Lleva 10 meses sin acudir de manera presencial al Congreso local; se enlaza vía virtual
Texto: José Miguel Sánchez Foto: Facebook Alberto Catalán Bastida Martes 27 de febrero del 2024 Chilpancingo
La diputada local del PRD, Elzy Camacho Pineda, desde abril del 2023 no asiste a las sesiones presenciales del Congreso local, después de ser amenazada por presuntos grupos criminales; eso no le impidió ayer estar en un evento de su partido en Acapulco.
Camacho Pineda preside la Comisión de Obras Públicas, la cual tiene el registro de sesionar, hasta la fecha, sólo en cuatro ocasiones desde que inició la legislatura.
Ayer su corriente política al interior del PRD, Izquierda Progresista de Guerrero (IPG), que lidera Alberto Catalán Bastida y el ex gobernador Ángel Aguirre Rivero, realizó una asamblea en el puerto de Acapulco donde asistieron todos los integrantes del grupo.
La diputada local del PRD, Elzy Camacho Pineda (al centro), durante la asamblea de IPG, a lado de la también diputada Yanelly Hernández Martínez. Foto: Facebook Alberto Catalán Bastida
Entre ellos, Camacho Pineda, que busca reelegirse en su cargo como diputada local por el distrito 17, con sede en Coyuca de Catalán, en la Tierra Caliente de Guerrero.
El 27 de abril del 2023, la legisladora local, junto a su par y compañera, Susana Paola Juarez Gómez y el diputado local priista, Adolfo Torales Catalán, y ocho alcaldes de Tierra Caliente denunciaron mediante un escrito dirigido a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda que fueron amenazados de muerte por el grupo del crimen organizado conocido como Los Tlacos.
Se emplea crimen organizado para referirse a una asociación de grupos criminales, políticos y económicos.
En su escrito, los alcaldes y las diputadas y el diputado mencionaron a la gobernadora que no acudirán a ninguna reunión o evento a la capital del estado.
Desde entonces las dos legisladoras y el diputado local no asisten de manera presencial a las sesiones del Congreso local.
El grupo de Los Tlacos, de acuerdo con los diputados, les había prohibido salir de la Tierra Caliente, de manera particular por la carretera federal Iguala-Chilpancingo, zona donde tiene presencia este grupo del crimen organizado.
Por esas amenazas es que las legisladoras y el legislador no asisten de manera presencial a las sesiones del Congreso local.
En junio del 2023, por acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y la Mesa Directiva se aprobó que el legislador y las legisladoras asistieran de manera virtual a las sesiones.
Se les acondicionó una pantalla que se coloca en medio del pleno y desde ahí siguen las sesiones.
Aún con esta facilidad es común que soliciten licencia para faltar a sesionar.
Camacho Pineda lleva 10 meses sin asistir al Congreso local por las presuntas amenazas de los grupos del crimen, pero nada de eso le impidió llegar a Acapulco a la asamblea de su grupo político al interior del PRD.
La asamblea de IPG, que encabezó el ex gobernador Aguirre Rivero, se realizó en el salón Amar Show Center, en la zona turística de Acapulco.
Además de Camacho Pineda, a la asamblea asistió la también diputada local Yanelly Hernández Martínez, el presidente del PRD estatal, Alberto Catalán Bastida y sus simpatizantes.
En fotos publicadas en las redes sociales de Catalán Bastida y de Hernández Martínez se observa en primera fila a Camacho Pineda.
Además la diputada publicó en su cuenta de Instagram que estuvo en la asamblea.
Camacho Pineda es hija del ex diputado local y ex alcalde de Coyuca de Catalán, Eli Camacho Goicochea, asesinado en mayo del 2017.
El bloque opositor a Morena, PRI, PRD y PAN solicitaron a la Junta Local del Instituto Nacional Electoral (INE) su intervención ante el gobierno del estado para que deje de retener los recursos al Instituto Electoral de Participación Ciudadana de Guerrero (IEPC).
Hasta este lunes, el gobierno de la morenista Evelyn Salgado Pineda no ha liberado 20 millones de pesos al IEPC lo que ponía en riesgo el pago de los edificios que renta para sus oficinas públicas.
Los líderes estatales del PAN, Eloy Salmerón Díaz, del PRI, Alejandro Bravo Abarca y del PRD, Alberto Catalán Bastida entregaron un escrito al presidente del INE en Guerrero, Donaciano Muñoz Loyola, quien se comprometió a tramitar su petición de ampliación de recursos al IEPC.
En el documento, los tres líderes partidistas aseguran que por la falta de recursos al IEPC se pone en riesgo el proceso electoral local del 2024, en el que se renovarán alcaldías y el Congreso.
En este 2023, al IEPC se le asignó un presupuesto de 285 millones 346 mil pesos.
Sin embargo, el gobierno del estado ha retrasado las partidas mensuales a este Instituto Electoral, según los líderes del PRI, PAN y PRD.
«Apenas el pasado 26 de septiembre nos entregaron las prerrogativas cuando debieron de haberlas dado el 15 de septiembre», dijo el líder priísta Alejandro Bravo.
En abril y junio de este año, el IEPC le solicitó a la gobernadora Evelyn Salgado una ampliación de presupuesto por un monto de 72 millones 57 mil 442 pesos.
El secretario de Administración y Finanzas del gobierno del estado, Raymundo Segura Estrada, dijo que se analiza la solicitud que hizo el IEPC pero que el gobierno carece de recursos para ampliar el presupuesto.
«El IEPC debe hacer economías y ajustarse a su presupuesto que le aprobó el Congreso», dijo el funcionario estatal.
De acuerdo con las versiones de los líderes estatales del PRI, PRD y PAN, si el IEPC no tiene suficientes recursos no se instalarán los 28 consejos distritales en Guerrero en las próximas semanas.
