Estudiante desaparecido en Iguala era un soldado infiltrado en Ayotzinapa

Texto: Marlén Castro

Fotografía: Tomada de internet 

Chilpancingo

 

Julio César López Patolzin, uno de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, era un soldado infiltrado por el Ejército, sostuvo Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos del gobierno federal.

Este jueves, como parte de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa, Encinas Rodríguez, informó acerca de las últimas investigaciones de la desaparición de los normalistas a un mes del octavo aniversario.

López Patolzin es originario de Tixtla, ciudad en la que se ubica la Normal, es hijo de Joaquina Patolzin y Rafael López, quienes sobreviven de la siembra y venta de hortalizas.

Desde 2014, se conoció la historia militar de López Patolzin. Joaquina Patolzin y Rafael López contaron que su hijo estuvo en el Ejército y se dio de baja después de las inundaciones provocadas por Ingrid y Manuel.

De acuerdo con Encinas Rodríguez, López Patolzin estaba al mando del teniente Francisco Macías Barbosa, del 27 Batallón del Ejército, con sede en Iguala, a quien acusó de omisión y responsabilidad por no haber aplicado el protocolo de búsqueda de militares, ya que de haberlo hecho, se hubiera localizado a los estudiantes.

Encinas Rodríguez indicó que espera que Barbosa y la cadena de mando que participó en la infiltración de López Patolzin en la Normal Rural sean investigados por la justicia civil y militar.

Por los informes de López Patolzin a su mando en el Ejército, las fuerzas armadas y todas las autoridades supieron del movimiento de los estudiantes la tarde del 26 de septiembre del 2014, desde la salida de la Normal, agregó Encinas Rodríguez.

 

«No fue un bache, fue un atropellamiento», familiares de José Eduardo exigen justicia

Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía:Oscar Guerrero

Chilpancingo

 

Familiares del joven José Eduardo Vargas Verónica, quien falleció el pasado sábado en un accidente de tránsito, explicaron que no fue un bache la causa del accidente, si no un atropellamiento por el que hay un detenido.

Los familiares exigieron a las autoridades justicia y que no liberen al detenido.

Los hechos ocurrieron el pasado sábado 6 de agosto.

José Eduardo, de 15 años, circulaba abordo de una motocicleta en la lateral del boulevard Vicente Guerrero, cuando entre las calles Galeana y Encino derrapó y se impactó contra un automóvil estacionado.

Por el impacto, José Eduardo falleció al instante.

El reporte preliminar indicó que fue a causa de un bache en la calle lo que ocasionó que José Eduardo perdiera el control de la motocicleta y derrapara ocasionando su muerte.

Horas más tarde se informó que se detuvo en Tierras Prietas al conductor de un automóvil Jetta color negro como presunto responsable del accidente.

El detenido responde al nombre de Tony Alberto González Bello, quién supuestamente, de acuerdo con los familiares de José Eduardo, es pareja sentimental de una trabajadora de la Fiscalía General del Estado (FGE) de nombre Rocío Martínez Leyva.

Yolanda Verónica Gatica, madre de José Eduardo, comentó que ella no fue notificada de la detención de González Bello, y que se enteró por sus propios medios.

Cuándo se enteró de la detención de González Bello acudió al Ministerio Público (MP) para la denuncia correspondiente y pedir que no sea liberado hasta que declare sobre el caso.

En el MP le dijeron que no les correspondía y la mandaron a la instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Ya en la FGE, Verónica Gatica comentó que no hubo quien los atendiera y que por lo mismo no ratificaron la denuncia.

«Estuvimos toda la noche tocando la puerta de las jaulas de detenidos y nadie salió a atendernos, nos fuimos porque teníamos que enterrar a mi hijo».

Los familiares de José Eduardo temen que pasen las 72 horas que establece la ley para que González Bello sea liberado porque no hay denuncia en su contra.

Al medio día de hoy familiares y amigos de José Eduardo protestaron en Palacio de Gobierno para exigir a las autoridades que no liberen a González Bello.

Los familiares bloquearon los dos carriles del encauzamiento Huacapa, a la altura de Palacio de Gobierno, donde exigieron ser atendidos por alguna autoridad.

En los cárteles de los manifestantes se leía: «Fiscalía no protejas asesinos».

«Lo único que pedimos es justicia, si nos la garantizan este bloqueo no estaría sucediendo», mencionó Agustín Verónica Gatica, tío de Eduardo.

Al bloqueo llegó personal de la Secretaría General de Gobierno a dialogar con los manifestantes, quienes dijeron que no se retirarían hasta hablar con funcionarios de la FGE.

Cuando llegó personal de la FGE, los familiares de José Eduardo pidieron que se firmara una minuta para acordar una mesa de diálogo.

Ante la negativa de los funcionarios estatales, los manifestantes intentaron entrar a Palacio de Gobierno a pedir una audiencia con el secretario general de Gobierno, Ludwing Marcial Reynoso.

Al percatarse de eso, personal de seguridad cerró la entrada principal de Palacio de Gobierno e impidió la entrada a la madre de José Eduardo.

Después de varios minutos de discusión, entre los familiares de José Eduardo y el personal de Gobernación, se permitió la entrada de una comisión para tratar el tema de la carpeta de investigación por la muerte de José Eduardo y darle el seguimiento correspondiente.

