En el municipio nahua de Chilapa, ubicado en la zona Centro, 90 por ciento de mujeres indígenas buscan parir con parteras tradicionales y sólo 9 por ciento decidió buscar un médico, de acuerdo con los datos del Diagnóstico de Salud Reproductiva que realizó la Casa de la Mujer Indígena Zihuachikahuac.
Estos datos fueron el resultado de un diagnóstico que realizó Zihuachikahuac en el municipio de Chilapa, como parte de su proyecto Parteras tradicionales y promotoras fortaleciéndose para dar una mejor atención a la salud de las mujeres nahuas en Guerrero, que fue presentado en el instituto de Estudios Parlamentarios Eduardo Neri, del Congreso Local.
Algunos de los resultados que arrojó este diagnóstico fue que desde hace más de dos años ninguna institución de salud brindó platicas sobre derechos sexuales y reproductivos.
Sobre el equipamiento en las unidades de salud, del 100 por ciento de mujeres que acudieron a tratarse, sólo a la mitad de ellas se les otorgó el tratamiento de medicamentos completo.
La otra mitad tuvo que comprarlos fuera y por falta de recursos no adquirió el tratamiento completo.
En el tema de salud reproductiva, de un 100 por ciento de mujeres que acuden a alguna unidad de salud, sólo en un 34 por ciento de estas unidades les ofrecen a las mujeres algún método anticonceptivo.
Sobre el acceso a los servicios de partería, este diagnóstico menciona que 72 por ciento de personas encuestadas conoce a alguna partera y aseguró que en caso de ser necesario acudiría a una.
Los derechos de las mujeres embarazadas también fue un tema que se abordó en la encuesta y ahí se estableció que 62 por ciento de las encuestadas desconocían saber que tienen derechos como mujeres embarazadas.
En un 36 por ciento de los casos de mujeres que se atendieron por parto en una unidad de salud oficial calificó el servicio como regular.
En mayor medida, 55 por ciento establece que no se trata con respeto a las mujeres.
Estos datos muestran la importancia de la partería tradicional para mujeres indígenas, como una atención segura ante la denominada violencia obstétrica.
Con estos datos pretenden presentar al Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) un proyecto para apoyar a las parteras tradicionales.
Durante la presentación, la diputada Nora Yanek Velázquez Martínez, quien funge como enlace entre el Congreso local y Zihuachikahuac, destacó que la elaboración de este diagnóstico «costó años de trabajo y esfuerzo comunitario, mismo que contribuirá a la solución de una problemática que no sólo se ubica en el marco de la defensa de los derechos humanos y la libertad sexual y reproductiva, sino que se ubica en el contexto de un grave estado de desigualdad y exclusión social que ya es necesario cambiar».
La coordinadora general de Zihuachikahuac, Brígida Chautla Ramos, habló sobre la importancia de preservar el conocimiento de las parteras tradicionales, como una solución digna para las mujeres indígenas embarazadas.
«Con este diagnóstico tenemos un panorama que nos invita a reforzar estas prácticas y preservar el conocimiento, que es un poco lo que pretendemos que el INPI nos apoye», dijo Chautla Ramos.
La CAMI Zihuachikahuac surgió en 2013, con el fin de contribuir a mejorar la salud materna de la mujeres indígenas mediante una estrategia de atención a la salud materno-infantil, rescatando la partería tradicional.
Zihuachikahuac está integrada por mujeres indígenas nahuas, y una red de parteras y promotoras de derechos a la salud y de prevención de violencia de género hacia mujeres indígenas, «que además, proporcionan servicios de traducción, alojamiento, alimentos, consejería, orientación, preparación para el parto, cuidados en el puerperio, y muy importante, la canalización y acompañamiento a mujeres a los servicios de salud e instancias de justicia», mencionó Chautla Ramos.
A casi un año de la despenalización del aborto en Guerrero, aun falta camino legislativo, médico y social para que las mujeres tengan un acceso pleno a este derecho.
El aborto fue aprobado por el Congreso local el 17 de mayo del 2022, con 30 votos a favor, 13 en contra, una abstención y un voto nulo en una votación que tuvo que ser por cédula ante la presión de distintos grupos sociales que estaban a favor y en contra.
Aun cuando la despenalización del aborto fue un avance histórico para los derechos reproductivos de las mujeres, a casi un año de eso las instituciones de salud no tienen una estrategia y protocolos claros para realizar una interrupción legal del embarazo.
La iniciativa de reforma de aquel 17 de mayo contemplaba sacar el delito de aborto del Código Penal del Estado de Guerrero, pero aún falta dotar de presupuesto, equipo, capacitaciones y protocolos al sector salud para que las mujeres tengan un acceso pleno a una interrupción legal del embarazo.
Trabas en el sector salud
A las mujeres guerrerenses les niegan en los hospitales, clínicas y centros de salud el acceso a un aborto, de acuerdo con la Red Guerrerense por los Derechos de las Mujeres.
“Hubo el caso de una chica en Taxco que acudió a solicitar una Interrupción Legal del Embarazo (ILE) y le dijeron, ven en tres días”, comentó la coordinadora de la Red, Ana Grabiela Candela Garzón.
La Red Guerrerense por los Derechos de las Mujeres, es una organización no gubernamental de derechos humanos de las mujeres que, entre otras cosas, brinda acompañamiento a quienes deseen interrumpir su embarazo.
A pesar de que una de de las causales del aborto antes de su despenalización era por violencia sexual, de acuerdo con la Red, muchos casos no son atendidos y continúan con trabas burocráticas para permitir a las mujeres acceder a un aborto.
En un recorrido que realizó Amapola, periodismo transgresor por algunos hospitales públicos de Chilpancingo se constató que no existen protocolos médicos o administrativos para atender a alguna mujer que decida realizarse una interrupción del embarazo.
“La realidad es que ya sabemos que está aprobado y que si llega una mujer con esa petición tenemos que atenderla, pero nadie nos ha dicho cómo lo tenemos que hacer o algún protocolo a seguir”, contó una doctora del hospital del Instituto de Salud y Seguridad Socia para Trabajadores del Estado (ISSSTE) de Chilpancingo.
