La Montaña de Guerrero: el lugar donde los servicios y los programas para el campo son casi inaccesibles

La ausencia del Estado en La Montaña guerrerense va desde el abandono en materia de salud, educación, seguridad y empleo hasta la desaparición de programas sociales específicos para la población trabajadora agrícola. En comunidades donde las personas no tienen nada, mucho menos cuentan con terrenos suficientes para cumplir los requisitos del programa Sembrando Vida.


Texto y fotografía: Marcela Nochebuena / Animal Político

Ilustración: Andrea Paredes

 

Rodeada enteramente de cerros, la cabecera municipal de Tlapa de Comonfort, al oriente de Guerrero, parece el último destino de la región montañosa de la entidad, pero no lo es. Es apenas el centro y punto de partida para la migración a otros estados de quienes habitan sus 19 municipios. Aquí quien no trabaja en el campo ya lo hizo antes o lo hará en el futuro. En los últimos 50 años, tres o cuatro generaciones de jóvenes han estado destinadas al trabajo agrícola.

Para los pueblos de la montaña, no existe un antes glorioso de atención gubernamental o de desarrollo, nunca lo ha habido. Todo antes es trágico, porque la historia de las comunidades aledañas a Tlapa se ha escrito con dolor: les han despojado, dividido, engañado, asesinado, masacrado, expulsado de sus tierras y explotado. Así resume Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, el abandono de esas poblaciones del sureste desde hace décadas.

De esa manera ocurrió el retiro del Estado, cuyas instituciones nunca terminaron de llegar a los habitantes de Tlapa. La ausencia sigue vigente: desde la atención a la salud hasta la educación, la seguridad y el acceso al empleo. Por épocas, han existido programas sociales dirigidos a pequeños productores y algunos subsidios que funcionaron, como uno de Conasupo de almacenes para el manejo y la compra de maíz. Hoy han dejado de existir.

En Tlapa, el porcentaje de personas de 15 años y más analfabetas es de 83.4% —con un crecimiento gradual desde el 2000, cuando era de 69.8%—, según estadísticas del Inegi. El promedio de escolaridad es de secundaria inconclusa (8.2 años). El 64% de la población de más de tres años no asiste a la escuela, frente a 36% que sí.

La migración de los habitantes de la región a otros estados comenzó a volverse sistemática en la década de los 70, cuando se evidenció la insuficiencia de las condiciones de las comunidades. En México, las personas que trabajan en el campo sobreviven al margen de todo, incluso de las estadísticas oficiales, pero estimaciones del Inegi señalan que alrededor de 2.5 millones laboran como empleadas en centros de producción agrícola.

Sin embargo, el Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas (PAJA), que contemplaba apoyos directos y acciones sociales para el desarrollo de esta población, y que había disminuido en 84% sus beneficiarios entre 2008 y 2016 a pesar de haber recibido 91% más de presupuesto en ese periodo, hoy ya no existe. En 2015, alcanzaba a 103 mil 140 personas.

Destinado específicamente a reclutar, seleccionar y enviar población migrante internacional a Canadá, sobrevive el Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales (PTAT), que en los últimos seis años, según datos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), ha beneficiado anualmente a 24 mil 800 personas en promedio. De ellas, solo 3% son mujeres. Las variaciones por año son mínimas; mientras el registro no crece, la migración sí.

Si antes se limitaba a la temporada más alta, entre septiembre y mayo, hoy es permanente, según lo documentado por Tlachinollan. Aunado a ello, las remesas recibidas en Tlapa, uno de los municipios guerrerenses con más envíos de dinero por parte de migrantes internacionales a sus familias, pasaron de más de 49 millones de dólares en el cuarto trimestre de 2019 a 106 millones de dólares en el mismo periodo de 2022, un incremento del 116%, de acuerdo con datos del Banco de México.

Para el campo mexicano, a partir de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador el apoyo se enfocó en el programa Sembrando Vida, que según el gobierno federal tiene la finalidad de generar autoempleo e incentivar a las y los trabajadores del campo a convertirse en productores. A cargo de la Secretaría de Bienestar, desde 2018 presumió el objetivo de revertir el abandono al sector por parte de gobiernos anteriores.

Según sus reglas de operación, las personas trabajadoras agrícolas deben cumplir con habitar en municipios catalogados como de medio a muy alto grado de rezago social, por debajo de la línea de pobreza por ingresos rural, pero al mismo tiempo tienen que acreditar la propiedad o posesión individual de 2.5 hectáreas —25 mil metros cuadrados— para trabajar en proyectos agroforestales que no se ubiquen a más de 20 kilómetros de su domicilio. A ello añaden más de cinco características específicas del terreno. Todo para obtener 6 mil pesos mensuales.

Si en La Montaña guerrerense no hay acceso a servicios o empleo, mucho menos a terrenos suficientes para cumplir con esos requisitos. Por ejemplo, en Calpanapa, municipio de Cochoapa el Grande, uno de los más pobres de México, al que se llega solo por caminos de terracería, hay cerca de 50 personas inscritas en el programa, mientras entre 70% y 80% de sus 336 habitantes sigue migrando a otros estados, temporal o definitivamente, para poder trabajar en el campo, según lo refirieron autoridades comunitarias.

En su evaluación más reciente, correspondiente a los recursos ejercidos en 2021, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) consignó que Sembrando Vida otorgó apoyos económicos a un total de 481 mil 205 personas en 20 estados, 30.7% de ellas mujeres. Sin embargo, de los 968 municipios donde se distribuyeron, 456 no correspondían a localidades marginadas. Por otro lado, no hubo mecanismos de control, en general, para probar documentalmente que los beneficiarios del programa cumplían los criterios y requisitos de elegibilidad.

Para 2023, Sembrando Vida tiene una meta de 455 mil 749 beneficiarios en más de 25 mil localidades de 23 estados. Las reglas de operación establecen que al menos 20% deben ser mujeres. Tomando en cuenta la estimación del Inegi, la población beneficiada por el programa representaría apenas 19% del total de personas dedicadas al trabajo agrícola en México. En contraste, entre quienes no tienen propiedad y no les queda más que trabajar para un empleador, solamente del 3% al 7% cuenta con contrato escrito.

“Queda el programa de fertilizante (Fertilizantes para el Bienestar), pero es un programa para asegurar clientela política, y obviamente también en el cambio al uso de agroquímicos es cuando llega el fertilizante, y es utilizado primero y después los demás; entonces, la gente se vuelve dependiente de todos los insumos químicos de fuera. Tanto ya no recibe apoyos como le llegan las nuevas tecnologías y las nuevas prácticas agrícolas, que los vuelven dependientes, y viene la privatización. Todo eso hizo que la gente prefiriera salir”, explica Barrera.

“Primero los pobres”: negativas y ausencias en el último sexenio

Abel Barrera recuerda que, desde el principio de esta administración, Tlachinollan intentó y logró reunirse con Ariadna Montiel, entonces subsecretaria de Bienestar, “con esa ilusión de que obviamente tienen una perspectiva en favor de los pobres, como lo ha dicho AMLO”. Le explicaron el trabajo del centro y le externaron su preocupación por la población jornalera en La Montaña, para plantear la posibilidad de que se implementara un programa específico.

En la reunión, supieron que la administración no tenía intención de implementar programas sociales sectoriales, sino únicamente universales para el supuesto beneficio de toda la población pobre. Sin embargo, hay una población jornalera —explica Barrera— que no se está beneficiando porque no está en la comunidad por su frecuente movilidad. Los Servidores de la Nación ni siquiera los ubican. “Quedó ahí; está muy difícil que hagan un programa para jornaleros”, lamenta.

Más tarde, fueron contactados por la misma secretaría para plantearles un programa piloto en Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Chihuahua. Le pidieron apoyo a Tlachinollan para identificar comunidades específicas; sin embargo, al final no se concretó, presuntamente porque se necesitaban recursos para la campaña en Zacatecas, según confiaron a Barrera. “Nosotros fuimos a dar la cara y a decir que iba a haber programas para jornaleros… no se hizo y ni siquiera hubo forma de reclamarle a nadie”, agrega.

Por otro lado, lograron tener una reunión —a través de la Alianza Campo Justo— con la STPS. A partir de ella, el resultado fue que la población jornalera fuera incorporada a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami). El monto considerado sigue siendo bajo —aclara Barrera—, pero al menos ya está contemplado. Las personas trabajadoras agrícolas han pedido que se fije en al menos 300 pesos diarios.

Se refiere a la reforma que se dio finalmente en 2019 —después de años de solicitarla— al artículo 280 de Ley Federal del Trabajo, que indica que la Conasami fijará los salarios mínimos de las y los trabajadores del campo, tomando en cuenta su naturaleza y cantidad, el desgaste físico y los salarios en establecimientos y empresas dedicadas a producción agrícola. En 2020, lo fijó por primera vez en 213.39 pesos en la Zona Libre de la Frontera Norte y 160.19 en el resto del país. Este año asciende a 312.41 y 234.52, respectivamente.

En el caso de la STPS, también lograron que accediera a una única inspección en campos agrícolas. “Pero ya nos dimos cuenta que hay una burocracia en medio que dice ‘A ver, dime dónde está ese campo agrícola, cuáles son las coordenadas, quién es el dueño, cuál es su registro federal de causantes’. Eso lo tuvimos que hacer nosotros y todavía decían ‘Es que esta dirección no existe porque está sobre la carretera’. Nosotros teníamos que hacer su trabajo”, dice Barrera.

“No podían hacerlo ellos, alguien tiene que solicitarlo, y también ahí nos dimos cuenta que una cosa es la empresa que contrata a los trabajadores, otra la dueña de los terrenos, otra la de los camiones; entonces, hay cinco o seis”, agrega. Eso genera el problema de que lleguen a presentarse en una empresa cuya dirección no corresponde necesariamente con los terrenos agrícolas. En su opinión, el trámite burocrático de las inspecciones está hecho para los empresarios, no para los trabajadores.

Por ejemplo, la empresa Divemex, que se dedica a cultivo, cosecha, distribución y comercialización de granos, frutas, hortalizas y verduras, se ubica en Guadalajara, Jalisco. En su acta constitutiva, como única dirección oficial registra la Zona Metropolitana de esa ciudad. En su página oficial en internet puede conocerse de manera más específica que su sede está en Ostia 2756-6, colonia Lomas de Guevara, Guadalajara. Ninguna otra ubicación se publica ahí.

Sin embargo, sus campos de cultivo están en un punto distinto: la carretera El Dorado-El Salado número 12510, a media hora de Culiacán, aunque en una búsqueda general en internet, en primera instancia solo aparece como 80300 Culiacán, Sinaloa. Por otro lado, en respuesta a una solicitud de información sobre las inspecciones que ha realizado en centros agrícolas, la oficina de representación federal del trabajo en Sinaloa solo enlistó direcciones, muchas únicamente con el nombre de la carretera sin número, por lo que es imposible saber de qué empresas se trata.

De la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Tlachinollan solo obtuvo el compromiso de que se garantizara que algunos programas generales de producción ya existentes llegaran a la población minoritaria que es candidata, y del Inegi, que en los censos agropecuarios se incorporen rubros relacionados de manera más específica a las características de la población jornalera. Con el IMSS, hasta ahora no ha habido avances en alguna estrategia para hacer efectiva la afiliación.

