Ricardo Anaya rindió protesta en el Senado, en entrevista dijo que la reforma al Poder Judicial de Morena no es una «medicina» al sistema de justicia y que, por el contrario, podría provocar más problemas.
Texto: Redacción Animal Político
Foto: Fb Ricardo Anaya
29 de agosto del 2024
El excandidato a la presidencia y quien este jueves rindió protesta como senador plurinominal, Ricardo Anaya, defendió la urgencia de una reforma al Poder Judicial, sin embargo, descartó estar de acuerdo con la que propuso Andrés Manuel López Obrador.
Ante medios, dijo que el país sí necesita cambios en el sistema de justicia porque está “convencido” que hay “jueces de consigna”, incluso mencionó que por eso tuvo que salir del país cuando fue acusado por presuntamente haber participado en un esquema delictivo para el pago de sobornos a legisladores con recursos provenientes de Odebrecht para agilizar la aprobación de la reforma energética de Peña Nieto.
“Tuve que estar fuera del país porque tenía clarísimo que en un asunto que no tenía ni pies ni cabeza, se lo iban a turnar a un juez de consigna, y un juez de consigna te deja dos años ‘en el bote’ en lo que averiguan”, dijo en referencia a que se fue a vivir a Estados Unidos tras los señalamientos en su contra.
Sobre la reforma judicial propuesta por el gobierno de AMLO y que ha generado protestas e incluso el paro de trabajadores, Anaya dijo que la iniciativa no va a solucionar los problemas.
“La medicina que está proponiendo Morena no va a curar esta enfermedad (en el Poder Judicial). Por el contrario, creo que la reforma, en los términos en los que la están proponiendo, va a agravar el problema”.
Agregó que el tema central no es la elección de jueces y magistrados sino que Morena tendrá el “monopolio” para designar quiénes pueden participar y quiénes van a aparecer en las boletas en las que la ciudadanía va a votar y acusó que con esto, el Poder Judicial será “un apéndice del Poder Ejecutivo y eso no le conviene a nadie”.
Ricardo Anaya denuncia que habrá un régimen autoritario; dice que será un contrapeso ante mayoría en Congreso
El senador dijo que la única oposición son los 43 legisladores que no forman parte del oficialismo y que eso se verá en las votaciones y aseguró que de parte de Acción Nacional nadie venderá su voto pues serán responsables.
Sin embargo, mencionó que tampoco será una oposición que diga no a todo porque eso es algo que tampoco quieren los mexicanos.
“Debemos apoyar lo que en conciencia creamos que es bueno para la gente y nos debemos oponer con firmeza, con determinación, a todo aquello que estemos convencidos es dañino para el país y para la gente”.
Al ser cuestionado sobre posibles procesos legales en su contra dijo que la Sala Superior ha resuelto que nunca hubo una órden de aprehensión en su contra.
“No temo ninguna persecución. La Sala Superior ha resuelto con absoluta claridad que contrario a los que se ha especulado, no tengo una orden de aprehensión y por tanto, mis derechos políticos están a salvo. Aquí estoy, yo no llegué con un amparo, entré como un ciudadano común y corriente, si tuviera un problema legal no estaría aquí”.
Este texto es original de Animal Político y es reproducido con su autorización. Puedes leer la nota original aquí.
En un foro con participantes de Ecuador y Argentina, Citlalli Hernández, secretaria general de Morena, afirmó que reforma judicial busca un blindaje ante posteriores acciones judiciales en contra de su movimiento.
Texto: Animal político
Foto: Redes
06 de agosto del 2024
Chilpancingo
La reforma al Poder Judicial que Morena y su coalición partidista proyectan aprobar en septiembre busca blindar a ese movimiento y a sus integrantes de acciones jurídicas en su contra, como las ocurridas en países como Argentina y Ecuador. Así lo señaló la senadora y secretaria general de Morena, Citlalli Hernández, en un foro en el que participaron también representantes de gobiernos de izquierda latinoamericanos.
“Esta reforma al Poder Judicial me parece que, además de todo lo que podamos discutir en términos jurídicos, sociales, de justicia, de combatir privilegios, etcétera, sí tiene un contenido político, que es justamente blindarnos ante un posible uso de este poder”, señaló la legisladora.
En el foro “Judicialización de la política contra los proyectos del pueblo”, realizado en el Senado, la morenista acusó que el Poder Judicial ha sido utilizado para perseguir, amedrentar y detener los procesos de transformación en otros países de la región latinoamericana.
La secretaria general del Morena advirtió que el “lawfare”, como se le llama a la persecución política a través del Poder Judicial, ha ocurrido en distintos países latinoamericanos en contra de líderes políticos.
“El Poder Judicial es parte de los grandes resquicios del poder conservador y de los poderes fácticos que buscan quitar lo que la voluntad popular definió en las urnas”, sostuvo.
Citlalli Hernández señaló que el primer intento de “lawfare” en América Latina fue el intento de desafuero de Andrés Manuel López Obrador, ocurrido en 2005 cuando era jefe de Gobierno de la Ciudad de México.
“En ese momento no estaba conceptualizado o no se había discutido tanto como ahora, pero yo sostengo que quizás el primer intento de ‘lawfare’ en América Latina fue lo que vivió Andrés Manuel López Obrador en el 2005, cuando intentaron meterlo a la cárcel y empezar un proceso judicial para evitar su candidatura a la Presidencia de la República”.
La senadora reconoció en entrevista que, si bien desde hace varias semanas su partido promueve y discute la reforma judicial en espacios públicos pensando fundamentalmente en combatir la corrupción y acceder a una justicia mucho más expedita; también hay una reflexión de que el Poder Judicial se ha utilizado para detener proyectos de su movimiento.
Citlalli Hernández aseguró que la militancia de su partido y simpatizantes tienen claro que existe un constante ataque, pero aún no se ha interiorizado el fenómeno del “lawfare” ni los casos que han existido en torno a ello en la región en América Latina para perseguir expresidentes o funcionarios en turno mediante el Poder Judicial.
“No pudieron con Andrés Manuel López Obrador los adversarios de nuestro proyecto político. Son los intereses creados, los grandes oligarcas, los grandes dueños de medios de comunicación. El Poder Judicial se intentó, por lo menos en la última etapa del sexenio para detener reformas, para detener obras del presidente. En una lógica política para enaltecer a Norma Piña como una heroína de la democracia por no saludar al presidente”.
Casos Ecuador y Argentina
En el foro estuvieron presentes los senadores argentinos Anabel Fernández y Óscar Parrilli, así como el exministro de Cultura en Ecuador durante el sexenio de Rafael Correa, Galo Mora, quienes coincidieron que el Poder Judicial se ha convertido en persecutor político y público de los líderes populares.
El exfuncionario ecuatoriano Galo Mora, aseguró que lo que sobre el expresidente Rafael Correa hubo una persecución mediática y un “envenenamiento” de la población hasta orillarlo al exilio.
“Lo que buscan es la muerte pública y política de un líder popular”, dijo el exfuncionario.
Rafael Correa gobernó en tres periodos consecutivos su país de 2007 a 2017, antes de exiliarse en Bélgica. En abril de 2020, un tribunal de Ecuador lo sentenció a ocho años de cárcel por su culpabilidad en instigar en un grupo de funcionarios el delito de cohecho pasivo, mediante “un influjo psíquico”.
El documento judicial señala que se trata de un caso de corrupción que involucraba a empresas nacionales e internacionales que, a cambio de contratos millonarios, financiaron el movimiento político de Correa, Alianza País.
En tanto, Anabel Fernández, senadora por la coalición Unidad Ciudadana, retomó en el foro el caso de la expresidenta Cristina Fernández, que se encuentra actualmente de visita en México y ha enfrentado una sentencia por presunta corrupción.
La legisladora calificó al Poder Judicial como lo más parecido a una monarquía” y lo acusó de haberse deformado hasta convertirse en un poder de intervenir en las decisiones de los poderes Ejecutivo y Legislativo.
Cristina Fernández fue condenada a finales de 2022 a seis años de prisión por el delito de administración fraudulenta por presuntamente haber desviado fondos públicos a favor de un empresario. Asimismo, la política fue absuelta del cargo de encabezar una asociación delictuosa. Sin embargo, fue inhabilitada de por vida para ocupar cargos públicos. Desde un primer momento, Kirchner afirmó ser víctima de “lawfare”
La Guardia Nacional tiene más presencia en la Ciudad de México que en estados como Zacatecas, Tamaulipas, Colima, Michoacán y Sinaloa, distinguidos por sus altos niveles de violencia, de acuerdo con informe.
