Familias de la comunidad de El Caracol, municipio de Heliodoro Castillo, se desplazaron a Tlacotepec, donde fueron arropados por la ciudadanía ante la falta de apoyo del gobierno del estado
Después de ser atacados con seis bombas lanzadas con drones, al parecer por integrantes del grupo criminal de la Familia Michoacana (FM), el pasado 3 de mayo, familias de la comunidad de El Caracol, Heliodoro Castillo, se desplazaron a Tlacotepec, cabecera de este municipio, en donde fueron arropados por la ciudadanía ante la falta de apoyo del gobierno del estado, denunció el Centro de Derechos Humanos de las Víctimas por la Violencia Minerva Bello.
A los desplazados los apoyó también el párroco de Tlacotepec, “pero la ayuda humanitaria es insuficiente”, difundió en su comunicado este organismo, donde también informó sobre los detalles del ataque contra los ahora desplazados.
Desde el pasado 3 de mayo las familias desplazadas de El Caracol están refugiadas en el interior de una iglesia de Tlacotepec.
Un día antes, el 2 de mayo, los habitantes de El Caracol se percataron del sobrevuelo de varios drones sobre la comunidad. “El 3 de mayo nuevamente se percataron de los drones pero esta vez fueron lanzadas seis bombas, lo que ocasionó que la gente saliera de sus casas de manera inmediata para proteger la vida de los niños y las mujeres”.
Ante ello las familias decidieron desplazarse de su pueblo y trasladarse a Tlacotepec.
“A pesar de que la gente ya no estaba en su comunidad nuevamente el 8 de mayo fue atacada con 11 bombas con drones”, se lee en el comunicado del Centro Minerva Bello.
Desde hace seis meses la gente de El Caracol se había percatado de la presencia de hombres armados en las orillas del río del pueblo, que habrían identificado como miembros de la FM.
“Los hombres armados le decían a la gente que no los querían ver a la orilla del río y que si lo hacían se atuvieran a las consecuencias e incluso les impedían que visitaran a la localidad de Apaxtla de Castrejón”.
Este organismo de derechos humanos pide a las autoridades ayuda humanitaria a las familias desplazadas, porque la mitad de ellos presentan problemas de salud, como diarrea, tos, gripa, fiebre , dolor de cuerpo y de cabeza.
“El Centro de Derechos Humanos de las Víctimas por la Violencia Minerva Bello hace un llamado urgente a las autoridades de los tres niveles de gobierno para que en el ámbito de sus atribuciones realicen acciones que aseguren los derechos de la población, incluyendo medidas que garanticen su salud, educación, alimentación, vivienda y empleo en condiciones dignas”.
Pobladores desplazados de El Caracol, se resguardan en la Tlacotepec, cabecera municipal de Heliodoro Castillo, en la Sierra de Guerrero, después de un ataque presuntamente orquestado por la Familia Michoacana. Foto: Centro de Derechos Humanos Minerva Bello.
A los bloqueos carreteros que hay en toda la región de la Tierra Caliente y que encabezan alcaldes y diputados del PRI, PRD y Morena, se suma otro que comenzó la tarde este domingo, en el nunicipio de Petatlán, en la Costa Grande, zona en la que también hay presencia del grupo del crimen organizado de la Familia Michoacana.
A tres días de estas protestas, el gobierno de la morenista Evelyn Salgado Pineda ha guardado hermetismo, aunque su padre, el senador Félix Salgado Macedonio, planteó un diálogo con los alcaldes, pero rechazó que en esta negociación se acepte la destitución de la fiscal Sandra Luz Valdovinos Salmerón.
Fuentes del gobierno aseguraron que la coronel del Ejército (Valdovinos Salmerón) ha dado duros golpes contra los dirigentes de la FM, decomisándoles ranchos, otras propiedades y autos de lujo como dos el viernes 28 de abril pasado, una camioneta Hummer y un Lamborghini con reporte de robo.
Eso originó, dicen fuentes del gobierno, las airadas protestas en Tierra Caliente para denunciar, según los ediles y diputados, abusos por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE).
Los bloqueos carreteros encabezados por alcaldes y un legislador local, en la Tierra Caliente de Guerrero, cumplieron 72 horas, ya ocasionó compras de pánico por parte la población, el desabasto de gasolina y vívires, además de cientos de personas varadas en distintos puntos de la región.