«La instalación de estos consejos distritales implica renta de edificios, contratación de personal para que realice la insaculación de funcionarios de casilla y compra de papelería», dijo el dirigente del Partido Acción Nacional (PAN), Eloy Salmerón Díaz.
«Ojalá el gobierno del estado tenga la sensibilidad de ampliar el presupuesto al Instituto Electoral porque es la única manera de generar paz, seguridad y la democracia en Guerrero», dijo el panista.
El priísta Alejandro Bravo Abarca afirmó que se han reunido con la presidenta del IEPC, Fabiola Matildes Gama, quien les ha externado su preocupación por la difícil situación financiera que atraviesa el IEPC.
Según el líder del PRD, Alberto Catalán Bastida, no solo en Guerrero sino en otros estados del país donde gobierna Morena, hay quejas de los órganos electorales locales de que les han reducido el presupuesto y el que reciben se los entregan con retrasos.
Los líderes del PRI, PRD y PAN, creen que el estrangulamiento económico a los organismos electorales locales de los estados del país es una política que lleva a la práctica el gobierno federal que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador.
«Hay que recordar que el presidente envió una reforma constitucional para reducir el presupuesto al INE y desaparecer muchas de sus funciones», dijo el perredista Alberto Catalán.
Fotografía: Cromática agencia fotográfica y multimedia
Chilpancingo
En una conferencia de prensa en un espacio público y abierto, el PRD estatal exigió a la Fiscalía General del Estado (FGE) presentar con vida a las seis personas desaparecidas en Acapulco desde el viernes pasado.
El arranque del proceso electoral está a dos días de iniciar y uno de los desaparecidos es Moisés Tomás Juárez Abarca, de 38 años, un activista por los derechos de la comunidad LGBT+, pero también del PRD, y de la candidata del Frente por México, Xóchilt Gálvez, dijo el líder estatal Alberto Catalán Bastida.
Los otros desaparecidos son Brayan Josue Vargas, de 25 años, Jesús Arroyo Venegas, de 38, Erick Calixto Chávez, de 23, y María Perla Guzmán y Andrés Gabriel Delgado, de quienes no se sabe información general porque sus familiares no han hecho denuncia pública.
Los seis, trascendió de forma extraoficial, fueron sustraídos por hombres que portaban uniformes de la Policía Ministerial de un centro de rehabilitación en la colonia Vista Hermosa, en Acapulco.
Fotografía: Oscar Guerrero
Los integrantes de la dirigencia estatal del PRD hicieron esta conferencia de prensa de forma inusual en un espacio público y abierto. Generalmente este tipo de actividades las realizan en restaurantes o en salones de algún hotel.
La conferencia se llevó a cabo a un costado del busto de José María Morelos y Pavón, en el centro del zócalo capitalino, lo que llamó la atención de la ciudadanía, pues la dirigencía montó un escenario improvisado propio de una conferencia.
Algunos ciudadanos se detuvieron a escuchar y así se enteraron de que de trataba de la desaparición de seis personas, una de ellas, militante del PRD.
Aunque Catalán Bastida omitió señalar que la desaparición estuviera ligada con el activismo de Moisés Tomás Juárez, es más destacó que los otros cinco desaparecidos no están ligados a ningún partido político «que nosotros sepamos» exigió al gobierno de Evelyn Salgado Pineda, de Morena, resultados en materia de seguridad para que los ciudadadanos se sientan tranquilos.
Denunció que «todos los días hay muertos».
Exigió la búsqueda inmediata y si fuera cierta la versión de que policías ministeriales se los llevaron pidió a la FGE informar dónde los tienen y presentarlos con vida.
El Partido de la Revolución Democrática (PRD) aseguró que no va a «meter las manos al fuego por nadie» después de conocerse que la Fiscalía General del Estado (FGE) investiga a uno de sus alcaldes y a una diputada, ambos de Tierra Caliente por presuntos delitos graves.
La lista de funcionarios investigados por la FGE consta de nueve alcaldes, una diputada local y un síndico, de los cuales seis alcaldes son de las filas de PRI, pero tanto la dirigencia estatal del partido, como la bancada en el Congreso local, evitan, hasta el momento, dar alguna declaración sobre la situación de estos alcaldes.
Los perredistas investigados son el presidente municipal de Coyuca de Catalán, Eusebio Echeverria Tabares y la diputada local, Elzy Camacho Pineda.
El presidente del Consejo Estatal del PRD en Guerrero, Mario Ruiz Valencia, aseguró que como partido están en la disposición de que sean investigados sus funcionarios y dijo que la dirigencia «no meterá las manos al fuego por nadie».
«Nosotros hemos dicho, si se tiene que investigar a todos, que se investigue a todos, no puede haber justicia para unos si y para otros no», agregó Ruiz Valencia.
Entre los alcaldes investigados por la FGE también está la morenista de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez y el primer sindico procurador, Andrei Marmolejo Valle.
Hernández Martínez, presuntamente, es investigada por dos videos en los que aparece reunida con un quien al parecer es Celso Ortega Jiménez, líder del grupo criminal Los Ardillos.
Para Ruiz Valencia las acusaciones contra dos integrantes de su partido es una estrategia para que la atención mediática y judicial no se centre solamente en la alcaldes de Chilpancingo.
«Esas investigaciones son jugadas maestras que intentan hacer para salvaguardarse, por eso dieron a conocer esa información, porque los hechos acontecidos en Tierra Caliente tienen meses, no es un tema nuevo, y ellos (Morena) tienen que ver cómo blindan a los suyos», dijo Ruiz Valencia.
Además de Echeverría Tabares, Camacho Pineda, Hernández Martínez y Marmolejo Valle, la FGE investiga a otros siete alcaldes, seis de la Tierra Caliente y uno de la zona Norte.