Texto: Alex Ortiz/Animal Político
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1 de agosto de 2024
En el estado de Colima, uno de los más pequeños de todo el país, los asesinatos son un mal que se padece a diario y no hay autoridad que los evite. Una muestra de esta violencia se dio apenas el pasado fin de semana, del viernes 26 al lunes 29 de julio, cuando se registraron 11 homicidios.
Siete personas fueron asesinadas a balazos mientras caminaban en la calle o esperaban afuera de una tienda. Una mujer fue víctima de homicidio al interior de su propia casa. Y los cuerpos o restos de tres personas fueron encontrados en la vía pública.
Estos no son casos aislados. Si algo se sufre en Colima, es la violencia, y eso lo demuestran las cifras oficiales del gobierno: durante 2023, en este pequeño estado del Occidente se registraron 891 asesinatos, equivalentes a 121 homicidios por cada 100 mil habitantes.
Para atender este problema, el gobierno federal apenas ha destinado 533 elementos de la Guardia Nacional, la institución insignia del presidente Andrés Manuel López Obrador en materia de seguridad pública.
En febrero de este año, el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal informó que Colima capital es la ciudad más violenta de todo el mundo. A pesar de eso, el estado donde se encuentra esa urbe no cuenta con suficientes elementos de la Guardia Nacional desplegados, según un informe publicado por la organización Causa en Común.
Incluso la Ciudad de México cuenta con más elementos de la Guardia Nacional, un total de 5 mil 253, aunque aquí la tasa de homicidios en 2023 fue de nueve por cada 100 mil habitantes, un cálculo 13 veces menor al de Colima. Esto pese a que la Ciudad de México es también la entidad con más policías locales.
Guardia Nacional despliega de forma desigual a sus elementos
La Guardia Nacional, creada en 2019 en sustitución de la Policía Federal, ha sido desplegada de forma desigual a lo largo del territorio mexicano, advirtió Causa en Común en un informe que fue presentado en el Senado de la República el día de ayer, 31 de julio.
El Quinto Informe del Observatorio de la Guardia Nacional y la Militarización en México muestra que, hasta marzo de 2024, la Ciudad de México tenía más elementos desplegados respecto a otros estados que se caracterizan por tener un alto nivel de violencia, en buena parte por las disputas y el control de los grupos del crimen organizado.
En esa situación se encuentran Zacatecas, donde hay mil 507 elementos de la Guardia Nacional; Tamaulipas, con 2 mil 867; Sinaloa, con 3 mil, 916, y Michoacán, con 4 mil 624.
Sobre este reparto de elementos de seguridad, el informe de Causa en Común señala: “A marzo de 2024, la Ciudad de México mantiene uno de los despliegues más importantes, pese a ser la entidad con la policías más numerosa del país y con índices delictivos más bajos que otras entidades con un menor número de elementos desplegados”.
El estado de Guanajuato, exhibido en varias ocasiones por el presidente López Obrador como uno de los más violentos del país, cuenta con la presencia de 5 mil 394 elementos de la Guardia Nacional, apenas 2% más que los que hay en la Ciudad de México.
En Chiapas, un estado de la República que actualmente sufre un problema grave de violencia por el crimen organizado en sus municipios que colindan con Guatemala, hay 5 mil 964 elementos de la Guardia Nacional, es decir, 13% más que los que hay en la capital del país.
Solo Guanajuato, Chiapas, Estado de México, Jalisco, Guerrero y Oaxaca tienen más elementos de la Guardia Nacional desplegados en comparación con la Ciudad de México, según la investigación de Causa en Común que se basa en los informes de seguridad del gobierno federal y en solicitudes de información hechas a las autoridades.
Causa en Común criticó a la Guardia Nacional por este tema debido a que en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública se estableció que esta dependencia “establece su despliegue operativo, considerando la incidencia delictiva presente en el país e informado en el reporte de incidencia delictiva del fuero federal, por entidad federativa, publicado por el Centro Nacional de Información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública”.
Guardia Nacional detiene más por robo que por crimen organizado
A cinco años de la creación de la Guardia Nacional, la organización Causa en Común reportó que esta institución de seguridad suele realizar más detenciones por el delito de robo que por casos relacionados al crimen organizado.
El informe de la asociación civil destaca que el último Censo Nacional de Seguridad Pública Federal del Inegi, con datos al 2022, señala que ese año la Guardia Nacional logró la detención de 2 mil 814 personas, de las cuales el 50% fueron capturada por el delito de robo.
El robo es un delito del fuero común que es responsabilidad de las policías de los estados. Los hechos delictivos relacionados al crimen organizado corresponden a la Guardia Nacional, pero la institución solo detuvo a 38 personas por este delito durante 2022.
“Los resultados de la Guardia Nacional son muy pobres, según lo acreditan sus propios informes y los registros de incidencia delictiva”, expresó Causa en Común en su informe.
Más de mil militares trabajan en las secretarías de seguridad civiles
A la par que la Guardia Nacional ha tenido un despliegue desigual en los estados con más violencia en México, el Ejército ha ido ganando terreno incluso en instituciones de seguridad de los estados que tienen un carácter civil.
A través de solicitudes de información, Causa en Común detectó que mil 237 elementos con pasado militar trabajan en secretarías de seguridad de los estados. Lo hacen en puestos de secretarios, directores y administradores.
A la cabeza de estos elementos militares se encuentran al menos 15 secretarios de Seguridad que se formaron en las Fuerzas Armadas, pero ahora se encargan de las dependencias civiles de los estados que combaten el crimen.
Baja California, Baja California Sur, Colima, Guerrero, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas son las entidades federativas en las que hay secretarios de Seguridad con antecedentes militares actualmente.
La defensa de los militares acusados de ser al menos cómplices en el caso Ayotzinapa ya advirtió que le interrogarán «hasta el cansancio»
Texto: Lydiette Carrion
Foto: Redes
31 de julio de 2024
Alejandro Encinas, exsubsecretarío de Derechos Humanos de Gobernación, denunció que el pasado 25 de julio fue llamado a comparecer como testigo por la defensa de los militares acusados por la desaparición forzada de 43 normalistas en septiembre de 2014.
Así lo escribió el extitular de la Subsecretaría de Derechos Humanos de Gobernación, que investigó el caso Ayotzinapa a través de la Comisión de la Verdad y la Justicia (Covaj), en una columna en el diario El Universal.
“Esta audiencia forma parte de la errática estrategia de la defensa que ha pretendido litigar a través de los medios de comunicación este proceso, alentando una campaña de amenazas y acoso judicial, que a final de cuentas no se concretó dada la ausencia de los abogados que amenazaron con ‘interrogarme hasta el cansancio’”.
En el relato de Encinas, destaca que uno de los abogados de los militares indiciados –y ahora demandantes–, el Mayor de Justicia Militar Jorge Alfredo Rico Pérez, declaró haber iniciado una demanda en contra de Encinas en la Fiscalía General de la República. Esto cuando Encinas Rodríguez aún estaba en funciones como Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación.
La comparecencia, según el escrito de Encinas, fue ante la juez [Raquel] Duarte Cedillo. Esta sería la juez segunda de distrito en materia penal con sede en Toluca. La misma otorgó la libertad condicional al general brigadier José Rodríguez Pérez el pasado 6 de julio.
Rodríguez Pérez era comandante del 27 Batallón de Infantería en Iguala durante los hechos de la llamada noche de Iguala. Según la investigación de la Covaj, él estuvo al tanto de todo lo que ocurrió aquella noche, y además sería responsable de la ejecución extrajudicial de cuatro normalistas.
Cabe recordar que Encinas Rodríguez dejó el cargo de subsecretario de Derechos Humanos en octubre de 2023. En aquel momento se adujo que era para sumarse a la campaña de Claudia Sheinbaum (hoy, virtual presidenta electa). Pero su salida del cargo se dio en medio de crisis y acusaciones a raíz de que la Covaj publicó diversos informes en los que se concluía que diversos elementos del 27 Batallón de Infantería, en Iguala, tuvieron conocimiento en tiempo real de las agresiones que sufrieron los estudiantes e incluso habrían colaborado.
Fue la Covaj bajo la dirección de Encinas, la que informó de fojas faltantes en los expedientes del Ejército.