Sobre los campos agrícolas en los estados de destino de la migración interna —Sonora, Sinaloa y Baja California, principalmente— y las inspecciones mencionadas, la STPS tampoco puede dar muchas certezas. A la petición del censo específico de centros de trabajo agrícolas vía transparencia, la STPS respondió con un padrón extenso de empresas registradas en todo tipo de sectores, sin especificar cuáles corresponden al agrícola.

En respuesta a otra solicitud de información, la Dirección General de Inspección Federal del Trabajo contestó que de 2017 a la fecha localizó únicamente 57 actas de visitas de inspección ordinarias y extraordinarias, la mayoría por comprobación de seguridad e higiene.

A estas se suman las realizadas por las delegaciones estatales de la dependencia. Tan solo en Sinaloa pasaron de 17 en 2015 —y un máximo de 34 en 2018— a seis en 2022; en Baja California Sur, de 18 en 2016 a una en 2022, mientras que en Jalisco, uno de los principales estados productores, han sido únicamente entre cero y siete anuales en los últimos ocho años.

Reclutamiento en La Montaña: “Aquí no hay nada”

A unos 10 minutos a pie desde el centro de Tlapa, en una superficie seca conocida como Río Jale, se estacionan los transportes —camionetas medianas— que llegan de las comunidades de la montaña. De ahí, a unos cuantos pasos se encuentra la casa del jornalero. En la reja exterior, las cartulinas se amontonan con una diversidad de ofertas para ir a otros estados a trabajar al campo.

“Se solicitan trabajadores el campo Santa Elena en Culiacán, Sinaloa, el corte de pepino; tarea de enrede, desbrote y desoje y otras más, el salario de 300 pesos diarios de 7:00 AM a 4:00 PM más 40 pesos, horas extras después de las 4:00 OM, hombres y mujeres a partir de 16 a 65 años con o sin experiencia, nosotros te capacitamos”, dice una de ellas.

“La empresa proporciona cuarto, tanque con gas, estufa, colchoneta, seguro social, guardería y escuela, el traslado y alimentos”, se añade en el letrero. Apenas cruzando la reja, en la primera mesa un contratista espera con un bonche de folletos. Sin que alguien se lo pregunte, explica que hoy ya no está permitido que los menores de edad trabajen y de inmediato culpa a las familias por insistir. Luego asegura que su empresa no miente: lo que dice en el tríptico se cumple.

“Campo Patricia Sinaloa, ¡Te ofrecemos empleo! Contrato gratuito”, dice el folleto. Tiene unos espacios en blanco para los días de salida, que no se especifican. Adentro, responden qué ofrecen: traslado gratuito, guarderías, seguridad social y consultorio médico, zonas habitacionales, despensas, primer cilindro de gas regalado y traslado de la zona habitacional al área de trabajo.

“Podrás ganar mínimo 280 diarios por tarea (cumpliendo con asistencia de seis días a la semana) y dependiendo de tu esfuerzo incrementar hasta 400 con tareas extras”, específica el interior del tríptico, antes de ofrecer incluso un bono de lealtad por el cumplimiento de contrato hasta el final de la temporada y buena asistencia. Necesitan personas en las áreas de trabajo en el campo, empaque, bomberos (fumigación) y actividades varias.

En la casa del jornalero, quienes vienen de las comunidades más lejanas pueden pasar una o varias noches mientras llega la fecha de tomar alguna de esas ofertas. Los camiones los recogen ahí mismo en la parte de afuera, o incluso llegan a otros puntos, como la intersección que conduce a Ayotzinapa, a unas dos horas en auto desde Tlapa. Dentro de la casa, a cargo de la cocina, está Aure. Como casi todos, ella también fue trabajadora agrícola desde pequeña, con su familia, que migró porque “aquí en La Montaña no hay nada”.

Recuerda que ella iba a Morelos al corte de ejote y elote, nunca a Sinaloa. Desde los 10 años, la llevaba su papá y después, ahí conoció a su esposo. “Siempre andábamos allá trabajando, hasta que falleció en 2005”, dice. Después, ya no pudo ir a trabajar, porque no podía ir sola con sus hijos pequeños. Fue entonces que regresó a vivir con sus papás en Chiepetepec, su comunidad en La Montaña, y más tarde llegó a la casa del jornalero por una recomendación, donde ya tiene 13 años.

Cuando trabajaba, iban muchas mujeres embarazadas y con bebés a cuestas, en el surco y en la sombra. Eran campos sin guardería y sin atención médica en casos de enfermedad o accidente. Había que llevarlos por fuera a un centro de salud. Remarca que en Culiacán hay campos diferentes que sí tienen todos esos servicios, aunque eso es solo en algunos casos; para quienes trabajan día por día con empleadores diferentes, como en Villa Unión, no existen esas condiciones.

Ahora, los hijos de Aure ya crecieron y son sus nietos quienes la acompañan ese día en el comedor. Sus hijos trabajan en la construcción, pero sus sobrinos sí van al campo a Sinaloa. Cuenta que quienes pasan por ahí y se van contratados salen en septiembre u octubre, y regresan hacia mayo a sus comunidades. Otros compran boletos por su cuenta, ya saben a dónde llegar a trabajar, están allá uno o dos meses y vuelven. Llegan de Cochoapa, de Joya Real, de Metlatonoc y de otras comunidades de La Montaña.

Aure hace ahora la limpieza y la comida, e incluso la cena, para los trabajadores, aunque en esta ocasión no hay gas. Como es abril, en este momento no hay tantas salidas de personas contratadas, sino de quienes van por su cuenta. Algunos ya saben más o menos a dónde; otros aceptan alguna de las ofertas en la reja esperando que lo prometido sea realidad. La mayoría prácticamente ya está por regresar a Guerrero.

En la casa del jornalero se genera, además, un registro local. No es un censo, aclara Paulino Rodríguez, de Tlachinollan, pero es un indicador que permite conocer más de lo que pueden informar las autoridades. Cada temporada, ascienden a entre 12 y 15 mil personas de diferentes edades que van en busca de trabajo a Sinaloa, Sonora, Chihuahua y Baja California, y se dispersan a hasta 21 estados de destino.

Sin acceso a la salud, en una de las comunidades más alejadas

Si en La Montaña no hay nada, para las mujeres mucho menos. Más aún en una de las comunidades más alejadas: Calpanapa Viejo, municipio de Cochoapa el Grande, a unas cinco horas de Tlapa, casi la mitad de pura terracería. En una comunidad de 336 habitantes, de los que más del 40% es hablante de lengua indígena, y 145 viviendas, para ellas no existe el acceso seguro a la educación o la salud de sus hijos, que llegan a morir por una diarrea, y a veces ni siquiera la posibilidad de parirlos en un hospital.

A sus 30 años, Angela tuvo que dar a luz a la orilla de una barranca, de camino al hospital que tenía más cercano, a dos horas y media. No habla español. Paulino ayuda con la traducción del ñuu savi. Embarazada de su sexta hija, había ido a una última cita médica. El 11 de enero, salió de su comunidad para el nacimiento de su bebé, porque no encontró doctor en el centro de salud.

En el hospital al que llegó, en Dos Ríos, la revisó solo una enfermera, pero argumentó que como Angela no iba a las citas ahí constantemente, no podían recibirla. “No aceptaron que mi niña naciera en ese hospital y fue que tuvimos que regresar”, relata. Cuando iban por un paraje de Dos Ríos a Calpanapa, llegaron a un punto que se conoce como barranca de ocote. No pudo más y ahí nació su bebé.

En la camioneta viajaban también su suegro y su esposo. La enfermera de Dos Ríos le dio la opción de ir al hospital básico de Cochoapa o al de Ometepec, pero no alcanzaron a llegar. El más cercano quedaba a dos horas mínimo de distancia.

“En ese instante hicimos una llamada al hospital básico porque teníamos el número de teléfono. No entró la llamada y a veces se va la señal, o quién sabe qué había pasado, y con el simple hecho de que no estaba el médico en ese momento el día que ella nació, las enfermeras me dijeron que no me podían atender porque ellas iban a meterse en problemas”, cuenta Angela.

Su esposo y su familia se dedican al cultivo de la milpa en Guerrero. Antes y desde hacía muchos años, también iban a trabajar a Jalisco como jornaleros al corte de tomate y chile, pero ya no lo han hecho porque el papá de sus hijos logró entrar al programa Sembrando Vida, y sus hijos pequeños están estudiando. Hace cerca de cuatro años que permanecen en la comunidad.

“Nos apoya el programa, pero aparte sembramos maíz y vamos acompletando. Principalmente, los hombres son los que hacen ese trabajo, y nosotras las mujeres aquí en el hogar”, agrega. A solo unas viviendas de distancia, Guadalupe, de 52 años, borda al aire libre afuera de su casa, en un pequeño espacio techado con lámina. A esa hora, el calor supera los 30 grados en toda la región de La Montaña. Entre cuatro y cinco niños juegan o aprovechan para comer alrededor de ella.

Es abuela de todos ellos. También de un niño que recién falleció a los dos años de edad, la misma que tiene uno de los que permanecen sentados junto a ella mientras recuerda la enfermedad y muerte de su nieto. Guadalupe tampoco habla español. El niño, relata en ñuu savi, amaneció un día con vómito y diarrea, y en la noche su estado empezó a complicarse más. Al día siguiente, martes 21 de marzo, murió.

“Aquí no hay servicio médico. Tuvimos que ir al centro de salud, u hospital básico, de Dos Ríos —explica—. Fuimos y no lo atendieron, nos mandaron a Cochoapa el Grande, logramos llegar todavía, pero cuando revisaron a mi nietecito, los médicos detectaron que ya tenía como dos horas que había dejado de existir”. De un hospital a otro, hicieron tres horas de camino.

El papá de su nieto tenía ya meses en la migración, pero la mamá había salido de Calpanapa a trabajar en los campos de Jalisco hacía apenas 22 días. “Quiero agregar que el niño estaba sano cuando me lo dejó su mamá; así como vemos a este niño, así estaba él”, enfatiza. Otros dos nietos, de 11 y cinco años, hijos de la misma pareja, siguen a su cuidado. Los demás que la rodean están ahí solo por un rato; sus papás siguen en la comunidad.

“Aquí surgen muchas enfermedades y no hay medicinas. Tenemos un centro de salud, pero no hay médico, no hay enfermera. Anteriormente hubo un médico, pero a la fecha no. Es muy diferente cualquier situación de emergencia teniendo centro de salud con médico; pueden salvar la vida de alguien, de los niños, pero como aquí no hay eso, tenemos que ir hasta Ometepec. A otros dos de mis nietos los han tenido que llevar hasta allá para su atención médica”, reclama la abuela.

Guadalupe solo sabe que su nieto murió por vómito y diarrea, sin un diagnóstico específico. En abril, habría cumplido tres años.

“El pequeño Sinaloa”

Francisco y María Ignacia, que viven en Cacahuatepec, son ejemplo de que no hay programa social que alcance para subsistir en La Montaña. Tienen un pequeño invernadero en esa comunidad guerrerense. Les gustaría —y todavía conservan la esperanza de que un día sea posible— vivir de sus cultivos de tomate, cilantro, pepino y chile, pero sin apoyos, sería más costoso mantenerlo que el dinero que ganarían.

