares un hombre que viste playera naranja y de gorra negra.
Estas imágenes corresponden a un video que fue montó en las redes sociales este viernes por la tarde en donde se ve a los soldados y a un grupo de habitantes, algunos armados con palos, de la colonia Vista Hermosa, de Ocotito, ubicada a 30 minutos de distancia de Chilpancingo.
El individuo que les grita a los soldados los acusa de ser los responsables de haber destruido una puerta para ingresar a una vivienda de esta colonia.
“La neta la que la riegan son ustedes, no nosotros”, le dice el hombre a los militares.
“Ya no los queremos aquí, que se vayan del pueblo”, se escucha el grito de una mujer durante la grabación del video que dura dos minutos con 29 segundos.
En el video se ve que a unos 20 militares que después de los insultos que recibieron de pobladores de la comunidad se retiran de la colonia a pie.
Este incidente ocurrió después que este mismo viernes, el comisario y habitantes de esta comunidad impidieron que efectivos del Ejército se llevaran detenidos a dos autodefensas.
El comisario del pueblo, Julio César Almazán Castro, informó que a las cuatro de la mañana de este viernes las fuerzas de seguridad habrían detenido a dos autodefensas y la reacción de la gente fue trasladarse al lugar para impedirlo.
Mencionó que acordaron el cierre de los establecimientos comerciales y la suspensión de clases en las escuelas en esta comunidad.
“Pedimos el cierre de comercios y la suspensión de clases en los centros escolares para no poner en riesgo a la gente y a los niños en caso de que se registrara un enfrentamiento”, dijo el comisario.
“Estamos viviendo un clima de hostigamiento e intimidación por parte del Ejército y Guardia Nacional”, denunció Julio César Almazán.
“No pedimos que se vaya el Ejército, que haga su trabajo pero de la mejor manera, sin hostigar a nuestra gente”, expresó.
Mencionó que estas intimidaciones y hostigamiento que, según él, sufren los habitantes de Ocotito por parte de las fuerzas armadas federales es porque anunciaron que entrara en operaciones otra vez la policía comunitaria.
“La policía comunitaria no va a utilizar armamento de uso exclusivo del Ejército, eso le dijimos al mando militar que está al frente del retén de seguridad”, agregó Almazán Castro.
A través de redes sociales, transportistas de la ruta Chilpancingo- El Ocotito dieron a conocer la suspensión del servicio al público porque, supuestamente, estaría cerrada la carretera federal.
“Nosotros nunca planeamos cerrar la carretera lo que sí pedimos a los dueños de los negocios que cerraran y a los directores de las escuelas suspendieran las actividades académicas”, insistió el comisario.
El desmantelamiento de la policía comunitaria vinculada a la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) en Ocotito ocurrió porque febrero pasado raíz detuvieron a su líder, Deivy Barrientos, en Puebla, acusado de delitos del fuero federal.
El dirigente de ese grupo armado tiene una carpeta de investigación en Guerrero por la autoría intelectual del homicidio del periodista Fredi Román Román, ocurrida en agosto del 2022 en Chilpancingo.
Al menos dos ocasiones, habitantes de Ocotito y seguidores de Barrientos han realizado protestas en Chilpancingo para exigir a las autoridades su liberación.
Después de los incidentes de hoy, en Ocotito prevalece un clima de tensión, aun cuando desde febrero pasado el gobierno instaló un retén de seguridad con elementos del Ejército, Guardia Nacional y Policía Estatal.
Pobladores de Ocotito confrontan a militares después de presuntos cateos e intentar desarmar a civiles armados Foto. Fotograma
Colectivos de víctimas de la guerra sucia realizaron este mediodía una visita a la 35 Zona Militar en Chilpancingo, como parte de las acciones de la Comisión para el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico (Comverdad) para esclarecer las violaciones a los derechos humanos cometidas por el Ejército entre 1960 y 1990.
Al término de la visita los colectivos denunciaron que estas visitas son una simulación, porque, en realidad, no hay ninguna autoridad judicial que haga vinculante las investigaciones de la Comverdad.
El representante legal de los colectivos víctimas de la guerra sucia, Octaviano Gervasio Benítez, solicitó de manera pública una reunión urgente con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, “para establecer acuerdos de trabajo y así poder llegar a la verdad de los hechos, castigo a los responsables que aún viven y lograr tener acceso a una reparación integral del daño en forma justa y adecuada”.
Los colectivos quieren solicitar al presidente la creación urgente de una Fiscalía especial para investigar y darle seguimiento a los testimonios de las víctimas sobre los perpetradores y crímenes de los que fueron objetos.