Si llega una mujer a solicitar una interrupción de su embarazo se desconoce si tiene que llegar a urgencias, a consulta externa o algún o con alguna trabajadora social.
En este hospital, de acuerdo con la información recabada, sólo un médico de todo el personal dijo ser objetor de conciencia, es decir, una persona que por sus creencias o convicciones se niega (en este caso) a practicar un aborto.
Las activistas feministas han expuesto su preocupación porque sea negado un derecho a las mujeres por las creencias de una persona.
Un médico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Acapulco coincidió en que ellos no tienen el acceso a un manual o a algún protocolo que dicte los pasos a seguir en caso de que una mujer desee interrumpir su embarazo.
Por lo mismo muchas mujeres desconfían del sector público.
Lo único que les proporcionó la Secretaría de Salud Guerrero a hospitales y centros de salud fueron una lista para que anoten los datos y cantidad de mujeres que acudieron a realizar.
Por la información obtenida por este medio menciona en el hospital antes mencionado no hay ningún caso registrado de interrupción legal del embarazo.
Datos del Observatorio Ciudadano de la Violencia hacia las Mujeres de Guerrero (OVM) registraron entre 2021 y 2022 por lo menos ocho casos en cuatro hospitales donde a las mujeres, niñas, adolescentes y adultas que fueron violadas, les negaron a interrumpir su embarazo.
“Si se supone que ya había un protocolo para atención de violencia sexual, ¿qué está pasando?, ¿por qué no se está aplicando?”, dijo Candela Garzón.
Manifestó su preocupación porque si antes les negaban este acceso a las mujeres que sufrieron violencia sexual, ahora que es un derecho de todas las mujeres, los casos de negación de un servicio médico aumenten.
En marzo pasado, la Secretaría de Salud informó que habían realizado 26 procedimientos de interrupción del embarazo.
Después de la despenalización de aborto, la Red ha dado acompañamiento a más de 100 mujeres, datos que contrastan con los de la Secretaría de Salud del estado.
*En la Zona Norte se niegan a practicar la ILE*
“Tenemos datos de que en zona Norte definitivamente no quieren dar la atención. Se sigue castigando a las mujeres por querer decidir sobre sus cuerpos”, compartió Candela Garzón. En particular, en Taxco de Alarcón niegan el derecho al aborto a las mujeres.
En Taxco sólo un médico practicaría el aborto, los demás fungen como objetores de conciencia, de acuerdo datos de la misma Red.
“No hay un protocolo de atención, el hecho de ir y no saber con quién dirigirse y que las mantengan en espera, hace que las chicas mejor se vayan”.
Otra preocupación de la Red es que ellas como acompañantes, no tienen datos de todo lo que sucede en el estado. El caso de la zona Norte es sólo un ejemplo.
Antes de la reforma no se permitía el aborto voluntario y se contemplaban penas de uno a tres años de cárcel por la interrupción del embarazo. Las únicas causales permitidas para el aborto eran la violación, la inseminación artificial no consentida y por problemas de salud o alteraciones genéticas del producto.
Falta camino legislativo
Para la creación de los protocolos, un reglamento y dotar de presupuesto a la Secretaría de Salud para este rubro, los legisladores tienen que reformar la Ley 1212 de Salud del estado.
Por ley, en menos de 180 días después de la despenalización del aborto, debían estar listas dichas reformas secundarias, pero ya casi se cumplen los 365 días, el próximo 17, y del Congreso local aún no salen estas reformas.
La reforma está en la Comisión de Salud pero, de acuerdo con la diputada Yesica Ivette Alejo Rayo, integrante de dicha comisión, no han dictaminado subirla al pleno por dos razones.
La primera porque desde que llegó la reforma a la Ley de Salud a Congreso local, la Comisión solicitó un informe a la Secretaría de Salud para conocer su situación presupuestal, “pero hasta ahora no hemos obtenido respuesta”, comentó la diputada.
En la solicitud de la Comisión a la Secretaría, los diputados requirieron un panorama general de la situación de la dependencia estatal para lograr implementar la reforma.
El otro tema pendiente es que los diputados locales esperan que el Congreso de la Unión apruebe las reformas de ley para el Instituto Nacional para el Bienestar (Insabbi).
Una de las diputadas impulsoras de la despenalización del aborto, la morenista Nora Yanek Velázquez Martínez, mencionó que aún no avanzan las reformas sanitarias porque en el Congreso de la Unión todavía reforman la Ley General de Salud para el marco legal del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi). Hasta entonces armonizarían las leyes locales.
“Estaba pendiente la reforma sanitaria a nivel local, pero ya con la reforma federal y la incorporación de varios hospitales públicos al Insabi, todo eso va a quedar cubierto”, mencionó en entrevista Velázquez Martínez.
Dijo que con estas reformas sanitarias, en los hospitales y centros de salud ya no pondrían obstáculos para practicar un aborto, “por el momento la Secretaría de Salud capacita al personal para que puedan practicar uno”.
“Todavía falta, claro, pero esperemos que con la reforma federal ya quede subsanado todo para que se haya un acceso pleno a este derecho”.
Estas declaraciones las dio la diputada antes de que el Congreso federal aprobara la desaparición del Insabi el pasado 25 de abril.
Con esta reforma ahora los servicios de salud que proporciona esta institución serán absorbidos por el Instituto Mexicano del Seguro Social IMSS-Bienestar.
Ante este nuevo panorama, la Comisión de Salud en el Congreso local tendrá que esperar las nuevas resoluciones de lo que aprobó el Congreso federal para poder homologar las leyes locales.
La burocracia y la penalización social, otras formas de castigar a las mujeres
Una nueva forma de negarles el acceso a un aborto a las mujeres, insistió Candela Garzón, es a través de prácticas burocráticas en los hospitales.
“No es que les digan no, como tal, pero al no pasarlas, al hacerlas esperar y decirles ven después, causa un conflicto en las usuarias de cómo resolver la situación en la que está”, narró.