María Ignacia fue por primera vez a los campos de Culiacán con su papá, cuando tenía 15 años. A veces también ha ido a Baja California. Se juntó con Francisco hace 16 años. Juntos, han migrado a Sinaloa por contrato de seis meses. Francisco relata que antes los contrataba el señor Pedro Gálvez, que está en Tlapa. Ahora sus paisanos de la comunidad y él han asumido ese papel.

“Ahorita ya estoy contratando yo, pero ahorita mi gente los fui a dejar y me quedé la temporada, siempre he andado con ellos. Antes era trabajador y después me fui guiando sobre los patrones, les pedí el número y ya me dijeron que si podía buscarles gente, y empecé a trabajar así”, revela Francisco.

Antes, había ido cada temporada por unos cinco años solo como trabajador a esa empresa. En cada pueblo, dice, debe tener un conocido o alguien de confianza, y no mentirle a la gente sobre cuánto van a ganar y por cuántos meses es el contrato. Francisco dice que de entrada son tres, pero casi siempre se quedan seis. Recién llevó a 40 personas de Cacahuatepec, más otros dos camiones de Olinalá y Chilapa.

Le han pagado hasta 7 mil 500 por camión, solo que ahora la empresa también le ha fallado a él: dos semanas después de que llevó a las personas, dejaron de pagarle. “No sé cómo le hicieron, pero es como si me sacaran de la nómina”, reclama. Aun así, dice que debe ir a Sinaloa a estar con el grupo que mandó, y tratar de resolver el pago. Recuerda que antes las empresas daban otros apoyos o programas, pero ahora “ya trabajan mal”.

La paga, en este momento, es de 250 pesos, y el horario depende del rendimiento. “Si son seis surcos, tienes que sacar los seis y sales como a las 9:00 o 10:00; si sacas los seis surcos temprano, ya”, añade María Ignacia. Allá, lo que hagas es lo que vas a ganar, remata Francisco. Las personas duermen en un albergue al que le conocen como el Regalito, por la zona de El Dorado. Ahora, él tiene un compromiso como autoridad comunitaria, y eso también le impide volver a Sinaloa, pero casi toda su familia está allá.

La empresa para la que trabaja tiene la ventaja, dice, de que todavía les deja llegar con sus seis hijos, que van a la escuela o a la guardería, no a trabajar. Como ya no se permite el trabajo de menores de edad, hay algunas empresas que han restringido a que las familias migrantes lleguen a las viviendas con máximo dos niños. Francisco recuerda que cuando él inició en el campo, tendría 12 o 13 años, y los niños sí trabajaban limpiando surcos y en el enrede.

Asegura que el pago también va cambiando cada temporada, incluso ya se usa tarjeta. Los autobuses están un poco más equipados, no como los urbanos que todavía existen en la sindicatura de Villa Juárez, cerca de Culiacán. Ahora son los Costa de Oro los que hacen el viaje de más de 20 horas que los lleva a Sinaloa. La gente sigue prefiriendo irse porque en la comunidad no hay apoyo, dice la pareja.

De su invernadero propio incluso venden en Tlapa cuando no es temporada de migrar. A unos metros de su hogar, más allá de la breve superficie urbanizada, ya en el invernadero María Ignacia y Francisco muestran, a mucho menor escala, cómo es el trabajo en Sinaloa. En Cacahuatepec, el precio de las verduras es muy bajo comparado con lo que cuesta comprar simplemente un herbicida. “¿Cómo le vas a hacer? No sale. Por eso casi la mayoría migra”, asegura Francisco.

“Antes había más apoyos, había vivienda para los jornaleros, ahorita nada. Antes había hortalizas, piso firme, techados, mucho apoyo, era bueno, a mí me tocó de esos invernaderos, pero ahorita estamos viendo que definitivamente ya no hay nada”, agrega. De Sembrando Vida, la pareja reclama que solo aceptan a algunos, porque hay que cumplir con los requisitos de la dimensión del terreno.

Después de un rato en el invernadero, María Ignacia corta algunos chiles, tomates y cilantro para la salsa de ese día. Hace mucho, a su abuelita le pagaban 35 pesos con menos derechos. Ella gana más en la temporada del campo, pero también vende su cosecha cuando está de regreso en la comunidad. Tiene un papel central en el trabajo, la crianza, la alimentación y la migración de su familia. Está convencida de que con otro invernadero y más materiales, podrían hacer mucho más, e incluso quedarse.

A más de mil 500 kilómetros de su invernadero, algunas mujeres, en cambio, deciden ya no regresar. Optan por quedarse a formar comunidad en diferentes sindicaturas de Sinaloa, principalmente en Villa Juárez, donde su presencia no solo sostiene a sus familias, sino que implica gestiones, mejoras e incidencia en sus comunidades y en las generaciones de mujeres por venir.

Los reportajes de esta serie se realizaron en alianza con la Iniciativa Periplo de Fundación Avina.

 

Este texto es propiedad de Animal Político y lo reproducimos con su autorización. Puedes leer el original en este enlace.

Con compromisos a medias de la gobernadora, habitantes de Cochoapa el Grande levantan plantón

Texto: Jesús Guerrero

Fotografía: Oscar Guerrero

Chilpancingo

 

A puerta cerrada en un salón de la residencia oficial de Casa Guerrero, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda atendió este lunes a un grupo de habitantes de comunidades del municipio de Cochoapa el Grande, quienes, según sus dirigentes, les dio soluciones “a medias” a sus demandas de maestros y servicios de salud.

“Nos dieron de almorzar frijoles con huevo y un vaso de agua en Casa Guerrero», dijo Elvira García Rodríguez, quien formó parte del grupo que atendió la mandataria estatal junto con el titular de la Secretaría de Educación en Guerrero (SEG), Marcial Rodríguez Saldaña.

Las respuestas a sus demandas, según García Rodríguez, no fueron del todo satisfactorias, pero acordaron levantar el plantón que mantenían desde el miércoles 24 de mayo pasado afuera del Palacio de Gobierno y volver a sus comunidades. Los inconformes pedían maestros, una ambulancia y la reapertura de centros de salud.

“Ya no queremos exponer a los niños a alguna enfermedad grave”, dijo la activista entrevistada al salir de la residencia oficial.

García Rodríguez comentó que el único punto que la gobernadora resolvió fue el envío de dos maestros y una maestra de educación preescolar; a la maestra de la primaria a la comunidad de Dos Ríos le renovarán su contrato laboral. Es la profesora Lizeth Pacheco Alonso, a quien desde abril le dejaron de pagar su salario.

“Frente a la gobernadora, el secretario de Educación, Marcial Rodríguez, reconoció que la suspensión del pago del salario a la maestra Pacheco Alonso fue una confusión y ni siquiera sufrió un regaño por ese error”, mencionó Elvira García.

En la reunión, Salgado Pineda y Rodríguez Saldaña les dijeron a los manifestantes que la reapertura de ocho escuelas que están cerradas por falta de ocho maestros es un punto que analizarán hasta que inicie el nuevo ciclo escolar del 2023-2024; sería un grupo de egresados normalistas.

Sobre el caso del equipamiento del centro de salud de la comunidad de Dos Ríos y el envió de una ambulancia para el traslado de enfermos y enfermas, la gobernadora y un funcionario de la Secretaría de Salud contestaron que lo analizarán.

Elvira García afirmó que en casi todas las comunidades del municipio de Cochoapa hacen falta ambulancias y los pocos centros de salud que hay, unos están cerrados y donde sí hay servicio carecen de medicamentos y personal.

“Nos dijeron que estas demandas en materia de salud las van analizar y nos entregarán una respuesta posteriormente”, comentó la dirigente.

El grupo de habitantes de localidades de Cochoapa llegaron a las ocho de la mañana a Casa Guerrero y una hora después fueron atendidos por Salgado Pineda, los secretarios General de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez; de Educación, Marcial Rodríguez, y un funcionario de la Secretaría de Salud.

Otro grupo de inconformes permaneció en plantón afuera del Palacio de Gobierno.

Elvira García contó que durante el encuentro, Ludwig Marcial Reynoso los regañó por haber traído a niños a su protesta y que, incluso, los acusó de cometer un delito por ese hecho.

“Yo le contesté al secretario General de Gobierno que allá en nuestros pueblos todos luchamos”, comentó García Rodríguez.

Durante los cinco días que duró el plantón del grupo de pobladores de Cochoapa afuera del Palacio de Gobierno llovió y como consecuencia, informaron, cinco niños se enfermaron de gripa y tos, pero ya están bien de salud.

La reunión con la mandataria estatal fue concertada por la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Cecilia Narciso Gaytán, quien este domingo a mediodía atendió al grupo de inconformes en sus oficinas en Chilpancingo.

El grupo de habitantes interpuso una denuncia contra autoridades del gobierno estatal por el desalojo que sufrieron el pasado jueves 24 cuando tenían cerrada una de las laterales del Palacio de Gobierno, con lo que impidieron la entrada y la salida de funcionarios y trabajadores del edificio.

Elvira García dijo que las demandas que le plantearon a la mandataria estatal este lunes son las mismas que están plasmadas en una minuta de acuerdos que firmó el 22 de septiembre del 2022, luego de que también se instalaron en plantón afuera del Palacio de Gobierno.

“En esa fecha del 22 de septiembre la gobernadora dio instrucciones a los funcionarios que recorrieran las comunidades y atendieran las demandas, y en la reunión de este lunes 29 de mayo les dio las mismas indicaciones”, comentó.

Uno de los nuevos compromisos que estableció Salgado Pineda con los habitantes de Cochoapa es realizar una visita a las localidades para supervisar los trabajos de una carretera.

Después de la reunión en Casa Guerrero, el grupo de habitantes encabezados por Elvira García y el profesor Paulino Hernández se dirigieron al Palacio de Gobierno para informar al resto de los inconformes el resultado de estas pláticas. Después de eso se trasladarían a sus comunidades.

 

Normalistas bloquean por tres horas entradas a Palacio de Gobierno; piden plazas y material didáctico

Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Oscar Guerrero

Chilpancingo

Integrantes del Frente Unido de Normales Públicas del Estado de Guerrero (FUNPEG), que aglutina a siete normales del estado, marcharon y cerraron los accesos al Recinto Oficial del Poder Ejecutivo para exigir a la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) cumpla la promesa de otorgarles plazas para egresados y material didáctico.

El grupo de alrededor de 300 normalistas en una primera actividad marchó por la avenida Lázaro Cárdenas hasta llegar a la entrada principal de la sede el Poder Ejecutivo.

Durante la marcha, la dirigencia del FUNPEG mencionó que la SEG incumplió con la entrega de material didáctico para todos los grados académicos y la entrega plazas para los recién egresados.

Al llegar a la sede del Poder Ejecutivo, los manifestantes cerraron todos los accesos para presionar a las autoridades y pedir una reunión con la titular de la SEG, Marcial Rodríguez Saldaña.

Los estudiantes se colocaron en todas las entradas e impidieron el ingreso y la salida de los trabajadores, por lo que llegaron policía antimotines para intentar desalojar a los manifestantes.