También, esta salida de Encinas se dio tras la separación del cargo del fiscal encargado del caso, Omar Gomez Trejo. López Obrador le «acusó» en una mañanera de haber omitido diversos procedimientos requeridos, lo que propicióla libertad de varios probables responsables. Además le acusó de no tener listas las órdenes de aprehensión contra ex servidores públicos de alto nivel, como Tomás Zerón. Por su parte, Gómez Trejo acusó a su vez de presiones tanto por parte de AMLO, como de la propia Covaj, señalando en específico a Encinas y su equipo cercano.
A partir de esa fecha, el distanciamiento entre las tres instancias –Presidencia, la Covaj, la FGR– fue cada vez más pronunciado.
La defensa de los militares
La defensa de los militares procesados es litigada en lo «profundo» por abogados militares. Pero la encabeza un “civil”: Alejandro Robledo Carretero. Este anunció públicamente que demandaría a Alejando Encinas, debido a la investigación que su Comisión por la Verdad realizó.
Alejandro Robledo fue subsecretario en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, bajo el mando de Alfonso Durazo, entre agosto de 2019 hasta junio de 2020. Luego dejó el servicio público y se sumó al litigio privado. Fue entonces que se sumó a la defensa legal de un grupo de cercanos a Julio Scherer Ibarra. Todos ellos, acusados de tráfico de influencias, según lo reportó Aristegui Noticias en su momento.
Públicamente, la defensa se ha centrado en que el informe presentado por Encinas tendría al menos 467 “pruebas falsas”.
Por primera vez, las familias de los 43 normalistas desaparecidos vieron a Claudia Sheinbaum de quien, dijeron, esperan que tenga “más empatía y credibilidad” que AMLO.
Texto: Manu sureste/ Animal Político
Foto: Redes
31 de julio de 2024
La visita de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa este lunes a Palacio Nacional generó una fuerte expectación. No por la reunión habitual con el presidente López Obrador, del que los padres han asegurado ya en reiteradas ocasiones que “no esperan nada más” debido a su inamovible postura de que el Ejército mexicano no tuvo nada que ver en la desaparición de los estudiantes, sino por el posterior encuentro con la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, con quien se vieron por primera vez para plantearle el caso, y de quien dijeron que esperan que tenga “más empatía y credibilidad” que su antecesor.
La reunión con López Obrador estaba prevista para las 11 de la mañana, pero los padres de los normalistas, que llegaron en dos grupos separados, arribaron a eso de las 11:40 al inmueble histórico por la calle de la Moneda.
Antes de acceder al recinto, el abogado Vidulfo Rosales ejemplificó con pocas palabras el ánimo de las familias cuando, a pregunta de los medios sobre cuáles eran las expectativas que tenían del encuentro, respondió con desgana diciendo que “la posición del presidente ya está muy clara”, en referencia al rechazo del mandatario de que el Ejército mexicano tuviera un papel preponderante en la desaparición forzada de los estudiantes, uno de los puntos clave que los familiares exigen que se investigue a fondo.
“¿No es entonces una reunión de trámite? ¿Vale la pena esta reunión (con el presidente López Obrador)?”, se le preguntó al abogado de las familias, a lo que éste respondió encogiendo los hombros y explicando que ya era “una reunión pactada” con anterioridad y que tampoco podían dejar plantado al presidente, “pues tampoco sería correcto”, aun y cuando las posturas entre padres y mandatarios lleven ‘enquistadas’ más de un año.
En concreto, desde que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) señaló antes de su salida del país el verano pasado que existían documentos de inteligencia militar que el Ejército se negaba a entregar, y que podrían contener información clave sobre conversaciones, transcripciones y llamadas. Una documentación que los padres llevan exigiendo desde entonces, y que el Ejército no ha entregado alegando que, o son documentos clasificados, o son irrelevantes para el caso, o están fechados antes de los hechos de Iguala en septiembre de 2014.
“Si no hay pruebas, no las puedo inventar”, había dicho López Obrador apenas el viernes pasado en su habitual conferencia mañanera, donde insistió en que ya se ha entregado toda la documentación del caso, y en la que, además, negó algunas de las revelaciones que documentaron los expertos del GIEI, como que un soldado con formación en espionaje estaba infiltrado en la normal rural de Ayotzinapa antes de los hechos de Iguala. Simplemente, se trataba de un militar que quería estudiar en esa escuela para ser maestro, aseguró el mandatario, cuyo gobierno hizo público un día antes un informe del caso que envió a los familiares, el cual causó una gran molestia entre ellos, pues también contenía descalificaciones y acusaciones de todo tipo en contra de sus abogados, activistas y las organizaciones civiles que los llevan acompañando casi una década.
Sin embargo, la tarde de ese mismo viernes, los padres y madres expusieron públicamente un oficio de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), en el que queda corroborado que el supuesto estudiante sí era un soldado con adiestramiento en inteligencia militar.
“Nos preocupa que el Ejército le mienta a usted, le mienta al pueblo de México y nos mienta a nosotros”, señaló una de las mamás de los normalistas durante una marcha el pasado viernes 26 de julio, en la que también hizo lectura de una especie de ‘contrainforme’ que responde a los planteamientos de López Obrador exculpando al Ejército, el cual le fue entregado de manera personal la tarde de este lunes durante el encuentro en Palacio.
En ese documento, los familiares insisten en que la participación del Ejército la noche del 26 de septiembre de 2014 “es una verdad irrefutable”, pues existen testimonios y declaraciones que avalan que ese día los militares estaban en las calles y participaron en la desaparición de los normalistas.
Reunión de familias de Ayotzinapa con AMLO en Palacio Nacional
La reunión terminó pasadas las dos de la tarde. Como en otras ocasiones, fue un encuentro incómodo, ríspido, con reclamos de los padres por los 10 años sin respuestas, seis de ellos bajo el gobierno de López Obrador. A la salida, a eso de las dos de la tarde, los rostros de los familiares de los normalistas seguían igual de cansados y desanimados que a la entrada.
“Fue más de lo mismo”, repitieron varios de ellos de manera escueta ante la pregunta de los periodistas que, corriendo por la calle de la Moneda, salieron a su encuentro.
Otra de las mamás, que caminaba junto al resto de los familiares de los 43 por las laberínticas calles del centro histórico para dirigirse desde el Palacio Nacional hacia el Museo de la Ciudad de México, donde las recibiría Claudia Sheinbaum, fue algo más explícita.
“El gobierno y el presidente López Obrador siguen protegiendo al Ejército y eso es algo que nos indigna porque no se está investigando a las fuerzas armadas, y porque siguen sin entregar toda la documentación del caso”, planteó.
“El presidente se ha burlado de nosotros todo este tiempo, porque él firmó un decreto en el que se comprometía a resolver el caso Ayotzinapa, y hasta hoy no sabemos la verdad, ni tampoco hay justicia. Está dejando el caso en la impunidad”, acusó muy enojada otras de las madres de los normalistas, que portaba un letrero con la imagen de su hijo desaparecido.
“El acuerdo con Sheinbaum es el mismo: seguir adelante”
A la llegada al Museo de la Ciudad de México, decenas de medios de comunicación se agolpaban sobre unas vallas metálicas que el personal del museo puso para facilitar el acceso de la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, y de los padres y madres de los normalistas que arribaron al grito de ‘porque vivos se los llevaron, vivos los queremos’.
El encuentro duró un par de horas aproximadamente, y según comentaron algunas de las personas que asistieron se desarrolló en un tono “amable y cordial” por parte de la futura mandataria, que escuchó las demandas y los emplazó a mantener futuros encuentros, ya como presidenta formal del país.
Precisamente, la primera en abandonar el recinto fue Sheinbaum, quien al salir se dirigió a los medios para prometer que “no nos vamos a olvidar del caso Ayotzinapa”.
“Vamos a encontrar un método de trabajo para encontrar lo que ellos están demandando, que es la verdad, justicia y saber dónde están los jóvenes”, dijo Sheinbaum, quien al ser cuestionada cómo palpó el ánimo de los padres y madres de los normalistas se limitó a responder: “Son víctimas con mucho dolor, por eso hay que encontrar la manera de hallar la verdad”.
“En algunas cosas no estaremos de acuerdo, pero lo importante es que caminemos juntos para entrar la verdad”, agregó la futura presidenta, antes de enfilar el camino hacia el vehículo que la esperaba, mientras detrás de las vallas metálicas algunos simpatizantes se acercaron para lanzarle vivas, a la par que otras personas gritaban ‘fue el Estado’ y ‘¡justicia!’, y otras desplegaron una manta que rezaba: ‘Con desaparecidos no hay transformación’.
