Petra Gaspar Mendoza, la madre de Juan Carlos, pide respuestas sobre el paradero de su hijo para darle una sepultura digna
Texto: Andrea Mendoza
Foto: Luceli Pastrana
Lunes 1 de julio del 2024
Chilpancingo
“En mi corazón de madre siento que mi hijo ya no vive”, dice Petra Gaspar Mendoza a su hija Dalia Gaspar Díaz sobre sus presentimientos con relación a su hijo Juan Carlos Díaz Gaspar, de 27 años, quien ya lleva dos meses y 14 días desaparecido.
Los primeros días de su desaparición, la familia y amigos de Juan Carlos se movilizaron para exigir la búsqueda del joven, tapizaron la ciudad con su foto, marcharon y cerraron avenidas. Después, como ocurre con decenas de personas desaparecidas, los familiares se callan y muchos, incluso, se van a otra ciudad para resguardar la vida.
David Molina Rodríguez, vocero del Colectivo de Familiares de Desaparecidos Lupita Rodríguez, aseguró que eso ocurre a la mayoría de las familias, porque todas reciben amenazas por teléfono, tan pronto como salen de la Fiscalía General del Estado (FGE), a donde acuden a poner la denuncia y a exigir la búsqueda de la persona desaparecida.
El caso de la familia de Juan Carlos no es la excepción. Dalia Gaspar Díaz contó que recibieron amenazas para que dejaran de hacer marchas.
“No es casual que estas amenazas ocurran después de salir de la Fiscalía a hacer la denuncia”, dice perspicaz Molina Rodríguez, en cuya desaparición de su hermano Josué Molina Rodríguez, en junio del 2014, documentaron la participación de integrantes de la FGE.
La familia de Juan Carlos recibe diversas llamadas. Algunas de amenazas para dejar de buscarlo, otras que piden dinero a cambio de información sobre su paradero. Una de estas llamadas fue para decirles que a Juan Carlos se lo llevaron a la sierra para hacer trabajos forzados para un grupo del crimen organizado.
En medio de este silencio por estas llamadas, la madre de Juan Carlos presiente que su hijo ya no está con vida y espera que le den la información sobre a dónde se lo llevaron para recuperar sus restos para darle una sepultura digna y llorarle.
Juan Carlos desapareció el 17 de abril pasado, la última imagen que tienen de él son de una cámara del restaurante Vips en el que trabajaba al sur de la ciudad. En la imagen Juan Carlos se despide de sus compañeros, mientras avanza hacia la salida. Unos días antes de que ya no regresara, Juan Carlos fue agredido por dos hombres al salir de su trabajo. Los dos hombres estaban esperándolo. Cuando el joven sale, lo interceptan, intercambian frases y después los dos hombres lo golpean.
Las cámaras del C4, de acuerdo con la versión de la FGE, no funcionaban el día que desapareció. David Molina Rodríguez, a partir de conocer otros casos de personas desaparecidas de este colectivo, afirma que no es raro que eso diga la FGE. “Generalmente cuando se trata de proporcionar información esas cámaras no funcionan justo ese día”. Lo mismo ocurrió el día de la desaparición de su hermano Josué Molina Rodríguez, en junio del 2014. “Las cámaras no funcionaban y así ha pasado con otras personas desaparecidas”.
Dalia Gaspar denunció que la FGE no ha investigado el celular de su hermano, el cual fue hallado por una mujer y entregado a la esposa de Juan Carlos.
A pesar del miedo, la hermana de Juan Carlos anunció que marcharán nuevamente cuando se cumplan tres meses de la desaparición de Juan Carlos.
En lo que va de este año hay un registro de 206 desapariciones, de acuerdo con el registro de Amapola Periodismo. En abril, el mes en el que desapareció Juan Carlos, ocurrieron 41 desapariciones.
El obispo emérito de la diócesis Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel Mendoza, desapareció en Morelos desde el sábado 27 de abril y este lunes 29 se supo que la iglesia católica desconocía su paradero.
Una fuente de la diócesis de Chilpancingo-Chilapa, que por seguridad pidió el anonimato, confirmó que el sábado 27, Salvador Rangel celebró una misa al mediodía en el municipio de Tixtla y después se trasladó a Jiutepec, Morelos, donde radica.
Luego de que al mediodía del lunes 29 se supo de su desaparición, la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) emitió un comunicado, por la tarde, en el que se informa que su desaparición fue en el municipio de Jiutepec, Morelos.
La CEM confirmó que la desaparición de Salvador Rangel ocurrió el sábado 27 de abril, por lo que solicitó “de manera enérgica” a las autoridades de los gobiernos federal y de los estados de Morelos y Guerrero su decidida intervención para su localización.
En el comunicado se exhorta a los captores para que “en un acto de humanidad” y considerando el estado delicado de salud del obispo, le permitan tomar de manera adecuada y oportuna sus medicamentos, y les solicitaron su libertad.
También pidieron a toda la sociedad en general que si tiene información que contribuya a las investigaciones la aporten, y a la pastoral pidieron unirse en oraciones por la pronta localización del obispo.
Salvador Rangel tiene 78 años y ganó relevancia mediática por buscar en distintos momentos treguas de paz entre los diferentes grupos del crimen organizado que operan en Guerrero, la última de ellas, entre los Tlacos y la Familia Michoacana. Hace unas semanas, se reunió con cuatro lideres del crimen organizado para solicitar una tregua que permitiera celebrar en armonía la Semana Santa en Taxco.
También ha acompañado a colectivos y familias que buscan a sus desaparecidos, ha acompañado a su pastoral que ha sufrido desplazamiento forzado, fue impulsor en Guerrero de una campaña médica de la organización internacional Médicos sin fronteras, que actúa en zonas de conflicto como Libia o Palestina y que operó una campaña en la región de Tierra Caliente.
Recientemente, el obispo de Chilpancingo-Chilapa, José de Jesús González, pidió al gobierno no ser indiferente ante la violencia que se vive en Guerrero; y hace un par de semanas, González y los otros tres obispos de Guerrero, Joel Ocampo Gorostiesta, de Altamirano; Leopoldo González González, de Acapulco, y Dagoberto Sosa Arriaga, de Tlapa, pidieron al gobierno ofrecer garantías de seguridad a los candidatos y a la población, para ejercer su voto el 2 de junio en las elecciones de presidente de la República, presidencias municipales y diputaciones locales.
El Servidor de la Nación, originario de Taxco, hoy cumple un año desaparecido en Temaxcalapa, municipio de Taxco
Texto y foto: Marlén Castro Miércoles 28 de febrero del 2024 Chilpancingo
A las seis de la tarde del martes 28 de febrero, el servidor de la nación Miguel Huerta Torres, en Temazcalapa, municipio de Taxco, fue privado de su libertad por una mujer y un hombre armados.
Hoy que se cumple un año de su desaparición, su familia en desplazamiento forzado para preservar la vida, interrumpió su exilio para exigir a la Fiscalía General del Estado (FGE) que lo busque, porque aunque están detenidos tres responsables, «no han hablado ni hablarán para decir a dónde se lo llevaron».
Huerta Torres es un líder natural de Temaxcalapa, gestor de diferentes necesidades en la comunidad, a quien seguían los pobladores por su capacidad de gestión.
Temazcalapa, como otras comunidades de la zona Norte, comenzó a sufrir el asedio de un grupo del crimen organizado.
Huerta Torres se opuso a las determinaciones establecidas por gente de ese grupo.
Se lo llevaron al salir de la Comisaría Municipal, a la que convocó a la población para acordar asuntos relativos a su trabajo como Servidor de la Nación.
Es militante de Morena.
La familia de Huerta Torres se integró al Colectivo Familiares en Búsqueda María Herrera y hoy protestaron en la puerta de la Fiscalía para exigir resultados.
Integrantes del Colectivo María Herrera junto con familiares del desaparecido Miguel Huerta protestan en la FGE para exigir labores de búsqueda.
Cuando se lo llevaron a punta de las armas, Miguel estaba con su hijo de cinco años, el más pequeño de los cuatro hijos, quienes esperan volver a verlo vivo.
Al desinterés de la FGE, la familia Huerta se enfrenta también a la prepotencia del delegado del Bienestar, Iván Hernández Díaz, quien no canaliza el salario a sus hijos, tres de ellos son menores, aunque un Tribunal Federal ordenó la protección de los menores.
El Colectivo María Herrera convocó a una marcha que partiría del Monumento a Las Banderas a la Fiscalía, la que se transformó en una protesta en la puerta principal de la FGE porque ante el temor acudieron solamente unas once personas.
Texto: José Miguel Sánchez Fotografía: Ficha de búsqueda 30 de julio del 2023 Chilpancingo
Un aspirante a estudiante para la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, de nombre Marco Antonio, que desapareció el pasado 23 de julio, fue hallado su cadáver ayer en un predio cerca de la carretera federal Chilpancingo-Tixtla.
El Centro de Derechos Humanos de las Víctimas Minerva Bello exige al gobierno estatal y a la Fiscalía General del Estado (FGE) investigar la desaparición y muerte del joven aspirante.
De acuerdo con un comunicado del Centro Minerva Bello, el sábado 22 de julio, Marco Antonio acudió a la instalaciones de la Normal de Ayotzinapa, ubicada en el municipio de Tixtla, para tomar el curso de inducción al ciclo escolar, que se imparte a todos los aspirantes de nuevo ingreso.