Los otros funcionarios investigados son los alcaldes de Acapetlahuaya, en la zona Norte, y César Ortiz Torres, del partido Movimiento Ciudadano.
De Pungarabato, Cuauhtémoc Mastachi Aguario; de Cutzamala de Pinzón, Mayte Arce jaimes; de Arcelia, Bulmaro Torres Berum; de Tlapehuala, José Luis Antunes Goicochea y de Ajuchitlán del Progreso, Víctor Hugo Vega Hernández, todos alcaldes priistas de la Tierra Caliente.
Se trató de contactar al presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Alejandro Bravo Abarca, pero no respondió.
El coordinador de los diputados del PRI en el Congreso local, Héctor Apreza Patrón, mencionó que apenas discutirían con toda la fracción priista la situación y hasta entonces darían un posicionamiento.
El dirigente estatal del PRD, Alberto Catalán Bastida, durante una protesta fuera del Ayuntamiento de Chilpancingo el pasado 12 de julio. Foto: Óscar Guerrero (Archivo).
Después de los hechos de violencia de los últimos días en la capital y del asesinato del ex regidor perredista, Óscar Garibay Valdez y de su primo, el ex director de la Juventud, Iván Zaith Domínguez, el Comité Directivo Estatal del PRD exigió la renuncia de la alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez, y de la fiscal general, Sandra Luz Valdovinos Salmerón, «porque no hay resultados en materia de seguridad».
Los perredistas anunciaron que solicitarán a su bancada en el Congreso local que inicie un juicio político contra la alcaldesa de Chilpancingo.
En conferencia de prensa en la entrada principal del edificio del Ayuntamiento de Chilpancingo, integrantes del Comité Directivo del PRD fijaron un posicionamiento en el que aseguran que los últimos hechos de violencia son generados por «una ingobernabilidad de los tres niveles de gobierno», dijo Alberto Catalán Bastida, el dirigente estatla del partido.
«El bienestar de un pueblo como lo es Chilpancingo, un pueblo histórico, de lucha como lo es Guerrero debe estar por encima de la soberbia por aferrarse a un cargo público, por eso que a esta señora, presidenta municipal, la señalamos como principal generadora de violencia en la región, por no tener una estrategia de coordinación para atender la seguridad del municipio que hoy gobierna», mencionó Catalán Bastida.
Este pronunciamiento ocurrió a unas horas del asesinato del ex regidor perredista de Chilpancingo y el ex director de Asuntos de la Juventud municipal en un puesto de tacos, propiedad del ex edil.
En los reportes policiacos difundieron que ambas personas estaban en su negocio y antes de la medianoche dos personas armadas llegaron y les dispararon.
«Un día salen diciendo que todo está bien, que no pasa nada, y por la noche, un compañero, miembro del Partido de la Revolución Democrática, ex regidor de esta comuna capitalina, y las autoridades dicen que todo está bien», dijo Catalán Bastida.
Garibay Valdez era integrante de la corriente Movimiento Alternativo Social (MAS), grupo dentro del PRD que dirige el diputado local Bernardo Ortega Jiménez, hermano de Celso y Jorge Iván Ortega Jiménez, señalados por la Fiscalía General de la República (FGR) como líderes del grupo delictivo de Los Ardillos.
De acuerdo con la información de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana federal, Los Ardillos y varios de sus integrantes estuvieron detrás de las protestas del lunes, donde 2,000 pobladores de cinco municipios de la Montaña baja y región Centro irrumpieron en la ciudad para exigir la liberación de dos líderes transportistas detenidos en Chilpancingo por portación de armas de uso exclusivo del Ejército, cartuchos y estupefacientes.
Durante la conferencia de prensa, los perredistas colocaron una lona blanca donde decía en letras negras: «El PRD Guerrero exige le renuncia de Norma Otilia. ¡Fuera!».
«Es evidente que el gobierno federal y estatal ya no tienen coordinación con el municipio, ya no sólo en los temas políticos, sino también en los temas de seguridad que han estado lacerando la vida pública de la sociedad», agregó Catalán Bastida.
Los perredistas también dijeron que llamarán a comparecer al secretario de Seguridad Pública estatal, Evelio Méndez Gómez.
El Comité Directivo Estatal del PRD protesta afuera del Ayuntamiento de Chilpancingo para exigir la destitución de la alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez. Foto: Oscar Guerrero.
Después de tres actos políticos en Guerrero de la aspirante presidencial morenista, Claudia Sheinbaum Pardo, en los que hubo acarreó de personas y presencia de funcionarios públicos municipales y estatales, los partidos de oposición informaron que tomarán medidas legales para evitar acciones similares de otras «corcholatas».
En el evento de promoción de Sheinbaum Pardo ayer en Chilpancingo, había funcionarios municipales, como el director de Protección Civil del municipio, Sergio del Moral Benítez, que repartió playeras a los asistentes, o Magdalena Hernández, hermana de la alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez y su esposo, Diego Omar Benigno González, involucrados en la logística.
Sobre el tema, el presidente estatal del PRI, Alejandro Bravo Abarca, dijo que ya tienen identificado a un funcionario, del que no revelo su nombre, y que tomarán medidas jurídicas para que no se repitan esos casos.
«Sí tenemos elementos de otras situaciones que como fue el visible acarreo y la visible participación de funcionarios en todo el estado y nosotros estamos haciendo lo conveniente y lo propio para establecer la denuncia», dijo Bravo Abarca en entrevista al término de un evento en las oficinas del PRI estatal, en Chilpancingo.
Los perredistas dijeron que ya reúnen las pruebas para denunciar ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero (Iepcgro) actos anticipados de campaña, la presencia de funcionarios públicos en los eventos y una solicitud para transparentar el recurso gastado en los eventos.
El presidente del Consejo Político Estatal del PRD, Mario Ruiz Valencia, también cuestionó de dónde viene el recurso y la mano de obra para movilizar gente y repartir playeras y aguas.
