Karen Melissa Peñaloza Martínez cumplió 39 días desaparecida y en todo este tiempo la Fiscalía General del Estado (FGE) no ha mostrado avances en su búsqueda.
Karen Melissa es estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Guerrero (Uagro), es originaria de Cuajinicuilapa, municipio de la Costa Chica.
Llegó a Chilpancingo para estudiar su carrera profesional; estudiaba su primer año en el turno matutino.
Desapareció el 31 de enero. La versión que se es conoce es que abordó un taxi con dirección al poblado de Petaquillas, ubicado a 10 minutos de la capital.
Ayer, en la marcha del 8M, su madre, Gisela Peñaloza, viajó desde Cuajuinicuilapa para participar en la marcha y exigir su aparición con vida.
Gisela estaba en uno de los contingentes que encabezaban la marcha, con una lona en la que se leía; «Las mujeres afromexicanas te buscamos Karen Melissa». Gisela recorrió las calles de Chilpancingo con esa lona con la foto de Karen.
De acuerdo con su madre, Karen se mudaba de cuarto. Vivía con una compañera, pero ese 31 de enero cambió sus cosas a un departamento cerca de la Facultad de Comunicación y Mercadotecnia (Facom), cerca del Fraccionamiento Reforma.
La última comunicación que Gisela tuvo con su hija fue el mismo 31 de enero. Recuerda que le dijo: «Más tarde hacemos videollamada». Eso nunca ocurrió.
Al principio Gisela desconocía que Karen se mudaba de cuarto, se enteró cuando vino a Chilpancingo a buscarla porque no le contestaba el teléfono.
«Había un taxi, me informan que había un taxi en el que ella se cambió con sus cosas, iba acompañada de una mujer, no sabemos quién es la mujer realmente», mencionó Gisela.
Lo único que le dijeron era que, por los colores, el taxi era de Petaquillas.
El plan de Gisela y Karen era pasar juntas el puente por el Día de la Candelaria, a principios de febrero, en Cuajunicuilapa.
Gisela pasaría por Karen a Chilpancingo para irse juntas a la Costa Chica. Gisela estaba en un pueblo cerca de Iguala, donde tienen familiares.
El 1 de febrero Karen ya no le contestó, y su madre supuso que estaba ocupada o que su celular se había descompuesto, recordó «que andaba fallando».
«Después se vino el 2 y yo ya venía para acá,(Chilpancingo), le estuve marcando aquí y nada. Se me hizo raro, pensé que tal vez ya se había ido para allá».
El 5 de febrero, Gisela regresó a Chilpancingo y fue a la Facultad de Derecho y ahí supo que Karen se había cambiado de departamento, le dijeron donde vivía, así dio con el lugar.
En el nuevo departamento sólo estaba su perro, la dueña del departamento le dijo que Karen estuvo en ese lugar unos 10 minutos.
«La dueña le dijo que no aceptaba perros, y Karen le dijo, no se preocupe, más tarde lo soluciono, pero ya no regresó».
Después amigos cercanos de Karen comenzaron a llamarle para decirle que no la encontraban, incluso ni a sus amigos más cercanos les contestaba el teléfono.
«Yo pensé que todo esto iba a terminar luego, y aquí estamos a 38 días de su desaparición».
La FGE solo le ha comentando a Gisela que investigan el caso, pero sin darle resultados.
«Me han informado que han salido a pegar cárteles y a preguntar, pero que hasta la fecha no hay nada».
Cada que Gisela sabe alguna información se acerca a la FGE y aprovecha para preguntar cómo va la búsqueda. Las amistades de Karen tampoco les han dado mayores datos.
«Espero que ya esta semana primero Dios tengamos noticias favorables, es muy difícil estar con esta angustia».
Familiares y amigas de Karen Melissa marcharon el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, en Chilpancingo, para exigir su pronta aparición con vida. Foto: Óscar Guerrero
“¡Justicia para Lesly!”, “¡Justicia para Monse!”, “¡Justicia para Julia!”, “¡Justicia para Ilse!” se escuchó por las calles de Chilpancingo cuando pasó el contingente de mujeres que nutrió la marcha de este 8 de marzo en conmemoración del Día Internacional de la Mujer.