Durante los dos días siguientes, por el pase de lista que realizan durante el curso, sus compañeros se percataron de su desaparición.
Después de las 72 horas de no ser localizado, la familia de Marco Antonio acudió a la FGE a interponer una denuncia por su desaparición.
Por la desaparición de Marco Antonio, la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP) emitió una ficha de búsqueda para su localización.
Ayer por la tarde fue localizado el cadáver de un hombre en estado de putrefacción en un predio baldío cerca de la carretera federal Chilpancingo-Tixtla, a la altura del balneario Santa Cruz, cuatro kilómetros antes de llegar a la cabecera municipal de Tixtla.
Luego del reporte realizado a las autoridades, al lugar arribaron elementos policiacos con binomios caninos que lograron localizar el cadáver.
Peritos de la FGE realizaron las diligencias de ley correspondientes y ordenaron que el cadáver fuera llevado al Servicio Médico Forense (Semefo) de Chilpancingo.
Horas más tarde confirmaron que el cadáver correspondía al de de Marco Antonio, de 33 años.
“En tales circunstancias el Centro Minerva Bello se pronuncia porque las autoridades del estado de Guerrero y en particular la Fiscalía, realicen las investigaciones necesarias y pertinentes para esclarecer la desaparición y muerte del joven Marco Antonio y posibles responsables”, se lee en comunicado del Centro Minerva Bello emitido esta mañana.
Familiares de Abimael Cortez Bolaños, de 16 años, desaparecido desde el 21 de junio, acudieron a la Fiscalía General del Estado (FGE) a una audiencia para saber cómo van los avances en las investigaciones.
Ana María Cortez Sánchez, madre de Abimael, informó que aún no hay avances en la investigación.
La familia, amistades y vecinos de Abimael marcharon el viernes 29 de junio del parque Margarita Maza de Juárez hacia la FGE, en esa marcha lograron una audiencia con Juan Daniel Cerillo Huerta, fiscal especial en materia de desaparición forzada y de personas.
«Ahorita supuestamente ya lo pasaron a caso urgente, yo ya quisiera tener a mi hijo aquí», mencionó Ana María.
La madre acudió también el lunes pasado a la FGE, ese día le dijeron que Abimael posiblemente se fue de casa por voluntad propia; para ella eso es imposible, porque ellos son muy unidos y pasaban la mayor parte del tiempo juntos.
«Dicen que a lo mejor él se habrá ido porque ya estaba harto de estar conmigo, tal vez dicen que no regresa porque tiene miedo, pero yo lo voy a recibir porque es mi hijo», agregó.
Hizo un llamado a las autoridades a agilizar la búsqueda de Abimael.
En la explanada de la FGE colocaron algunas lonas, fotografías y la ficha de búsqueda del menor. «Nadie me preparó para recibir este golpe», dijo Ana María.
Las autoridades ministeriales les dijeron que aún no hay información sobre el paradero del adolescente, y que agentes de la Policía Investigadora Ministerial ya acudieron a recorrer los puntos donde fue visto por última vez.
Abimael desapareció el 21 de junio; a las 7:30 horas salió de su casa para acudir a clases en el Instituto Stephen Hawking (ISEH), pero ya no llegó al plantel.
El último contacto que Abimel tuvo fue con una compañera de su escuela, según la familia del joven. La compañera le encargó unas copias para un trabajo que entregarían, pero Abimael no contestó su mensaje y menos llegó con las copias.
Días después de su desaparición, la familia organizó una marcha para exigir su aparición con vida y constantemente acude a la FGE a solicitar informes, pero la dependencia no le ofrece avances, menos sabe de su paradero, de acuerdo con la madre del menor.
Familiares y conocidos del menor de 16 años, Abimael Bolaños Cortez, desaparecido el 21 de junio, marcharon hacía la Fiscalía General del Estado el día viernes 30 para exigir agilizar su búsqueda. Foto: Oscar Guerrero.
Familiares y amigos de Abimael Bolaños Cortés, de 17 años, desaparecido el 21 de junio después de salir de su casa con dirección a su escuela, marcharon esta tarde para exigir a la Fiscalía General del Estado (FGE) agilicen los trabajos de búsqueda para dar con su pronta aparición con vida.
Abimael es estudiante del Instituto Educativo Stephen Hawking (IESH), escuela privada ubicada en la colonia Amate, al Norte de Chilpancingo.
La madre de Abimael, Ana María de Jesús Cortés Sánchez, contó que la última vez que vio a su hijo fue el miércoles 21 de junio a las siete de la mañana cuando salió de su domicilio para dirigirse a su escuela; a partir de ese momento desconoce su paradero.
Por lo que pudo investigar la familia, Abimael desapareció en el trayecto a su escuela, pues aseguran que nunca llegó a la institución.
Ana María de Jesús mencionó que tras la desaparición interpusieron una denuncia ante la FGE, por lo que ya fue emitida l
A ficha de búsqueda, pero la familia exige se agilicen los trabajos de búsqueda.
«Lo único que nos dicen las autoridades es que tengamos paciencia, porque no es el único caso que tienen que atender». Dijo la madre de Abimael.
Por las pocas respuestas de las autoridades se convocó a una marcha para exigir a la FGE agilicen los trabajos de búsqueda para localizarlo con vida.
«Es buen muchacho, no tiene malas amistades y los únicos lugares a donde iba era de la casa a la escuela y de la escuela a su casa», dijo la madre.
La convocatoria para la movilización concentró a unas 100 personas, entre familiares, vecinos y amigos.
La marcha comenzó a las cinco de la tarde en el parque Margarita Maza de Juárez, antes de salir oraron y pidieron por la paz en Chilpancingo, un cese a la violencia y la localización de Abimael.
Los manifestantes marcharon con ropa y globos de color blanco; además de portar pancartas con la fotografía de Abimael y con el número de emergencia 911 para reportarlo en caso de verlo.
A Abimael sus familiares y amigos lo describieron como un joven tranquilo «que no tiene problema con nadie».
La marcha llegó hasta la Fiscalía General del Estado (FGE) donde un comisión fue recibida por Juan Daniel Cerillo Huerta, Fiscal Especial en materia de desaparición forzada y de personas.
La reunión duró una hora aproximadamente en la que la FGE se comprometió a continuar las investigaciones y no revelaron más porque siguen en curso la búsqueda.
En el arranque de los actos religiosos de la Semana Santa, un grupo de personas bloquearon este domingo una de las avenidas principales de Taxco de Alarcón para exigir la presentación con vida del profesor Germán García Hernández quien fue privado de su libertad por hombres armados.
Los manifestantes protestaron en la avenida Plateros que está ubicada cerca de las instalaciones de una central de autobuses y que dicha vía también comunica a la carretera federal Taxco-Cuernavaca, Morelos.
Las personas que protestan muestran cartulinas con la fotografía de la víctima.
El grupo de manifestantes le exigen a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda que intervenga ante la Fiscalía General del Estado (FGE) para que se realice la búsqueda de García Hernández.
Desde este sábado usuarios de las redes sociales relataron que el profesor Germán Garcóa quien trabaja en un taxi fue perseguido por hombres armados que iban a bordo de una camioneta color rojo en el barrio de Landa.
Según los testigos García Hernández fue alcanzado por los delincuentes quienes se lo llevaron y este mismo sábado cuando se realizaba su búsqueda fue hallado el taxi marca Nissan tipo Tsuru número 37 que él conducía cuando era perseguido.
Germán Hernández da clases en una escuela primaria pero cuando hay vacaciones trabaja de taxista.
En las redes sociales se informa que el grupo de delincuentes que se llevaron al profesor son integrantes del grupo del crimen organizado de la Familia Michoacana y acusan al alcalde de Taxco, Mario Figueroa Mundo de tener vínculos con esta organización.
«Mario Figueroa, ya basta, ya ponle un alto a tus amigos de la delincuencia organizada y que regresen a todas las señoritas, jóvenes, señoras y señores que han secuestrado», escribió en su Facebook, Tonatiuh López Ramírez quien en las elecciones para la alcaldía en el 2021 fue candidato a ese cargo por el Partido Encuentro Social (PES).
El pasado miércoles 29 de este mes, Salgado Pineda puso en marcha un operativo de Semana Santa con mil 600 elementos del Ejército, Guardia Nacional y Policía Estatal para que realicen tareas de seguridad en Taxco.
Desde hace más de un mes habitantes de comunidades y de la cabecera municipal de Taxco han denunciado el aumento de la violencia en este municipio que ha derivado en secuestros, extorsiones y cobro de piso a todo los sectores económicos.
El pasado 28 de febrero, el Servidor de la Nación de la delegación de la Secretaría del Bienestar, Miguel Huerta Torres fue privado de su libertad por un hombre y una mujer armados cuando estaba en una reunión en la comisaría de la comunidad de Temaxcalapa, ubicada a 50 minutos de Taxco.
Desde esa fecha, habitantes de 12 comunidades rurales de esa zona están exigiendo al gobierno la búsqueda del empleado federal y han denunciado la desaparición de al menos otras diez personas más a manos de miembros de la Familia Michoacana.
Los familiares, amigos y compañeros de trabajo del maestro Germán García exigían que la FGE realice la búsqueda para localizar a la víctima.
Este domingo en Taxco arrancó la Semana Santa con las procesiones de las palmas por el Día de Ramos.
Se prevé que en las próximas horas arriben a esta ciudad miles de turistas.
