En la Sierra el problema nunca fue la Covid-19, siempre es la violencia

Hay pueblos donde los maestros dejaron de ir desde hace tres; también la infraestructura escolar es deficiente. La Sierra, además de insegura, es una zona que estuvo muchos años sin servicios básicos; muchas comunidades continúan así, hasta con caminos de difícil acceso


Texto: Margena de la O

Fotografía: José Luis de la Cruz 

Chilpancingo

 

Los alumnos de la Secundaria Técnica Lázaro Cardenas, de El Mameyal, una comunidad de la Sierra de Petatlán, llevan casi tres años de clases virtuales y a distancia. Para ellos las restricciones comenzaron desde el cierre de 2019, cuando la pandemia por la Covid-19 todavía no comenzaba, porque la epidemia real en esta zona de Guerrero es la violencia y la inseguridad.

En esta secundaria hay nueve alumnos. Nunca antes fueron tan pocos. En 2019 había más de 60, pero en la Sierra de Guerrero, cuando un hecho violento ocurre, las familias se escurren de los pueblos, es lo que se conoce como el desplazamiento forzado a causa de la violencia.

Una de las maestras de esta secundaria no sabe exactamente qué provocó la salida de los habitantes, incluidos sus alumnos, pero recuerda que todo lo cambió el asesinato de un líder comunitario y una emboscada a policías comunitarios, hechos registrados entre el 2018 y el 2019.

La documentación de los medios de comunicación del estado en ese periodo dan cuenta del asesinato Felipe Torres Cruz, uno de los hermanos Torres Cruz de La Morena, municipio de Petatlán, que también son cuestionados.

Lo asesinaron en una emboscada el domingo 9 de diciembre del 2018, al siguiente día de expresar su respaldo a las autodefensas de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) a Santa Rosa de Lima, un pueblo de Tecpan, ubicado a la orilla de la carrera Acapulco-Zihuatanejo, que es la puerta a la Sierra del lado de Costa Grande.

La emboscada a los policías comunitarios o los autodefensas de la UPOEG, donde murieron seis, ocurrió el lunes 24 de junio del 2019, cerca de la comunidad de El Camarón, muy cerca de El Mameyal, un punto medio de la Sierra de Petatlán.

Estos autodefensas eran integrantes del grupo que comenzó a operar en Santa Rosa de Lima en 2018 y que se extendía hacia la Sierra, el corredor que llega hasta El Durazno, Coyuca de Catalán, Tierra Caliente.

El filo boscoso de Costa Grande conecta con la Tierra Caliente, colindancia que, al parecer, es su gran problema, porque en cada región están asentados grupos criminales distintos que socavan a las comunidades por diferentes intereses económicos y políticos, entre ellos, los recursos naturales y los productos que se dan en región, denunciaron en diciembre pasado los habitantes de esta zona, al exponer que la explotación de madera podría ser la razón.

Aquí no se busca hacer una radiografía del grupos criminales, pueden ser cualquiera, se plantean las consecuencias de un contexto complicado por falta de seguridad institucional.

La falta de maestros en las escuelas de la Sierra es una de esas consecuencias. En la secundaria técnica de El Mameyal hay seis trabajadores, incluidos las maestras y los maestros: uno de matemáticas, uno de español, uno de ciencias naturales, uno de ciencias sociales, uno de inglés, y un prefecto.

Atienden a los nueve alumnos de manera virtual. Uno de primer grado, dos de segundo, y seis de tercero.

Las maestras y los maestros intentaron regresar a clases en septiembre pasado, pero sólo fueron alguna veces y volvieron a las sesiones virtuales porque, de acuerdo con la maestra consultada, no había condiciones: cancelaron el transporte, de las últimas veces que subió caminó más de una hora para llegar a El Mameyal, y las nuevas balaceras terminaron por deshabitar los pueblos.

En El Limón, por ejemplo, dijo, ya no vive nadie. En Las Mesas, informó un habitante de la zona, más de la mitad del pueblo se salió con los hechos violentos en escalada que comenzaron en diciembre pasado. Hasta ahora comienzan a volver.