«No se necesita ser muy inteligente para darnos cuenta que todo el dinero que ocupan en esos eventos vienen de las arcas de los gobiernos estatal y municipal, sabemos que el gobierno del estado apoya a la señora (Sheinbaum Pardo) y no me sorprendería que alguien del estatal o del municipio halla corrido con los gastos del evento ayer», dijo.
«Los que gobiernan en vez de dedicarse a entregar buenas cuentas al pueblo mejor se dedican estrictamente a pensar en su futuro de manera personal, el estado esta sumido en la violencia y los funcionarios prefieren hacer fiestas electorales», agregó.
El presidente estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Eloy Salmerón Díaz, acusó a Morena de violar la ley e informó que ya pusieron varias quejas ante el Instituto Nacional Electoral (INE) para que dicte alguna sentencia, pero, dijo. «ninguna a procedido como debería».
«Desde el 2022 que empezaron con sus pintas lo denunciamos, y se han ido acumulando, ya hasta perdí la cuenta de cuántas van, pero no vamos a claudicar, la gente tiene que saber que todo eso que hacen es una ilegalidad», dijo Salmerón Díaz en entrevista.
«A ellos (Morena) les gusta romper la ley, pero no les gusta que los demás hagan lo mismo, y la instituciones encargadas de sancionar duermen en sus laureles, hay cientos de quejas y denuncias acumuladas contra Morena por su campaña anticipada, pero nunca las revisan, no se por qué», agregó Salmerón Díaz.
Aspectos de los asistentes el evento de la aspirante presidencial, Claudia Sheinbaum Pardo, en Chilpancingo. Foto: Oscar Guerrero
Desde hace un mes los legisladores, el priista Adolfo Torales Catalán, y las diputadas perredistas Elzy Camacho Pineda y Susana Paola Juárez Gómez, de los distritos 18 y 17 de Tierra Caliente y 20 de Teloloapan, zona Norte, no han viajado a Chilpancingo para participar en las sesiones del Congreso local de manera presencial
Texto: Jesús Guerrero
Fotografía: Óscar Guerrero
5 de mayo del 2023
Chilpancingo
El dirigente estatal del PRD en Guerrero, Alberto Catalán Bastida, denunció que los gobiernos federal y estatal siguen sin garantizar la seguridad de la ciudadanía en Tierra Caliente y una prueba de ello es que varios diputados locales no pueden viajar a Chilpancingo para presentarse a las sesiones del Congreso local porque están amenazados por personas del crimen organizado.
Acompañado por la secretaria General del comité estatal del PRD, Ivet Díaz Bahena, comentó que él ha insistido con autoridades del gobierno para que le den información de lo qué ocurre en Tierra Caliente, pero no le hacen caso.
“Lo que sí es cierto es que hay riesgo de la vida de los diputados y alcaldes y de la ciudadanía de Tierra Caliente y de la zona Norte, que son asediados por la delincuencia organizada”, comentó.
Desde hace un mes los legisladores, el priista Adolfo Torales Catalán, y las perredistas Elzy Camacho Pineda y Susana Paola Juárez Gómez, de los distritos 18 y 17 de Tierra Caliente y 20 de Teloloapan, zona Norte, regiones conectados por una misma carretera, no han viajado a Chilpancingo para participar en las sesiones del Congreso local de manera presencial. Los tres lo hacen a través de zoom.
En una conferencia de prensa que ofreció en Chilpancingo el dirigente del PRD se deslindó de las decisiones de los legisladores, pero habló de lo riesgos.
“El tema de ellas (de las legisladoras) es de seguridad que debe de atender el Estado, no es un tema político”, dijo.
Desconoce, dijo, qué grupo del crimen organizado opera en la región de Tierra Caliente. “No tenemos acceso a esa información oficial y yo no soy tan irresponsable para dar una opinión respecto a eso, y ninguna institución la ha comentado”.
También desconoce, comentó, cuáles fueron los acuerdos que establecieron 11 alcaldes y alcaldesas de Tierra Caliente y zona Norte, así como con diputados locales, con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda en una reunión que tuvieron el pasado 2 de mayo en el cuartel del 41 Batallón del Ejército en Ciudad Altamirano, en la Tierra Caliente.
Ese encuentro ocurrió después que ediles y legisladores desbloquearon la carretera federal Ciudad Altamirano-Iguala para exigir la renuncia de la Fiscal del Estado, Sandra Luz Valdovinos Salmerón.
A finales de abril pasado, las dos legisladoras y el legislador, junto con 11 alcaldes y alcaldesas de Tierra Caliente y zona Norte encabezaron a transportistas, comerciantes y trabajadores de la Secretaría de Salud en el cierre de la carretera federal Iguala-Ciudad Altamirano, luego de que personal de la FGE, Guardia Nacional y Ejército aseguraran 12 vehículos de lujo a familiares de los líderes del grupo criminal de la Familia Michoacana.
Días antes del bloqueo, que duró cuatro días, los ediles, diputadas y diputados suscribieron un documento dirigido a la gobernadora donde le pidieron medidas de seguridad porque son amenazados por el grupo criminal de Los Tlacos, grupo rival a la FM.
En el escrito los inconformes aseguran que no pueden viajar por la carretera federal Ciudad Altamirano-Iguala porque en Teloloapan se encuentran instalados los retenes de Los Tlacos.
Del grupo de diputadas locales que denunció amenazas del crimen organizado y que sí acude a las sesiones al Congreso local está la priista Flor Añorve Ocampo, del municipio de Taxco de Alarcón.
Este martes 6 de junio hay sesión del Congreso local y, según el líder estatal del PRD no se sabe si los diputados que son amenazados asistan al salón del pleno o participarán solo de manera virtual desde su domicilio, como lo hacen desde hace un mes.