Aspectos de la manifestación de hoy de familiares y amigos del profesor Germán García Hernández, en la ciudad de Taxco, Guerrero. Foto: Retoma del perfíl de facebook de Tonatiuh López Ramírez.
¿Cómo reparas una familia rota, destruida? ¿Cómo reparas una vida? ¿Cómo reparas un proyecto de vida truncado?, ¿Cómo la destrucción del tejido social? En el juicio de García Luna faltaron las voces de las víctimas.
Texto: Isabel Briseño y Daniela Pastrana / Pie de Página
Fotos: Isabel Briseño
21 de marzo del 2023
CIUDAD DE MÉXICO.- Era el 24 de junio de 2011. En el Alcázar del Castillo de Chapultepec ocurría una inédita reunión entre el entonces presidente, Felipe Calderón, y víctimas de su estrategia de seguridad (él la llamó guerra contra el narco) agrupadas en torno al Movimiento por la Paz.
“Nunca se me olvida”, dice Araceli Rodríguez Nava, casi 13 años después de ese encuentro.
“Estaba sentada frente a (Genaro) García Luna. Él jugaba en su mano una pluma azul, estaba nervioso. Le reclamé frente a quien fue su jefe, que luego de un año y 6 meses, no había querido recibir a las familias de los seis policías y el civil desaparecido en Michoacán”.
El diálogo entre Calderón y las víctimas era transmitido por la televisión. El presidente respondió que la atenderían y días después, Araceli recibió la cita que tantas veces había solicitado con el hombre que durante una década tuvo a su cargo la Secretaría de Seguridad del gobierno federal.
La respuesta del poderoso funcionario, sin embargo, la dejó petrificada. Así recuerda el episodio:
— Echado para atrás, con el codo recargado en el respaldo de la silla y frente a los demás familiares, García Luna me dijo: “Yo te digo a ti, Araceli, que ya dejes de estar buscando culpables donde no los hay. Fíjate que es bien bonito reflexionar sobre la muerte. Deberías de ponerte a analizar, pasar una película de tu vida desde que tenías uso de razón. Reflexiona y piensa 10 minutos, cómo te gustaría morir”.
Araceli, quien llevaba casi dos años tocando todas las puertas de la dependencia para reclamar respuestas sobre la desaparición de su hijo Luis Ángel, no iba a mostrar el miedo que sintió con la amenaza.
—Ni un segundo ingeniero —le respondió la mujer al poderoso funcionario —. Ni un segundo pienso en cómo quiero morir, porque antes de morirme, voy a encontrar a mi hijo, a sus compañeros y verlo a usted tras las rejas.
— ¿Qué le dirías ahora? — le preguntamos a finales de febrero, dos días después de que el exsecretario de seguridad fue declarado culpable de narcotráfico y delincuencia organizada en una Corte de Nueva York
—Eres un criminal, asesino. Estás pagando por delincuencia organizada y tráfico de drogas, pero ¿cuándo vas a pagar por las vidas de tus policías federales?
Un juicio sin víctimas
Araceli es mamá de Luis Ángel León Rodríguez, un policía federal desaparecido el 16 de noviembre de 2009 junto con otros seis policías y un civil (Sergio Santoyo, amigo de Luis Ángel y quien manejó la camioneta particular en la que iban) que fueron enviados de comisión a Ciudad Hidalgo, Michoacán, sin los medios necesarios de seguridad para ir a su destino. En el traslado hacia su comisión fueron emboscados en Zitácuaro Michoacán, en la caseta Lengua de Vaca. Por investigación se sabe que se los llevaron integrantes de la Familia Michoacana.
Durante 13 años, Araceli ha repetido su historia, en una incansable búsqueda de justicia (lo que sea que llene esa palabra) para Luis Ángel. La mujer ha ido rompiendo todas las barreras puestas por la propia Secretaría de Seguridad, que no solo se negó a reconocer la desaparición de sus elementos, sino que los reportó como faltantes al trabajo.
El caso ha sido aceptado por Naciones Unidas y Araceli espera que con eso se siente un precedente para que el Estado se responsabilice por sus trabajadores. En cuanto a los servidores públicos involucrados (los jefes de Luis Ángel) tuvo que ampararse, con el apoyo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) y un juez ordenó a la Fiscalía General de la República que los investigue. Peo eso va lento. Hace un año y medio que se abrió el expediente, y la Ministerio Público no ha hecho nada, dice Araceli.
¿Dónde está Luis Ángel? ¿Dónde están sus compañeros? ¿Dónde están los más de 100 mil desaparecidos?
“Muchos de ellos los debe Genaro García Luna”, dice Araceli.
Y sin embargo, en el juicio que se le ha hecho en Estados Unidos al exsecretario de seguridad federal no han hablado esas personas a las que les quebró la vida.
“Las víctimas somos las grandes ausentes de ese juicio”, insiste.
La cadena de mando
Araceli está convencida de que se tiene que investigar toda la cadena de mando, desde Genaro García Luna, quien personalmente presentó al oficial encargado de la comisión (Juan Carlos Ruíz), el excomisionado de seguridad, Facundo Rosas Rosas y a su secretaria Reyna Virruel.
—Ella bajaba la información. ¿A ella quién le dio la instrucción de que se fueran los policías a la comisión? ¿Quién solicitó la presencia de los policías en Ciudad Hidalgo Michoacán?—, pregunta Araceli.
Luego sigue con la lista: el exdirector de la policía, Luis Cárdenas Palomino —actualmente preso por tortura—; Sergio Licona (quien falleció en un accidente); Rafael Avilés, excoordinador de fuerzas federales que ordenó a los policías que se fueran por sus propios medios; su particular, Alejandro Santizo, quien presionó a las familias para que aceptaran la desaparición de los muchachos y que años después fue vinculado a la delincuencia organizada; Pedro Tello Gómez, presidente municipal de Ciudad Hidalgo, quien no dio aviso de que no llegaron; Roberto Cruz Aguilar, director de normatividad del área jurídica de la Policía Federal y quien, el 19 de diciembre de 2009, cuando aparecieron 8 cuerpos calcinados en San Juan del Río, Querétaro, envió una carroza de muerto a los familiares de los policías desaparecidos; el comandante Raymundo Agustín Hernández Guzmán, quien los amenazó de muerte y les dijo que no iban a llegar a su destino.
De cada una de esas personas que, dentro de la Policía Federal, debieron tener información sobre lo ocurrido con su hijo, Araceli tiene un archivo en la memoria. A lo largo de las horas va desempolvando imágenes de la memoria para narrarnos, por enésima ocasión, cómo fue que la institución dirigida por Genaro García Luna no sólo incurrió en omisiones graves en la desaparición de Luis Ángel y sus compañeros, sino que hubo una participación activa de los responsables, antes y después de la desaparición. Por eso el caso fue aceptado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Araceli Rodríguez dice que a pesar de que no padece hasta el momento ninguna enfermedad crónica, lo que más le preocupa es el tiempo, que no alcance a ver la justicia para su hijo y las demás víctimas. Foto: Isabel Briseño / Pie de Página.
“Tu madre ni el seguro va a cobrar”
El sábado 14 de noviembre de 2009, Luis Ángel le dijo a su madre que iría a recoger el oficio de una comisión. Ella pidió permiso para salir temprano del trabajo y comer con él. Luis Ángel llegó como a las 4 de la tarde; su madre lo notó triste.
—¿Qué pasó, hijo?— preguntó Araceli.
—No sé, me siento raro. Es que, mamá, yo traía mi oficio de la comisión, ya me lo habían dado, fui con mi jefe Raymundo (Agustín Hernández) y le dije: ‘Ya está jefe, me voy el lunes a la comisión con el jefe Juan Carlos’; el jefe Raymundo se volteó y me dijo: ´estás pendejo´. Me quiso arrebatar mi oficio de comisión y le dije: ‘¿qué pasó jefe? Yo le estoy tramitando a mi mamá su casa, ya me dieron las llaves y necesito más dinero para amueblarla, no veo porque se enoja’. Entonces, Raymundo le respondió: ‘bueno, pues yo nomás te advierto una cosa, de mi cuenta corre que no llegas a tu destino y tu madre ni el seguro va a poder cobrar’.
—Eso era una amenaza… ¿qué le dijiste?
—No se me olvida, porque estaba cocinando sopa de fideo. Apagué la estufa y me fui a sacar la copia de su oficio. Eso fue importante porque luego intentaron decir que ellos se habían ido desacatando órdenes y sin los oficios correspondientes, pero no fue así. Y él estuvo así triste, raro, como ausente, pensativo. Luego se fue.
—¿No sospechaste nada? Ara, ¿nunca te contó de las cosas que le mandaban hacer? — preguntamos, con la confianza de haber tenido una conversación de 12 años, sobre la desaparición de su hijo.
—Algo que nunca les he contado es que una vez llegó enojado porque lo habían mandado a cuidar a alguien y era gente del Chapo Guzmán. Hasta ahora que ha salido todo eso en el juicio (la protección del gobierno de Felipe Calderón al cartel de Sinaloa) entiendo más cosas. Pero yo se quién era mi hijo, qué pensaba y cuáles eran sus valores. Sé que no era una persona que hiciera daño. Creía en la institución, pero la institución a la que pertenecía y en la que creyó Luis Ángel fue la misma que le fincó cargos por abandono de trabajo.