El sábado 10 de diciembre del 2022, pasado el mediodía, ingresaron a El Durazno, un pueblo del ejido que lleva el mismo nombre, hombres armados en camionetas rotuladas con las letras FM –al parecer siglas del grupo criminal La Familia Michoacana que, de acuerdo con la Fiscalía General del Estado (FGE), tienen presencia en Tierra Caliente y busca extenderse–, y asesinaron a siete hombres de la comunidad, entre ellos, un menor de edad.

El 28 de enero, en la comunidad de El Parotal, municipio de Petatlán, los pobladores retuvieron a policías después de enfrentarse a ellos a balazos. En esos hechos fueron asesinados un comandante, un policía y tres civiles.

Estos tres civiles subieron en el mismo convoy de policías estatales y, según los pobladores de El Parotal, eran miembros del grupo criminal de la Familia Michoacana. Policías subieron entre sus agentes a integrantes de un grupo criminal.

Esta situación que fue exhibida por una policía de la operación policial en un video filtrado sigue sin ser por completo esclarecida por las autoridades, pero desencadenó más hechos violentos.

En esos contextos vive la gente de la Sierra y a ellos se enfrenta el personal que ofrece servicios profesionales en las zonas, como las maestras y los maestros o el personal médico, que muchos de ellos dejaron de ir.

Los habitantes presionaron a las autoridades para que les asignaran seguridad. Insistieron en la instalación de Bases de Operaciones Mixtas (BOM), integradas por elementos del Ejército, Guardia Nacional y Policía Estatal.

Un habitante de la Sierra, de quien también se guarda su nombre por seguridad, dijo que hasta ahora hay nueve puntos con seguridad en el corredor Santa Rosa de Lima-El Durzano, no todos como los pidieron, en algunos sólo hay ministeriales, como en Las Mesas. “Había militares, pero se fueron. Falta reforzar la bases”, comentó.

Las Mesas es otro punto donde tampoco hay maestros presenciales. Los maestros de la secundaria de la comunidad, por ejemplo, no han vuelto desde enero por los hechos violentos que ocurrieron en diciembre.

La dinámica que mantiene es asignar trabajos vía mensajería de WhatsApp. “Pero estamos en pláticas con los compañeros, el supervisor y los padres para lo del regreso a clases de manera presencial”, comentó otra maestra de Las Mesas que, aclaró, no podía hablar con muchos detalles porque la situación de la Sierra es complicada.

Dos versiones, dos contextos

Los maestros consultados para este texto no son originarios de la Sierra, todos son foráneos y suben algunos días de la semana o por algunas semanas al mes a las escuelas de las comunidades asignadas.

La evaluación de los habitantes es diferente al temor que narran los maestros de acudir a la Sierra. Algunos de los habitantes vía telefónica consideraron que ya hay condiciones para que los maestros y los médicos suban, porque ya tienen seguridad, no como quisieran, pero ya la tienen. También reportaron que parte del transporte público público ha reiniciado actividades.

La comisaria muncipal de El Durazno, Azucena Rosas García, informó que una combi sube desde Santa Rosa de Lima a El Mameyal, pero no llega a El Durazno. Ellos, las madres y los padres de familia, tienen que bajar por las maestras y los maestros a Santa Rosa de Lima.

A El Durazno sí regresaron los maestros después del periodo vacacional de Semana Santa, pero porque los habitantes se quejaron ante las autoridades. La comisaria detalló que los maestros intentaron irse de vacaciones dos semanas antes del periodo vacacional pasado.

Las madres y los padres de El Durazno tienen mucho involucramiento en que las clases para sus hijos sean posibles, porque ellos se encargan de trasladar a los maestros, de darles de comer y de su alojamiento, según la comisaria.

La autoridad del pueblo consideró que esas responsabilidades las deben de asumir las autoridades. “Es muy desgargante para los padres estar subiéndolos y bajándolos (a los maestros)”, comentó.

Además, el habitante consultado que coincide con la comisaria cree que “el problema no es para los maestros, es para los campesinos” cuando salen de sus comunidades a ver sus parcelas o su ganado.