Pocos minutos después, cuando comenzaba a caer una ligera llovizna que no tardó en desembocar en el ya habitual ‘aguacero’ vespertino de la capital mexicana, el abogado Vidulfo Rosales se colocó ante la marabunta de reporteros y camarógrafos, y explicó que fue una reunión en la que Sheinbaum mostró su disposición para “el diálogo”, e informó que una vez que ella tome el cargo de manera formal en octubre próximo buscarán un mecanismo para darle seguimiento al caso.
“Necesitamos que se comprometa con el caso Ayotzinapa y que haya un diálogo fluido”, pidió Rosales ante los medios.
Por su parte, Felipe de la Cruz, familiar de uno de los estudiantes desaparecidos, volvió a criticar al presidente todavía en funciones, López Obrador, por su inamovible postura sobre el Ejército en este caso, y se mostró algo más optimista de cara al próximo sexenio de Claudia Sheinbaum, a quien también le exigirán más resultados.
“Con la doctora el acuerdo es el mismo: seguir adelante”, dijo el señor De la Cruz.
Como parte del “Plan C”, la presidenta electa Claudia Sheinbaum respalda llevar a la Constitución la prohibición del maíz transgénico blanco.
Texto: Animal Político
Foto: Archivo Amapola Periodismo
“La soberanía alimentaria sin siembra de maíz transgénico” es una de las metas del siguiente sexenio. Para lograrlo, la administración de Claudia Sheinbaum planea fijar en la Constitución –mediante una de las reformas que integran el “Plan C”- la prohibición para sembrar y producir maíz transgénico para consumo humano.
En México hay más de 64 especies de maíz, pero existen dos variedades principales: blanco y amarillo. El primero se produce exclusivamente para el consumo humano, y lo podemos encontrar en las tortillas que comemos cada día. Mientras que el amarillo se destina al procesamiento industrial y a la alimentación animal.
El maíz transgénicoes un maíz al que se le inserta un gen, de otro organismo vivo, —comúnmente de una bacteria—, para que adquiera características que naturalmente no podría tener como tolerancia a la sequía o tolerancia a herbicidas como el glifosato.
Por ello, su siembra en el país es considerada por los especialistas como un riesgo, pues puede contaminar y modificar los genes de los maíces nativos existentes en México.
La reforma adherida al Plan C contempla prohibir la siembra del maíz blanco y amarrillo transgénico en suelo nacional, y permite unicamente la importación de maíz amarillo transgénico para consumo animal.
La postura es idéntica al decreto presidencial emitido en febrero de 2023 por Andrés Manuel López Obrador. Solo que en esta ocasión, pretende llevarlo a la Constitución.
“Todo el maíz blanco (de México) no es transgénico y va a seguir siendo no transgénico. La dieta de los mexicanos seguirá siendo derivado de maíz producido aquí en México”, dice en entrevista con El Sabueso Julio Berdegué, agrónomo mexicano y próximo secretario de Agricultura y Desarrollo Rural
“Tenemos 64 razas de maíces nativos, son nuestros ancestros… ese maíz criollo o nativo a nosotros nos interesa mucho ayudar con políticas públicas a que las comunidades lo sigan cosechando, produciendo y consumiendo”.
Riesgo de sembrar maíz transgénico en México
El riesgo de sembrar maíz transgénico, según especialistas consultados, consiste en que todavía se tiene un conocimiento muy limitado sobre las consecuencias de mezclarlo genéticamente con maíces criollos, ya que pueden existir variaciones en las especies, ocasionando pérdida de calidad y propiedades de manera irreparable.
“Algunos genetistas han encontrado que el gen que determina esa característica, ese sabor al pinole, tiene una frecuencia génica del 0.02%, es muy bajita, esa frecuencia génica dominada por otros genes como un transgénico pueden hacer que desaparezcan esos genes (del pinole)”, explica Carlos Ávila Bello, profesor investigador de la Universidad Veracruzana, y quien ha centrado sus estudios sobre el maíz en la Sierra de Santa Marta en Veracruz.
Inclusive podría desaparecer el teocintle —el familiar silvestre del maíz —, cuyos genes comúnmente son utilizados en investigaciones y desarrollos científicos para mejorar el maíz en aspectos de calidad nutritiva, resistencia a enfermedades, entre otras cosas.
En cuanto al consumo humano, se sabe de la posibilidad de que la semilla transgénica pueda ocasionar alergias o toxicidad, o resistencia a antibióticos, como el caso del maíz transgénico de la marca Starlink en Estados Unidos.
Para usar una semilla transgénica se debe de importar de países como Estados Unidos, Argentina o China, donde producen empresas como Monsanto, Syngenta, Dupont, Bayer Cropscience, y Dow, por lo que se dependería de empresas extranjeras para realizar la producción.
Además, implica el uso de la tecnología del glifosato, un herbicida que se ha documentado puede ser absorbido por las mazorcas e incluso se pueden encontrar restos suyos en los derivados del maíz, como tortillas, totopos y frituras, cuenta Carlos Ávila Bello, profesor investigador de la Universidad Veracruzana
Maíz blanco en México
Actualmente en México no se siembra maíz blanco transgénico, solo maíz blanco nativo en diferentes regiones, que implica una siembra a nivel del mar o hasta los 3 mil metros de altura.
Productores de Estados Unidos, en el marco del Tratado de Libre Comercio, intentaron ingresar el maíz blanco transgénico al mercado nacional, pero se dio la prohibición presidencial de 2023.
El promedio anual de producción de maíz blanco nativo es de 27 millones de toneladas, de acuerdo a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader). Con esta producción, el país es casi autosuficiente para el consumo humano.
El año pasado (2023), México sólo compró 490 mil toneladas de maíz blanco a otros países para abastecer el consumo interno del país.
Bajo el contexto de autosuficiencia, Julio Berdegué, agrónomo mexicano y próximo secretario de Agricultura y Desarrollo Rural celebra el decreto de López Obrador y asegura que la siguiente administración está 100% de acuerdo en la prohibición, además de descartar que la transgenia sea la única tecnología que el país podría emplear para mejorar la calidad del maíz. Tecnología que actualmente no es implementada en el consumo local.
Maíz amarillo transgénico seguirá llegando a México
El maíz amarillo transgénico no será sembrado en el país, pero sí podrá seguir siendo importado para alimentar ganado, como aves y cerdo, y para usos industriales como producción de aceite y almidón, pues México esté lejos de ser autosuficiente en producción, según Julio Berdegué.
“Nos interesa incentivar la produccion de maiz amarillo en nuestro pais, que será no transgénico, para ir reemplazando todo lo que son importaciones”, apunta.
En el país solo se produce maíz amarillo nativo, con un promedio anual de 15 millones de toneladas. Y en entidades como Yucatán, en su península, las comunidades tienen la particularidad de consumirlo para la producción de sus tortillas.
México adquiere en promedio anual otras 19.7 millones de toneladas más de maíz amarillo —estos sí transgénicos—, de los cuales 88.7% provienen de Estados Unidos, detalla el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA ).
Se prevé que, para finalizar el 2024, México tenga una disminución en su importación y sea un total de 14 a 16 millones de toneladas de maíz amarillo transgénico.
Aunque no se produzca maíz amarillo transgénico, su transportación a lo largo del país implica un riesgo de contaminación a las especies nativas, pues el polen puede terminar en los campos de cultivo que se ubican a lado de las carreteras, apunta Rafael Ortega Paczka, ingeniero agrónomo y académico de la Universidad Autónoma de Chapingo,
Este riesgo ha permanecido por más de 30 años, pues desde la década de 1990 se ha dado preferencia a la importación de este tipo de maíz.
“Nosotros tuvimos autosuficiencia en los años de 1970, luego durante el sexenio de Carlos Salinas comenzó a ser más barato importar el maíz amarillo que sembrarlo, por eso se descuidó. Ahora enfrentamos varios problemas, aumentó la población, ha habido nuevos usos para el maíz y las grandes superficies de las mejores tierras donde se sembraba el maíz, en el Valle de México, en la llanura de Guadalajara, en el Valle de Toluca, el Valle de Puebla, están sepultados por ciudades”, explica Paczka.
¿Qué alternativas existen al maíz transgénico?
La empresa Monsanto mantuvo una demanda durante cuatro años frente a un decreto presidencial en México —que actualmente no está vigente— y que buscaba prescindir del glifosato y del maíz transgénico blanco y amarillo.
Entre sus alegatos, Monsanto aseguraba que una semilla transgénica tiene asegurada su calidad y puede cosecharse en situaciones adversas dentro de una masiva producción de un solo cultivo. Incluso, usuarios en redes sociales retomaron los dichos de dicha empresa para defender el uso de la transgenia, y “obtener productos de calidad”.