Las mujeres que van a solicitar este servicio han denunciado a la Red que en ocasiones las hacen esperar o les piden que vuelvan después. Además, de poner como pretexto los cambios de turno en los hospitales.
Si una mujer acude cuando cambia el turno del hospital, es suficiente para que no la atiendan o le digan que tiene que esperar.
“El turno de la mañana le hecha la bolita al tuno de la tarde”.
El acceso a la información y el derecho a la salud también limita a las mujeres.
Desde el ámbito social también, expuso, es complicado abordar el aborto, porque aún hay estigmas.
“Hay un contexto que a las mujeres les dice que está mal”.
El contexto religioso en el estado, mencionó, también pesa en la despenalización social del aborto. Está el caso de Taxco. Aún hay mujeres que dentro de sus círculos cercanos son señaladas y criminalizadas por realizarse un aborto.
“Es un derecho, así como se respeta a quien decide continuar un embarazo, debería también respetarse a quien decide interrumpirlo”, agregó la defensora.
Tras el acompañamiento político y jurídico que recibió de varias organizaciones de mujeres y derechos humanos en Guerrero, recuperó su libertad en diciembre de 2022. Un caso que destapó el racismo y la misoginia de la justicia, en plena discusión sobre la despenalización del aborto en este estado, al suroeste de México. Detalles desconocidos de su vida y proceso.
Texto: Margena de la O
Ilustración: Alejandra Balaguera
El dolor es intenso y va del abdomen bajo a la zona lumbar. La tumba a la cama. Un torrente precipitado baja por su útero, con la fuerza de un alud. Con el sangrado, expulsa una masa corporal que desconocía. Está asustada y débil. Nadie más está en casa. Ni sus primos, ni su tía. Camina hasta la cocina y con un cuchillo común corta el cordón umbilical como puede. Deja el pequeño cuerpo sin vida en una caja de zapatos. Se desvanece. Es 1 de octubre de 2019.
Aurelia García Cruceño llegó a la casa de su tía Lucía Palazin, en Iguala, hace cuatro meses. Ella aceptó recibirla a cambio de que le ayudara en las tareas domésticas: limpiar la casa y preparar las comidas. Aurelia no hablaba español, pero deseaba por encima de todo salir de su pueblo, Xochicalco, una comunidad nahua de Chilapa, de 360 habitantes, en el estado Guerrero, al sureste de México. Tiene 19 años, nunca había estado embarazada. Mide menos de metro y medio. Su lengua materna es el náhuatl. Estudió hasta la Secundaria. Su intención era escapar del último hombre que la agredió sexualmente, una autoridad comunitaria de su pueblo.
De niña fue violentada sexualmente por un hombre de su círculo familiar. Siempre escuchó que a las mujeres que quedaban embarazadas antes del matrimonio las quemaban vivas. Cuando sospechó que ese era su caso, pidió orientación en la Casa de Salud, pero se la negaron. Entonces, tomó todos los tés y brebajes que le dijeron para estos posibles casos; olvidó lo sucedido, recogió sus cosas y salió de su pueblo.
Esa noche del 1 de octubre de 2019, en Iguala, Aurelia se desangraba cuando llegaron sus familiares a casa. Sus signos vitales eran muy débiles, según el paramédico Jason Muñoz, que la vio a media noche. Por eso pidieron una ambulancia y la llevaron al Hospital General Dr. Jorge Soberón Acevedo. Sus familiares no salían de su sorpresa. Días atrás, Aurelia solo tenía cólicos menstruales y la tía le dio unas pastillas antiinflamatorias para aliviar el dolor. Le dijo que si seguía con el dolor irían a un hospital. ¿De dónde pudo salir ese pequeño cuerpo si Aurelia era tan delgada?, se preguntaron.
En la madrugada del 2 de octubre de 2019, cuando Aurelia retomó la conciencia, se vio esposada a la cama hospitalaria. No entendía nada. Seguía un poco anestesiada del legrado que le hicieron para retirar los residuos de la placenta en el útero. El personal del hospital llamó a los agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) y trasladaron a una cárcel mixta a los dos días (4 de octubre) sin que le dieran el alta del hospital. La acusaron, supuestamente, de matar a su hijo, de cerca de ocho meses de gestación, y la condenaron, el 8 de julio de 2021, a trece años y cuatro meses de reclusión.
Aurelia narró a la abogada Verónica Garzón Bonetti, con mucha dificultad, los hechos que recordó de esa noche y madrugada que le cambiaron la vida, durante un acompañamiento psicológico y jurídico de preparación para enfrentar el delito que le endilgaban: homicidio en razón de parentesco.
El encierro
El cuarto es pequeño. La voz de Aurelia es casi inaudible. Se le ve triste. Se encorva y baja la mirada para musitar alguna palabra. Es 4 de marzo de 2022. Las activistas de la Red Guerrerense por los Derechos de las Mujeres, una colectiva integrada por diversas organizaciones de mujeres de Guerrero, visitan a Aurelia por primera vez en el Centro de Readaptación Social de Iguala. Desde ese día, no la dejaron sola. La acompañaron en la intimidad del penal y dieron a conocer su caso en la opinión pública.
A la par, las abogadas del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democráticos (IMDHD), Ximena Ugarte y Verónica Garzón Bonetti, decidieron llevar su defensa en el terreno legal. Lucía, la tía de Aurelia, buscó a Garzón Bonetti por su reconocida lucha por los derechos humanos de las mujeres.
En esos encuentros, que se extendieron durante todo el 2022, Aurelia les contó de a poco, como las pausadas gotas de un proceso de destilación, que extrañaba mucho a su mamá y a su papá, Agustina Cruceño y Alberto García. Les dijo que anhelaba, algún día, poder construirles una casa. Con el poco español que había aprendido, narró que adentro de la cárcel solía escuchar la radio, que veía algunas series de televisión, y que compartía celda con una mujer que tenía un niño pequeño con el que jugaba a menudo y con otra, que era mayor que ella. Explicó que trabajaba en un puesto de aguas frescas dentro del penal, pero que su deseo era estudiar y convertirse en maestra. También, que adentro estaba Mayra Onofre, recluida por el mismo delito, homicidio en razón de parentesco.
