Protestan en diversos puntos del estado en el marco del Día Internacional de Víctimas de Desaparición Forzada.
El representante en México del Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos encabeza acto en Atoyac al lado de Tita Radilla.
Texto y foto: Jesús Guerrero
Viernes 30 de agosto de 2024
Chilpancingo
Familiares de desaparecidos en Guerrero protestaron en diversos puntos de la entidad, para reprochar la falta de voluntad del Congreso local para aprobar la Ley de Desaparición Forzada.
Las movilizaciones de al menos siete colectivos de víctimas de la violencia se realizaron en el marco del Día Internacional de Víctimas de Desaparición Forzada, para denunciar la inacción de los tres niveles de gobierno para localizar los miles de desaparecidos en Guerrero.
En Chilpancingo, el colectivo Lupita Rodríguez y varios padres y madres de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala marcharon de la estatua de Nicolás Bravo al monumento de Las Banderas, donde culminaron con un mitin.
En el recorrido de más de tres kilómetros, mujeres y hombres mostraron fotografías de sus desaparecidos y lanzaron la consigna «vivos se los llevaron, vivos los queremos».
Durante el mitin en el punto conocido como Las Banderas, donde también se encuentra el antimonumento de los 43, David Molina Rodríguez, presidente del colectivo Lupita Rodríguez, reprochó que es injustificable la disculpa pública de la diputada local Nora Yaney Velázquez Rodríguez, del Morena, por no haberse aprobado la Ley de la Desaparición Forzada, que se quedó en comisiones legislativas de la legislatura local que concluye este sábado 31 de agosto.
«La ley no caminó en el Congreso porque los diputados de Morena no quisieron, debido a que significaba destinar presupuesto; y eso está supeditado por el titular del Ejecutivo», denunció David Molina.
En una de las últimas sesiones de la legislatura saliente, la legisladora Nora Velázquez pidió perdón a los colectivos de los desaparecidos por no haberse aprobado la ley en cuestión.
David Molina recordó que fueron los colectivos de los desaparecidos en Guerrero los que propusieron dicha ley, la cual, a diferencia de la que proponían algunos diputados, se propone un centro de identificación humana que forme parte del organigrama de la Comisión Estatal de Búsqueda (CEB).
Denunció que el Centro de Resguardo Forense(CRF) ya está llegando a su límite de resguardo de cadáveres, ya que en este momento hay 960 restos humanos en las gavetas.
El CRF está ubicado en la colonia Santo Domingo, al poniente de Chilpancingo.
Integrantes de cuatro colectivos de Iguala y Chilpancingo realizaron un acto de protesta en el memorial de desaparecidos de la alameda Granados Maldonado en el centro de Chilpancingo.
Integrantes colectivos de búsqueda de desaparecidos de Iguala y Chilpancingo en un acto de protesta en el memorial de desaparecidos de la alameda Granados Maldonado en el centro de Chilpancingo, hoy 30 de agosto del 2024. Foto Jesús Guerrero
El memorial lo construyó este año el gobierno municipal de la capital que encabeza la morenista Norma Otilia Hernández Martínez.
«Mucha gente piensa que las desapariciones es un fenómeno trivial, pero es un problema que sigue lacerando a la sociedad. Y lo más grave es que el gobierno no hace nada para hacer justicia y tampoco para frenarlas», criticó el párroco Feliberto Velázquez Florencio durante una misa que ofició después del mediodía de este viernes.
(Las desapariciones) es una herida abierta que causa mucho dolor; y se va a cerrar hasta que haya justicia, sanación y reconciliación», remarcó el sacerdote.
En la protesta estuvieron los colectivos de Chilpancingo: María Herrera, Raúl Trujillo Herrera, Guerrero, no más Desaparecidos y Colectivo Independiente, además del colectivo Madres Igualtecas de Iguala.
En Atoyac de Álvarez se realizó un acto encabezado por el representante en México del Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos, Alan García, y la vicepresidenta de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Derechos Humanos (Afadem), Tita Radilla.
«Pedimos al Estado mexicano adoptar y tomar una agenda que parta del reconocimiento y escuche la voz de las familias, que las proteja, que asuma la búsqueda con una responsabilidad propia y que investigue de manera efectiva», demandó Alan García ante familias de los municipios de Atoyac y Acapulco que tienen desaparecidos, principalmente, durante la llamada guerra sucia.
Personas que buscan a sus familiares desaparecidos se reunieron en un conversatorio para demandar a la próxima administración Federal que priorice la búsqueda de personas desaparecidas, su identificación y la restitución.
Texto: Camilo Ocampo / Pie de Página
Foto: Redes sociales de la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato
10 agosto del 2024
CIUDAD DE MÉXICO.- Familias que buscan a un ser querido provenientes de Chihuahua, Coahuila, Guanajuato y Morelos se reunieron en la Ciudad de México para compartir experiencias de búsqueda y reflexionar sobre lo que llamaron una “crisis forense”, producto de las malas prácticas, la negligencia y lsa irregularidades por parte de las instituciones del estado.
El encuentro se dio durante el conservatorio “Retos, Limitaciones y Deudas del Estado: exhumaciones con enfoque masivo en fosa común como una ruta de búsqueda de personas desaparecidas en México», organizado por Artículo 19 y el Grupo de Investigaciones en Antropología Social y Forense (GIASF), entre otras organizaciones.
Isabel Beltran Gil, representante del GIASF, afirmó que las fosas comunes en panteones son una de las deudas del Estado mexicano con las víctimas de desaparición y con sus familias. “Las exhumaciones masivas de fosas comunes en panteones, se ha convertido en una actividad de búsqueda cada vez más recurrente” aseguró.
La antropóloga forense, Helka Alejandra Quevedo, explicó cómo en Colombia la justicia transicional contribuyó a que las Ciencias Forenses pudieran aportar datos para el acceso a la verdad, la justicia y la reparación, pilares y derechos innegociables.
«La identificación debe ser prioridad para el Estado Mexicano». Foto: Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato
Después de escuchar las ponencias de las expertas, las familias buscadoras solicitaron a la virtual presidenta, Claudia Sheinbaum, que se implemente una política pública desde el estado, en materia de desapariciones forzadas e identificación, articulada en un Plan Nacional de Búsqueda Integral, que deberá incluir medidas de prevención de las desapariciones y análisis que revelen el impacto generacional de las desapariciones y sus afectaciones a la salud la salud mental y física.
Reclamaron que es urgente que el estado reconozca y atienda la crisis forense por medio de una política con un marco científico, además de encontrarse a la espera de un Plan Nacional de Exhumaciones sostenido sobre hipótesis de búsqueda e identificación, acompañado por un Plan de Intervención que explique el flujo de trabajo además que se mantenga y fortalezca la búsqueda en vida.
Recordaron que durante esta administración no se concretó un Banco Nacional de Datos Forenses, que es necesario para ordenar y contrastar las bases de datos genéticas de referencia entre las distintas dependencias encargadas de las búsquedas de desaparecidos.
Entre sus exigencias, las familias que buscan, mencionaron que es necesario que se promueva la reparación de los daños y perjuicios sufridos, de una manera que respete su dignidad y derechos. En lugar de simplemente compensar económicamente o devolver bienes,
Hicieron especialmente énfasis en que tanto en el ámbito federal como estatal, debe ser prioridad en la búsqueda de personas el otorgamiento de recursos suficientes para la contratación de personal encargado de la búsqueda, la identificación y la restitución digna de quienes hayan sido localizadas sin vida.
Los colectivos de familias buscadoras, también le exigen a Claudia Sheinbaum, que la malas prácticas de los servidores públicos ligados a la atención de búsqueda de personas desaparecidas, sean sancionados a fin de reducir la revictimización e impunidad.
Planteamientos regionales
De manera individual los colectivos presentaron planteamientos por entidad federativa
En primer lugar “Regresando a Casa Morelos” informó que es necesario que la Fiscalía de ese Estado presente expedientes y archivos básicos, que cuente con un catálogo de prendas y características individualizantes en servicios periciales, además de que exista presupuesto suficiente y se hagan perfiles genéticos y se tomen otros métodos biométricos de identificación.
