Estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, acusaron al gobierno federal de estancar la investigación sobre el paradero de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala para defender al Ejército y no sean juzgados por sus implicaciones en el caso.
Como cada mes los estudiantes realizaron un mitin en el antimonumento a los 43, ubicado en el Monumento a las Banderas, al sur de Chilpancingo, para exigir a las autoridades el esclarecimiento del caso.
«El gobierno no ha hecho más que estancar el caso porque saben que si llegan a la verdad se va a venir abajo su cuerpo policial y militar que tanto presume, porque no son más que una bola de asesinos», mencionó uno de los estudiantes de Ayotzinapa y orador del mitin.
Esto porque en el último informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), presentado en agosto del 2022, dan cuenta que la noche del 26 y la madrugada 27 de septiembre del 2014, los normalistas estuvieron vigilados en todo momento por el Ejército, además de tener un elemento infiltrado entre el grupo de estudiantes.
«Seguiremos exigiendo justicia y seguiremos exigiendo la verdad, porque el gobierno no le va a echar la culpa a su queridísimo Ejército, por eso exigimos desde aquí al gobierno que esclarezca el caso, porque no puede ser que a ocho años no sepamos nada de nuestros camaradas», mencionó el estudiante.
Durante el mitin los estudiantes estuvieron acompañados por el Colectivo de Familiares de Personas Desaparecidas Lupita Rodríguez Narciso y Colectivo de Solidaridad con las Víctimas de 1960.
Los estudiantes omitieron hablar de la detención de los nueve policías detenidos el pasado 22 de marzo que, presuntamente, participaron en la desaparición de los 43 estudiantes y el asesinato de otros tres.
En el acto, los estudiantes reprocharon que el actual gobierno federal no se diferencia de los anteriores, «aún cuando prometieron ser diferentes y esclarecer el caso, no se ve nada a más de un año de que termine su administración».
En este tipo de actos públicos los estudiantes evitan dar sus nombres, según ellos, por cuestiones de seguridad.
Por su parte, el vocero del Colectivo Lupita Rodríguez, David Molina Rodríguez, mencionó que el Ejército se niega a dar información de paradero de los 43 estudiantes.
«Ya se le dijo al Ejército que abra sus archivos y dé la información necesaria para dar con el paradero de los 43, pero siempre se niegan, aunque ya sepamos que es el mismo Ejército que desapareció a cientos de personas en la guerra sucia y es el mismo represor que no se deja investigar porque saben lo que hicieron», mencionó Molina Rodríguez.
Agregó que las autoridades judiciales y forenses acumulan mas de 4,000 personas desaparecidas sin que haya una atención pronta y oportuna para su identificación.
El mitin duró de las 11:40 a las 12:30 del día; después los estudiantes se retiraron en el autobús en el que llegaron con rumbo a la Normal Rural, ubicada en Tixtla.
Este sábado se llenó el zócalo de la Ciudad de México donde los morenistas, con el pretexto del 85 aniversario de la expropiación petrolera, celebraron a su tlatoani, el presidente Andrés Manuel López Obrador que, según dicen, está transformando la vida pública del país.
¿Cómo creen que llenaron la plaza del zócalo de la Ciudad de México? Pues ni más ni menos que con las antiguas formas, esa del viejo PRI, del viejo régimen que tanto critican: con el acarreo masivo utilizando el aparato gubernamental.
En el caso de Guerrero, nos cuentan, el acarreo estuvo pero si bien macizo: regidores, diputados, funcionarios, senadores y, hasta la gobernadora, la morenista Evelyn Salgado Pineda, movilizaron a miles y miles de personas para ir rendir pleitesía al preciso.
Según el dirigente estatal de Morena, el nuevo Ken, Jacinto González Varona, se pusieron como meta acarrear a unas 11,000 personas en 250 autobuses y para eso pasaron la charola a todos los morenistas que tiene su huesito. Sí, sí. Mocharon a síndicos, regidores, diputados, funcionarios para pagar los autobuses y las urvan, las tortas con una rebanada de jamón y un refresco jarrito.
Y como todos se mocharon para el acarreo, todos dejaron el changarro botado. Se fueron desde los trabajadores hasta secretarios de despacho. Por ejemplo, a la gobernadora le importó muy poco que en la Sierra de Coyuca de Catalán hubiera balazos y nada de abrazos, que militares e integrantes de la Familia Michoacana se estuvieran dando con todo. Prefirió irse a quedar bien con López Obrador que cumplir su obligación con los que la pusieron el cargo: los guerrerenses.
Pero viéndolo bien, la gobernadora y su padre, el senador Félix Salgado Macedonio, están donde están gracias al presidente. Recordemos como los defendió en sus mañaneras en plena campaña electoral, le metió el hombro hasta en las denuncias penales por el delito de violación sexual de las que está acusado Félix Salgado.
¡Que forma tan rancia de festejar la “transformación” de la vida pública!
Por cierto, el contingente de Guerrero dejó hablando al presidente, pues, a medio discurso comenzaron a abandonar la plaza del zócalo. Luego se vio que fueron voluntariamente a la fuerza o que sólo fueron para el pase de lista.
Pero ya que estamos hablando de la autollamada cuarta transformación, por qué no le damos una checadita de cómo anda por Guerrero, ahora que nos gobiernan los de Morena.
¿Cómo anda? Extraviada. Por acá nosotros no la vemos por ningún lado. Eso de no mentir, no robar y no traicionar, se lo pasan por el arco del triunfo.
Hagamos un poco de memoria. ¿Cómo puede haber transformación, si este gobierno de Evelyn Salgado Pineda, de origen comenzó con las viejas prácticas del PRI y toda la clase política?
¿Recuerdan cómo llegó Evelyn Salgado a la candidatura de Morena a la gubernatura? Si no lo recuerdan, acá se los decimos: a través de la imposición. Su padre, a quien le quitaron la candidatura supuestamente por no haber presentado gasto de precampaña (aunque no nos hagamos, fue por la denuncia de violación, pero eso nunca lo van a reconocer) y el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, maniobraron para que Evelyn Salgado fuera la candidata.
Supuestamente mandaron a elaborar una encuesta –esa que tanto mencionan ahora con sus corcholatas para el 2024–, sólo para legitimar la decisión, porque todos ya sabían el resultado, y de la que muchos morenistas se quejaron en aquellos días, aunque ahora sólo hacen mutis y se alinearon.
¿Cuántas veces no vimos esa historia en el PRI? Miles de veces. Políticos poniendo en los cargos a sus hijos, esposas, esposos y hasta amantes para seguir en el poder. Pues, con esa práctica tan rancia comenzó este gobierno de la transformación.
¿Y ahora que ya está en el gobierno, Evelyn Salgado está implementando la autollamada cuarta transformación? No, nada. Eso sí, ya se aprendió de memoria todas las frases domingueras de López Obrador.
“En este gobierno tenemos los principios de no mentir, no robar y no traicionar”, “amor con amor se paga” y “con el pueblo todo, sin el pueblo nada”, ojalá eso hubiera hecho el sábado, quedarse a atender al pueblo de Tierra Caliente y parte de la Sierra.
Todo es discurso, frases bonitas, pero casi nada de acciones. ¿Se combate la corrupción?, ¿se combate a la pobreza?, ¿se rinden cuentas?, ¿Se acabaron los privilegios?
Nada de eso, sino todo lo contrario. Estamos ante el surgimiento de nuevos caciques, el clan de la familia Salgado que goza de los privilegios del poder. El líder Félix Salgado es casi casi el vicegobernador, se mueve por todos lados y ejerce su influencia por todos los resquicios.
Tiene tentáculos en todos los poderes. Su hija es la gobernadora, pero la mayoría de los funcionarios le deben fidelidad a él. El Congreso local está presidido por una de sus incondicionales, la diputada Yoloczin Domínguez Serna, quien se unió al clan de los Salgado en plena campaña cuando su ex jefe político, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, el muy gandalla le voló la candidatura en el distrito federal 04 en Acapulco.
Félix Salgado la cobijó y la puso en el número uno de la lista de diputados plurinominales de Morena. Y ahí está, en el Congreso como una cuota del senador.
Ahora con el apoyo de su padrino político, Yoloczin Domínguez anda en plena precampaña política en Acapulco para obtener la candidatura a la alcaldía de este municipio en el 2024. ¿Sus actividades políticas serán financiadas de su salario? Nosotros lo dudamos.
Donde también Félix Salgado tiene sus tentáculos es el Tribunal Superior de Justicia del Estado, ahí maniobró para que quedara como presidente, el magistrado Raymundo Cascarrabias Vázquez, que ahora parece otro Chicle, porque no se le despega a la gobernadora, anda en todos los eventos como si la justicia en Guerrero pasara por su mejor momento.
Luego tiene las manos metidas en la dirigencia estatal de Morena. Jacinto González Varona, El Ken guerrerense, llegó a ese cargo tras una negociación con el grupo de Félix Salgado.
Y ahora, a cualquier provocación sale a defender de cualquier crítico a la gobernadora, aunque al final en lugar de ayudarle la pasa a fregar más.
Con un nuevo cacicazgo quieren transformar la vida pública de Guerrero. Lo bueno es que no son iguales.
Lo que sí andan haciendo es eso de no gobernar. Guerrero lentamente se aproxima a los niveles de violencia del 2012, el año de mayor número de homicidios dolosos en el estado con 2 mil 310 homicidios. Se percibe un vacío, una ausencia de liderazgo para enfrentar este problema que lacera día a día a los guerrerenses.
Y el escenario cada vez es peor, aunado a esto, el gobierno de Evelyn Salgado ahora tiene la sospecha de proteger a la organización criminal la Familia Michoacana, que durante su gobierno está en plena expansión.
Ahí la gobernadora debe dar una explicación amplia y profunda, y escondiéndose de la prensa, no se borrará la duda.
Pero la destransformación en Guerrero, anda en todos lados. En el Congreso, donde la mayoría es de Morena, de plano no dan una, no de ahora, sino desde la pasada legislatura que tienen el control.
El desorden que tiene la fracción de Morena se puede materializar perfectamente en la construcción de la biblioteca que ahí sigue sin poder ser concluida a pesar de que el presupuesto no ha dejado de fluir desde por lo menos el 2021.
Los diputados de Morena se transforman a medias. Dos ejemplos. Primero: hace casi un año, aprobaron la reforma al Código Penal del Estado para despenalizar el aborto. La reforma se aprobó, pero resulta que hasta ahora no se han ajustado las leyes secundarias para se implementen los mecanismo y las mujeres puedan ejercer interrumpir el embarazo de forma segura.
Segundo: a finales del año pasado aprobaron los matrimonios igualitarios, y pasa lo mismo, en Guerrero ninguna pareja gay se puede casar porque falta que se ajusten los formatos y algunas leyes secundarias.
Es decir, hacer reformas para ampliar derechos, pero no mueven un dedo para que estos se implementen. Es como si regalaran a la gente un coche sin llantas.
Morena desde el 2021, gobierna los dos principales municipios, Acapulco y Chilpancingo. En ambos las cosas no han ido nada bien. La autollamada cuarta transformación en estos municipios está muy perdida. No se ve por ningún lado. Las alcaldesas, Abelina López Rodríguez y Norma Otilia Hernández Martínez, han preferido la pachanga en lugar de ponerse a resolver problemas.
Acapulco, con Morena sigue en esa inercia de ser un desmadre. Es un caos incontrolable que ni la anterior alcaldesa, Adela Román Ocampo, ni la actual han podido detener. El puerto, el principal destino turístico de Guerrero, está desordenado, sucio, las playas con mierda e insoportable para los pobladores. Parece que nada funciona.
De la violencia, ustedes ya conocen la triste historia que está sufriendo Acapulco.
Y de Chilpancingo qué les decimos, no hay agua, pero como hay zocaleadas. No hay obras, pero hay baches. No hay presupuesto, pero como hay aviadores.
Así de triste está la transformación en Guerrero.
CHIRRIONAZO.- Ya que hablamos de las viejas prácticas del PRI, qué se podía esperar del Poder Judicial de Guerrero. Resulta que el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Raymundo Casarrubias Vázquez, amigo del clan de los Salgado, festejó su cumpleaños con una fiesta en el lujoso hotel del Holiday Inn.
Mezcal, whisky y cerveza corrió a raudales en un salón de 500 invitados, la tarde de este viernes 17 de marzo. No sabemos si ese festejo para el magistrado presidente haya salido de su «raquítico» salario o lo financiaron sus homólogos magistrados o jueces.
Bueno, si en febrero pasado, Félix hizo gran derroche para sus tres pachangas en un día con motivo de cumpleaños, por qué no lo podría hacer el del bigotito corto y bien pintadito de negro.