Catalán Bastida y otros integrantes de la dirigencia del PRD dieron la conferencia de prensa en el kiosco de la plaza central, debido a que sus oficinas están cerradas por los daños provocados por normalistas de Ayotzinapa durante las protestas por la desaparición de los 43 en Iguala.
La presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso, Yoloczin Domínguez Serna, comentó que por ahora no hay ninguna orden para realizarles el descuento salarial a las dos diputadas del PRD y al diputado del PRI por su inasistencia al Congreso local.
La dirigencia estatal del PRD en conferencia de prensa la mañana del lunes 5 de junio en el kiosco del centro de Chilpancingo. Fotografía: Óscar Guerrero
Fotografía: Retomada del Facebook de Arnulfo Rodríguez Cordero
11 de abril del 2023
Chilpancingo
El militante perredista y ex candidato a la alcaldía de Atlixtac, en la Montaña de Guerrero, Arnulfo Rodríguez Cordero, fue asesinado a balazos ayer cerca de la comunidad de Mexcaltepec, en el municipio de Atlixtac.
De acuerdo con los primeros reportes de los pobladores de San Pedro Huitzalapa, de donde era originario, el perredista circulaba en su vehículo particular sobre la carretera Tlatlauquitepec-Lucerito, cuando fue interceptado por hombres armados, quienes dispararon contra el vehículo y lo asesinaron.
Rodríguez Cordero era militante del PRD y en 2012 fue el candidato a la presidencia municipal de Atlixtac, además era integrante de la corriente política Democracia Social, que dirige el diputado Local Raymundo García Gutiérrez.
El perredista viajaba junto con otra persona de nombre Pedro García Sosa. Cuando llegaron al punto conocido como Plan de Chapopote, fue que ocurrieron los hechos.
Se menciona que fue un grupo de hombres armados que sin mediar palabra le dispararon directamente a Rodríguez Cordero y a García Sosa.
Hasta el momento las autoridades no han emitido ningún comunicado de los hechos, pero la dirigencia estatal del PRD, a través de una esquela, lamentó los hechos.
El militante y ex candidato del PRD a la alcaldía de Atlixtac, Arnulfo Rodríguez Cordero. Foto: Facebook personal de Arnulfo Rodríguez Cordero
Encabezados por el dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Alberto Catalán Bastida, militantes de este instituto político protestaron en la caseta de Palo Blanco para exigir que el gobierno federal dé marcha atrás en el aumento de 7.8 por ciento en el cobro de peaje.
Los perredistas se colocaron en las plumas de la caseta en donde reparten panfletos a los automovilistas que circulan en ambos sentidos.
La principal consigna que tienen los carteles es el no al incremento al cobro de las tarifas de peaje que entraron en vigor a partir del pasado lunes 6 de marzo.
Hace semanas, cuando la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) a través de Puentes y Caminos Federales (Capufe) anunciara este aumento, la dirigencia estatal del PRD presentó un amparo ante un juzgado federal para que den marcha atrás al incremento.
La dirigencia del PRD reprochó que primero el gobierno federal había informado que cancelaban el aumento a las tarifas de peaje de la carretera, pero sin previo aviso desde este lunes 6 de marzo aplicaron el incremento.
«Ya lo habíamos dicho antes que la suspensión del incremento que dieron a conocer hace unos días fue una decisión con cálculo político para distraer a la opinión pública», dijo Catalán Bastida.
Agregó que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no baja de precio el litro de gasolina pero sí aumenta las tarifas de las autopistas.
Consideró injusto este aumento al precio de las tarifas, porque desde hace muchos años la autopista sufre un grave deterioro, además de que es una de las más inseguras del país.
«Es una carretera a la que no le dan mantenimiento y eso provoca muchos accidentes, pero, además, es insegura porque te asaltan», dijo.
En la protesta de los perredistas había desplegados elementos de la Guardia Nacional, sólo observaron a los perredistas, quienes permanecieron en la caseta hasta las seis y media de la tarde.
Durante la sesión de hoy los diputados del PRI, PRD y PAN se lanzaron contra Morena y su presidente estatal de partido y su compañero de legislatura, Jacinto González Varona, por sus señalamientos de que todos los partidos políticos, menos Morena, tienen pacto con el crimen organizado.
Estás declaraciones las dijo durante una conferencia de prensa el pasado martes, luego de que el periódico Reforma publicara una nota donde informaba que «bajo el gobierno de la morenista Evelyn Salgado Pineda el grupo criminal de la Familia Michoacan expande su territorio en Guerrero».
González Varona dijo que Salgado Pineda es la gobernadora que más ha enfrentado la seguridad y que los generadores de violencia son los municipios gobernados por el PRD, el PRI y el PAN «que tienen pacto con el crimen organizado».
Las declaraciones de González Varona parecieron no gustarle a los diputados, quienes el día de hoy mostraron su molestia con él y catalogaron de incitador, y a la gobernadora de simuladora y al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de mentiroso.
Todo comenzó con un posicionamiento del Grupo Parlamentario del PRD, leído en tribuna por la diputada del distrito 17, con sede en Coyuca de Catalán, en la Tierra Caliente, Elzy Camacho Pineda.
La diputada le pidió a Gonzalez Varona presentar las pruebas de sus dichos ante las instancias correspondientes.
«Como sabemos que no las tiene y son infundadas (sus declaraciones), le exigimos que en un acto de responsabilidad presente las evidencias que dan sustento a sus señalamientos, de no hacerlo debe disculparse públicamente ante los guerrerenses, a quienes pretende confundir».
Dijo que las declaraciones de González Varona son «irresponables» y que sólo son una «cortina de humo».
«Está tan desgastada esa estrategia de echar la culpa a los de al lado o a los que se fueron, que nadie les cree».