Los primeros abogados que tuvo Aurelia la llevaron a aceptar un proceso penal abreviado. Es decir, un proceso que termina de manera anticipada con una sentencia condenatoria. Por eso, cuando las abogadas Ximena Ugarte y Verónica Garzón tomaron el caso, apelaron la sentencia y pidieron a la justicia que le permitiera a Aurelia defender su inocencia en un juicio oral. El 17 de enero de 2022, la magistrada Indalecia Pacheco León les dio la razón, revirtió la sentencia condenatoria y repuso el procedimiento judicial, por las graves violaciones a los derechos humanos que identificó en el procedimiento.
Para el IMDHD, la magistrada reconoció que Aurelia “fue juzgada por un sistema jurídico al que ella no pertenece y cuyas reglas no comprende. Y en el camino, además, sufrió discriminación por ser mujer, por ser indígena, por ser migrante y por encontrarse en situación de pobreza”. Para ese momento, además, Aurelia ya había pasado presa dos años y dos meses. Por eso, las abogadas pidieron al juzgado que le permitiera enfrentar el proceso en libertad, ya que había superado el tiempo máximo de reclusión preventiva (dos años) que establece la Constitución Política Mexicana, no tenía antecedentes penales y no representaba ningún riesgo para la sociedad.
En cambio, estar privada de su libertad sí podía ser peligroso para ella, porque estaba en un centro penitenciario mixto, donde no era efectiva la separación entre hombres y mujeres, y existía un riesgo muy alto de que Aurelia volviera a vivir una agresión sexual. La audiencia para revocar la medida carcelaria se dio el 20 de julio del 2022. La jueza encargada del caso, Mariela Alfaro Zapata, negó la propuesta y aseveró que Aurelia sí era un peligro social, por el crimen que se le endilgaba y porque “si es tan pobre como dicen —les dijo a las abogadas—, ¿quién va a garantizar que va a poder pagar su transporte para venir acá?”.
Según la defensa de Aurelia, para ese momento ya era claro que la jueza culpaba de forma anticipada a Aurelia y daba por cierta la teoría de la Fiscalía General del Estado. Entre otras supuestas pruebas, la Fiscalía tenía una declaración ministerial de la tía de Aurelia en la que decía que la señora había denunciado a su sobrina. Pero después se descubrió que se trató de una declaración que Lucía Palazin dio en español, sin abogado ni intérprete, porque su idioma natal también es el náhuatl. Los servidores públicos ministeriales la escribieron y le pidieron a la tía que la firmara. Ella confió y lo hizo sin leer el documento. Así lo manifestó ella misma en la audiencia, ante la jueza Alfaro Zapata.
Las abogadas de Aurelia sostuvieron que la tía solo recibió órdenes del personal de la Fiscalía, como cuando le pidieron que condujera a unos policías ministeriales a su casa para hacer diligencias después del parto fortuito de Aurelia. Lucía creyó que eso era parte del procedimiento. La defensa también demostró que el dictamen forense del feto que presentó la Fiscalía era inconsistente porque no probaba que las lesiones que tenía fueran posteriores a la emergencia obstétrica que tuvo Aurelia. También dijeron que la prueba que utilizó esta entidad, para aseverar que el feto nació con vida, estaba revaluada por la comunidad científica, por su alto margen de error en esa interpretación.
En la hipótesis de la Fiscalía nunca fueron importantes los abusos sexuales que padeció Aurelia desde la infancia, ni la violencia sicológica y falta de oportunidades que tuvo a lo largo de su vida, ni la última agresión sexual por la que quedó embarazada en 2019, ni la falta de asistencia y orientación médica para interrumpir ese embarazo en semanas tempranas al ser un caso de violación, como establecía para esa fecha el Código Penal Federal.
Durante el juicio oral, los comentarios de la jueza demostraron, rápidamente, de qué lado estaba: «cómo una mujer no va a saber que está embarazada», dijo una vez, «obviamente era su bebé», soltó en otro momento. El juicio corrió al tiempo que los medios de comunicación, estatales y nacionales, informaban lo que pasaba.
La estrategia mediática y política la abanderó la Red Guerrerense por los Derechos de las Mujeres. El caso resonó, incluso, en la conferencia matutina del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en el Palacio Nacional de Ciudad de México. “Tenemos buena relación con el Poder Judicial. Cuando hay estos temas se escucha nuestro planteamiento”, dijo López Obrador, en favor de Aurelia.
La última audiencia del juicio oral de Aurelia fue el 20 de diciembre del 2022. Al final, la jueza Alfaro Zapata dictó su libertad porque, según ella, la Fiscalía no reunió suficientes pruebas para determinar que las lesiones que tenía el feto fueran provocadas por Aurelia. Un tecnicismo jurídico que, según sus abogadas, estuvo lejos de reconocer los derechos vulnerados de esta joven nahua y la importancia de que el Poder Judicial se actualice y garantice una justicia con perspectiva intercultural y de género en casos similares. Casos como el de Mayra Onofre, a quien Aurelia conoció en la cárcel de Iguala y sigue privada de su libertad.
La misma Aurelia tiene pocas certezas después de su liberación, porque la Fiscalía General del Estado, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y la Procuraduría de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (que depende del Sistema para el Desarrollo Integral de las Familias en Guerrero) apelaron la sentencia absolutoria de Aurelia. Sus argumentos para pedir que la condenen la invisibilizan como víctima de una cadena de violencias y refuerzan que su vida importa menos que el feto que expulsó.
La imagen corresponde al día en que Aurelia fue liberada. Foto: Red Guerrerense por los Derechos de las Mujeres.
* * *
La historia de Aurelia permitió entender por qué muchas mujeres como ella no accedían a un aborto seguro en Guerrero, aun cuando fueran víctimas de abuso sexual. El Código Penal del Estado de Guerrero establecía que el acceso a este servicio médico se permitiría en casos de agresión sexual, pero solo hasta que un agente del Ministerio Público o un juez lo autorizara. Es decir, las mujeres víctimas tenían que someterse al escrutinio de un servidor público para acceder a un derecho que ya garantizaba la Legislación Federal.