El desalojo no ocurrió y los estudiantes permanecieron otra hora en las entradas de palacio hasta que una comisión entró para reunirse con Rodríguez Saldaña y el subsecretario de Educación Media Superior, Marco Antonio Marbán Galván.

Los estudiantes negaron que la manifestación sea para solicitar recursos económicos para clausuras, «tal y como se ha manejado por parte de algunos funcionarios en Guerrero que sólo pretenden desarticular el movimiento», mencionó uno de ellos.

Si solicitan recurso económico, pero «es un apoyo que dan las autoridades año con año para titulación y aranceles, no para eventos de clausura», comentó uno de los representantes del FUNPEG quien pidió omitieron su nombre.

A la una de la tarde instalaron una mesa de negociación entre las autoridades y los estudiantes. Fue entonces que los normalistas se retiraron de las entradas y permitieron el acceso a los trabajadores.

Durante el bloqueo, en el auditorio José Joaquín de Herrera, ubicado dentro de la sede de Palacio de Gobierno, se realizó una clausura de fin de de cursos de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de Guerrero (Uagro), por lo que muchos de los invitados y hasta el mariachi no entraron a la ceremonia.

Algunas personas con globos y ramos de flores permanecieron en la manifestación en espera de que liberaran el edificio.

 

Cumplen tres días plantonistas de Cochoapa afuera del Palacio de Gobierno; exigen maestros y centros de salud

Texto: Jesús Guerrero 

Fotografía: Óscar Guerrero 

26 de mayo del 2023

Chilpancingo

 

Habitantes de comunidades del municipio de Cochoapa el Grande cumplieron tres días de plantón afuera de Palacio de Gobierno en reclamo de maestros y reapertura de centros de salud, donde han dormido con frío y lluvia.

En el grupo hay mujeres y hombres adultos, niñas y niños de los pueblos de este lugar región de la Montaña; llegaron miércoles pasado.

Durante dos noches han dormido en el piso afuera del edificio de la sede del Poder Ejecutivo, conocido como Palacio de Gobierno, en espera que la gobernadora Evelyn Salgado Pineda los reciba en audiencia.

“En las dos noches que hemos dormido aquí nos hemos mojado por la lluvia, pero nadie se ha enfermado porque estamos acostumbrados a vivir en las inclemencias del tiempo en la Montaña”, dijo Elvira García Rodríguez, quien representa a los manifestantes.

En un video borroso que grabó uno de los plantonistas se escucha una intensa lluvia.

Algunos de los plantonistas informaron que los policías que son la guardia del Palacio de Gobierno apagaron las luces y cuando estaba la lluvia corrieron a protegerse a un lugar cubierto.

«Apagaron la luz en la noche porque pensaron que nosotros haríamos daños al edificio, pero cómo íbamos a realizar esas acciones si aquí hay niños con nosotros”, explicó García Rodríguez.

El grupo de habitantes de las comunidades del municipio de Cochoapa el Grande cerraron el jueves pasado una de las puertas laterales del Palacio de Gobierno para impedir la entrada y salida de funcionarios y trabajadores.

La Policía Estatal de antimotines los desalojó.

Según Elvira García un niño salió lastimado y una niña se desmayó porque entró en crisis nerviosa cuando vio a los policías enojados y armados con los toletes.

Este viernes la ex candidata de Morena a la alcaldía de Chilpancingo, Silvia Alemán Mundo, visitó a los plantonistas y les ofreció su intermediación para que fueran atendidos por el Secretario General de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez.

«Nosotros no estamos pidiendo ir a la oficina de ese funcionario para hablar, si él quiere hacerlo que venga aquí al plantón, pero le diremos que no aceptamos nada con él porque exigimos hablar directamente con la gobernadora», le contestó García Rodríguez a la morenista.

«Si la gobernadora nos tiene asco porque a lo mejor tenemos mal olor, estamos dos metros lejos de ella, pero queremos que nos escuche», agregó.

En la reunión afuera del Palacio de Gobierno, donde también estaban algunos líderes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), Alemán Mundo le dijo a los plantonistas que la secretaria de Salud, Aidé Ibarez Castro, les proponía donar su salario para la compra de zapatos a los niños que están en la protesta.

«Si necesitamos ese apoyo porque nos falta, pero no queremos que nos dé nada esa funcionaria porque ayer jueves cuando nos estaban desalojando los policías ella andaba cerca y ni siquiera les dijo a los agentes que no actuaran así», respondió García Rodríguez.

Dijo que Ibarez Castro entregó una ambulancia al alcalde de Cochoapa el Grande, Bernardo Ponce García, quien en vez de poner esta unidad a disposición del centro de salud de la cabecera municipal la envió a su pueblo natal.

«Esa ambulancia era para la comunidad de Dos Ríos, pero la Secretaria de Salud se la entregó al presidente municipal y no sabemos qué uso le dan, pero nosotros lo que estamos exigiendo es que lleven otras ambulancias para 52 pueblos».

Recordó que recientemente un grupo de jornaleros agrícolas de Cochoapa el Grande se accidentaron en Apatzigan, Michoacán y solicitaron una ambulancia para su traslado, pero sólo el gobierno federal los apoyó

La gente de las comunidades de este municipio de la Montaña se trasladaron a Chilpancingo debido a que la gobernadora, dijeron, les incumplió con una minuta de acuerdos que firmaron el 22 de septiembre del 2022.

En esos acuerdos se establecía el envío de 11 maestros bilingües de educación primaria y de preescolar, pero sólo llegaron tres profesores.

Además una maestra dejó de impartir clases en la comunidad de Río Chiquito porque desde el 15 de abril la Secretaría de Educación en Guerrero (SEG) ta no le pagó su salario, denunció el profesor Paulino Hernández, uno de los plantonistas.

García y Hernández recordaron que en esa reunión con Salgado Pineda, ocurrida el 22 de septiembre pasado, sure hermana Liz Salgado, presidenta del DIF estatal, se comprometió a realizar un recorrido por los pueblos de Cochoapa para llevar apoyos, pero, dijeron, sigue sin cumplir su palabra.

García Rodríguez contó que Liz Salgado les dijo que llevaría a los pueblos despensas, cobertores y hasta sillas de ruedas.

Consideró que la mandataria estatal los discrimina al no darles una audiencia. «Aquí vamos a estar afuera del Palacio así haga calor, frío y llueva», advirtió.

Hasta este viernes ningún funcionario del gobierno del estado se les acercó para dialogar, aun cuando había varios agentes de Gobernación del estado a unos metros de los plantonistas en labores de vigilancia.

 

Una muerte materna detonó el paro de labores en Hospital del Niño y la Madre Indígena en Tlapa

Texto: Jesús Guerrero

Fotografía: Tlachinollan

Chilpancingo

 

Al cumplirse tres días el paro laboral de médicos, enfermeras y personal administrativo del Hospital del Niño y la Madre Indígena de Tlapa, los líderes de este movimiento denunciaron que su inconformidad la detonó la muerte de una mujer que no pudo ser trasladada a Chilpancingo por falta de ambulancia, luego de tener un parto.

El pasado seis de mayo, Mariana Andrés Toribio, de 16 años, originaria de la comunidad de Santa María Tonaya, municipio de Tlapa, fue atendida de un parto en el hospital de Tlapa y aun cuando el bebé nació bien de salud, tuvo complicaciones graves, y requería ser trasladada de manera urgente al Hospital General de Chilpancingo, pero la ambulancia que tienen está en mal estado.

“Hay una ambulancia que desde hace un año y medio estamos diciéndole a las autoridades estatales que está en malas condiciones, pero no nos hacen ningún caso”, dijo una enfermera de este hospital que pidió mantener su nombre en anonimato.

Mariana Andrés murió dentro de la unidad. Una trabajadora atribuyó esta situación al mal estado de la ambulancia.

También denunció que han enviado oficios a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, haciéndole una reseña de todas las carencias en el Hospital del Niño y la Madre de Tlapa, pero siguen sin recibir respuesta.

“En el quirófano no hay aire acondicionado, además de que se carece de insumos en el hospital”, comentó.

En el paro de labores participan 300 trabajadores del hospital, quienes también exigen la destitución de la directora de este nosocomio, Lorenza Jiménez Villanueva, a quien señalan de ser incapaz de gestionar mejoras en la infraestructura del nosocomio y en la situación laboral de la base trabajadora.

En un anuncio que los trabajadores colocaron en la entrada del hospital piden a la ciudadanía su comprensión por la falta atención médica. Sólo atienden servicios de urgencias médicas.

Este Hospital del Niño y la Madre Indígena da atención a las mujeres embarazadas de los 19 municipios de la región de la Montaña.

El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan informó que la muerte de Mariana Andrés por falta de atención médica no es el único caso del hospital.

“Ahí (en el Hospital) son sumamente negligentes, al grado que han acaecido muchas muertes de mujeres embarazadas que pueden haberse evitado”, planteó Tlachinollan en un artículo difundido hace algunos días.

Reportó que Mariana Andrés era jornalera agrícola, y empezó con los dolores de parto el 5 de mayo y sus familiares la llevaron al centro de salud de su comunidad, Santa María Tonaya.

El médico que la atendió le diagnóstico un grave problema de desnutrición y la envío al Hospital del Niño y la Madre Indígena de Tlapa, donde parió pero, al final, se agravó.

“Una ambulancia que iba a trasladar a Mariana al Hospital de Chilpancingo se quedó parada una hora y, aunque se habló de que estaba en disposición otra ambulancia, Mariana murió”, publicó Tlachinollan.

 

Paran labores en hospital de Tlapa para que gobierno estatal atienda necesidades para dar atención a usuarias

Texto: Jesús Guerrero

Fotografía: Canal 12 TV

Chilpancingo

Unos 300 trabajadores de las áreas de la salud, entre médicos, enfermeras y administrativos, del Hospital de la Madre y Niño Indígenas en Tlapa iniciaron este lunes un paro de labores por tiempo indefinido para exigir insumos, equipo, seguro de vida y otras demandas laborales.

También plantearon la destitución de la directora del nosocomio, Lorenza Jiménez Villanueva porque, dijeron, es incompetente para realizar las gestiones ante el gobierno de la morenista Evelyn Salgado Pineda.

Los manifestantes comenzaron su protesta a las 12 horas. “Este hospital no depende de la Secretaría de Salud, depende directamente de la gobernadora, por lo que le exigimos que resuelva nuestras demandas”, dijo Adolfo Reyes Hernández, quien es pediatra del hospital.

A través de un en vivo en redes sociales, Reyes Hernández aseguró que ante la falta de insumos médicos los familiares de las pacientes tienen que comprarlos en las farmacias particulares.

“Es mentira lo que dice el gobierno federal de que en todos los hospitales públicos hay suficientes medicamentos y además gratuitos”, dijo.

En el Hospital del Niño y Madre Indígenas de Tlapa se atiende a las madres de los 19 municipios de la región de la Montaña que van a parir, zona de las más marginadas del país.

Adolfo Reyes dijo que otra de las carencias que enfrenta este hospital es la falta de médicos especialistas. “Hay un médico internista que tiene que trabajar arduamente”, mencionó.

