La mandataria seguró que es el gobierno federal a través de la Guardia Nacional la que lleva el operativo en las casetas, mientras la CNDH pidió a los gobiernos federal y estatal diálogo con los normalistas de Ayotzinapa y que no los criminalicen
Texto: Jesús Guerrero
Fotografía:
9 de febrero del 2022
Chilpancingo
Después de cinco días de no hacer apariciones públicas, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda se pronunció a favor de iniciar un diálogo con los normalistas de la escuela Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, quienes el pasado viernes se enfrentaron a la Guardia Nacional y Policía Estatal en la caseta de Palo Blanco, en la Autopista del Sol.
«Si por supuesto, nosotros ya estamos trazando la ruta». De hecho, un día antes de los hechos (del enfrentamiento), hice un llamado público a los padres de los 43 a quienes les dije que con muchísimo gusto nos íbamos a reunir y vamos a trabajar juntos de la mano”, dijo la mandataria estatal durante una reunión que sostuvo con integrantes de la organización civil Grupo Aca.
Desde el pasado 3 de febrero, la gobernadora morenista Evelyn Salgado no había estado en actos públicos.
«Es una causa justa, es la búsqueda de sus hijos, son 43 jóvenes (de Ayotzinapa) que faltan, con mucho gusto vamos a coadyuvar con lo que sea necesario con los padres de los 43”, señaló la gobernadora.
Sin embargo, la narrativa de la gobernadora en torno a Ayotzinapa y su interloción con el movimiento, no han sido siempre de diálogo. El pasado viernes en Petaquillas, una comunidad de Chilpancingo, en donde Salgado Pineda estuvo con el delegado estatal de la Secretaría del Bienestar, Iván Hernández Díaz, dijo estar de acuerdo en que la Guardia Nacional y Policía Estatal hayan iniciado el operativo Caseta Segura para evitar «el vandalismo y cobrar dinero».
Además, agregó: «Se va aplicar la ley, porque la ley es pareja para todos», un día antes de que los normalistas de Ayotzinapa se enfrentaran con la Guardia Nacional y Policía Estatal a quienes les echaron encima un tráiler.
«Nunca ha sido ni será un gobierno represor». Es un gobierno de puertas abiertas, de diálogo, de conciliación, con maestros, médicos, con toda la sociedad», expresó la gobernadora ante los empresarios, académicos, comerciantes, profesionistas y activistas que integran el Grupo Aca.
Después en entrevista, aseguró que es el gobierno federal a través de la Guardia Nacional la que lleva el operativo en las casetas.
No obstante, en las cuatro casetas también participan policías estatales y en el enfrentamiento con los normalistas, fueron ellos los que iban al frente del choque.
Salgado Pineda dijo que el cierre de la normal de Ayotzinapa no es la solución del problema.
Este martes, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) pidió a los gobiernos federal y estatal diálogo con los normalistas de Ayotzinapa y que no criminalicen a los jóvenes.
De estos hechos, la Fiscalía General de Guerrero integró una carpeta de investigación contra los normalistas de Ayotzinapa por los delitos de tentativa de homicidio y lesiones.
Hasta el momento, la FGE, no ha solicitado a un juez libre alguna orden de aprehensión contra los presuntos responsables de estos hechos en base a las investigaciones que ha realizado.
Durante enero hubo 87 muertos en Guerrero, entre estos al menos ocho feminicidios. El enfrentamiento de esta comunidad dejó oficialmente seis bajas y después en otro hecho ese mismo día de armados contra la policía, hubo heridos. Acapulco, Iguala y Chilpancingo, las ciudades con más sucesos violentos durante el primer mes del año
Texto: Vania Pigeonutt
Fotografía: Carlos Navarrete y Oscar Guerrero
8 de febrero del 2022
Chilpancingo
Una de las creencias de Buenavista de la Salud, una comunidad perteneciente al Valle del Ocotito, es el espanto–la pérdida de alma por una gran impresión –, por eso desde el 26 de enero, cuando decenas de hombres de una agrupación criminal irrumpieron a la base de su Policía Comunitaria y se enfrentaron con sus guardianes por casi dos horas enlutando a cuatro familias, el curandero del pueblo recibe en promedio a 10 personas cada día.
El señor contó a una vecina de Buenavista que después de la balacera atiende entre niños, adultos, jóvenes, incluso matrimonios con sus hijos, para curarse el espanto. No se da abasto. Para la gente del pueblo, muchos incluso decidieron irse, fue una gran impresión. Otra más. Desde 2017 su base de seguridad ciudadana ha intentado ser tomada por armados que pretenden usar a la comunidad como paso libre para sus actividades ilícitas.
Buenavista, junto con otros pueblos de ese corredor comunitario, en donde está el parque industrial de la zona ubicado en la carretera federal México-Acapulco, han soportado varias irrupciones armadas, de acuerdo a lo que reconoce la misma Fiscalía General del Estado (FGE), por parte de la agrupación criminal local Los Ardillos.
A inicios de marzo de 2018, los hombres armados atacaron con granadas y armas largas la misma base de la Policía Ciudadana de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), agrupación a la que la gente se adhirió en 2014, debido al aumento de secuestros, cobro de cuotas, extorsiones, homicidios, feminicidios y desapariciones.
Ha habido otros asesinatos y heridos resultado de estas irrupciones. El cambio social inmediato son los cierres de negocios y la suspensión de clases. Esta vez las clases son en línea en la mayoría de las escuelas, pero aún así la comunidad famosa por su manantial, parece desértica. Gente se fue dejando a sus animales. Otros se quedaron pero con miedo.
La gente habla de más de 10 muertos del saldo del 26, porque aunque aquí cuatro de sus policías perdieron la vida, entre ellos, el maestro Mario Zamora, comandante y miembro de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), del lado de los armados también reportan bajas, pero aseguran que esos cadáveres fueron trasladados de regreso por esos mismos civiles con armas largas.
Frente a la comunidad de Acahuizotla, la FGE reportó otra confrontación entre los integrantes de un supuesto grupo criminal y policías del estado en el que murieron otros dos hombres. Tres policías estatales resultaron heridos tras esos acontecimientos más tres del sistema de seguridad de la UPOEG en Buenvista.
Una historia por tomar el control ataña
Hace cuatro años, Buenavista recibió otros ataques juntos, el 29 de enero y 21 de febrero del 2018, lo que orilló a las personas y autoridades educativas a suspender las clases, también en las comunidades de Mohoneras, El Ocotito, Cajelitos y Rincón de la Vía. Fueron 32 escuelas las que todavía hasta septiembre de ese año, no podían reanudar clases a falta de seguridad pública prometida por el ese entonces gobierno priista de Héctor Astudillo Flores.
Aunque estos ataques empezaron desde 2017, la gente no podría acostumbrarse nunca al sonido de las balas.
Esta historia de más de cinco años, tuvo otro episodio este 26 de enero, miércoles. Eran poco después de las 6 de la tarde cuando una familia que vivía casi frente a la base de la Upoeg, al pie de carretera de Buenavista, terminaba de comer. Primero oyeron como si hubieran encendido cohetes, aunque sus fiestas patronales quedan lejos, el Señor de la Salud, su santo patronal, no se festeja sino hasta marzo. Se les hizo raro.
“Se oía horrible, desde el balazo más leve hacía que vibraran las ventanas, imagínate las granadas que echaron. Fue muy feo. Como vivimos muy cerca, hasta pudimos escuchar las voces de los hombres, las cosas que se gritaban y cómo se coordinaban. –¡Dispárale! ¡Agáchate! – se gritaban. Supongo que a uno de ellos lo hirieron enseguida, porque clarito escuché que le dijo: –¡Súbetelo a la camioneta y llévatelo, que se nos va a ir!”.
La esposa de la familia narra que esta irrupción les agarró a todos desprevenidos, ni por qué habían presenciado las otras balaceras y esas habían sido incluso a las tres de la tarde, les pareció algo familiar. A esa hora los niños salen a jugar a la calle, hay albañiles, todo está muy transitado, por eso es que mucha gente vio cómo el grupo de al menos 50 hombres armados llegó y empezó a disparar desde diferentes ángulos. Incluso a gente en la calle.