Pero la transgenia no es algo que se permita en la siembra de productos básicos con facilidad a lo largo del mundo. Por ejemplo, la Unión Europea no ha permitido que se siembren trigos transgénicos, y ni Japón ni China permiten la transgenia en el arroz.
Berdegué es optimista y considera que además de la prohibición constitucional en México, la transgenia será superada por otro desarrollo científico que muestre menos consecuencias negativas. “Yo creo que de aquí a unos años más, en algunas décadas, debe ser una tecnología superada”, asegura.
Carlos Ávila Bello, profesor investigador de la Universidad Veracruzana y quien ha centrado sus estudios sobre el maíz en la Sierra de Santa Marta en Veracruz, explica que no es necesaria una tecnología futurista para comenzar a mejorar el maíz, pues ya existen alternativas nacionales con las que se puede trabajar.
“La base mundial para el mejoramiento genético es una raza de maíz mexicano, que se llama tuxpeño, ese es un maíz de alta producción, que ha sido la base para el mejoramiento genético no transgénico, tradicional, que no le mete genes extraños al maíz… y se pueden hacer programas públicos con los pueblos originarios para estudiar”, apunta como una propuesta de solución.
Además de la transgenia y uso de semillas nativas, existe otra tecnología, se trata de las semillas híbridas. Estas consisten en la mezcla de dos variedades de maíces y cuya combinación puede hacerse de manera manual o artificial.
Ejemplo de producción manual de semillas híbridas, de acuerdo al Manual de Greenpeace.
En el mercado de México se disponen de estas semillas híbridas, algunas son producidas en el centro de investigación del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) y garantizan altos rendimientos.
Sin embargo, las semillas híbridas producidas por marcas comerciales despiertan la sospecha entre campesinos.
“Hemos visto que quienes adoptan la siembra de maíces híbridos que provienen de (transnacionales) no pueden sembrar el siguiente año, la semilla ya no germina… sospechamos que tienen una tecnología que hace años llamamos terminator, esa tecnología lo que hace es amarrar al productor al mercado, (cada cosecha) ya no tiene la semilla y tiene que comprar de nuevo”, cuenta Ávila.
Gobierno quiere investigar genes del maíz para cosecha en condiciones extremas
Aunque en las últimas décadas no ha existido un considerable apoyo a la investigación del maíz, para mejorar su calidad y producción, la próxima administración asegura que pretende realizar estudios sobre los maíces nativos del país.
“A nosotros nos interesa mucho sobre los estudios de los maíces criollos en los ámbitos nativos en dos aspectos; uno la investigación desde las ciencias sociales, para entender mejor cómo esas comunidades cuidan, conservan, seleccionan, utilizan esos maíces, y también nos interesa mucho la investigación biológica, genética y agronómica para entender esa enorme diversidad genética de las especies”, dice Berdegue.
El próximo secretario de Agricultura todavía no tiene en mano datos sobre un posible presupuesto o detalles de cómo harán posible la investigación del maíz en México, pero asegura que el reto será investigar los genes de cada uno de los 64 tipos que hay en el país.
“Cada una de esas razas pues tiene un genoma, un contenido genético y no lo conocemos, conocemos la puntita del iceberg, cuando yo te digo es un tesoro de diversidad genética, bueno, ¿en qué consiste ese tesoro exactamente? ¿Habrá genes para las altas temperaturas? ¿En cuál de las razas? ¿Habrá genes para las sequías? ¿Habrá genes para nuevos usos como los farmacéuticos?, cuestiona Berdegué.
Pretende que los resultados de las investigaciones sobre el maíz sean de dominio público. “Que sean propiedad de la nación mexicana y de las comunidades indígenas que han construido esos maíces, y no pueda ser un conocimiento que pueda ser apropiado por alguna empresa que viene, colecciona semillas y utiliza esos genes para uso privado-particular”, asegura.
El abogado de los familiares de Ayotzinapa indicó que la próxima reunión será una vez que Sheinbaum asuma la presidencia.
Texto: Animal Político
Foto: Archivo Amapola Periodismo
19 de junio de 2024
Los padres de los 43 normalistas desaparecidos en Guerrero y la presidenta virtual electa, Claudia Sheinbaum, acordaron este lunes sostener otra reunión cuando asuma la presidencia para definir un mecanismo para darle seguimiento a la búsqueda de la verdad en el caso Ayotzinapa, de acuerdo con el abogado de las familias y la morenista, quien agregó que no se le va a olvidar este caso.
“Quedamos de seguirnos reuniendo, que no se nos va a olvidar el caso de Ayotzinapa y que vamos a seguir trabajando con ellos y vamos a encontrar un método de trabajo que nos permita lo que están pidiendo ellos que es verdad, justicia y dónde están (los normalistas)”, dijo Sheinbaum a la prensa tras salir del encuentro.
A este acuerdo se llegó luego de una reunión que tuvieron los padres de los normalistas y Sheinbaum en el Museo de Ciudad de México luego de un encuentro previo con el presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional.
“Nos vamos a seguir reuniendo”, agregó la virtual presidenta electa al aclarar que aún no hay fechas para otra reunión con los padres de los 43 normalistas.
Sheinbaum se compromete a seguir trabajando caso Ayotzinapa
La exjefa de Gobierno de Ciudad de México dijo que comentó a los padres de los normalistas desaparecidos en 2014 que ella aún no es la presidenta constitucional, pero que sí llegaron a “un acuerdo de seguir trabajando”.
“Seguirme reuniendo con ellos, seguir trabajando conjuntamente. En algunas cosas estaremos de acuerdo, en otras no, pero lo importante es que vayamos caminando juntos en la verdad”, expresó Sheinbaum.
La presidenta virtal electa añadió que las familias de los 43 normalistas tienen mucho dolor, “evidentemente son víctimas”, por lo que hay que hallar una forma de encontrar la verdad de lo sucedido en el caso Ayotzinapa.
Sheinbaum confirmó que en el encuentro estuvo acompañada por Rosa Icela Rodríguez, quien será su secretaria de Gobernación y quien actualmente se desempeña como secretaria de Seguridad en la administración de López Obrador. También la acompañó su próximo secretario particular, Carlos Augusto Morales López.
La futura presidenta dijo que los padres de los normalistas estuvieron “muy receptivos”.
Reunión de Sheinbaum con padres de normalistas, cuando asuma la presidencia
Por su parte, el abogado de los familiares de Ayotzinapa, Vidulfo Rosales, indicó que la próxima reunión será una vez que Sheinbaum asuma la presidencia. De acuerdo con el calendario oficial, Sheinbaum tomará protesta como presidenta de México el 1 de octubre de 2024.
De acuerdo con el abogado, Sheinbaum tuvo disposición con el caso y acordaron darle seguimiento y resolver las diferencias existentes con un “diálogo fluido”.
Rosales definió esta reunión con Sheinbaum como “un primer acercamiento, un saludo” al que llegaron con la solicitud general de que el caso Ayotzinapa ocupe un lugar central en el gobierno de Sheinbaum. “Ese es el compromiso”, dijo.
“No tenemos opciones necesitamos que la nueva presidenta se comprometa con el caso, que haya un diálogo fluido como ya lo acoramos ahorita, podemos tener diferencias pero es importante en la mesa poder dirimir esas diferencias y el que el caso camine, nosotros no queremos pelear”, comentó Rosales.
Al preguntarla si estaban satisfechos con el encuentro de este lunes con Sheinbaum, el abogado respondió que “con la reunión con la doctora Claudia sí”.
“Una reunión buena que tuvimos con la doctora Claudia, ella con mucha disposición (…) le vamos a dar seguimiento”, agregó.
El encuentro entre AMLO y los padres de los normalistas de Ayotzinapa
Los familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa se reunieron la mañana de este lunes 29 de julio con el presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional. Este nuevo encuentro estuvo marcado por el ‘enquistamiento’ de posturas acerca de la participación del Ejército en el caso.
Como ha venido sucediendo al menos durante el último año, el presidente volvió a defender que no hay pruebas que impliquen a las fuerzas armadas en la desaparición de los 43 jóvenes, como lo ha reiterado en sus conferencias mañaneras y en un informe por escrito que entregó a los padres la semana pasada.
Por su parte, los familiares de los estudiantes le volvieron a reclamar que no existan resultados claros, así como la falta de una investigación a fondo sobre la actuación de los militares la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, donde desaparecieron los normalistas.
