Encabezados por el dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Alberto Catalán Bastida, militantes de este instituto político protestaron en la caseta de Palo Blanco para exigir que el gobierno federal dé marcha atrás en el aumento de 7.8 por ciento en el cobro de peaje.
Los perredistas se colocaron en las plumas de la caseta en donde reparten panfletos a los automovilistas que circulan en ambos sentidos.
La principal consigna que tienen los carteles es el no al incremento al cobro de las tarifas de peaje que entraron en vigor a partir del pasado lunes 6 de marzo.
Hace semanas, cuando la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) a través de Puentes y Caminos Federales (Capufe) anunciara este aumento, la dirigencia estatal del PRD presentó un amparo ante un juzgado federal para que den marcha atrás al incremento.
La dirigencia del PRD reprochó que primero el gobierno federal había informado que cancelaban el aumento a las tarifas de peaje de la carretera, pero sin previo aviso desde este lunes 6 de marzo aplicaron el incremento.
«Ya lo habíamos dicho antes que la suspensión del incremento que dieron a conocer hace unos días fue una decisión con cálculo político para distraer a la opinión pública», dijo Catalán Bastida.
Agregó que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no baja de precio el litro de gasolina pero sí aumenta las tarifas de las autopistas.
Consideró injusto este aumento al precio de las tarifas, porque desde hace muchos años la autopista sufre un grave deterioro, además de que es una de las más inseguras del país.
«Es una carretera a la que no le dan mantenimiento y eso provoca muchos accidentes, pero, además, es insegura porque te asaltan», dijo.
En la protesta de los perredistas había desplegados elementos de la Guardia Nacional, sólo observaron a los perredistas, quienes permanecieron en la caseta hasta las seis y media de la tarde.
Durante la sesión de hoy los diputados del PRI, PRD y PAN se lanzaron contra Morena y su presidente estatal de partido y su compañero de legislatura, Jacinto González Varona, por sus señalamientos de que todos los partidos políticos, menos Morena, tienen pacto con el crimen organizado.
Estás declaraciones las dijo durante una conferencia de prensa el pasado martes, luego de que el periódico Reforma publicara una nota donde informaba que «bajo el gobierno de la morenista Evelyn Salgado Pineda el grupo criminal de la Familia Michoacan expande su territorio en Guerrero».
González Varona dijo que Salgado Pineda es la gobernadora que más ha enfrentado la seguridad y que los generadores de violencia son los municipios gobernados por el PRD, el PRI y el PAN «que tienen pacto con el crimen organizado».
Las declaraciones de González Varona parecieron no gustarle a los diputados, quienes el día de hoy mostraron su molestia con él y catalogaron de incitador, y a la gobernadora de simuladora y al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de mentiroso.
Todo comenzó con un posicionamiento del Grupo Parlamentario del PRD, leído en tribuna por la diputada del distrito 17, con sede en Coyuca de Catalán, en la Tierra Caliente, Elzy Camacho Pineda.
La diputada le pidió a Gonzalez Varona presentar las pruebas de sus dichos ante las instancias correspondientes.
«Como sabemos que no las tiene y son infundadas (sus declaraciones), le exigimos que en un acto de responsabilidad presente las evidencias que dan sustento a sus señalamientos, de no hacerlo debe disculparse públicamente ante los guerrerenses, a quienes pretende confundir».
Dijo que las declaraciones de González Varona son «irresponables» y que sólo son una «cortina de humo».
«Está tan desgastada esa estrategia de echar la culpa a los de al lado o a los que se fueron, que nadie les cree».
En el posicionamiento de PRD citaron el asesinato del alcalde de San Miguel Totolapan, Corado Mendoza Almeda, el pasado 5 de octubre, donde, aseguraron, hubo una «estrategia implementada desde la parte oficial, para responsabilizar a los gobiernos municipales, especialmente a los de oposición, del clima de violencia que vive Guerrero».
Después de la intervención de Camacho Pineda pidió la palabra la única diputada del PAN, la purinominal, Ana Lendiz Reséndiz Javier, quien de igual manera arremetió contra González Varona y contra el presidente López Obrador.
«Las acusaciones vertidas por el dirigente de Morena en Guerrero, y que a la vez cobra como diputado, resultan una falacia y cortina de humo para desviar la atención de la grave y terrible realidad que se vive en nuestro estado y nuestro país», así inició su participación la panista.
Continuó y calificó a González Varona como inexperto y de dar declaraciones sensacionalista en las que busca protagonismo; de igual forma Reséndiz Javier le pidió que presentara sus pruebas ante la Fiscalía General del Estado (FGE).
También salpicó al presidente López Obrador: «La estrategia de seguridad de este gobierno, en lugar de abrazos y no balazos, más bien debería de llamarse fracasos y más balazos, porque fracasos abundan en cualquier materia que revisemos, y los balazos lamentablemente ahí están».
La panista agregó que quien tiene un pacto con el crimen es López Obrador; recordó el saludo que le dio a la mamá del presunto traficante Joaquín Guzmán, y la liberación del hijo de éste, Ovidio Guzmán, en una operación realizada por el Ejército y Guardia Nacional en Sinaloa en 2019.
Al final hizo un llamado a los tres poderes del estado para coadyuvar en acabar con el tema de la inseguridad.
Los morenistas se mantuvieron callados por un rato, hasta que solicitó la palabra el diputado Masedonio Mendoza Basurto, quien abogó por la gobenadora y el presidente López Obrador, pero no por su dirigente estatal.
Dijo que era necesario revisar la historia, «porque si bien es cierto hay responsabilidades que se deben asumir, la oposición debe reconocer los avances en la estrategia de seguridad».
Y después Reconoció que es un autoengaño decir que no hay violencia e inseguridad en Guerrero y llamó a la «clase política» a adquirir posturas serias en torno al tema de seguridad ya que dijo que hay mucha irresponsabilidad en las declaraciones de todos los dirigentes partidistas.
Aunque no mencionó el nombre de González Varona si volteo hacía su cururl, en donde el diputado y presidente de Morena ya estaba flaqueado por las diputadas morenistas Citlali Calixto Jiménez y la presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Yoloczin Domínguez Serna.