Preguntas sin respuestas
Araceli recuerda la llamada telefónica de Roberto Cruz Aguilar González, en los días siguientes de la desaparición de Luis Ángel, cuando le dijo que le estaban levantando una denuncia por abandono de trabajo. Ella colgó el teléfono. En una segunda llamada, el jefe policiaco aceptó que su hijo estaba desaparecido. Las familias ya forzaron a las autoridades a ir a Michoacán a presentar la denuncia.
—El 23 de noviembre nos subieron a las familias en un camión turístico blanco. Sólo iba el abogado Roberto Cruz y Julián Álvarez, no sé si era representante legal o qué. Roberto Cruz iba muy tenso, nervioso. Nos pidió que si llevábamos documentos que dijeran que éramos familiares de policías federales los escondiéramos muy bien para no ponernos en peligro, según ellos, pero nos habían dado unos lunch que decían con letras grandes: “servir y proteger a la ciudadanía, policía federal”. Entonces les dije: “¿Y este plástico no lo tragamos o qué?, dejen de estarnos exponiendo, nadie nos va cuidando.
Luego, Cruz canceló la misión. Fue hasta el día siguiente, 24 de noviembre que Araceli y los demás familiares pudieron presentar la denuncia. Habían pasado siete días de la desaparición de los agentes. Para sorpresa de las familias, los representantes de la Policía Federal declararon que los policías se habían ido desacatando órdenes con armas indistintas. ¿Cómo sabían ellos qué armas llevaban? Es parte de las dudas que nunca se han aclarado.
—No teníamos nada—, recuerda ahora Araceli.
En la madrugada del 7 de diciembre, ella recibió una llamada en su casa de una persona desconocida que le dijo que le quería ayudar. “A Luis lo tiene la familia michoacana secuestrado entre los límites de Morelia y Michoacán (sic)”, dijo el desconocido. También le aseguró que uno de los líderes de la banda era un tal cepillo y que manejaba una camioneta blindada color oro. Luego colgó. En los carteles de búsqueda no aparecía el teléfono particular. ¿Cómo consiguió ese informante el teléfono? Nadie, en 13 años, lo ha podido investigar.
Las familias fueron al centro de mando, donde les dijeron que había aparecido un sobre cerrado.
Araceli no sabía lo que tendría que enfrentar: ese sobre contenía las fotografías de los policías federales, sus credenciales del INE, de policías, licencias de conducir, algunas tarjetas departamentales y seis fotos —la única foto que no estaba era la de Juan Carlos Ruíz—. “No las van a querer ver, son fotos que duelen, pero quien sí sabemos que las va a querer ver es doña Araceli porque ella es muy aguerrida, dénselas para que las vea”, ordenó Rafael Avilés.
Araceli abrió el sobre y la primera foto que miró, fue la de su hijo Luis Ángel seguida por la de su amigo Sergio Santoyo. El impacto de verlos con el miedo desbordado en los ojos y la ropa jalada le cortó la respiración.
Dentro del sobre también había un mensaje, aparentemente firmado por el cártel de los zetas, que decía que los buscaran en la laguna de Tlajomulco.
Después, las familias fueron atendidas por Cárdenas Palomino, Sergio Licona y Maribel Arzate. Ahí, Cárdenas Palomino les dijo: “Sabemos por lo que están pasando, pero créanme, ya estamos buscando a sus familiares desde el momento en que recibimos la alerta, el 13 de noviembre del 2009”. Araceli lo interrumpió y le dijo que en esa fecha, ellos todavía no desaparecían. “Perdón, esos son otros”, respondió el funcionario.
Durante la entrevista otorgada a Pie de Página, los ojos de Araceli, seguían reflejando la tristeza y en otros momentos la rabia que le provocan los 13 años recorridos en la búsqueda de su hijo. Foto: Isabel Briseño / Pie de Página.
La verdad sin maquillajes
Sin respuestas y con resultados fabricados, Araceli y las familias decidieron tomar el 20 de diciembre el centro de mando de la Policía Federal. Ahí se quedaron durante 3 meses.
El 13 de febrero del 2010, los familiares fueron citados a una reunión en la que participaron Rafael Avilés, Alejandro Santizo, Roberto Cruz Aguilar, Arturo Cortés (perito de policía Federal), Sergio Licona, entre otros.
Sin más preámbulo, Sergio Licona declaró lo siguiente:
“La verdad sin maquillaje llegó, Araceli. Detuvimos a cuatro líderes de la familia michoacana y ellos declaran que sí tuvieron participación en la desaparición de los compañeros. Confesaron que se los llevaron hacía el cerro la Coyota, que allí los tuvieron entrevistándolos un rato, los hincaron, y como tu hijo pidió clemencia para que no mataran a su amigo y lo dejarán ir; se enoja el líder, conocido como Don Pig y es él quién le da un balazo a tu hijo en la frente con su propia arma. La sangre le salía como chorro de agua por una manguera, pero no sufrió, murió instantáneamente. Balearon a todos, los mataron y después mandan a traer 20 llantas, sosa, ácidos y madera para quemarlos. Refieren que hacen un hoyo como de diámetro. Todas las investigaciones apuntan a que fueron ellos, la delincuencia organizada, les dijo Sergio Licona. ¡Ah! y además los mataron, por no haber pagado 30 pesos en la caseta, porque se presentaron como policías federales para no pagar la caseta¡Por 30 los mataron!”
Araceli recuerda de memoria cada palabra. Las familias lloraban, pero ella intentaba aguantar. “No les des el gusto a estos cabrones de verte llorar”, se repetía.
Las autoridades pretendían que los familiares declararan muertos a los agentes e iniciar un proceso de indemnización. Incluso, les dijeron que Facundo Rosas les pagaría 6 mil 20 pesos supuestamente de su bolsa, para los gastos que ya habían generado. Pero ellos se negaron. Propusieron recibir el dinero de gastos, pero reclamaron que las autoridades firmaran un papel por concepto de salarios caídos de sus hijos. Los funcionarios se negaron.
Araceli advirtió, además, que había algo extraño en la foto que les mostraron de Sergio Santoyo en la reunión del 7 de diciembre: él iba rapado cuando se fue con los muchachos, y en esa foto se le ve poquito cabello. ¿Cómo dicen que los matan el mismo día y en la foto se ve a Sergio con cabello? El perito respondió que “cuando las personas tienen emociones fuertes, el cabello sale”.
Las familias y Araceli levantaron sus cosas de las carpas y se fueron del centro de mando ese 13 de febrero de 2010. Pero antes de terminar la reunión, Araceli les advirtió: “Aquí no termina todo hoy, no vamos a declarar a nuestros hijos muertos. La pesadilla, oíganlo bien, no la tengo yo, la tienen ustedes conmigo mientras que yo viva porque hoy inicia todo”.
Luego salió a respirar. Caminó por las instalaciones y cuando sus pies ya no la sostenían, se hincó en el piso y llorando le reclamó a dios: “¿Por qué te vendaste los ojos para no ver lo que le hicieron a mi hijo?”. Luego hizo una promesa:
“Luis Ángel, si esto, que dicen que te hicieron es verdad, te prometo hijo, que voy hacer retumbar tú nombre en todo el mundo”.
Trece años después, frente a un café que ya hace rato se ha enfriado, Araceli resume ese momento.
—Mis oídos habían escuchado lo más cruel de mi vida
Engaños de todos
Las familias, sin conocimientos, hicieron todo lo que estaba en sus manos para encontrarlos. Metieron escritos y un sinfín de denuncias, ya no sabían qué más hacer. Denunciaron en todos lados, en la Procuraduría General de la República, en el Órgano Interno de Control de la Policía Federal; en la Comisión Nacional de Derechos Humanos; en asuntos internos de la Policía Federal; en la Función Pública.
A mediados de diciembre Araceli recibió en su casa un par de amenazas escritas aparentemente por los zetas.
—Una decía que le parara a mi pedo porque me iban a cortar la lengua— cuenta.
En abril de 2010 fue detenido en la Ciudad de México Hilario Morales El Gato, quien había participado directamente en la muerte de los federales (incluso, se presume que fue quien dio la orden de que los asesinaran).
Fue detenido por otro caso, pero Araceli lo vio en la televisión y de inmediato fue a la Subprocuraduría Especializada para conocer delitos de la Delincuencia Organizada (Seido). Pidió que atrajeran la averiguación de Toluca. Pero el ministerio de la agencia 30 metropolitana, se declaró incompetente.
En mayo de 2010, pidieron a la entonces subprocuradora Marisela Morales atraer el expediente. Araceli también pidió ayuda a Isabel Miranda Wallace, pero ella respondió que no se dedicaba a hacer investigaciones y que para eso estaban las autoridades, que buscara información con los amigos de su hijo.
Araceli Rodríguez es otra mujer, la desaparición de su hijo la llevó a retomar sus estudios. Se convirtió en abogada y ahora estudia una maestría. Foto: Isabel Briseño
Quitarse el odio
Después de los Diálogos por la Paz en el Alcázar del Castillo de Chapultepec, detuvieron a unas personas vinculadas con el caso y Araceli pidió hablar con los detenidos.
—Uno de ellos me dice que ya tenga paz, que no tenga fe en mi corazón, porque sí los habían ejecutado, que él no había estado, pero que sí sabía que los habían ejecutado.
Fue algo muy cruel, recuerda Araceli:
—Él llora y me platica que vendía hamburguesas y que su mamá tenía cáncer por lo que pidió un dinero que ya no pudo pagar, por eso es que lo meten dentro de la misma banda criminal. Me entrevisto con él y me pide perdón. Yo ni siquiera lo insulto ni nada, al contrario. Me quedé analizando y ahí descubrí la diferencia entre el ser y el hacer. Él es un ser humano, pero lo que hizo, se paga con cárcel. Así que le dije: ‘Mientras que yo viva, voy a luchar para que tú no salgas de la cárcel’.