La titular de Seguridad informó que la FGR inició una carpeta de investigación por los eventuales delitos que pudieron darse en la ruta de vuelo de la avioneta en la que viajaron Joaquín Guzmán López y “El Mayo” Zambada.
Joaquín Guzmán López, hijo de “El Chapo” Guzmán, tenía intenciones de rendirse, según informaron autoridades estadounidenses al gobierno mexicano.
La titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, informó que el vuelo en el que viajaban Joaquín Guzmán López e Ismael “El Mayo” Zambada no fue planeado por agencia estadounidense alguna.
Durante la conferencia de prensa matutina, la funcionaria destacó que las identidades de “El Mayo” y del hijo de “El Chapo” no se confirmaron hasta la llegada de ambos al aeropuerto de Santa Teresa, en Texas.
Según la cronología de los hechos, las Fuerzas del orden de EU fueron informadas a las 10:30 horas, del 25 de julio, que Joaquín Guzmán López estaba considerando rendirse al entrar a territorio de Estados Unidos en un vuelo privado.
La funcionaria detalló que a las 14:35 horas, autoridades de EU fueron informadas que Joaquín Guzmán López había despegado de México con la intención de rendirse, aunque las autoridades de EU no tuvieron un aviso previo de este vuelo y no tuvieron confirmación de que estuviera en él.
Según el informe, las autoridades estadounidenses fueron informadas a las 14:40 horas, una vez que el avión estaba en el aire, que Ismael “El Mayo” Zambada podría estar en la aeronave. Las autoridades no tenían confirmación de que él iba en el avión.
“El vuelo desde México aterrizó en Estados Unidos en el aeropuerto de Santa Teresa, Nuevo México, aproximadamente las 16:24 horas, éste está a las afueras de El Paso, Texas. El vuelo en sí no fue planeado por agencia gubernamental estadounidense alguna”, dio a conocer.
Una vez alertados que el avión despegó, las autoridades de EU llegaron al aeropuerto de Santa Teresa. El avión tenía dos pasajeros, quienes fueron detenidos cuando bajaron del avión.
Finalmente, el Gobierno México fue notificado cuando se confirmó que tanto el hijo de “El Chapo” como el “Mayo” Zambada eran los dos pasajeros.
FGR inicia investigación por ruta de vuelo
Asimismo, la titular de Seguridad informó que la Fiscalía General de la República (FGR) inició una carpeta de investigación por los eventuales delitos que pudieron darse en la ruta de vuelo de la avioneta en la que viajaron Joaquín Guzmán López y “El Mayo” Zambada, el día que fueron detenidos en El Paso, Texas
“Se abrió la carpeta Federal 1882/24 en el estado de Sonora por los delitos que pudieran haber ocurrido, ministeriales, policiacas y periciales que el caso amerite, incluyendo el origen y destino en la aeronave en la que viajaron a Estados Unidos”, dijo.
La secretaria reiteró que el Gobierno de México no participó en la captura y quiere esclarecer cómo ocurrió todo, por lo que dará seguimiento a las indagatorias de la FGR.
Un grupo de abogados litigantes de Guerrero se reunieron para analizar y discutir la propuesta de reforma del Poder Judicial de la Federación hecha por el titular del Ejecutivo, el presidente Andrés Manuel López Obrador, con el propósito de formular propuestas que realmente permitan mejorar el sistema judicial.
La mayoría de los abogados partieron de que muchos aspectos de la propuesta del titular del Ejecutivo son “aberrantes” en términos jurídicos. Uno de los aspectos que uno de ellos pidió evaluar desde el principio del ejercicio fue si la iniciativa está, en realidad, sostenida en una investigación y metodología sólida o está configurada en una “revancha política”.
Aspectos de la mesa de trabajo de los abogados guerrerenses para analizar la iniciativa de reforma del Poder Judicial de la Federación.
La convocatoria para estas mesas de trabajo la hizo el despacho jurídico Sandoval & Asociados, que lidera el abogado Valentín Sandoval Montiel, y acudieron hasta sus oficinas las abogadas Berenice y Mariela Jaramillo Pineda y los abogados Raúl Sánchez Aguirre, Marco Antonio Villalobos Quevedo, Miguel Ángel Astudillo Ponce y Salvador Bustamante Polanco, cada uno de ellos con perfiles destacados en la materia, según la presentación que les hicieron.
El diálogo entre abogados locales lo consideraron necesario porque existen grandes posibilidades de que la reforma sea aprobada por la sucesión presidencial próxima que no anticipa cambios.
Aspectos de la mesa de trabajo de los abogados guerrerenses para analizar la iniciativa de reforma del Poder Judicial de la Federación.
La dinámica estuvo dividida en cinco temas a partir de las propuestas planteadas en la iniciativa de reforma: Análisis de las justificaciones para la implementación de la reforma, Una nueva integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Elección popular de ministros, magistrados y jueces; Sustitución del Consejo de la Judicatura Federal, y Nuevas reglas procesales. En los tres primeros se centró gran parte de la discusión.
En el primer punto, dedicado a la exposición de motivos en los que esta sostenida la iniciativa, una conclusión por la mayoría de los abogados fue que la motivación simplemente “no es correcta” porque, a decir de Mariela Jaramillo, representa “un juego de palabras” con premisas falsas.
En el planteamiento inicial de este punto, Sánchez Aguirre comentó que la exposición de motivos de López Obrador es buena, pero con “consecuencias catastróficas”. Esto abrió el debate, porque el resto de abogadas y abogados lo interpretó como una posición a favor de su colega, quien después reviró y explicó su punto.
“A mí me llama la atención que si esto (la iniciativa) es resultado de una encuesta social, como un documento desde un enfoque no jurídico, creo que es correcto, ahí sí está plasmando el enfoque que tiene el pueblo de México, se lee y está bonito (…). (Pero) siendo analíticos, la exposición de motivos es aberrante, plagada de mentiras y no puede el pueblo de México estar sosteniendo una política, y menos un sistema de justicia, basado en mentiras”, abundó Sánchez Aguirre.
La exposición de motivos de la iniciativa son los elementos que la sostienen y la justifican donde, de acuerdo a las abogadas y los abogados, fue accionado un juego de palabras con recursos como “democracia”, “no a la corrupción”, “no a la impunidad”, “no al nepotismo”, “no al tráfico de influencias”, “no a los abusos al interior del Poder Judicial”, lo que tendría un impacto social positivo, pero no jurídico.
Sánchez Aguirre dijo que en la iniciativa prevalece un llamado a romper la supuesta “cúpula del poder” dentro del Poder Judicial con la “democratización de la justicia”, pero eso, en realidad, configura un “retroceso”, porque la vía que se propone alude a antecedentes de hasta 100 años atrás para empujar la propuesta de elección popular para elegir a los servidores públicos de este poder, cuando fue un mecanismo modificado para llegar a la carrera judicial, que ahora pretende desecharse.
También fue cuestionado que este elemento tenga congruencia con tres de las premisas propuestas de la iniciativa de reforma del Poder Judicial: independencia, modernización y democracia.
*Nueva Integración de la SCJN*
La abogada Berenice Jaramillo fue la encargada de poner el tema en la mesa con posiciones muy claras de lo que, a su juicio, es aceptable y no de la reforma, por ejemplo, consideró viables ajustar de 15 a 12 años el periodo de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), reducir de 11 a nueve el número de ellos y la cancelación de sus pensiones vitalicias; lo último hasta lo creyó acertado.
No está de acuerdo en la reducción del salario de los ministros y para eso ofreció varios elementos, uno de los más contundentes fue que hacen un trabajo especializado en materia constitucional que demanda tiempo completo y eficiencia probada, no si es popular o no, elemento al que, según su interpretación, apela la iniciativa de reforma para los encargos en este Poder.
Tampoco está de acuerdo con la eliminación de las dos salas del Supremo, donde se discuten asuntos en materias civil y penal y administrativa y laboral, por el contrario, propone tres, de lo contrario el problema será para los justiciables. En el debate general, el resto de las abogadas y los abogados consideraron que la eliminación de las salas generaría una mayor dilación de los casos. “Repercutirá en el número de asuntos por resolver”, agregó Mariela Jaramillo.
La abogada Berenice Jaramillo anotó también que los ministros de la SCJN, para quienes parece estar más dedicada la iniciativa de reforma, según dijo, por el conflicto con el presidente, no son todos los que integran el Poder Judicial, pero al resto de los integrantes parece no considerárseles cuando se expone la necesidad de reducir gastos, sostenida en el principio de austeridad. Además, “no podemos hablar de austeridad si debemos modernizar el sistema judicial”.