En el contexto de las fosas de Tetelcingo y Jojutla, “se debe conocer el destino final de los hallazgos de fosa común, panteón ministerial y fosas clandestinas hechos entre 2002-2024. Las familias urgen a la identificación de los 360 cuerpos cúmulos de SEMEFOS que fueron inhumados en el panteón ministerial sin identificar.”
Por su parte, el “Centro de Derechos Humanos de las Mujeres de Chihuahua” (CEDHEM) y el “Centro de Derechos Humanos, Paso del Norte” mencionaron que es necesaria la implementación de personal capacitado para el resguardo digno de los restos que no es posible identificar mediante pruebas genéticas.
También consideraron que es necesario capacitar a agentes del Ministerio Público y de las Fiscalías estatales respecto a graves violaciones a los Derechos Humanos. Además, enfatizaron que no solo se debe trabajar casos individualizados, sino colectivos
Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos de Jalisco, dijeron que urge la implementación de políticas públicas a fin de atender de forma integral los procesos de búsqueda y para realizar, en su caso, restituciones dignas y favorecer la interlocución entre el SEMEFO y la fiscalía del estado, con orientaciones claras.
Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y en México (FUUNDEC-M), Familias Unidas en la Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas (FAMUN) y el Centro para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios de Coahuila hicieron un llamado a la siguiente administración, estatal y federal, a reconocer y atender científicamente la crisis forense, así como a la CNB de designar a la persona titular por medio de consultas con las familias.
“Se requiere una política de Estado sobre crisis forense y desaparición, incluido un análisis de contexto con impacto generacional y una política que considere los impactos en la salud mental. En los estados fronterizos y en el país se requieren políticas binacionales de búsqueda de personas”
Para finalizar los colectivos “Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos Guanajuato, Luz y Justicia, Hasta Encontrarte» y “Proyecto de Búsqueda, Colectivos de Guanajuato” propusieron la realización de un Plan Estatal de Exhumaciones en la entidad,la cual deberá ser coordinada con autoridades nacionales.
“Se debe dar continuidad a las mesas forenses en el estado, con periodicidad trimestral. Los Mecanismos Nacionales como el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense (MEIF) y el Banco Nacional de Datos Forenses (BNDF), promovido desde lo local. Por último, se debe dar autonomía a los servicios periciales, reconociendo en ellos la participación a la que tienen derecho las personas buscadoras. Particularmente se debe establecer un Plan especial de búsqueda en pozos profundos y riego.”
Este texto es original de Pie de Página y es reproducido por Amapola Periodismo como parte de una alianza de medios. Puedes leer la nota original aquí.
Iván Gutiérrez Mercado, de 19 años, quien fue reportado como desaparecido en Zihuatanejo, región de la Costa Grande, fue hallado sin vida este lunes.
Su tío, Melvi Ronaldo Gutiérrez Herrera, informó mediante sus redes sociales que su sobrino, Iván Gutiérrez fue hallado sin vida el día de hoy al medio día.
Iván Gutiérrez tenía ficha de desaparición desde el 4 de agosto emitida por la Fiscalía General del Estado (FGE).
Ronaldo Gutiérrez informó que su sobrino fue privado de la vida, “solo para comunicarles que ya lo encontramos, ha fallecido, le arrebataron su vida, no quiero venganza”, escribió en redes.
El joven había terminado sus estudios de educación media hace un mes y estudiaba su primer semestre de Derecho en el Instituto América.
A la par del comunicado de la familia Mercado, el medio de comunicación NMás Guerrero informó al medio día el hallazgo de un joven sin vida debajo del puente de Agua de Correa, a la altura de la entrada de Zihuatanejo.
Al hallazgo llegaron elementos de la Guardia Nacional y Ejército para acordonar el área.
El joven vestía short y una playera, no presentaba huellas de tortura ni lesiones visibles en el cuerpo.
Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado no ha emitido ficha de localización del joven Iván Gutiérrez.
Han pasado 12 años desde que unos hombres armados, con pinta de agentes, la sacaron de la casa de su madre y se la llevaron. La sospecha principal recaía en su pareja y su suegro, un ministerial conocido en la ciudad por relaciones criminales, pero ninguna autoridad los vinculó
Texto: Margena de la O
Foto: Luceli Pastrana
Chilpancingo
Ivette Melissa Flores Román pensaba que cuando su suegro la dejara salirse de su casa, donde vivía con quien era su pareja y padre de su hija, el riesgo terminaría, pero se equivocó. Alrededor de un año y medio después de que lo consiguió, unos hombres armados entraron por la fuerza a la casa de su madre, el que volvió a ser su hogar, y se la llevaron.
De eso han pasado 12 años, sin que se sepa de su paradero.
En la imagen, fichas de personas desaparecidas, incluida la de Ivette Melissa, que integrantes del colectivo Madres Igualtecas pegaron en las estaciones de autobuses de Chilpancingo, el 17 de julio pasado, como parte de un recorrido por la ciudad, en el contexto de las diligencias ordenadas por la ONU.
El suegro de Ivette Melissa, quien tenía el mismo nombre que su pareja, era Humberto Velázquez Delgado, apodado El Guacho, un policía ministerial de Iguala que fue coordinador de esta corporación de la Fiscalía General del Estado (FGE) de la zona Norte de Guerrero, cuya ciudad es la referencia nacional y mundialde la desaparición forzada, por el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa –y muchos más–que expuso la colusión de autoridades y el crimen organizado.
A El Guacho lo asesinaron en junio del 2021 en su negocio de ropa y artículos tácticos, ubicado frente a las instalaciones del referenciado 27 Batallón de Infantería de Iguala en el caso de los normalistas. Sobre él pensaban señalamientos públicos de presuntas actividades ilícitas y de tener relación con grupos criminales.
Hace unos 16 años, entre 2008 y 2009, Ivette Melissa conoció a Humberto Velázquez Flores, el hijo de El Guacho, en el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Guerrero (Cecyteg) de Iguala. Ella estudiaba el primer semestre y él cursaba el último año. Comenzaron una relación que avanzó rápido: comenzaron a vivir juntos en la casa familiar del joven y tuvieron una hija.
Ya había pasado todo esto e Ivette Melissa todavía era una adolescente de 16 años.
Pronto comenzó a sentirse incómoda en la casa de sus suegros porque pasaban cosas raras. En la casa había una especie de sótano, desde donde escuchaba lamentos de personas y otros ruidos, según le compartió en una ocasión a su madre, Sandra Luz Román Jaimes.
“Mamá ya no me marques por teléfono, porque toda la casa está monitoreada, todas las llamadas están monitoreadas y si tú dices algo que no les parezca a ellos me van a golpear y me van a meter al sótano. Tengo mucho miedo, siento que en esa casa secuestran gente. La mera verdad ya no quiero estar aquí, pero pacté con mi suegro que cumpliendo un año la niña me deja libre”, recuerda Sandra Luz que le dijo su hija.
El comentario de Ivette Melissa la inquietó, pero le garantizó discreción para no exponerla.
Con el silencio como medida llegó el plazo del año y Sandra Luz fue por su hija y su nieta a la casa de los consuegros, después de que lacelebración del bautizo. “Voy por ella (Ivette Melissa) y el suegro manda a traer a la judicial, porque él era comandante regional de laPolicía Ministerial, pero cuando entramos a traer las cosas de mi hija ya estaba la Judicial (nombre que antes tenía la Policía Ministerial) y estábamos esposadas y todo, porque según estábamos robando”.
Para fortuna de ambas llegó hasta la casa el padre de Velázquez Delgado, quien se opuso a que se las llevaran los policías, advirtiéndole a su hijo que si no paraba eso él mismo lo acusaría.
Una imagen difundida por la organización I(dh)eas.
El acoso del suegro hacia Ivette Melissa y su familia no paró, porque un día fue a la casa de la joven, la cual solía frecuentar para ver a la nieta, para tratar con la joven y su madre un tema delicado.
Les fue a informar que Ivette Melissa estaba en riesgo de muerte porque, según él, había vendido su cabeza. “Yo nada más le vengo avisar que a su hija la van a matar; le digo, pero por qué la van a matar; dice, porque ella vendió mi cabeza. Pero cómo que vendió su cabeza, si está bien amenazada por ustedes, y ustedes no sé de qué la acusan”, recuerda Sandra Luz lo que dijo el consuegro.