“Escuchamos todo, clarito se oía como cortaban cartucho. Nos metimos al cuarto más protegido, pero las balas rebotaban en las paredes de la casa, y se escuchó como caían casquillos. Destendimos las camas y nos acomodamos para poner a nuestros niños ahí, los cuatro nos acomodamos mientras pasaba todo. Esta vez se escuchaba más, se oían las bombas o no sé que se lanzaban”, relata.
Narra que se escuchaban las camionetas quemando llanta a toda velocidad, se gritaban, se bajaban, subían. Todo eso les tocó oír. Debajo de las camas, no sólo esta familia, muchas más permanecieron porque les daba miedo que una bala hiciera que saltara un vidrio de la ventana y los hiriera. Ahí se metió la gente con sus pequeños. También los gatos y perros se escondieron.
“El más pequeño ni supo que pasó, pero el mayor ya está más consciente y nos preguntaba: —¿Qué está pasando, mamá?, ¿Qué es lo que está sonando? —como los teníamos abrazados y con los oídos tapados—. Mi bebé se acurrucó y se quedó dormido rápido, pero el mayor se puso nervioso y desesperado ya se quería salir; tenemos un gatito y no lo encontrábamos, esto lo puso más nervioso porque el gato no entró al cuarto con nosotros. Encontramos al gato cuando terminó todo, hasta las ocho de la noche. Se metió debajo del sillón, escondido”, cuenta.
Aunque toso duró como dos horas, asegura que se escuchaban disparos después de que terminaron con la acción en el cuartel, irrupción que cobró la vida de Mario. “Dicen que estuvieron hasta por la Autopista. Se oían muchas camionetas. Mínimo estuvimos hora y media encerrados debajo de las camas”.
La diferencia de que esta vez sí lograran matar a los principales líderes de su policía comunitaria, coinciden pobladores consultados vía telefónica por Amapola. Periodismo transgresor, fue que estaban comiendo. Los agarraron desprevenidos.
“Los agarraron a todos juntos. Se ponían afuerita, una mesa con sus sillas y ahí comían, según para vigilar también. Dicen que vieron a la camioneta que comenzó a disparar, que Mario entró a la base para sacar armas y salió disparando igual, pero estaban todos desprevenidos y ellos traían un montón de refuerzos”, explica.
Otro testigo considera una pieza clave al profesor Mario Zamora. Cuenta que “en la base estaban a lo mucho unos quince, y de los otros mínimo eran cuatro camionetas repletas de personas armadas, y todavía murieron más de los armados que de los comunitarios. Se escuchaba todo esto, se escuchaban sus gritos, no claramente, pero sí de como se estaban coordinando. De los armados murieron como seis”.
“Mario fue una pieza clave para nosotros como lugareños. Él siempre estuvo al pendiente de todo, buscaba la manera de llevar algo hacía el pueblo y la justicia. Él adentro del pueblo tenía ese objetivo, buscar justicia, que estaba siendo violentado por los grupos armados que se disputan las plazas de aquí”.
***
Violencia en enero: feminicidios, asesinatos políticos, comunitarios y comerciantes
La violencia en Guerrero se concentró en tres regiones; la Centro, donde está Buenavista de la Salud, Acapulco-casi la mitad- y la zona Norte, que colinda con la región de la Tierra Caliente, principalmente en los municipios de Iguala y Taxco, donde además, comerciantes reportan un repunte de cobro de cuotas a partir de enero del 2022.
En Buenavista de la Salud casi ya no se ven comunitarios, según comentan vecinos, a partir del miércoles 26. Algunas comunidades de la Sierra de Chilpancingo, como El Fresno, Coacoyulillo y Azinyahualco, pretenden enviar refuerzos comunitarios para que el pueblo no se quede sin su propia seguridad. La Guardia Nacional, la policía estatal, incluso el Ejército dan rondines, pero no están de fijo.
De acuerdo al reporte mensual de muertos que realiza Amapola. Periodismo transgresor, en contraste con el análisis de El Sur, hubo 87 homicidios dolosos en Guerrero durante enero. Fueron asesinados políticos y mujeres. Varios hechos de violencia se concentran en municipios donde hay una policía civil confrontada con grupos delincuenciales.
Hubo en enero, un promedio de tres asesinatos cada día y aunque el 2021 cerró, según el Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública de la Secretaría de Gobernación con 1,165 homicidios el año, éste comenzó con un repunte de casi 20 muertos, a diferencia del último mes.
Fueron asesinadas al menos ocho mujeres. Una de ellas a mediados de enero, Delfina Ramírez Morales, de 26 años, madre de dos niños pequeños originaria de Ayahualtempa, municipio de José Joaquín Herrera, en cuya comunidad, también hay un grupo de policía comunitaria, este de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias – Policía Comunitaria (CRAC-PC) confrontado con un grupo delincuencial.
En Taxco a inicios de mes fue hallada asesinada, Janelle Millán Laguna, quien fue líder juvenil del Partido Acción Nacional (PAN). Las víctimas fueron asesinadas con armas de fuego, pero también asfixiadas y en algunos casos dejaron mensajes, provenientes supuestamente de grupos delictivos que operan en la entidad.
Otra víctima en la zona Centro, la segunda más violenta después de Acapulco, es el ex candidato a la alcaldía de Tixtla por el PRI, Saúl Nava Astudillo, quien ya había sido atentado y logrado escapar con vida de este primer hecho.
***
En Buenavista los velorios se mantuvieron en muy bajo perfil. “Sobre Mario, no supimos cómo fue, ni si lo enterraron o cremaron, fue muy bajita la mano. Del señor que fue su tío (otro asesinado el 26), si supimos que hasta lo fueron a despedir ahí mismo en la base, pero igual, los velorios fueron muy rápidos, los enterraron al día siguiente. La gente no acompañó a los muertos, luego por el covid-19. Además, estaban todos con el miedo y susto”.
La gente de Buenavista mantiene vatios recuerdos. Esta zona del Valle del Ocotito es muy bonita. Este es un pueblo muy conocido por el manantial que tiene y lo agarran de balneario. Hace unos 10 años aún era un pueblo muy tranquilo donde todos tenían su rutina: los domingos iban a los tamales que vende la señora Mica, también por un chilate.
“Son tamales verdes, rojos, de puerco, pollo, de dulce y vende chilate. Es un negocio muy famoso por acá. Es de ley, ella es muy conocida en todo el Valle, incluso gente de Acapulco ha llegado a venir acá para comprar tamales y chilate. Desde que yo me acuerdo de que me llevaba mi abuela de pequeña, desde que yo tenía dos o tres años”, cuenta una vecina.
La gente extraña los días en los que podías caminar por los establos que están junto a la Autopista desde las seis de la mañana y no pasaba nada. Podían regresar de una fiesta a la medianoche o en la madrugada y no pasaba, todo estaba tranquilo, la gente se conoce. Todo cambió cuando comenzaron a llegar los grupos que se pelean por esta zona. Desde 2014 la gente no se siente absolutamente en paz.
En un contexto de violencia exacerbada, los policías armados con pistolas de alto calibre cuidan las oficinas ubicadas cerca del primer cuadro de la capital. Los elementos llegaron en dos patrullas y sin equipo antimotín como lo establece el protocolo la actuación policial de fuerza antidisturbios
Texto: Jesús Guerrero
Fotografía: Especial
2 de febrero del 2022
Chilpancingo
Diez policías estatales armados con fusiles R-15 se apostaron en la entrada de las oficinas estatales del Partido de la Revolución Democrática (PRD) para evitar que normalistas de Ayotzinapa y militantes de organizaciones sociales se introdujeran al edificio y realizaran destrozos como lo han hecho en otras ocasiones.
El contingente de más de mil personas, entre estudiantes de Ayotzinapa, padres de los 43, colectivos de familiares de desaparecidos y maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación del Estado de Guerrero (CETEG) que marcharon en protesta por la violencia e inseguridad, desvió su camino.
El plan de la protesta de los manifestantes era caminar por la avenida Miguel Alemán y realizar un mitin frente a las oficinas estatales del Sol Azteca, partido del cual varios gobernantes como Ángel Aguirre Rivero han sido señalados como responsables de masacres y tragedias, como la del 26 de septiembre del 2014 en Iguala, donde fueron desaparecidos 43 normalistas.