“Si no interviene el Ministerio Público en las diligencias de inspección que se realizan en los campos militares y demás actos de investigación, para nosotros representan sólo acciones de simulación, impunidad y de burla para las víctimas, ya que para llevar a juicio a los responsables que aún viven se requiere obligatoriamente la intervención de la autoridad ministerial”, menciono Gervasio Bénitez.
Otro tema por el que se están preocupados los colectivos, expusieron, es que por decreto presidencial la Comverdad termina sus trabajos el ultimo día de septiembre del 2024 y, hasta el momento, no ven avances significativos para conocer la verdad de los hechos ni con el paradero final de las víctimas de desaparición forzada.
El 7 de octubre del 2021 entró en vigor el decreto presidencial por el cual se creó la Comverdad. Esta comisión tiene las funciones de investigación, seguimiento, proposición y emisión de informes sobre las violaciones a los derechos humanos cometidas por el Estado mexicano entre 1965 y 1990. Pero para las víctimas su funcionamiento es insuficiente.
“Consideramos que los trabajos de la Comisión han sido casi nulos”, agregó.
Momento en que integrantes de los colectivos de víctimas de la guerra sucia salen de las instalaciones de la 35 Zona Militar en Chilpancingo.
Pobladores y comisarios de 40 comunidades de los municipios de San Miguel Totolapan y Heliodoro Castillo liberaron a 40 elementos del Ejército y 13 policías estatales en la localidad de Puerto Gallo, después de que funcionarios estatales se comprometieron a destinar 10 millones de pesos para la pavimentación y rastrilleo de una carretera que comunica esa zona.
En un comunicado de la Dirección de Comunicación Social del gobierno estatal, el grupo de funcionarios, entre ellos el director de la Comisión de Infraestructura Carretera Aeroportuaria del Estado de Guerrero (Cicaeg), Martín Vega, se comprometieron a atender las demandas de salud, educación y de desarrollo rural.
Desde este lunes a las diez de la mañana, cientos de habitantes y autoridades se instalaron en plantón afuera del cuartel para impedir la salida de los militares y agentes estatales.
Hasta ayer martes arribó a este sitio el grupo de funcionarios para dialogar con los inconformes.
Comisarios de las comunidades denunciaron que desde hace un año el gobierno de la morenista Evelyn Salgado Pineda se comprometió a resolverles una serie de demandas, lo que hasta el momento no ha ocurrido.
Sin embargo, tras la firma de una minuta de acuerdos los pobladores dejaron en libertad a los militares ayer martes en la noche.
Cientos de habitantes encabezados por comisarios de 40 pueblos de los municipios de San Miguel Totolapan y Heliodoro Castillo tienen retenidos desde este lunes en la mañana a elementos del Ejército y policías estatales en una base de operaciones ubicada en la comunidad de Puerto del Gallo para exigir al gobierno obras y que funcionen los centros de salud.
En el interior de las instalaciones están 40 militares y unos 10 policías estatales retenidos.
La gente que tomó las instalaciones advirtió que no van a liberar a los militares y policías hasta que vean que se les de una solución.
«Ya basta que nos estén engañando, nosotros queremos hechos no palabras», dijo uno de los comisarios que participa en la protesta y que fue entrevistado vía telefónica.
Puerto del Gallo, es una comunidad que pertenece al municipio de Heliodoro Castillo y está ubicada en la Sierra.
En los videos que enviaron las autoridades de los pueblos se ven cientos de campesinos que están fuera de la Base de Operaciones Mixtas (BOM).
El comisario quien no proporcionó su nombre por razones de seguridad, contó que desde hace tres años -durante el gobierno del priísta Héctor Astudillo- se firmó una minuta de acuerdos en donde hubo el compromiso de pavimentar la carretera desde Puerto del Gallo hasta Tlacotepec que es la cabecera del municipio de Heliodoro Castillo.
Llegó el gobierno de la morenista Evelyn Salgado Pineda y tampoco ha cumplido con esa minuta de acuerdos.
«Apenas estuvimos en Chilpancingo y nos dijeron que nos darían solución pero no vemos para cuando», dijo.
Contó que tuvieron una reunión con las autoridades de la Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero (Cicaeg) para ver lo de la carretera, de caminos y ramales.
«Ya les dijimos a los militares que no los vamos a dejar salir», dijo el comisario.
Los habitantes y autoridades municipales que participan en la protesta son de las comunidades de Puerto del Gallo, Agua Zarca, Renacimiento, Cueva de Guerrero, Chilpancinguito, Durazno San Vicente, Capulines, Campo Morado, Tejamanil, Las Juntas, Pueblo Viejo, Los Hornos, El Frío, Parrales, El Pinzán, Santa Elena, Bejuco.