Ivette Melissa encaró a su suegro diciéndole que era una invención de su parte sólo porque ella se dio cuenta que se dedicaba a cosas ilícitas; le pidió que la dejaran en paz, que no quería volver a la casa de él y la su hijo, quien era su pareja. ‘Mi error fue haberme juntado con la persona equivocada’.
Sandra Luz sintió mucho miedo, porque después de esa rara conversación siguieron amenazas directas de los otros hijos del consuegro, que obligó a toda la familia a permanecer encerrados por unas tres semanas. Sandra Luz sacó a hurtadillas a Ivette Melissa y a su hija de Iguala.
Las llevó a Querétaro, pero El Guacho las localizó después de un tiempo y volvió a amenazar a la joven; las obligó a volver. Aparentemente le ofreció protección, enviando a Ivette Melissa a Acapulco.
Sandra Luz fue por ella porque la tenían sin comer. Volvieron a Iguala con la anuencia del suegro y la sentencia aún activa.
La madrugada del 24 de octubre del 2012, unos hombres armados con pinta de policías entraron a la casa de Sandra Luz, quien en ese momento estaba en el hospital atendiendo a uno de sus hermanos enfermos, y de manera violenta se llevaron a Ivette Melissa. En ese momento tenía 19 años.
La referencia de la desaparición en Iguala aún no era mediática.
Se la llevaron…
Durante los primeros minutos del 24 de octubre unas camionetas cargadas con hombres armados rodearon el perímetro de la casa de Sandra Luz. Tan pronto se bajaron descargaron sus armas de grueso calibre sobre la fachada de la vivienda. Estaban ahí para cumplir la amenaza; sacaron a Ivette Melissa.
Los hombres armados no eran extraños para la familia de Sandra Luz, menos para su nieta, la hija de Ivette Melissa, entonces con casi tres años. Reconoció la voz de algunos tíos.La niña pidió que no se llevaran a su mamá. Sandra Luz ahora tiene la certeza de que participaron policías ministeriales municipales y elementos de Tránsito Municipal.
La misma noche los hombres armados cargaron con una mujer que estaba en la casa de Sandra Luz, de quien se guarda su identidad, porque fue liberada días después de hacerle pasar por todas las vejaciones que pudieron ocurrírseles. En la casa había más personas, como las hermanas y los hermanos de Ivette Melissa, pero el blanco eran las mujeres.
Eso lo tiene claro ahora Sandra Luz, quien con los años ha atado cabos. La noche de la privación ilegal de Ivette Melissa, uno de sus hijos tuvo el tino de esconder a otra de sus hermanas menores debajo de la cama, porque los hombres preguntaron por ella y como no les dio información lo golpearon hasta cansarse. ‘¿Y la vieja dónde está?’, sabe Sandra Luz que, incluso, preguntaron por ella.
Esa misma noche, de acuerdo con la información que ha recabado Sandra Luz, los presuntos policías se llevaron a otras 15 mujeres–17 en total– hacia la colonia Tamarindos, pero las familias se negaron a exponer los casos. Lo sabe, además, porque era la misma área donde unos cinco días después rescató a la mujer que se llevaron junto a su hija.
–¿Y Mely?, –recuerda que le preguntó en cuanto la vio.
–después la van a liberar. Eso me dijeron que le dijera.
Nunca se comunicaron.
Comenzó otro peregrinar para Sandra Luz. Desde entonces se enfrenta a uno de los más grandes obstáculos institucionales: la impunidad. La misma madrugada quiso denunciar los hechos, pero en el Ministerio Público de Iguala le negaron la posibilidad.
“Pusimos la denuncia y nos dijeron sólo va ser una carta de hechos porque ya los están esperando afuera. Nos salimos como pudimos por otra salida y fue que llegamos al domicilio”. Entendió que quienes las esperaban era parte del grupo que se llevó a su hija, y con eso le quedó claro que ellos podían hacer lo que quisieran en la ciudad.
Lo único que se le ocurrió hacer fue tomar un autobús a la Ciudad de México en busca de ayuda, aun cuando no sabía moverse en la capital. Anduvo de un lugar a otro por las referencias de los mismos taxistas y llegó, sin saber, a Províctima, lo que ahora es la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), donde le ayudaron a hacer la denuncia que logró federalizar hasta 2013, un año después, porque en Iguala, y por consecuencia en Guerrero, no había posibilidades.
“Ni siquiera es culpable la pareja de mi hija”, considera. Humberto Velázquez Flores, la pareja de Ivette Melissa, en la actualidad vive fuera de Iguala con la hija de ambos, quien está por cumplir 15 años, agrega Sandra Luz.
Con todos los derechos negados, decidió, como muchos familiares de desaparecidos en este país, emprender una lucha personal para buscar a su hija, enfrentándose a negativas en las instituciones de gobierno. Pero sí tiene una claridad en su búsqueda: “A ella (Ivette Melissa) la desaparecieron para que callara todo lo que ellos hicieron. Ahí está implicada toda la familia”.
Las coincidencias entre las desapariciones y la negligencia institucional
Cuando los normalistas de Ayotzinapa desaparecieron en Iguala, el caso fue la evidencia de un problema mayor de víctimas y en ese contexto nacieron Los Otros Desaparecidos, un grupo de familiares de personas desaparecidas en la ciudad que, por las dimensiones mediáticas que alcanzó el caso de los estudiantes, tomaron el valor para exponer el problema que vivían desde antes.
Este grupo pronto se convirtió en un colectivo que reclamaba a sus desaparecidos. Sandra Luz fue unas de las que lo empujó, pero luego emprendió su propia ruta con Madres Igualtecas, otra organización que acompaña a otras personas a buscar a sus desaparecidos, mientras ella hace lo mismo por Ivette Melissa. En la actualidad dan seguimiento a 100 casos.
La desaparición de los estudiantes normalistas desnudó en Iguala la complicidad entre autoridades y otros servidores públicos, como policías y tránsitos, con grupos criminales que han tenido varios nombres, pero que operan con efectividad. Una tesis clara en el caso fue el involucramiento de elementos oficiales de seguridad en la desaparición de los jóvenes y un patrón sobre la manera en que actuaban.
Coincidentemente, Velázquez Delgado, El Guacho, después de la desaparición de los 43 fue señalado, en mensajes expuestos en la vía pública de la ciudad, según consignó la prensa, de tener una vinculación a grupos del crimen organizado, pero nunca fue detenido.
Aun con estos antecedentes y las amenazas que vivió Ivette Melissa y su familia, tampoco fue investigado por su desaparición ni nadie más de los parientes, incluida su pareja.
Una búsqueda 12 años después por órdenes de la CEDAW a la FGR
Sólo porque Sandra Luz nunca paró aun con el paso de los años, logró dar algunos pasos después deinsistir durante una década, junto a organizaciones sociales, como i(dh)eas), una organización civil especializada en litigio estratégico de casos de violaciones de derechos humanos. En octubre del 2022, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) emitió una sentencia contra el Estado mexicano por el caso de Ivette Melisa.
El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) ordenó a la Fiscalía General de la República (FGR) y a la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas que realizaran diligencias de búsqueda en vida de Ivette Melissa en 12 municipios de Guerrero. Comenzaron apenas el 15 de julio pasado, en Ayutla.
La sentencia establecía seis meses para que el Estado mexicano las cumpliera, pero pasaron dos años para iniciarlas. “Y aún así, ni SEIDO (Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada) ni la Fiscalía General de la República han dado la cara. No tuve un MP (Agente del Ministerio Público), por ejemplo, hubo cuatro indicios”, expone sobre las diligencias que comenzaron en julio pasado.
Sandra Luz ha encabezado todas, acompañada de familiares de otros desaparecidos porque, como lo hizo desde el principio, sigue a pie puntilla el caso de su hija.
Además, ha tenido malas experiencias por la inacción de las instituciones. No hicieron nada ni siquiera cuando la Comisión Nacional de Búsqueda les notificó durante la pandemia que una persona con la CURP de Ivette Melissa acudió a un módulo a ponerse la vacuna contra la Covid-19. Desconoce en qué estado, módulo o clínica fue, menos si era ella en realidad, porque nadie le dio seguimiento.
Tampoco dieron fe al dato recogido el jueves 18 de julio pasado en el penal de Chilpancingo, producto de las diligencias dictadas por la ONU, donde un reo mencionó que pudo ser Ivette Melissa la mujer que vio en el hotel Majahua de Acapulco, donde hay indicios de trata de personas.