En asamblea los trabajadores acordaron parar las oficinas de gobierno del hospital; sólo atienden urgencias.

Otra de las peticiones de los manifestantes en paro es de que se les otorgue un seguro de vida institucional y otras peticiones laborales.

Adolfo Reyes agregó que si bien es cierto qu la secretaria de Salud estatal, Aidé Ibarez Castro, no resolvería directamente este problema, cuando menos debería de acudir al hospital de Tlapa a ver las necesidades y ser una intermediaria ante la gobernadora.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hubo 6,888 defunciones por Covid-19 en Guerrero durante la pandemia

Texto: Itzel Urieta

Fotografía: Oscar Guerrero / Archivo

Chilpancingo

 

En octubre del 2020, siete meses después de que se decretara la pandemia por Covid-19, Guillermo Urieta Valente, por cuestiones personales, viajó a la Ciudad de México con todas las medidas sanitarias: cubrebocas, gel antibacterial y careta.

Estuvo allá sólo dos días, después regresó a su casa en Coyuca de Catalán, región de Tierra Caliente.

Descartó el contagio, según él, tomó las medidas necesarias.

A la semana comenzaron los síntomas, la temperatura, un poco de tos y falta de apetito. Creyó que sólo era un resfriado por el cambio de clima, así permaneció unos días, pero la temperatura no bajaba y la tos aumentaba.

En ese tiempo las personaa consideraban que no era muy recomendable ir al hospital, porque estaban llenos. A él le recomendaron un médico particular, quien lo atendió, le pidió unos estudios y notó que sus pulmones estaban infectados.

Entonces confirmó lo que más temía: estaba contagiado de Covid-19, el viaje que realizó fue el primero de ese año, no había salido desde que inició la pandemia.

Guillermo con 62 años, diabetes y colesterol, sintió más temor.

Lo atendieron en casa porque los hospitales estaban saturados, su oxigenación bajó a 80, pero no necesitó oxígeno ni atención más especializada.

“El doctor me dio todo el medicamento, ya aquí me lo iba tomando, no me daba hambre y tenía miedo”, recuerda Guillermo.

Además de la medicina, realizaba nebulizaciones y tomaba remedios naturales, como tés.

“Ya me estaban entrando como nervios, me desesperaba porque no me recuperaba, además se escuchaba que ya se había muerto tal persona y eso me ponía más de nervios”.

Finalmente con los cuidados en casa, y el tratamiento, al que respondió bien, superó la enfermedad. Tardó dos meses.

Después de la recuperación, creyó que ya “la había librado”, pero vinieron las secuelas, las cuales aún tiene: molestias en la espalda, pérdida de peso, y flemas. El gusto y el olfato los recuperó después de meses.

También tuvo una fuerte infección en la vías urinarias, que igual le atendieron en casa, porque tenía miedo de ir al hospital y contagiarse de nuevo.

Ahora, tres años después, Guillermo se siente agradecido de haber librado la Covid-19, porque muchas personas fallecieron por la enfermedad, y él siente una nueva oportunidad.

Durante esos tres años le tocó ver cómo muchos conocidos y familiares murieron por la enfermedad.

A raíz de la enfermedad perdió a su hermano Moisés en una de las últimas olas de Covid-19 en el 2022.

La semana pasada, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el fin de la emergencia sanitaria global por Covid-19.

La OMS dijo que eso no significa que el virius deje de ser una amenaza para la salud mundial. “La Covid-19 sigue siendo una prioridad de salud pública global”, mencionó en su comunicado la OMS.

A nivel estatal, en Guerrero, desde el inicio de la pandemia hasta el 11 de mayo del 2023, la Secretaría de Salud Guerrero registró 119,944 casos y 6,888 defunciones.

Activos todavía hay 17 casos en la entidad, los cuales se registran en Acapulco, Chilpancingo y Chilapa.

El delegado federal de programas Bienestar, Iván Hernández Díaz, mencionó que en el estado continuarán con estrategias y medidas de prevención, como la vacunación.

“Se ha anunciado ya un plan de largo plazo para la atención de Covid-19, pero ya como una enfermedad endémica, ya no como una crisis”, mencionó Hernández Díaz en una trasmisión de Facebook.

Hernández Díaz agregó que en Guerrero continuarán las jornadas de vacunación, llamó a la población a estar al pendiente y continuar con los protocolos de prevención y no bajar la guardia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al menos 300 médicos suman dos meses en la incertidumbre sobre si serán contratados por IMSS-Bienestar

A principios de marzo, los médicos respondieron a una convocatoria oficial y recibieron la oferta de ser contratados para hospitales de IMSS-Bienestar. Debían haber empezado labores a mediados de ese mismo mes, pero hasta ahora las autoridades no les han dado respuesta sobre en qué punto está el proceso.


Texto: Marcela Nochebuena / Animal Político

Fotografía: José Luis de la Cruz (Archivo)

11 de mayo del 2023

 

Desde el 16 de marzo, cuando supuestamente debían haber empezado labores, al menos 300 médicos permanecen en la incertidumbre sobre su contratación, tras haber participado en una convocatoria e iniciar su proceso para ser reclutados para diferentes instalaciones hospitalarias en el país, a cargo del órgano público descentralizado IMSS-Bienestar.

Desde los primeros días de marzo, cada año se da a conocer una convocatoria para los médicos recién egresados para ofrecerles trabajo en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), desde suplencias hasta interinatos o bases, cuando están disponibles para la especialidad que les corresponde. En el evento “Unidos transformaremos la atención en los servicios de salud. FAMILIA IMSS 2023”, se aglutinaron todas esas ofertas.

Sin embargo, este año uno de esos procesos de contratación estuvo a cargo de IMSS-Bienestar, en el mismo evento pero por separado. En la oferta, se contemplaron más de 7 mil plazas de diferentes especialidades en 21 entidades del país; la mayor cantidad de estas se dieron en Guerrero (778), Chiapas (653) y Sinaloa (540). La mayor parte de las instalaciones hospitalarias a las que están destinadas estas plazas se ubican en áreas rurales o zonas alejadas, donde los médicos que recién egresan pueden comenzar a practicar sus servicios.

Desde el 2 de marzo, comenzó el proceso para que los médicos de la especialidad se incorporaran a alguno de estos trabajos. En ese momento, incluso les fue mostrado un documento por escrito —cédula de asignación de plaza de base—, donde se consigna el tipo de contratación, la adscripción y el turno de la oferta laboral. Sin embargo, solo les permitieron tomar una fotografía bajo el argumento de que aún faltaba la firma de las autoridades.

“Con el objeto de contribuir a que las personas sin seguridad social reciban atención en salud integral y gratuita, bajo criterios de universalidad e igualdad, en condiciones que les permitan el acceso progresivo, efectivo, oportuno, de calidad y sin discriminación alguna, a través del Modelo de Atención a la Salud para el Bienestar (MAS-BIENESTAR), implementado por los Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar (IMSS-Bienestar), comunico a usted que se autoriza iniciar proceso selectivo para la contratación de…”, dice la cédula expedida el 2 de marzo y dirigida a la coordinación de Recursos Humanos de IMSS-Bienestar.

“La sorpresa fue que en esta ocasión se inició esto de OPD (órgano público descentralizado). En su momento, cuando estábamos todos mis compañeros de residencia, ese día, el 2 de marzo, fuimos por lo menos unos 2 mil médicos recién egresados de la especialidad para Medicina Familiar específicamente. En los días posteriores se citaron otras especialidades diversas, pero fue durante todo un proceso que se llevó a cabo los primeros 15 días del mes de marzo. Al ser originario de Michoacán, mi idea era entrar ahí, pero cuál fue mi sorpresa que cuando me tocó, Michoacán no tenía ya nada qué ofertar más que IMSS-Bienestar”, relata un médico quien pidió reservar su identidad.

Ante la falta de ofertas para el sistema IMSS ordinario, varios médicos —relata el entrevistado— acudieron a IMSS-Bienestar, que se ubicaba en las mismas instalaciones donde se hizo la convocatoria general, pero por separado. Ahí recibieron una explicación somera en relación a que se trataba de un sistema nuevo que se estaba implementando en entidades piloto, como parte de la unificación de los sistemas de salud que lleva a cabo el gobierno federal.

Les aseguraron, además, que serían contrataciones federales de base, con las mismas características de pago de cualquier médico especialista en ese nivel. Así fue como el entrevistado eligió Tancítaro, un municipio aledaño a Apatzingán, donde él vive. Escogió el turno de jornada acumulada, para trabajar sábados y domingos, y fue en ese momento cuando a él y a otros les hicieron firmar la cédula.

Así ingresaron médicos de todas las especialidades durante ese y los siguientes días. Sin embargo, también había algunas limitantes al incorporarse a IMSS-Bienestar, por ejemplo, renunciar a la antigüedad que tenían en el IMSS, porque ya como órgano público descentralizado IMSS-Bienestar no pertenece propiamente al IMSS y se trata de un procedimiento nuevo. Solo existía la posibilidad de trabajar simultáneamente en régimen ordinario —el del IMSS— en caso de que los horarios pudieran empatarse.

“En la actualidad, se contempla el pago de una compensación para plazas de difícil cobertura, plazas del programa IMSS-Bienestar y oferta de doble plaza en IMSS ordinario e IMSS-Bienestar. La ventaja más significativa de unirse a nuestro equipo es sentirse orgulloso de ser parte de una institución pública reconocida internacionalmente y encargada de atender a más de la mitad de la población de nuestro país”, señaló el instituto el 20 de marzo, después de llevar a cabo el evento.


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Animal Político buscó al IMSS para saber si tiene alguna respuesta ante los reclamos de los médicos inconformes. Hasta el cierre de edición, el instituto no había emitido una postura.

El médico entrevistado señala: “Nos insistieron mucho en que era un programa nuevo, que iba a arrancar y que ya se estaba llevando a cabo en otros estados, pero Michoacán es piloto. Muchos elegimos esto, no nos dieron el documento en físico, se nos dijo que le tomáramos fotografía, que porque todavía no estaba firmada la documentación por las autoridades pertinentes. Que iba a ser firmada, y posteriormente nos la iban a hacer llegar. Al día de hoy, no nos las han entregado ni firmado”.

Como médico general —subraya— en el país es difícil tener un trabajo estable que sea suficiente. Contar con una especialidad puede ayudar a que así sea. A nivel nacional, hasta ahora no se ha concretado ninguna de las contrataciones ofertadas por IMSS-Bienestar. Los médicos que participaron no han recibido indicación alguna para comenzar a laborar o avanzar con la firma de su contrato.

“Buenas tardes, lamentablemente la instrucción que tuvimos en su momento fue que los requerían que estuvieran el 16 de marzo en los centros de trabajo, se giraron instrucciones para que fuera posible esta situación; sin embargo, tenemos detenido el proceso, en espera de nuevo inicio de labores”. Esa es la única respuesta que han recibido por mensaje de texto cuando han preguntado por el estatus de las contrataciones.

El pasado 12 de abril, más de 300 médicos especialistas hicieron pública una carta donde relataron que, después de ser reclutados en el evento “Unidos transformaremos la atención en los servicios de salud. FAMILIA IMSS 2023”, entre el 1 y 9 de marzo para laborar en IMSS-Bienestar, no recibieron copia física de las cédulas y solo se les dio la instrucción de presentarse el 16 de marzo, que sería la fecha de inicio de labores.