Colaboración especial en Amapola periodismo de sus brothers, sus panas, hermanos, su sangre y su clicka: Arturo de Dios Palma, Emiliano Tizapa Lucena y Jesús Guerrero Salgado. Aquí nos pueden enviar sus comentarios y chismecitos: eltlacololcolumna@gmail.com
Tlacolol es una columna satírica que cuestiona los hechos y dichos de lo que acontece en Guerrero. La opinión vertida en esta columna es responsabilidad de sus autores. Agradecemos el espacio a Amapola Periodismo por respetar la libertad de expresión y no censurar nuestras opiniones e interpretaciones
En su primer acto como aspirante presidencial, el canciller Marcelo Ebrard fue recibido por cientos de personas que movilizó la alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez.
Desde las nueve de la mañana de este domingo, transportistas, colonos, funcionarios y trabajadores del ayuntamiento se concentraron en el Asta Bandera del puerto.
«Con Marcelo sí», decían los banderines que les dieron a los asistentes.
Ebrard, acompañado de su esposa, Rosalinda Bueso, llegó muy temprano a esta ciudad; primero entraron a un restaurant para desayunar. Afuera había cientos de personas, esperándolos.
Eloy Cisneros Guillén, el viejo luchador social y ex preso político, fue el primero que abordó a Ebrard.
Después empezó la marcha a la que se unió la alcaldesa Adelina López, quien ha tenido diferencias políticas con Cisneros Guillén.
Así como cuando el PRI era gobierno, los funcionarios municipales morenistas fueron los operadores para el traslado de la gente.
Policías y agentes de tránsito cerraron la costera Miguel Alemán seis horas.
El gentío caminó más de dos kilómetros en una avenida despejada. Ebrard, que vestía una camisa blanca, sudaba a gotas.
Un templete fue colocado a un costado del zócalo. Hasta aquí llegó el aspirante saludando o sonriendo a la gente que se le acercaba.
Una cantante que sirvió como animadora gritaba que no era un acto político, sino un evento para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, que fuw el pasado 8 de marzo.
Durante su discurso, Ebrard pidió a la dirigencia nacional de Morena que publique la convocatoria para la definición del aspirante presidencial para el 2024.
«¿A ver, quién sabe qué encuesta será?», preguntó el canciller a los asistentes.
«¡Nadie, nadie!», respondieron algunos.
Ebrard respondió: «no se ha informado al pueblo; el presidente (López Obrador) ha dicho que el pueblo determine quién va seguir adelante, que no sea el partido. Que sea la gente.
«Lo que estamos pidiendo a nuestro partido es de que ya saque la convocatoria porque el pueblo no sabe», reclamó.
Mencionó que él va a participar en la encuesta y tendrá presencia en todos los municipios del país.
«¡Presidente, presidente!», le gritaron los asistentes a Ebrard, quien también estuvo acompañado de la senadora Malú Micher.
«Miles y miles de guerrerenses estamos dispuestos a caminar contigo Marcelo», dijo López Rodríguez, quien desde que asumió la alcaldía en el 2021 mantiene diferencias políticas con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y su padre, el senador Félix Salgado Macedonio.
La gobernadora, su papá y todo el gabinete de su gobierno le han organizado actos políticos a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, la otra «corcholata», como las ha definido el presidente Andrés Manuel López Obrador a quienes aspiran la candidatura presidencial.
En el mitin, el canciller pidió a su partido (Morena) a que realice una encuesta más amplia.
«Lo que estamos haciendo aquí caminando es para que se den cuenta cuántos somos para que hagamos la encuesta de a deveras», menncionó.
«Yo no me pasó pintando bardas ni espectaculares, no es porque no me gusten, sino porque no tenemos dinero», afirmó el canciller, quien durante su discurso presumió su relación con el presidente López Obrador y lo llamó «mi carnal».
«Yo con él (López Obrador) he estado desde hace 23 años y lo he acompañado en las buenas y en las malas, y no de ahorita», dijo.
Durante el acto, el canciller le dijo a la gente que en el 2012, él y López Obrador compitieron en una encuesta para definir quien sería el candidato presidencial (por el PRD), y fue derrotado con un porcentaje de 1.6 por ciento.
«Había políticos que me decían, oye, pide que se realice otra encuesta y yo dije que no, y apoyé a mi carnal Andrés Manuel», mencionó.
Pidió a la gente que apoye al presidente y los invitó para que el próximo sábado 18 de marzo acudan a la Ciudad de México para participar en la marcha para conmemorar la expropiación petrolera.
El canciller también presumió que en este gobierno el precio del peso en relación al dólar bajo a 19 pesos.
«Por primera vez en la historia el peso va para arriba y el dólar un poquito para abajo, porque todos los mercados del mundo confían en México y en su presidente», aseguró.
Después del mitin, la avenida costera Miguel Alemán fue abierta a la vialidad por los policías y agentes de tránsito municipal.
«No gané ni para para la comida»
Roberto Rodríguez Adame, un prestador de servicio de paseos en yate, dijo que el cierre de esta vía le afectó porque ya no pudo contactar posibles clientes.
«Cerraron la costera desde las ocho de la mañana y no llevo ningún cliente, así es que no sacaré ni siquiera para la comida», dijo.
Según el trabajador desde este sábado las autoridades del Ayuntamiento de Acapulco les avisaron que se cerraría la costera y la mayoría de los prestadores de servicios decidieron no laborar.
«Aquí nos pagan 30 y hasta 50 pesos por cada cliente que le vendemos un bolete de paseo en yate y no tenemos salario fijo», dijo el trabajador.
Hasta las once de la mañana de este domingo Rodríguez Adame seguía en la avenida para ver si tenía la fortuna de ver a un cliente.
«Llegué a las ocho de la mañana y ni siquiera he sacado para comprarme una torta; ojalá y la alcaldesa (Abelina López) me pague el día», dijo.
El presidente no justificó cuál fue el objetivo de espiar a un civil ni cuál fue la base legal de la Sedena para espiar al defensor de derechos humanos.
Texto: Animal Político
Fotografía: José Luis de la Cruz (Archivo)
10 de marzo del 2023
Chilpancingo
El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció la intervención telefónica al defensor de derechos humanos Raymundo Ramos −quien acompañaba el caso de la ejecución extrajudicial de tres personas ocurrida en 2020 en Nuevo Laredo, Tamaulipas−, aunque aseguró que en su gobierno no se realiza espionaje, se hace “investigación” y “trabajo de inteligencia”.
Sin embargo, el mandatario no justificó cuál fue el objetivo ni cuál fue la base legal de la Sedena para espiar al defensor de derechos humanos.
López Obrador se limitó a decir que no existe ninguna ilegalidad y que el trabajo de inteligencia que se hace tiene como propósito conocer los movimientos de la delincuencia organizada.
“Es un trabajo de inteligencia que se hace en coordinación con el centro de inteligencia del Estado y que tiene como propósito conocer sobre movimientos, operaciones de la delincuencia organizada. Nosotros no espiamos a nadie, no es el tiempo de los gobiernos neoliberales, nosotros hicimos aquí el compromiso que no íbamos a espiar a ningún opositor”, declaró.
“No hay ninguna instrucción para que se espíe a ningún opositor ni periodista, para qué vamos a espiar, es falta de principios estar espiando», sostuvo.
Durante su conferencia matutina, el presidente defendió la actividad del Ejército afirmando que “es mejor la inteligencia que la fuerza”.
“El instituto de inteligencia del gobierno hace investigación porque nosotros sostenemos que es muy importante hacer la investigación, inteligencia, para no usar la fuerza”, dijo.
-¿Cuál es el objetivo de espiar a civiles?, cuestionó la periodista.
“No sé, no sé. Sé que el objetivo de Animal Político, de Artículo 19, de Carmen Aristegui y Proceso es estar constantemente atacándonos, desacreditándonos”, respondió López Obrador sin argumentar la razón de por qué se espió a civiles. Por el contrario, criticó a los medios que participaron en la investigación, a quienes acusó de estar “en contra del gobierno”, representar al conservadurismo y a los corruptos.
¿Cuál es la base legal de la Sedena?, cuestionó la periodista.
“No me explicaron nada, seguramente tiene que ver con el trabajo de inteligencia que llevan a cabo los organismos encargados de hacer este trabajo. Les tengo confianza a los mandos, saben muy bien que está prohibido el espionaje, no somos iguales”.
Dijo que para él el espionaje tiene que ver con persecución política, con limitar las libertades, con amenazar, intimidar, reprimir a los opositores; mientras que la inteligencia tiene que ver con los métodos para prevenir actos de sabotaje y de crímenes “porque el Estado tiene como propósito proteger a las personas, para eso se requiere inteligencia”.
Justifica labores de inteligencia
Al justificar las labores de inteligencia que realiza la Sedena, el presidente afirmó que Audomaro Martínez Zapata, director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), alertó a Omar García Harfuch, secretario de Seguridad de la CDMX, sobre el atentado que el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) realizó en su contra.
“¿Saben cómo se le salvó la vida al jefe de la policía de la Ciudad de México, se llama Omar García, de esa manera, unos días antes del atentado? Inteligencia del Estado registró unas llamadas, Omar traía un carro normal, y el general Audomaro Martínez habló con él y le dijo: ‘tenemos esta información, no te confíes’ y cambió por una camioneta con blindaje», detalló.
Uso del software Pegasus
En 2020, el Ejército usó el software Pegasus para espiar al defensor de derechos humanos Raymundo Ramos, quien acompañaba el caso de la ejecución extrajudicial de tres personas ocurrida ese año en Nuevo Laredo, Tamaulipas.
Un informe del Centro Militar de Inteligencia (CMI), un área secreta de la Sedena, confirma que en 2020, ya en este sexenio, el Ejército espió al defensor de derechos humanos con el sistema Pegasus.
El secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval, recibió la información derivada de ese espionaje, como consta en dicho informe elaborado en 2020 por su subalterno directo Homero Mendoza Ruiz, entonces director del Estado Mayor de la Defensa, y el subjefe de Inteligencia, Conrado Bruno Pérez y usó esa información obtenida con el espionaje para influir en la investigación que la Policía Ministerial Militar realizaba sobre la ejecución extrajudicial de tres jóvenes, presuntamente cometida por militares el 3 de julio de 2020.
La información sobre el CMI y el reporte de inteligencia revelados en esta investigación, realizada por la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), Artículo 19, SocialTic, Animal Político, Aristegui Noticias y Proceso, fueron obtenidos entre los millones de archivos de la Sedena hackeados por el grupo Guacamaya en octubre pasado.
Los calificativos contra la prensa
López Obrador no dejó de lanzar calificativos contra los medios y organizaciones que publicaron la investigación; los acusó de ser conservadores y de derecha.
“El periodismo de ustedes no está cerca del pueblo, está al servicio del poder, de la oligarquía de los que se sentían dueños de México y quieren regresar por sus fueros, ustedes son pieza clave de ese grupo conservador, corrupto, que le hizo mucho daño al pueblo de México ya la nación, nosotros nunca vamos a estar en contra del periodismo”, aseguró.
“Todos los días nos atacan, no hay objetividad, no hay profesionalismo, es una prensa tendenciosa, vendida, alquilada al servicio de los corruptos, por qué les vamos a hacer el caldo gordo a ustedes (…) Ustedes no van a poner la agenda”, respondió cuando la periodista le preguntó si el general Audumaro Martínez podría acudir a la mañanera para explicar la base legal del espionaje y la compra de Pegasus.
Mediante un comunicado emitido por el Comité de Madres y Padres de los 43, después de la Asamblea Nacional Popular (ANP), realizada el día de ayer en la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, llamaron a todas las organizaciones sociales de izquierda a “reorganizarnos, tender los puentes fraternos de dialogo y de entendimiento entre organizaciones sociales y hermanos de clase”.
Esto, de acuerdo al comunicado, porque consideran que el “movimiento social está disperso, a la derivada y aletargado”.
Además de que las madres y padres externaron su preocupación de que, ante la falta de organización y movilización de sectores y organizaciones sociales de izquierda la “derecha” asuma como propias las exigencias de justicia sobre diversos temas.
“Poco a poco la derecha retoma algunas demandas sociales como los derechos de las mujeres, la exigencia de contra pesos institucionales y va tomando las calles y plazas públicas desplazando a movimientos sociales de izquierda”, se lee en el comunicado.
En dicho documento, las madres y padres de los 43 mencionaron que ante este nuevo gobierno del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, no hay cambios reales para la sociedad.
“Mientras unos pocos tienen mucho, la mayoría nos debatimos entre la miseria y la exclusión social, el gran capital es el beneficiario de siempre, sigue acumulando riquezas y esquilmando los bienes naturales de nuestro país”, sentenciaron.
Otro punto que aborda el comunicado es el acceso a la verdad y a la justicia para dar con el paradero de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos.
Mencionaron que a nueve años de los sucesos ocurridos la noche y madrugada del 26 y 27 de septiembre en Iguala, Guerrero, en el que desaparecieron los 43 normalistas y cinco personas más fueron asesinadas no hay acceso a la justicia.
“A esta distancia (nueve años), pesa el cansancio físico, mengua nuestro caminar por las enfermedades que padecemos y duelen las pérdidas irreparables de Minerva Bello, Bernardo Campos, Saúl Bruno, Ezequiel Mora y Tomás Ramírez, pero el amor a nuestros hijos y el espíritu inclaudicable de nuestros compañeros que se quedaron en el camino nos animan a seguir”
Otro punto fue el de la violencia, en el que aseguran nada cambio con la llegada del nuevo gobierno, tanto el federal, en 2018, como el estatal, en el 2021.