Para Sandra Luz es un testimonio que tiene sentido porque conecta con otros indicios que ella misma ha recabado de que la vieron en centros nocturnos; también existe el dato inicial de que otras mujeres fueron privadas de su libertad la misma noche que Ivette Melissa, quien en este momento tiene 31 años.
Nadie dio fe de este indicio porque en los recorridos falta el agente del Ministerio Público y, además, el reo salía del penal al día siguiente.
Derivado de las diligencias ordenadas por la ONU, pero cumplidas a medias por las instancias mexicanas, Sandra Luz organizó tres jornadas y ha recorrido Ayutla, Chilpancingo, Tlapa, Iguala, Taxco, incluidas visitas a los penales. El 1 de agosto, como parte de la segunda jornada, tenía planeado acudir a Tierra Caliente, pero le cancelaron el recorrido por no haber condiciones de seguridad, y optó con las otras familias por pegar fichas de búsqueda en las cabeceras municipales de Huitzuco y Tepecoacuilco.
Para la tercera semana de agosto (de 19 al 24) prevé acudir, aún con todos los obstáculos, a municipios de Costa Grande, porque ya no hay nada que la pare.
La violencia económica se convierte en una sombra, en una lucha y en una piedra que las sobrevivientes de un intento de feminicidio deben cargar
Texto y fotos: Ana Alicia Osorio/Pie de Página
Aquel día Ayerim no solo sobrevivió a un intento de feminicidio, también tuvo que aprender a vivir sin ingresos, pidiendo préstamos y luchando todos los días para intentar pagar los gastos que le llegaron únicamente por no haber perdida la vida, por convertirse en una sobreviviente.
Edna vive con dolores porque no puede pagar los tratamientos médicos que necesita. Dafne tuvo que vivir en la casa de su consuegra porque no podía pagar una renta. Yadira pidió un préstamo tras otro. Todas tienen en común, que no cuentan con dinero para solventar los gastos que les dejó algo que nunca quisieron vivir: haber sido víctimas de un tipo de violencia extrema contra las mujeres.
Las sobrevivientes de feminicidio deben volver a sobrevivir, ahora a la falta de dinero y a la necesidad de pagar sus gastos legales, médicos, reubicaciones, pérdidas de empleo y demás que les deja el delito del que ellas fueron víctimas. Cifras que algunas reportan alcanzan desde los 200 mil pesos hasta más de 2 millones.
“La violencia económica se convierte en una sombra, en una lucha y en una piedra que las sobrevivientes tenemos que guardar en esa mochila que traemos cargando (…) quedamos económicamente completamente mermadas tan así fue que, pues tuve que adquirir deudas”, contó Yadira.
Ana Yeli Pérez Garrido, integrante del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), señaló que las dificultades que implica sobrevivir a un intento de feminicidio provocan que conviertan su sobrevivencia en su único proyecto de vida, pues para todo requieren de recursos económicos con los que no cuentan.
“Ellas tendrían que tener una restitución de derechos en la medida de lo posible atención psicológica, médica, muchas veces una vivienda digna, que tampoco es algo que puedan acceder, pues esto se vuelve muchísimo más complicado”, señaló la directora de la Red Nacional de Refugios quien indicó que estos problemas se enfrentan en un país donde de por sí existe una fuerte desigualdad económica y de oportunidades entre hombres y mujeres y donde las autoridades son omisas con los problemas que presentan.
Los gastos de salud: el básico para lo que no alcanza
Lo primero que enfrentó Yadira cuando intentaron quitarle la vida fue deambular entre hospitales haciendo un pago tras otro. Tenía el rostro destrozado pero el Instituto Mexicano del Seguro Social donde la atendieron le realizaron una mala intervención, que le provocó una infección y riesgo de muerte por lo tuvo que llevar su tratamiento en el sector privado.
Prótesis dentales, tratamientos, medicamentos, hospitalizaciones, operaciones. Un gasto tras otro, la llevaron a pedir un préstamo en el trabajo que luego tuvo dificultades para pagar.
Pero su caso no fue único. Pérez Garrido señaló que la salud es un derecho y debería estar garantizado, pero la realidad es que las sobrevivientes deben desembolsar fuertes sumas de dinero para atender la emergencia médica, lo que las lleva a que en muchas ocasiones no puedan terminar sus tratamientos y con ello existan secuelas como discapacidades.
Eso fue lo que le pasó a Carolina Ramírez, quien vivió un intento de feminicidio hace cuatro años y cuyas secuelas le pasaron factura después y aunque ha tenido dos operaciones más, ahora no puede caminar sin la ayuda de su bastón.
No es la única. Edna necesita fisioterapia, pero no puede pagarla. Yeri no ha podido pagar la prótesis dental ni la terapia que necesita, lo que le provoca insoportables dolores de cabeza
Aunque la salud se encuentra entre los aspectos contemplados en la Ley General de Atención a Víctimas, la realidad es que esta no se cumple y ninguna ellas, ha podido acceder a este derecho.
Además, algo similar sucede con la salud mental. La integrante del OCNF señaló que en teoría las Comisiones de Víctimas deberían de proporcionar servicio psicológico, pero no lo hacen o éste no es de calidad, provocando que las mujeres sean quienes deban pagarlo y en caso de no tener el dinero para hacerlo, sobrellevar el convertirse en sobrevivientes sin la ayuda profesional.
Como Yadira, que en muchas ocasiones pensó en quitarse la vida tras el miedo que tenía por lo que le había pasado, pero que aunque ha intentado mantener la terapia constante no siempre le es posible pagarla. O como Kali, quien ha tenido que desplazarse en varias ocasiones y entre todos sus gastos, pagar terapia resultaba un lujo que no se podía dar.
Jaredth sí le dieron terapia como es su derecho, pero la psicóloga pública intentó hacerla desistir de su denuncia. A Dafne sí le ofrecieron la terapia por parte de instituciones, pero era en horario laboral y como no podía ir se la retiraron; lo mismo pasó cuando intentó recibir con ayuda de organizaciones civiles, por eso no ha tenido acceso ni a la terapia ni a los medicamentos psiquiátricos que tiene prescritos.
La suma de gastos que deben enfrentar no termina allí, advirtió Grace, quien dijo que también se presentan otras cuestiones como enfermedades indirectas como colitis o gastritis debido al estrés. Además, están aquellas generadas a sus seres queridos como la hipertensión de los papás de Yeri.
Los gastos legales: la justicia no es gratis
En el último sexenio (de 2019 a 2024) en México hay al menos mil 847 sobrevivientes del delito de feminicidio, según respuesta a solicitudes de información realizadas a las Fiscalías de todo el país. Sin embargo, la cifra es mayor, ya que algunos estados respondieron que no registran a las víctimas. Aunque el feminicidio es un delito, no consideran que tengan la obligación de resguardar las numeralias de cuántas víctimas resultaron del delito en grado de tentativa.
Carolina Ramírez, integrante del Colectivo Sobrevivientes de Feminicidio, consideró que la falta de certeza en los datos es un claro reflejo del desinterés que existe por parte de la justicia mexicana hacia aquellas mujeres que sobrevivieron una tentativa de feminicidio. Desinterés que se refleja también en los bolsillos de quienes intentan encontrar justicia.
“Es una vida muy desgastante vivir judicializada (…) tienes que pagar copias, tienes que llevar este oficio a tal y tal dependencia, hay que gastar en pasajes. Entonces todo eso implica un costo muy fuerte para nosotras las sobrevivientes”, narró Grace, quien añadió que no se contemplan cuestiones como audiencias eternas en las que permanecen hasta 12 horas esperando y que implican pagar por los traslados y comidas.
Intentar encontrar justicia debería ser un proceso gratuito, pero no lo es. Aunque hacer una denuncia no tiene ningún costo, la realidad es que todo lo que existe alrededor de ésta sí requiere de pagos que deben salir de quienes solo intentan encontrar un poco de tranquilidad en que procesen a su agresor.