También dijo que, de ser necesario, ellos mismos y los policías escoltarían a los maestros en su trayecto a las comunidades para que suban y reinicien las clases presenciales. La comisaria agregó que los policías que están en El Durazno subieron a los maestros después de las vacaciones pasadas.

Él mismo habitante planteó que la falta de maestros en las comunidades de la Sierra tampoco es un tema nuevo, tiene años, desde que él estudiaba. Este hombre es una persona de más de cuatro décadas. La Sierra, además de la violencia, es una zona que estuvo muchos años sin servicios básicos, muchas comunidades continúan así, además de que muchos de sus caminos son de difícil acceso.

Su percepción es que el paso de los maestros, como de los médicos por la Sierra, es temporal, porque buscan que las instituciones los bajen pronto a las cabeceras municipales o ciudades.

Pero cuando se expone que en la Sierra se carece de muchas cosas, incluye la infraestructura escolar y otras condiciones para educar. “Las escuelas las hemos hecho nosotros”, dijo por teléfono este mismo habitante de la Sierra.

Muchas de las escuelas levantadas en la región carecen de todo y si acaso son como la Secundaria Técnica Lázaro Cardenas, de El Mameyal: tres salones de concreto, pero sin mesa ni silla para el maestro; una dirección, y una aula de medios con algunas mesas, pero sin computadoras, porque tampoco hay luz eléctrica; un área de comida de madera y con tres baños básicos al margen de la zona escolar, pero fuera de servicio. Todo esto encerrado con malla ciclónica en mal estado.

Estas las características las describió la maestra de la escuela.

Las condiciones se reproducen en gran parte de la Sierra. En el Durazo, por ejemplo, la sede del telebachillerato son dos galerones de madera a orilla del pueblo, de acuerdo con la descripción de la comisara municipal, quien, además, compartió una fotografía.

Esto discrepa con la imagen que compartió el 17 de marzo pasado la gobernadora Evelyn Salgado Pineda en sus redes sociales, donde escribió: “Les comparto esta imagen que me ha llegado al corazón, dos alumnas de telebachillerato estudiando al pie de nuestra bandera nacional en la comunidad “El Durazno”, municipio de Coyuca de Catalán, donde estuve hace unos días”.

En la fotografía se ven dos alumnas sentadas en una borde de concreto y se asoma lo que parece un aula con techo de lámina, y parte de una cancha.

Lo que nunca escribió la gobernadora es que esas no son las instalaciones reales de las estudiantes, es la Primaria Ignacio Zaragoza.

Rosas García informó que los docentes del telebachillerato ocupaban la primaria porque las instalaciones de madera están a orilla del pueblo, y les daba temor estar ahí. En la actualidad, con la seguridad de militares, policías estatales y policías ministeriales que asignaron a El Durazno, dijo la comisaria, ya están en sus aulas de madera.

Una alternativa sin posibilidades

Una posible solución ante la falta de maestros en las escuelas de la Sierra que reflexionó este habitante es que la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) contrate a docentes que sean originarios de la región.

Esta persona es originaria del ejido de San Antonio de las Texas y vive en un punto de esta Sierra entre Costa Grande y Tierra Caliente, y aseguró que hay maestros titulados de la región que podrían asumir esas tareas sin intentar irse.

Comentó que algunas familias han contratado a algunos de ellos para que les den clases a sus hijas e hijos por su cuenta.

El secretario de Educación en Guerrero, Marcial Rodríguez Saldaña, mencionó que la SEG no podría contratar a más maestros para la Sierra, porque significa duplicar docentes en un misma región y el presupuesto federal no alcanzaría para cubrirlos. “No podemos contratar dobles plazas en un mismo lugar”, agregó.

La evaluación escolar del secretario es que en la mayoría de las partes bajas de la Sierra de San Miguel Totolapan y del corredor Coyuca de Catalán (Tierra Caliente) y Petatlán y Tecpan (Costa Grande) ya hay clases presenciales, el problema es en las zonas más altas, donde sólo son asesorías virtuales. “Nosotros tenemos que proteger a los maestros y a los niños”, comentó.

 

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