El hombre cumple una condena de 409 años en prisión. Pero entrevistarse con él, cuenta Araceli, le ayudó quitarse el odio del corazón con el que vivía.
—Nunca te recuperas y tienes que hacerte la loca para no morir porque las familias vivimos con miedo—, dice.
Se tiene que investigar en México
—¿Qué pensaste cuando escuchaste: García Luna, culpable, Ara?
—No pensé nada de pronto, me quedé como suspendida en el tiempo, se me vino a la mente su cara, la pluma azul que movía al amenazarme, su forma de sentarse prepotente al hablarme de la muerte. Me senté en el sillón, me puse a reflexionar como él me lo pidió hace años y lo primero que se me vino a la mente fue: en tu conciencia la vida de siete policías y un civil, eres un criminal García Luna. Me dio felicidad, también le dije: ‘con nada vas a pagar lo que a nosotros nos hiciste, lo que le hiciste a esas personas que solo iban a trabajar’. Los hijos de Sergio quedaron en la orfandad, su hija ya es licenciada en Derecho. Frente al televisor le dije: tú criminal, hiciste dos abogadas, la hija de Sergio y a mí. Si sales de la cárcel tu conciencia no te va a dejar vivir. Son reacciones que no tienes como contenerlas y emociones muy encontradas de dolor de frustración, pero también de felicidad porque si bien es cierto, espero y deseo seguir una investigación hacia él por nuestro caso, lo voy a luchar y lo voy a pelear con la Fiscalía General de la República que vayan mínimo a preguntarle ¿quién dio la instrucción? ¿qué pasó con esto? Diario le pido a Dios que no le permita salir a hacer más daño del que ya nos hizo a nosotros, que no se lo permitan, que ni siquiera como testigo, ni siquiera como eso porque es un criminal y va a seguir haciendo daño a la sociedad. También le pido mucho a Dios que a través de esta cadena de investigaciones, la de nosotros también se lleve a cabo, nunca es tarde para una investigación y si las autoridades mexicanas de verdad quieren trabajar lo van a hacer y sí, se debe investigar a los servidores públicos que están involucrados con él.
—¿Crees que se necesitaría un macrojuicio, como los que ha habido en Colombia o Argentina?
—Sí, totalmente. Que se sepa todo el daño que hicieron.
—¿Lo veías venir? ¿Pensaste en algún momento antes que iba a salir culpable en este juicio con lo que estaba pasando, o no?
—Yo sí. Cuando veía su rostro en la tele, en las revistas, en el periódico, siempre muy prepotente el hombre, yo me emparejaba y me paraba frente a él, aunque fueran fotos y en la tele con mi mirada centrada en él, me concentraba y le decía: eres culpable, eres culpable y vas a pagar. Eres culpable y te van a declarar culpable. Mi hija me decía: mamá, es que cuando le ves su cara, tu cara se transforma. Desde lo más profundo de mi ser, pedía que lo declararan culpable.
—¿Qué piensas de Felipe Calderon y su respuesta en un comunicado donde dijo que la sentencia de Genaro Luna, su excolaborador, estaba siendo usada para golpearlo políticamente?
—A mí Margarita Zavala me trató bien. No puedo hablar mal de ella. Pero imagínate como un sólo hombre se sintió dueño de un país, de miles de vidas de víctimas. Se siente mucha impotencia, mucha frustración por todas las infancias que arruinó y por quienes quedaron en orfandad.
—¿Qué sensación te deja que no esté enjuiciado por temas de las víctimas de desaparición?
—Frustración, mucha frustración, pero leí una nota que se la estuve mandando a las familias y dice que van a empezar a ser investigados funcionarios cercanos a Genaro García Luna. Eso me dio la esperanza de irle a exigir a la Fiscalía que tiene una carpeta de investigación por nuestro caso para investigar a los servidores públicos y para que comparezca García Luna en Estados Unidos por nuestro caso y lo voy a lograr, cuándo no sé pero voy a lograrlo. Las familias y yo, estamos con la certeza sin temor a equivocarnos de que en sí, donde está el meollo del asunto en este tema, es entre el comandante inmediato de Luis Ángel y el maestro Roberto Cruz Aguilar, entre ellos dos.
Este texto es propiedad de Pie de Página y lo reproducimos como parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. Puedes leer el original en este enlace.
Fotografía: Ficha de búsqueda emitida por la Fiscalía General del Estado (FGE)
19 de marzo del 2023
Chilpancingo
Miguel Huerta Torres, servidor de la nación de Temaxcalapa, municipio de Taco de Alarcón, desapareció el pasado 28 de febrero y hasta el momento el gobierno de la morenista Evelyn Salgado Pineda sigue sin realizar labores de su búsqueda, denunciaron habitantes de localidades de esa región.
En una carta escrita por la familia de Miguel Huerta, dirigida al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, exigen el apoyó del Ejército, la Marina y la Guardia Nacional para agilizar las labores de búsqueda y su pronta localización.
En la misiva, la familia cuenta que el 28 de febrero pasado, a las seis de la tarde, después de una asamblea en la comisaría, Miguel Huerta fue interceptado por dos hombres armados, quienes lo subieron al taxi con número económico 01, del poblado vecino de Huixtac, y se lo llevaron con rumbo desconocido.
«Sin ninguna identificación o notificación oficial de alguna entidad municipal o federal», cuenta la familia a través de su carta.
En ese mismo hecho, los hombres armados también se llevaron a una mujer de nombre Lucía Lagunas Álvarez y a su hijo Edgar Moreno Lagunas, sin embargo, estas dos personas fueron liberadas la misma noche del 28 de febrero.
No fue el caso de Miguel Huerta, quien lleva ya 19 días desaparecido.
En la carta dirigida al presidente López Obrador, los familiares denunciaron la inseguridad por la que atraviesa la región Norte del estado, y aseguran que ninguna autoridad municipal ni estatal son capaces de impedir los actos de «injusticia totalmente fuera del marco de la ley».
«Tenemos un problema grave de seguridad en el municipio de Taxco de Alarcón y mas de 200 comunidades aledañas de la zona Norte de Guerrero, donde el gobierno del estado y el municipio están rebasados».
En la carta mencionan que en las comunidades vecinas de Huixtac, Ojo de Agua, Paintla, Zapoapa, San Juan Unión y Huahuaxtla, también hay casos de personas desaparecidas con el mismo modus operandi por el que se llevaron a Miguel Huerta.
«Estos pueblos están tomando medidas para proteger a sus familiares y comunidades, esperamos que no haya enfrentamientos que terminen en tragedia, la gente trabajadora, comerciantes, transportistas, taxistas, ciudadanos ya no quieren ser extorsionados», mencionan.
Por la desaparición de Miguel Huerta, la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP) ya emitieron las fichas de búsqueda corresponde.
La familia de Miguel Huerta denunció que de de parte del Ayuntamiento de Taxco, a pesar de existir un acercamiento, no les garantiza nada y no existe un seguimiento formal del caso.
En redes sociales, amigos y compañeros de Miguel Huerta denunciaron que de parte del Delegado del Bienestar en Guerrero, Iván Hernández Díaz, no existe ningún apoyo, a pesar de que al momento de su desaparición portaba el uniforme de servidor de la nación y estaba en la asamblea también como servidor.
«Ellos continúan con su vida y actividades como si nada hubiera pasado, mientras tú familia vive en la incertidumbre y la inseguridad», se lee en una publicación de Facebook de un usuario llamado Morales Acosta.
«Por favor apóyenos señor presidente, los hermanos y la familia directa de Miguel se lo vamos a agradecer mucho y en general nuestro municipio y estado de Guerrero que hemos sido invadidos y atemorizados con muchos de estos casos», finaliza la carta de la familia.
Hace ocho años, Eloisa Campos Castillo inició la búsqueda de su hijo Randy Jesús, desaparecido en Veracruz. En este tiempo, dice, ha aprendido que buscar a una persona es también buscar a las demás cuyo paradero se desconoce.
Texto y fotografía: Manu Ureste / Animal Político
17 de marzo del 2023
A los 52 años, Eloisa Campos Castillo volvió a enfundarse una falda ceñida y corta, se calzó unos tacones altos, se maquilló con rubor las mejillas y se metió muerta de miedo a un prostíbulo donde, sospechaba, el narco tenía secuestrado a su hijo.
Era agosto de 2014. El hijo de Eloisa, Randy Jesús Mendoza Campos, de 22 años, había desaparecido luego de asistir a su trabajo en una óptica de Orizaba, una ciudad de 120 mil habitantes en la zona centro de Veracruz.
Días antes de meterse al prostíbulo, la mujer recibió una misteriosa llamada en su celular.
—Usted no me conoce, pero tengo información sobre su hijo —le soltó una voz femenina sin mayor presentación—. Pero tiene que hacer lo que le digo: un hombre tiene que llamar a este número y decir que quiere mis servicios.
—¿Cómo dice? —respondió desconcertada Eloisa—. Pero oiga…
—Usted haga lo que le digo —la cortó en seco la mujer—. Que un hombre llame y pregunte por mis servicios.
Y colgó.