De último momento, el contingente cambió el plan y los activistas marcharon por la avenida Ignacio Ramírez y dieron la vuelta por donde están las oficinas de este partido político que ya estaba resguardado con un grupo de agentes estatales.
Los policías que llegaron en dos patrullas portaban armas de cargo de alto poder y no con equipo antimotín como lo establece el protocolo la actuación policial de fuerza antidisturbios.
Blindar oficinas públicas, una vieja tradición
Desde el 2014 después de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala, los estudiantes, maestros y militantes de organizaciones sociales que demandan la presentación con vida de los jóvenes han atacado las instalaciones del PRD estatal aquí en Chilpancingo.
El edificio ha sido pintarrajeado con consignas por los 43, castigo al ex gobernador Ángel Aguirre y ha sido atacado con bombas molotov y petardos. Los daños materiales han sido cuantiosos.
En septiembre del 2021 cuando se cumplieron siete años de la desaparición de los 43, la puerta de acero del inmueble fue derribada por los normalistas y luego estallaron petardos y destrozaron el mobiliario de oficina.
Este edificio que todavía en la década de los ochentas albergaba las oficinas del desaparecido Partido Comunista Mexicano (PCM) pasó como propiedad del PRD en 1990.
Desde el pasado viernes 28 de este mes, elementos de la Guardia Nacional (GN) y policías estatales custodian las casetas de Palo Blanco, La Venta y Paso Morelos de la autopista del Sol Cuernavaca-Acapulco para evitar que estas sean tomadas por los normalistas de Ayotzinapa y los padres de los 43 desaparecidos y otras organizaciones sociales.
Desde hace siete años cuando inició el movimiento para exigir la presentación con vida de los 43 normalistas y su presentación con vida, los estudiantes tomaban las casetas para pedir cooperación económica a los automovilistas e informarles el motivo de su protesta.
Según los dirigentes estudiantiles de la Normal, los recursos económicos que obtenían por las cooperaciones en las casetas es para financiar el movimiento de protesta.
Este miércoles, a petición del dirigente estatal del PRD, Alberto Catalán Bastida, la gobernadora morenista Evelyn Salgado Pineda ordenó que se enviara un grupo de policías armados a las oficinas de este partido para evitar que sufriera una vez más destrozos por parte de los estudiantes.
Cuando Evelyn Salgado, gobernadora de Guerrero, habla de la prensa, de reporteros y del periodismo suele decir que respeta la libertad de expresión, el trabajo de los reporteros y que garantizará el ejercicio periodístico. Nada nuevo. Repite ese discurso que ya suena demasiado vacío en boca de los políticos.
Suele decir que respeta el oficio porque su papá, Félix Salgado Macedonio, fue “periodista” y recuerda los tiempos en que fundó y dirigió el diario Acción en Iguala. Me queda claro que lo que la gobernadora entiende por libertad de expresión y el ejercicio periodístico es a través de los referentes que tiene de su padre. Y hasta cierto punto es lógico.
Sin embargo, es importante precisar cuáles son los antecedentes de Félix como supuesto periodista. Consulté a algunos compañeros que lo conocieron como director del Acción. Unos lo recuerdan con reloj ostentoso, con cadena de oro y la camisa desabotonada. Otros lo evocan visitando dependencias en busca de un apoyo o un chayo.
Esos recuerdos no me parecen sólo anecdóticos, son la génesis de Félix como personaje público. De ahí se coló a la política y se convirtió en un popular diputado federal por haber vaciado un costal con boletas electorales en plena tribuna.
Después de eso, halló una forma más lucrativa de vivir: fue candidato dos veces a la gubernatura; diputado federal, senador, otra vez diputado hasta ganar la alcaldía de Acapulco. Gobernar lo mostró de cuerpo entero: en su gestión se consolidó la decadencia del puerto y con la violencia no metió ni las manos.
Luego de una mediocre gestión, se desterró como director de La Jornada Guerrero. Nada cambió. La misma línea de cuando dirigía Acción, “convenio mata nota”, la estableció como línea editorial. En la redacción ya tenían una respuesta para los reporteros que preguntaban por notas que no les publicaban: “llegó publicidad”, les decían. Así de simple.
Antes, desmanteló el diario, le quitó derechos laborales a los trabajadores, sobre todo, a los reporteros. Cada año ofrecía liquidaciones y a los que aceptaban les daba la posibilidad de continuar pero ahora por nota publicada, sin salario fijo, ni prestaciones, sin ningún vínculo formal que lo obligara a darle algún tipo de protección a los trabajadores. Con los años, en el periódico se estableció esa forma arcaica de hacer periodismo: un día sí y otro también la portada era para un político o gobernante. El convenio primero, la información, después.
En 2018, los pleitos internos en Morena lo revivieron y de la mejor manera: como candidato al Senado. Ganó. Armó su tercera candidatura a la gubernatura y todos sabemos cómo termina esa historia: Félix ejerciendo parte del poder desde las sombras y, otras veces, no tanto. El periódico se lo encargó a su hija Sol, quien continuó la línea editorial al pie de la letra.
A unos meses de que Evelyn se convirtiera en gobernadora, La Jornada Guerrero cerró sin ninguna explicación a su lectores. A los reporteros les dijeron que por un brote de Covid-19 en la redacción durante 15 días dejaría de circular. Eso fue mentira.
Días después apareció El Guerrero, un remedo de periódico, que la familia utiliza como su brazo propagandístico. Hasta ahora es un misterio cuánto dinero recibe del gobierno que encabeza Evelyn Salgado. Me surge una duda: ¿Habrá un alcalde, diputado o magistrado que le niegue un convenio publicitario a este periódico?
Si la gobernadora quiere entender la libertad de expresión y el ejercicio periodístico debería tomar otros ejemplos. El problema, me parece, es que ha asimilado tanto el de su padre que así quiere que se comporten todos, dóciles ante el poder: a unos les ofrece desayunos, chayotes, los apapacha y, en cambio, a los que la cuestionan, los prefiere lejos.⚅
También estuvo Samantha Colón, esposa de Vicente Suástegui Muñoz quien desde agosto fue privado de su libertad por un grupo armado en la colonia Ciudad Renacimiento, en Acapulco y desde esa fecha no ha sido localizado por las autoridades
Texto: Jesús Guerrero
Fotografía: Oscar Guerrero
31 de enero del 2022
Chilpancingo
En una reunión en la que estuvo como intermediario el padre Alejandro Solalinde, integrantes de la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) le solicitaron a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda la liberación de un grupo de presos políticos.
Gonzalo Molina González, dirigente de esta agrupación señaló que otra de las peticiones que se le hizo a la gobernadora es que ordene que se agilice la búsqueda del activista Vicente Suástegui Muñoz quien desde agosto del 2021 está desaparecido.
El grupo de policías comunitarios encabezados por Molina González que portaban sus uniformes ingresaron a la residencia oficial de Casa Guerrero.
Molina dijo que hay casos de activistas presos que pese a que ya cumplieron su derecho de salir libres por diversas circunstancias legales deben de salir libres.
Es el caso de Florentino Cruz Morales quien se encuentra preso en el penal de Ayutla de los Libres pero que en los próximos días podría salir en libertad, dijo Gonzalo Molina quien está fuera de Guerrero por las amenazas de muerte que recibió por parte de integrantes de un grupo delictivo que está en Tixtla.
La gobernadora Evelyn Salgado Pineda le dijo al grupo de autodefensas que va a ordenar a la Fiscal General y al presidente del Poder Judicial revisen los expedientes judiciales de los activistas que permanecen presos y puedan salir en libertad.
“Nosotros vamos a confiar en la palabra de la gobernadora pero en caso de que nos mienta lo daremos a conocer públicamente”, advirtió.
En la reunión con la gobernadora también estuvo Samantha Colón, esposa de Vicente Suástegui Muñoz quien desde agosto fue privado de su libertad por un grupo armado en la colonia Ciudad Renacimiento, en Acapulco y desde esa fecha no ha sido localizado por las autoridades.
Vicente Suástegui es hermano del Vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa la Parota (Cecop) Marco Antonio Suástegui quien ha encabezado en las labores de su búsqueda.