Sin embargo, al acudir a sus respectivas unidades, aseguran que existió un ánimo de completo desconocimiento del proceso a seguir por parte de las autoridades locales, las cuales incluso desconocen todavía las fechas de inicio laboral y de pagos, con la justificación de que no han recibido indicaciones a nivel central.

“El director del Instituto Mexicano del Seguro Social (Zoé Robledo) ha expuesto durante las conferencias presidenciales de prensa matutina de los días 28 de marzo y 11 de abril de 2023 los avances del Plan de Salud para el Bienestar, recalcando en cada uno de estos un video donde se presumen los logros del evento de reclutamiento de marzo de 2023, sin mencionar la situación de incertidumbre de los contratados para el OPD IMSS -Bienestar”, señalan en el texto.

Hasta ahora, los médicos permanecen sin explicaciones sobre el retraso del proceso, así como sin garantías en torno a su contratación. Además, entre los seleccionados hay quienes cambiaron de residencia para adaptarse a alguna de las plazas ofertadas. Aunque se mantienen en comunicación en los teléfonos de oficina y con las personas supuestamente responsables, la respuesta siempre es la misma: no hay para cuándo tener claridad.

El Hospital Familiar del IMSS en Chilpancingo durante la pandemia de Covid-19. Foto: José Luis de la Cruz (Archivo Amapola).

Este texto es propiedad de Animal Político y lo reproducimos con su autorización. Puedes leer el original en este enlace.

La transición del Insabi al IMSS-Bienestar: construir sobre las ruinas de la privatización

Las reformas recién aprobadas a la Ley General de Salud buscan poner el foco de la salud pública en la atención primaria, dicen en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ¿Qué implicaciones tiene este cambio? En entrevista, el investigador Gustavo Leal nos da algunas pistas


Texto: Alejandro Ruiz / Pie de Página

Foto: José Luis de la Cruz (Archivo Amapola)

11 de mayo del 2023

Ciudad de México 

 

La cobertura universal de salud es un tema pendiente en México desde hace décadas y una promesa del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha ofrecido tener un sistema de salud «de primer mundo» al final de su administración.

Las reformas de la Ley General de Salud, propuestas por el gobierno federal y aprobadas por el Senado el pasado 29 de abril, y que incluyen la desaparición del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) son, para muchos, un reconocimiento de hecho del fracaso de la política de salud. Las autoridades, en cambio, defienden la desaparición del Insabi —creado al inicio esta administración en sustitución del Seguro Popular— y su traspaso al IMSS para evitar la duplicidad de funciones y como parte de una apuesta por la medicina preventiva.

¿Cuál es la historia detrás de esta propuesta? ¿Qué implicaciones tiene? En entrevista, Gustavo Leal, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana y quien ha dedicado sus estudios a las políticas de salud pública en el país, desglosa los principales riesgos de esta apuesta.

Insabi: el rescate de la salud pública

En enero de 2020, el gobierno de López Obrador decretó la creación del Insabi para sustituir el Seguro Popular, un organismo creado en 2003, durante el sexenio de Vicente Fox, y que prevaleció hasta los últimos días del gobierno de Enrique Peña Nieto.

La decisión fue polémica y desató las críticas de la oposición, que pronto auguró el fracaso de este nuevo sistema de cobertura de salud.

En la práctica, los fines de ambas figuras eran los mismos: dotar de acceso a la salud pública a la población que no contaba con seguridad social en el país. En el fondo, los dos proyectos contraponían intereses distintos: la privatización de la salud pública, o el rescate de ésta.

«La sustitución del Seguro Popular es uno de los pasos más afortunados que dio la administración de López Obrador desde el principio. El Seguro Popular lo que realmente puso sobre la mesa fue el primer proyecto para vincular los servicios de salud de México al modelo asegurador de los Estados Unidos», dice Gustavo Leal.

Acelerar la federalización

El problema de fondo, resalta el investigador, era la federalización de la salud pública. Es decir, la concentración de la atención de salud en organismos e instituciones federales.

El Insabi era el inicio de una estrategia a largo plazo para cumplir este fin. Sin embargo, a pocos meses de su creación, el instituto enfrentó una coyuntura que puso a prueba su capacidad de operación: la pandemia de covid-19.

Este hecho, resalta el investigador, obligó al gobierno mexicano a acelerar los planes de federalización. También lo orilló a modificar la estrategia y tiempos para su consolidación.

«La modificación a la Ley General de Salud en 2019 contempló una primera estrategia para incorporar a la población sin seguridad social, sobre todo a los esquemas de salud. Como se cruzó la pandemia, esto implicó que el gobierno mexicano implementara en ese momento una universalidad de facto, o de hecho. Pusieron a operar todas las instituciones al servicio de atender la pandemia”, comenta el especialista.

Ante la falta de infraestructura provocada por décadas de abandono de los sistemas de salud pública, el gobierno federal concentró toda la atención en la institución con mayor capacidad para hacerle frente a la pandemia: el Instituto Mexicano del Seguro Social. Entonces, las funciones originales del Insabi fueron absorbidas por el IMSS. La necesidad del instituto quedó rebasada por la pandemia y se tuvo que diseñar un nuevo esquema para alcanzar el objetivo inicial de la estrategia de seguridad pública, que era la federalización, explica Leal.

«Lo que teníamos era una ruina»

En mayo de 2022, el presidente López Obrador instruyó al titular del IMSS, Zoé Robledo, echar a andar un nuevo organismo público descentralizado. El objetivo era atender a la población que no tuviera seguridad social.

El resultado fue la creación del IMSS-Bienestar. Este organismo retomaba los lineamientos generales de un programa creado en 1978. López Obrador conoció este programa durante su gestión a cargo del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas en Tabasco.

«(López Obrador) había visto en los años 80 ese programa. A él lo impresionó mucho, se le conoció como plan Chontalpa. Él, con ese plan, vio que la segunda oportunidad para cumplir con esta idea era utilizar la estructura del programa IMSS-Bienestar”, explica Leal.

Sin embargo, lo que quedaba de ese programa eran, en palabras del especialista, era “un montón de ruinas”.

“El programa nació en 1978 y fue muy exitoso. Inclusive, por ejemplo, cuando venían las esposas de presidentes, o de primeros ministros, las llevaba a ver ese programa. Incluso hubo primeras damas europeas que trataron de trasplantarlo porque era un programa muy en el espíritu de la declaración de Alma Ata para la atención general de salud. El programa era de avanzada, y México encontró muy buen financiamiento para ejecutarlo. A la vez tenía al IMSS con su gran sombra, como un muy buen caldo de cultivo. Pero después de (Ernesto) Zedillo y con el paso de los panistas –12 años de Vicente Fox y Felipe Calderón– y Peña Nieto, medicalizaron completamente el programa. Entonces, lo que el IMSS de la 4T recibe es una caricatura del programa del IMSS-Bienestar”.

Además, las nociones iniciales que vieron nacer al programa del IMSS Bienestar resultaban inadecuadas para el reto que se le encomendó a Zoé Robledo.

Es cierto que el IMSS es un árbol frondoso que da muy buena sombra. Eso permitió que este programa del 78 tuviera un resultado muy positivo. Pero es un programa para áreas rurales dispersas. Lo que se está ofreciendo ahorita es dar atención médica a áreas urbanas y semiurbanas. Es decir, todo el universo que no cubre lo que conocemos como la derechohabiencia tradicional del IMSS, del ISSSTE, del ISSFAM o de los institutos estatales. Al dar ese paso, el presidente, desde mi punto de visa, no estaba del todo actualizado sobre la situación de ese modelo”, detalla Leal.

El modelo que siguió a aquel programa se llamó MAIS (Modelo de Atención Integral a la Salud), y consistía, básicamente, en una estrategia de salud apoyada en las comunidades. Pero tampoco era suficiente para las nuevas exigencias.


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Gustavo Leal explica:

«Zoé Robledo asumió el encargo presidencial y o que el modelo era viable. Eso no es exacto. El modelo estaba completamente en ruinas. Las administraciones panistas, que fueron realmente lamentables, lo fueron medicalizando. Es decir: le pegaron a la esencia del programa, que era que la comunidad se organizara, levantara diagnósticos de salud, generara voluntarios de la salud, parteras y médicos tradicionales, y con eso generar un primer equilibrio entre la prevención y la cura. Además, era un programa que estaba pagado con recursos federales, y no tomaba las instalaciones del IMSS ordinario, sino que tenía sus propias instalaciones: una gran cantidad de unidades médicas rurales (UMR). Pero, cuando llegó la Cuarta Transformación, lo que teníamos de eso era una ruina”.

Y añade:

“Zoé Robledo, o no entendió, o no quiso entender, pero desde el principio dijo que este modelo serviría para proyectar el nuevo encargo presidencial. Gran error: no sirve. Tanto así que empezaron a diseñar otro modelo que dieron a conocer después de que se constituyo el Organismo Público Descentralizado IMSS-Bienestar. El programa original se mantiene, pero hicieron una institución nueva con un nuevo modelo que se llama Modelo de Atención a la Salud IMSS- Bienestar (MAIS-B). Ese modelo es ecléctico y tiene muchos más elementos de salud colectiva y de prevención general que de atención primaria a la salud. Por tanto, a pesar de que es nuevo y obligatorio para todos los estados (aún para los que no se adhieran al proceso de federalización de la salud), tampoco da para el tamaño del encargo presidencial”.

Estos elementos, dice Leal, han sido desestimados en el debate público. Hoy, cuando se aborda el tema de la salud pública, lo que escuchamos son críticas y descalificaciones que añoran el Seguro Popular, o aplausos ensordecidos que no analizan críticamente las políticas de salud.

Para el investigador, ninguna de estas dos posturas abona a la discusión pública.

«Hay una porra gratuita diciendo ‘está muy bien’, o hay una descalificación inmediata diciendo ‘eso solo confirma el fracaso de la 4T’. Las dos posiciones están faltándose a algo fundamental: el análisis específico de la política de salud”.

El Seguro Popular y la privatización

En 2003, el surgimiento del Seguro Popular impulsado por el entonces secretario de salud, Julio Frenk Mora, encendió las alertas de académicos y especialistas que, como Leal, habían dado seguimiento a las políticas de Salud Pública en México. Para muchos de ellos, este nuevo organismo representaba un paso adelante para la privatización del sector salud.

«El Seguro Popular es un modelo para meter al sector asegurador a la salud, como son las Afores en pensiones. Estaba lleno de fallas por ser un diseño de escritorio. El equipo que hizo esta propuesta desconocía y desconoce buena parte de la realidad nacional en materia sanitaria. Todo su conocimiento es de cifras y datos de cubículo. Además, contaron en su momento con la penosa ayuda del PRI, que les facilitó que se votara esto en cámaras. Esto fue en 2004, cuando se leía a todas luces que ese modelo no tenía pies ni cabeza”, dice Leal.