“La violencia contra las mujeres sigue creciendo exponencialmente sin que existan acciones y políticas del gobierno contundentes que permitan revertirlas, las desapariciones son un lastre social que han continuado. Hoy suman más de cien mil en el país. Tan solo en este gobierno van más de treinta mil. La violencia generada por los grupos delictivos azota varias regiones de nuestro país, zonas completas se encuentran bajo el imperio de las bandas delictivas, son estas las que imponen su ley a sangre y fuego enlutando los hogares de los más pobres”, mencionaron.
También mencionaron problemas en el sector educativo, y expusieron que no se revirtió la Reforma Educativa como lo prometió en campaña López Obrador.
Además que las normales rurales aún padecen la precarización, persecución política, represión y continúan las políticas para el exterminio y el cierre definitivo de los normales rurales.
El tema de la militarización del país fue un tema que consideraron preocupante y aseguraron que las fuerzas militares en las calles son para contener a los movimientos sociales.
“Se han dado facultades legales y constitucionales a las fuerzas armadas para que contengan la violencia, pero sobre todo para que metan en cintura a los inconformes e insumisos. Un gobierno con casaca progresista y con bayoneta militar para acallar los que disienten, a los pobres e inconformes”, se lee.
Por último, las madres y padres de los 43 llamaron a todas las organizaciones sociales de izquierda a una asamblea para analizar, discutir y proponer nuevos ejes y planes de lucha ante las inconformidades antes mencionadas.
“Es hora de retomar nuestro papel histórico, elevar la lucha de clases e impulsar el caminar del pueblo hacia una patria nueva donde haya pan, techo, verdad y justicia para los de abajo”, finaliza el comunicado.
Políticos priistas, panistas, perredistas y líderes de asociaciones ligadas al PAN marcharon esta mañana en el marco de la Jornada Nacional en Defensa del INE.
Entre los personajes que encabezaron la marcha estuvieron el ex candidato a gobernador por la alianza PRI -PRD, Mario Moreno Arcos, el ex líder estatal panista, Carlos Arturo Millán Sánchez, y la diputada perredista Yenifer García Lucena.
Además de la regidora de Chilpancingo por el PRI, Guadalupe Aguilar y la del PAN, Reyna Pablo de la Cruz.
El líder del Frente Estatal por la Familia, David Tapia Bravo, que el año pasado encabezó diversas movilizaciones en contra de la despenalización del aborto y los matrimonios igualitarios.
Tapia Bravo actualmente es dirigente municipal del PAN.
La marcha comenzó a las once de la mañana en la Alameda Granados Maldonado y continuó al sur, por las principales avenidas de la capital.
Fueron alrededor de 100 personas, vestidas de blanco y rosa con pancartas en las que se leía : “Mi voto no se toca”, “AMLO entiende, el INE se defiende”.
La movilización culminó en el parque Unidos por Guerrero.
Esta movilización la realizaron en respuesta al llamado Plan B del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que contempla, entre otras cosas, la reducción en el presupuesto del instituto, un plan de ahorro, reducción de oficinas distritales y la condición de que consejeros no puedan ejercer otros cargos públicos después de concluir su período.
Al término de la marcha, Moreno Arcos dijo que la movilización “no es para defender al INE, es para defender la democracia”.
Apenas este jueves 23 de febrero, Moreno ofreció una pozolada y mezcal a más de 500 de sus simpatizantes en un salón que es de su propiedad, ubicado en la colonia Galeana.
En este convivio al que asistió el ex gobernador Héctor Astudillo Flores, Moreno Arcos fue destapado como aspirante a la senaduría para las elecciones del 2024.
Muchos de los que asistieron a la marcha a favor de INE este domingo estuvieron en ese convivio de Moreno Arcos.
El priista, dos veces alcalde de Chilpancingo, fue la principal atracción política de la movilización a la que, en un inicio, se supo sólo asistirían personas que no milita en los partidos políticos.
En Acapulco unas 600 personas marcharon sobre la costera Miguel Alemán.
Algunos de los personajes políticos que participaron en la marcha a favor del INE en Acapulco fueron: la secretaria general del PRI, Pilar Vadillo; el dirigente estatal del PAN, Eloy Salmerón; el ex regidor del Partido Verde de México, Mauricio Legarreta, y el ex presidente del grupo ACA, Melquiades Olmedo.
La marcha en Acapulco fue de la Diana al parque de La Reina, un tramo de unos dos kilómetros.
En Zihuatanejo hubo un mitin donde participó el dirigente estatal del PRI, Alejandro Bravo Abarca, ante un grupo de unos 100 personas en las que criticaron la administración del presidente López Obrador.
Una revisión a los presupuestos de la Secretaría de Cultura federal muestra una baja constante de recursos para sus tareas y actividades. Trabajadores del INAH ponen de su bolsa para cumplir tareas y las instituciones estatales reportan que el apoyo de la Federación cayó al mínimo.
Desde hace 20 años, Álvaro Octavio García trabaja en el Museo Baluarte de Santiago, en Veracruz. Es asistente de asesor educativo histórico-cultural y cuenta que en los últimos años, resultado de la política de austeridad del gobierno federal y los recortes a la Secretaría de Cultura y al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), su trabajo se ha precarizado a tal grado que él y algunos compañeros tienen que pagar con sus recursos arreglos y materiales indispensables, como productos de limpieza, gasolina para las podadoras y hasta focos para mantener iluminada la entrada del recinto.
Durante la pandemia y al no presentar problemas de salud, Álvaro fue uno de los trabajadores que permanecieron en el museo y que tuvieron que asumir labores para custodiar el patrimonio, específicamente, la colección de piezas de oro conocidas como “Las joyas del pescador”. En 2017, el museo fue sometido a mantenimiento mayor y la empresa que custodiaba las piezas fue despedida. Aunque los trabajos concluyeron a finales de 2018, nunca se contrató a personal de seguridad.
En entrevista, explica que durante 2020 y buena parte de 2021 no recibieron apoyo del INAH, por lo que ellos tuvieron que asumir los gastos para mantener en las mejores condiciones al museo. A pesar de que cerró sus puertas, no faltaron personas que querían entrar.
“Llegaban las personas preguntando, investigando y, como veían abandonado, pues hacían actos inmorales como sus necesidades fisiológicas en la entrada, en la rampa principal y, entonces, decíamos ‘Bueno, de qué nos sirve que estemos vigilando, si al otro día tenemos que llegar a limpiar todo’; empezamos a montar guardias para proteger… montamos más iluminación, focos, arreglamos todo, pero en ese tiempo el centro INAH no nos disponía absolutamente de nada”, reprocha.
La salinidad de la zona es muy peculiar y la cercanía del museo con el mar hace que los materiales de metal o madera sufran un deterioro de forma permanente, así que, por ejemplo, la adquisición de candados y los duplicados de llaves han corrido a cargo de los trabajadores, lo mismo que la compra de gasolina para las podadoras para retirar la maleza de los jardines.
La situación de Álvaro no es única, pues en los últimos tres años el trabajo cotidiano, la atención y el mantenimiento al patrimonio del país se han visto afectados en todos los niveles: desde que no haya copias o scanner para enviar oportunamente fichas de asistencia al trabajo y que las computadoras estén obsoletas hasta falta de gasolina y vehículos para que los 192 arquitectos del INAH se puedan desplazar a las zonas arqueológicas y patrimoniales.
“Pasemos del discurso a los hechos. Es muy bonito presentarse y hablar de la importancia del patrimonio de México, pero desafortunadamente ese discurso muchas veces no se ve reflejado en acciones concretas y en un diseño específico hacia un recurso que pueda llegar a donde estamos aquellos que hacemos las tareas sustantivas del instituto”, sostuvo Luis Ojeda, secretario general del Sindicato Nacional de Arquitectos Conservadores del Patrimonio Cultural de la Secretaría de Cultura.
“Si nosotros no atendemos de manera correcta los monumentos históricos y las zonas de monumentos históricos que tiene México, estaríamos facilitando las herramientas y las acciones para desplazar la memoria histórica, el patrimonio cultural y los elementos de identidad”.
Jose Enrique Vidal Dzul, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Cultura, afirmó que la situación que viven los trabajadores de la dependencia es “desoladora”, porque tras el triunfo del presidente Andrés Manuel López Obrador confiaban en que su gobierno tendría una visión más social y cultural. “Lamentablemente, existe una decepción muy cruel”, dijo.
La falta de recursos materiales y humanos para la conservación del patrimonio nacional no es solo una percepción de los trabajadores del INAH, sino que el propio instituto ha informando a la Cámara de Diputados que ha llegado a su límite.
En el Informe de Austeridad Republicana 2021, el INAH detalló que “por la particularidad de la situación financiera del instituto (…) no existen ahorros presupuestarios”. De hecho, la Secretaría de Hacienda ha tenido que hacer transferencias adicionales para que logre llegar al final del año.
“El instituto tiene un déficit de recursos para el cumplimiento de sus objetivos, por lo que la temporalidad de los ahorros solo es por el ejercicio presupuestal de que se trate, ya que al final del ejercicio la Secretaría de Hacienda y Crédito Público apoya para atenuar la presión del gasto en materia de servicios personales que, para el ejercicio 2021, fue de 428 millones 050 mil pesos”, dice el informe firmado por David Honorio García, coordinador nacional de recursos financieros del INAH.
Animal Político solicitó entrevista con la Secretaría de Cultura y el INAH para abordar este tema, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.
La única referencia a la política de austeridad por parte de la titular de Cultura, Alejandra Frausto, se dio el 28 de noviembre, cuando acudió a la Cámara de Diputados por la glosa del Cuarto Informe de Gobierno.
Ahí, la funcionaria dijo a los diputados que “la austeridad republicana consiste en eliminar los gastos superfluos, no en escatimar en apoyos a la creación y a la vida cultural”. Sin embargo, se pudo constatar que los recortes presupuestales y la política de austeridad sí han impactado directamente en los proyectos de investigación y conservación cultural, y en el trabajo cotidiano y los servicios que se ofrecen a la población.
Menos proyectos de investigación, mantenimiento, becas…
Los recortes y la política de austeridad impulsada por el gobierno de López Obrador sofocan a la Secretaría de Cultura, creada apenas en 2015.
Animal Político analizó el presupuesto público que ha ejercido la dependencia entre 2017 y 2022 y detectó que, en términos reales y sin contar el dinero correspondiente al pago de la nómina (Capítulo 1000), en los últimos cinco años el monto ejercido por la dependencia ha disminuido en 50%.
Pero no solo eso, pues desde 2020 una parte significativa de los pocos recursos de la secretaría ha sido transferida a una sola intervención: el proyecto Bosque de Chapultepec, Naturaleza y Cultura, en la CDMX.
Contar cada vez con menos recursos ha impactado a todas las áreas, pero el INAH ha sido de los espacios más afectados.
De acuerdo con el Informe de Austeridad Republicana 2019 —firmado por el director del instituto, Diego Prieto—, el INAH arrastra un déficit presupuestario de al menos 601 millones de pesos, lo que ha complicado su funcionamiento.
“El instituto ha sufrido limitaciones desde hace varios años, como que en los últimos 21 años el INAH no solamente no creció, sino que su estructura disminuyó en más de 950 plazas base, entre administrativos, técnicos, manuales e investigadores, y no ha existido una regularización de plazas, mientras que el trabajo creció, ejemplo de ello es el incremento en el número de zonas arqueológicas y museos abiertos al pueblo al pasar de 132 zonas arqueológicas abiertas a la visita pública a 194 zonas arqueológicas abiertas en 2021 y de 110 museos a 162 en 2021”, detalla el Informe de Austeridad Republicana 2021.
La falta de personal es un problema recurrente. Por ejemplo, actualmente solo hay 192 arquitectos responsables de procurar la conservación de 60 zonas de monumentos históricos y 106 mil monumentos históricos y sus colindancias en todo el país.
Para poder brindar una atención eficiente y hacer frente a la carga de trabajo, explicó Luis Ojeda, secretario general del Sindicato Nacional de Arquitectos Conservadores del Patrimonio Cultural de la Secretaría de Cultura, se necesitan al menos 100 arquitectos más. En semanas pasadas, recién se concluyó el proceso de contratación de 12 nuevos arquitectos, quienes ocuparán las plazas —vacantes desde 2019— de compañeros que murieron o se jubilaron.
En el Informe de Austeridad Republicana 2021, el INAH reconoce que, a pesar de la falta de personal, se cancelaron 58 plazas a fin de atender las disposiciones del gobierno federal.
A la falta de personal se suma la falta de insumos básicos. “Con los recortes se afectó un rubro fundamental: la gasolina y las unidades de transporte para acudir a las comunidades, lo que ha propiciado que en más de una ocasión seamos los arquitectos quienes tengamos que poner nuestros vehículos para ir a atender estos requerimientos”, dijo Ojeda.