En el posicionamiento de PRD citaron el asesinato del alcalde de San Miguel Totolapan, Corado Mendoza Almeda, el pasado 5 de octubre, donde, aseguraron, hubo una «estrategia implementada desde la parte oficial, para responsabilizar a los gobiernos municipales, especialmente a los de oposición, del clima de violencia que vive Guerrero».
Después de la intervención de Camacho Pineda pidió la palabra la única diputada del PAN, la purinominal, Ana Lendiz Reséndiz Javier, quien de igual manera arremetió contra González Varona y contra el presidente López Obrador.
«Las acusaciones vertidas por el dirigente de Morena en Guerrero, y que a la vez cobra como diputado, resultan una falacia y cortina de humo para desviar la atención de la grave y terrible realidad que se vive en nuestro estado y nuestro país», así inició su participación la panista.
Continuó y calificó a González Varona como inexperto y de dar declaraciones sensacionalista en las que busca protagonismo; de igual forma Reséndiz Javier le pidió que presentara sus pruebas ante la Fiscalía General del Estado (FGE).
También salpicó al presidente López Obrador: «La estrategia de seguridad de este gobierno, en lugar de abrazos y no balazos, más bien debería de llamarse fracasos y más balazos, porque fracasos abundan en cualquier materia que revisemos, y los balazos lamentablemente ahí están».
La panista agregó que quien tiene un pacto con el crimen es López Obrador; recordó el saludo que le dio a la mamá del presunto traficante Joaquín Guzmán, y la liberación del hijo de éste, Ovidio Guzmán, en una operación realizada por el Ejército y Guardia Nacional en Sinaloa en 2019.
Al final hizo un llamado a los tres poderes del estado para coadyuvar en acabar con el tema de la inseguridad.
Los morenistas se mantuvieron callados por un rato, hasta que solicitó la palabra el diputado Masedonio Mendoza Basurto, quien abogó por la gobenadora y el presidente López Obrador, pero no por su dirigente estatal.
Dijo que era necesario revisar la historia, «porque si bien es cierto hay responsabilidades que se deben asumir, la oposición debe reconocer los avances en la estrategia de seguridad».
Y después Reconoció que es un autoengaño decir que no hay violencia e inseguridad en Guerrero y llamó a la «clase política» a adquirir posturas serias en torno al tema de seguridad ya que dijo que hay mucha irresponsabilidad en las declaraciones de todos los dirigentes partidistas.
Aunque no mencionó el nombre de González Varona si volteo hacía su cururl, en donde el diputado y presidente de Morena ya estaba flaqueado por las diputadas morenistas Citlali Calixto Jiménez y la presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Yoloczin Domínguez Serna.
Dichas participaciones se desencadenaron por el posicionamiento del Grupo Parlamentario del PRD, pero falta el del PRI
Por el Grupo Parlamentario del PRI intervino el diputado Rafael Navarrete Quezada, quien dijo que la inseguridad no es una cuestión de partidos, por el contrario «existen responsabilidades institucionales en el tema de la inseguridad».
En respuesta a las acusaciones de González Varona de que los gobiernos de oposición son responsables del clima de violencia actual, dijo que los municipios de Acapulco y Chilpancingo, gobernados por Morena «son hoy los que tienen altos índices de inseguridad.
Mencionó que «no van a permitir infundios que pongan entredicho su trabajo y cercanía con las causas sociales».
Fue hasta este punto, casi una hora después de iniciado el debate y las acusaciones contra, que González Varona subió a tribuna «por alusiones personales».
«Quién no conoce su historia está condenada a repetirla, no pueden cerrarse los ojos ante la realidad, ni ser cómplices de un pacto de silencio con nadie», mencionó.
Sobre la petición de sus compañeros de presentar pruebas ante las instancias judiciales, González Varona dijo que no es necesario, porque «las evidencias son públicas y visibles».
Además aseguró que por lo delicado del tema sería peligroso denunciar uno por uno los casos.
Durante su participación recordó la implicación de los gobiernos federal y estatal en el caso Ayotzinapa, y la vinculación de alcaldes con el crimen organizado en años anteriores, aunque no dijo nombres.
También mencionó el caso de una candidata de Morena que salió de Ciudad Altamirano en 2021 por amenazas del crimen organizado.
Ante la insistencia de los diputados de seguir el debate que se extendió por hora y media, la presidenta de la Mesa Directiva, la perredista Yanelly Hernández Martínez, tuvo que llamar a votación para determinar si «el tema estaba totalmente concluido».
Los diputados votaron que sí y finalizó la sesión.
La posibilidad de una coalición en Guerrero entre el PRD y el PAN y de la candidatura al Senado de la República fueron los temas abordados este viernes en una reunión privada entre los presidentes estatales de ambos partidos, Alberto Catalán Bastida y Eloy Salmerón Díaz.
El encuentro, ocurrido en el restaurante La Granja, en Acapulco, duró cerca de cuatro horas, donde, además, nombraron como posibles candidatos a una senaduría, de concretarse la alianza, a los ex gobernadores Héctor Astudillo Flores y Ángel Aguirre Rivero, y al ex candidato a gobernador, Mario Moreno Arcos, todos de origen priísta.
En este encuentro estuvo presente Aguirre Rivero, quien además líder de Izquierda Progresista de Guerrero (IPG), corriente interna del PRD que posee en la actualidad la presidencia del partido, y el exdiputado local del PAN, Iván Pachuca Domínguez. Desde 2011 que fue el candidato a gobernador por una alianza encabezada por el PRD, Aguirre Rivero permanece en este partido, sin perder relación con el PRI.
Una persona cercana a los participantes de esa reunión confirmó a Amapola, periodismo transgresor que la intención de la alianza es reducir al PRI y frenar a Morena en las elecciones de 2024, en las que se disputarán senadurías, diputaciones federales, diputaciones locales y alcaldías.
