Gonzalo Molina acusa que se mantiene la colusión del Estado con el crimen organizado

Desde el 2019 que el preso político pudo dejar la cárcel, está en calidad de desplazado y no había regresado a Tixtla, su municipio hasta el día de hoy donde además de rendir homenaje a sus compañeros asesinados visitó a los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa


Texto: José Miguel Sánchez
Fotografía: Amílcar Juárez
9 de marzo de 2022
Tixtla

El comandante de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias – Policía Comunitaria (CRAC-PC), Gonzalo Molina González, regresó a la ciudad de Tixtla después de tres años, a rendir homenaje a cinco de sus compañeros comunitarios asesinados y para exigir a las autoridades
Fue en la Casa de Justicia La Patria es Primero, ubicada en el barrio del Fortín, donde Molina González dijo que existe una colusión entre el gobierno y los grupos del crimen organizado, por lo que se valora reagrupar a ese grupo de policías comunitarios.

Dijo que reagrupar a la Policía Comunitaria es una valoración de la población. Es el pueblo quien tiene que determinar si continúan con la Comunitaria o con elementos oficiales.

Molina González inició una serie de actividades para exigir a la administración municipal la reconstrucción de la Casa de Justicia, la cual fue desmantelada por presuntos integrantes del grupo delictivo Los Ardillos el pasado 16 de enero de 2021.

Otra exigencia es gestionar apoyos para las viudas e hijos de los cinco policías comunitarios asesinados y un retorno seguro para él y para familias que huyeron por los hechos de violencia.

“Nosotros somos desplazados pero sabemos que hay miedo en la población, pero estamos aquí para vencer ese miedo, nosotros tenemos que buscar la justicia y por eso exigimos al gobierno que garantice seguridad a la población”, mencionó.

También hizo un llamado a la sociedad para organizarse y enfrentar la situación de violencia que se vive, pero reconoció que esa alternativa es muy remota.

Llevaron flores y cadenas a las cruces donde se leían los nombres de Javier, Ignacio, Wilber y Alexis, cuatro policías comunitarios que fueron emboscados, de acuerdo a sus acusaciones, por integrantes del grupo delictivo Los Ardillos el 26 de noviembre del 2015.

La agresión ocurrió a tres días de las elecciones extraordinarias en Tixtla, y fueron asesinados cuatro Policías Comunitarios integrantes de la Casa de Justicia Mi Patria es Primero en el barrio del Fortín.

Fue alrededor de las dos de la tarde del 26 de noviembre del 2015 cuando, de acuerdo con los reportes, un grupo de civiles fuertemente armados a bordo de dos camionetas sorprendieron a los comunitarios quienes hacían una ronda de vigilancia en la zona.

Los hechos ocurrieron a pocas cuadras de la Casa de Justicia, donde se colocaron las cruces, por lo que Molina González decidió hacer el recorrido caminando.

Durante el recorrido lo escoltaron sus compañeros de la Policía Comunitaria, vestían playera negra y pantalones con estampado militar y al hombro rudimentarias escopetas.

Los policías comunitarios regresaron acompañados de seis elementos de la Policía Estatal, uniformados de azul marino y portando armas de alto calibre, ello para que Gonzalo Molina estuviera escoltado.

Molina, debido a que cuenta con medidas de seguridad, es escoltado en todo momento por una patrulla de la Policía Estatal.

Cuenta que también pidió el apoyo de la Guardia Nacional pero le fue negado sin recibir más explicaciones.

Durante el recorrido de la Casa de Justicia a las cruces de los comunitarios asesinados algunos vecinos salían de sus viviendas para saludar y abrazar a Molina González.

«Qué bueno que hayas venido, no te olvides de aquí de tus amigos”, le dijo una vecina desde la puerta de su casa.

Durante la ofrenda floral en las cruces, Molina González reconoció el valor de sus compañeros.

“Reivindicamos el valor de los compañeros que perdieron la vida por el prójimo, y donde quiera que estén mi reconocimiento para ellos”, dijo.

Molina González fue preso político. Fue encarcelado en 2013 por cargos de terrorismo, y portación ilegal de armas, tras ejercer acciones para exigir la libertad de Nestora Salgado, quien estuvo al frente de la CRAC en Olinalá y fue detenida por la Secretaría de Marina.