Fue un contingente amplio que recorrió el centro de la ciudad hasta el zócalo, en la plaza Primer Congreso de Anáhuac.
En ese trayecto las mujeres pararon en lugares claves de la ciudad, algunos institucionales, como el Ayuntamiento de Chilpancingo y la Agencia del Ministerio Público, para dejar en evidencia lo que no han hecho por la seguridad de las mujeres y por la protección de víctimas de alguna violencia, y otros que representan la saña violentada contra la mujeres, como el hotel Plaza, donde Ilse Melody fue asesinada el 17 de febrero pasado.
El contingente justo lo encabezaban las familiares y amigas de mujeres víctimas de feminicidio o desaparición, dos de las violencias máximas contra mujeres en Guerrero. Una muestra de esto son los números de casos en estos dos sentidos durante el primer bimestre de 2023: 44 mujeres desaparecieron, 24 en enero y 20 en febrero, y 23 fueron asesinadas. Estos datos surgen de la base de datos que de manera mensual hace Amapola, periodismo transgresor con el monitoreo de datos oficiales, medios de comunicación y redes sociales.
Con sus familiares y amigas al frente, de alguna manera, esta marcha conmemorativa fue dedicada a todas ellas.
Fue en memoria de Julia Magdalena Olea Cortés, trabajadora del Hospital del Niño y la Madre Guerrerense, de quien hallaron su cadáver el 6 de octubre del 2022, en la colonia Tetipán, en Chilpancingo.
Hasta el momento las autoridades no han dado información de la investigación, porque quizá no hay avances, a sus familiares que estuvieron en la marcha.
Fue en nombre de Lucía Hernández y Juanita Dircio, la madre y la abuela de Diana Itzel Hernández, hija del dirigente social, Ranferi Hernández Acevedo, asesinado en el mismo episodio que ellas, donde además mataron a su ahijado Antonio, en la carretera de Ahuacuotzingo a Chilapa, el 14 de octubre del 2017.
En el contingente del 8M en Chilpancingo estuvo Diana para exigir justicia por su madre y su abuela, y por otras dirigentes sociales de Guerrero asesinadas, como Rocío Mesino Mesino, de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS).
Para las mujeres desaparecidas también hubo consigna en la marcha.
La madre de Karen Melissa Peñaloza Martínez, estudiante de Derecho de la Universidad Autónoma de Guerrero (Uagro) marchó al frente del contingente.
Karen tiene 21 años; está desaparecida desde el pasado 31 de enero. Lo último que se supo de ella es que abordó un taxi para ir a Petaquillas, la comunidad de Chilpancingo más cercana a la ciudad, a unos 10 minutos.
En el contingente estuvo Alejandra Mateos Jiménez, sobreviviente de feminicidio, para reclamar justicia. Su agresor, Víctor Manuel Martínez Lezama, quien fue su pareja, tiene grandes posibilidades de evadir su responsabilidad.
Martínez Lezama fue sentenciado a seis años de prisión por el intento de feminicidio contra Alejandra, pero pidió un amparo a un juzgado federal, que lleva dos años sin emitir el fallo. Hace unos meses, aprovechándose de que la justicia parece jugar de su lado, se fugó a Estados Unidos, donde volvió a agredir a dos mujeres; ahora puede ser deportado sin que exista un elemento sólido para en Guerrero pague por lo que le hizo a Alejandra.
“Lo van a deportar y aquí va a volver a la impunidad. Yo pido que le nieguen el amparo para que cuando lo deporten el 27 de marzo él cumpla la pena de seis años y medio que le otorgaron”, reclamó Alejandra durante la marcha.
El contingente de mujeres en general, la mayoría vestidas de morado, negro y verde, caminaron por las avenida principales del centro de Chilpancingo a la vez que gritaron y cargaron cartulinas con frases de lo que no está dispuestas a permitir más y sobre lo no dejarán pasar.
“Ojalá que nunca te toque ver cómo la inseguridad te quita el amor de tu vida”. “Cansado de escucharlo, nosotras de vivirlo”. “Denuncia archivada, mujer asesinada”. “Nos quitaron tanto que nos quitaron el miedo a luchar”. “Pido que Guerrero no esté infestado de violadores y acosadores”. «¡Ni una más, ni una más, ni una asesinada más!”. “¡Justicia!”.