Dichas participaciones se desencadenaron por el posicionamiento del Grupo Parlamentario del PRD, pero falta el del PRI
Por el Grupo Parlamentario del PRI intervino el diputado Rafael Navarrete Quezada, quien dijo que la inseguridad no es una cuestión de partidos, por el contrario «existen responsabilidades institucionales en el tema de la inseguridad».
En respuesta a las acusaciones de González Varona de que los gobiernos de oposición son responsables del clima de violencia actual, dijo que los municipios de Acapulco y Chilpancingo, gobernados por Morena «son hoy los que tienen altos índices de inseguridad.
Mencionó que «no van a permitir infundios que pongan entredicho su trabajo y cercanía con las causas sociales».
Fue hasta este punto, casi una hora después de iniciado el debate y las acusaciones contra, que González Varona subió a tribuna «por alusiones personales».
«Quién no conoce su historia está condenada a repetirla, no pueden cerrarse los ojos ante la realidad, ni ser cómplices de un pacto de silencio con nadie», mencionó.
Sobre la petición de sus compañeros de presentar pruebas ante las instancias judiciales, González Varona dijo que no es necesario, porque «las evidencias son públicas y visibles».
Además aseguró que por lo delicado del tema sería peligroso denunciar uno por uno los casos.
Durante su participación recordó la implicación de los gobiernos federal y estatal en el caso Ayotzinapa, y la vinculación de alcaldes con el crimen organizado en años anteriores, aunque no dijo nombres.
También mencionó el caso de una candidata de Morena que salió de Ciudad Altamirano en 2021 por amenazas del crimen organizado.
Ante la insistencia de los diputados de seguir el debate que se extendió por hora y media, la presidenta de la Mesa Directiva, la perredista Yanelly Hernández Martínez, tuvo que llamar a votación para determinar si «el tema estaba totalmente concluido».
Los diputados votaron que sí y finalizó la sesión.
La posibilidad de una coalición en Guerrero entre el PRD y el PAN y de la candidatura al Senado de la República fueron los temas abordados este viernes en una reunión privada entre los presidentes estatales de ambos partidos, Alberto Catalán Bastida y Eloy Salmerón Díaz.
El encuentro, ocurrido en el restaurante La Granja, en Acapulco, duró cerca de cuatro horas, donde, además, nombraron como posibles candidatos a una senaduría, de concretarse la alianza, a los ex gobernadores Héctor Astudillo Flores y Ángel Aguirre Rivero, y al ex candidato a gobernador, Mario Moreno Arcos, todos de origen priísta.
En este encuentro estuvo presente Aguirre Rivero, quien además líder de Izquierda Progresista de Guerrero (IPG), corriente interna del PRD que posee en la actualidad la presidencia del partido, y el exdiputado local del PAN, Iván Pachuca Domínguez. Desde 2011 que fue el candidato a gobernador por una alianza encabezada por el PRD, Aguirre Rivero permanece en este partido, sin perder relación con el PRI.
Una persona cercana a los participantes de esa reunión confirmó a Amapola, periodismo transgresor que la intención de la alianza es reducir al PRI y frenar a Morena en las elecciones de 2024, en las que se disputarán senadurías, diputaciones federales, diputaciones locales y alcaldías.
Informó que todos los personajes políticos presentes hicieron una evaluación de los resultados de las elecciones de 2018 y 2021, y concluyeron que si ambos partidos concretan la coalición conseguirán los votos suficientes para desplazar al PRI y arrebatarle varios espacios a Morena.
La versión de esta persona indica que los cuatro participantes del encuentro coincidieron en que, en caso de concretarse la alianza, no debe considerarse al PRI, partido que actualmente enfrenta una crisis interna motivada por su líder nacional, Alejandro Moreno Cárdenas, señalado de pretender adueñarse del tricolor así como de actos de corrupción.
La misma fuente mencionó que en el encuentro pusieron sobre la mesa los nombres de Aguirre, Astudillo y Moreno, como los perfiles que encabezarían la candidatura a la senaduría, porque, según la evaluación que hicieron, generan más consenso y tienen con un “perfil competitivo”.
En diciembre pasado Astudillo Flores, quien gobernó el estado en el periodo 2015-2021, renunció al Consejo Político Nacional del PRI, órgano del que era parte, en rechazo a la reforma estatutaria que fue aprobada para que Alejandro Moreno permanezca como presidente del PRI hasta que concluya el proceso electoral de 2024.
«Hago patente mi renuncia como integrante del Consejo Político Nacional, como un acto de congruencia con mis convicciones políticas, democráticas y morales. Es importante dejar en claro también, mi militancia priísta. No puedo convertirme en observador de abusos, faltas de respeto y de trampas”, escribió el exgobernador en una carta dirigida al propio Moreno Cárdenas.
Mario Moreno, quien fue candidato a la gubernatura de Guerrero por la alianza PRI-PRD en 2021, también se pronunció en contra del intento de Moreno Cárdenas por perpetuarse en el cargo, acusándolo de actuar por “intereses personales poco claros”.
En la pasada elección local, donde entre otras cosas hubo votación por la gubernatura, el PRI y PRD hicieron alianza, escenario que, al parecer, no repetirán.
En la imagen, el ex gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero; el dirigente estatal del PRD, Alberto Catalán Bastida; el dirigente estatal del PAN; Eloy Salmerón Díaz y el ex diputado local del PAN, Ivan Pachuca Hernández. Foto: Especial
El presidente Andrés Manuel López Obrador siempre presume su dicho de no a la reelección en puestos de representación popular, pero aquí en Guerrero, varios diputados se aprovechan de la reforma electoral y se reeligen, y otros hasta imponen en esos cargos a sus hijos o parejas.
Ciertos nombres y apellidos de políticos dominan la escena pública hace mínimo 30 años. Priístas, perredistas y ahora morenistas ya presentan a sus hijos como sus relevos generacionales.
El ejemplo más cercano es el del Congreso local, donde la presencia de personajes políticos y sus familias parece perpetuarse. Hay políticos en cargos de elección popular desde 1990 o bien están sus hijos o esposas.
En orden cronológico, se mencionarán las dinastías políticas actuales en el Congreso de Guerrero.