Jose Enrique Vidal Dzul, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Cultura, contó que trabajadores le han informado que han llegado a invertir hasta el 30% de su salario en la compra de combustibles para atender las áreas verdes de las zonas arqueológicas donde laboran.
“Es comprar 10, 20 litros de combustible, que con los precios que tiene ahorita son 400 pesos… Imagínese, si su salario es de 5 mil pesos, pues es un monto considerable”, sostuvo. “En Filobobos, en Veracruz, tenemos un compañero, Cristóforo, que tiene problemas de salud y yo lo veo como un héroe anónimo porque la gente no sabe que tuvo que invertir de su salario para mantener, durante la pandemia, esta zona arqueológica de manera incólume en términos de mantenimiento con el césped”.
En la revisión de los Informes de Austeridad Republicana del INAH de 2019, 2020 y 2021, así como los de la Secretaría de Cultura de 2019 y 2020, se pudo conocer en qué servicios y materiales se ha reducido el presupuesto y cómo esto ha impactado a la preservación del patrimonio y a la atención de la ciudadanía.
Por ejemplo, en 2018, la secretaría contaba con 186 vehículos arrendados y, al cierre del ejercicio 2019, ya solo eran 122.
En 2019, las medidas de austeridad hicieron que el INAH tuviera que recortar recursos por 17 millones 314 mil pesos, siendo la compra de los combustibles una de las reducciones más importantes con 3 millones 586 mil pesos. En el caso de los viáticos nacionales para funcionarios, la reducción fue de 1 millón 742 mil pesos.
“Para garantizar el desempeño y resultados sustantivos que el INAH ha dado en sus casi 82 años de existencia (…) es indispensable contar con los recursos suficientes”, dice el Informe de Austeridad Republicana 2019.
Al analizar los resultados obtenidos en 2019 respecto de 2021, destaca que, aunque el país comenzaba a recuperarse tras la emergencia sanitaria por COVID-19, se dio menos mantenimiento a las zonas arqueológicas, se otorgaron menos becas para los estudiantes y se apoyó menos a la investigación.
En 2019, se autorizaron 864 proyectos de investigación mientras que en 2021 fueron 574. En el caso de la solicitud de asesorías, peritajes, denuncias, dictámenes y supervisiones técnicas para la conservación, protección, restauración y recuperación del patrimonio cultural, se pasó de atender 16 mil 809 en 2019 a 12 mil 528 en 2021.
En el área de educación, en 2019 la matrícula total en las tres escuelas del instituto fue de 2 mil 828 estudiantes, mientras que en 2021 se dio clases a 2 mil 596. Las becas también se han reducido, al pasar de mil 038 en 2019 a 639 en 2021.
Subsidios y reconstrucción: el destino de los ahorros
¿Qué ha pasado con los recursos obtenidos en la Secretaría de Cultura como resultado de la política de austeridad? Se han direccionado a distintas dependencias para pagar programas y servicios, así como a subsidios.
En 2019, los ahorros se destinaron principalmente a la Secretaría del Bienestar y a la Sedatu para apoyar al Programa Nacional de Reconstrucción, de acuerdo con el Informe de Austeridad Republicana 2019, así como información pública contenida en la Plataforma Nacional de Transparencia.
En 2020, las economías se transfirieron tanto a la Sedatu como a la SEP para el Programa Nacional de Reconstrucción, así como a la Secretaría de la Función Pública para pagar servicios personales.
Proyecto Chapultepec consume recursos
Entre 2016 y 2022, el apoyo que la Secretaría de Cultura entregó a las 32 instituciones estatales de Cultura del país ha disminuido, en términos reales, en un 98%. Y aunque el recorte ha sido generalizado, solo en 2022 a la CDMX se le transfirieron 3 mil 217 millones de pesos, 39% de todos los recursos disponibles de la Secretaría de Cultura sin contar los servicios personales, para continuar con los trabajos del Proyecto Bosque de Chapultepec, Naturaleza y Cultura.
Animal Político solicitó vía transparencia conocer los apoyos que el gobierno federal ha entregado a los estados para actividades culturales. La Secretaría de Cultura respondió con los montos totales, por año y entidad, que ha entregado a través del programa Apoyo a Instituciones Estatales de Cultura (AIEC), que tiene como objetivo garantizar los derechos culturales de la población mediante mayor acceso y ampliación de la oferta cultural a través de proyectos coordinados por las instituciones estatales.
Mientras que en 2016 se dispuso de una bolsa de mil 093 millones de pesos —por lo que a cada estado le entregó 34 millones 179 mil pesos—, en 2022 el apoyo fue de 34 millones 456 mil pesos para todo el país, es decir, poco más de 1 millón a cada entidad.
Este recorte, sostuvo Carlos Reyes Sahagún, exdirector del Instituto de Cultura de Aguascalientes, mantiene en “un hilo” las actividades que se ofrecen a la población.
“Hemos dejado de hacer muchas cosas que se hacían en el pasado inmediato; por ejemplo, había un festival de teatro escolar y tenemos un festival de música de cámara que antes era federal y que ahora lo hacemos nosotros por nuestra cuenta, igual que la Feria del Libro, que también era una actividad que nos apoyaba la Federación que ahora no lo está haciendo”, informó en entrevista el 8 de septiembre pasado, tres semanas antes del cambio de la administración en Aguascalientes.
Aunque el instituto que estaba a su cargo no ha tenido que cerrar casas de cultura o prescindir de trabajadores, el mantenimiento de la infraestructura cultural del estado no se ha realizado por falta de recursos.
“El instituto cuenta, en términos patrimoniales, con la mayor cantidad de edificios históricos en manos del gobierno del estado y, ciertamente, hay una necesidad de mantenimiento importante; sin embargo, a habido proyectos que no se han instrumentado porque no ha habido recurso”, confirmó el exfuncionario, quien detalló que el instituto cuenta con alrededor de 120 espacios, entre museos, escuelas, galerías y oficinas, con necesidades de mantenimiento específicas.
Entrevistada por separado, Lourdes Ariadna González, secretaria de Cultura de Jalisco, también se pronunció sobre el recorte presupuestal en los estados. Dijo que ha afectado principalmente a las actividades culturales que se desarrollaban con enfoque municipal.
Uno de estos proyectos era el denominado Ecos, que tiene por objeto llevar orquestas a los municipios y, aunque no desapareció, sí se quedó sin apoyo federal, por lo que la secretaría estatal tuvo que adecuar sus gastos para lograr financiarlo.
“No es que se haya afectado un programa en específico, sino que te afecta el ejercicio de la secretaría y para llenar un hueco destapas otros varios”, dijo la funcionaria.
Una prioridad, subrayó, es la descentralización y el apoyo a la cultura comunitaria, por lo que con los recursos que les envían no es posible atender las necesidades particulares de cada uno de los 125 municipios del estado.
“Hay un montón de proyectos que hacen los municipios en el respeto de sus tradiciones, preservación de la danza, fotografía, recetas y tradiciones orales, y ahí es donde lamentablemente se ha visto más afectado”, dijo.
Además, consideró importante conocer las variables consideradas por la administración federal para priorizar el proyecto de Chapultepec.
“Ojalá que hubiera (recursos) para Chapultepec y para los estados y que no se le quitara a unos para darle a otros, porque entonces estamos hablando de justicia o injusticia cultural”, dijo.
En los últimos tres años, la Secretaría de Cultura federal ha transferido un total de 5 mil 952 millones de pesos a las secretarías de Obras y de Medio Ambiente de la CDMX para que trabajen en el Proyecto Chapultepec que, de acuerdo con el presidente López Obrador, “va a ser el espacio artístico-cultural más grande y, desde luego, más importante del mundo”.
Las transferencias anuales para este proyecto han ido al alza y al menos durante 2022, cuando las autoridades capitalinas solicitaron 400 millones adicionales —apenas dos meses después de que firmaron el convenio de transferencia por 2 mil 817 millones—, se firmó un nuevo convenio para dar mayores recursos de los que se tenían contemplados.
Para el maestro en economía y analista del sector cultural Antonio Mier Hudges, los recortes presupuestales y la inyección masiva de recursos al proyecto Chapultepec son resultado del desinterés en la cultura, así como del afán de dejar como legado obras muy llamativas.
“Todo esto es reflejo de la falta de interés de todo el sector cultural, que se ha concentrado en una noción equivocada o muy particular que tiene el presidente respecto a la cultura, porque él señaló en tres ocasiones que nunca se había apoyado tanto a la cultura, pero pues se ha referido a la cultura de los pueblos originarios a través de sus programas sociales y algunas otras acciones, que no es lo mismo”, dijo el académico.
“Este proyecto está obligando a desatender al resto del país (…) Es parte ignorancia y parte necedad y afán de concentrar todas las actividades en un par de obras muy llamativas y mal planeadas”.
Para 2023, de acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados, se contempla transferir 3 mil 630 millones de la Secretaría de Cultura federal a la CDMX, para con ello continuar con las labores del proyecto Chapultepec. Esta intervención estaría sumando 9 mil 582 millones de pesos de presupuesto público.
Este texto fue elaborado por el equipo de Animal Político y lo reproducimos con su autorización.
La política de austeridad afectó también al presupuesto destinado a informática y prevención de ataques cibernéticos, a pesar del mayor riesgo para dependencias que manejan datos de millones de personas y empresas.
La administración del presidente Andrés Manuel López Obrador recortó 3 mil 300 millones de pesos en los servicios de informática y ciberseguridad en todo el gobierno. Esto ha significado que funcionarios trabajen con programas pirata y equipos obsoletos, que no tengan ni siquiera antivirus, que haya plataformas a punto del colapso y que estén en riesgo millones de ciudadanos y empresas cuyos datos están en los servidores de instituciones, como la CURP, pasaportes, reportes fiscales y contratos, entre otros.
Además, el riesgo cibernético se materializó durante el actual sexenio con el hackeo a instituciones tan fundamentales para la seguridad y la economía del país como la Secretaría de la Defensa Nacional, Petróleos Mexicanos, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y la Secretaría de Economía, sin que hasta el momento se haya informado el monto de las pérdidas monetarias ni de datos.
En los cuatro casos, las instituciones tuvieron recortes presupuestales de hasta 65% en las áreas relacionadas con informática, como parte de las medidas de austeridad impuestas por el presidente López Obrador al inicio de su mandato.
El caso extremo ocurrió en la SICT, con el recorte de 65% del presupuesto para nueve rubros relacionados con la informática entre 2018 y 2022, mientras que el gasto específico de servicios de ciberseguridad tuvo 402 millones de pesos menos en el mismo periodo.
El riesgo se concretó. El 24 de octubre, la secretaría fue hackeada y paralizada, pues, como parte de las acciones contra el ataque y para evitar más afectaciones, suspendió todos los trámites a su cargo desde esa fecha y hasta el 31 de diciembre, según informó a través del Diario Oficial de la Federación.
Sin embargo, desde 2019, la SICT alertó que tenía esta vulnerabilidad. “La dependencia no ha implementado los mecanismos mínimos en materia de seguridad informática que permitan monitorear e instrumentar controles efectivos que respondan a los riesgos de fuga de información o de otro tipo de amenazas”, reportó en su Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR), documento en el que se informan los problemas que podrían impedir el cumplimiento de objetivos y metas.
Ese recorte en materia de informática o “ahorro” —como se ha tratado en la administración lopezobradorista— ni siquiera se compara con los recursos que mueven la industria del transporte y las cadenas de suministro para todo el país que se vieron afectadas.
Solo en la frontera entre Tijuana y San Diego ocurren alrededor de 4 mil exportaciones todos los días, lo que representan más de 240 millones de dólares, mientras que en la importación se registran 8 mil operaciones al día que equivalen a más de 480 millones de dólares, de acuerdo con Israel Delgado, vicepresidente de la región noroeste de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar).
Para que eso ocurra, la industria necesita que sus choferes tengan documentos en regla, pero, debido al hackeo, la secretaría suspendió la “expedición y renovación de licencia federal de conductor, así como los trámites de expedición de permisos de autotransporte federal, transporte privado y sus servicios auxiliares”.
Hasta el 2 de noviembre, la industria de transporte se encontraba aún en “crisis y caos”, según denunció Elias Dip, presidente de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (Conatram), en un video publicado en su cuenta de Twitter y en el que pedía a la SICT implementar medidas urgentes para resolver el problema.
Luego del llamado de la industria, la secretaría organizó una primera mesa de trabajo donde se comprometió a continuar con la recepción de trámites prioritarios en los kioskos emergentes instalados, pero hasta el momento no se ha evaluado si esto evitará afectaciones en la industria y el suministro de mercancías.
El “ahorro”
Animal Político y el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) realizaron esta investigación para analizar el impacto de la austeridad en el funcionamiento del gobierno y sus efectos en los servicios a los ciudadanos.