Ocho años después, Eloisa, ahora de 60 años, se encuentra en un punto remoto del municipio de Río Blanco, cerca de Orizaba. Está parada a unos pocos metros de peritos forenses que excavan la tierra para tratar de confirmar la existencia de una fosa clandestina en las caballerizas abandonadas del “Rancho Cali”, un predio de 10 hectáreas que hace cinco años utilizaban Los Zetas como narcocementerio.
En este mismo lugar, el Colectivo Familias Desaparecidos Córdoba-Orizaba ya encontró en 2017 ocho cuerpos en tumbas clandestinas. Y ahora, cinco años después, las madres del Colectivo —tras completar su ritual gritando al unísono “Porque la lucha por un hijo no termina y una madre nunca olvida”— buscan nuevas evidencias de tumbas clandestinas, en coordinación con las autoridades de la policía ministerial de búsqueda, servicios periciales e integrantes de la Comisión Estatal de Búsqueda.
Amparada bajo la sombra de unas espigadas palmeras, a un costado de un campo de cultivo donde dos campesinos tocados con sombreros labran la tierra sudorosos y ajenos al horror que tienen a tan solo unos metros de sus pies, Eloisa continúa narrando que aquel día que recibió la llamada misteriosa fue a la casa de su hermano a pedirle ayuda.
Ambos marcaron de nuevo al número telefónico y esta vez contestó una voz de hombre.
Como instruyó la mujer, el hermano de Eloisa preguntó por ella. El precio del servicio, le informó una voz contundente, era mil 200 pesos nada más por dejarla salir a domicilio. El hermano de Eloisa aceptó y se la enviaron.
“Ella llegó con mucho miedo; decía que había metida gente muy peligrosa, narcos. Pero accedió a contarme que la dueña de la casa de citas donde trabajaba andaba con un hombre al que apodaban ‘el Conta’, y que vio cómo este fulano llegó un día a la casa y aventó una foto de mi hijo en una mesa y dijo: ‘Ay, si supieran dónde tengo metido a este chamaco’. Y luego se empezó a reír”.
En los días siguientes, Eloisa salió tres veces con la mujer a dar recorridos por prostíbulos en localidades aledañas a Orizaba, hasta que le señaló uno que estaba en Cuautlapan, un pequeño pueblo de unos 8 mil habitantes próximo al municipio de Ixtaczoquitlán. Ahí, en la parte de atrás del local, la mujer le señaló que había una casa de seguridad de Los Zetas.
Poco después, la misteriosa mujer desapareció y no volvió a comunicarse.
Eloisa recurrió entonces a su cuñada. Ambas fueron a las inmediaciones del bar-prostíbulo, donde atestiguaron un movimiento extraño de coches Tsuru de color blanco y sin placas, que entraban y salían del local.
Aguantando los nervios y el miedo, Eloisa observó de cerca uno de los coches.
“Vi que en la parte de atrás traía harta ropa. Y yo hasta saqué los ojos cuando vi eso, porque pensé: ‘¿Y si esa ropa es de todos los muchachos y mujeres que se llevan secuestrados?’”.
La veracruzana fue al día siguiente corriendo al Ministerio Público, con la esperanza de que el fiscal a cargo ordenara un cateo de la casa de seguridad.
“Pero no hizo nada. Nunca hizo nada. No buscó a mi hijo”.
Para terminar de complicar las cosas, su cuñada le dijo que lo sentía mucho, pero que tenía pánico de meterse en broncas con el narco. Máxime en un estado como Veracruz, donde tan solo en los últimos cinco años se contabilizan, según datos oficiales, hasta 6 mil 180 asesinatos —un promedio de mil 200 al año—, y peor aún, en aquel Veracruz que en 2014 aún estaba bajo dominio de Los Zetas, uno de los grupos delictivos más sanguinarios de México que desató un ‘reinado’ de terror en la entidad con cobros de piso al por mayor, tráfico de migrantes, asesinatos, desapariciones y fosas clandestinas. Un ‘reinado’ que ahora ocupa otro grupo delictivo de siglas diferentes: el Cártel Jalisco Nueva Generación.
“Estaba desesperada. El tiempo pasaba, mi hijo no aparecía y no sabía a quién más acudir, ni qué hacer”, recuerda Eloisa.
Así estuvo, hasta que, frente a un espejo, tomó una decisión desesperada.
“Me puse una falda un poco corta, me calcé unos zapatos, me pinté de más y me metí al bar, que era una cantina de mala muerte”, narra la mujer, que vuelve a tirar de memoria para describir la escena:
—¿Qué se le ofrece? —le preguntó una mujer de mediana edad, “muy mal encarada”, que estaba detrás de la barra de la cantina.
—Necesito trabajo.
—Váyase, aquí no tenemos trabajo. Solo contratamos a mujeres jóvenes, señora.
—PUEDO TRABAJAR HACIENDO LA LIMPIEZA.
Las mayúsculas son porque, en este punto de la plática, Eloisa dice que elevó el tono de voz a propósito. Pensaba que, si Randy Jesús estaba en alguna habitación de la casa de seguridad, él podría escucharla si gritaba.
Ante lo raro de la escena de Eloisa gritando cuando tenía a la mesera frente a ella, la mujer de detrás de la barra comenzó a ponerse nerviosa al ver que los comensales se intercambiaban miradas de extrañeza.
—Señora, le he dicho que se vaya de aquí —le advirtió, amenazante.
—Está bien. ¿ME PUEDE SERVIR ENTONCES UNA CERVEZA, POR FAVOR? —gritó de nuevo Eloisa, que trataba de ganar tiempo dentro del local.
—No, no puedo. ¡Lárguese!
Debajo de la sombra de las palmeras al interior del “Narcorrancho Cali”, a unos pocos metros de otra maraña de árboles y arbustos que crecen salvajes y que esconden el viejo caserón abandonado donde Los Zetas torturaban y desmembraban a sus víctimas, la mujer hace una pausa y se quita la gorra con la que se guarda del fuerte sol del mediodía.
A lo lejos, se alcanza a escuchar el ruido de las piedras y de los bloques de concreto que sus compañeras del colectivo quitan del suelo rocoso de las caballerizas en ruinas y las avientan a un costado para que, luego, el equipo de forenses pase por la zona con un aparato que arrastran por el suelo para detectar posibles anomalías y remociones de tierra que pudieran indicar la existencia de fosas clandestinas.
“El amor a mi hijo fue lo que me llevó a no pensar en las posibles consecuencias”, se arranca de nuevo Eloisa, que se vuelve a ajustar la gorra sobre la cabeza, para luego atusarse la blusa de rayas azul marino que viste con unos pantalones de mezclilla y unas botas estilo militar.
“Yo, en ese momento, me decía tontamente: si hablo fuerte, mi hijo me va a escuchar y él va a gritar: ‘¡Mamá, aquí estoy! ¡Ayúdame, por favor! ¡Ayúdame!’”, dice Eloisa, por cuyas mejillas comienza a resbalar un caudal de lágrimas.
“Claro… ahora lo pienso y digo… híjole, fue la desesperación lo que me llevó a hacer algo tan arriesgado. Porque, imagínate, ¿qué hubiera pasado si mi hijo hubiera estado ahí? —se pregunta—. Ni modo que él me gritara, y entonces yo entrara a la fuerza y me lo llevara de la mano en un antro lleno de narcos, ¿verdad?”.
La mujer traga saliva y clava la mirada en el suelo.
El viento, que corre ahora feroz a su alrededor, agita las bandas de plástico que piden “no pasar” y las decenas de banderitas rojas que, clavadas por los peritos en el suelo arcilloso, dibujan la silueta de una posible fosa clandestina.
A continuación, Eloisa esboza una sonrisa cansada.
Con una mueca de tristeza en el rostro, se limpia las lágrimas y se queda en silencio.
“Sentada en la iglesia no voy a encontrar a mi hijo”
Después de que la corrieron de mala forma, Eloisa estuvo varios meses yendo a las inmediaciones de la cantina, “disfrazada” con una gorra y unos lentes de ver que, en realidad, no tenían graduación. En un puesto de memelas cercano al prostíbulo, permanecía horas bajo el sol y las lluvias de la tarde junto a la dueña del changarro callejero a la que le pedía un café tras otro sin dejar de observar los movimientos del local.
Finalmente, al no conseguir pistas de su hijo, la mujer se percató de que era tiempo de cambiar de estrategia; de dejar atrás los disfraces. Y el 14 de agosto de 2015, siete meses después de la desaparición de Randy, decidió asistir a una marcha convocada por el Colectivo Familias Desaparecidos Córdoba-Orizaba. Ahí fue cuando conoció a la señora Araceli Salcedo, férrea activista que lidera el colectivo y madre de Fernanda Rubí, una joven a la que Los Zetas desaparecieron tras salir de una discoteca en Orizaba hace 10 años.
“Araceli me preguntó por mi caso y yo rompí a llorar. Ella solo me abrazó y me dijo: ‘Tranquila, no estás sola’. Así empezó mi unión con el colectivo hasta el día de hoy”, explica la veracruzana, que agrega que, por aquel entonces, el fiscal a cargo del caso de su hijo seguía sin investigar ni dar resultados. “No hicieron nada hasta que lo cambiaron y me pusieron a la fiscal Rosalba, que de inmediato comenzó a hacer todo lo que el otro no había hecho, como pedir la sábana de llamadas del celular de mi hijo”.