Son algunas consignas que se leyeron o escucharon en el contingente.
La marcha comenzó en la Alameda Granados Maldonado a las 16:30 horas y avanzó hacia el sur de la ciudad, pero retornaron monumento Unidos por Guerrero para cerrar en el zócalo.
El contingente fue resguardado por mujeres de la Policía Estatal.
Al llegar a la Plaza Cívica Primer Congreso de Anáhuac, a manera de pronunciamiento, mencionaron lo que les interesa que sea atendido por la instituciones, como la erradicación de los matrimonios forzados.
«Exigimos prevención, atención y erradicación de las uniones tempranas forzadas principalmente en la región Montaña y Costa Chica del estado”, dijo quien leyó el texto.
Recriminaron al Estado no actuar en contra de la violencia digital ni agilizar las investigaciones para castigar a los feminicidios ni hallar a las mujeres desaparecidas.
Exigieron un alto al acoso y hostigamiento laboral y escolar. Esto tiene su razón de ser, pues, el pasado 5 de marzo fue documentado por la prensa que en la Prepa 29 de Tixtla, los estudiantes descubrieron cámaras instalada en los baños de las alumnas y los alumnos.
“Es preocupante que en las instituciones educativas no pongan atención a los casos que se generan dentro de las mismas y se vuelven indiferentes y protegen a los agresores”.
Para las mujeres rurales exigieron a las autoridades correspondientes garantizarles el derecho de posesión y tenencia de la tierra.
“Al Congreso le exigimos la presentación de la iniciativa de ley que reconozca la violencia vicaría como una manera de violencia contra las mujeres”.
La violencia obstétrica y garantizar los servicios de aborto, ahora que está despenalizado fue, sin duda, otro reclamo de un contingente que nunca más dará espacio a la invisibilidad.
En la marcha también participaron familiares de la videobloguera de sátira política, Pamela Montenegro. Las mujeres periodistas en México, dijo Alina Navarrete, constatan a diario los múltiples tipos de agresiones, amenazas y riesgos que a lo largo y ancho del país que se ciernen en contra de ellas en el desempeño de su trabajo, del derecho a informar
Texto: Beatriz García
Fotografía: Óscar Guerrero
9 de marzo del 2022
Chilpancingo
Mujeres periodistas de Chilpancingo marcharon en la capital para exigir cese a la violencia y acoso laboral en el marco del 9M, el paro nacional de mujeres, un día sin nosotras.
En el contingente también participaron familiares de la videobloguera, Pamela Montenegro del Real, quien fue asesinada el 5 de febrero del 2018 en Acapulco, exigiendo justicia por el caso que sigue en la impunidad a cuatro años.
“¡Reporteras informando también están luchando!”, “¡Ni una más, ni una más, ni una asesinada más!”, “Libertad, libertad a la prensa, libertad!”, fueron algunas de las consignas que las periodistas lanzaron en el trayecto de la marcha que comenzó en la explanada del Monumento al bicentenario, en la avenida Insurgentes, al norte de la ciudad.
Las reporteras nombraron a las cuatro periodistas asesinadas durante lo que va de la administración del presidente, Andrés Manuel López Obrador: Norma Sarabia Garduza, asesinada en Huamanguillo, Tabasco; María Elena Ferral Hernández, asesinada en Papantla, Veracruz; Mitchell Simón, en Ciudad de México y María de Lourdes Maldonado López, en Tijuana, Baja California.
“Nos queremos vivas e informando”, dijeron las colegas.
En el 2017, las reporteras de Chilpancingo se integraron simbólicamente a la huelga global en defensa de los derechos y la justicia para las mujeres. Desde entonces se pronunciaron al día siguiente, los 9 de marzo, día en el que también se hace el llamado al paro nacional de mujeres.
Sin embargo, es el tercer año consecutivo, en el que además, toman las calles de la ciudad y hace visible la violencia contra ellas.