En la práctica, las mujeres buscaban ayuda en los centros de Salud Pública y les negaban la atención, como le pasó a Aurelia. Las integrantes del Observatorio de Violencias contra las Mujeres de Guerrero ya tenían documentado el problema cuando hicieron público el caso de Aurelia.
La coordinadora del Observatorio, Viridiana Gutiérrez Sotelo, detectó decenas de casos de mujeres, entre los 13 y 16 años, a quienes se les impidió abortar, aun cuando sufrieron agresiones sexuales siendo menores de edad.
Por esa razón, las integrantes del Observatorio pidieron que la Secretaría de la Gobernación de Guerrero decretara una segunda alerta de género que subsanara el problema. La Secretaría la aceptó el 5 de junio de 2020 y pidió al Poder Ejecutivo de Guerrero que cumpliera con 14 medidas reparadoras para que esa situación no se repitiera más.
A la fecha, de las catorce medidas solicitadas, solo ha cumplido una, y más por la incidencia política que realizaron las colectivas feministas: el 17 de mayo de 2022, el Congreso de Guerrero despenalizó totalmente el aborto antes de las 12 semanas de gestación. El parlamento argumentó que fue una respuesta a la alerta de género mencionada. Guerrero fue el noveno estado en hacerlo, de los 32 que existen en México. En total, once estados han despenalizado parcial o totalmente el aborto en este país.
Sin embargo, aun con la despenalización, en Guerrero todavía no hay garantías para acceder a abortos seguros y gratuitos, porque siguen pendientes algunas reformas a las leyes de Salud y al Código Penal del Estado. Las activistas feministas Jesica Estévez Ojendiz y Lourdes Juárez Díaz creen que aún falta un largo camino legislativo y constitucional, además, de la necesaria capacitación y formación del personal médico.
La libertad
Es 20 de diciembre de 2022. Son las 9:20 de la noche. Aurelia camina hacia la entrada del Palacio Judicial de Iguala, acompañada de su madre y padre. Cruza las rejas de la fachada. Está libre. Sonríe. Se lleva la palma de la mano a la boca. La baja y vuelve a sonreír. Los ojos le brillan. Las mujeres que la esperan desde la tarde le expresan su apoyo con un grito de guerra: “¡Aurelia, hermana, aquí está tu manada!”. La mayoría son integrantes de la Red Guerrerense por los Derechos de las Mujeres.
Varios reporteros la aguardan. Horas antes, Aurelia le había dicho a las abogadas y a las activistas que no hablaría con nadie. “Muchas gracias por apoyarme, por defenderme y estar con mis papás. Me sentía triste por ellos, ya los quería ver, pero me hice fuerte para salir adelante”, le dice al primero que le acerca un micrófono, ante la sorpresa de la comitiva.
La emoción le cimbra el pecho. Respira agitada. “Me siento muy feliz, no lo puedo creer. Me siento muy feliz”, suelta cuando otra reportera le pregunta cómo se siente. A otros les dice que, ahora en libertad, quiere estudiar y cumplir su sueño de ser maestra. Ana Grabiela Candela Garzón, la coordinadora de la Red, la escucha y la desconoce. No es la misma Aurelia que conoció el 4 de marzo del 2022 en el penal de Iguala, pero está feliz de ver a la nueva Aurelia.
* * *
Tan pronto recuperó su libertad, Aurelia, ahora, con 23 años, tuvo que irse, junto a su madre y padre, a trabajar como jornalera en los campos agrícolas del norte del país. Su sueño de ser maestra sigue aplazado.
#HablemosDelAborto es una conversación digital y periodística, entre México y Colombia, que lucha en contra de la penalización social del aborto en América Latina y los efectos que deja en las mujeres, hombres trans y personas no binarias. Fue organizada por Mutante, en alianza con El Espectador en Colombia, y en colaboración con Lado B, Página 3, Istmo Press, Revista Espejo, Amapola Periodismo Transgresor, La Marea y Pie de Página, de México. Tuvo el apoyo del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE). Si busca más información, le invitamos a conversar en las redes sociales de los medios aliados.
Karen Melissa Peñaloza Martínez cumplió 39 días desaparecida y en todo este tiempo la Fiscalía General del Estado (FGE) no ha mostrado avances en su búsqueda.
Karen Melissa es estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Guerrero (Uagro), es originaria de Cuajinicuilapa, municipio de la Costa Chica.
Llegó a Chilpancingo para estudiar su carrera profesional; estudiaba su primer año en el turno matutino.
Desapareció el 31 de enero. La versión que se es conoce es que abordó un taxi con dirección al poblado de Petaquillas, ubicado a 10 minutos de la capital.
Ayer, en la marcha del 8M, su madre, Gisela Peñaloza, viajó desde Cuajuinicuilapa para participar en la marcha y exigir su aparición con vida.
Gisela estaba en uno de los contingentes que encabezaban la marcha, con una lona en la que se leía; «Las mujeres afromexicanas te buscamos Karen Melissa». Gisela recorrió las calles de Chilpancingo con esa lona con la foto de Karen.
De acuerdo con su madre, Karen se mudaba de cuarto. Vivía con una compañera, pero ese 31 de enero cambió sus cosas a un departamento cerca de la Facultad de Comunicación y Mercadotecnia (Facom), cerca del Fraccionamiento Reforma.
La última comunicación que Gisela tuvo con su hija fue el mismo 31 de enero. Recuerda que le dijo: «Más tarde hacemos videollamada». Eso nunca ocurrió.
Al principio Gisela desconocía que Karen se mudaba de cuarto, se enteró cuando vino a Chilpancingo a buscarla porque no le contestaba el teléfono.
«Había un taxi, me informan que había un taxi en el que ella se cambió con sus cosas, iba acompañada de una mujer, no sabemos quién es la mujer realmente», mencionó Gisela.
Lo único que le dijeron era que, por los colores, el taxi era de Petaquillas.