Uno de los temas específicos de análisis fue el gasto en informática, incluyendo la ciberseguridad, al tratarse de un aspecto indispensable para realizar cualquier actividad en todos niveles de gobierno y que atraviesa cualquier servicio al ciudadano, desde entrar a una página de internet del gobierno hasta el resguardo de datos personales durante trámites.
Con base en el análisis del “Clasificador por objeto de gasto de la administración pública”, donde se detallan los conceptos de cada bien o servicio que la administración federal compra o contrata, la consulta de fuentes como exoficiales mayores y actuales funcionarios encargados de las compras, y la revisión de contratos para servicios de informática, se seleccionaron nueve conceptos relacionados con las compras y contrataciones sobre bienes y servicios de tecnologías de la información.
Entre ellos están la adquisición, el arrendamiento y el mantenimiento de bienes informáticos; la adquisición de software; el desarrollo y mantenimiento de aplicaciones informáticas (que incluye páginas de internet); derechos de autor sobre programas de cómputo; servicios integrales de cómputo (que incluyen los especializados como ciberseguridad), así como refacciones y accesorios para equipos de cómputo y telecomunicaciones.
El análisis de gasto fue hecho con base en la Cuenta Pública y el Presupuesto de Egresos, y comparado entre 2018 y 2022, para contrastar el gasto entre la administración de Enrique Peña Nieto y de Andrés Manuel López Obrador, y entre 2019 y 2023, para comparar la evolución del gasto solo en la actual administración, dejando fuera del análisis 2020 y 2021, los años de pandemia que provocaron gastos atípicos.
De esos nueve conceptos, en 2018 hubo un gasto de 26 mil 306 millones de pesos y para 2022 bajó a 22 mil 99 millones, es decir, 3 mil 313 millones menos, lo que representa un recorte de 12%.
Sin embargo, tras los hackeos ocurridos en esta administración, el gobierno federal dio marcha atrás en su decisión de recorte a tecnologías de la información y destinará 26 mil 570 millones de pesos para 2023, una cifra parecida al último año del sexenio anterior.
De acuerdo con fuentes y contratos, la ciberseguridad es contratada a través de la partida “servicios integrales de infraestructura de cómputo”, que entre 2018 y 2022 tuvo un recorte de 19%. Es decir, la administración pública tuvo 971 millones menos para realizar las contrataciones y pagar los servicios de seguridad informática.
El mayor recorte entre los nueve conceptos referentes a informática ocurrió en la partida “servicios de mantenimiento de aplicaciones”, con la que se paga el mantenimiento de páginas de internet y el mantenimiento y soporte a los sistemas y programas ya existentes.
El recorte en este rubro, que significa el primer contacto de los ciudadanos con información de gobierno a través de internet, fue de 45%, al pasar de mil 314 millones de pesos en 2018 a 718 millones en 2022.
Estos números y los hackeos ocurridos demuestran que la vulnerabilidad informática es latente, pero la operación del gobierno y la cantidad de información en su poder debería ser razón suficiente para no escatimar en la seguridad informática puesto que todo pasa por una computadora, pero no es así, advierte Andrés Velázquez, presidente de MaTTica, laboratorio de investigación de delitos informáticos. “Tener una política de austeridad en este tema es decir ‘no quiero invertir en esto y estoy aceptando el riesgo, no importa lo que pase’”, alerta.
Economía, seguridad… vulneradas
La Secretaría de Economía, que se encarga de regular e interactuar con todas las industrias productivas del país como la manufacturera, la minería, comercio, que regula las importaciones y exportaciones de alimentos y productos, y que tiene en su poder la información de cada una de las empresas constituidas en México, fue hackeada el 24 de febrero de 2020.
Por ello, también suspendió todos los trámites realizados ante la dependencia, como informó a través del Diario Oficial de la Federación.
Se trató del hackeo que causó la parálisis de la dependencia, pero los ataques cibernéticos aumentaron a partir de este sexenio. El gobierno pasó de tener dos ataques en 2017 a 57 en 2019, mientras que en 2020 registró 40 “incidentes”, según respondió a una solicitud de información.
Otro caso grave ocurrió en la Sedena en septiembre pasado, cuando el grupo de hacktivistas Guacamaya robó seis terabytes de información de la dependencia, incluyendo informes de seguridad nacional, contratos, reportes de inteligencia, entre otros, con consecuencias aún incalculables.
En noviembre de 2019, Pemex enfrentó el mayor hackeo de su historia, por el que piratas informáticos exigieron el pago de 4.9 millones de dólares; supuestamente no se pagaron y 10 meses después aún había aplicaciones de la empresa inoperantes.
El ataque fue posible porque los equipos no tenían antivirus, actualizaciones de seguridad ni licencias vigentes, concluyó una investigación de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
En ningún caso se ha informado el alcance monetario de las afectaciones, pues las autoridades han clasificado la información como “seguridad nacional”. Pemex incluso mantendrá la información reservada hasta 2025.
Sin embargo, los costos de interrupción del negocio ante un ataque suelen ser de cinco a 10 veces más altos que los costos directos, de acuerdo con la compañía Coveware, especializada en respuesta a este tipo de incidentes, como reportó el periódico El Economista.
Esto significa que, si los hackers solicitaron 4.9 millones de dólares de pago para liberar la información secuestrada, Pemex podría haber perdido entre 24 y 49 millones de dólares por dicho ataque.
En mayo de 2021, hackers obtuvieron miles de datos de la Lotería Nacional, como contratos y convenios de 2009 a 2021, documentos legales, correspondencia, finanzas, datos notariales, outsourcing, entre otros, por los que también pidieron rescate, y las afectaciones dejaron inoperantes los sistemas críticos y secundarios hasta 77 días, como reconoció la propia institución ante la Auditoría.
La vulneración a sus sistemas fue posible porque sus equipos eran obsoletos, las licencias de software habían terminado y ya no tenían soporte del fabricante, los servidores no contaban con soluciones para la prevención de pérdida de datos ni con actualizaciones de seguridad y por falta capacitación al personal encargado.
Las alertas de otras dependencias
Los riesgos en materia de tecnología de información también se encuentran en al menos otras cinco instituciones: la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de la Función Pública, la Secretaría de Turismo, el Registro Agrario Nacional y la Consejería Jurídica de la Presidencia.
Así lo reportaron en sus Programas de Trabajo de Administración de Riesgos, un informe trimestral y obligatorio en el que las dependencias evalúan los riesgos que amenazan sus metas y objetivos institucionales, calificados por nivel alto, medio o bajo, según la metodología establecida por la Función Pública.
Dichos documentos fueron obtenidos por Animal Político a través de solicitudes de transparencia y revelan que la Secretaría de Seguridad, por ejemplo, alertó en su informe trimestral de 2022 que tenía un riesgo “alto” en el área de tecnologías de la información, ya que la “infraestructura tecnológica está operando deficientemente”.
Por ello, requería de “actualización o renovación tecnológica integral de infraestructura de cómputo, almacenamiento, conectividad, seguridad, respaldo en el centro de Datos Principal y Centro de Datos Alterno”. Además, “gestionar la asignación del presupuesto adicional para la actualización o renovación tecnológica de infraestructura en Plataforma México”.
También, “incrementar la capacidad de procesamiento de acuerdo al presupuesto autorizado y gestionar la asignación del presupuesto adicional para la operación de la Plataforma México”.
En 2020, la Secretaría de la Función Pública alertaba que había un “acceso indebido a la plataforma tecnológica desde equipos y zonas no autorizadas del programa alertadores”, un portal de denuncia ciudadana que se realiza de forma anónima. Y temía que “un agente externo al área pueda vulnerar el sistema, bases de datos, servidores o telecomunicaciones”.
Para 2022, la falla en este rubro se volvió más grave, pues ahora el riesgo consistía en “falta de actualizaciones y parches de seguridad en los sistemas operativos que dan soporte a los sistemas de información esencial. Falta de configuración de la línea base (harderling) de seguridad de servidores y equipos de telecomunicaciones. No se encuentran las bitácoras y/o logs de base de datos y de algunos componentes de la infraestructura no están activadas”, y su personal no tenía cultura en temas de seguridad de la información.
La Secretaría de Turismo incluyó como riesgo “alto” en 2020 la “falla del equipo de seguridad perimetral (firewall) de la red debido a daño físico (falla eléctrica, falla de aire acondicionado, humedad, cambios de temperatura, daño intencionado)”.
También, una “falla del equipo de seguridad perimetral (firewall) de la red debido a configuraciones incorrectas o ataque cibernético”.
Mientras, en 2022 informó que “las medidas de seguridad físicas y tecnológicas para la protección de los datos personales de los usuarios del Centro de Documentación Turística son insuficientes”, y el personal tampoco estaba capacitado en protección de datos.
La Procuraduría Agraria reportó “falta de recursos presupuestales para la renovación de servidores obsoletos y la falta de mantenimiento a los sistemas institucionales web por el poco personal con el que se cuenta” durante 2022.
La Consejería Jurídica reportó como un riesgo que sus juicios y procedimientos fueran atendidos fuera de los tiempos legales, debido a que realizaban el “control interno de forma manual”, por lo que necesitaban implementar “un sistema de alarmas automatizado, que sirvan como una herramienta que coadyuve en la gestión de una manera oportuna, eficiente y eficaz en la atención y seguimiento de los juicios y procedimientos en los que son parte el presidente de las áreas de la Consejería Jurídica”.
Este texto fue elaborado por el equipo de Animal Político y lo reproducimos con su autorización.
A lo largo del sexenio, el gasto federales para mantenimiento de carreteras ha tenido disminuciones que ya se reflejan en malas condiciones de las vías y en un aumento de la siniestralidad.
Texto: Zedryk Raziel, Nayeli Roldán e IMCO / Animal Político
Fotografia: Oscar Guerrero / Archivo
En los últimos cuatro años, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) alertó sobre el riesgo de un aumento de accidentes carreteros ante la disminución de verificaciones al autotransporte, debido a la falta de personal y de viáticos para el traslado de funcionarios, por no autorizar la contratación de los médicos que hicieran exámenes físicos a los choferes, así como por falta de recursos para reparar las básculas descompuestas que debían pesar las cargas.
Evitar el riesgo requería una cosa: más presupuesto.
Sin embargo, la petición no fue escuchada y, en cambio, el pronóstico se cumplió. El 2021 es el año de mayor siniestralidad del último lustro, con 15 mil accidentes carreteros, un aumento de 22% en comparación con 2018.
Ese año fallecieron 3 mil 298 personas y 8 mil 217 resultaron lesionadas, con una pérdida económica de más de 80 millones de dólares, según datos del Anuario Estadístico de Colisiones en Carreteras Federales del Instituto Mexicano del Transporte, órgano desconcentrado de la SICT.
Los riesgos que traería la falta de personal y de recursos fueron advertidos por los funcionarios de la SICT en sus Programas de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) de 2019 a 2022, los reportes trimestrales elaborados por cada dependencia en los que se evalúan los riesgos que podrían impedir cumplir con sus metas y objetivos.
Las denuncias hechas por los funcionarios tienen datos que las confirman: el recorte de presupuesto para el mantenimiento carretero tuvo una disminución de 28% en 2021, lo que significó 10 mil millones de pesos menos para invertir en la red carretera de todo el país.
Animal Político y el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) realizaron esta investigación para comprobar los efectos de la “austeridad republicana” entre la labor de los funcionarios públicos y los servicios que reciben los ciudadanos. Uno de los análisis específicos fue el mantenimiento carretero, un servicio indispensable en todo el país —usado por millones de personas— y para la economía y el abasto de productos.
El análisis se centró en la comparación del presupuesto ejercido para el capítulo 6000 correspondiente a “inversión pública”, y específicamente en los conceptos 62501 “construcción de vías de comunicación” y 62502 “mantenimiento y rehabilitación de las vías de comunicación”, a cargo de la Dirección General de Conservación de Carreteras de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y los Centros SICT en todos los estados.
De ese análisis se desprende que en 2018 el gobierno invirtió 31 mil 468 millones de pesos en dichos rubros, y el año siguiente, 38 mil 389 millones, un aumento de 22% en términos reales, pero que no se repitió en los años siguientes.
En 2020, el gasto fue de 26 mil 500 millones de pesos; en 2021, bajó a 21 mil 300 millones de pesos; en 2022, se ejercieron 22 mil 569 millones, y para 2023, se prevé un presupuesto de 31 mil 983 millones.
Para esta investigación, se ha comparado el presupuesto de 2018, el último año de gobierno de Enrique Peña Nieto, con 2022; también, 2019 con 2023, para comparar entre la misma administración, y dejando fuera 2020 y 2021, el periodo de pandemia que trajo gastos atípicos.
Entre 2018 y 2022, hubo un recorte de 28% en términos reales en los dos conceptos presupuestales destinados al mantenimiento de carreteras federales. Mientras, entre el presupuesto ejercido de 2019 y el presupuesto para 2023, el recorte es de 16% en términos reales.
En contraste, los accidentes aumentaron.