Mediante un recuento que realizó Amapola, periodismo transgresor, se ubicó 1994 com un punto de arranque.
El primero caso es el del ex gobernador priísta, Héctor Astudillo Flores, quien fue por primera vez diputado local en el periodo 1994-1996. Su segundo periodo como legislador fue de 1999 al 2000, tiempo en el que se desempeñó como coordinador de la Fracción Parlamentaria del PRI.
El mismo cargo de coordinador lo ocupó en su tercera ocasión como diputado durante la 60 legislatura, del periodo 2012 a 2015. En 2015 fue candidato a gobernador y ganó las elecciones para el periodo 2015-2021.
Para las elecciones del 2021, es decir, en el mismo año que él dejaba la gubernatura, su hijo Ricardo Astudillo Calvo, apareció en la boleta electoral como candidato a diputado local por el distrito siete con sede en Acapulco.
Astudillo Calvo es diputado de la actual legislatura (2021-2024), lo que sumando a los períodos de su padre, los Astudillo sumarían 12 años continuos sólo en el Congreso local, porque el ex gobernador ha tenido otros cargos.
Astudillo Flores fue senador de la República, alcalde de Chilpancingo en dos periodos separados, y gobernador; otros 18 años en cargos públicos, en total, suman 32 años.
El diputado del PRI, Ricardo Astudillo Calvo, hijo del ex gobernador Héctor Astudillo Flores, durante una sesión del Congreso local de este año. Fotografía tomada de su perfil de facebook.
Las dinastías no sólo fueron documentadas en el PRI, el PRD también tiene estas mismas costumbres. La familia Mora Eguiluz, al igual que los Astudillo, tiene el mismo historial.
En 1994, Guadalupe Eguiluz Bautista, esposa del perredista Martín Mora Aguirre quien ocupó desde cargos internos en el partido hasta populares, fue diputada local.
Desde entonces el matrimonio Mora Eguiluz y sus hijas mantienen presencia política en el Congreso local y en su natal municipio de la Tierra Caliente, Tlalchapa.
En 1997, Martín Mora es designado como diputado federal plurinominal para el periodo de 1997-2000. Del 2000 al 2004 fue dirigente estatal del PRD y de 2005 a 2008 diputado local. En medio de estas dos últimas encomiendas contendió para alcalde de Tlalchapa (2002-2005), pero perdió.
Del 2012 al 2015, Guadalupe Eguiluz Bautista, su esposa, sí ocupó la alcaldía de Tlalchapa; para el siguiente trienio (2015-2018) se la transfirieron a Amalia Mora Eguiluz, hija de ambos.
En el siguiente periodo, del 2018 a 2021, Martín Mora Aguirre ahora sí fue alcalde de Tlalchapa, y otra de sus hijas, Celeste Mora Eguiluz, diputada local; antes (2015) contendió por una diputación federal pero perdió la elección.
Al inicio de esta administración estatal, Celeste Mora Eguiluz ocupó la titularidad de la Secretaria del Migrante, después de que la familia de manera pública se sumó al partido Morena. Justo dejó la secretaría por una función en la dirigencia estatal del Morena, donde es secretaria de Formación Política del nuevo Comité Ejecutivo Estatal.
La familia sigue en la practica de la herencia de los cargos; la actual alcaldesa de Tlalchapa es otra de las hijas de la pareja Mora Eguiluz, llamada Tania Mora Eguiluz.
De regreso al PRI, nombres como Héctor Apreza Patrón, Alicia Zamora Villalba, Flor Añorve Ocampo aparecen en las placas del Congreso local.
Apreza Patrón desde 2018 lleva dos periodos seguidos como diputado por la vía plurinominal, antes, de 1999 a 2002 fue diputado local y repitió de 2012 a 2015.
Al término de la actual legislatura, Apreza Patrón habría acumulado 12 años continuos en el Congreso local.
Otro caso es el de Añorve Ocampo, quien con esta legislatura (2021-2024) es la cuarta ocasión que está en el Congreso local.
La primera ocasión fue en el periodo 2000-2003, después de 2006 a 2009, la tercera de 2015 a 2018 –en este periodo fue presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo)–, y la actual.
La también priísta Alicia Zamora Villalba, originaria de Chilapa de Álvarez, es otro caso de permanencia en el poder; desde 2002 ostenta puestos legislativos.
De 2002 a 2005 aparece por primera vez como diputada local, de 2005 a 2008 fue presidenta municipal de Chilapa y de 2008 a 2012 diputada federal.
En 2012, Zamora Villalba regresa al Congreso local por un periodo de tres años en la 60 legislatura que concluyó en 2015.
En 2018, después de ser secretaria de Desarrollo Social en la administración de Astudillo Flores, regresó al Congreso local para el periodo 2018-2021, y a través de la reelección estará en su curul hasta 2024.
Otro caso de familiar en puestos públicos es el del matrimonio priísta conformado por el senador Manuel Añorve Baños y la actual diputada local Julieta Fernández Márquez.
Fernández Márquez ya fue diputada local en el periodo 2012-2015, y lo es ahora. Además, un hijo de Añorve Baños es regidor del puerto de Acapulco.
En la imagen, de izquierda a derecha, el ex diputado Esteban Albarrán Mendoza y los actuales diputados Héctor Apreza Patrón, Alicia Zamora Villalba, Gabriela Bernal Reséndiz y Flor Añorve Ocampo, todos actuales priístas, en el Congreso local antes de la comparecencia del secretario de Educación del 22 de noviembre del 2022. Fotografía: Oscar Guerrero / Archivo
De nuevo en el ejercicio de ubicar a más perredistas enquistados en puestos de poder desde hace años, se ubicó a Bernardo Ortega Jiménez, quien desde 2005 llegó por primera vez al Congreso local, donde permanece y se prepara, de acuerdo con lo que pudo documentarse, para heredarle el espacio a su hijo Jorge Iván Ortega Jiménez, quien fue y es su suplente.
De 2005 a 2008 fue el primer periodo de Ortega Jiménez como diputado local, dejó pasar una legislatura y en 2012 regresó al Congreso local, periodo en el que estuvo como presidente de la entonces Comisión de Gobierno, hoy Jucopo.