Yeri, por ejemplo, tuvo el apoyo jurídico de una colectiva (para lo que otras sobrevivientes han tenido que desembolsar pagos) pero sí tuvo que pagar las vueltas a un lado a otro, copias, peritajes, estudios médicos y todo lo necesario para demostrar la culpabilidad de su agresor. Pero, aunque ya había obtenido una sentencia finalmente un amparo la revocó bajo el argumento de que había errores en el proceso, por lo que ahora, si quiere lograr la ansiada justicia deberá volver a hacer todos los pagos.
A los costos también se les suman los traslados, como Ayerim que se fue a vivir a una ciudad del centro del país para intentar ponerse a salvo de su agresor, pero cada vez que hay una audiencia o diligencia debe pagar el traslado hasta Oaxaca, si se niega a hacerlo el proceso no podrá continuar.
Por eso Jaredth decidió regresar a Ciudad de México, donde vivió la agresión, para llevar el proceso penal. Eso le lleva pagar renta y todo lo necesario para mantenerse en ese lugar.
Pero como nada de eso es contemplado por las leyes, algunas mujeres optan por desistir de su denuncia, sin importar que su caso quede sin justicia o que eso las ponga en riesgo. Eso, inclusive, se lo aconsejaron a “N”, quien pidió no relevar su nombre, en la Fiscalía pues le dijeron que solamente gastaría más dinero.
La Ley General de Víctimas también contempla asesoría jurídica y apoyos para traslados, pero la realidad es que muchas veces no se les brinda y algunas sobrevivientes ni siquiera saben sus derechos ya que en las instituciones no se les avisa, advirtió Grace.
La justicia les ha quedado a deber las sobrevivientes. No únicamente por la falta de sentencias sino también por los gastos que les implica intentar acceder a ella, gastos que según contó Yeri implican hasta las lonas y pancartas que deben pagar para manifestarse para que les pongan atención a sus casos.
Gastos de desplazamiento: la seguridad cuesta
La falta de justicia y de castigo a quienes son culpables implica también otra serie de cuestiones para las sobrevivientes, como no poder permanecer en el lugar donde se encontraban viviendo.
Algunas de ellas como Ayerim o Kali optan por irse lejos para ponerse a salvo. La primera lo hizo a otra ciudad y la segunda a otro país. Eso implicó que tuvieran que pedir préstamos para pagar todo lo que implica reiniciar la vida ahora en otro lugar.
“Yo ya no tenía, pues calma porque la amenaza estaba latente todo el tiempo. Yo tuve que estar huyendo de estados en estados en estados y realmente no puedo más (…) era como tenerte acorralada, entonces tienes que saltar porque te quedas ahí y tal vez ya no la cuentas”, expresó Kali, quien desde otro país en otra parte del mundo intenta adaptarse a su cultura y a sus gastos.
Algunas sobrevivientes también viven problemas de desplazamiento, pero porque el lugar donde vivían se quedó en manos de su expareja quien fue su agresor o porque la renta que pagaban ya no pudieron cubrirla, como Dafne a quien su consuegra recibió un tiempo en su casa y aunque estar ahí fue incómodo agradece haber tenido un techo donde vivir.
A ella un programa de gobierno le permitió adquirir una casa en un barrio peligroso de su ciudad, sin acabar, en obra negra, con pisos rústicos, pero que cuando menos le ha dejado tener un espacio solo para ella y para su hijo. Pero las sobrevivientes que tienen ese tipo de oportunidades son las menos.
Sobrevivir en un sistema patriarcal
Los gastos de quienes sobreviven a un intento de feminicidio son muchos, pero las oportunidades para generar ingresos son pocas. Eso las pone en una situación vulnerable, en un país donde las mujeres de por sí enfrentan desventajas económicas.
“No hay un trabajo que pueda soportar el que nosotras estemos saliendo porque pedimos permisos, entonces tener un trabajo estable con todos los beneficios de un trabajo, estable, seguro social, prestaciones, no lo podemos tener”, señaló Grace.
Ella era auxiliar administrativa, pero tras convertirse en una sobreviviente perdió el trabajo y se dedica a vender artesanías para sobrevivir. Esa historia se repite en muchas sobrevivientes quienes son despedidas de sus empleos.
“Conseguía un trabajo y cuando empezaba a tener citatorios (para su proceso legal), me daban las gracias y me decían sabe qué pues cuando termine su proceso puede regresar, porque no podemos estar dando permisos”, contó Dafne.
En el país, el 56% de las mujeres trabajan en el sector informal, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo de mayo del 2024. En este sector se encuentran las sobrevivientes a quienes se les niegan las oportunidades de empleo formal debido que existe mucha falta de sensibilización e información de las empresas ya que rehúyen a contratarlas y cuando se dan cuenta de su situación, según la directora de la Red Nacional de Refugios.
Pero no se trata solamente de las empresas. Ayerim lleva cuatro años pidiendo el cambio de su plaza en la Secretaría de Educación porque se tuvo que ir del lugar donde estaba para ponerse a salvo, lo más que ha podido lograr es que le paguen la mitad del salario a quien la está supliendo en su anterior escuela para que no sea ella quien le daba pagar. Lograr eso le demoró tres años, en los que estuvo sin ningún ingreso de su trabajo.
Ella no quiere abandonar ese empleo porque implica quedarse sin el patrimonio que tenía al ser sindicalizada. Además de que se resuelva su situación laboral, sueña con poner un negocio que le pueda brindar ingresos, pero no cuenta con los recursos necesarios para iniciarlo.
Otras sobrevivientes sueñan con ese negocio que les permita tener tiempo y dinero, pero tampoco pueden lo que las condena a las ventas informales y a situaciones como a Dafne y sus hijos que solo podían dar dos comidas al día porque no había recursos para más.
La situación se agrava en personas como N, quienes ya eran víctimas de violencia económica por parte de su agresor desde antes de la tentativa de feminicidio. Ella, por ejemplo, perdió el dinero que le quitó su agresor, el negocio y la casa, pero además tenía un crédito a su nombre que usó su expareja por lo que tras sobrevivir no podía contar con préstamos de instituciones formales y además tuvo que pagarlo con todo e intereses.
“El tema económico que yo hablaría de esa autonomía económica que no tenemos en general las mujeres en México si a eso le sumas mujeres sobrevivientes de violencias, machistas, sobrevivientes de violencias feminicidas, pues bueno implica que hay una mayor brecha de grandes, igualdad y de opresión para que ellas puedan tener una autonomía económica”, señaló Figueroa.
La parte económica de sobrevivir no solamente las afecta a ellas. Afecta a todo su entorno. Lo hace al hijo de Grace que no tampoco puede tener un trabajo formal porque es el cuidador principal de su hermano pequeño mientras ella busca justicia, lo hace a la mamá de Yeri y de Yadira que se dedicaron a cuidarlas en todo su propio médico. Lo hace a Ana, la hija de Carolina, que perdió oportunidades y se tuvo que mudar con ella para darle los cuidados que necesitaba.
“Yo no puedo separar la parte económica con la autonomía física y política, que al final se cruzan y que en realidad no permiten que ellas en sí mismo puedan ser ciudadanas sujetas de derecho, porque hay muchos obstáculos institucionales y por supuesto estructurales que imposibilitan que ellas pues puedan tener una autonomía plena y por lo tanto una restitución de derechos ante una violencia feminicida”, sentenció Figueroa.
Explicó que en los refugios reciben a mujeres que sobrevivieron a tentativas de feminicidio y el principal reto que se han encontrado es que ellas logren reintegrarse a su vida ya que no cuentan con los recursos económicos para poder hacerlo, pero tampoco con las oportunidades para generarlos como contar con un trabajo estable o con espacios para emprender.
Apoyos a víctimas: la deuda del Estado
La violencia contra las mujeres tiene un costo de 1.4 por ciento del Producto Interno Bruto en México en el año 2015, lo que significa 245 mil 118 millones 266 mil 538 pesos, según el estudio El costo de la violencia contra las mujeres en México realizado por la Universidad Nacional Autónoma de México y la Secretaría de Gobernación.
Estos costos implican los temas de salud, legales, falta de oportunidades laborales y demás, pero muchos ellos son absorbidos por las propias víctimas en deterioro de su calidad de vida.
La abogada del OCNF afirmó que uno de los grandes problemas que existen en el país, es que aunque las sobrevivientes de feminicidio tienen derecho a apoyos y a restituciones por parte de las Comisiones de Víctimas, es muy difícil acceder a ellos y en la mayoría de los casos no lo hacen.