Entre 2011 y 2015, hubo cifras elevadas de colisiones, personas lesionadas y fallecidas, vehículos siniestrados y daños materiales, pero a partir de 2016, comenzaron a disminuir, hasta alcanzar un mínimo en 2020, durante la pandemia, que limitó la movilidad debido a restricciones sanitarias. Sin embargo, en 2021 hubo un repunte drástico, que lo convirtió en el peor año en un lustro.
En 2020, por ejemplo, hubo 11 mil 449 colisiones en carreteras federales, con 6 mil 706 personas lesionadas y 2 mil 722 fallecidos, pero en 2022 hubo 15 mil 020 accidentes que cobraron la vida de 3 mil 298 personas y provocaron lesiones a 8 mil 217.
Otros indicadores para medir los accidentes carreteros son el índice de accidentalidad y de mortalidad por cada 100 millones de vehículos-kilómetro, elaborado por el Instituto Mexicano del Transporte. En 2021, el índice de accidentalidad fue de 9.84, cifra más alta entre los últimos cinco años; la más alta es de 2015, con 12.5. Mientras, el índice de mortalidad fue de 2.16, cifra más elevada desde 2016, con 2.41.
En tanto, la “estimación del costo de la siniestralidad” es elaborada con una metodología del International Road Assessment Programme y mide el “valor estadístico de la vida”, asignando un valor a cada víctima mortal y lesionada por colisión en relación con el PIB per cápita.
En 2021, el costo de la siniestralidad de los accidentes carreteros fue de 2 mil 213 millones de dólares, la cifra más grande del último lustro y que se acerca al máximo registrado en 2016, con 2 mil 533.2 millones.
Esto demuestra que el supuesto “ahorro” no es tal.
«Se trata de un gasto trasladado a los ciudadanos”, asegura Javier Corral, exgobernador de Chihuahua, quien comprobó el abandono de las carreteras federales durante su gestión. Además, dice, “el peso que dejas de invertir en el mantenimiento un año se convierte en un costo que se triplica al siguiente año, se cuadruplica o quintuplica al tercer año, y es un gasto mayor. Esto es un mal concepto de austeridad”, advierte.
La imagen corresponde a la de un accidente automovilístico sobre la Autopista del Sol, a la altura del Fraccionamiento El Mirador en Chilpancingo, Guerrero, ocurrido el 27 de junio del 2022.
Las alertas ignoradas
El área de Administración y Finanzas de cada dependencia (antes Oficialía Mayor) se encarga de realizar un reporte trimestral con los problemas detectados y calificados como riesgo “alto, medio o bajo”, de acuerdo con la gravedad, conocido como Programa de Trabajo de Administración de Riesgos, que es entregado a la Secretaría de la Función Pública.
En teoría, esto tiene la finalidad de corregir los riesgos para asegurarse de que las dependencias cumplan con sus objetivos y metas anuales. Pero en realidad, no es así.
En el primer trimestre de 2019, los funcionarios de la SICT catalogaban en riesgo “alto” que “la red carretera federal tenga altos índices de accidentes carreteros por la falta de verificación y vigilancia al autotransporte federal” y que “la red carretera no modernizada construida y conservada (esté) provocando costos operativos no competitivos para el transporte de personas y mercancías, disminuyendo la seguridad e impulso al desarrollo social y económico”.
En los siguientes trimestres, el tema fue evaluado como riesgo “medio” debido a las acciones implementadas para corregirlo, pero se advertía que había una probabilidad de ocurrencia de 7 en una escala de 10.
Para el año siguiente, en 2020, el indicador sobre la red carretera advertía que solo tenía un avance de cumplimiento de 35% en el programa anual de verificaciones de peso y dimensiones, debido a “problemas de logística, presupuestales y que autoricen el resto de las plazas vacantes de médico y paramédico”.
La propuesta de solución en ese reporte era “realizar las gestiones necesarias para concretar la entrega de todo el equipo médico, el faltante de mobiliario a las unidades y las acciones necesarias para lograr que se autoricen las plazas vacantes”, asienta el reporte anual.
En 2021, el problema persistía y con otro elemento, la pandemia impuso restricciones de movilidad, lo que les impidió hacer operativos en los horarios previstos. Sin embargo, otro problema era “la falta de presupuesto para el mantenimiento preventivo y correctivo de las básculas y de viáticos para los servidores públicos”.
Hasta el segundo trimestre de 2022, ya pasado el año de mayor siniestralidad del sexenio, los problemas no habían sido corregidos. Continuaba la disminución en el presupuesto para el mantenimiento preventivo y correctivo de las básculas y de viáticos para los servidores públicos encargados de los operativos. Además, tampoco tenían “una herramienta tecnológica para revisar los expedientes”.
Y se sumaba otro problema. “La inseguridad que se presenta en las carreteras a causa de la presencia de grupos delincuenciales nos obliga a quitar el operativo, ya que en caso contrario amenazan con tomar otro tipo de acciones”, advertían los funcionarios.
Las protestas en Chihuahua
El pasado 15 de septiembre, pobladores convocaron a un bloqueo a la vialidad para exigir la reparación del camino, tras el fallecimiento de varias personas en accidentes recientes.
«¡Ya estamos cansados! ¿Cuántas veces tendremos que suplicar que se arreglen las carreteras? Nos pidieron renovar placas y lo hicimos pagando por tener mejor servicio, van muchas personas fallecidas a lo largo del estado, pero en cuanto a lo que nos toca y concierne vamos a comenzar a actuar. ¡Ya basta! ¿Cuántas personas más van a tener que morir en nuestras familias, cuántos hogares más van a destruir?”, fue el llamado a la protesta.
«¡Que las muertes de Bety, Roberto Borjas y hoy Aislin no sean en vano! EXIGIMOS a las autoridades arreglo o por lo menos bacheo de la carretera Cuauhtémoc a Basaseachi; sabemos que son incontables los fallecidos y heridos que hay (como) resultado de las pésimas condiciones de la carretera, por lo que invitamos a todos los que han sido perjudicados, desde una llanta tronada, un rin achatado, un accidente o una pérdida familiar a sumarse este 15 de septiembre para cerrar y no permitir el tráfico y el flujo vehicular al municipio de Guerrero”.
Un columnista de El Diario de Chihuahua relató que estuvo a punto de sufrir un accidente a causa de las malas condiciones de la carretera, que calificó de “criminales”.
«La diversión extrema —y peligrosa— la experimenté entre el kilómetro 125 al 140, rumbo a La Junta. De no ser por la pericia de este servidor, una pick-up de modelo atrasado hubiese provocado un accidente de pronóstico reservado. El conductor de dicho mueble intentó hacerse al carril derecho, y cuando me disponía a rebasarlo giró intempestivamente al carril izquierdo por tratar de esquivar soberanos cráteres en el asfalto. Si no freno fuerte para evitar la colisión, nos carga el payaso. De La Junta a la bifurcación de San Juanito y Basaseachi, las condiciones de la carretera empeoraron”, narró.
Por ser la entidad con mayor extensión del país, Chihuahua es un caso modélico que muestra los impactos negativos de los recortes al presupuesto federal para mantenimiento de carreteras.
El exgobernador Corral afirma que en el estado hay vialidades federales que, en la actualidad, están en “ruinas”.
«Un tema que en Chihuahua está causando un gran impacto en la gente es el recorte al mantenimiento del sistema carretero federal. Tú podrías ver las carreteras de Chihuahua hace cuatro años y, efectivamente, había un déficit de mantenimiento del 25 o 30%, que incluso el estado a veces suplía o sustituía, pero hoy se ha dejado de dar mantenimiento prácticamente a toda la red federal”, advierte.
«Hay una red que está literalmente en ruinas, y que era uno de los grandes orgullos de Chihuahua, que son las carreteras que llevan a la Sierra y por las que transita el turismo nacional e internacional, que es la carretera que va de la Junta a Basaseachi, son 100 kilómetros de hoyos, pero ya hoyos, no estamos hablando de baches”.
«¿Qué sucede?”, prosigue. “Que desconfiaron de los sistemas locales de proveeduría y mantenimiento, porque antes se les asignaba a pequeños contratistas de la región el mantenimiento de esas carreteras, pero alguien dijo que todo eso era puro robadero y, en lugar de investigar, de sancionar a los responsables o saber realmente en dónde sí y en donde no (había corrupción), decidieron suspender todo el sistema de mantenimiento”.
En el tramo carretero de Chihuahua a La Junta, que mide 135 kilómetros, han aumentado los accidentes, de acuerdo con cifras oficiales de la SICT. En 2018, se registraron 28 colisiones; en 2019, 39; en 2020, 33, y en 2021, 44.
Desde el inicio del sexenio, el gobierno de López Obrador prometió austeridad para acabar con los gastos suntuosos. Pero a cuatro años de administración, la tijera no solo recortó los excesos, sino también insumos y rubros básicos para la operación del gobierno y la atención a la ciudadanía, de acuerdo con esta investigación de Animal Político y el IMCO.
Texto: Nayeli Roldán, Zedryk Raziel e IMCO / Animal Político
GRÁFICOS: Andrea Paredes y Jesús Santamaría
Antes de tomar posesión como presidente, Andrés Manuel López Obrador dio la orden de recortar gastos: “Seamos austeros”. Su lema “No puede haber gobierno rico con pueblo pobre” se materializó en la Ley de Austeridad Republicana.
La justificación: había toallas de 4 mil pesos, gastos en cocineros, escoltas, autos, asesores, seguro de gastos médicos…
Sin embargo, a cuatro años de austeridad, no solo se han recortado gastos suntuosos. También se dio un golpe a la operación misma del gobierno con recortes de personal, cancelación de prestaciones, falta de material para el trabajo cotidiano, vehículos detenidos por falta de gasolina, baños y elevadores descompuestos, oficinas a oscuras.
Los afectados no son solo burócratas y funcionarios.
Los recortes son de este tamaño: todo el gobierno tuvo 50% menos en insumos básicos como hojas, impresoras o fotocopiadoras entre 2018 y 2022, pero en Bienestar, la disminución llegó a 98%; en Presidencia, a 93%; en Hacienda y Función Pública, a 80%.
En los servicios generales, tan básicos como la electricidad, el internet o el agua, entre otros, el recorte fue de 37% entre todo el gobierno, aunque en ocho dependencias las disminuciones alcanzaron entre 80% y 90%, como Economía, Cancillería, Desarrollo Agrario o Turismo.
Estos recortes se traducen en que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, por ejemplo, prefirió recortar personal y no revisó ni arregló las principales carreteras, lo que hubiera evitado muertes.
La situación también se refleja en falta de viáticos que permitieran a la Secretaría de Educación Pública enviar personal que verificara daños en escuelas reportadas como inundadas o robadas. Como nadie verificó, no se pudieron cobrar los seguros.
Funcionarios de Bienestar tienen que hacer “vaquitas” para comprar papelería. Los de Cancillería pierden tiempo esperando el elevador que los lleve a alguno de los 23 pisos de su torre, porque la mitad está descompuesta. En Semarnat, trabajan con software pirata. El archivo digital del Registro Agrario Nacional está a punto del colapso por falta de presupuesto para su mantenimiento.
La consecuencia: el servicio a los ciudadanos ha empeorado.
Las denuncias por la negativa o inadecuada prestación de servicios públicos han aumentado en 38%, y la violación al principio de legalidad en el desempeño de la función pública creció en 17% entre 2018 y 2020, según datos del Censo Nacional de Derechos Humanos del Inegi.
La evolución del gasto fue comparada entre 2018 y 2022 para contrastar las cifras del gobierno de Enrique Peña Nieto con las de Andrés Manuel López Obrador. También, entre 2019 y el presupuesto para 2023, para analizar los cambios presupuestales solo en la actual administración, y dejando fuera del análisis 2020 y 2021, porque los años de pandemia provocaron gastos atípicos.
De esta comparación se desprende que la austeridad ha sido selectiva, porque recursos hay, y cada vez más. La administración de López Obrador gastó 3% más en términos reales que en 2019, cuando ejerció 7 billones 156 mil millones de pesos, en comparación con Peña Nieto en 2018, que ejerció 7 billones 102 mil millones. Pero al comparar 2019 con 2023, el crecimiento presupuestal es de 16% en términos reales, pues para el quinto año de gobierno tendrá 8 billones 299 mil millones de pesos de presupuesto.
Pero aun cuando la administración de López Obrador gastará más dinero el próximo año, los recortes para el funcionamiento de las oficinas de gobierno continuarán, porque la prioridad siguen siendo las obras insignia de esta administración y los programas sociales, que cada año tienen aumentos presupuestales.
El 2023, el gobierno federal tendrá 340 mil millones de pesos para materiales y suministros indispensables para trabajar en sus oficinas, un recorte de 26% en comparación con 2019, cuando tuvo 458 mil millones.
Para servicios generales tendrá 41% menos en 2023, es decir, 157 mil millones menos. Esto en realidad no es “ahorro”, sino el aplazamiento de un gasto que podría ser mayor ante la falta de mantenimiento de inmuebles cuyos desperfectos se pueden agravar.
Animal Político y el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) realizaron esta investigación para comprobar los efectos de la “austeridad republicana” en la labor cotidiana de los funcionarios y su repercusión entre los ciudadanos y los servicios que deben recibir.