“La gobernadora Evelyn Salgado informó que le va a pedir a la Fiscalía que reanude las labores de búsqueda para localizar a mi esposo”, dijo Samantha Colón.
Otras organizaciones sociales como el Observatorio por la Reconciliación, la Paz y el Desarrollo de las Comunidades de la Sierra, maestros y el líder social Eloy Cisneros Guillén se reunieron con la gobernadora Evelyn Salgado en la que también participó el padre Alejandro Solalilde.
También participó en esta reunión la activista Otilia Eugenio Manuel.
Este grupo de activistas se inconformaron porque el grupo de guardias de seguridad de la residencia oficial de Casa Guerrero les impedían el paso.
“Cómo es posible que aquí pongan vallas metálicas cuando aquí es la casa del pueblo”, les gritó Eloy Cisneros Guillén a los policías vestidos de civil.
Uno de los funcionarios de Casa Guerrero, les dijo a los activistas que no los dejarían pasar porque la gobernadora no los tenía en su agenda de reuniones.
“Aquí nos citó el padre Alejandro Solalinde”, dijo Eloy.
“Entonces espérenlo aquí”, respondió el policía.
Después del incidente llegó otro funcionario para decirle al grupo que podían pasar.
Los manifestantes guardaron un minuto de silencio en memoria del militante de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de le Educación del Estado de Guerrero (CETEG), Mario Zamora, quien murió el día de ayer en la comunidad de Buena Vista de la Salud
Texto: José Miguel Sánchez
Fotografía: Amílcar Juárez
27 de enero de 2022
Chilpancingo
En lo que consideraron como un contrainforme, líderes de organizaciones sociales que se reunieron en la explanada de la plaza Primer Congreso de Anáhuac de Chilpancingo, le exigieron al senador con licencia Félix Salgado Macedonio que deje de tener injerencia en las decisiones de gobierno de su hija, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda.
Los dirigentes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG) y la dirección colectiva de organizaciones sociales realizaron un mitin con críticas hacia el gobierno de Salgado Pineda mientras que esta realizaba un informe de sus cien primeros días de acciones de estar al frente de la administración estatal.
“En estos 100 días de gobierno bajo el mandato de Salgado Pineda pero con la toma de decisiones políticas de su padre, el senador con licencia Félix Salgado, se está consumando otro desencanto político”, dijo Nicolás Chávez, dirigente de la APPG.
Durante la protesta los manifestantes guardaron un minuto de silencio en memoria del militante de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de le Educación del Estado de Guerrero (CETEG), Mario Zamora, quien murió el día de ayer en la comunidad de Buena Vista de la Salud al participar en un enfrentamiento contra integrantes de un grupo del crimen organizado.
El profesor Mario Zamora era comandante de la Policía Comunitaria de la UPOEG en Buenavista de la Salud, una comunidad que está a 30 minutos de esta capital en el llamado Corredor del Ocotito.
Los manifestantes también mencionaron a los funcionarios que consideran traidores a la lucha social y a los principios de la cuarta transformación, y que Félix Salgado colocó en puestos importantes.
En el mitin estuvo presente una parte de trabajadores inconformes del Instituto para la Educación de jóvenes y Adultos del Estado de Guerrero (IEJAG), quienes tienen tomadas las oficinas de dicha dependencia desde el pasado 10 de enero, y piden la ejecución de un laudo favor, recontratación y destitución de la titular Haydee Mares Galindo.
En acto dieron lectura a un comunicado donde hicieron un llamado al presidente de la República Andrés Manual López Obrador de no dejarse engañar, ya que se están ratificando y dando cargos a personas que comparten la ideología de la cuarta transformación.
“Le queremos decir al presidente de la república que le están mintiendo, que ratificaron y siguen nombrando en un proyecto de izquierda a quienes por muchas décadas nos robaron, desaparecieron, encarcelaron y asesinaron”, se lee en el comunicado.
Como en los tiempos del PRI acude clase política y familiares a informe de gobernante
Texto: Margena de la O
Fotografía: Oscar Guerrero
27 de enero del 2022
Chilpancingo
La gobernadora Evelyn Salgado Pineda invirtió menos de 30 segundos de su informe por los 100 días de su gobierno para referirse a la balacera que duró más de una hora de la noche del miércoles en la zona rural de Chilpancingo, que es muy probable, los habitantes, agazapados en sus casas, sintieran eterna.
Después de condenar, lamentar y reprobar unos hechos al que les antecedente todo un contexto de irrupción armada, ante el argumento de seguridad comunitaria, la gobernadora aseguró que esos hechos no quedarán impunes. Después se ahorró las explicaciones: “Nadie dijo que sería fácil, sin embargo queremos decirle que se esta trabajando todos los días de manera incansables por no desatender ningún tema, por complejo que éste sea”.
El tema de la seguridad pública, que en realidad en Guerrero se mide a partir de la inseguridad cotidiana–como el de ayer en Buenavista de la Salud y Acahuizotla, ambos pueblos de Chilpancingo, o los asesinatos en la costera Miguel Alemán de Acapulco –, tampoco fue un contenido relevante o que evidenciara cambios sustanciales como resultado de lo que va de su gobierno en este informe que ocurrió en la sala de la República de Casa Guerrero.
Se refirió a las sesiones diarias de la Mesa Estatal para la Construcción de la Paz, donde están representadas las autoridades de seguridad de los tres niveles de gobierno: Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Secretaría de Marina (Semar), Guardia Nacional (GN), la Policía Estatal y Fiscalía General de Estado (FGE). En realidad las sesiones de estas mesas funcionan así desde la anterior administración estatal.
Mencionó la estrategia integral que anunció al principio para la seguridad pública, pero sin ofrecer resultados, que se entiende serían parciales, porque sólo van 100 días de su gobierno. “Nos queda claro que la pacificación conlleva también esta combinación de la parte social, de atender las causas que origina la violencia, que originan la pobreza, y sólo de esta manera, con esta estrategia integral podemos salir adelante. El fuego no se apaga con más fuego; el fuego se apaga atendiendo las causas que han originado la violencia durante tantos años en nuestro estado de Guerrero”.
Sus aportaciones sobre seguridad pública en este primer ejercicio de rendición de cuentas que sus asesores llamaron Día 100, Historia de una transformación, las dio en poco más de cuatro minutos, entre largos intervalos de aplausos de los asistentes, de un discurso que duró más de una hora. Destacó la incorporación de las 685 cámaras de videovigilancia al esquema de los centros de control de Chilpancingo, Acapulco y Zihuatanejo; un reforzamiento de operaciones policiacas en Acapulco, Chilpancingo e Iguala; la reincorporación a la parte operativa de elementos que funcionaban como escoltas anteriores servidores públicos, y la dignificación laboral y de equipamiento a los policías, pero sin dar números.
Algunos otros datos de lo ocurrido anoche en la fragmentada zona rural de Chilpancingo ante la proliferación de grupos armados, producto de las divisiones al seno de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), organización que arrancó como un sistema de seguridad ciudadana, los comentó la fiscal general, Sandra Luz Valdovinos Salmerón, en una entrevista. Entre ellos expuso que las personas asesinadas anoche fueron seis, cuatro en Buenavista de la Salud y dos en Acahuizotla, además de otra persona herida.
Sobre las líneas de investigación, la fiscal se reservó los comentarios.
Los reporteros en diferentes medios han documentado más víctimas de las mencionadas por la servidora pública, también apuntaron que la balacera tiene que ver con el intento del grupo criminal de Los Ardillos de ingresar a la zona rural de Chilpancingo y desplazar a los elementos armados de la UPOEG.
La gobernadora ofreció por más tiempo a otros rubros. Algunos datos que mencionó representan lo que ha conseguido en estos pocos más de tres meses de gobierno, como la reducción de 17 millones 991 mil pesos a 2 millones 250 mil pesos los gastos en la Jefatura de Oficina de la titular del Ejecutivo estatal en lo que va de la administración; la construcción, rehabilitación y equipamiento de 37 planteles educativos de educación básica, media superior y superior; la entrega, a través de la Secretaría de Salud, de 8 millones 884 mil 165 piezas de medicamentos a hospitales o centros de salud por una inversión de 231.7 millones de pesos; la instalación de 69 módulos de detección de Covid-19 en el estado, entre otras cosas.