Por ejemplo, a Ayerim le dijeron que no pueden brindarle apoyo porque está viviendo en otro estado, aunque sea para protegerse. A Grace nunca le dijeron sus derechos y cuando se enteró y los pidió le argumentaron que su caso ya tenía mucho tiempo. A Kali se lo negaron porque no quiso poner denuncia.
A Dafne que no podían darle porque la Fiscalía abrió su caso como violencia familiar y no como feminicidio, cuando por fin accedieron le pedían actas certificadas que debía pagar y que el costo superaba los 300 pesos al mes que le darían.
En todo el país las Comisiones de Víctimas (tanto la federal como las locales) registran al menos 556 víctimas de feminicidio en grado de tentativa, lo que incluye a víctimas directas e indirectas (es decir, a sus hijas o hijos, mamás o papás). A ellas les han entregado 1230 apoyos como servicios jurídicos, psicológicos, apoyos en transporte, alimentos, becas y alimentación.
La información se obtuvo a través de solicitudes de información a las comisiones de víctimas, pero algunas no dieron respuesta o contestaron que no tienen la información desglosada por delito. Entre quienes sí respondieron hay casos como Campeche que su único apoyo (solo registra una víctima) fue canalizar a un hospital, Coahuila que ha dado un total de 421 pesos por medicamentos o Yucatán que con ocho víctimas no ha dado ninguna ayuda.
El registro también refleja estados como Tabasco que registra 158 apoyos para un total de tres víctimas directas e indirectas (lo que serían 52 ayudas distintas por cada una) o Puebla que ha brindado 259 a 19 víctimas.
Pérez Garrido señaló que la labor que están haciendo las Comisiones de Víctimas se ha reducido a registrar el número de víctimas y no a ayudar a mejorar su situación. Aun en el caso que lo hacen, dijo, parecen elegir si se les brinda un apoyo u otro y no buscar garantizarle todos sus derechos.
Según la Ley de Víctimas ellas tendrían derecho a la justicia; buen trato; ayuda, asistencia y atención oportuna; protección física y psicológica; ser beneficiarias de programas sociales y acciones afirmativas; ayuda provisional de la Comisión para necesidades de alimentación, aseo personal, manejo de abastecimientos, atención médica y psicológica, transporte de emergencia y alojamiento transitorio en condiciones dignas y seguras; servicios médicos, odontológicos, quirúrgicos y hospitalarios; entre otras cuestiones. Pero nada de eso se cumple.
“Los recursos que hay se destinan para consultorías, para capacitaciones, para no sé qué, pero ¿y la y que se salió del hospital sin calzones, así como yo? en un lugar donde no era mi casa y no tenía ni qué vestirme ¿Eso quién lo resuelve y cómo se resuelve? (…) pierdes tu trabajo, tu entorno más cercano pierden su trabajo, también hay necesidad de una atención psicológica, hay necesidad de seguir el proceso jurídico y no lo puedes llevar”, afirmó Carolina.
“Es necesario que se haga conciencia las instituciones que ese papel les toca, esos recursos están, pero están mal etiquetados mal distribuidos mal acompañados, sin políticas que vean a las sobrevivientes”, añadió.
La reparación del daño: un sueño pendiente
“Mi vida el juez la tazó en 15 mil pesos que no me dieron”, sentenció Carolina.
“50 mil pesos lo que me tienen que dar prácticamente los he gastado muchas más veces, yo creo que 10 veces más”, contó Dafne.
Parte de los derechos que tienen y que no se cumplen es el derecho a una reparación integral del daño. Es decir, todo lo que haya implicado el haber vivido un intento de feminicidio se les debe reparar para que tratar que vuelvan al estado que tenían antes de ser víctimas de ese delito.
Para hacerlo deben llegar a la sentencia contra el agresor. Allí el sistema de justicia hace un cálculo económico de todo lo gastado; pero pocos casos llegan a sentencia, cuando lo hacen las cuentas son mal realizadas y rara vez es pagado realmente.
En el caso de Yadira nunca llegó a ese proceso porque el agresor fue absuelto, así que nadie le pagará lo gastado. Yeri tendrá que esperar a que algún día quede en firme la sentencia una vez que se repita el proceso desde el principio. Carolina esperaba la reparación económica pero su agresor murió y no se la pagó. Dafne obtuvo en papel la reparación, pero no ha logrado que lo paguen.
En caso de no hacerlo el agresor, en teoría, tendría que ser el Estado quien realizara el pago. Pero la realidad es que eso nunca llega. De las respuestas a las solicitudes de información únicamente se registraron 13 pagos que fueron dos en Aguascalientes, una en Ciudad de México y 10 en Michoacán.
“Hemos tenido sentencias hermosas de amparo, pero que se traducen en cero pesos, o sea, no hay una siquiera y hablando solo del tema de la compensación de la parte económica, mucho menos la hay en términos, simbólicos sociales”, sentenció la abogada del OCNF.
Las redes salvan
A N la cuidó su familia cuando estaba en el hospital, le dieron el dinero que necesitaba y la han apoyado. A Yadira la cuidó su mamá. A Dafne sus hijos le han dado la ayuda que necesita. Ninguna hubiera podido sola.
Carolina no podría haber cubierto todos los gastos que le ha implicado sobrevivir de no ser por su amiga que le ofreció un techo donde vivir mientras llevaba el proceso penal, otra amistad que le consiguió terapia psicológica, la asociación que se ofreció a representarla legalmente, la otra que le daba contención emocional y muchas otras que le ayudaron de una u otra forma.
“Las redes, el tejer redes salvan y no es nada más es un dicho así hueco, a mí me salvaron y han salvado a muchas compañeras”, sentenció.
Ella se cataloga como una sobreviviente atípica. Feminista de muchos años de trayectoria cuando su expareja intentó acabar con su vida conocía sus derechos y las leyes, pero aun así enfrentó muchos problemas. Por eso desde Veracruz, su lugar de origen, decidió crear la Colectiva de Sobrevivientes de Feminicidio que ahora integran mujeres de todo el país.
A través de esa colectiva ahora se ayudan con otras sobrevivientes pues están convencidas que, como dice Carolina, al ayudar a las demás se ayudan a sí mismas en sus propios procesos.
Ana Valderrama, hija de Carolina, contó que entre las acciones que realizan están grupos por videollamada para contar sus sentires o reflexionar a través de lecturas, lo que sirve a todas pero especialmente a aquellas mujeres que no han podido pagar terapia. También hacen círculos de estudio para empaparse de términos legales y ayudar a prepararse para sus procesos jurídicos.
“Capacitarnos entre nosotras es muy bonito, porque hemos ido compartiendo muchos vocablos, muchas herramientas estrategias, chismecito feminista y así, entonces es muy bonito, que pues el conocimiento está allí, es de todas y para todas (…) otra cuestión que hacemos que híjole como cuesta es el acompañarnos en prepararnos para audiencias”, contó.
Ellas no son las únicas que han accionado redes. La Red Nacional de Refugios ha implementado siete casas de transición para las mujeres que estuvieron en refugios, donde les brindan capacitación en temas laborales y cuidan a sus hijos e hijas cuidadas mientras ellas buscan trabajo o atienden sus asuntos legales. Figueroa afirmó que eso ha disminuido la cantidad de mujeres que recaen en entornos de riesgo.
La cantidad de casas de transición, consideró, son insuficientes debido a que funcionan con recursos propios pues no hay dinero institucional para este tipo de espacios. Pero así existen y están funcionando.
La Colectiva de Sobrevivientes también sueña con un espacio, pero en su caso será de sanación. Ellas tienen un terreno que les fue donado, del que les falta el proceso legal de escrituración, donde esperan construir un sitio de descanso para sobrevivientes y para otras mujeres que han sido impactadas por el sistema patriarcal.
“Un centro de mucha sanación, para mujeres no solo sobrevivientes, por supuesto que las sobrevivientes son las que están gestando (…) que pueda desconectarse y conectarse consigo (…) un espacio en la naturaleza con unas instalaciones que sean muy amenas, muy zen, muy así como para estar porque a veces lo único que necesitamos son esos tres días de soy yo soy un cuerpo ver qué es lo que está afectado”, contó Valderrama.