Desde el viernes 28 de de abril, después del cateo a una bodega y el decomiso de autos clásicos y de lujo, presuntamente propiedad del grupo delictivo de la Familia Michoacana (FM), operación realizada por la FGE, cientos de transportistas bloquearon las carreteras que conectan a los municipios de Pungarabato, Coyuca de Catalán, Arcelia, Tlapehuala, Cutzamala, San Miguel Totolapan, Ajuchitlán y Tlalchapa.
Pobladores de Petatlán bloquean la carretera Acapulco-Zihuatanejo, a la altura del poblado de Palos Blancos, en la Costa Grande de Guerrero, para denunciar abuso de poder por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE). Foto: Especial.
A estos bloqueos que, en un primer momento, fueron sólo de transportistas, se sumaron los alcaldes de dichos municipios junto con funcionarios y trabajadores municipales; para el sábado también había trabajadores de los sectores educativos y de salud.
De acuerdo con fuentes de la región, de quienes se omite su nombre por seguridad, comentaron a Amapola, periodismo transgresor que los trabajadores municipales, los maestros y los médicos fueron obligados a acudir a dichos bloqueos, porque de negarse serían despedidos.
«Acudan a su bloqueo más cercano y manden evidencia», decía el mensaje enviado a los trabajadores.
Por transmisiones en vivo de medios locales y ciudadanos, se supo el mismo sábado por la tarde que elementos del Ejército trataron de abrir dichos bloqueos, pero no les fue posible.
En la entrada del puente Miguel Alemán, que conecta Ciudad Altamirano con Coyuca de Catalán colocaron cinco volteos de carga pesada, de los cuales los militares sólo lograron mover unos pocos metros.
Después de ese intento de desalojo los elementos del Ejército, acompañados por la Guardia Nacional, se retiraron.
Los alcaldes que ahora encabezan dicho bloqueo son el perredista de Coyuca de Catalán, Eusebio Echeverría Tabares; la morenista de Tlalchapa, Tania Mora Eguiluz, y el priista de Pungarabato, Cuauhtémoc Mastachi Aguario.
También el de Arcelia, Balmaro Torres Berrum; el de Tlapehuala, José Luis Antúnez Goicochea; la de Cutzamala, Mayté Lucero Arce Jaimes y el diputado local, Adolfo Torales Catalán. Todos ellos priistas.
En un comunicado en redes sociales también mostró su apoyo a los bloqueos la perredista y diputada local Elzy Camacho Pineda.
En distintas declaraciones públicas los alcaldes mencionaron que el bloqueo es para pedir a la gobernadora, la morenista Evelyn Salgado Pineda, la salida de la FGE «por cometer atropellos contra los derechos humanos de la población calentana», dijeron casi en guion todos los alcaldes.
A 72 horas de los bloqueos, ciudadanos de la región ya comienzan a sufrir el desabasto; en Tlapehuala las gasolineras también empiezna a quedarse sin gasolina y en Ciudad Altamirano la población ya abarrotó las tiendas comerciales ante el pánico de quedarse sin víveres.
Unidades Servicios Públicos del municipio de Pungarabato bloquean calles en Ciudad Altamirano. Foto: Especial.
Por el momento las personas sólo pueden cruzar a pie o en moto los bloqueos.
En tanto, los transportistas les bajaron el aire a sus unidades como una medida de protección ante los rumores de desalojo por parte de la Policía Estatal y Guardia Nacional.
La noche del sábado circuló un video en redes sociales de un cortejo fúnebre que no pudo cruzar de Coyuca de Catalán hacia Ciudad Altamirano, por lo que tuvieron que cargar el féretro y cruzar a pie.
La Secretaría de Educación Guerrero (SEG) informó que el delegado de Servicios Educativos en Tierra Caliente, Taurino Vázquez Vázquez, fue removido, pero no informaron los motivos.
De acuerdo con los pobladores, Vázquez Vázquez fue el que obligó a los maestros de la región a acudir a los bloqueos.
Otro funcionario que denuncian obligó a sus trabajadores a acudir a los bloqueos es el director del Hospital General de Coyuca de Catalán, Jexzael Sánchez Martínez.
Este funcionario estatal tiene como superior a la jefa de la Jurisdicción Sanitaria, 01 de la Secretaría de Salud, Amalia Mora Equiluz, hermana de la alcaldesa morenista de Tlachapa, quien encabeza un contingente en el cierre de una de las vías en esa región.