La marcha siguió por las avenidas Juárez, Ignacio Ramírez y Miguel Alemán, para llegar al Parque Unidos Por Guerrero, para hacer parada en el monumento que las periodistas renombraron como Violetas del Anáhuac, un lugar que ahora simboliza la lucha y la exigencia de las colegas en la entidad.
“Presentamos la noticia procurando una sociedad más igualitaria, y frente una realidad que avasalla los esfuerzos en la defensa y el acceso a la justicia de las mujeres, nos sumamos a las protestas del 8M para reivindicar nuestros derechos”, es parte del pronunciamiento que leyó la reportera, Alina Navarrete Fernández.
Este camino ha permitido a las reporteras comenzar un diálogo sobre las difíciles condiciones a las que se enfrentan y así vincularse con los movimientos de mujeres periodistas en el país, como en el caso de la Red Nacional de Periodistas.
Las mujeres periodistas en México, dijo Alina Navarrete, constatan a diario los múltiples tipos de agresiones, amenazas y riesgos que a lo largo y ancho del país que se ciernen en contra de ellas en el desempeño de su trabajo, del derecho a informar y de ejercer ambos de manera segura, sin riesgo para su integridad, seguridad física, emocional, económica y de sus familias.
Es cada vez más frecuente carecer de un contrato por escrito que establezca la relación laboral con las empresas, las prestaciones sociales son nulas y se trabaja sin acceso a servicios de salud, vivienda, o guarderías y eso también es violencia, de la que poco se habla, enunció la reportera como parte de las violencias que enfrentan las colegas.
Tanto para Alina como para las que participaron en la actividad, según postularon mediate su posicionamiento colectivo: se debe dejar de ver el ejercicio periodístico como sinónimo de precariedad, de penurias y violencia.
No hay justicia para Pamela Montenegro “Nana Pelucas”
La hermana de Pamela Montenegro, Ana Guerra del Real, en su participación, externó las gracias a las colegas que alzaron la voz para exigir justicia por la comunicadora.
Recordó que cuando fue asesinada su hermana, el entonces fiscal Javier Olea Peláez, a hora y media del hecho, dijo que había sucedido por las notas de sátira política que subía a su página web, además de que era parte de un grupo criminal. Es decir, para su hermana, Olea criminalizó y revictimizó a Pamela.
Denunció que a raíz de la exigencia de justicia por su hermana, hombres armados la retuvieron ilegalmente por tres días, posteriormente la abandonaron en un lugar solitario y huyó de Acapulco, además de que la despidieron de su trabajo en el gobierno del estado.
Exigió que el hijo de su hermana sea integrado al Fondo de Apoyo a Periodistas (FAP) del gobierno del estado. Lamentó que este beneficio sí se lo han dado a los familiares de periodistas hombres asesinados, pero no ha sido así con Montenegro del Real.
El mitin culminó con consignas en apoyo a Pamela Montenegro. Las reporteras encendieron luces de bengala moradas y verdes.
Este 8 de marzo, se reinstalará el Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y los sistemas municipales en los próximos días, con ello se activarán los mecanismos de protección a los derechos humanos de las mujeres
Texto: Beatriz García
Fotografía: Amapola periodismo y José Luis de la Cruz
7 de marzo del 2022
Chilpancingo
En Guerrero hay una deuda histórica con las mujeres. Acceso a la justicia y a una vida libre de violencia son las principales, coinciden activistas, defensoras de derechos humanos y víctimas.
De acuerdo con el último Censo de Población y Vivienda del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en 2020 en Guerrero se contabilizaron un millón 840,073 mujeres, adolescentes y niñas y un millón 700,612 hombres, es decir hay más mujeres que hombres.
Paradójicamente son las mujeres las que sufren más violaciones a sus derechos humanos: feminicidios, violaciones sexuales, laborales y la falta de acceso a la justicia.
Pero no sólo eso, las mujeres en Guerrero son las exigen justicia en las calles y en las instituciones por un hijo, un esposo o un hermano que fue desaparecido o asesinado.
Las desigualdades entre hombres y mujeres son visibles. Un ejemplo claro es el analfabetismo. Las mujeres son las que menor consideraciones tienen para asistir a la escuela. De acuerdo con Inegi, en 2020 había 188,987 mujeres mayores de 15 años analfabetas y 121,340 hombres en la misma condición.