La historia de la privatización, recuerda el investigador, inició un sexenio antes, en el gobierno de Ernesto Zedillo. Con la creación de las Instituciones del Seguro Especializadas en Salud (ISES) buscaron captar la derechohabiencia del IMSS. Su intención era empezar a atenderla en la lógica del sector asegurador. El proyecto no funcionó, pero el siguiente gobierno, de Vicente Fox, se reviró con el Seguro Popular.

«Los documentos que iluminan más esta propuesta están al final de peñismo. Ahí lo que se promovió era el siguiente modelo: tú ibas a utilizar el gasto per capita del Seguro Popular, como un pie para comprar un seguro privado. Entonces, el dinero que te iba a dar el Estado era como el primer nivel, y luego tú, según tu nivel económico, ibas poniendo un poquito más, fortaleciendo la parte privada del seguro, que tiene una falla de origen”.

Entre 2015 a 2017, la tecnocracia de la Secretaría de Hacienda mandó en el sector salud, explica Leal. «(El exsecretario de Hacienda y excandidato presidencial) José Antonio Mead era un fanático de estas visiones. Eso es lo que ellos querían pero nunca se materializó. Peña recibía los documentos, pero el equipo económico nunca tomó una carta para decir: empezamos. Tanto así que la secretaria Mercedes Juan fue destituida por el doctor Narro. Ese hombre ya no insistió en los últimos dos años del peñismo por ese camino”.

«Junto con eso —sigue Leal—, como ha señalado López Obrador, se fortaleció descaradamente el esquema de las Asociaciones Público-Privadas. Incluso en sus intervenciones de Mead como secretario de Hacienda en la Cámara de Diputados, eran en el sentido de que íbamos a caminar siempre de lado de las Asociaciones Público-Privadas. Fueron minando la estructura clínica del ISSSTE y del IMSS de manera descarada. Mucho más la del ISSSTE, donde casi se podría decir que la lograron tocar mortalmente. En el caso del IMSS, por su propio tamaño, estructura e implante territorial, fue mucho más complicado”.

El gobierno de López Obrador ”ha podido meter una política de contención frente a ese intento”, dice Leal, pero ”todavía no vemos que esa política de contención se traduzca en una política realmente para instaurar un nuevo régimen sanitario”.

Sin embargo, los rezagos de la privatización en el sector salud fueron evidentes. A la par de contener estas políticas neoliberales y hacerle frente a los estragos en la salud provocados por la pandemia, la nueva administración no ha logrado consolidar un modelo de transición que realmente permita asegurar la cobertura total en salud.

¿Un proyecto transexenal?

Para Leal, la desaparición del Seguro Popular fue un acierto para frenar la privatización. Y la extinción del Insabi es una medida necesaria para caminar a una estrategia de federalización de la salud pública. Sin embargo, los pendientes para transitar a otro régimen sanitario siguen siendo muchos.

Aunque la política de contención ha servido hasta ahora, todavía prevalece en el sistema de salud pública resquicios de la corrupción. También, señala, hay una atención desigual.

La prioridad de Andrés Manuel López Obrador, de primero los pobres, en el caso del sector salud se tradujo en un resultado desigual. Sí introdujo esta política de federalización de otorgar servicios de salud a la población sin seguridad social, pero en materia de la calidad de los servicios y de la profundidad de la prestación para la población con seguridad social no ha habido una mejora significativa. Sigue habiendo un problema de desabasto estructural, sigue habiendo tiempos de espera muy grandes, y sigue habiendo grandes dificultades de resolutividad médico-clínica”.

Además, la atención a los derechos laborales del personal de salud sigue siendo un tema sin resolverse dentro de esta nueva política.

«El capítulo laboral mexicano no está bien resuelto en este Organismo Público Descentralizado, porque los mandaron al apartado B del artículo 123 constitucional. Ahí evidentemente había un problema de costos, si los hubieran mandado al apartado A, hubiera sido sensiblemente un gasto más grande para el gobierno, pero también es cierto que eso hubiera dado una premiación mínima al equipo de salud que va a atender ahora este proceso de federalización”, refiere Leal.

Los desafíos, a cuatro años de gobierno y ya con una sucesión presidencial en ciernes, requieren de un proyecto transexenal. ”Aventar hacia adelante la consolidación de lo que consideras un verdadero cambio”.

Pero la política de salud pública en México, su futuro, dependerá mucho de la sucesión presidencial.

Los impactos de la pandemia

El reto no es menor, pues las fallas en el diseño del IMSS-Bienestar para atender a poblaciones urbanas y semiurbanas serán una tarea que la próxima administración tendrá que asumir con cautela.

Ese no es un modelo rural como el que tuvo éxito en el programa original IMSS-Bienestar, sino que este es un modelo básicamente con una población afectada, además, por el impacto de la pandemia. Los padecimientos crónico degenerativos están complejizados, el perfil de salud está mucho más dificultado (que al inicio de esta administración). Y quien llegue va a tener que atender eso. ¿Con qué equipos de salud? ¿y con qué modelo?”

Los resultados presentados por el gobierno hasta ahora, no dan pistas de que esta política de salud estén caminando en ese sentido, dice el investigador.

“Zoé Robledo ha organizado una forma de presentar el problema en la que te está cumpliendo con la oferta, podríamos decir, curativa. Esto nadie puede negarlo como un avance. Dice (Robledo): tenemos muchísimos atendidos, la recuperación de muchos quirófanos, hemos estado pintando el desabasto que está siendo atendido desde los centros. Sin lugar a dudas ves que hay un esfuerzo nuevo, pero está enfocado principalmente a la atención, falta atender la parte médico curativa. Esta manera de presentar confirma que el desafío tiene más profundidad”, reflexiona Leal.

Y hay otros ángulos en la producción del servicio de atención médica. Por ejemplo: la calidad de las intervenciones que se están dando o las reglas de atención humanitaria médico-paciente.

«El encargo presidencial es oportuno y es muy correcto. La manera de instrumentarlo nos obliga a hacer un análisis. Lo que no se ve es que esté preservando lo que realmente le daría a la estrategia de López Obrador un cambio del régimen sanitario. ¿Qué sería eso? Que fortaleciera realmente la atención primaria a la salud. ¿Qué quiere decir esto? Que trabajara hasta que hubiera menos enfermedad. Este es el punto central. Eso es complejo. Es un enorme desafío”.

Cambiar el estilo de vida

Gustavo Leal concluye que se necesita un modelo que opere sobre los estilos de vida.

“Eso es lo difícil. Cambiar un estilo de vida que te determina la enfermedad. Entender el concepto de salud como un estado de bienestar en que tú estás en tu comunidad, en tu localidad, con todo lo que te determina, esa atención primaria para la salud. El buen vivir, ese es realmente tu estado de salud. Ese te mantiene no enfermo, pero necesitas un estilo de vida”, insiste.

«Ahí es donde está el problema, porque estamos bombardeados por todos los estilos de vida de la cultura consumista que tenemos. Y ya vimos como la pandemia proyectó costosamente hacia el futuro toda la crisis de obesidad, los infartos, los cáncer. Este universo tan complejo tiene que ver con el estilo de vida. Es lo que implica un cambio de régimen sanitario. Y eso tarda”.

Un elemento del Ejército resguarda el hospital del IMSS Chilpancingo durante la pandemia de Covid-19, en 2020. Foto: José Luis de la Cruz (Archivo Amapola).

Este texto es propiedad de Pie de Página y lo reproducimos como parte la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. Puedes leer el original en este enlace. 

COVID ya no es emergencia sanitaria, pero la pandemia dejó 700 mil muertos en México

Hasta 2022, autoridades de Salud estimaron que en el país se registrarían 2 millones 351 mil 067 defunciones; sin embargo, ocurrieron poco más de 3 millones, es decir, un exceso acumulado de 650 mil 602 muertes.


Texto: Animal Político

Fotografía: José Luis de la Cruz / Archivo

 

La Secretaría de Salud dio por terminada la emergencia sanitaria por COVID-19, iniciada el 23 de marzo de 2020, sin embargo la pandemia ha dejado un exceso de casi 700 mil muertes en México, una de las cifras más altas en el mundo.

De acuerdo con reportes de la propia secretaría, desde el inicio de la pandemia, en febrero de 2020, hasta el 8 de mayo de 2023, en el país fallecieron 333 mil 961 personas por COVID-19.

COVID deja exceso de mortalidad

Pero, más allá de las cifras acumuladas, el impacto que dejó la pandemia en México se puede valorar con el exceso de mortalidad, el indicador más preciso para medir el impacto de la pandemia en las naciones, según la propia Organización Mundial de la Salud (OMS).

Esta cifra es la diferencia entre el número de muertes que se reportaron realmente y el número que se esperaría en ausencia de la pandemia basándose en los datos de años anteriores.

El exceso de mortalidad es la cifra que señala cuántas personas han muerto desde que comenzó la pandemia, aunque la causa de muerte no se haya confirmado o reportado directamente por SARS-CoV-2.

Hasta 2022, autoridades de Salud estimaron que en el país se registrarían 2 millones 351 mil 067 defunciones; sin embargo, ocurrieron poco más de 3 millones, es decir, un exceso acumulado de 650 mil 602 muertes.

De éstas, el 77% estuvieron relacionadas con COVID-19, de acuerdo con datos oficiales actualizados hasta enero de 2023.

“Estos datos aleccionadores no solo señalan el impacto de la pandemia, sino también la necesidad de que todos los países inviertan en sistemas de salud más resilientes que puedan mantener los servicios de salud esenciales durante las crisis, incluidos sistemas de información más fuertes», dijo el Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS al referirse al exceso de mortalidad registrado a nivel mundial durante el primer año de la pandemia.

Impacto de COVID por año

Entre 2020 y 2021 se registró el mayor número de defunciones asociadas a COVID.

En 2020 las autoridades estimaron que se reportarían 770 mil 762 muertes, pero ocurrieron 1 millón 087 mil 507, un exceso de 316 mil 745; de estas 215 mil 617 estuvieron asociadas a la pandemia, es decir un 68%.

Para 2021, la estimación de la mortalidad en México era de 777 mil 860 defunciones, pero se registraron 1 millón 095,480; 249 mil 466 estuvieron asociadas a COVID-19, un 78%.

Mediciones del Inegi sobre muertes por COVID

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) también detectó exceso de muertes relacionadas con la pandemia.  De enero de 2020 a diciembre de 2021 se calculaba tener cerca de 1 millón 500 mil defunciones, pero ocurrieron 2 millones 194 mil 713.

Con base en estos datos se tuvo un exceso de mortalidad, por todas las causas, de 704 mil 358, lo que representa un exceso de 47.26%.

De enero de 2020 a septiembre de 2022, se esperaban cerca de 2 millones 100 mil defunciones. Al final ocurrieron 2 millones 820,990 muertes, un exceso de hasta 793 mil 625 muertes.

Estas cifras podrían aumentar, pues los datos corresponden a un informe preliminar que se dará a conocer de manera completa hasta octubre de este 2023.

COVID-19 la primera causa de muerte en México en 2021

En México, el punto máximo de la pandemia se vivió justamente en 2021, cuando aún no había vacunación masiva.

Según datos del Inegi, en 2021 la primera causa de muerte en México fue COVID, pues se registraron 238 mil 772 defunciones por esta enfermedad, 38 mil muertes más que en 2020.