Algo en lo que hizo especial énfasis en su informe, lo mencionó en dos ocasiones, fue en el trabajo de los periodistas y los medios de comunicación, a quienes dijo respetar y procurar para que se les garantice su libertad de expresión. Esto ocurre a un par de días que en el estado, como parte de una jornada nacional, periodistas se manifestaran por los asesinatos de compañeros en Tijuana, Baja California, y en Veracruz.
Otros datos tuvieron que ver más con las proyecciones de su gobierno, como la agenda prevista para atender la violencia contra las mujeres, de la que destacó el interés de erradicar la venta de mujeres y niñas en la Montaña de Guerrero; también celebró el incremento que autorizaron los diputados locales por casi 15 millones de pesos de presupuesto para la Secretaría de Mujer. Otro proyección que hizo fue en materia de turismo, a mencionar su interés de devolverle a Acapulco el perfil internacional, también para el campo y la ganadería, en la cultura, y con aplicación de la austeridad y la erradicación de la corrupción, discurso muy particular del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Hay elementos en el discurso de la gobernadora y del ambiente en que dio su informe que no se salieron del molde de los eventos que ha encabezado desde que tomó el cargo, o desde antes, como la apropiación y repetición de los principios de la Cuarta Transformación que ha establecido López Obrador, y destacar la presencia de su padre, el senador con licencia Felix Salgado Macedonio, a quien volvió a presentar como su máximo líder ideológico. Amapola. Periodismo transgresor publicó un texto el miércoles donde documenta que en estos 100 días de gobierno, Salgado Pineda lo que menos ha tenido es el control de su administración, donde su padre ha tenido un papel sustancial.
Por lo demás, el acto ocurrió en una sala con muchos espacios vacíos que los empleados del gobierno estatal, encargados de recibir y sentar a los invitados especiales, políticos, líderes empresariales y familiares, ocuparon para hacer menos evidente los huecos de asistentes que nunca llegaron.
Abel Barrera afirma que el hecho de que la gobernadora haya convocado a las diferentes dependencias de gobierno, entre ellas ONU-Mujeres e Inmujeres, para firmar un convenio para la atención a mujeres y a niñas, fue una buena señal que se quedó en la esfera de lo mediático
Texto: Beatriz García
Fotografía: Tlachinollan y Oscar Guerrero
27 de enero del 2022
Chilpancingo
En 100 días de gobierno Evelyn Salgado Pineda no ha podido establecer una estrategia para pacificar el estado, ni atender a las víctimas de desapariciones y asesinatos, tampoco la crisis que enfrentan los jornaleros agrícolas que salen de sus comunidades obligados por el desempleo, ni en el tema que aseguró resolver: los matrimonios forzados de menores de edad.
El director del Centro de Defensa de los Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández; el obispo de la Diócesis Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel Mendoza y la representante del Colectivo de Familiares de Desaparecidos y Asesinados María Herrera, Gema Antúnez Flores, a petición de Amapola. Periodismo transgresor revisaron los 100 días de gobierno de Salgado Pineda.
El defensor de derechos humanos, el religioso y la activista coincidieron que en este arranque de gobierno la gobernadora ha desestimado uno de los problemas más importantes y urgente que enfrenta Guerrero: la atención integral de los derechos humanos.
Barrera Hernández considera que se debe a que este gobierno no ha diseñado políticas públicas para atender a los pueblos.
Rangel Mendoza lo atribuye a la inexperiencia de la gobernadora y la injerencia que tiene su padre, el senador con licencia Félix Salgado Macedonio, en las decisiones de su gobierno.
Antúnez Flores se lo imputa al desconocimiento de algunos funcionarios que “no saben ni dónde están parados”.
Sin interlocución con los pueblos
Abel Barrera afirma que en estos 100 días en el gobienro de Evelyn Salgado no hay una estrategia clara en cómo establecer vínculos con las organizaciones, con las comunidades, con los núcleos agrarios.
El defensor celebra que la gobernadora junto con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, hayan recorrido el 23 de octubre pasado varios municipios de la Montaña y la Costa Chica para conocer de cerca las demandas de los pueblos.
Aunque después de ese día, lamenta, la gente encuentra la interlocución adecuada para encauzar o canalizar sus problemas, sobre todo, uno tan desolador: los matrimonios forzados.
En 2021 se visibilizó en los medios de comunicación uno de los problemas que sufren los menores de edad desde hace décadas: el matrimonio forzado. Los casos de Angélica (15 años) y de Anayeli (13 años) atrajeron la atención. Ambas fueron encarceladas por autoridades comunitarias, una por resistirse al acuerdo y, la otra, por desahacer el matrimonio.
Abel Barrera afirma que el hecho de que la gobernadora haya convocado a las diferentes dependencias de gobierno, entre ellas ONU-Mujeres e Inmujeres, para firmar un convenio para la atención a mujeres y a niñas, fue una buena señal.
Sin embargo, lamenta que sólo haya quedado en la esfera “mediática” y no diera seguimiento a casos de Angélica y Anayeli para darle acompañamiento y un esquema completo de apoyo para la familia.
Reprocha que no se haya involucrado a las mujeres indígenas, ni tampoco víctimas que luchan por justicia.
“No hay avance en la implementación de acciones de políticas que lleguen al ámbito comunitario, ni se vislumbra una acción pensada en las comunidades indígenas”, dice.
Otro sector que está sin atender por este gobierno son los jornaleros, una de las poblaciones más “vulnerable, olvidadas, golpeadas”, dentro de los pueblos originarios.
Recuerda que en la pasada temporada de migración de jornaleros, hubo apoyo de la Secretaría de Asuntos Indígenas del estado y en otros años ayudaban a mantener un comedor y la atención médica.
“En estos 100 días no ha llegado ninguna despensa, ninguna medicina, ningún apoyo concreto para darle a miles de familias que han salido en estos meses de temporada alta, octubre, diciembre y ahora enero”, informó.
Tlachinollan ha tenido que proveer para que los migrantes jornaleros tengan dónde descansar, atención médica e insumos de higiene ante esta pandemia de la Covid-19.
No busca la pacificación
El obispo Salvador Rangel recuerda que cuando Salgado Pineda estaba en campaña se comprometió a que dialogarían al asumir la gubernatura y juntos buscarían la pacificación del estado, pero a cien 100 de su gobierno eso no ha sucedido.
–¿Qué temas trataría específicamente con la gobernadora?
–Me interesa platicar sobre la pacificación de Guerrero, sobre todo yo tenía una propuesta para el norte del estado: Taxco, Tetipac. Desgraciadamente no se ha dado esta plática.
El religioso compartió que hace unos días se reunió con sus compañeros, los obispos de Tlapa y Acapulco, donde coincidieron en que era extraño que las autoridades del estado no quisieran dialogar con ellos. Considera que, en su caso, sea porque ha criticado a este gobierno y sus declaraciones hayan disgustado a los funcionarios.
El obispo ve que con la entrada del gobierno de Salgado Pineda la violencia no para incluso, evalúa, va en aumento.
Aunado a este panorama, al obispo le preocupa que desde las campañas electorales se dio cuenta que algunas de las presidencias fueron impuestas por organizaciones criminales.
“Lo peor es que cuando ves que ya tomaron posesión los nuevos presidentes, los mandan llamar para ponerse de acuerdo. La semana pasada, no diré el nombre, pero es de aquí de Guerrero, una presidenta municipal me decía: ́yo tengo que estar dando una cuota para poder trabajar en paz y yo creo que muchos están pagando las cuotas´”, destacó.
El obispo, dice, desconoce si la gobernadora y sus funcionarios están enterados de esta situación o simulan no saber nada.
Salvador Rangel expresa su preocupación por la falta de experiencia de la gobernadora y su equipo, además de que su padre, Félix Salgado, esté detrás de todo “porque es quien quita o designa dentro del gobierno”.
“Mientras que la gobernadora esté a la sombra de Félix, las cosas se van a empeorar en el estado, pero hay solución”, aseguró.
Desde la administración pasada, la que encabezó el priista Héctor Astudillo Flores, el obispo ha mantenido relaciones por el momento tensas con el mandatario y funcionarios, en específico con el entonces secretario general de Gobierno, Florencio Salazar Adame.