Informó que todos los personajes políticos presentes hicieron una evaluación de los resultados de las elecciones de 2018 y 2021, y concluyeron que si ambos partidos concretan la coalición conseguirán los votos suficientes para desplazar al PRI y arrebatarle varios espacios a Morena.
La versión de esta persona indica que los cuatro participantes del encuentro coincidieron en que, en caso de concretarse la alianza, no debe considerarse al PRI, partido que actualmente enfrenta una crisis interna motivada por su líder nacional, Alejandro Moreno Cárdenas, señalado de pretender adueñarse del tricolor así como de actos de corrupción.
La misma fuente mencionó que en el encuentro pusieron sobre la mesa los nombres de Aguirre, Astudillo y Moreno, como los perfiles que encabezarían la candidatura a la senaduría, porque, según la evaluación que hicieron, generan más consenso y tienen con un “perfil competitivo”.
En diciembre pasado Astudillo Flores, quien gobernó el estado en el periodo 2015-2021, renunció al Consejo Político Nacional del PRI, órgano del que era parte, en rechazo a la reforma estatutaria que fue aprobada para que Alejandro Moreno permanezca como presidente del PRI hasta que concluya el proceso electoral de 2024.
«Hago patente mi renuncia como integrante del Consejo Político Nacional, como un acto de congruencia con mis convicciones políticas, democráticas y morales. Es importante dejar en claro también, mi militancia priísta. No puedo convertirme en observador de abusos, faltas de respeto y de trampas”, escribió el exgobernador en una carta dirigida al propio Moreno Cárdenas.
Mario Moreno, quien fue candidato a la gubernatura de Guerrero por la alianza PRI-PRD en 2021, también se pronunció en contra del intento de Moreno Cárdenas por perpetuarse en el cargo, acusándolo de actuar por “intereses personales poco claros”.
En la pasada elección local, donde entre otras cosas hubo votación por la gubernatura, el PRI y PRD hicieron alianza, escenario que, al parecer, no repetirán.
En la imagen, el ex gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero; el dirigente estatal del PRD, Alberto Catalán Bastida; el dirigente estatal del PAN; Eloy Salmerón Díaz y el ex diputado local del PAN, Ivan Pachuca Hernández. Foto: Especial
El presidente Andrés Manuel López Obrador siempre presume su dicho de no a la reelección en puestos de representación popular, pero aquí en Guerrero, varios diputados se aprovechan de la reforma electoral y se reeligen, y otros hasta imponen en esos cargos a sus hijos o parejas.
Ciertos nombres y apellidos de políticos dominan la escena pública hace mínimo 30 años. Priístas, perredistas y ahora morenistas ya presentan a sus hijos como sus relevos generacionales.
El ejemplo más cercano es el del Congreso local, donde la presencia de personajes políticos y sus familias parece perpetuarse. Hay políticos en cargos de elección popular desde 1990 o bien están sus hijos o esposas.
En orden cronológico, se mencionarán las dinastías políticas actuales en el Congreso de Guerrero.
Mediante un recuento que realizó Amapola, periodismo transgresor, se ubicó 1994 com un punto de arranque.
El primero caso es el del ex gobernador priísta, Héctor Astudillo Flores, quien fue por primera vez diputado local en el periodo 1994-1996. Su segundo periodo como legislador fue de 1999 al 2000, tiempo en el que se desempeñó como coordinador de la Fracción Parlamentaria del PRI.
El mismo cargo de coordinador lo ocupó en su tercera ocasión como diputado durante la 60 legislatura, del periodo 2012 a 2015. En 2015 fue candidato a gobernador y ganó las elecciones para el periodo 2015-2021.
Para las elecciones del 2021, es decir, en el mismo año que él dejaba la gubernatura, su hijo Ricardo Astudillo Calvo, apareció en la boleta electoral como candidato a diputado local por el distrito siete con sede en Acapulco.
Astudillo Calvo es diputado de la actual legislatura (2021-2024), lo que sumando a los períodos de su padre, los Astudillo sumarían 12 años continuos sólo en el Congreso local, porque el ex gobernador ha tenido otros cargos.
Astudillo Flores fue senador de la República, alcalde de Chilpancingo en dos periodos separados, y gobernador; otros 18 años en cargos públicos, en total, suman 32 años.
El diputado del PRI, Ricardo Astudillo Calvo, hijo del ex gobernador Héctor Astudillo Flores, durante una sesión del Congreso local de este año. Fotografía tomada de su perfil de facebook.
Las dinastías no sólo fueron documentadas en el PRI, el PRD también tiene estas mismas costumbres. La familia Mora Eguiluz, al igual que los Astudillo, tiene el mismo historial.
En 1994, Guadalupe Eguiluz Bautista, esposa del perredista Martín Mora Aguirre quien ocupó desde cargos internos en el partido hasta populares, fue diputada local.
Desde entonces el matrimonio Mora Eguiluz y sus hijas mantienen presencia política en el Congreso local y en su natal municipio de la Tierra Caliente, Tlalchapa.
En 1997, Martín Mora es designado como diputado federal plurinominal para el periodo de 1997-2000. Del 2000 al 2004 fue dirigente estatal del PRD y de 2005 a 2008 diputado local. En medio de estas dos últimas encomiendas contendió para alcalde de Tlalchapa (2002-2005), pero perdió.
Del 2012 al 2015, Guadalupe Eguiluz Bautista, su esposa, sí ocupó la alcaldía de Tlalchapa; para el siguiente trienio (2015-2018) se la transfirieron a Amalia Mora Eguiluz, hija de ambos.
En el siguiente periodo, del 2018 a 2021, Martín Mora Aguirre ahora sí fue alcalde de Tlalchapa, y otra de sus hijas, Celeste Mora Eguiluz, diputada local; antes (2015) contendió por una diputación federal pero perdió la elección.