Gonzalo fue encarcelado, a pesar de que sus acciones estaban respaldadas por la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indigenas del Estado de Guerrero, lo que permite a las comunidades de pueblos originarios tener su propio sistema de seguridad.

Fue puesto en libertad en 2019 donde después de salir fue a Tixtla pero por cuestiones de seguridad está en calidad de desplazado y no había regresado a hasta el día de hoy.

Aprovechó su visita para visitar la Normal Rural de Ayotzinapa donde se reunió con estudiantes y madres y padres de los 43 desaparecidos, la reunión fue a puerta cerrada y no se permitió el acceso a reporteros a la Normal.

 

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Policías comunitarios piden a Evelyn la libertad de presos políticos

También estuvo Samantha Colón, esposa de Vicente Suástegui Muñoz quien desde agosto fue privado de su libertad por un grupo armado en la colonia Ciudad Renacimiento, en Acapulco y desde esa fecha no ha sido localizado por las autoridades


Texto: Jesús Guerrero

Fotografía: Oscar Guerrero

31 de enero del 2022

Chilpancingo

 

En una reunión en la que estuvo como intermediario el padre Alejandro Solalinde, integrantes de la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) le solicitaron a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda la liberación de un grupo de presos políticos.

Gonzalo Molina González, dirigente de esta agrupación señaló que otra de las peticiones que se le hizo a la gobernadora es que ordene que se agilice la búsqueda del activista Vicente Suástegui Muñoz quien desde agosto del 2021 está desaparecido.

El grupo de policías comunitarios encabezados por Molina González que portaban sus uniformes ingresaron a la residencia oficial de Casa Guerrero.

Molina dijo que hay casos de activistas presos que pese a que ya cumplieron su derecho de salir libres por diversas circunstancias legales deben de salir libres.

Es el caso de Florentino Cruz Morales quien se encuentra preso en el penal de Ayutla de los Libres pero que en los próximos días podría salir en libertad, dijo Gonzalo Molina quien está fuera de Guerrero por las amenazas de muerte que recibió por parte de integrantes de un grupo delictivo que está en Tixtla.

La gobernadora Evelyn Salgado Pineda le dijo al grupo de autodefensas que va a ordenar a la Fiscal General y al presidente del Poder Judicial revisen los expedientes judiciales de los activistas que permanecen presos y puedan salir en libertad.

“Nosotros vamos a confiar en la palabra de la gobernadora pero en caso de que nos mienta lo daremos a conocer públicamente”, advirtió.

En la reunión con la gobernadora también estuvo Samantha Colón, esposa de Vicente Suástegui Muñoz quien desde agosto fue privado de su libertad por un grupo armado en la colonia Ciudad Renacimiento, en Acapulco y desde esa fecha no ha sido localizado por las autoridades.

Vicente Suástegui es hermano del Vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa la Parota (Cecop) Marco Antonio Suástegui quien ha encabezado en las labores de su búsqueda.

“La gobernadora Evelyn Salgado informó que le va a pedir a la Fiscalía que reanude las labores de búsqueda para localizar a mi esposo”, dijo Samantha Colón.

Otras organizaciones sociales como el Observatorio por la Reconciliación, la Paz y el Desarrollo de las Comunidades de la Sierra, maestros y el líder social Eloy Cisneros Guillén se reunieron con la gobernadora Evelyn Salgado en la que también participó el padre Alejandro Solalilde.

También participó en esta reunión la activista Otilia Eugenio Manuel.

Este grupo de activistas se inconformaron porque el grupo de guardias de seguridad de la residencia oficial de Casa Guerrero les impedían el paso.

“Cómo es posible que aquí pongan vallas metálicas cuando aquí es la casa del pueblo”, les gritó Eloy Cisneros Guillén a los policías vestidos de civil.

Uno de los funcionarios de Casa Guerrero, les dijo a los activistas que no los dejarían pasar porque la gobernadora no los tenía en su agenda de reuniones.

“Aquí nos citó el padre Alejandro Solalinde”, dijo Eloy.

“Entonces espérenlo aquí”, respondió el policía.

Después del incidente llegó otro funcionario para decirle al grupo que podían pasar.

 

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