En este gobierno, ya ha tenido desencuentro con la gobernadora, pero fue Félix Salgado quién le pidió que ya no hablara de política.
“Con todo respeto, el clero tiene sus sagradas funciones, pero no puede intervenir en los asuntos del gobierno, así como el gobierno no puede interferir en los asuntos de la iglesia”, le dijo Félix Salgado.
Sin esperanza de un cambio
–¿Confían en que en este gobierno encuentren justicia?
–La conclusión a la que hemos llegado es que este gobierno va a ser peor que el anterior. La verdad no tenemos esperanza de que esto vaya a cambiar, vemos que nombraron muchos secretarios, al frente de cada dependencia que no saben ni dónde están parados.
Quien responde es Gema Antúnez Flores, representante del Colectivo de Familiares de Desaparecidos y Asesinados María Herrera.
Desde febrero del 2011, Gema Antúnez busca a su hijo, Juan Sebastián García Antúnez, quien fue desaparecido en Chilpancingo. Lo último que se supo fue que hombres lo interceptaron en el Paseo Alejandro Cervantes y se lo llevaron.
–¿Qué urge resolver para las víctimas de María Herrera y así encontrar justicia?
–Desgraciadamente las desapariciones están aumentando mucho. Por ejemplo, yo tenía 80 familias registradas hasta el año pasado y en lo que va del mes ya aumentaron 15 más, eso solo de mi colectivo. Es muy difícil, porque la gente queda muy desamparada y no hay apoyos económicos y en Guerrero hay una canasta básica que se les tiene que entregar a las víctimas afectadas.
El 11 de enero, el colectivo junto con organizaciones sociales y de defensa de los derechos humanos se reunieron por primera vez con la gobernadora, pero, dice Gema Antúnez, no le han planteado con puntualidad sus demandas, que arrastran desde hace años.
Uno de los acuerdos de este primer encuentro fue que a inicio de febrero la gobernadora encabezará mesas de trabajo para atender de manera más específica las demandas. Sin embargo, hasta ahora no hay fecha programada para las nuevas reuniones.
El encuentro no fue por iniciativa de la gobernadora, más bien, afirma la activista, por la presión que ejercieron las organizaciones sociales.
El colectivo María Herrera agrupa a 95 familiares de 98 desaparecidos y tres asesinados en Guerrero, registrados desde 2008 a este año.
Uno de las urgencias para los familiares de los desaparecidos y asesinados, es que las autoridades del estado atiendan lo que respecta a la Comisión Estatal de Búsqueda, pues no cuentan con personal para búsquedas y, eso, provoca que sea ellos mismos los que salgan a campo a buscar directamente a sus seres queridos.
“Estamos desamparados, les digo ayúdenme con esto, con lo otro y yo veo que están en ceros, no saben por dónde empezar, y piden orden federal”, reprochó.
Aun cuando fue electa en urnas, la figura de su padre ha pesado sobre las decisiones operativas de su gobierno; encima de la designación de secretarios y sus estrategias de seguridad, política interna y comunicación
El último reporte de Segob indica que en 2021 se registraron 1,357 homicidios dolosos en Guerrero, 77 menos que en 2020, cuando hubo 1,434
Texto: Amapola Periodismo
Fotografía: Oscar Guerrero
26 de enero del 2022
Chilpancingo
Evelyn Salgado Pineda cumplió 100 días de mandato bajo la sombra de su padre, Félix Salgado Macedonio.
Nada o casi nada se decide en su gobierno sin la injerencia de su padre.
Era el miércoles 13 de enero, cuando el viejo luchador social Eloy Cisneros Guillén recibió una llamada telefónica. Era Salgado Macedonio para pedirle que se vieran en su casa en la calle Robles, en la colonia Marroquín, en Acapulco.
Cisneros Guillén asistió al encuentro. Salgado Macedonio le contó su plan: solicitaría licencia en el Senado, Saúl López Sollano retomaría la suplencia y él, Cisneros Guillén, se convertiría en el secretario general de Gobierno.
Después, Félix Salgado tomó su celular y le marcó a su hija para contarle su plan. La gobernadora secundó la propuesta.
Por razones de salud, el líder social rechazó la oferta de los Salgado.
El anterior episodio lo contó el propio Cisneros Guillén.
El primer cambio en el gabinete Evelyn Salgado lo provocó Félix Salgado, pero la Secretaría General de Gobierno seguirá bajo su influencia. Ludwig Marcial Reynoso Núñez, subsecretario para Asuntos Políticos, amigo y colaborador de años del senador con licencia, entró al relevo de Saúl López Sollano.
Desde antes y ahora durante el gobierno, Salgado Pineda ha dado el visto bueno a los nombramientos de funcionarios en el gabinete. Durante estos cien días de la administración, nadie detiene su protagonismo.
Félix Salgado no sólo tiene injerencia en el gobierno de su hija sino también en el partido del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), donde impuso como dirigente estatal a su amigo y uno de sus hombres de confianza, Cuauhtémoc Ney Catalán.
Desde que inició su gobierno, el 15 de octubre del 2021, la gobernadora ha mantenido un perfil bajo y la mayoría de las veces aparece de manera pública a través de las transmisiones en las redes sociales.
Inacción ante la violencia
En su toma de protesta, Salgado Pineda prometió enfrentar la violencia e inseguridad atacando las causas que la originan: la pobreza y la desigualdad social.
Cuando apenas se cumplían dos semanas de su gobierno, en los municipios de Huitzuco, Iguala, Chilpancingo y Acapulco se registraron oleadas de violencia. Fenómenos como desaparición forzada, homicidios, extorsiones y feminicidios, se mantienen y se extienden a más municipios.
En Huitzuco, un grupo criminal instauró un toque de queda a la ciudadanía, empresarios, comerciantes y transportistas.
También Acapulco, otra organización criminal arreció la presión a los transportistas para exigir el pago de cuota.
A principios de noviembre ocho trabajadores de camiones urbanos y taxistas fueron asesinados además de cuatro pasajeros heridos en plena costera Miguel Alemán y en otros puntos del puerto.
En Chilpancingo e Iguala, el primero gobernado por la morenista Norma Otilia Hernández y el segundo por el priísta David Gama Pérez, los fenómenos de las violencias arreciaron.
Operativos sin resultados palpables
El 10 de noviembre, Evelyn Salgado y el secretario de la Marina, José Rafael Ojeda Durán, pusieron en marcha el operación de seguridad «Refuerzo 2021» con casi 3,000 soldados del Ejército, la Guardia Nacional, marinos y agentes de la Policía Estatal para Acapulco, Chilpancingo e Iguala.
Esta estrategia de seguridad no incluyó Huitzuco aunque después fueron desplegados agentes de las fuerzas federales y estatales cuando incrementaron los hechos de violencia en esta demarcación de la zona Norte del estado.
Alejandro Martínez Sidney, dirigente de la Federación de Cámaras de Comercio en el Estado de Guerrero (Fecanaco), asegura que en Acapulco aumentaron las extorsiones a empresarios y comerciantes por parte de unas 40 bandas de delincuentes que operaban en colonias y barrios de este puerto.
Dice que la Secretaría de Seguridad Pública estatal les informó que en la operación Refuerzo 2021 hay 800 marinos que no pueden movilizarse a toda su capacidad para enfrentar a la delincuencia porque no tienen patrullas.
«Estamos a merced de la delincuencia porque este gobierno no acciona todavía», expresa el dirigente empresarial.
El último reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) indica que en 2021 se registraron 1,357 homicidios dolosos en Guerrero, 77 menos que en 2020, cuando hubo 1,434.
De los 50 municipios de todo el país con mayor incidencia de homicidios, Acapulco, está en el décimo lugar, Chilpancingo en el 40 e Iguala en el 47.
A su llegada al gobierno, Evelyn Salgado heredó del priista Héctor Astudillo Flores el conflicto en las comunidades de Chilapa y José Joaquín Herrera en donde hay una confrontación entre la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores (CRAC-PF) y de acuerdo a la Fiscalía General del Estado (FGE), el grupo delictivo Los Ardillos que tiene vínculos con políticos y autoridades de esa zona.