El último censo de Inegi registró que la mayor participación económica persiste en los hombres, 74.5 por ciento generan ingresos económicos, mientras que 48 por ciento de las mujeres lo hacen. Aunque el mismo informe indica que la tasa de participación de las mujeres creció 3.0 puntos porcentuales de 2000 a 2010 y 19.9 puntos porcentuales en los últimos 10 años.
Para entender algunos aspectos del plano en el que las mujeres guerrerenses están paradas, Amapola. Periodismo transgresor consultó a tres mujeres que han participado activamente en la búsqueda de justicia desde distintos aspectos.
La feminista y representante de la Asociación Guerrerense contra la Violencia hacia las Mujeres (AGCVIM), Marina Reyna Aguilar; la representante del Colectivo Familiares en Búsqueda María Herrera, Gema Antúnez Flores y la directora del Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos “José María Morelos y Pavón”, Teodomira Rosales Sierra, quien acompaña a mujeres desplazadas por la violencia.
El incumplimiento con las mujeres
Hace cicno meses, en Guerrero cambió de gobierno, por primera vez es gobernado por una mujer, la morenista Evelyn Salgado Pineda, pero no se observa el cambio para las mujeres, aunque haya comunicados y presupuesto para atender la problematica, sin embargo para la feminista “hasta que se materialice será real”.
La Secretaría de Gobernación (Segob) ha declarado con dos Alertas de Violencia de Género (AVG) que no ha sido cumplidas lo que mantiene una situación “grave” porque la violencia no cesa y hay otras que se están visibilizando, como los matrimonios forzados en niñas y jóvenes, que desde décadas persiste en la región de la Montaña.
El incumplimiento de estas alertas, dice la activista, ha puesto a las familias y las organizaciones a trabajar aun con todas sus limitaciones en lo que el Estado no está atendiendo.
La activista observa que cada día hay más denuncias interpuestas por las mujeres, pero al mismo tiempo hay muchas carencias en la estructura gubernamental, la falta de capacitación al personal y los malos tratos que siguen ejerciendo los funcionarios hacia las víctimas.
Este 8 de marzo, se reinstalará el Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y los sistemas municipales en los próximos días, con ello se activarán los mecanismos de protección a los derechos humanos de las mujeres, sin embargo, explica Reyna Aguilar, hay una falta de cumplimiento de obligaciones que tiene el estado y los municipios, lo cual vulnera los derechos de las mujeres.
En el Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, contemplan comisiones, una de ellas es la que preside el Congreso del estado que tiene la obligación de hacer un análisis del marco legal para homologar las leyes locales a las leyes federales, además de revisar las necesidades de reforma.
Sin embargo, los diputados ha mostrado resistencia para cumplir con uno de los grandes pendientes: reformar el artículo 159 de Código Penal, para que las mujeres que quieran interrumpir el embarazo producto de una violación sexual lo hagan sin la necesidad de presentar una denuncia penal y, menos, sin tener la autorización de un Ministerio Público.
Las violencias imparables
La Asociación Guerrerense contra la Violencia hacia las Mujeres da siguimiento puntual a la información que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública registra en relación a diferentes violencias que se ejercen contra las mujeres como: violencia de género, aborto, trata de personas, tráfico de menores o violencia sexual.
En su portal, la asociación desmenuza las cifras del secretariado. En sus gráficas destaca la violencia familiar. De acuerdo al registro del año pasado, en Guerrero se denunciaron 2,504 hechos por violencia familiar, aunque en 2019 se presentaron 3,036 denuncias.
En el delito de violencia de género en Guerrero en 2020 de representaron 321 denunciados y en 2021 cerró con 142.
En relación al aborto en 2019 hubo el mayor número de denunciasque aún sigue siendo considerándose un delito, once, y el año pasado cerró con cinco.
En el delito de trata de personas, en 2019 también presentó el mayor número en los últimos cinco años con denuncias, 19, y el año pasado cerró con solo una denuncia.
Sobre tráfico de menores, en 2021 se presentaron tres denuncias por este delito y en los últimos cinco años suman cinco. En Tlapa, Cochoapa el Grande, Acapulco, Zihuatanejo y Ometepec, se registró uno en cada uno.