Ahora, Eloisa es de las veteranas del colectivo, que agrupa a más de 350 familias de toda la zona centro de Veracruz, entidad donde, según cifras oficiales, en los últimos cinco años se interpusieron 3 mil 651 denuncias por desaparición de jóvenes de cero hasta 29 años —el 55% de estas fueron por desaparición de niños, niñas y adolescentes menores de edad— , de las cuales hasta mil 460 siguen vigentes a la fecha, mientras que en 105 casos los jóvenes ya fueron localizados muertos.
La mujer, como muchas otras del grupo de buscadoras, tuvo que dejar aparcado su trabajo en una tienda naturista y dedicarse al 100% a la búsqueda de Randy Jesús, algo que todavía, dice, hay mucha gente en la sociedad que no lo entiende.
“Hace poco una señora llegó y me dijo: ‘Ay, manita, ¿pero cómo? ¿Todavía andas en eso? Ya mejor déjalo, mujer. Ve a la iglesia, ponlo en manos de Dios y sigue con tu vida’”.
Eloisa niega con la cabeza, observando de reojo a sus compañeras que no dejan de rastrear la tierra en las caballerizas abandonadas.
“Y yo siempre les respondo lo mismo: que tendrían que estar en mis zapatos para entenderme, para entendernos. Y sí, creo en Dios firmemente. Pero sé que por ir a sentarme a la iglesia y rezar, mi hijo no va a aparecer así porque sí. Tengo que seguir buscando”.
De hecho, la veracruzana asegura que en estos años en el colectivo ha aprendido que la búsqueda de un hijo o de una hija es también la búsqueda por los demás.
Y eso la reconforta y le da algo de paz.
“Ya son muchos años en los que hemos ayudado a muchas familias”, dice orgullosa Eloisa, que explica que, a pesar de que existe entre las madres buscadoras un gran temor a encontrar a sus seres queridos en lugares como el “Narcorrancho Cali”, el salir juntas a buscar respuestas es lo que las mantiene de pie en mitad de tanta barbarie.
“Este no es un lugar donde quisiera encontrar a mi hijo, claro. Porque veo esa casa donde torturaban a la gente y ruego que el que aparezca bajo tierra no sea él. Pero, al mismo tiempo, cuando no hay búsquedas yo siento que me consumo metida en casa. Porque esto que hacemos, las búsquedas, la búsqueda de mi hijo, es lo único que me da fuerza para seguir viviendo”, concluye Eloisa.
La desaparición ocurrió hace un año y las presiones les llegaron al número telefónico que dejaron en la denuncia
Texto: José Miguel Sánchez
Fotografía: Oscar Guerrero
23 de febrero 2023
Chilpancingo
Jesús Antonio Moyao Guerrero era chofer del transporte público en su natal Chilapa, pero la tarde del 23 de febrero del 2022 sujetos armados lo bajaron de su unidad, lo subieron a una camioneta y se lo llevaron con rumbo, hasta hoy, desconocido.
Por los hechos, la madre de Jesús Antonio, María Guerrero López, intentó interponer una denuncia esa misma tarde del 2022, «pero la Agencia del Ministerio Público estaba cerrada con candado, a otro día fui y estaba igual», recuerda.
Tuvo que viajar hasta Chilpancingo, a una hora de distancia, para hacerlo.
En ese momento le abrieron un expediente por el caso y le tomaron muestras para una prueba de ADN, también entregó el número de celular de Jesús Antonio para, según le dijeron, rastrearlo.
Una semana después María comenzó a recibir amenazas supuestamente de los captores, quienes le pedían que no interviniera la Fiscalía. Además de otros mensajes donde le pedían dinero por su hijo.
Por dichas amenazas y líneas de investigación, la FGE no le ha presentado resultados.
A un año de dicho proceso la familia no sabe nada de paradero de Jesús Antonio y la FGE no les da alguna esperanza de justicia.
Desde hace tres meses la FGE les dejó de notificar a la familia las condiciones y avances del caso.
En primer plano, una lona con el rostro de Jesús Antonio Moya Guerrero, desaparecido el 23 de febrero del 2022, al fondo María Guerrero López, madre de Jesús, en un mitin afuera de la Fiscalía General del Estado, en Chilpancingo esta mañana.
Toda la información que hay de la desaparición de Jesús Antonio la recabó su madre con apoyo del Colectivo de Familiares de Desaparecidos Lupita Rodríguez Narciso.
«La FGE no ha hecho nada, ellos esperan que nosotros vayamos y les digamos, aquí está mi hijo, vengan a buscarlo aquí», cuenta María.
Por dicha razón y a un año de su desaparición, la familia de Jesús Antonio, acompañada del Colectivo de Personas Desaparecidas Lupita Rodríguez y de una comisión de estudiantes de la Normal Raul Isidro Burgos, de Ayotzinapa, realizaron un mitin en la entrada principal del edificio de la FGE, al sur de Chilpancingo.
Durante un mitin afuera de la FGE, María exigió a la fiscal del estado, Sandra Luz Valdovinos Salmerón, que resuelva la desaparición de su hijo y actúe ante las amenazas que recibió porque, dijo, teme por su integridad física.
«A un año de la desaparición de mi hijo sigue la tristeza y la esperanza de que regrese con vida, pues él dejó a su esposa con dos hijos de 11 y ocho años de edad», agregó María.
Integrantes del Colectivo Lupita Rodríguez Narciso en una protesta afuera de la Fiscalía General del Estado esta mañana.
A ese mitin llegaron integrantes de otros colectivos en apoyo a María. Abrieron el micrófono a los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, quienes aprovecharon por exigir la aparición con vida de sus 43 compañeros desaparecidos en la ciudad de Iguala, el 26 de septiembre del 2014.
Durante el mitin un elemento de la FGE les tomó los datos a varios de los manifestantes que tiene un familiar desaparecido para revisar su caso de manera particular, según le dijo el agente.
En la protesta participaron alrededor de 100 personas, entre integrantes del Colectivo Lupita Rodríguez y la comisión de alumnos de Ayotzinapa.
El mitin concluyó a las 12 del día y los manifestantes se retiraron sin que ninguna autoridad los recibiera.
Lo último que compartió Alan García Aguilar en su perfil de Facebook es de las 21:35 horas del sábado 24 de diciembre del 2022, sobre el torneo de futbol que ganó el barrio La Lomita en su pueblo, Tanganhuato, del municipio de Pungarabato.
Todavía era Noche buena, pero ese posteo que compartió cerraba con un “Feliz Navidad”. Faltaba poco, en realidad, pero la paradoja es que ni él ni su familia la celebraron.
En algún momento de las dos horas y 25 minutos que faltaban para Navidad entraron a su casa unos hombres armados y se lo llevaron, y desde entonces hasta hoy, 46 días después, su paradero es desconocido.
Alan es creador de contenido digital y es uno de los tres comunicadores y un periodista de la Tierra Caliente de Guerrero que fueron privados de su libertad en diciembre pasado por un grupo criminal, pero su caso fue público hasta el 7 de enero que apareció un video sobre su cautiverio. De los cuatro es el único que sigue desaparecido.
Entonces, su caso, es parte de la estadística de víctimas de desaparición del primer mes de este año, porque se consideró el día en que fue público. En total, en enero, desaparecieron 51 personas, incluidos todos los comunicadores que liberaron.
Cuando su tía, la diputada federal de Morena, Rosario Merlín García, dijo en entrevista que sólo supo que lo sacaron de su casa, se entiende que de Coyuca de Catalán, donde desde hace años vive con su familia.
Es posible que Alan, en ese espacio, habría regresado de Tanganhuato a Coyuca de Catalán, porque en su perfil de Facebook hay rastros que desde la mañana hasta en la noche del 24 de diciembre estuvo en su pueblo.
Colgó en su perfil un video (reels) donde aparece una anciana que, al mismo tiempo teje trenzas de palma, y narra que en una tienda del pueblo no le dieron su Navidad. Se lee este pie: “No le dieron #Navidad a mi abuelita”. Marca las 5:28 horas como el momento en que fue colgado.
Hay otras cinco publicaciones del pueblo, incluida la del torneo de futbol, la última. No todas son directas de su perfil personal, son del perfil Somos Tanganhuato que, se entiende, también administraba él, porque la información que compartía desde el personal es la misma.
Además, el último posteo de Somos Tanganhuato es justo la premiación del torneo de futbol del pueblo, desde entonces sigue sin ser alimentado.
En la Tierra Caliente los municipios están entrelazados, por ejemplo, Tanganhuato, aun cuando pertenece a Pungarabato está a unos 20 minutos de la cabecera de Coyuca de Catalán.
La legisladora es la única que ha hablado de manera pública de la desaparición de Alan, aunque con grandes huecos sobre lo que pasó la noche que lo privaron de su libertad, porque si hay algo claro alrededor de toda esta historia, es el temor.
El único dato certero es que ocurrió en la Tierra Caliente de Guerrero, y eso es suficiente. Para casi nadie en Guerrero es ajeno la inseguridad en la región, y el silencio y el miedo con la que vive la población.
“Lo único que sé es que se lo sacan de su casa un grupo armado, y la familia no quiere decir nada porque tiene miedo, es todo lo que sé”, repite Merlín García.
Entonces, varias cosas del caso sólo se suponen. “Es muy complicado y muy riesgoso”, dice la legisladora.
El hermetismo no es de ahora ni ocurre exclusivamente alrededor de la familia de Alan.