Villalobos Quevedo agregó en este punto de discusión que antes de cualquier reforma, lo primero por concretarse era un sistema judicial moderno, el cual no existe.
Astudillo Ponce hizo una lectura más determinante de la iniciativa, “es una venganza del Ejecutivo”.
*Elección popular en el Poder Judicial*
Una de las propuestas sustanciales de la iniciativa de reforma es que los ministros, magistrados y jueces sean elegidos por elección popular, es decir, que sea la ciudadanía quien los elija en una votación, otro de los grandes puntos de discusión en la mesa de trabajo de hoy.
Los abogados participantes no estuvieron de acuerdo con este rasgo de la iniciativa. Bustamante Polanco planteó que el Poder Judicial representa el equilibrio entre el Ejecutivo y Legislativo, donde los servidores públicos son elegidos por elección popular, justo porque este mecanismo no les exige una preparación y especialización profesional, y cualquier mala interpretación de las leyes es corregida en este poder.
Entre otros riesgos que mencionó de entrar en vigor la reforma, con la elección popular como premisa, es que sea una elección desinformada, porque la sociedad no tiene la claridad de cuál debe ser el perfil para cada espacio; posibles costos excesivos: ¿Cuánto costará la elección?; riesgos de que en el financiamiento de campaña se cuelen “grupos antisociales”, si se considera que no habrá financiamiento público, entre varios más.
El abogado Sánchez Aguirre agregó que la única manera en que podría estar de cuerdo con este punto de la propuesta general, de no existir otro escenario, es que los aspirantes tengan carrera judicial porque, de lo contrario, significaría que cualquier persona podría aspirar a los cargos, cuando los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial Federal debe distinguirles un nivel elevado de capacidad intelectual y técnica.
Porque “si analizamos la exposición de motivos desde el punto de vista jurídico y por parte de quienes conocemos el sistema, (la iniciativa de reforma) es una obra literaria para un premio a la mentira y denigrante para quienes estamos en el Poder Judicial”.
Los abogados reunidos elaborarán un documento que concentre los rasgos más importantes de toda su discusión, que incluye los otros dos temas, con una serie de propuestas que darán a conocer en estos días.
Integrantes de un grupo de doce Servidores de la Nación en Jalisco relatan que cuando decidieron formar un sindicato fueron censurados por Bienestar del estado y no les renovaron su contrato.
Texto: Animal Político
Foto: Especial
17 de julio de 2024
Los Servidores de la Nación, encargados de entregar los programas sociales de la Secretaría de Bienestar, trabajan en jornadas de hasta 15 horas y han apoyado en campañas de vacunación, e incluso en la atención de desastres naturales, como el huracán Otis. Sin embargo, cuando pidieron vacaciones y materiales para realizar sus labores se los negaron, y cuando quisieron organizarse en un sindicato fueron despedidos.
Así ocurrió con 12 exfuncionarios de Jalisco, quienes decidieron conformar el Sindicato de Servidores de la Nación (SINASEN) tras no ser escuchados y ser censurados por parte de las autoridades de Bienestar del estado por exigir mejores condiciones de trabajo, lo que les costó que no les renovaran el cargo que llevaban ocupando desde 2019, cuando pasaron de la estructura de defensa del voto de Morena a funcionarios públicos encargados de la política social.
Animal Político consultó a la Secretaría de Bienestar sobre las denuncias de despidos injustificados y malas condiciones de trabajo de los Servidores de la Nación, sin que al momento de la publicación haya recibido respuesta.
Exservidores de la Nación: “bienestar es para afuera, pero no para trabajadores”
En la Secretaría de Bienestar, las personas encargadas de la operación de los programas sociales –políticas estrella del actual sexenio– están divididas en dos categorías: los Servidores de la Nación, que trabajan por nombramientos que se renuevan cada tres meses, y los trabajadores de Unidad Básica Administrativa (UBA), contratados por honorarios, mediante convenios que deben renovarse cada mes. En ambos casos se les pide desempeñar el mismo tipo de trabajo en horarios extenuantes y en malas condiciones, explica Alfredo Hamden, uno de los despedidos.
“Trabajamos hasta 14 o 15 horas, por ejemplo, cuando fueron las campañas de vacunación, o cuando nos pidieron ir en apoyo de los damnificados por el huracán Otis, lo hicimos sin problemas aún cuando no tuvimos siquiera oficios de comisión, con todo gusto, pero no es posible que no tengamos derecho a tomar vacaciones, que no nos den ni siquiera engrapadoras, grapas o plumas para hacer nuestro trabajo”, subraya Hamden.
Frente a estas situaciones, en Jalisco, tanto Servidores de la Nación como trabajadores UBA han reclamado que les den mejores condiciones de trabajo y que no se despida a quienes realizan estas exigencias, pero al no ser escuchados decidieron organizarse en el SINASEN, cuya conformación se dio a conocer el pasado 1 de mayo, durante la marcha del día del trabajo.
“Salimos a manifestarnos en la marcha y empezaron las amenazas de que nos iban a correr y que le iba a ir igual a quien hablara con nosotros, nos tuvieron aislados del resto de las personas y el día primero de julio se nos informó que ya no teníamos trabajo”, detalla Hamden.
Desde entonces, junto con sus compañeros han realizado movilizaciones en Jalisco para denunciar las irregularidades en su despido, sin que las autoridades estatales o federales de Bienestar les den respuesta. Ante esto, recurrieron a un juicio de amparo, con el que Hamden explica que buscan ser reinstalados o, al menos, liquidados.
Vamos a resistir hasta donde podamos, porque también necesitamos generar ingresos, vivimos al día, pero vamos a seguir en la lucha para que nos reinstalen, y si no, por lo menos nos den la liquidación como corresponde. Esperamos que, si no es para nosotros, al menos quienes lleguen a trabajar después a Bienestar tengan mejores condiciones”, expresa.
Servidores de la Nación: “esto pasa a nivel nacional, con diferentes delegados estatales”
“Hay muchos compañeros que llevan años luchando, otros llegamos con la defensa del voto, cuidando las casillas para evitar un fraude electoral en 2018 y ese mismo año nacimos como Servidores de la Nación, con el censo que hicimos para saber la cantidad de personas que requieren apoyos gubernamentales y dar a conocer los programas prioritarios del proyecto de nación de nuestro presidente López Obrador”, expone Abraham Ramos, otro de los despedidos.
Como parte de este trabajo, Ramos afirma que “hemos caminado bajo el sol, la lluvia, algunos compañeros recibieron levantones de la policía, mordeduras de perro, asaltos y hasta agresiones de ciudadanos, pero seguimos adelante porque creemos en el proyecto para que nuestra nación crezca”.
Sin embargo, señala que las condiciones han empeorado con el paso del tiempo, ya que han tenido que comprar sus materiales de trabajo e, incluso, “pagar los servicios como la luz, el internet y el agua en algunos Centros de Atención Regional, para lo que nos ha sido insuficiente el sueldo, provocando que muchos compañeros quedaran endeudados”.
El reclamo de estas situaciones, así como la conformación del SINASEN, provocaron que los trabajadores organizados recibieran una llamada telefónica en la que les mencionaron “que ya no nos había llegado nuevo nombramiento, y al preguntar cuál fue la razón de nuestro despido, simplemente no quisieron mencionarlo, además de que hay amenazas permanentes en contra de quienes no han sido despedidos, no les permiten dirigirnos la palabra”.
“Estamos dando evidencia de las formas de manipulación de este pequeño grupo que controla la Secretaría de Bienestar delegación Jalisco, aunque esto pasa a nivel nacional con diferentes delegados estatales y directores regionales”.
“Al convertirnos en servidores públicos, nos comprometimos con el pueblo a que ayudaríamos a terminar con la corrupción de raíz, con el régimen corrupto de injusticias y de privilegios, a no permitir el cáncer que está destruyendo a la Secretaría de Bienestar, ese es el compromiso de las autoridades con el pueblo, y nosotros también somos pueblo. No nos venderemos, seguiremos insistiendo hasta lograr justicia y respeto de los derechos laborales de todos los compañeros servidores de la nación“, enfatiza Abraham.
“¿Amor con amor se paga?”, preguntan extrabajadores despedidos
Marcela Martínez, una de las Servidoras de la Nación despedidas en Jalisco, detalla que “al igual que mis compañeros, viví un ambiente de abusos y amenazas a la orden del día, pero pienso que en mi caso todavía fue más injusto, porque yo sufro de anemia y me transfunden sangre, ellos lo sabían y aun así, cuando mi problema se agravó lo hice saber a mis superiores, pero me ignoraron y se negaron a tomar en cuenta mis comprobantes de incapacidad”.