Ortega Jiménez concluyó ese periodo en 2015, y de nuevo dejó pasar otra legislatura para regresar a su curul en 2018, donde permanece desde entonces, su periodo culminará en 2024.
El perredista Carlos Reyes Torres al parecer también le tiene cariño a su curul, de 2005 a 2008 fue diputado local, regreso al Congreso para el periodo 2015-2018 y en 2021 volvió el Poder Legislativo.
Este perredista también fue alcalde de su municipio, La Unión, cargo que también ha ocupado su hermano, Crescencio Reyes Torres, actual presidente municipal después de una reelección, además de que ya ocupó en su momento una curul en el Congreso local.
Una dinastía familiar también se avizora en el PRD, tal es el caso de Raymundo García Gutiérrez, quien está por tercera vez en el Congreso local y su hija, Jennifer García Lucena, es su compañera de bancada.
Otro caso de curul heredada es el de la diputada perredista Elzy Camacho Pineda, pues, su padre, Ely Camacho Goicochea, fue diputado por el mismo distrito, el 17 con cabecera en Coyuca de Catalán en la Tierra Caliente, durante los años 2012-2015.
Camacho Goicochea también fue alcalde de Coyuca de Catalán en el trienio de 2009-2012 y fue asesinado en 2017 cuando buscaba ser candidato a alcalde por segunda ocasión.
Como éstos hay varios casos más en uno o en otro partido de cara al Congreso local, por ejemplo, el perredista Evodio Velázquez Aguirre, quien cuando no estuvo él en una curul, estuvo su esposa, Perla Edith Martínez Ríos.
Morena, el partido de la Cuarta Transformación de México, sigue los pasos de cerca a esta prácticas.
Con la reforma electoral de 2014 que permitió la reelección inmediata para diputados, senadores, alcaldes y regidores, y que entró en vigor en 2018, un par de morenistas también le apuesta a ese método para conservar sus espacios en el Congreso.
Casos como el de la diputada y actual presidenta de la Jucopo, Yoloczin Domínguez Serna, y los diputados Alfredo Sánchez Esquivel, Antonio Helguera Jiménez y Carlos Cruz López se reeligieron en sus cargos aun cuando por acuerdo del Consejo de su partido, Morena lo tiene prohibido.
Además, el presidente Andrés Manuel López Obrador, fundador de Morena, repite con mucho ímpetu la frase de Francisco I Madero, “sufragio efectivo, no reelección”, como un principio al que debía ceñirse todo su movimiento y sus simpatizantes.
Este medio día, los dirigentes de distintas corrientes del PRD se pronunciaron contra la reforma electoral propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador y los gobiernos de la llamada Cuarta Transformación.
En el cuarto aniversario de la creación de la corriente perredista Renovación Guerrero, que dirige Perfecto Rosas Martínez, se reunieron los principales líderes del PRD, encabezados por el dirigente estatal el partido, Alberto Catalán Bastida, quien además es líder de la corriente aguirrista, Izquierda Progresista de Guerrero (IPG).
Todos ellos, al momento de su participación en el acto político de aniversario arremetieron contra los gobiernos morenistas, contra el presidente de la República y contra la reforma electoral.
Rosas Martínez, dirigente de Renovación Guerrero, al comenzar pidió un minuto de silencio por el asesinato de Jorge Omar León Suástegui, subdirector jurídico del Ayuntamiento de San Marcos, integrante de su expresión política.
Exigió a la autoridades estatales y a la Fiscalía General del Estado (FGE) el esclarecimiento del crimen cometido hace 11 meses.
Después habló sobra la situación actual del PRD y aseguró que «no se cometerán los errores del pasado».
«Nunca más una alianza sin consultar a las bases, no a la imposición de candidatos sin presencia en la base social», mencionó. El PRD ha tenido alianzas hasta con partidos contrarios de manera ideológica, como el PRI; ambos partidos lanzaron candidatos juntos en la pasada elección reciente.
También arremetió contra el presidente López Obrador al asegurar que “se la pasa quejando en sus mañaneras de los gobiernos anteriores y presumiendo las becas y pensiones que ha otorgado sólo para manipular”.
Dijo que la inseguridad, la violencia y los asesinatos en el estado, el país aumentaron en los cuatro años que él lleva en el gobierno federal.
«De qué sirven esos apoyos (sociales) cuando la canasta básica cada día es más cara, el dinero ya no alcanza, los productos básicos tienen un costo extra porque ahora no los regula Profeco, los regula la delincuencia. Para qué queremos esos recursos si al final del día la gente se lo gasta pagando derecho de piso».
Al finalizar su participación dijo que “están equivocados si creen que están en peligro de extinción, hay PRD para rato”.
El acto se realizó en un salón al sur de Chilpancingo con la presencia de militantes y regidores pertenecientes a Renovación Guerrero.
También asistieron el ex presidente de Acapulco, Evodio Velázquez Aguirre, quien lidera la corriente Movimiento Independiente Progresista (MIP); y los diputados locales, Raymundo García Gutierrez, dirigente de la corriente Democracia Social (DS), y Carlos Reyes Torres y Bernardo Ortega Jiménez, de Alternativa Democrática (AD) y Movimiento Alternativo Social (MAS), respectivamente, quienes participaron en este orden.
Por su parte, el diputado local Carlos Reyes Torres dijo que en Morena no tiene identidad ni historia al ser una mezcla de distintos partidos.
«En Morena sólo veo una mezcla de residuos de todos los partidos políticos, ahí no veo historia ni memoria, lo cual es indispensable para que haya congruencia», mencionó Reyes Torres.
Reyes Torres también mencionó la reforma electoral propuesta por el gobierno federal y reconoció que el Instituto Nacional Electoral (INE) es el esfuerzo de muchas luchas de izquierda «encabezadas por el PRD».
Velázquez Aguirre agregó que los militantes ahí presentes necesitaban reivindicarse y aprender de sus errores.
“Tenemos un gobierno que poco o nada ha hecho para cambiar la maldita realidad que vive nuestro país, pero esta es una gran oportunidad para reivindicarnos”, dijo el ex alcalde de Acapulco.