Enero: 51 desapariciones
El primer mes del 2023 abrió en circunstancias similares a las que cerró el 2022, donde hubo 46 personas con reportes de desaparición. En ambos meses el promedio de desaparición por día fue entre una y dos personas.
Además, estos dos meses no sólo tienen la coincidencia de que son continuos, están entrelazados por la historia de la privación ilegal de tres comunicadores y un periodista de la Tierra Caliente de Guerrero, que aquí se cuenta.
En enero se documentaron 51 desapariciones, de las que reportaron 26 personas localizadas, entre ellos dos comunicadores y el periodista, es decir, tres de los cuatro desaparecidos. De la cifra total de 26, a uno, lo localizaron sin vida, un joven de 23 años de nombre Kevin.
En el estado existen tres tipos diferentes de alertas emitidas por alguna autoridad, porque antes hubo una denuncia del hecho. En enero emitieron 20 alertas Amber, las destinadas para niñas y niños menores de edad; 10 alertas Alba, es decir, de mujeres mayores de 18 años, y 17 alertas Has visto a, que con regularidad destinan a hombres mayores de 18 años.
Hay otros mecanismos institucionales para un reporte, pero algunas familias de desparecidos no tienen manera de hacer una denuncia, por muchas razones, algunas por desconfianza a las autoridades y por temor.
Una opción de los últimos años son las denuncias en las redes sociales, pero el caso de los comunicadores y el periodista ni siquiera tuvo esa opción, circuló en el gremio entre incertidumbre y zozobra, porque los periodistas, de manera particular de Chilpancingo, temían que sus reacciones fueran contraproducentes.
Sobre la estadística de enero, 24 personas siguen sin ser localizadas, y una de ellas está en una condición desconocida, es decir, Amapola, periodismo transgresor no halló evidencias de su situación, sólo el reporte de desaparición.
La historia de los comunicadores y el periodista recobró un impacto importante por la resonancia mediática que alcanzó, pero lo cierto es que el problema de desaparición en Guerrero no es nuevo ni ocurre por temporadas, es una línea continua desde hace muchos años. Aquí se exponen sólo las cifras de los últimos meses documentados como muestra: septiembre cerró con un registro de 59 personas desaparecidas, 29 fueron localizadas; en octubre desaparecieron 74, 26 fueron localizadas, tres sin vida; en noviembre hubo 66, en diciembre 46 y enero 51desaparecidos.
En la imagen, Alan García, el creador de contenido digital desaparecido. Foto tomada de sus redes sociales.
¿Hermetismo o miedo? Igual a silencio total
En el video del 7 de enero pasado colgado en la página de Facebook Escenario Calentano a las 17:49 horas, Alan aparece al lado de otro joven, Fernando Moreno Villegas. Ambos están encadenados de pies y manos, en pleno cautiverio.
“Estamos aquí pagando las consecuencias de las publicaciones que se realizaban en contra de estas personas y de diferentes personas de la región de Tierra Caliente del Estado de México, Michoacán y Guerrero”, dice Fernando en la grabación.
Alan sólo dijo que él creó la página de Facebook Escenario Calentano, en 2018.
Si bien las personas que los tenían en cautiverio provocaron que subieran a la misma página de la red social el video donde de manera explícita mencionan la razón de su privación de libertad el 7 de enero, y las condiciones en que los tenían, el caso tuvo mayor alcance el lunes 9 que se supo que el periodista Jesús Pintor Alegre también estaba desaparecido.
La noticia circuló porque desde Chilpancingo periodistas comenzaron a articularse por la privación ilegal de los comunicadores, pero el silencio que había en la Tierra Caliente de Guerrero, provocó temor.
Sólo publicaron un comunicado que leyeron o entregaron en algunas oficinas de gobierno, donde el planteamiento principal era la aparición con vida de los comunicadores. Al día siguiente, marchó otro grupo de periodistas.
Hubo un marcado rasgo de prudencia para que las acciones no afectaran a sus compañeros retenidos.
Pero el más evidente de los silencios, y no precisamente por prudencia, fue de las autoridades estatales. Nunca hubo información oficial sobre cómo ocurrió la desaparición, hasta entonces conocida, de los tres comunicadores.
Hasta este momento se desconocía cuándo fueron privados de su libertad, cómo ocurrió, si los tres estaban juntos, si estaban bien. Pintor Alegre nunca apareció en el video.
Hasta el 11 de enero, la Fiscalía General del Estado (FGR) anunció una operación policiaca que involucraba a corporaciones de los tres niveles de gobierno para la búsqueda y localización de los comentadores y el periodista.
Es mismo día que inicio la operación policiaca, alrededor de las 23:30, cerca del río Cuirio, de la comunidad de San Pedro, Coyuca de Catalán, sólo liberaron a Fernando y a Jesús.
Hasta que los liberaron, el comunicador y el periodista dieron algunos detalles de su propio rapto. Por ejemplo, precisaron cuál fue el día que se los llevaron, porque ni eso estaba claro, sólo se sabía que a finales de diciembre.
A Jesús se lo llevaron el 27 de diciembre, y a Fernando el 25, en circunstancias similares –los interceptaron hombres armados, los taparon de los ojos y los subieron a un vehículo–, pero en hechos distintos; nunca estuvieron juntos, o al menos no lo supieron.
En lo que sí insistieron ambos fue que nada tenían que ver con la página de Facebook Escenario Calentano, y que durante el tiempo de su cautiverio –17 días Fernando y 15 días Jesús– nunca vieron a sus captores porque, dijeron, la mayoría del tiempo los mantuvieron con los ojos tapados.
Como el silencio casi es una característica de habitantes de la región, era desconocido de manera pública, que había una cuarta persona privada de su libertad. Era José Alberto Benítez Santos, y hasta que lo liberaron, la madrugada del domingo 22 de enero, él mismo informó que estuvo retenido (28 días) por la misma razón, lo vinculaban con la administración de Escenario Calentano.
Los periodistas de la región que supieron de la nueva liberación usaron la misma dinámica que en el caso de Fernando y Jesús para informarlo: lo entrevistaron en un en vivo que difundieron en las páginas de Facebook donde suben la información que reportean.
Fue entonces que se supo que lo privaron de su libertad también el 25 de diciembre de 2022, pero en Arcelia, otro municipio de la Tierra Caliente de Guerrero.
Al igual que lo hizo Fernando, José Alberto negó que él fuera reportero o periodista, pero ambos eran compañeros en el área de Comunicación Social del Ayuntamiento de Arcelia. Moreno Villegas, quien tiene el perfil de químico parasitólogo, era el director, se supo hasta el 24 de enero, porque el corresponsal de el periódico El Sur en la Tierra Caliente, publicó en una nota que ambos comentadores fueron dados de baja de la nómina del Ayuntamiento.
Aun cuando se sacuden las funciones de informar, y es comprensible que lo hagan, el periodista Jesús Pintor, quien lleva en la Tierra Caliente desde 2007, se fue por la corresponsalía del extinto periódico La Jornada Guerrero, dijo que él formó a Fernando y a Alan en la página de Facebook que sí administra, Yo soy tu imagen, pero que les perdió la pista.
“En la página (Yo soy tu imagen) se han iniciado muchos muchachos de por acá, y entre ellos Alan García y Fernando Moreno. Me dio mucho gusto de cómo iban aprendiendo y después se quisieron independizar, se independizaron y crearon sus propias páginas, entre ellas Escenario Calentano, después de ello no hubo relación de ningún tipo”.
La página de Facebook que parece ser la razón, primero, de la retención colectiva de comunicadores, y ahora la desaparición sólo de Alan, tiene 49,000 seguidores y mucho contenido donde señalan al grupo criminal de La Familia Michoacana que, de acuerdo con la versión de autoridades estatales y federales, tiene operaciones criminales y económicas dentro de la Tierra Caliente de Guerrero. Es contenido que extralimita la técnica periodística, porque carece de procedimiento y sustento.
Estos criminales pueden ser los autores de la retención, porque en el confinamiento forzado y violento les recriminaron sobre el contenido en la página.
Creador de contenido digital
Alan García Aguilar aparece en su perfil personal de Facebook como creador digital, es decir, alguien que genera contenido y lo comparte en redes sociales o sitios web.
Desde su perfil es muy activo, lo mismo hay publicaciones sobre los sorteos económicos que realiza que contenido de otras páginas, como Somos Tanganhuato o Juventud Calentana, en esta última él mismo parece a cuadro en algunos de los videos sobre cosas o actividades cotidianas en algunos de los lugares de Tierra Caliente, por ejemplo, la segunda edición de las carreras de tricicleros de Tlapehuala, a inicios de diciembre pasado.
Pero también es un joven de 25 años con un perfil profesional importante. Es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública que inició en la Universidad Autónoma de Guerrero (Uagro) y que concluyó con la especialidad en Gobierno Electrónico en la Universidad Complutense de Madrid. La licenciatura la hizo en el periodo 2015-2019.
Es maestrante en Comunicación Política Estratégica y Relaciones Públicas también por la Uagro (2020-2022), todo esto de acuerdo con un currículum que posteó su tía, la diputada Rosario Merlín García, en sus redes sociales.
En entrevista por teléfono, la legisladora dice sobre su sobrino, que “es un joven muy aplicado” y que ora todos los días porque lo regresen, pues es lo único que le queda. Agrega que los familiares directos de Alan se niegan a decir o hacer algo porque tienen miedo.
Alan sólo asumió en aquel video desde su cautiverio que él creó Escenario Calentano y eso, al parecer, fue suficiente.