La investigación se hizo a través de la revisión de los Programas de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) de todas las dependencias, un reporte trimestral y obligatorio por ley en el que se evalúan los riesgos que amenazan las metas y los objetivos institucionales; de los Informes de Austeridad, que reportan los montos “ahorrados”; de encuestas del Inegi y de decenas de entrevistas a funcionarios y exfuncionarios de todos niveles (cuyos nombres fueron cambiados en todos los casos para evitar represalias).
Igualmente, con el análisis de Cuentas Públicas y del presupuesto asignado y ejercido de los principales rubros para que el gobierno funcione: servicios personales (pagos y prestaciones a empleados), materiales e insumos (artículos de papelería, higiene, refacciones de máquinas, etcétera) y servicios generales (rubro que lo mismo incluye mantenimiento a edificios para dar servicios a ciudadanos que la ciberseguridad para evitar robo de información).
GRÁFICOS: Andrea Paredes y Jesús Santamaría
Trabajar sin lo mínimo indispensable
Al inicio de la pandemia, en abril de 2020, la instrucción de trabajar en casa puso en apuros al área de Magali, exfuncionaria de la Secretaría de Gobernación. Ahí trabajaban 12 personas, pero solo había una laptop. Todas debían seguir trabajando, así que algunas, como ella, tuvieron que comprar un equipo adicional; en su caso, la única computadora en casa la ocuparía su hija para tomar clases a distancia.
Otros más no pudieron hacer ese gasto, “por eso regresamos a trabajar por turnos”, cuenta Magali; sin embargo, eso alentaba los procesos burocráticos, de por sí poco eficientes. Además, al trabajar en la oficina, “no había ni siquiera hojas para poder imprimir archivos, por eso andábamos recolectando hojas con otras áreas y luego las reponíamos”. Esto, porque solo les entregaban un paquete de papelería cada mes; si se acababa, no les resurtían.
Mónica, exfuncionaria de la Secretaría de Hacienda, asegura que en los últimos dos años no había papelería para armar carpetas ni siquiera para las reuniones relevantes con funcionarios de organismos internacionales o para el mismo secretario; se eliminaron las impresoras a color y a veces ni siquiera había hojas; el extremo era limitar el papel higiénico, pues les repartían un rollo a granel por cada sanitario una vez al mes.
“Nosotros comprábamos cosas de papelería por fuera para cumplir con el trabajo, pero todo eso nos hizo sentir que el servicio público era devaluado, pese a que éramos los empleados que sacaban el trabajo todos los días”, relata Mónica.
En la Semarnat, no solo tenían computadoras obsoletas; tampoco tenían programas instalados porque los mandos no quisieron pagar las licencias. Los trabajadores usaban versiones pirata o software libre, lo que incrementaba el riesgo de ataques cibernéticos y poca eficiencia; los funcionarios optaron por llevar sus propias computadoras, explica Sofía, otra exempleada.
Los números confirman esto.
Como parte de la investigación, en Animal Político y el IMCO se analizó el “Clasificador por objeto del gasto”, donde se encuentran organizadas por claves cada una de las cosas que se compran, contratan o arriendan para el funcionamiento de gobierno. Luego se consultó con fuentes, como exoficiales mayores, para seleccionar los servicios y artículos básicos para poder trabajar en las oficinas gubernamentales, desde energía eléctrica hasta arrendamiento de edificios, o seguridad informática, y se obtuvo una selección de 38 conceptos. De ellos, 30 tuvieron recortes.
De ese análisis se desprende que, por ejemplo, la clave 21101 correspondiente a “materiales y útiles de oficina” —que incluye papelería, formas, libretas, carpetas y cualquier tipo de papel, útiles de escritorio como engrapadoras, perforadoras manuales, sacapuntas, entre otros— tuvo un recorte de 22% entre 2018 y 2022, y para 2023, los funcionarios tendrán aún menos papelería, con 2 mil 115 millones de pesos, es decir, mil 270 millones menos en comparación con 2018.
En la Secretaría de Bienestar, la dependencia encargada de la distribución de miles de millones de pesos de los programas sociales, la principal acción en materia social, las reparaciones de impresoras y fotocopiadoras y la renovación de equipos de cómputo tardaron más de lo normal, mientras que los faltantes de tóner y hojas han hecho que los funcionarios también tengan que comprar insumos para trabajar, cuenta José, un exfuncionario.
El recorte explica estos faltantes. La compra de materiales y útiles de impresión, de la partida 212021 —que incluye la “adquisición de materiales utilizados en la impresión, reproducción y encuadernación”— tuvo un recorte de 50% entre 2018 y 2022.
Mientras, el concepto 29301 “refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración” —que abarca fotocopiadoras, escritorios, sillas, archiveros, máquinas de escribir, calculadoras— tuvo 40% menos. Y el mantenimiento y la conservación de bienes informáticos como computadoras, impresoras, dispositivos de seguridad, reguladores, fuentes de potencia ininterrumpida, entre otros, incluido el pago de deducibles de seguros, tuvieron 15% menos dinero entre 2018 y 2022.
El “ahorro” sale caro
Cinco meses después de asumir la presidencia, el 3 de mayo de 2019, Andrés Manuel López Obrador dirigió un memorándum a los funcionarios de su gobierno para instruirlos a vivir “en la justa medianía”. Enlistó 13 medidas de “austeridad republicana” que se sumaban a la eliminación de los seguros de separación individualizada y de gastos médicos y viáticos.
Esto provocó que funcionarios experimentados renunciaran para trabajar en la iniciativa privada, con salarios acordes a sus conocimientos y la calidad de vida que su trabajo les permitía, relatan exdirectivos.
Eso ocurrió en la Procuraduría Fiscal. Sin embargo, explica una fuente, dicho órgano debe tener abogados lo suficientemente expertos para enfrentar a feroces despachos de grandes empresas que evitan a toda costa pagar multas. Cuando el gobierno pierde estos juicios, significa miles de millones de pesos que no entran a las arcas, por lo que sería incluso más rentable pagar sueldos competitivos a abogados que ganen esos litigios y lograr esas recuperaciones, que ni siquiera se comparan mínimamente con sus sueldos.
La Secretaría de Hacienda incluso advirtió en 2020 que existía este riesgo en la Procuraduría Fiscal debido a sus recursos humanos: “La Subprocuraduría Fiscal Federal de Amparos identificó ciertos factores que podrían incidir en la atención de asuntos jurídicos de forma deficiente o fuera de plazos legales establecidos en los diversos juicios”.
La solución de ese riesgo era realizar “acciones dirigidas a lograr la especialización de los recursos humanos, mediante la identificación de necesidades de capacitación y gestión de cursos correspondientes y la evaluación de personal”, según se asentó en su Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2020.
Incluso, otro problema era el personal de recién ingreso poco competente en todas las dependencias, como quedó asentado en el reporte de riesgos de Hacienda 2021. “Los programas y proyectos de inversión fueron gestionados de manera deficiente”, por lo que dichos proyectos (que requieren financiamiento público) “tuvieron retraso y posible suspensión derivado del incumplimiento de envío de evaluaciones”.
Por ello, la Unidad de Inversiones de Hacienda se comprometió a realizar “acciones relacionadas con capacitación a servidores públicos de las instituciones públicas y a su personal al interior de la unidad, así como para el monitoreo en materia de evaluaciones de las dependencias”.
Otras medidas dictadas por López Obrador desde 2019 fueron el recorte de 30% en distintos insumos como papelería, materiales de impresión, combustibles, viáticos nacionales, estudios e investigaciones, y 50% de recorte en viajes al extranjero, arrendamiento de vehículos y subcontratación de servicios con terceros. Incluso, impuso que los viajes de funcionarios al extranjero debían ser aprobados por él.
Pero los viajes al extranjero y los viajes dentro del país no necesariamente son un lujo sino una necesidad para cumplir con labores de gobierno y atención a ciudadanos. Por ejemplo, los funcionarios de la SEP deben revisar las afectaciones a escuelas durante siniestros como la inundación de Tabasco en 2020 o los robos ocurridos durante la pandemia.
Los viáticos apenas ascenderían a unos 10 mil pesos por visita, pero sin ese presupuesto, los funcionarios no pudieron acudir a las escuelas para verificar los daños, un requisito indispensable dentro del trámite para hacer efectivos los seguros.
Las revisiones estuvieron a cargo del ajustador de la empresa de seguros (que siempre buscará pagar menos) y, para tener a un representante de gobierno, la SEP tuvo que contratar a un despacho para acompañar las revisiones, es decir, en este caso solo se prohibieron los viáticos, pero no hubo ahorro.
A esto se suma que la SEP debe firmar convenios con las autoridades de las escuelas que recibirán el seguro tras algún siniestro. Dichos documentos deben ser firmados por el titular de Recursos Materiales y otros funcionarios. Sin embargo, si alguno fue despedido o renunció, los documentos deben ser reemplazados para tener las firmas de los funcionarios en activo.
“La directora podría tener hasta 150 convenios en su escritorio esperando las firmas de nuevos funcionarios. Y hasta no tenerlos, las escuelas no reciben el seguro. Esto provocó retrasos de hasta un año. A la fecha, no han reparado la totalidad de escuelas en Tabasco”, dice Martín, un exfuncionario de la dependencia.
A esto también se suma que, ante los siniestros, el Fonden entregaba dinero de manera directa a la SEP para hacer frente a las reparaciones en las escuelas, pero al desaparecer (también por orden presidencial), la dependencia debió pagar una póliza más alta del seguro para catástrofes, que solo en 2021 ascendió a más de 900 millones de pesos.
Respecto de los viajes al extranjero y viáticos, es cierto que ocurrieron excesos en el sexenio pasado, por ejemplo cuando Peña Nieto viajó a Francia para los festejos del Día Nacional con una comitiva de 143 personas. Sin embargo, presupuestalmente los viáticos al extranjero también forman parte de funciones del gobierno y no todos los gastos son superfluos, advierten funcionarios.
En la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), los viajes al extranjero forman parte de su responsabilidad y razón de ser. Sin embargo, hubo un recorte de 42% en servicios de traslado y viáticos comparando el presupuesto de 2018 contra 2022.
Es decir, la dependencia ha tenido las mismas responsabilidades que siempre, pero tuvo 154 millones de pesos menos en viáticos.
Si bien los viajes en el mundo durante la pandemia de COVID-19 se frenaron, hacia 2021 comenzaron a retomarse actividades y la petición de evitar los recortes en este rubro fue expuesta en el Informe de Austeridad de la SRE, documento que todas las dependencias deben entregar al Senado anualmente.
En el apartado de “Posibles mejoras a las medidas de austeridad republicana”, la Cancillería explicaba que “las medidas de austeridad no deberían aplicarse bajo el mismo porcentaje y en los mismos rubros en toda la Administración Pública Federal; como ejemplo, el caso de esta dependencia cuya misión es conducir la política exterior mexicana mediante el diálogo, la cooperación, la promoción del país y la atención de los mexicanos en el extranjero, así como coordinar la actuación internacional del Gobierno de la República”.
“Para el caso de las comisiones oficiales al extranejro no debería aplicarse el mismo porcentaje de ajuste que, por ejemplo, a una dependencia cuyas actividades son en un 90% o más en nivel nacional en comparación con Relaciones Exteriores, donde más del 70% de sus actividades son a nivel internacional. Todo lo anterior, derivado de la naturaleza de su existir”.
Pero esa petición no fue escuchada. Para 2023, la Cancillería tendrá 16% menos dinero que en 2019 para gastos de viáticos y traslados, pese a que todas las actividades presenciales han sido restablecidas tras la pandemia.
La falta de viáticos para responsabilidades internacionales provocó que en 2020 México perdiera su lugar en el Comité Ejecutivo del Marco Inclusivo de la OCDE, encargado de revisar los impuestos a la economía digital, debido a que no hubo recursos para el viaje. El lugar de México fue ocupado por Argentina, como se pudo comprobar en la lista de integrantes de abril de 2022.
También perdió su lugar en el Fondo Verde para el Clima (Green Climate Fund), uno de los tres principales organismos de financiamiento climático de la ONU y cuya representación estaba a cargo de Hacienda, pero en este caso la salida del país fue provocada por una permanente rotación del representante ante despidos o renuncias.
Hacienda incluso advirtió la falta de viáticos como un riesgo, “la insuficiente provisión de viáticos aéreos y terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales”, según asentó en su programa de riesgos.
En riesgo, millones de hectáreas del país
La plataforma del Sistema Registral Automatizado del Registro Agrario Nacional (RAN) está a punto del colapso por falta de presupuesto para realizar el respaldo. Se trata del sistema que almacena cada una de las actas de propiedad de la tierra en el país, de los juicios agrarios y toda la información digitalizada que da certeza a la tenencia de cada hectárea.
Desde 2019, el RAN ha solicitado 38 millones de pesos solo para asegurar el respaldo de la plataforma, aunque actualizarla costaría 100 millones. Pese a que se trata de un asunto crítico y que podría traer consecuencias incalculables, cada año les han negado el presupuesto extra bajo la misma razón: las medidas de austeridad.