El presidente estatal del PRD también dijo que su partido ya aprendió de sus errores y que no se volverán a repetir. Mencionó que aun con las distintas expresiones políticas dentro del PRD tienen que «generar condiciones para participar en el 2024».
“Hay que dejar atrás los discursos, esa competencia que muchas veces se da simplemente por querer competir con otros del partido”.
Por último, Catalán Bastida se refirió a la marcha del día de mañana que encabezará el presidente López Obrador en la Ciudad de México, dijo que estarán muy atentos de cualquier irregularidad o faltas a les leyes electorales por utilizar recursos públicos o actos anticipados de campaña.
Texto: José Miguel Sánchez Fotografía: Oscar Guerrero 10 de noviembre del 2022 Chilpancingo
El coordinador de la Fracción Parlamentaria del PRD en el Congreso local, Raymundo García Gutiérrez, dijo que la dirigencia de su partido propondrá a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda la terna para elegir al alcalde de San Miguel Totolapan.
«El tema de la terna será analizado por el partido, nosotros hoy (en el Congreso) recibimos la notificación del suplente de que no ocupará el cargo y le notificaremos a la gobernadora, pero las propuestas será algo que resolverá la dirigencia estatal», mencionó García Gutiérrez.
El día de hoy se presentó al pleno del Congreso local la carta mediante la cual el alcalde suplente de San Miguel Totolapan, José Alberto Nava Palacios, renuncia a asumir el cargo por motivos de salud.
Nava Palacios es uno de los heridos del ataque armado al Ayuntamiento de San Miguel Totolapan, el pasado no 4 de octubre, en el que fueron asesinadas 23 personas, entre ellas, el alcalde Conrado Mendoza Almeda, su padre, ex alcalde, Juan Mendoza Acosta y 21 personas más entre funcionarios municipales, policías y civiles.
Por el asesinato del alcalde y la condición de salud de su suplente, la síndica procuradora, Elena Barragán Urióstegui, es actualmente la encargada de despacho de la presidencia municipal.
De acuerdo con el procedimiento legislativo, después de la notificación que el Congreso realice a la gobernadora, esta enviará una terna de la cual los diputados definirán quien será el nuevo alcalde.
El dirigente estatal del PRD, Alberto Catalán Bastida, dijo que a dos semanas de la masacre en San Miguel Totolapan la ciudadanía vive en la zozobra e incertidumbre porque tienen miedo de que se registren nuevos hechos de violencia.
Mencionó que el alcalde suplente de este municipio, José Alberto Nava Palacios, quien está convaleciente de las heridas de bala recibidas les comentó que si no hay garantías de seguridad no va a asumir el cargo.
En entrevista, el líder perredista cercano al grupo político del ex gobernador Ángel Aguirre Rivero, criticó que hasta el momento la gobernadora Evelyn Salgado Pineda no los atienda en una audiencia para que les explique en que consiste el programa de pacificación en San Miguel y que también les informe el avance de las investigaciones.
En la matanza del pasado 5 de octubre en San Miguel Totolapan un grupo armado asesinó a balazos a 23 personas -según la Fiscalía General del Estado fueron 20- entre ellas el alcalde perredista Conrado Mendoza Almeda y su padre Juan Mendoza Acosta.
Nava Palacios, suplente de Mendoza Almeda, resultó herido de bala. El día de los hechos, junto con otra persona lesionada fue trasladado en un helicóptero de la Secretaría de Seguridad Pública, a un hospital de Chilpancingo.
«El estado de salud del alcalde suplente es estable pero él nos ha dicho que mientras no haya garantías de seguridad no asumirá el cargo», dijo el líder estatal del Sol Azteca Catalán Bastida.
Añadió que hace unos días enviaron un escrito a Salgado Pineda para pedir una reunión y les diga la situación que prevalece en San Miguel Totolapan y ponerse de acuerdo para una posible propuesta de terna de aspirantes a la alcaldía interina del Ayuntamiento de San Miguel al Congreso local.
Alberto Catalán Bastida, dirigente estatal del PRD, en entrevista con reporteros, este 18 de octubre del 2022. Fotografía tomada por Oscar Guerrero.
«El jefe de Oficina de la gobernadora nos dijo que ella nos va a recibir después que rinda su primer informe de labores y estamos en la espera», comentó el líder del PRD, entrevistado cuando acompañó al ex gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, a una conferencia de prensa que ofreció a los periodistas de Chilpancingo.
Desde el pasado 6 de octubre, un día después del asesinato del edil Conrado Mendoza, la síndica procuradora Elena Barragán Urióstegui es la encargada de despacho del Ayuntamiento por un tiempo de 30 días, como lo establece la ley.
«En caso de que no haya una respuesta de la reunión con la gobernadora nosotros enviaremos una propuesta de terna de aspirantes al Congreso a través de nuestra fracción parlamentaria».
Ya transcurrieron dos semanas de que ocurrió la masacre en San Miguel Totolapan y el gobierno implementó un reforzamiento de seguridad con casi dos mil elementos, entre efectivos del Ejército, Marina, Guardia Nacional y Policía estatal.
Este martes, la FGE anunció la apertura de una Agencia del Ministerio Público del Fuero Común en San Miguel Totolapan.
«En San Miguel Totolapan la ciudadanía todavía vive en aparente calma pero está en la zozobra porque tiene el temor de que viva una circunstancia similar a la del pasado 5 de octubre», dijo Catalán Bastida.
Lamentó que ellos como partido y la sociedad de Guerrero no conozcan los avances de la investigación de esa masacre y prueba de ello es de que no existe ningún detenido por esos hechos.
«Por eso estamos pidiendo una reunión con la gobernadora para que nos explique su plan de pacificación en Tierra Caliente y que también nos diga el avance de las investigaciones».
Sobre la versión que el supuesto dirigente del grupo del crimen organizado, la Familia Michoacana, José Alfredo Hurtado Olascoaga, alías La Fresa dijo -a través de un video- que era amigo del alcalde Conrado Mendoza, Catalán aseguró que él no tenía conocimiento de eso.
«La FGE ha podido establecer si lo que se comenta, si lo que se dice en ese video es real, no sabemos de este tema y lo que si hemos dicho es de que se realicen las investigaciones y que se haga justicia no solo por el alcalde y su papá sino por toda la gente asesinada».