El plan de Gisela y Karen era pasar juntas el puente por el Día de la Candelaria, a principios de febrero, en Cuajunicuilapa.
Gisela pasaría por Karen a Chilpancingo para irse juntas a la Costa Chica. Gisela estaba en un pueblo cerca de Iguala, donde tienen familiares.
El 1 de febrero Karen ya no le contestó, y su madre supuso que estaba ocupada o que su celular se había descompuesto, recordó «que andaba fallando».
«Después se vino el 2 y yo ya venía para acá,(Chilpancingo), le estuve marcando aquí y nada. Se me hizo raro, pensé que tal vez ya se había ido para allá».
El 5 de febrero, Gisela regresó a Chilpancingo y fue a la Facultad de Derecho y ahí supo que Karen se había cambiado de departamento, le dijeron donde vivía, así dio con el lugar.
En el nuevo departamento sólo estaba su perro, la dueña del departamento le dijo que Karen estuvo en ese lugar unos 10 minutos.
«La dueña le dijo que no aceptaba perros, y Karen le dijo, no se preocupe, más tarde lo soluciono, pero ya no regresó».
Después amigos cercanos de Karen comenzaron a llamarle para decirle que no la encontraban, incluso ni a sus amigos más cercanos les contestaba el teléfono.
«Yo pensé que todo esto iba a terminar luego, y aquí estamos a 38 días de su desaparición».
La FGE solo le ha comentando a Gisela que investigan el caso, pero sin darle resultados.
«Me han informado que han salido a pegar cárteles y a preguntar, pero que hasta la fecha no hay nada».
Cada que Gisela sabe alguna información se acerca a la FGE y aprovecha para preguntar cómo va la búsqueda. Las amistades de Karen tampoco les han dado mayores datos.
«Espero que ya esta semana primero Dios tengamos noticias favorables, es muy difícil estar con esta angustia».
Familiares y amigas de Karen Melissa marcharon el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, en Chilpancingo, para exigir su pronta aparición con vida. Foto: Óscar Guerrero
Las historias de Esperanza, Victoria y Libertad son el reflejo de cómo en este estado las mujeres enfrentan enormes barreras de acceso y prejuicios para decidir sobre su cuerpo y maternidad. Esto a pesar de que aquí, como en otros lugares de Latinoamérica, el aborto está despenalizado hasta las 12 semanas de embarazo.
#HablemosDelAborto es una conversación digital y periodística, entre México y Colombia, que lucha en contra de la penalización social del aborto en América Latina y los efectos que deja en las mujeres, hombres trans y personas no binarias. Fue organizada por Mutante, en alianza con El Espectador en Colombia, y en colaboración con Lado B, Página 3, Istmo Press, Revista Espejo, Amapola Periodismo Transgresor, La Marea y Pie de Página, de México. Tuvo el apoyo del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE). Si busca más información, le invitamos a conversar en las redes sociales de los medios aliados.
Aunque la Ley General de Salud contempla que haya lactarios en los centros laborales, tiene discrepancias con la Ley Federal del Trabajo y no hay sanciones para las empresas o instituciones que incumplan con brindar estos lugares a sus empleadas.
Azucena es médica residente en un hospital de la mujer, donde ha tenido que pelear el acceso al lactario para extraerse la leche que da a su bebé, porque este lugar —le dicen— es para uso exclusivo de las pacientes.
Después de hablar con una y otra persona, a la médica en formación solo “le hacen el favor” de darle cierto tiempo para entrar, a cierta hora. Para una enfermera del turno nocturno, no hay ni esa pequeña ventana de tiempo y espacio. Por las noches, el lactario está cerrado y ella tiene que extraerse la leche para su bebé en algún cubículo o espacio que encuentre desocupado o incluso en el baño.
“Esto es la cereza del pastel, si en un hospital para la mujer el personal no tiene acceso a un lugar donde poder extraerse la leche, imagínate cómo está en el resto del sector público y privado”, cuestiona la médica residente.
Como ellas dos, la mayoría de las mujeres en México que laboran y están amamantando no cuentan en sus lugares de trabajo con un espacio digno y limpio donde puedan hacer la extracción de la leche, coinciden Rosalinda Guerrero, fundadora de la Asociación de Consultores Certificados en Lactancia Materna (Acclam), y Claudia Sierra, integrante de La Liga de la Leche.
No se sabe cuántas empresas dan este derecho a sus empleadas porque no hay registro oficial de eso. Activistas advierten que son pocas, pese a que tales espacios están considerados en la legislación.
La Ley General de Salud, en su artículo 64, fracción ll, estipula que las autoridades sanitarias competentes establecerán acciones de orientación y vigilancia institucional, capacitación y fomento de la lactancia materna y el amamantamiento, incentivando que la leche materna sea alimento exclusivo durante seis meses y complementario hasta avanzado el segundo año de vida, además de impulsar la instalación de lactarios en los centros de trabajo de los sectores público y privado.
Las discrepancias y los vacíos
La otra gran legislación que tiene injerencia en esto, La Ley Federal del Trabajo, estipula el derecho de las mujeres a amamantar a sus bebés. Así lo dice en su artículo 170, fracción IV.
Ahí se establece que en el periodo de lactancia, hasta por un máximo de seis meses, las trabajadoras tendrán dos reposos extraordinarios por día, de media hora cada uno, para alimentar a sus hijos, en un lugar adecuado e higiénico que designe la empresa, o bien, cuando esto no sea posible, previo acuerdo con el patrón, se reducirá en una hora su jornada de trabajo durante el periodo señalado. Sin embargo, el artículo no habla de la necesidad de contar con un espacio para extraerse la leche.
De esa manera, es como si la ley supusiera que todas las mujeres tienen la posibilidad de ir del trabajo a casa para alimentar a su bebé y regresar en tan solo media hora, o que a todas les pueden llevar a sus bebés a la oficina dos veces al día, ironiza Rosalinda Guerrero.
Otro problema, además de esa disparidad en las leyes, es que el deber de contar con lactarios es algo que está en la Ley General de Salud, y también en la del IMSS y en la del ISSSTE, pero en realidad no se aplica, porque no hay sanciones establecidas y nadie vigila que esta normatividad se cumpla, alertan las activistas consultadas.