«Nuestras carreteras están bien decaídas y ya basta que nos estén engañando», expresó.
Otra de las peticiones que exigen que el gobierno les cumpla a los pobladores es el envío de médicos, reapertura de centros de centros de salud, escuelas, la construcción de un puente y pavimentación de calles.
Pero no es la primera vez que la gente de esta zona de la Sierra toma esta misma Base de Operaciones Mixtas (BOM) en Puerto Gallo para presionar al gobierno.
Por ejemplo, el 31 de mayo del 2019, los pobladores de esta zona de los municipios de Heliodoro Castillo y San Miguel Totolapan retuvieron más de 24 horas a los militares para exigir la entrega del fertilizante y la realización de obras sociales.
Los soldados fueron liberados por los inconformes luego de que las autoridades federales y estatales les llevaron los bultos de fertilizante.
Sin embargo, hay otras peticiones que al igual que son las mismas por las que están luchando desde mayo del 2019.
Hoy como en el 2019, la gente de la Sierra pide la construcción de la carretera Puerto del Gallo-Tlacotepec, caminos, envío de médicos, medicinas, maestros y escuelas.
«Desde hace más de tres años estamos esperando que el gobierno nos dé respuesta y nada soluciona», mencionó el comisario.
Por su parte, el Secretario General de Gobierno, Ludwing Marcial Reynoso Núñez, confirmó que unos 40 militares están retenidos por los pobladores pero que ya se está atendiendo el asunto.
En menos de una semana, han estallado tres conflictos en distintos puntos de la Sierra por diversas demandas por parte de sus habitantes.
El pasado jueves 23 de marzo, en la comunidad de Piedra Concha, del municipio de San Miguel Totolapan, habitantes de 40 comunidades realizaron una asamblea en donde le pidieron al presidente Andrés Manuel López Obrador el envió de Ejército, Guardia Nacional para detener a los integrantes de grupo del crimen organizado de la Familia Michoacana.
Este sábado 25 en una asamblea efectuada en la comunidad de El Balcón del municipio de Ajuchitlán del Progreso, comisarios y habitantes de 114 comunidades pidieron a López Obrador envié a esa zona de la Sierra más elementos del Ejército para frenar a una organización de la delincuencia organizada.
Desde hace décadas las comunidades de la Sierra enfrentan situaciones de pobreza extrema derivado de la falta de atención de las autoridades de los tres niveles de gobierno.
Esta situación ha sido caldo de cultivo para que en esta región permee la inseguridad derivado de los grupos del crimen organizado que tienen vínculos con grupos de poder económico y políticos.
Hasta las 19 horas de este lunes, los dos mil pobladores, según los comisarios de los pueblos, mantenían retenidos a los militares y policías estatales.
Momentos en los que los pobladores de la Sierra informan sobre los militares retenidos. Foto: Cortesía
Familiares de militares y simpatizantes del Ejército se movilizaron en Chilpancingo, Iguala y Atoyac, para demostrar su apoyo a las fuerzas castrenses por las investigaciones que se realizan en Tamaulipas por el asesinato extrajudicial de cinco jóvenes el pasado 27 de febrero.
Está actividad fue una movilización a nivel nacional convocada en redes social bajo el nombre de Yo apoyo a los militares.
En Chilpancingo, a las nueve de la mañana, un grupo de 30 personas se manifestaron en la Plaza Cívica Primer Congreso de Anáhuac, en el centro de Chilpancingo, y posteriormente marcharon a la entrada oriente del 35 Batallón de Infantería.
En las pancartas de los manifestantes se leía «los militares también son pueblo», «a los delicuentes los defienden, pero los militares también tienen derechos».
Esta manifestación se da después de que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, anunció una investigación contra los militares por el asesinato de cinco civiles en Nuevo Laredo, Tamaulipas.
De acuerdo por lo documento por la prensa y organismos de derechos humanos, cinco jóvenes viajaba durante la madrugada del domingo 27 de febrero en una camioneta tipo Pick Up color blanca.
En la colonia Manuel Cavazos Lerma militares les indicaron el alto a los jóvenes y al no detenerse fueron atacados a balazos.
El conductor de la camioneta perdió el control y chocó contra un automóvil estacionado.
Algunos testigos de los hechos aseguran que dos de las víctimas fueron ultimadas con disparos en la nuca cuando estaban tirados sobre el pavimento aún con vida.
En contra de dichas investigaciones fue que esta mañana familiares de militares se manifestaron.