El líder del Sol Azteca afirmó que se conoce que en Tierra Caliente hay autoridades obligadas a dialogar con representantes de los grupos criminales.
«Nosotros no sabemos nada y lo que hacemos es darle un cauce político a lo que se está viviendo en San Miguel Totolapan y si las instituciones encargadas de la investigación si tienen elementos deberían de proceder; nosotros no podemos meter las manos al fuego por nadie y no tenemos elementos para juzgar si alguien o no está vinculado (con los grupos delictivos) y nosotros seguimos un proceso que marca la ley en el registro de candidaturas», sostuvo.
Un grupo de hombres armados despojaron de su vehículo al alcalde perredista del municipio de Cuautepec, César Iván Pérez Vargas Ríos, este sábado cuando circulaba por la Autopista del Sol, denunció la dirigencia estatal del PRD.
La versión del partido es que alrededor de las cuatro de la tarde de hoy, el edil junto con su esposa y secretario particular viajaban hacia la Ciudad de México, pero en el tramo Zumpango, cabecera municipal de Eduardo Neri, y Huiziltepec, varios individuos los interceptaron y los obligaron a bajar del vehículo.
Les quitaron algunas de sus pertenencias y se llevaron el vehículo.
En un comunicado, la dirigencia del PRD dijo que estos hechos confirma que en Guerrero la ciudadanía vive en un clima de violencia.
«Tan sólo en esta semana han ocurrido dos atentados contra ediles perredistas», se lee en texto de la dirigencia del PRD en referencia a los ataques a balazos en San Miguel Totolapan donde asesinaron al menos a 20 personas, entre ellas el alcalde de ese municipio, Conrado Mendoza Almeda y su padre, Juan Mendoza Acosta.
«La dirección estatal del PRD hace un enérgico llamado a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, a la Fiscalía y a la Secretaría de Seguridad Pública para que se investiguen estos hechos que ponen en riesgo en su integridad física de las y los actores políticos», es otro párrafo de comunicado.
El partido, a nombre de los miembros de la dirigencia y de sus militantes, expuso que pese a la militarización que ha impuesto el gobierno federal es evidente el fracaso su programa en materia de seguridad.
«Guerrero necesita que sus autoridades asuman su responsabilidad y dejen a un lado las simulaciones».
En la imagen, una patrulla del Ejército atiende un reporte de dos vehículos incendiados en el corralón ubicado atrás del Hospital General Raymundo Abarca Alarcón de Chilpancingo, a un costado de la carretera federal México-Acapulco, con dirección a Zumpango. Foto: José Luis de la Cruz (Hemeroteca Amapola)
Esta ley que proponen los perredistas, no considera que en el sistema de justicia de los pueblos no haya sanciones de reeducación contra personas que cometan algún delito.
Texto: Jesús Guerrero
Fotografía: Oscar Guerrero
29 de marzo del 2022
Chilpancingo
En una reunión en la que la gobernadora Evelyn Salgado Pineda hizo esperar más de una hora a los coordinadores de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) les dijo que ella no puede frenar la consulta para la reforma constitucional que realiza el Congreso local que ha sido impugnada por las propias comunidades indígenas que tienen su propio sistema de justicia.
Durante el encuentro que se realizó este lunes en Palacio de Gobierno, la mandataria estatal les dijo que a los coordinadores de las cinco casas de justicia de la CRAC-PC que ella retiró las iniciativas de reformas a la Constitución que envió al Congreso y decidió primero dialogar con los pueblos originarios para que hagan su propuesta de nuevas iniciativas.
Después de que la mandataria retiró sus iniciativas, el PRD presentó otras iniciativas que establece los mecanismos de consulta los mecanismos de consulta a los pueblos indígenas y poblaciones afromexicanas.
Esta ley que proponen los perredistas, no considera que en el sistema de justicia de los pueblos no haya sanciones de reeducación contra personas que cometan algún delito.
Apenas el pasado fin de semana, la casa de justicia de la CRAC-PC, de El Paraíso del municipio de Ayutla de los Libres sentenció a 25 años de reeducación a un feminicida que cometió contra su pareja sentimental el pasado primero de enero de este año.
En la reunión con la gobernadora los líderes de la CRAC le dijeron que esta consulta que realiza el Congreso local tiene como objetivo desaparecer a las policías comunitarias y al sistema de justicia que tienen los pueblos originarios.
«La gobernadora (Evelyn Salgado) contestó a los coordinadores de la CRAC que su gobierno no puede ordenarle a un poder que realice tal o cual acción porque ella respeta su autonomía», señaló el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y asesor de la CRAC, Rogelio Téliz García.
En la reunión que se desarrolló en Palacio de Gobierno y que duró casi tres horas, Salgado Pineda les dijo a los dirigentes de la CRAC que su gobierno solo coadyuva en los trabajos de esa consulta que realiza el Congreso.
Téliz García, señaló que lo que si les dijo a los coordinadores de la CRAC-PC es que después que concluya la consulta se va reunir con ellos para empujar una propuesta de proyecto de iniciativa de ley que reconozca los derechos de los pueblos indígenas.
«Habrá diálogo y más diálogo con nosotros, eso es lo que nos dijo la gobernadora», afirmó el abogado entrevistado después de que concluyó la reunión con la mandataria.
El abogado señaló que esta consulta para la reforma al artículo 777 de la Constitucional y la Ley 701 que lleva a cabo el Congreso local está «manipulada y racista» que pretende desaparecer el sistema de seguridad y justicia.
En el 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revocó las reformas a los artículos 14 y 772 de la Constitución local así como la Ley 701 que aprobó en el 2018 la anterior 61 Legislatura a propuesta del entonces gobernador priísta Héctor Astudillo Flores.
La Corte le dio un plazo de 12 meses al Congreso local para que realice una consulta entre los pueblos indígenas y afromexicanos para que se realice estas reformas y la Ley 701 que reconoce a la policía comunitaria.
El próximo 12 de abril se cumple el plazo que le dio la Corte a los diputados locales quienes apenas llevan una semana llevándola a cabo en los municipios donde hay comunidades indígenas y afromexicanas.