Beneficios limitados
Guerrero y Sierra señalan que las empresas pueden obtener beneficios de la lactancia. Por ejemplo, que las madres puedan ser más productivas al sentirse tranquilas por saber que están protegiendo a sus bebés con su leche, lo que a su vez puede llevar a que sientan mayor apego a la empresa al sentirse apoyadas en la lactancia.
De acuerdo con las activistas, esto favorece la menor rotación de personal y que las madres hagan menos solicitudes de permisos por posible enfermedad de sus bebés, porque estarán más sanos.
La sociedad en general también obtiene beneficios cuando una madre lacta porque hay menos contaminación, puesto que no se usan botes de leche de fórmula, por ejemplo, y los costos por atención a la salud se reducen al tener a personas más sanas por los beneficios de la leche materna para los bebés.
Esos beneficios son menos riesgo de enfermedades comunes en la infancia (respiratorias, alérgicas y diarreicas), mejor desarrollo emocional e intelectual, prevención del sobrepeso y la obesidad, y reducción del riesgo de muerte de cuna, entre otros.
Las madres obtienen, a su vez, beneficios como que la lactancia les previene a largo plazo de osteoporosis, cáncer de mama y de ovario; además, mejora los niveles de colesterol y triglicéridos, disminuye el riesgo de depresión post-parto, ayuda a recuperar el peso previo al embarazo y les permite desempeñarse laboralmente libres de preocupaciones.
Qué se necesita para tener un lactario
De acuerdo con la Guía para la Instalación y Funcionamiento de Salas de Lactancia, de la Secretaría de Salud, un lactario debe tener sillas ergonómicas, cómodas y lavables, mesas individuales y refrigerador con congelador independiente para conservar la leche extraída por las madres en la jornada laboral.
También debe contar con un dispensador de agua potable, fregadero con tarja, jabón líquido, termómetro, toallas de papel, tomas de corriente (una por cada silla y una para el refrigerador), pizarrón blanco y plumones, bote de basura, una libreta o bitácora de registro de uso de la sala de lactancia, etiquetas de identificación de nombre y fecha de extracción y, en caso de que sea posible, equipo para transportación de la leche para que se mantenga fría. Este último lo puede proporcionar el centro de trabajo o puede llevarlo la madre.
Guerrero subraya que esto no implica una gran inversión, sino que lo que hace falta es voluntad para hacer que la ley no sea letra muerta sino una realidad.
Este texto fue elaborado por el equipo de Animal Político y lo reproducimos con su autorización.
Para las colectivas y activistas feministas el siguiente paso es lograr la legalización del aborto en Guerrero, pero surge la interrogante, ¿cuál es la diferencia entre despenalizar y legalizar el aborto?
Con la reforma al Código Penal que aprobó el Congreso y que ya fue publicado en el Periódico Oficial, ninguna mujer puede ser procesada penalmente por interrumpir el embarazo solo hasta 12 semanas de gestación pero falta legalizar el aborto, coinciden un abogado penalista y una abogada feminista.
Para las colectivas y activistas feministas el siguiente paso es lograr la legalización del aborto en Guerrero, pero surge la interrogante, ¿cuál es la diferencia entre despenalizar y legalizar el aborto?
Amapola periodismo consultó a una abogada feminista y un abogado penalista para explicar los claroscuros de las reformas al Código Penal en materia de aborto, y explicar la diferencia entre despenalización y legalización y por qué la confusión entre ambos términos.
“La despenalización atiente a sacar el aborto del Código Penal, que no sea un delito y que no se criminalice a la mujer por tomar esa decisión”, explica Angie de la Rosa Palafox, abogada e integrante de la Red Guerrerense Contra la Violencia hacía la Mujer.
El abogado Valentín Sandoval considera que la interrupción del embarazo continúa siendo un delito que, aún con las reformas al Código Penal, es penado por la ley, solo que ahora será después de las 12 semanas de gestación y con pena para la persona que sin el consentimiento de la mujer le practiquen un aborto.
Valentín Sandoval explicó que anteriormente el Código Penal castigaba penalmente a todas las personas implicadas en un aborto, desde la madre, al médico, enfermero o partera que lo realizaba, salvo algunas excepciones que eran por violación o que esté en riesgo la vida de la madre o del futuro bebé.
Ahora el Código Penal establece que ni la mujer ni los implicados serán sancionados por practicar un aborto.
“La mujer que decida interrumpir su embarazo ya podrá hacerlo sin responsabilidad penal alguna”, explica.
La reforma al Código Penal entró en vigor el pasado 20 de mayo cuando fue publicada en el Diario Oficial del estado y generó dudas y controversias acerca de su alcance e implicaciones en la población guerrerense, mientras que figuras públicas y religiosas como Provida han generado comentarios controversiales.
Es el caso del obispo de la Diócesis Chilpancingo – Chilapa, José de Jesús González Hernández, que el pasado 22 de mayo durante su sermón dominical en la catedral de Chilapa, dijo que el aborto aún no está legalizado y que la iglesia tiene que luchar para que eso no suceda.
Valentín Sandoval considera que el obispo no está en un error, ya que a pesar que se despenalizó la práctica de abortar, no existe aún una normativa o marco legal para que las mujeres que decidan interrumpir su embarazo puedan hacerlo con seguridad.
Esa situación habré otra posibilidad necesaria para las activistas feministas, De la Rosa Palafox considera que el siguiente paso es lograr la legalización del aborto.
“En un estado ideal basta con la despenalización, pero no estamos en un estado ideal, por lo que la despenalización es solo un paso para lograr la legalización”, comentó De la Rosa Palafox.
¿Qué es la Legalización?
“La legalización tiene que ver con generar un marco jurídico que garantice a las mujeres un aborto seguro y gratuito, que haya médicos especializados, equipo, y materiales con el fin que no haya excusa para que no le practiquen el aborto a una mujer en el sector público”, explica De la Rosa Palafox.