En su caso, tuvo oportunidad de reunirse en cuatro ocasiones con el subdelegado de Bienestar en Jalisco, Diego Cornejo, a quien le expuso “las quejas por las situaciones que se estaban dando, pero a lo más me daba atole con el dedo, promesas de que las cosas iban a cambiar, pero al cabo de un año de estar platicando decidí sumarme a los compañeros que se estaban organizando”.
Junto con sus compañeros del SINASEN, enviaron documentos para solicitar una reunión con la delegada de Bienestar en Jalisco, Katia Meave Ferniza, “pero nunca nos dieron respuesta, ni a las solicitudes de vacaciones, ni a los reclamos por algunos despidos de compañeros Servidores de la Nación y UBA (de Unidad Básica Administrativa), y al contrario, en una ocasión que acudimos hasta sus oficinas para pedir una cita nos cerraron la puerta en la cara y apagaron las luces”.
Después de este episodio, Martínez fue informada de que su nombramiento como Servidora de la Nación no fue renovado, aunque ella asegura que siempre cumplió con su trabajo.
“A la delegada Katia Meave no le importan las condiciones en las que trabajan los compañeros con tal de sacar números, porque esos números le favorecen para quedar bien con la secretaria Ariadna Montiel, y son puntos para buscar otros puestos a costa del cansancio de los compañeros, de poner en riesgo su vida, porque como personas nosotros no le importamos nada”.
“Nosotros hacemos todo el trabajo, ganamos menos que los que están arriba, y a veces ni papel de baño o agua para tomar hay en las oficinas, es una vergüenza que luego llegan los adultos mayores al palacio de gobierno y nos piden un vasito con agua para tomarse una pastilla y no tenemos, ni siquiera grapas, ligas, marcadores o cinta para las cajas de los archivos, que por la austeridad republicana, pero parece que esta solo aplica para los Servidores de la Nación“, detalla Marcela.
La ex trabajadora destaca que gracias al trabajo que realizan los Servidores de la Nación “están los padrones de programas sociales, nos mandan casa por casa a distribuir apoyos aunque llueva, truene o relampaguee, capturamos, archivamos y hacemos de todo, pero para ellos esto no vale ni un centavo, porque no tienen consideración con nosotros… somos los más desprotegidos de la Secretaría del Bienestar“.
A pesar de la experiencia que ha tenido en la Secretaría de Bienestar, la ex servidora aclara: “nosotros estamos con nuestro presidente, los reclamos no son ataques contra él. Nosotros creemos que aquí hay varios funcionarios que están abusando, porque no puede ser posible que él hable en las mañaneras de derechos laborales e injusticias y esté pasando esto con los Servidores de la Nación“.
“Nos hemos llegado a preguntar si en Jalisco conocen la frase de López Obrador de que ‘amor con amor se paga’, aunque a estas alturas nosotros ya le ponemos el signo de interrogación: ‘¿Amor con amor se paga?’, porque después de andar por años trabajando en campo a favor del presidente, así es como nos pagaron”, lamenta.
Texto: Andrea Mendoza
Foto: Internet
Miércoles 3 de abril del 2023
Chilpancingo
La antropóloga Ana Elizabeth García Vilchis, encargada de la sección ¿Quién es quién? Las mentiras de la semana, en la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador acusó a los medios de comunicación de maximizar los casos de violencia y feminicidios con el fin de generar una percepción violenta en el país.
En un video hecho por Infodemia MX para la conferencia matutina, este 3 de abril, se habló sobre el uso excesivo de imágenes violentas, sensacionalismo y noticias falsas que acapararon los hechos ocurridos en Taxco, el pasado 28 de marzo, con el homicidio de la menor Camila Ortega y el posterior linchamiento de Ana Rosa Aguilar y sus dos hijos, presuntos culpables.
Foto: captura de pantalla.
La noticia no solo conmocionó a Guerrero, sino que fue una noticia nacional, por lo que medios de comunicación nacionales dieron voz y cobertura al desarrollo de la noticia.
Infodemia negó las acusaciones de varios medios de comunicación de que en los últimos cuatro años se registraron 823 intentos de linchamiento en el país y rectificaron que, de esa cifra, solo hay registro de 129.
Además de esto, acusó a los medios de comunicación de ser voceros de la apología de la violencia al difundir las fotos del linchamiento de Ana Rosa.
Para el presidente Andrés Manuel López Obrador, la antropóloga García Vilchis e Infodemia MX, esto fue una generalización de la violencia en todo México.
«La visión que transmiten los medios de comunicación todos los días es como si en todo el país se viviera en un estado de violencia permanente, los medios de comunicación generalizan la violencia en el país desde casos particulares como el feminicidio de la niña Camila y el posterior linchamiento de sus presuntos asesinos», dijo Infomedia MX en la conferencia matutina.
También se acusó a las redes sociales de permitir la visualización de los videos del linchamiento de Ana Rosa y sus hijos, promoviendo los mensajes de odio y el apoyo al linchamiento. Aseguró que este acto fue una apología al morbo e incitación a la violencia.
Se recalcó que en marzo del 2011 los medios de comunicación firmaron la Iniciativa México, con el fin de omitir información para evitar ser voceros del crimen organizado.
Infomedia acusó de mercantilizar los videos de violencia y el dolor humano.
Por último, se recomendó a los medios de comunicación visualizar las cifras de reportes de detenciones destacadas, los cuales no son visibilizados como los actos de violencia.
Confirma AMLO que hubo intento de fabricar los hechos en que asesinaron al estudiante Yanqui Kothan
Margena de la O
Foto: Cortesía de redes
Viernes 15 de marzo del 2024
Chilpancingo
El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que la determinación de la Fiscalía General de la República (FGR) en el caso del ataque armado reciente a normalistas de Ayotzinapa, donde fue asesinado el estudiante Yanqui Kothan Gómez Peralta, de 23 años, es investigar a todos, lo que incluiría a los funcionarios estatales removidos por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda.
En la conferencia de prensa de esta mañana desde Baja California Sur comentó que él apoya a la gobernadora en su decisión de aceptar la renuncia de los secretarios de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez y de Seguridad Pública, Rolando Solano Rivera, y de pedir al Poder Legislativo local la remoción de la fiscal general, Sandra Luz Valdovinos Salmerón, quien prácticamente dijo que no se va hasta agotar sus derechos.
Una de las preguntas planteadas al presidente, después de que él mismo sacara el caso del normalista asesinado, fue si investigarían a funcionarios estatales removidos, como el secretario de Seguridad Pública, y el presidente atajó: “Se va a investigar a todos”.
“Lo que le hemos pedido a la Fiscalía, que ya atrajo el caso, que investigue a todos, que no haya impunidad para nadie”, agregó.
El presidente Andrés Manuel López Obrador durante su conferencia matutina este 15 de marzo, foto: captura de pantalla
Al principio, López Obrador comentó que en este caso hubo un intento, sin especificar de quién o de quiénes exactamente, de fabricar “hechos que no correspondían a la realidad”. Pero “nos metimos a investigar y se encontró, que en efecto, habían asesinado al muchacho (Yanqui Kothan) y que hubo abuso de autoridad; y ya hay dos (policías) detenidos, está buscándose al tercero”.
Sobre el anuncio de la fiscal general de hacer uso de su derecho de audiencia, mencionó: “Tiene todo su derecho, está muy claro en la Constitución de Guerrero. Tiene la facultad la gobernadora de removerla y quien decide es el Congreso de Guerrero, si no está de acuerdo en la remoción, con dos terceras partes que voten que no estén de acuerdo, no puede la gobernadora”.
Expuso que en el pasado se apostó al encubrimiento y a la fabricación para construir la “verdad histórica” sobre la desaparición de 43 normalistas y el asesinato de tres más la noche de Iguala, y eso, en su gobierno, no lo podía permitir. “Nosotros no fabricamos delitos, no encubrimos a nadie, no se permite la tortura, no hay masacres, no reprimimos…”.
Agregó que sigue en pie la propuesta de reunirse con las madres y los padres de los 43 normalistas desaparecidos, pero, insistió, sin intermediarios, porque no confía en los abogados que los asesoran porque, entre otras cosas promueven acciones, dijo, como el derribo de una puerta de Palacio Nacional, y públicamente piden diálogo.