Rogelio Téliz García, prevé que la consulta que lleva a cabo el Congreso va a fracasar porque está plagada de irregularidades.
Derivado de estas fallas la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) podría iniciar un procedimiento sancionador contra los 46 diputados por desacato judicial.
«La sanción podría ser una acusación judicial e incluso un procedimiento del desafuero de los 46 diputados locales», señaló el abogado.
Los coordinadores de las cinco casas de justicia de la CRAC-PC acordaron seguir con su plan para impedir que el Congreso apruebe las reformas a la Constitución.
El próximo 5 de abril habitantes de los pueblos, policías comunitarios y coordinadores de las cinco casas van a realizar una marcha en las calles de Chilpancingo.
Después del 14 de abril, el grupo jurídico del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan acudirá a la Suprema Corte para impugnar esta consulta que realiza el Congreso.
Téliz García señaló que el sistema de seguridad y justicia que tienen los pueblos indígenas y afromexicanos de Guerrero están legalmente reconocidos por el artículo 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
«El Congreso o el gobierno jamás podrá desaparecer este sistema que tienen los pueblos porque ha dado certidumbre en el tema de seguridad», expresó el abogado.
Mencionó el caso de un individuo que el pasado fin de semana fue sentenciado a 25 años de trabajos comunitarios durante una asamblea que realizó la Casa de Justicia de la CRAC en la comunidad de El Platanal, del municipio de Ayutla de los Libres.
A esta persona se le dictó esta sentencia por el delito de feminicidio en agravio de su pareja sentimental a quien mató a machetazos.
«Si este individuo hubiera sido detenido por la justicia del gobierno hubiera transcurrido muchos meses o años para que se le dictara sentencia pero en el sistema de justicia que tienen los pueblos originarios el proceso duró tres meses», dijo Téliz García.
El encuentro con la mandataria estatal empezó después de las 12 del día de este lunes y concluyó a las 15 horas.
Los coordinadores de las cinco casas de justicia de la CRAC-PC estaban citados a las 11 de la mañana, pero la gobernadora llegó con ellos más de una hora después.
En un contexto de violencia exacerbada, los policías armados con pistolas de alto calibre cuidan las oficinas ubicadas cerca del primer cuadro de la capital. Los elementos llegaron en dos patrullas y sin equipo antimotín como lo establece el protocolo la actuación policial de fuerza antidisturbios
Texto: Jesús Guerrero
Fotografía: Especial
2 de febrero del 2022
Chilpancingo
Diez policías estatales armados con fusiles R-15 se apostaron en la entrada de las oficinas estatales del Partido de la Revolución Democrática (PRD) para evitar que normalistas de Ayotzinapa y militantes de organizaciones sociales se introdujeran al edificio y realizaran destrozos como lo han hecho en otras ocasiones.
El contingente de más de mil personas, entre estudiantes de Ayotzinapa, padres de los 43, colectivos de familiares de desaparecidos y maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación del Estado de Guerrero (CETEG) que marcharon en protesta por la violencia e inseguridad, desvió su camino.
El plan de la protesta de los manifestantes era caminar por la avenida Miguel Alemán y realizar un mitin frente a las oficinas estatales del Sol Azteca, partido del cual varios gobernantes como Ángel Aguirre Rivero han sido señalados como responsables de masacres y tragedias, como la del 26 de septiembre del 2014 en Iguala, donde fueron desaparecidos 43 normalistas.
De último momento, el contingente cambió el plan y los activistas marcharon por la avenida Ignacio Ramírez y dieron la vuelta por donde están las oficinas de este partido político que ya estaba resguardado con un grupo de agentes estatales.
Los policías que llegaron en dos patrullas portaban armas de cargo de alto poder y no con equipo antimotín como lo establece el protocolo la actuación policial de fuerza antidisturbios.
Blindar oficinas públicas, una vieja tradición
Desde el 2014 después de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala, los estudiantes, maestros y militantes de organizaciones sociales que demandan la presentación con vida de los jóvenes han atacado las instalaciones del PRD estatal aquí en Chilpancingo.
El edificio ha sido pintarrajeado con consignas por los 43, castigo al ex gobernador Ángel Aguirre y ha sido atacado con bombas molotov y petardos. Los daños materiales han sido cuantiosos.
En septiembre del 2021 cuando se cumplieron siete años de la desaparición de los 43, la puerta de acero del inmueble fue derribada por los normalistas y luego estallaron petardos y destrozaron el mobiliario de oficina.
Este edificio que todavía en la década de los ochentas albergaba las oficinas del desaparecido Partido Comunista Mexicano (PCM) pasó como propiedad del PRD en 1990.
Desde el pasado viernes 28 de este mes, elementos de la Guardia Nacional (GN) y policías estatales custodian las casetas de Palo Blanco, La Venta y Paso Morelos de la autopista del Sol Cuernavaca-Acapulco para evitar que estas sean tomadas por los normalistas de Ayotzinapa y los padres de los 43 desaparecidos y otras organizaciones sociales.
Desde hace siete años cuando inició el movimiento para exigir la presentación con vida de los 43 normalistas y su presentación con vida, los estudiantes tomaban las casetas para pedir cooperación económica a los automovilistas e informarles el motivo de su protesta.
Según los dirigentes estudiantiles de la Normal, los recursos económicos que obtenían por las cooperaciones en las casetas es para financiar el movimiento de protesta.
Este miércoles, a petición del dirigente estatal del PRD, Alberto Catalán Bastida, la gobernadora morenista Evelyn Salgado Pineda ordenó que se enviara un grupo de policías armados a las oficinas de este partido para evitar que sufriera una vez más destrozos por parte de los estudiantes.
La alianza actual entre el PRI y el PRD es un acto antibiológico que borró el origen del perredismo. A los perredistas, de pronto, se le olvidaron sus muertos y su historia.
Texto: José Miguel Sanchez
Fotografía: José Luis de la Cruz
20 de abril de 2021
Chilpancingo
Santos Cabrera Rosas fue asesinado la noche del 20 de enero de 1989 cuando se dirigía a su domicilio en la comunidad de Potrerillo, municipio de Petatlán, en la Costa Grande del estado. Recibió nueve impactos de bala calibre 22, su cadáver fue hallado por un menor de edad, quien avisó al comisario de la localidad, de acuerdo con datos de la averiguación previa.