Además, los recortes de personal y de insumos han dejado al RAN con lo mínimo para atender a los millones de ciudadanos, a veces los más pobres, en los cientos de trámites que solicitan a diario.
Así lo reconoció incluso su titular, Plutarco García, en una comparecencia ante la Cámara de Diputados en abril de 2022: “Debido a la austeridad y a los recortes presupuestarios, el RAN opera con menos personal a nivel central y en las oficinas de los estados. Esto nos ha creado un problema de acumulación de demandas, y con la llegada de la pandemia nos vino a limitar más la atención que teníamos programada con anterioridad”.
Con menos personal, el RAN debe atender a miles de ciudadanos, pero también proporcionar información y resolver los trámites para las obras prioritarias del presidente, como el Tren Maya, el Aeropuerto Felipe Ángeles, el proyecto ecológico del Lago de Texcoco o el Corredor Interoceánico, el plan de justicia de la Tribu Yaqui y el de la Selva Lacandona.
De esta ecuación, más trabajo, menos insumos y poco personal, alguien paga las consecuencias: los ciudadanos.
En la oficina del RAN de Toluca, la fila de personas recorre la calle Josefa Ortiz de Domínguez y da vuelta hacia la avenida Miguel Hidalgo. Ahí está Justina, de 62 años, junto a su hija y nieta, formadas desde las 6:00 de la mañana para no perder la cita que le dieron un mes antes. Tramitará la “vigencia de derechos” de sus tierras en el Estado de México, un documento indispensable para acreditar la propiedad en una zona ejidal.
La constancia de derechos es el trámite más solicitado en el RAN y representa hasta 25% de los documentos procesados en las 34 ventanillas del organismo en todo el país. En 2018, por ejemplo, hubo 223 mil personas que obtuvieron ese documento, y en 2020, durante la pandemia y con las oficinas cerradas, el número cayó a 109 mil, pero aun así es un número que equivale a llenar cinco veces el Palacio de los Deportes.
Cuando al fin es atendida, le explican que deberá traer documentación, luego hacer una cita por internet y esperar hasta un mes. O si quiere ser atendida sin cita, debe formarse antes de las 7:00 de la mañana para alcanzar una de las 100 fichas que se reparten cada día. Después, deberá esperar 60 días para que le entreguen el documento.
Desde 2019, funcionarios del RAN se dieron cuenta de que había solución para que usuarios como Justina no perdieran tiempo ni dinero, y que los burócratas no invirtieran miles de horas de trabajo en este trámite. El área de informática creó la propuesta para que pudiera hacerse en línea y, con unos cuantos clics, los usuarios pudieran conseguir el documento de manera automatizada.
Avanzaron en la propuesta, pero tres años después aún no se concreta debido a que no hay personal suficiente para dar seguimiento a la propuesta; los funcionarios que quedan tras el recorte de plazas apenas alcanzan a resolver lo urgente, aun trabajando el doble.
Otro elemento es que este tipo de propuestas era atendido por la Secretaría de la Función Pública, pero al tratarse de una innovación tecnológica, ahora debe ser aprobada por Gobierno Digital, área que ha concentrado todas las decisiones en la materia para todas las instituciones, como como parte de la centralización de facultades en Presidencia y que se ha convertido en un cuello de botella.
Justina y miles más seguirán pasando horas esperando un turno en ventanilla.
Fotografia: Cromática, agencia fotográfica y multimedia
Chilpancingo
El presidente Andrés Manuel López Obrador estuvo en Acapulco la tarde de este martes, donde reconoció que el sistema de salud en Guerrero enfrenta carencias como la falta de médicos, enfermeras, aparatos y hasta medicamentos.
López Obrador encabezó el banderazo de inicio del Plan de Salud IMSS-Bienestar en la colonia de Ciudad Renacimiento, ubicada en la zona suburbana de este municipio, donde hay altos índices de marginación y pobreza, además de la alta tasa de homicidios y otros delitos.
El acto se desarrolló en el Hospital General Donato G. Alarcón y previo a la llegada de López Obrador, hubo múltiples protestas de trabajadores, campesinos y colonos que exigían solución a sus demandas.
López Obrador cuestionó que aun cuando en Acapulco está la sede de la Secretaría de Salud –como parte de su programa de su gobierno de descentralización de las secretarías– en los hospitales y centros de salud no hay suficientes médicos, enfermeras, enfermeros, equipo y medicamentos.
«Pero además de todas estas carencias los centros de salud solo están abiertos de lunes a viernes y eso se va acabar, porque la gente también se enferma los sábados y domingos», expuso el presidente quien estuvo acompañado por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, el director del IMSS, Zoé Robledo y el Secretario de Salud, Jorge Alcocer además de la alcaldesa de este municipio, Abelina López Rodríguez.
En su discurso, el mandatario se comprometió a levantar el sistema de salud en el país. Fue una promesa que hizo al inicio de su gobierno, pero que se frenó, según él, por atender la pandemia por la Covid-19.
Ante cientos de personas que fueron a Acapulco a echarle porras, López Obrador prometió que los trabajadores del sector salud que no tienen una base laboral ahora la tendrán.
Esta promesa del presidente, que también la hizo en el 2018, cuando empezó su gobierno, tampoco la ha cumplido.
Previo a su visita este martes por la tarde, un grupo de trabajadores del Hospital General de Zihuatanejo lo recibieron con protestas y le exigieron garantía laboral y las prestaciones sociales que establece la ley.
«Vamos a garantizar que todos los trabajadores de salud que no tienen base ahora la tengan», dijo en su discurso el presidente.
Otro compromiso que hizo López Obrador es que habrá todos los aparatos necesarios en los hospitales y centros de salud de Guerrero y la instalación de cuando menos ocho centros para realización de hemodiálisis a las personas que padezcan una enfermedad en el riñón.
El presidente anunció que regresará a este mismo sitio en un plazo de seis meses para ver si todo lo que prometió se está cumpliendo.
Poco antes de la llegada del presidente, decenas de personas tomaron las calles para protestar.
Un grupo de campesinos del municipio de Acatepec, en la región de la Montaña, exigió que el gobierno federal cumpla con la terminación de un eje carretero en esa zona.
También protestaron empleados de Vectores de la Secretaría de Salud estatal que exigen mejores salarios, equipo y vehículos.
Unos 200 profesores estatales afiliados al Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG) cerraron casi 20 minutos los dos carriles de la costera Miguel Alemán para exigir al gobierno de la morenista Evelyn Salgado Pineda el pago de un retroactivo salarial que se los prometieron desde hace meses.
Autoridades estatales desactivaron esta última protesta luego de que a los profesores les hicieron efectivo el pago de 20 mil pesos.
Previo a la visita del presidente, autoridades del ayuntamiento enviaron desde este lunes varias brigadas de trabajadores para que realizaran labores de limpieza en las calles de esta colonia, ubicada en la zona suburbana de este puerto y una de las más violentas.
Se desplegó una fuerte operación de fuerzas federales y estatales.
Este lunes, en esta demarcación, un grupo armado entró a una vivienda y asesinó a balazos a una mujer e hirió a su esposo y a sus dos hijos.
Este martes, en esta misma colonia ocurrió una balacera entre integrantes de dos grupos armados y hasta el momento las autoridades estatales no han informado si hubo muertos o heridos.
López Obrador arribó a esta zona alrededor de las 16 horas y durante su trayecto hacia el Hospital a bordo de una camioneta, fue detenido por los manifestantes, a quienes los atendió.
Ya para cerrar su discurso, el presidente les dijo a los asistentes que en Guerrero tienen una excelente gobernadora, lo que originó que se escucharan algunos abucheos contra Salgado Pineda.
Luego Obrador les alzó la mano a la mandataria estatal y a la edil Abelina López Rodríguez.
Posteriormente se bajó del templete y la gobernadora lo siguió.
El gobierno de los Salgado resultó más efectivo que los del PRI en eso de mostrar músculo político utilizando el aparato gubernamental y, obviamente, los recursos públicos.
Los opositores de la llamada cuarta transformación no se han equivocado en calificar a este gobierno y a Morena como el PRIMOR. Son, por no decir iguales, casi idénticos.
Y vean si no.
Desde hace casi dos semanas en que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció, para este domingo 27 de noviembre en la Ciudad de México, su contramarcha con motivo de su cuarto informe de gobierno, el principal operador del gobierno de Guerrero, el senador Félix Salgado Macedonio -papá de ya saben quién- escribió en su Facebook el anuncio de la movilización.
En ese mensaje, Félix Salgado calificó de “fifis” y “carroñeros” a los del PAN, PRI y PRD así como empresarios que movieron mucha lana para movilizar una marcha en apoyo al INE pero en realidad era contra AMLO el pasado 13 de noviembre.
Lo que escribió el 16 de noviembre pareció una orden para que el gobierno de su hija empezara a accionar la operación acarreo.
Se presionó a los trabajadores estatales de contrato y hasta de confianza para que acudieran este domingo a la Ciudad de México para participar en la marcha.
Los autobuses fueron contratados por el gobierno estatal, a la gente también se le dieron tortas y refrescos.
El diputado local y dirigente de Morena, Jacinto González Varona, ahora aliado de los Salgado, aseguró que entre 12 y 15,000 acarreados, perdón, morenistas participarían en la movilización.
El diputado local morenista, Masedonio Basurto Mendoza, opositor a González Varona, calculó que se requerían cuando menos cinco milloncitos de pesos para contratar 375 autobuses para el traslado de 15 mil personas.
Le faltó al legislador hacer cuentas sobre los frutsis y las tortas para los acarreados, perdón, para los morenistas.
No hace falta decir que toda esa lana para la movilización salió en gran parte de recursos públicos.
O a poco creen que Félix, su hija, Evelyn y los demás funcionarios estatales sacaron dinero de su bolsa para movilizar a la gente. ¡Claro que no¡
El funcionario que de plano se saltó la barda fue el delegado estatal de la Secretaría del Bienestar, Iván Hernández Díaz, quien durante la semana que pasó dio la orden a los servidores de la nación de que deberían de ir a la marcha.
Ojalá y los jefes de las secretarías del gobierno estatal y dependencias federales les repongan el día que perdieron este domingo para obligarlos a ir a la Ciudad de México.
A los trabajadores, colonos, universitarios y campesinos los llevaron en autobuses y se les dio de comer torta y un refresco.
Pero seguramente Félix Salgado, su hija Evelyn Salgado y demás funcionarios estatales y federales se trasladaron en sus cómodas camionetas y fueron a comer por lo menos en un vips o sanborns ubicados en zonas exclusivas de la Ciudad de México, a donde solo acuden los fifis.
Cuando decimos que los de Morena copian los vicios del PRI solamente hay que ver las fotografías que Evelyn Salgado y otros funcionarios presumieron en sus redes sociales en donde aparecen encabezando el contingente guerrerense.
Se vio en tal papel al secretario general de Gobierno, Ludwing Marcial Reynoso Núñez, la secretaria de Salud, Aidé Ibáñez Castro, de Protección Civil, Roberto Arroyo, de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, el priísta, Eduardo Loria Casanova, de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Irene Jiménez.
Por supuesto, ahí iban los catrincitos Jesús Urióstegui, jefe de la Oficina de la gobernadora y Rubén Hernández, director del Poder Ejecutivo estatal.
Ambos funcionarios, cercanísimos del clan de los Salgado, han acumulado mucho poder en el gobierno tan es así que la mayoría de las decisiones que se toman en la administración a ellos se les consulta.
Cuando se creía que esas prácticas anacrónicas que realizaba el PRI eran ya del pasado ahora aquí en Guerrero las está reviviendo el gobierno local de la 4T.
Antes eran los Figueroa, -papá e hijo- José Francisco Ruiz Massieu, René Juárez, Astudillo, Aguirre, en sus dos periodos, uno bajo la camiseta del PRI y otro del PRD, ahora es Félix Salgado y su clan los que hacen esta clase de ejercicios caciquiles.
Así se les gastan los Salgado.
Chirrionazo.Ahora sí se pasó de lanza el gobierno de la torita Salgado con los reporteros y reporteras que cubren sus actividades oficiales. Resulta que el 20 de noviembre después del desfile para conmemorar la Revolución Mexicana, un tipo torvo, de pelo a rape, amenazó a los fotorreporteros Jessica Torres Barrera, de El Sur, y a Óscar Guerrero Ramírez, de Amapola Periodismo porque tomaron gráficas cuando impedían que varios de sus compañeros salieran del corral metálico.
La gobernadora Evelyn Salgado sigue sin informar si ese sujeto pertenece a su grupo de más de 20 guaruras que la cuidan.
Por cierto, la mandataria estatal en su participación en el acto de AMLO llegó hasta donde estaba el contingente de guerrerenses, se tomó la foto para subirla a sus cuentas personales de Twitter y Facebook y después se retiró. Se subió a su vehículo y llegó directo al zócalo. Evitó marchar con la prole.