El cierre de la carretera federal Iguala-Ciudad Altamirano provocó que las empresas de autobuses Estrella de Oro y Costa Line cancelaran desde este sábado el servicio a los nueve municipios de Tierra Caliente.
Dos autobuses del transporte público de Tierra Caliente bloquean la carretera interestatal Ciudad Altamirano-Riva Palacio. Foto: Especial
Trabajadores de transporte público bloquearon este viernes más de una hora la carretera federal que conecta a los municipios de Pungarabato, Coyuca de Catalán y Arcelia, en la región de la Tierra Caliente, luego de que elementos del Ejército, Guardia Nacional y Policía Estatal llevaron a cabo un cateo en una bodega en donde aseguraron automóviles de lujo que, presuntamente, son propiedad de un familiar de uno de los líderes del grupo del crimen organizada de la Familia Michoacana (FM).
El cateo lo realizaron este jueves en la tarde en la comunidad de Tierra Blanca, del municipio de Pungarabato. Después ocurrió la protesta de los trabajadores del transporte, quienes según reportes, fueron obligados por el grupo criminal a realizar esta acción.
Según los informes, los agentes de seguridad federal y estatal entraron a la bodega y hallaron autos y camionetas de lujo que, presuntamente, son propiedad de una de las hijas de José Alfredo Hurtado Olascoaga, alías La Fresa, quien junto con su hermano Jhonny, El Pez, llevan más de una década asociados a acciones criminales en la Tierra Caliente, que incluyen alianzas políticas y económicas de la región.
El cierre de la vía federal a la altura de Tierra Blanca, sólo duró 90 minutos.
Se supo de manera extraoficial que las unidades halladas en la bodega, que al parecer son de la hija de La Fresa, fueron decomisadas.
Directivos de escuelas de todos los niveles educativos de los municipios de Pungarabato y Coyuca de Catalán suspendieron las clases por el cierre de la vía federal y por el riesgo de que ocurran hechos de violencia.
“A nosotros nos mandan, somos sus títeres”, dijo un trabajador del volante.
El bloqueo empezó a las 12:30 horas y concluyó a las dos de la tarde, aunque los choferes con sus unidades sólo se replegaron a los costados de la vía.
El cateo, reportaron, lo llevó a cabo la Fiscalía General de la República (FGR) en atención a una orden judicial.
El personal de la FGR fue acompañada por el Ejército, GN y Policía Estatal.
La violencia en la Tierra Caliente volvió a crecer luego de que el 7 de octubre del 2022, un grupo armado identificado por la FGR como integrantes de la FM, asesinó a balazos a 20 personas en San Miguel Totolapan, entre ellas el alcalde perredista de este municipio, Conrado Mendoza Almeda y a su papá, Juan Mendoza Acosta, ex edil durante dos períodos constitucionales en esta demarcación.
Por su parte la Policía Estatal informó que se realizó un cateo en una bodega en la colonia Tierra Blanca, en Ciudad Altamirano en dónde fueron hallados 30 vehículos y que por el número de serie, 25 son clásicos. Se informó que ninguna unidad vehicular tenía reporte de robo. El personal de la FGE y policía estatal de retiraron del lugar sin incidencia alguna
El bloqueo de los transportistas es vigilado por elementos de la Policía Estatal. Foto: Especial.
A ocho días de que pobladores de la Tierra Caliente entraran en pánico y miedo por un supuesto levantamiento armado en contra de la Familia Michoacana, grupo delictivo que opera en esa región, el miedo disminuyó y las personas ya salen más a las calles.
El miedo comenzó a raíz de un video difundido en redes sociales, en el que un hombre vestido con ropa tipo militar, rostro cubierto y voz alterada, quien se autonombró «el señor del sombrero», amenazó con levantarse en armas el 10 de abril si el gobierno estatal y federal no enviaba elementos de la Guardia Nacional a la región.
Ante esa situación los pobladores entraron en miedo y zozobra, y realizaron compras de pánico y evitaron salir en los días de Semana Santa, menos el 10 de abril. Ese día las calles de Ciudad Altamirano lucieron vacías, muchos comerciantes optaron por no abrir sus locales.
Ciudad Altamirano es el centro económico más importante de la región, por lo que es común que siempre haya gente en sus calles.