En diciembre, la CRAC-PF y comisarios de pueblos de esta zona denunciaron la desaparición de tres policías comunitarios y, pese a que agentes de fuerzas federales y estatales han realizado dos búsquedas, ninguno ha sido localizado.
Lejos de apaciguarse la violencia en esa zona olvidada desde hace décadas por las autoridades, el pasado 16 de enero, Delfina Ramírez Morales, de 26 años de edad, fue privada de su libertad por policías municipales cuando estaba en el zócalo de la localidad de Hueycantenango (cabecera del municipio de José Joaquín Herrera), como lo denunció su madre, Rocelia Morales Guerrero.
Al día siguiente, por la noche, fue localizada muerta a balazos en las inmediaciones de la comunidad de Temixco.
Ante la inacción del gobierno de Evelyn Salgado para frenar la violencia, los comisarios de los pueblos y líderes de la CRAC-PF, acordaron realizar una marcha el 24 de febrero en la que participarán niñas y niños armados.
Atención a víctimas, a la deriva
La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) está acéfala desde que su último comisionado Luis Camacho Mancilla renunció, cuando el Congreso local lo designó magistrado de Justicia Administrativa del Poder Judicial a propuesta del exgobernador, Héctor Astudillo.
En este momento, la CEAV no ha brindado los apoyos a los familiares de personas desaparecidas.
«Hay una inacción de la CEAV, porque ni siquiera nos apoya para realizar las búsquedas de nuestros desaparecidos», afirma el familiar de un desaparecido en Acapulco.
Para este año, el Congreso local le asignó a la CEAV un presupuesto de 12 millones 808 mil pesos, insuficiente para atender a las víctimas.
Una de las acciones del gobierno de Salgado Pineda que ha sido criticada por activistas feministas y organizaciones de derechos humanos es su estrategia para prevenir y erradicar los matrimonios forzados entre niños o venta de niñas en comunidades de la región de la Montaña.
Los matrimonios entre menores de edad que las autoridades tradicionales de las comunidades los hacen ver como una dote-de usos y costumbres- estalló en los medios después que se supo de tres casos en Cochoapa El Grande, el municipio con el más bajo índice de desarrollo humano en Guerrero y en algún tiempo lo fue del país.
El Centro de Defensa de los Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan criticó que estas acciones no han sido concretas ni profundas para frenar estas prácticas.
«Los funcionarios de la Secretaría de la Mujer y DIF estatal deben de ir a los pueblos para presentar una serie de programas, pero además cómo quieren erradicar esas prácticas (los matrimonios forzados) si no hay atención a problemas prioritarios que se necesitan resolver como es la salud, la educación, el empleo, caminos y que haya proyectos para desarrollo en el campo», planteó el director de Tlachinollan, Abel Barrera Hernández.
Recibe deudas y desdén del gobierno de AMLO
Cuando el secretario de Administración y Finanzas, Raymundo Segura Estrada informó que el nuevo gobierno había heredado una deuda de 22,932 millones de pesos al ISSSTE, SAT y prestaciones a los trabajadores, confió que para solventar el pago de salarios atrasados, vigentes y aguinaldos a los burócratas recibirían un apoyo económico de 3,500 millones del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Sin embargo, ese recurso extraordinario de la Federación nunca llegó y el gobierno estatal tuvo que pedir un crédito bancario de 2,100 millones de pesos para pagar la nómina de sueldos y aguinaldos a los burócratas de noviembre y diciembre.
Por órdenes de Evelyn Salgado, ningún funcionario de primer nivel, incluyendo a la gobernadora, cobró su sueldo de la primera quincena de octubre y el mes de noviembre.
Con la prensa: al viejo estilo
El 20 de diciembre en la sala de la República en Casa Guerrero, la gobernadora atemperó los ánimos de columnistas, reporteros y algunos directores de periódicos impresos y digitales a quienes les prometió que no va a desaparecer el Fondo de Apoyo a los Periodistas (FAP).
Para este año, el FAP tendrá un presupuesto de 5 millones de pesos, de acuerdo a la Ley de Egresos aprobada por el Congreso. Este fondo lo instituyó el extinto ex gobernador, el priista José Francisco Ruiz Massieu, para cooptar a los periodistas y dueños de los medios.
Esa mañana a los 200 periodistas les sirvieron chilaquiles rojos, café, agua de naranja y pan.
Durante su discurso, la gobernadora evocó a su papá cuando fue periodista y dueño del diario Acción en Iguala.
Reporteros de esa época, a finales de los años ochentas, recuerdan a Félix Salgado en las oficinas de la Dirección de Comunicación Social del estado ubicadas en la planta baja del viejo Palacio de Gobierno haciendo fila para cobrar el dinero de su convenio de publicidad.
Hace menos de una década, cuando era director del diario La Jornada-Guerrero, Félix Salgado estableció como línea editorial: «convenio mata nota», en referencia a que la información crítica de un reportero contra de un funcionario o dependencia, con quien tuviera un convenio no sería publicada.
Ocho días después de que en el desayuno, la gobernadora se comprometió a respetar la libertad de expresión, el director de Comunicación Social, René Posselt Aguirre, ordenó que sacaran a la reportera de El Sur, María Avilés, cuando intentó entrevistar a la gobernadora.
Por órdenes de Possetl Aguirre, un empleado de la Comunicación Social jaloneó y empujó a la periodista en Casa Guerrero durante un acto oficial. Salgado Pineda se percató de la agresión pero prefirió darse la vuelta y seguir su camino por uno de los pasillos de Casa Guerrero.
López Sollano quien duró 93 días en el cargo acudió a las oficinas para despedirse de sus colaboradores
Texto: Jesús Guerrero
Fotografía: Oficial
24 de enero del 2022
Chilpancingo
Después de la renuncia de Saúl López Sollano en la Secretaría General de Gobierno, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, le tomó protesta para ocupar ese cargo a Ludwig Marcial Reynoso Núñez amigo de su papá Félix Salgado Macedonio.
López Sollano asumirá la Senaduría que dejó vacante su amigo Félix Salgado quien solicitó licencia para dedicarse a promover la consulta de revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador en Guerrero y en otros estados del país.
«Con la encomienda de reforzar las acciones que contribuyan a mantener la gobernabilidad y la paz social en la entidad, entregué el nombramiento como Secretario General de Gobierno a Ludwig Marcial Reynoso Núñez, colaborador comprometido con la transformación de nuestro estado», escribió en su cuenta de Facebook la gobernadora.
La tarde de este lunes, Evelyn Salgado publicó varias fotografías en la que aparece tomándole protesta a Ludwig Marcial Reynoso.
Reynoso Núñez quien es sobrino de la ex diputada local y ex alcaldesa de Atoyac de Álvarez, María de la Luz Núñez Ramos, fungía como subsecretario de Desarrollo Político y Social de la Secretaría General de Gobierno.
En el período constitucional 2005-2008 del ayuntamiento de Acapulco cuando fue alcalde Félix Salgado, Ludwig y Evelyn formaban parte del gobierno municipal.
Ludwig, era Secretario General del ayuntamiento y Evelyn Salgado, presidenta del DIF-municipal.
En el proceso de elección para la Fiscalía General, Evelyn y Félix tenían como candidato a Ludwig para ocupar ese cargo.
Pero por indicaciones del gobierno federal, Evelyn Salgado propuso al Congreso local para la Fiscalía a la teniente militar Sandra Luz Valdovinos Salmerón.
El primer cambio en el gobierno de Evelyn fue propiciado por su padre Félix Salgado quien el pasado 15 de febrero dio a conocer que había solicitado licencia al Senado de la República para dedicarse a «tareas políticas».
El viejo luchador social, Eloy Cisneros Guillén, contó que el día 12 de enero Félix y su hija la gobernadora Evelyn Salgado le propusieron que aceptara la Secretaría General de Gobierno, pero les rechazó la oferta bajo el argumento de que tiene problemas fuertes de salud.
«Desde antes de que la gobernadora asumiera el cargo ella y su papá me ofrecieron la Secretaría General de gobierno pero les dije que no por razones de salud», declaró Cisneros Guillén quien fue preso político durante el gobierno de Rubén Figueroa Figueroa en la década de los setentas.
Fuentes del gobierno estatal dijeron que el nombramiento de Ludwig estaba programado desde el pasado viernes 21.