Tres años antes, en 1986, Santos Cabrera fue candidato a diputado suplente por la Unidad Popular Guerrerense (UPG) y al momento de su asesinato se desempeñaba como promotor municipal del naciente Partido de la Revolución Democrática (PRD).
Santos Cabrera Rosas es el primer nombre del listado de perredistas asesinados que comenzó a construirse el 9 de marzo de 1996, como una manera, al parecer, de escribir su propia memoria: los costos de erigirse como una opción partidista.
De 1989 a 1996, el PRD documentó 134 perredistas asesinados y 12 más desaparecidos. Desde entonces a la fecha hay más muertos, pero se dejará ese primer corte porque en esa época el PRD todavía vivía la represión por sus principios y su contraposición al PRI.
Ese listado es un documento oficial del partido, está membretado por la Secretaría de Derechos Humanos y Pueblos Indios del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRD, con el título de Lista de militantes y simpatizantes del PRD muertos en el estado de Guerrero.
El documento fue hallado en los archivos personales de Guillermo Sánchez Nava, un viejo militante de la izquierda y uno de los fundadores del PRD, a quien el PRI, el partido que ha forjado grandes cacicazgos e injusticias en Guerrero– razón suficiente para que fuera el enemigo eterno de su partido –, en el contexto de la elección de 2011 le hizo saber de lo que era capaz.
Una brigada de priistas que Sánchez Nava sorprendió retirando propaganda del PRD para colocar la del PRI lo golpeó hasta dejarlo inconsciente y aún no se recupera de esas lesiones.
En ese entonces, él fungía como representante de la coalición Guerrero nos une ante el Instituto Electoral del Estado de Guerrero (IEEG, ahora Instituto Electoral y de Participación Ciudadana Guerrero). Recibió una llamada y le informaron que brigadistas del PRI retiraban propaganda, acudió al lugar a tomar fotos de los hechos para presentarlas como prueba de un delito electoral, pero los brigadistas del PRI lo agredieron y huyeron. Hoy Sánchez Nava todavía está postrado en una cama, sin moverse ni hablar.
Esa elección de 2011 fue para, entre otros cargos públicos, definir gobernador. La contienda la libraron dos priistas, en representación del PRD, Ángel Aguirre Rivero, y por el PRI, el partido que no le dio la candidatura, Mane Añorve Baños.
Aguirre Rivero es uno de los personajes principales que orquestó la alianza actual entre el PRI y el PRD. Un acto antibiológico que borró el origen del perredismo. A los perredistas, de pronto, se le olvidaron sus muertos y su historia.
Las victimas del PRD
Cuando se dice que ese primer corte de víctimas del PRD está asociado a su desacuerdo ideológico con el PRI, es porque el asesinato contra Santos Cabrera se le adjudico a los hermanos Mónico y Gregorio Solís Escalante, quienes eran simpatizantes priistas en Potrerillo, de acuerdo con el libro Asesinato y política en México: asesinatos políticos en el Partido de la Revolución Democrática y sus consecuencias, de Sara Schatz.
Por el crimen detuvieron a Mónico Solís Escalante, pero un juez lo absolvió del delito y en su lugar giró orden de aprehensión contra su hermano Gregorio, ordenamiento judicial que nunca se cumplió.
En 1992, la entonces secretaria de Derechos Humanos del PRD, Isabel Molina Warner, presentó una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), dicha queja dio como resultado una recomendación.
La recomendación va dirigida al entonces gobernador de la entidad, el priista José Francisco Ruiz Massieu, donde se le pide entre otras cosas que proceda a ejecutar la orden de aprehensión contra Gregorio Solís Escalante y explicar por qué no se ha cumplido la orden.
Los hermanos Solís Escalante, se supo, se mudaron a los Estados Unidos y el asesinato de Cabrera Rosas sigue en la impunidad.
Agripino Comonfort Flores es el último nombre que aparece en la lista. Él era campesino oriundo de Atlamajalcingo del Monte, municipio de la región Montaña. De acuerdo con una nota publicada por el periódico La Jornada del 7 de marzo de 1996, policías municipales entraron a su casa y se lo llevaron por la fuerza. Días después familiares y amigos encontraron su cadáver con disparos de escopeta; en la escena del crimen apareció una credencial de un policía preventivo.
Carlos Payan Torres, en ese entonces secretario de Asuntos Electorales del Comité Estatal del PRD, declaró que entre los mismos policías había priistas presuntamente enviados por el alcalde, Simón Vivar Juárez, con quien Comonfort Flores tuvo graves diferencias y ásperos encuentros por su militancia en el PRD, porque organizaba asambleas municipales con miras a la elección local de ese mismo año.
De la última agresión contra perredistas registrada en esa lista hasta ahora han pasado 25 años o 32 desde que se documentó la primera, y 10 de la agresión contra Sánchez Nava, que también continúa en la impunidad.
Ninguno de éstos u otros asesinatos u agresiones importó a los dirigentes perredistas, quienes tomaron las decisiones, para tejer una alianza con sus adversarios ideológicos.
Este 2021, PRI y PRD van juntos por la gubernatura de Guerrero y en otros 14 estados.
Va por Guerrero es el nombre que lleva la alianza a nivel local, y el pasado 28 de febrero registraron ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Guerrero (Iepcgro) a su candidato de unidad a gobernador, el priista Mario Moreno Arcos.
Después del registro se realizó un mitin en las oficinas estatales del PRI y en dicho evento estuvieron presentes las dirigencias nacionales de ambos partidos, Alejandro Moreno Cárdenas del PRI y Jesús Zambrano Grijalva del PRD.
“A poco nos imaginábamos en algún momento un evento como éste en donde estuviéramos el PRD junto con el PRI y el PRI junto con el PRD, y aquí estamos en la sede del PRI”, dijo Zambrano Grijalva al inicio de su intervención, olvidando, al parecer, hasta su propia historia, hasta su propia memoria.
Zambrano Grijalva justificó la alianza diciendo que no tienen de qué avergonzarse.