Ciudad de México, Morelos, Baja California Sur, Estado de México y Colima fueron las entidades más afectadas por dicha enfermedad.

Del total de defunciones por la COVID-19 (238 772), 39.2 % (93,652) correspondió a mujeres y 60.8% (145,115), a hombres.

La población de 65 años y más fue la que más falleció por esta causa, con 49.2 % (117 361).

En 2020, la COVID fue la segunda causa de muerte, solo debajo de las enfermedades relacionadas con el corazón.

La pandemia que lo cambió todo

El 30 de enero de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró al virus SARS-CoV-2, el cual produce la enfermedad de COVID-19, una emergencia de salud pública y de importancia internacional, pero fue hasta marzo de ese año cuando la consideró pandemia, en razón a la capacidad de contagio del virus entre la población a nivel mundial.

Las alertas derivaron en una serie de disposiciones sanitarias como el cierre de fronteras, negocios y restricciones de viaje en muchos países y ciudades, además de una carrera entre naciones para descubrir alguna vacuna para mitigar el impacto de la enfermedad.

En 2020 las autoridades estimaron que se reportarían 770 mil 762 muertes, pero ocurrieron 1 millón 087 mil 507, un exceso de 316 mil 745; de estas 215 mil 617 estuvieron asociadas a la pandemia, es decir un 68%.

Para 2021, la estimación de la mortalidad en México era de 777 mil 860 defunciones, pero se registraron 1 millón 095,480; 249 mil 466 estuvieron asociadas a COVID-19, un 78%.

Mediciones del Inegi sobre muertes por COVID

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) también detectó exceso de muertes relacionadas con la pandemia.  De enero de 2020 a diciembre de 2021 se calculaba tener cerca de 1 millón 500 mil defunciones, pero ocurrieron 2 millones 194 mil 713.

Con base en estos datos se tuvo un exceso de mortalidad, por todas las causas, de 704 mil 358, lo que representa un exceso de 47.26%.

De enero de 2020 a septiembre de 2022, se esperaban cerca de 2 millones 100 mil defunciones. Al final ocurrieron 2 millones 820,990 muertes, un exceso de hasta 793 mil 625 muertes.

Estas cifras podrían aumentar, pues los datos corresponden a un informe preliminar que se dará a conocer de manera completa hasta octubre de este 2023.

COVID-19 la primera causa de muerte en México en 2021

En México, el punto máximo de la pandemia se vivió justamente en 2021, cuando aún no había vacunación masiva.

Según datos del Inegi, en 2021 la primera causa de muerte en México fue COVID, pues se registraron 238 mil 772 defunciones por esta enfermedad, 38 mil muertes más que en 2020.

Ciudad de México, Morelos, Baja California Sur, Estado de México y Colima fueron las entidades más afectadas por dicha enfermedad.

Del total de defunciones por la COVID-19 (238 772), 39.2 % (93,652) correspondió a mujeres y 60.8% (145,115), a hombres.

La población de 65 años y más fue la que más falleció por esta causa, con 49.2 % (117 361).

En 2020, la COVID fue la segunda causa de muerte, solo debajo de las enfermedades relacionadas con el corazón.

La pandemia que lo cambió todo

El 30 de enero de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró al virus SARS-CoV-2, el cual produce la enfermedad de COVID-19, una emergencia de salud pública y de importancia internacional, pero fue hasta marzo de ese año cuando la consideró pandemia, en razón a la capacidad de contagio del virus entre la población a nivel mundial.

Las alertas derivaron en una serie de disposiciones sanitarias como el cierre de fronteras, negocios y restricciones de viaje en muchos países y ciudades, además de una carrera entre naciones para descubrir alguna vacuna para mitigar el impacto de la enfermedad.

 

Este texto fue elaborado por el equipo de Animal Político y lo reproducimos con su autorización.

El gobierno de AMLO deja sin gastar 40 mil mdp en salud solo en el primer trimestre de 2023

El subejercicio de recursos reportado en el informe trimestral de Hacienda se da mientras hospitales públicos registran falta de insumos y la vacunación de niñas y niños está en niveles bajos.


Texto: Nayeli Roldán / Animal Político

Fotografía: José Luis de la Cruz (Archivo)

3 de mayo del 2023

 

Entre enero y marzo de este año, el IMSS, el ISSSTE y la Secretaría de Salud federal tenían presupuesto aprobado para comprar materiales y suministros, realizar inversión en hospitales estatales y para el programa de vacunación, pero no han gastado 40 mil 468 millones de pesos, de acuerdo con datos del primer informe trimestral de la Secretaría de Hacienda (SHCP).

Esto significa que las instituciones que atienden a la mayor parte de la población afiliada a servicios de salud no cuentan con los materiales y suministros necesarios para la atención hospitalaria que preveían necesitar y, por tanto, comprar en los primeros meses de 2023.

Esto ocurre meses después de que el proceso de compra de medicamentos y materiales de curación sufriera retrasos debido a las fallas que presentó la nueva versión de Compranet, la plataforma mediante la que el gobierno debe realizar todas las adquisiciones y que fue relanzada a inicio de año.

Solo en enero hubo dos momentos de retraso. El 17 de enero, al extender el plazo para que los posibles participantes pudieran enviar sus cotizaciones, y el 27 de enero, cuando se debía publicar a los ganadores, pero esto se hizo hasta el 31 de enero.

Las empresas ganadoras tenían que hacer los contratos y después realizar la logística de entrega de un volumen significativo, pues se trata del proceso de compra más grande en el año, con 280 millones de piezas y un máximo de 700 millones de piezas de las 639 claves de medicamentos y materiales de curación que deberán surtir durante todo 2023 en nueve instituciones, incluyendo al IMSS y al ISSSTE.

Eso significó que los insumos que se requerían para 2023 no se habían comprado ni se encontraban en los hospitales al menos al terminar enero.

De acuerdo con el informe de Hacienda, el IMSS no había gastado 25 mil 577 millones de pesos, lo que representa 10% de lo presupuestado para los primeros tres meses del año, dinero que estaba destinado a materiales y suministros, pago de pensiones, servicios generales y servicios personales.

Así se indica en el apartado “Variación del gasto programable respecto al presupuesto aprobado” del primer informe trimestral de Hacienda.

En el ISSSTE, explica el informe, no se han gastado 13 mil 108 millones de pesos previstos para las “erogaciones en servicios generales, materiales y suministros, servicios personales, e inversión física”, lo que significa 9.6% del presupuesto para este trimestre.

Mientras tanto, la Secretaría de Salud no ha gastado mil 711 millones de pesos de presupuesto para el Programa Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud y del programa de vacunación, según se informó en el reporte de Hacienda.

Esto ocurre cuando México atraviesa el peor nivel de vacunación de los últimos 18 años, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2018-2019. Los datos revelaron que solo 18.5% de menores de un año de edad cuenta con su esquema completo de vacunación, es decir, ocho de cada 10 no están protegidos contra enfermedades para las que ya existen vacunas.

El Hospital General de Chilpancingo tomado por los trabajadores que exigían el pago del FEGAC, el pasado 21 de septiembre del 2021. Foto: Jose Luis de la Cruz (Archivo Amapola)

Este texto es propiedad de Animal Político y lo reproducimos con su autorización. Puedes leer el original en este enlace.

 

Se va la luz y médicos de Hospital del ISSSTE en Acapulco terminan cirugía encendiendo sus teléfonos celulares

Texto: Jesús Guerrero

Fotografía: Freme de video

Chilpancingo

 

Médicos del Hospital del ISSSTE en Acapulco tuvieron que terminar una cirugía alumbrándose con la luz de sus teléfonos celulares, porque en la sala de quirófanos se registró un apagón de energía eléctrica.

En dos videos que se difundieron en las redes sociales, una enfermera que participa en una cesárea dice que la planta de luz no llega.

«Cero planta de luz, esto está oscuro; tenemos la lámpara de urgencia», comenta la enfermera al referirse a los teléfonos celulares que los prendieron para alumbrarse.

–¿Cómo cuánto tiempo tiene que no llega (la luz)?, –pregunta la misma enfermera.

–Desde hace un rato, creo que como 20 minutos,–contesta otra enfermera que también participa en la intervención quirúrgica.

En otro video un médico dice: «estamos operando sin luz, sin planta de energía».

En el paneo que hace uno de los trabajadores por la sala de quirófanos se observa que todo está oscuro.

Al final, pero en esas condiciones, el personal médico logró con éxito el trabajo de parto.

Por versiones de los trabajadores de este hospital que supo que son recurrente los apagones en todo el edificio, porque la planta de luz no entra al relevo de manera inmediata.

Las deficiencias en este Hospital de Acapulco afloraron después del sismo del 7 de septiembre del 202, que provocó daños estructurales; durante varios meses se realizaron reparaciones.

Días después del temblor del 2021, los directivos del hospital ordenaron que los pacientes fueran atendidos en el patio de estas instalaciones, donde instalaron carpas, pero aún así sufrieron de las inclemencias del tiempo, como las altas temperaturas y las lluvias.

En agosto del 2022, los trabajadores de este nosocomio realizaron protestas y suspendieron las consultas y cirugías a los derechohabientes porque a un grupo de sus compañeros no se les pagaban su salario, además exigieron la reparación del aire acondicionado, la sala de quirófanos, la adquisición de aparatos de rayos X.

Los trabajadores administrativos, médicos y enfermeras plantearon la construcción de un nuevo hospital, pero de tercer nivel, con suficiente equipo e infraestructura médica.

Rocío Larumbe Gutiérrez, integrante del comité ejecutivo del Sindicato Nacional Progresista de los Trabajadores del ISSSTE, confirmó la autenticidad de ese video que circuló en las redes sociales donde se ve a los médicos y enfermeras realizar una cesárea sin luz.

«Ese incidente ocurrió hace 15 días, pero el apagón fue de dos minutos», afirmó Larumbe Gutiérrez.

«Las deficiencias en el Hospital del ISSSTE poco a poco se han ido corrigiendo y nosotros esperamos que pronto el gobierno federal coloque la primera piedra de lo que será el nuevo nosocomio», dijo Larumbe Gutiérrez, quien es secretaria de Trabajo y Conflictos dentro del sindicato.

Desde el 2022, el gobierno federal prometió la construcción de un nuevo hospital del ISSSTE de tercer nivel en Acapulco con una inversión de 3 mil millones de pesos para beneficio de miles de derechohabientes de la burocracia de los tres niveles de gobierno y de la Universidad Autónoma de Guerrero (Uagro).

En el 2021, el candidato a gobernador por Morena al gobierno de Guerrero, el senador Félix Salgado Macedocio, prometió que la residencia oficial de Casa Guerrero, ubicada en Chilpancingo, se convertiría en un hospital del ISSSTE de tercer nivel.

A Salgado Macedonio, el INE la canceló su candidatura por no haber comprobado gastos de precampaña, entró al relevo su hija Evelyn Salgado Pineda. Ella no asumió la promesa de campaña de su padre.

La gobernadora sigue la tradición de los gobiernos del PRI y PRD, y utiliza la residencia de decenas de hectáreas para sus eventos oficiales y reuniones privadas. La mandataria estatal asegura que ella no vive en Casa Guerrero, que renta una casa ubicada en la zona norte de Chilpancingo.

 

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