Lograr la legalización implica una serie de reformas a la Ley Número 1212 de Salud del Estado de Guerrero que permita un marco jurídico que brinde certeza y seguridad a las mujeres que decidieron practicarse un aborto.
Esas reformas a la Ley de Salud permitirán que cualquier mujer que decida abortar pueda hacerlo en el hospital o centro de salud público más cercano sin costo alguno, y destinar una serie de recursos económicos para que los sistemas de salud pública brinden un aborto seguro y gratuito a todas las mujeres.
Los artículos que se reformaron del Código Penal del estado fueron el 154, 155, 156, 157 y el 159, el 158 fue derogado y respondieron a una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) donde determinó inconstitucional sancionar penalmente a la mujer o persona gestante que decide interrumpir su embarazo.
También esta reforma fue derivada de dos alertas de género que emitió la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) que se emitieron durante el gobierno anterior del entonces gobernador Héctor Astudillo Flores.
Ante protestas que realizaron los grupos religiosos afuera del Congreso local, los diputados aplazaron hasta el próximo martes 17 la sesión donde supuestamente se va analizar y en su caso aprobar o rechazar la reforma al Código Penal que contempla la despenalización del aborto.
Desde este lunes en la noche la presidenta de la mesa directiva del Congreso, Flor Añorve Ocampo dio a conocer la suspensión de la sesión después de que integrantes del grupo religioso de Provida dio a conocer que desde las nueve de la mañana de este martes cerrarían el Congreso.
Desde muy temprano unos cien integrantes de este grupo dirigidos por el sacerdote Baltazar Vega Ramos cerraron el acceso principal del recinto legislativo para impedir que los legisladores entraran.
«Nosotros no vinimos a destruir nada porque somos un movimiento pacífico pero si tenemos que ser muy precisos que nos digan los diputados que ese tema (la reforma al Código Penal) que se socialice entre la ciudadanía para que opine», dijo Gerardo García Sánchez, coordinador del Frente Nacional por la Familia.
Reconoció que hay una mayoría de diputados y diputadas que están a favor de votar por la despenalización del aborto pero que Julieta Fernández y Jesús Parra, legisladores del PRI, están con su movimiento.
Acusó que el gobierno financia a los grupos feministas como a la organización Brujas del Mar.
«Esos grupos de mujeres todo destruyen porque son financiadas por el gobierno», dijo Gerardo García durante la protesta afuera del Congreso.
Mientras los integrantes de este grupo religioso encabezados por el sacerdote Baltazar Vega realizaban sus protestas, integrantes de organizaciones de feministas ofrecieron una rueda de prensa en una cafetería ubicado frente al Congreso en donde pidieron a los diputados que no posterguen la reforma de la despenalización del aborto en Guerrero.
El aborto es un asunto de salud pública, de derechos humanos y de justicia social, señala un comunicado que leyó la abogada y activista feminista Angie de la Rosa Palafox.
La situación de pobreza y marginación, los embarazos forzados producto de violaciones sexuales y las uniones forzadas con menores de edad ponen en riesgo la vida e integridad de mujeres, niñas y adolescentes, expuso.
Cifras que proporcionaron las feministas es de que en Guerrero de enero del 2021 a marzo del 2022 se denunciaron 1081 delitos sexuales, de los cuales 481 son violaciones sexuales.
De la Rosa Palafox señaló que Guerrero ocupa el segundo lugar en embarazos en niñas y adolescentes entre 12 y 14 años a nivel nacional.
La mayoría (de los embarazos) son resultado de violación sexual a menores de edad lo que implica mayor riesgo de muerte durante la gestación, debido a que aún no han alcanzado su desarrollo, dijo la activista.
El grupo de feministas que habían anunciado dar un posicionamiento político afuera del Congreso sobre el aplazamiento de la sesión legislativa se replegaron hacia la cafetería para no caer en una confrontación con los grupos religiosos que cerraron el edificio legislativo gritando consignas contra los diputados de Morena.
«Diputados asesinos, sicarios», gritaban los creyentes religiosos.
Unas señoras rezaban y otras se persignaban.
Viridiana Gutiérrez, otra de las activistas feministas, reconoció que las y los diputados que están a favor de la reforma por la despenalización del aborto están recibiendo presiones externas.
Una de estas presiones son de los «grupos extrema derecha», dijo Gutiérrez al referirse a los grupos religiosos.
«Hay muchas presiones de estos grupos que tienen el interés de que las mujeres sigan arriesgando su vida», expresó.
Contó que en los últimos días ella recibió la solicitud de acompañamiento de seis mujeres de las cuales dos menores de edad que quieren la interrupción de su embarazo y no tienen recursos para practicárselo.
Mencionó que en Guerrero el aborto se practica en cualquier clínica en donde cobran 5, diez y hasta 20 mil pesos, pero las que no pueden hacérselo son las mujeres que no pueden pagar esta atención.
Las feministas aclararon que esta reforma al Código Penal no obliga a las mujeres a practicarse el aborto sino que cada una de ellas deberá de tomar la decisión porque en su cuerpo.
Confiaron en que el próximo martes los diputados de Morena y el PRD cumplan su palabra y voten a favor de esta reforma.
Las feministas creen que hay suficientes votos para sacar adelante el dictamen y que incluso hay varios legisladores del PRI que se van a sumar.
El diputado morenista Jacinto González dijo que el análisis del dictamen de esta reforma se aplazó para el próximo martes fue para lograr que otros diputados se sumen a la votación en favor.
Según el legisladora con los 28 votos que se tienen «amarrados» son suficientes para sacar la despenalización del aborto pero es probable que se sumen más legisladores.
Reconoció que en los últimos días el Congreso ha sido sometido a una serie de presiones externas por el dictamen de la reforma al Código Penal.
Este jueves 12 los diputados están convocados a una sesión pero de manera virtual lo que impide legamente que en este tipo de plenarias se puedan votar iniciativas de ley o reformas.
Jacinto González, señaló que la convocatoria para la sesión virtual y que no sea presencial fue para que el martes ahora si se vote el dictamen de la reforma al Código Penal.