Después de las amenazas, entre el miedo y pánico, el 10 de abril no se supo de ningún enfrentamiento en contra de la Familia Michoacana.
A ocho días de las amenazas del levantamiento armado, las calles de Ciudad Altamirano nuevamente están pobladas y los locales abiertos.
«Al parecer todo está normal, ya hay de nuevo mucha gente en las calles», mencionó una fuente de la región.
Ante la situación de violencia y extorsión que se viven en la región, muchos ciudadanos veían en «el señor del sombrero» una posibilidad de que la situación mejorara.
«¿Si va a haber algo hoy? ¿Qué pasó? ¿Todo era mentira?», fueron algunos de los comentarios que se leían en la página de Facebook Paz y libertad Tierra Caliente oficial, página supuestamente administrada por gente de «el señor del sombrero».
La situación de violencia y extorsión en la región provoca que las personas vivan en la zozobra. En la Tierra Caliente, se sabe por personas de la región, la Familia Michoacana controla el negocio de los refrescos, bebidas alcohólicas y algunos alimentos como la carne de cerdo.
Esto ha hecho que los precios de la canasta básica cuesten más que en el resto del estado.
En la Sierra de Coyuca de Catalán, pobladores se han desplazado por los enfrentamientos y amenazas de este grupo criminal.
Los primeros días de la advertencia del levantamiento armado, los habitantes de la Tierra Caliente evitaron salir de sus hogares. Dos días después, el transporte público y el comercio se restableció de manera paulatina. Este fin de semana las personas ya salieron a comprar y a realizar actividades cotidianas paralizadas por tres días.
Esta mañana la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), a través de la Novena Región Militar, confirmó que en el enfrentamiento ocurrido ayer entre militares y civiles armados, supuestamente integrantes de la Familia Michoacana, hubo siete muertos y dos heridos.
Mediante un comunicado la IX Región Militar, con sede en Acapulco, informó que el enfrentamiento se registró en un punto conocido como El Capire, en las inmediaciones de la comunidad de El Pescado, municipio de Coyuca de Catalán, en la Tierra Caliente de Guerrero.
En el enfrentamiento murieron el cabo de infantería Bernardino Enrique Gálvez y el soldado Marco Antonio Rizo Ventura. También cinco civiles armados.
La Novena Región Militar informó que el teniente de infantería Eduardo Cervantes Hernández y el cabo Emiliano Torres Beltrán resultaron heridos.
De acuerdo con la Sedena, a las tres de la tarde de ayer viernes, elementos del Ejército fueron agredidos a balazos por un grupo de uno 18 civiles armados que iban a bordo de dos vehículos.
Habitantes de comunidades de la Sierra informaron que desde el jueves en la noche, un día antes de la agresión, observaron movimientos de vehículos en la comunidad de El Pescado, donde, dijeron, hay presencia de líderes de la FM, lo que también sostienen reportes de seguridad.
El convoy del Ejército acudió la mañana del viernes a las inmediaciones de la comunidad a un recorrido de seguridad, y ocurrió el enfrentamiento.
Según los lugareños, en El Pescado estaba Orbelin Hernández Peñaloza alías El Gordo, a quien identifican como uno de los hombres de confianza de los líderes de la Familia Michoacana, los hermanos José Alfredo y Jhonny Hurtado Olascoaga, alias La Fresa y El Pez, respectivamente.
Fuentes de seguridad señalaron a Hernández Peñaloza como uno de los perpetradores de los asesinatos de siete habitantes de la comunidad de El Durazno, del municipio de Coyuca de Catalán, el 10 de diciembre del 2022.
En las últimas semanas el gobierno federal y estatal intensificaron operaciones de seguridad en la Sierra de Tierra Caliente y la Costa Grande para, supuestamente, detener a los dirigentes de la Familia Michoacana.
El 10 de octubre del 2022, un grupo de más de 50 civiles armados de este grupo criminal ingresó a San Miguel Totolapan y asesinó a 20 personas –los habitantes sostiene que más–, entre ellas el alcalde perredista de ese municipio, Conrado Mendoza Almeda, de acuerdo con la versión oficial de los hechos.
Elementos del Ejército y Guardia Nacional durante un operativo en el municipio de Leonardo Bravo ante el reporte de un enfrentamiento en comunidades aledañas a Chichihualco, el pasado 5 de mayo del 2020. Foto: José Luis de la Cruz (Archivo Amapola).