Los manifestantes aclararon que la protesta frente a la zona militar no solamente es en apoyo a los cuatro militares detenidos, «también es en apoyo pleno de todos los integrantes del Ejército Mexicano y no dejaremos de manifestarnos hasta ser escuchados y atendidos por las autoridades correspondientes», mencionó uno de los manifestantes.
Destacaron que son madres, hermanos, familiares y amigos de militares quienes exigen justicia y que intervengan los derechos humanos en defensa de sus familiares, ya que consideran que su detención fue injusta porque actuaron conforme a los reglamentos del Ejército Mexicano y en defensa propia
La mayoría de los manifestantes reconocieron ser familiares de soldados en activo, y «preocupados por la violación de los derechos humanos hacia las fuerzas castrenses y el proteccionismo a delincuentes».
Está movilización se replicó en el 27 Batallón de Infantería ubicado en la ciudad de Iguala, en la zona norte de Guerrero, cuartel señalado participar en los hechos del 26 de septiembre, donde desaparecieron a los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa.
En Iguala, un grupo de aproximadamente 30 personas reclamó la vinculación de 4 soldados en activo del Ejército por los hechos ocurridos en Nuevo Laredo.
La misma actividad de protesta se llevó a cabo en el 109 Batallón, ubicado en la comunidad del Ticuí, municipio de Atoyac de Álvarez, en donde un grupo menor a 10 personas se unió al reclamo de libertad para los cuatro soldados.
A 20 años de la agresión sexual en su contra, cometida por 11 militares, un Juzgado de Distrito dictó una sentencia de 20 años contra uno de sus agresores
Texto: José Miguel Sánchez
Fotografía: Tlachinollan
8 de marzo del 2023
Chilpancingo
El 21 de marzo del 2002 un grupo de 11 militares que irrumpieron en Barranca Tecoani, comunidad me’phaa en Ayutla de los Libres, y agredieron de manera sexual a Inés Fernández Ortega. A 20 años de los hechos un Juzgado de Distrito dictó una sentencia de 20 años contra uno de sus agresores, Hugo Humberto García de León.
En conferencia de prensa, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro (CentroProh), dieron a conocer que la sentencia fue dictada por el Tribunal Segundo de Distrito con sede en Acapulco, el 1 de marzo de 2023.
Inés tenía 25 años. Era 22 de marzo del 2002. Estaba en su casa con sus cuatro hijos, en la comunidad de Barranca Tecuani, cuando 11 militares armados ingresaron a su casa. Todos ellos participaron en la agresión sexual.
De acuerdo con una ficha técnica del informe de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corteidh): los hechos ocurrieron de la siguiente manera: uno de los militares la tomó de las manos y le apunto con su arma, le ordenó que se tirara al suelo.
Una vez en el suelo, otro militar con una mano tomó sus manos y la “violó sexualmente mientras otros dos militares miraban”
Después Inés acudió al Ministerio Público (MP) de Ayutla de Libres para interponer la denuncia; caminó ocho horas para llegar.
“Al llegar no me tomaron en cuenta porque hablaba en mi lengua (me’paa) y no había algún traductor disponible”, contó Inés, a través de su interprete, durante la conferencia de prensa.
Tardó tres días para interponer la denuncia; nadie de su comunidad la apoyó por miedo a los militares.
Desde que interpuso la denuncia, el 24 de marzo de 2002, Inés vivió malos tratos en el proceso, incluida la corroboración de la agresión sexual.
Ningún habitante de Barranca Tecuani quería hacerle frente a los militares, “les tenían miedo porque ellos llegaban y de la nada, con armas, cortaban nuestros plantíos de maíz”, recuerda Inés.
Dos meses después de que interpusiera su denuncia, el MP local se declaró incompetente para continuar con la investigación –por la acusación contra miembros del Ejército– y mandó el expediente al Ministerio Público Militar de la 35 Zona Militar
Inés, con el apoyo de Tlachinollan, interpuso una serie de recursos legales a nivel internacional a fin de investigar y sancionar a los responsables de los hechos.
La denuncia fue interpuesta ante la Corteidh en junio del 2004. Para 2010 emitió una condena contra México “por la tortura sexual de Inés, cometida por soldados del Ejército” y clasificó el delito como una grave violación de derechos humanos.
Entre las recomendaciones de la Corteidh al Estado mexicano estaba la reparación del daño, una disculpa pública y llevar ante la justicia a sus agresores.
La disculpa pública la obtuvo el 6 de abril del 2012 por parte del entonces secretario de Gobernación federal, Alejandro Poire Romero, en un acto público en la cabecera de Ayutla de los Libres, Guerrero.