En violación simple, en los últimos cinco años en 2019 se presentaron más el mayor número de denuncias, 242, mientras que en 2021 fueron 164.
En violación equiparada en los dos últimos años presentaron el mayor número de registro de denuncias, 143.
Las denuncias por acoso sexual, en 2020 presentaron 114 denuncias y el año pasado cerró con 82.
El delito por abuso sexual, en 2020 se presentaron 342 denuncias y el año pasado 270.
Las mujeres, las que alzan la voz
En Guerrero hay diferentes grupos de familiares de desaparecidos y asesinados que buscan justicia por sus seres queridos, al frente van las mujeres alzando la voz.
Gema Antúnez confirma lo dicho, en su colectivo la mayoría son las madres, esposas e hijas las que no cesan en buscar justicia. Lo explica.
—¿Por qué en este caso son más las mujeres que buscan a sus desaparecidos?
—En la mujer recae toda la responsabilidad, tanto del hogar porque quedamos al frente de la familia, tanto en resolver la situación económica, salud, educación. Aun así nos damos a la tarea de buscar y no perder la fe de encontrar a nuestro familiar. Somos las que más persistimos, no sé, tal vez por ese amor materno que traemos por naturaleza.
—¿Cómo es el plano de la violencia institucional hacia ustedes?
—Sí hay carencia en los colectivos, la falta de sensibilidad que han tenido las autoridades para cubrir en cierta forma esa pérdida que tenemos, porque además es quien solventaba la economía del hogar y necesitamos apoyos, y hay poca sensibilidad de las autoridades.
“En Guerrero impera el machismo y a la mujer nos ha costado un poquito más de trabajo sobresalir y nos encontramos con muchas piedras en el camino que nos evitan avanzar”, puntualizó.
Para Gema Antúnez la labor de la mujer en Guerrero es titánica para sobresalir, para trabajar y se enfrenta obstáculos, que paso a paso avanza, lucha y no pararán en buscar a sus desaparecidos.
Sin ellas, todo estaría de cabeza
Desde 2019, la directora del Centro Morelos, Teodomira Rosales Sierra, acompaña a 244 mujeres desplazadas por la violencia de municipios como Heliodoro Castillo, Eduardo Neri, Leonardo Bravo y Zitlala, quienes se han tenido que plantar en campamentos en la Ciudad de México para que las autoridades federales escuchen sus demandas.
En entrevista, la abogada explica cómo ha sido el camino de las mujeres víctimas que además llevan con ellas a sus hijos e hijas en cada manifestación que realizan, en los plantones donde deben dormir bajo carpas por donde se cuela el frio intenso de la Ciudad de México, y en colchonetas sobre el piso helado, e improvisar una cocina para preparar sus alimentos.
“La mujer en Guerrero significa valentía, dignidad, y la mujer con toda su valentía y fuerza ha emprendido una lucha por muchos años, porque ha enfrentado grandes violaciones a los derechos humanos, principalmente las que son madres”, dice Rosales Sierra.
Consideró que si en Guerrero las mujeres no alzarán la voz “estaría más de cabeza”, porque son ellas las que emprenden una lucha para el bienestar de sus hijos y toda su familia.
En el caso de las víctimas desplazadas siempre han vivido vulnerables, porque son rechazadas en la sociedad, por tener un familiar desaparecido o asesinado. Por ejemplo, explica, en las iglesias, escuelas y centro de salud son rechazadas.
Lamenta que aunque en las leyes está escrito que las víctimas tienen derecho a una vida digna, no se está cumpliendo porque las autoridades siempre tienen excusas.
En este sentido las mujeres han emprendido una lucha en favor de sus hijos, principalmente. Actualmente las mujeres víctimas de desplazamiento luchan porque en el Senado de la República, los senadores, aprueben la Ley de Desplazamiento Forzado Interno.
Durante estos tres años uno de los logros de las mujeres fue que el 23 de septiembre de 2021 se tipificarse como delito en el Código Penal de Guerrero, el desplazamiento.
Esto es una radiografía del plano guerrerense en el que viven las mujeres, víctimas de una cadena de violaciones a sus derechos humanos que persisten.