Al inicio de esta administración estatal, Celeste Mora Eguiluz ocupó la titularidad de la Secretaria del Migrante, después de que la familia de manera pública se sumó al partido Morena. Justo dejó la secretaría por una función en la dirigencia estatal del Morena, donde es secretaria de Formación Política del nuevo Comité Ejecutivo Estatal.
La familia sigue en la practica de la herencia de los cargos; la actual alcaldesa de Tlalchapa es otra de las hijas de la pareja Mora Eguiluz, llamada Tania Mora Eguiluz.
De regreso al PRI, nombres como Héctor Apreza Patrón, Alicia Zamora Villalba, Flor Añorve Ocampo aparecen en las placas del Congreso local.
Apreza Patrón desde 2018 lleva dos periodos seguidos como diputado por la vía plurinominal, antes, de 1999 a 2002 fue diputado local y repitió de 2012 a 2015.
Al término de la actual legislatura, Apreza Patrón habría acumulado 12 años continuos en el Congreso local.
Otro caso es el de Añorve Ocampo, quien con esta legislatura (2021-2024) es la cuarta ocasión que está en el Congreso local.
La primera ocasión fue en el periodo 2000-2003, después de 2006 a 2009, la tercera de 2015 a 2018 –en este periodo fue presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo)–, y la actual.
La también priísta Alicia Zamora Villalba, originaria de Chilapa de Álvarez, es otro caso de permanencia en el poder; desde 2002 ostenta puestos legislativos.
De 2002 a 2005 aparece por primera vez como diputada local, de 2005 a 2008 fue presidenta municipal de Chilapa y de 2008 a 2012 diputada federal.
En 2012, Zamora Villalba regresa al Congreso local por un periodo de tres años en la 60 legislatura que concluyó en 2015.
En 2018, después de ser secretaria de Desarrollo Social en la administración de Astudillo Flores, regresó al Congreso local para el periodo 2018-2021, y a través de la reelección estará en su curul hasta 2024.
Otro caso de familiar en puestos públicos es el del matrimonio priísta conformado por el senador Manuel Añorve Baños y la actual diputada local Julieta Fernández Márquez.
Fernández Márquez ya fue diputada local en el periodo 2012-2015, y lo es ahora. Además, un hijo de Añorve Baños es regidor del puerto de Acapulco.
En la imagen, de izquierda a derecha, el ex diputado Esteban Albarrán Mendoza y los actuales diputados Héctor Apreza Patrón, Alicia Zamora Villalba, Gabriela Bernal Reséndiz y Flor Añorve Ocampo, todos actuales priístas, en el Congreso local antes de la comparecencia del secretario de Educación del 22 de noviembre del 2022. Fotografía: Oscar Guerrero / Archivo
De nuevo en el ejercicio de ubicar a más perredistas enquistados en puestos de poder desde hace años, se ubicó a Bernardo Ortega Jiménez, quien desde 2005 llegó por primera vez al Congreso local, donde permanece y se prepara, de acuerdo con lo que pudo documentarse, para heredarle el espacio a su hijo Jorge Iván Ortega Jiménez, quien fue y es su suplente.
De 2005 a 2008 fue el primer periodo de Ortega Jiménez como diputado local, dejó pasar una legislatura y en 2012 regresó al Congreso local, periodo en el que estuvo como presidente de la entonces Comisión de Gobierno, hoy Jucopo.
Ortega Jiménez concluyó ese periodo en 2015, y de nuevo dejó pasar otra legislatura para regresar a su curul en 2018, donde permanece desde entonces, su periodo culminará en 2024.
El perredista Carlos Reyes Torres al parecer también le tiene cariño a su curul, de 2005 a 2008 fue diputado local, regreso al Congreso para el periodo 2015-2018 y en 2021 volvió el Poder Legislativo.
Este perredista también fue alcalde de su municipio, La Unión, cargo que también ha ocupado su hermano, Crescencio Reyes Torres, actual presidente municipal después de una reelección, además de que ya ocupó en su momento una curul en el Congreso local.
Una dinastía familiar también se avizora en el PRD, tal es el caso de Raymundo García Gutiérrez, quien está por tercera vez en el Congreso local y su hija, Jennifer García Lucena, es su compañera de bancada.
Otro caso de curul heredada es el de la diputada perredista Elzy Camacho Pineda, pues, su padre, Ely Camacho Goicochea, fue diputado por el mismo distrito, el 17 con cabecera en Coyuca de Catalán en la Tierra Caliente, durante los años 2012-2015.
Camacho Goicochea también fue alcalde de Coyuca de Catalán en el trienio de 2009-2012 y fue asesinado en 2017 cuando buscaba ser candidato a alcalde por segunda ocasión.
Como éstos hay varios casos más en uno o en otro partido de cara al Congreso local, por ejemplo, el perredista Evodio Velázquez Aguirre, quien cuando no estuvo él en una curul, estuvo su esposa, Perla Edith Martínez Ríos.
Morena, el partido de la Cuarta Transformación de México, sigue los pasos de cerca a esta prácticas.
Con la reforma electoral de 2014 que permitió la reelección inmediata para diputados, senadores, alcaldes y regidores, y que entró en vigor en 2018, un par de morenistas también le apuesta a ese método para conservar sus espacios en el Congreso.
Casos como el de la diputada y actual presidenta de la Jucopo, Yoloczin Domínguez Serna, y los diputados Alfredo Sánchez Esquivel, Antonio Helguera Jiménez y Carlos Cruz López se reeligieron en sus cargos aun cuando por acuerdo del Consejo de su partido, Morena lo tiene prohibido.
Además, el presidente Andrés Manuel López Obrador, fundador de Morena, repite con mucho ímpetu la frase de Francisco I Madero, “sufragio efectivo, no reelección”, como un principio al que debía ceñirse todo su movimiento y sus simpatizantes.