Como parte de la reparación del daño construyeron un centro de ayuda para mujeres, donde dan acompañamiento a mujeres de pueblos originarios que sufren algún tipo de violencia de género.
La justicia, considera Inés, aún no le es garantizada, de los 11 militares que la agredieron sexualmente, sólo uno tiene una sentencia condenatoria por 20 años, 20 años después de los hechos.
“Aún así, por la sentencia que hoy se presenta en contra de uno de mis agresores, quiero decirles que una mujer me’phaa le ganó al poder militar”.
De los 11 militares que la agredieron, Inés sólo logró identificar a dos, uno de ellos fue el hoy sentenciado a 20 años, y el segundo fue Salvador Aguilar Ortañes, quien fue detenido en 2014 y encarcelado en una prisión militar, pero falleció en una riña en 2017, contó el director jurídico de Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra.
En la conferencia estuvo presente María Luisa Aguilar, integrante del CentroProh y Norma Jiménez, sobreviviente de tortura por la represión cometida por policías estatales y federales en el Estado de México en San Mateo Atenco en 2006.
“Inés caminó ocho horas en busca de justicia y después siguió caminando otros 20 años, y lo hizo por todas nosotras”, dijo Norma Jiménez.
Rosales Sierra celebró que está sentencia fuera para garantizar una justicia para Inés lo que, expuso, no sucede a menudo en este país.
Inés Fernández Ortega durante la inauguración del Centro de Atención a Mujeres en Ayutla de los Libres.
Llamaron a López Obrador a «evitar más muertes en la zona»
Texto: José Miguel Sánchez
Fotografía:
20 de febrero del 2023
Chilpancingo
Habitantes de la zona serrana de Coyuca de Catalán, Ajuchitlán del Progreso y San Miguel Totolapan, municipios de la Tierra Caliente de Guerrero, emitieron un comunicado donde piden al presidente Andrés Manuel López Obrador y a la gobenadora Evelyn Salgado Pineda la salida de la Policía Estatal y la entrada del Ejército a sus comunidades a realizar labores de seguridad.
«Por medio de este comunicado presidente López Obrador, le solicitamos la presencia si es posible permanente del Ejército Mexicano, de La Guardia Nacional o Marina Armada de México, como sustitución de la Policía Estatal de Guerrero, que dan mal uso de los cuarteles, sabemos que existen policías falsos y filtrados para atacar sus objetivos, que dichos cuarteles sean utilizados para una seguridad de verdad», se lee en el comunicado difundido está tarde.
Al hecho que hace referencia el comunicado ocurrió el pasado 29 de enero, donde pobladores de El Parotal, municipio de Petatlán, se enfrentaron a balazos con elementos de la Policía Estatal, lo que dejó un saldo de cinco policías abatidos y 32 retenidos por la población.
El enfrentamiento ocurrió porque, de acuerdo con la versión de los pobladores, en las patrullas de la Policía Estatal iban sujetos que identificaron como integrantes de la Familia Michoacana, grupo criminal que opera en la región, también vestidos de policías.
También mencionaron los hechos ocurridos en El Durazno, donde el sábado hubo un enfrentamiento entre pobladores e integrantes de la Familia Michoacana que dejó dejó como saldo un adulto mayor asesinado y un jóven desaparecido.
Debido a esos hechos de violencia, los tres municipios que firman el comunicado aseguran que muchas familias son desplazadas por la inseguridad y no tienen garantía de regresar.
Fuerzas estateles dando un recorrido por las calles San Miguel Totolapan, Guerrero el 6 de octubrel del 2022.
«Nosotros conocemos los hechos de dichos grupos criminales que se están disputando la Sierra como si fuera un botín, están sacando a las familias y amenazando a quien se oponen a ellos».
Exponen también que los pobladores que deciden quedarse son amenazados y extorsionados para que abandonen la zona.
«Es frustrante y desesperante, pero aquí nacimos, aquí vivimos y aquí pensamos permanecer y morir», se lee en el comunicado.
En el documento culpan a la gobernadora de ser «complice» la Familia Michoacana y de «traicionar» a sus votantes.
En una especie de advertencia mencionaron también que «sería lamentable que nuestra Sierra se armara y ocurrieran cosas desastrosas, porque somos pueblos que siempre nos hemos defendido».
Llamaron al presidente de la República López Obrador a «evitar más muertes en la zona».
Uno de los municipios firmantes es el de San Miguel Totolapan, donde en el mes de octubre un grupo de civiles armados atacó a balazos el Ayuntamiento y asesinó al alcalde, Conrado Mendoza Almeda, a su padre, Juan Mendoza Acosta y a otras 21 personas, entre policías y funcionarios públicos.