Después de haber tomado protesta, Ludwig se presentó a las oficinas de la Secretaría General de gobierno acompañado de su antecesor, Saúl López Sollano.
López Sollano quien duró 93 días en el cargo acudió a las oficinas para despedirse de sus colaboradores.
Comisarios y habitantes de comunidades de cuatro municipios que exigen la construcción y terminación de caminos y carreteras en la zona de la Montaña Baja, retienen a dos funcionarios de la Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero (Cicaeg).
Reunidos en una asamblea en la comunidad de Tlacorral, del municipio de Chilapa, las autoridades de los pueblos acordaron retener a María de la Luz Galeana Lemus y Alejandro Memije Vélez, encargada de la dirección de servicios técnicos y director de puentes y aeropistas en protesta porque no llegó a la cita el director de Cicaeg, Miguel Ángel Ríos Soberanis.
«Que se queden», «que se queden», gritó la gente durante la asamblea al referirse a los funcionarios estatales.
En la reunión a la que asistió el alcalde de Atlixtac, Leonardo Muñoz Tapia a la que asistieron representantes de los ayuntamientos de Chilapa, Quechultenango y José Joaquín Herrera, hubo denuncias contra el ex director de Cicaeg, Javier Taja Ramírez de no haber terminado los caminos, carreteras y entronques además de que algunos tramos que se realizaron estuvieron mal hechos.
También reclamaron al actual gobierno de Evelyn Salgado Pineda de no haber asignado para este 2022 un presupuesto suficiente para la terminación de las obras carreteras.
«Asignaron 40 millones de pesos para construir carreteras cuando un kilómetro cuesta entre 10 y 12 millones de pesos», cuestionó uno de los manifestantes frente a los funcionarios de Cicaeg durante un video que se publicó en las redes sociales.
En esa parte de la crítica la funcionaria de Cicaeg, María de la Luz Galeana aseguró que la construcción de un kilómetro de carretera vale 6 millones de pesos.
«Yo dije que entre 10 y 12 millones de pesos porque se utilizan seis millones para la construcción y el resto del dinero se lo chingan», contestó uno de los manifestantes.
En la reunión se denunció que la ex presidenta del DIF-Estatal, Mercedes Calvo (esposa del ex gobernador Héctor Astudillo) recomendó una empresa constructora para que realizara una carretera pero dicha obra estuvo mal hecha.
Los comisarios y habitantes que desde hace casi una década reclaman la terminación de diez ejes carreteros de la Montaña Baja, denunciaron que también el gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador no les ha cumplido.
«El presidente dice que él no roba, yo le creo que él no roba, pero los demás funcionarios si lo hacen», dijo uno de los comisarios.
«Aquí en Guerrero vamos a solicitar que cuando cumpla dos años en el gobierno Evelyn Salgado haya una consulta de revocación de mandato», dijo uno de los comisarios.
«Aquí estamos en el abandono, no hay caminos, en estos momentos mucha gente está contagiada (por Covid-19) y no hay centros de salud para que los atiendan», dijo uno de los comisarios durante la reunión.
El síndico procurador del ayuntamiento de Chilapa, Leonardo García mencionó que el director de Cicaeg, Miguel Ángel Ríos había asegurado que estaría en la asamblea con los comisarios.
«Esta es una reunión seria, si él (el director de Cicaeg) hubiera dicho no voy, pues ni modo», dijo García Pascuala.
Las autoridades de los pueblos exigen que las autoridades cumplan con la construcción, ampliación, modernización, encarpetamiento y ampliación de diez ejes carreteros que comunican a más de 200 comunidades de esta zona de la Montaña Baja que tiene bajos índices de desarrollo humano.
En su intervención, la encargada de la dirección de servicios técnicos de Cicaeg, María de la Luz Galeana Lemus, prometió que en este año hay un presupuesto de 41 millones de pesos para esta región que serán utilizados para la construcción de carreteras.
Mencionó que esta cifra de recursos podría aumentar siempre y cuando los ayuntamientos de los cuatro municipios también pongan su aportación económica.
Los comisarios dijeron que fue el director de Cicaeg el que se comprometió asistir a la asamblea.
Durante la asamblea, otra autoridad de un pueblo recordó que el 18 de noviembre del 2021 bloquearon la autopista del Sol Cuernavaca_Acapulco para exigir que en el presupuesto para el 2022 que en ese entonces enviaría la gobernadora Evelyn Salgado se contemplara suficientes recursos para seguir con la construcción de los diez ejes carreteros de esa región.
Incluso varios comisarios tuvieron una reunión con el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso, Alfredo Sánchez Esquivel quien les aseguró que si habría una ampliación de recursos para la construcción de las carreteras.
«Pero nos engañaron», dijo el comisario.
Hasta la tarde de este domingo los dos funcionarios de Cicaeg seguían retenidos debido a que el director de este organismo, Miguel Ángel Ríos Soberanis no llegaba a la reunión.
María de la Luz Galeana les pidió a los pobladores que le permitieran que una comisión de comisarios se trasladara con ella a Chilpancingo para tener una reunión con el director de Cicaeg.
La solicitud de la funcionaria fue rechazada por la gente.
Al conmemorarse el segundo aniversario luctuoso del luchador social Pablo Sandoval Cruz, trabajadores, activistas y estudiantes le rinden homenaje exigiendo respuestas a sus demandas
Texto y fotografía: José Miguel Sánchez
21 de enero de 2022
Chilpancingo
Organizaciones sociales y trabajadores del Instituto Estatal para la Educación de los Jóvenes y Adultos (IEEJA) que están en paro de labores para exigir reconocimiento a su situación laboral, marcharon por las principales avenidas de la capital y protestaron en distintas oficinas de gobierno.
También integrantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), de la Dirección Colectiva de Organizaciones Sociales del Estado de Guerrero, y trabajadores en paro del Instituto Estatal para la Educación de los Jóvenes y Adultos de Guerrero (IEEJAG) realizaron un mitin en la Alameda Granados Maldonado, donde rindieron un homenaje a la trayectoria política y social del activista Pablo Sandoval Cruz.
El representante de la dirección colectiva de la APPG, Nicolás Chávez Adame, recordó que Sandoval Cruz participó en el movimiento estudiantil de 1960, donde fueron asesinadas 19 personas por elementos del ejército, y que posteriormente permitió el surgimiento de la Universidad Autónoma de Guerrero, fue fundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), y durante toda su vida apoyó los movimientos sociales en la entidad.
Era abuelo de Eréndira Sandoval Ballesteros, ex secretaria de la Función Pública, y del diputado federal Pablo Amílcar Sandoval.
Al término de las intervenciones colocaron una ofrenda floral en el Monumento a los caídos del 60 y entonaron el himno venceremos.
Después del homenaje continuaron con una marcha por la avenida Benito Juárez con dirección al centro de la capital, a la altura del edificio de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero (CDHEG), los manifestantes quemaron una piñata con el rostro de la titular de la dependencia, Cecilia Narciso Gaytán, por considerarla “traidora a las causas del pueblo”, mencionaron los manifestantes.
La marcha concluyó en el edifico del IEEJAG, donde trabajadores tiene un campamento desde hace 12 días en espera de ser atendidos por la gobernadora, Evelyn Salgado Pineda, ahí colgaron un piñata de la titular de la dependencia Haydee Mares Galindo, a quien señalaron de insensible y de la que piden su destitución,
También quemaron dos piñatas con los rostros del diputado local Osvaldo Ríos y del secretario general de gobierno, Saúl López Sollano por no resolver sus demandas.
Los inconformes piden se ejecute un laudo a favor que permitirá a 69 trabajadores del IEEJAG tener acceso a una base laboral y ser incorporados al ISSSTE y al FOVISSSTE.
Sin claridad en cuando se nombrará al próximo secretario general de gobierno en la capital del estado trabajadores inconformes se movilizan a diario para que alguna autoridad de solución a sus peticiones.
Es el tercer día consecutivo de protestas en la capital, hasta el día de hoy trabajadores tienen tomadas tres oficinas de gobierno, la Sede del Poder Ejecutivo por directores encargados, las oficinas de la Secretaría de Asuntos Indígenas y el inmueble del IEEJAG.