Aún no saben cuándo podrán tener listo ese espacio donde se darán los cuidados. Pero sí saben que sueñan con ello y que al igual que han hecho con otros proyectos podrán sacarlo adelante a sus tiempos, a su ritmo; y servirá para ser un espacio donde las mujeres, entre ellas las sobrevivientes, puedan sanarse de los problemas que tienen en el día a día.
Texto: Itzel Urieta Fotografía: Ficha de búsqueda 01 de agosto del 2023
Chilpancingo
La joven Harumi Clerett Montalvo Bernal, originaria de Acapulco, fue localizada sin vida después de ser reportada como desaparecida el 28 de julio.
Harumi tenía 18 años, estudiaba la preparatoria 27 de la Universidad Autónoma de Guerrero (Uagro), en el puerto.
Fue reportada como desaparecida el 28 de julio, después de que civiles armados la sacaran de su casa, ubicada en la colonia Quebradora, de Acapulco.
Entre las tres y cuatro de la mañana de ese día, hombres armados entraron por la fuerza a su casa y se la llevaron. Sus familiares lo supieron porque una vecina vio ese momento; desde entonces ya no se supo de Harumi.
Después de su desaparición, su madre presentó la denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE), y la dependencia emitió las alertas de búsqueda que circularon por redes sociales.
Miverna Montalvo, madre de Harumi, contó que la FGE le informó que ellos harían búsquedas de campo para localizar a Harumi y le brindarían información, pero denunció que nunca les reportaron qué ocurría.
Miverna dijo que una de sus vecinas le llamó a las 3:30 de la madrugada para decirle que «hombres armados estaban afuera de su casa pegándole a la puerta; sustrajeron a mi hija de su cuarto».
Tres días después de su desaparición, Minerva junto con vecinos, familiares y amigos de su hija bloquearon ayer la Costera Miguel de Acapulco para exigir a la FGE que diera con el paradero de Harumi.
Durante el bloqueo Minerva lamentó que en Acapulco las desapariciones y feminicidos vayan en aumento.
«Si me van a matar, matenme, no me importa que me maten pero a mi hija nadie se la va a llevar. No le tengo miedo a la muerte. Yo quiero ser una madre que está luchando por encontrar a su hija», mencionó.
Ayer por la noche se supo del hallazgo de un cadáver en dentro de una bolsa negra abandonada en la carretera México-Acapulco, en la entrada del poblado de la Venta.
Se supo que se trataba de Harumi por un grupo de difusión que creó la familia para movilizar la búsqueda.
Con el caso de Harumi suman 70 mujeres asesinadas con muertes violentas con presunción de feminicidio en Guerrero en lo que va del año, de acuerdo con datos de la Asociación Guerrerense contra la Violencia hacia las Mujeres (AGVM).
En respuesta sus familiares y amigos bloquean carretera hacia la Costa Chica en exigencia de su aparición con vida
Texto: Itzel Urieta
Fotografía: Facebook Jesús González Ríos
28 de junio del 2023
Chilpancingo
Este mediodía fue privado de su libertad por un grupo de civiles armados el dirigente municipal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en Copala, Jesús González Ríos. Después del plagio sus familiares, vecinos y amigos bloquearon la carretera federal Acapulco-Pinotepa Nacional para exigir su aparición con vida.
En el bloqueo, la madre de González Ríos, Valentina Ríos Carmona, contó que los hechos sucedieron alrededor de las once de la mañana en el centro de la cabecera de Copala, municipio de la Costa Chica, en el punto conocido como La Loma, donde un grupo de civiles armados lo interceptó y huyeron con rumbo desconocido.
Una hora después del hecho, alrededor de 100 pobladores de Copala bloquearon la carretera federal Acapulco-Pinotepa Nacional, a la altura de la comunidad San Francisco de Asís, para exigir la aparición con vida de González Ríos.
«Hace unos meses él (González Ríos) fue amenazado para que no se postulara a la elección del año 2024, por lo que había decidido que no iba a participar», mencionó la madre en el bloqueo y agregó que ese podría ser el móvil de la desaparición.
La dirigencia estatal del PVEM, mediante un comunicado, exigió al gobierno estatal su intervención para dar con el paradero González Ríos.
«En nombre de la familia verde de todo el estado de Guerrero y en mi carácter de secretario general del Comité Estatal del Partido Verde exigimos a gobierno del estado su intervención para dar con su paradero y pueda regresar con bien a su familia», es un párrafo del comunicado del Partido Verde.
Además, el secretario general del PVEM, Alejandro Carabias Icaza, publicó en sus redes que «es inadmisible que el hacer política en Guerrero ponga en riesgo la integridad y seguridad de las personas».
Hasta las seis de la tarde el bloqueo carretero se mantenía y ninguna autoridad de seguridad se pronunció al respecto.
Jesús González Ríos, dirigente municipal del Partido Verde, desaparecido desde esta mañana, durante un evento pasado en Las Peñitas, comunidad del municipio de Copala. Foto: Facebook Jesús González Ríos.
Se perdieron cuatro años de esfuerzos de integrantes de familiares de desaparecidos. Después de protestar esta tarde, se reunieron con los diputados locales y acordaron reiniciar los trabajos de la iniciativa.
Texto: José Miguel Sánchez
Fotografía: Óscar Guerrero
7 de marzo del 2023
Chilpancingo
Los diputados locales perdieron la iniciativa en materia de personas desaparecidas y desaparición forzada que los colectivos de víctimas presentaron hace cuatro años al Poder Legislativo.
Desde 2018 que presentaron la iniciativa a la fecha han pasado por el Congreso local dos legislaturas –la anterior y la vigente– que ignoraron la propuesta que impulsaron familiares de desaparecidos.
De acuerdo con la representante del colectivo de Familiares en Búsqueda María Herrera, Gema Antúnez Flores, los diputados de la entonces 62 legislatura nunca le dieron importancia.
“Hace cuatro años se inició una (iniciativa de ley) pero quedó como a mitad del camino, ya nadie le hizo caso y ningún diputado puso atención y los colectivos dejamos de presionar”, contó Antúnez Flores al salir de la reunión con diputados locales en el Congreso local, después de que protestaron en demanda de la aprobación de una ley que garantice la búsqueda y localización de las personas desaparecidas.
Fue en 2021 y 2022 que los colectivos comenzaron a trabajar junto con integrantes de la Cruz Roja Internacional, quienes los asesoraron con abogados para mejorar la iniciativa presentada en 2018.
“Fue esa iniciativa la que los diputados perdieron, ya con los cambios y mejoras que le hicimos con la asesoría de la Cruz Roja”, dijo Antúnez Flores.
Ante la falta de una respuesta por parte de los diputados locales de aprobar la ley en materia de desaparición de personas, fue que el día de hoy los colectivos marcharon y bloquearon por cuatro horas el Congreso local y calles aledañas.
Después de cuatro horas de bloquear los cuatro carriles del bulevar Vicente Guerrero, una representación de los colectivos entró a una mesa de diálogo con la presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Yoloczin Domínguez Serna; la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso local, Leticia Mosso Hernández y el director general de Gobernación, Francisco Rodríguez Cisneros.
Al no tener la iniciativa principal, el compromiso de los diputados fue que se trabajaría con la iniciativa de la Ley General de Desaparición, presentada en noviembre del 2022 por la diputada morenista Nora Yanek Velázquez Martínez y Alfredo Sánchez Esquivel.
Una fuente dentro del Congreso local aseguró que dicha iniciativa no subía al pleno porque la presentó Sánchez Esquivel, quien desde hace varios meses mantiene un conflicto con Domínguez Serna, quien lo acusó por violencia política de género. La diputada lo relevó en la presidencia de la Jucopo.
En la mesa de negociación, los diputados locales prometieron a los colectivos trabajar de manera conjunta dicha iniciativa, es decir, comenzarán de nuevo con los trabajos para impulsar esta ley.
“Realmente ese es nuestro coraje, que después de 18 reuniones y de los avances que ya teníamos de trabajar todo 2022 comenzamos de nuevo”, dijo Antúnez Flores.
La primer mesa de trabajo se agendó para el próximo 17 de marzo, pero siguen sn asegurarles una fecha para que llegue al pleno del Congreso local para su votación.
A nivel federal existe la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares, además de la Ley Federal de Declaración Especial de Ausencia para Personas Desaparecidas.
Dichas leyes, aun cuando fueron aprobadas por el Congreso de la Unión desde 2017 y 2018, respectivamente, sólo 15 estados han armonizado sus leyes. En Guerrero está pendiente.
Texto: José Miguel Sánchez Fotografía: 6 de febrero del 2022 Chilpancingo
El día de ayer desaparecieron dos menores, una de ellas fue localizada horas después, pero hoy, al volver a activarse el Protocolo Violeta, se conoció de la desaparición de Estrella Ramos Rojas también de 17 años.
Esta tarde se supo por la Alerta Violeta que Estrella desapareció también ayer domingo, de acuerdo con la ficha de búsqueda. Norma Anyeli, la otra adolescente de 17 años desaparecida, fue hallada esta madrugada, de acuerdo con la versión de sus familiares.
El gobierno del estado y la Fiscalía General del Estado (FGE) activaron la alerta para localizar a Estrella.
En la ficha de búsqueda la describen: “complexión delgada, tez morena clara, cara redonda, cabello negro y lacio, ojos grandes de tono café oscuro”.
En dicha ficha no establece el último lugar donde la vieron y tampoco qué vestimenta portaba al momento de su desaparición.
La ficha circuló en las redes sociales de distintas dependencias de la administración estatal, donde piden la colaboración de la población para dar con el paradero de la joven.
El caso de Estrella sería la tercer desaparición ocurrida el día de ayer en Chilpancingo contra menores. Junto a Norma Anyeli se llevaron a un adolescente de nombre Agustín que también apareció.
A las 10 de la mañana la menor Norma Anyeli, también de 17 años, junto con un amigo de nombre Agustín fueron subidos por la fuerza a una camioneta por sujetos desconocidos, de acuerdo con lo relatado por la madre de Norma.
Horas después la madre de Norma informó que su hija, junto con su amigo fueron localizados.
No fue el caso de Estrella, quien al no ser localizada se activo la ficha de búsqueda.
De acuerdo con la Comisión Nacional de Búsqueda, en México hay 106 mil 698 personas desaparecidas y no localizadas. En el estado de Guerrero se reportan 3 mil 880 de las cuales 705 son mujeres.
Texto: Animal Político
Fotografía: Idheas – Animal Político
26 de octubre del 2022
A diez años de la desaparición de Ivette Melissa Flores Román, familiares llevaron a cabo una marcha en la Ciudad de México para exigir su búsqueda.
Acompañados de madres de víctimas de feminicidio, los familiares de la joven desaparecida en Iguala, Guerrero en 2012, terminaron la protesta afuera de la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con información de Foro Tv, Sandra Luz Román, madre de Ivette Melissa, denunció que no hay avances en el caso de su hija.
“A diez años de su ausencia y habiendo gente señalada, a la fecha no hay ni un solo detenido“, declaró.
La noche del 24 octubre de 2012, Ivette Melissa Flores Román quien entonces tenía 19 años, fue privada de su libertad por un comando armado que ingresó a su domicilio.
La organización Idheasque ha acompañado el caso, detalla que los sujetos que se llevaron a la joven, iban vestidos de negro y con los rostros cubiertos, balearon la puerta de su casa y se llevaron a Ivette.
A la mañana siguiente de la desaparición de su hija, Sandra Luz Román acudió al cuartel militar de Iguala para solicitar auxilio, pero se lo negaron con el argumento que se encontraban acuartelados.
Sin embargo, la madre de la joven acudió a la agencia del Ministerio Público donde se inició la averiguación previa por la desaparición de Ivette, pero las acciones de búsqueda se realizaron hasta dos semanas después.
En octubre de 2015, Sandra Luz Román junto con otros familiares de personas desaparecidas, presentaron sus casos ante el Comité Contra las Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para solicitar medidas cautelares.
El 6 de octubre de 2015 el Comité emitió un total de 117 Acciones Urgentes a favor de las víctimas, y ordenó al Estado mexicano investigar el paradero de Ivette Melissa y las demás víctimas.
De acuerdo con la Comisión Nacional de Búsqueda, en México hay 106 mil 698 personas desaparecidas y no localizadas. En el estado de Guerrero se reportan 3 mil 880 de las cuales 705 son mujeres.
El Colectivo de Familiares en Búsqueda María Herrera, de Chilpancingo, en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, marcharon y montaron un tendedero con las fotos de sus familiares desaparecidos para exigir su aparición con vida.
La marcha comenzó en la Alameda Granados Maldonado y recorrió el andador Emiliano Zapata, en el centro de Chilpancingo.
Afuera de la Catedral Santa María de la Asunción, Gema Antúnez Flores, representante del Colectivo, leyó un posicionamiento a nombre de los integrantes, donde denunció a las autoridades por su omisión al problema de la desaparición.
«Las autoridades han sido omisas y no dan respuesta a las exigencias, la desaparición forzada es catalogada como crimen de lesa humanidad y Guerrero ocupa uno de los primeros lugares de desaparición forzada en el país», mencionó.
Una de las exigencias del colectivo es la creación de un banco de datos para identificar de una manera más eficiente los cadáveres que llegan al Servicio Médico Forense (Semefo).
El Colectivo María Herrera lo conforman 80 familias con al menos un integrante desaparecido.
Antúnez Flores pidió una reunión directa con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda para que escuche de manera personal sus demandas.
Reconoció la apertura de muchos funcionarios al tema de la desaparición pero creen necesario que Salgado Pineda sepa de sus peticiones.
«Hacemos un llamado a la gobernadora para que nos reciba. Ya nos canceló tres citas y queremos que nos escuche personalmente como cabeza principal del estado», dijo la activista.
A los grupos del crimen organizado que desaparecen personas les pidieron no enterrar los cadáveres de las personas que asesinan.
«Si algo les hicieron, con quitarles la vida, creo yo, es suficiente, que necesidad de enterrarlos para que sus familias no los hallen».
«Para los familiares es un infierno vivir día con día sin saber nada de nuestros seres queridos».
En el acto llamaron a la sociedad a no ser indiferente a la problemática de la desaparición y les pidieron ser empáticos.
De acuerdo con la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, en México hay más de 100,000 desaparecidos, de las cuales 75,000 son hombres y 15,000 mujeres.
«Nada nos ha detenido ni nos detendrá por buscar a nuestros familiares porque en nuestra mesa hay una silla que los está esperando».
Después del mitin colocaron un tendedero con las fotos de personas desaparecidas y posteriormente entraron a una misa a la Catedral Santa María de la Asunción.
La tarde de este viernes en Tlapa, un grupo de hombres armados privaron de su libertad al coordinador regional del DIF estatal en la región de la Montaña, Wilbert Carrasco González, a quien liberaron después de una persecución por agentes de la Policía Estatal y personal de la Fiscalía General del Estado (FGE).
Alrededor de las tres de la tard e con 30 minutos, el funcionario estatal conducía su unidad marca Volkswaven, tipo Jetta con placas HAS21D del estado de Guerrero cuando un vehículo color rojo le cerró al paso descendiendo de este cuatro hombres cubiertos del rostro.
Los hombres obligaron a Carrasco bajarse de su automóvil y lo subieron a su unidad.
Uno de los encapuchados realizó un disparo al aire con el propósito de atemorizar a la gente que en ese momento estaba en el zócalo y alrededores.
Esto ocurrió frente al ayuntamiento de Tlapa y la comandancia de la policía municipal.
Los hombres armados huyeron a bordo de su vehículo llevándose a su víctima sin que en ese momento ninguna corporación policiaca estatal o municipal fueran en su persecución.
Carrasco González quien milita en las filas del partido del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) fungió como director de comunicación social durante la administración municipal del morenista Dionisio Merced Pichardo, alcalde de Tlapa en el período 2018-2021.
Carrasco González forma parte del grupo político del senador Félix Salgado Macedonio, papá de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda.
El automóvil color gris en el que iba el funcionario del DIF-estatal quedó con la puerta del lado del conductor abierta.
Alrededor de las 17 horas con 30 minutos, dos horas después de haber ocurrido el secuestro, la FGE informó que el funcionario estatal ya estaba con sus familiares.
Se supo que los cuatro plagiarios dejaron en libertad a su víctima cuando eran perseguidos por policías estatales y personal de la Fiscalía Especializada contra el Secuestro.