 

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Texto y fotografía: Amapola Periodismo 

Chilpancingo

 

Un adolescente de 16 años fue asesinado a balazos la mañana de hoy lunes cuando conducía una camioneta sobre la lateral norte-sur del boulevard Vicente Guerrero, al norte de esta capital.

El asesinato del adolescente se suma a los homicidios de otras ocho personas dedicadas al negocio de la venta de pollo, ocurridos a principios de junio pasado.

El adolescente se dedicaba a distribuir pollo; fue identificado con el nombre de Eduardo “N”.

La víctima manejaba una camioneta Nissan de plataforma, la cual quedó a mitad de la vía.

El hecho se registró cerca de las instalaciones de la Central de Autobuses.

Versiones de la gente que caminaba por la zona indican que escucharon varios disparos de arma de fuego.

El asesinato ocurrió cerca de las siete de la mañana pero el personal de la Fiscalía General del Estado ( FGE) y del Servicio Médico Forense ( Semefo) llegaron casi dos horas después para realizar las diligencias.

En junio pasado se desató una ola de violencia cuyo blanco fueron personas dedicadas a la venta de pollo en esta ciudad.

La situación generó el cierre de pollerías en el mercado central y varios otros puntos de venta.

Todo comenzó con el asesinato del distribuidor de pollos Tomas Ramírez, quien fue asesinado el 6 de junio cuando distribuía su mercancía en el mercado central.

A los tres días, el jueves 9 de junio, a medio día, otro hombre fue asesinado en el estacionamiento del mercado y, posteriormente, el sábado 11 de junio, hombres armados irrumpieron en una granja, ubicada en la comunidad de Petaquillas, y asesinaron a seis personas.

Las autoridades no tienen avances en sus investigaciones sobre los crímenes ocurridos en junio.

 

 

 

 

Víctimas de la guerra sucia del Quemado bloquean carretera Acapulco-Zihuatanejo; piden reparación del daño

Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Redes

Chilpancingo 

 

Integrantes del Comité de agraviados por la guerra sucia de El Quemado, municipio de Atoyac, bloquearon alrededor de tres horas la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo, para exigir a la Comisión de Atención a Víctimas (CEAV) cumpla con la reparación del daño que les prometieron desde 2019.

Los manifestantes bloquearon la circulación en los dos carriles de la carretera federal, a la altura del poblado de Cuatro Milpas, ahí exigieron al gobierno estatal y específicamente a la gobernadora, Evelyn Salgado Pineda, ser la intermediaria entre la CEAV y ellos para tener acceso a la reparación del daño que les prometieron.

De acuerdo con un pronunciamiento que publicó el Comité, una noche antes del bloqueo, desde el 2019 se firmó una minuta de acuerdo con la CEAV y el gobierno estatal para comenzar la reparación del daño a 70 personas, entre víctimas y familiares de activistas torturados y desaparecidos durante la guerra sucia en el poblado de El Quemado.

“A tres años de firmarse la minuta las víctimas solo hemos recibido algunos apoyos, pero sin considerar los parámetros internacionales de reparación del daño”, se lee en su pronunciamiento.

En febrero del 2019, la CEAV, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y el entonces gobernador priista, Héctor Astudillo Flores, anunciaron un programa piloto que comenzaría en El Quemado para garantizar la reparación del daño a las víctimas y familiares de la guerra sucia.

Dicho programa no se implementó y por eso los familiares de las víctimas decidieron bloquear la carretera la mañana de este miércoles.

Los manifestantes denunciaron que la actual administración federal ha incumplido con las familias afectadas, pues de acuerdo con la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh), se tendría que hacer un pago a las familias que sufrieron tortura y desapariciones forzadadas.

“Somos respetuosos de nuestro presidente de la República, pero consideramos que muchos funcionarios no están cumpliendo con la cuarta transformación, solo nos dan atole con el dedo”, mencionaron los manifestantes.

Desde las 08:40 de la mañana unas cien personas y miembros de organizaciones sociales, bloquearon ambos carriles de la vía federal de manera parcial.

Después de horas de bloqueo, los manifestantes dialogaron con el delegado regional de la Costa Grande del gobierno federal, Juan Méndez Noriega, quien les prometió una mesa de trabajo en El Quemado donde estarán representantes del CEAV, de la CNDH y del gobierno estatal para dar solución a sus peticiones.

 

 

 

 

Dulce salió de prisión y regresó a vivir en las calles; su caso muestra las debilidades del programa de preliberación, señalan ONG

La joven fue puesta en libertad dentro de un programa de justicia del gobierno capitalino. Sin embargo, las autoridades no tomaron en cuenta que carecía de redes de apoyo para poder reinsertarse en la sociedad.


Texto: Dalila Sarabia / Animal Político

 

El viernes 1 de julio, Dulce Pilar Hernández, de 33 años y quien había sido sentenciada a cuatro años y cuatro meses de cárcel por robar un celular, salió de la prisión de Santa Martha Acatitla, en la CDMX, tras ser beneficiada por el programa de preliberaciones que impulsa el gobierno capitalino. Sin embargo, la joven —quien no tiene familia— fue puesta en libertad sin ningún acompañamiento o seguimiento, lo que hizo que volviera a las calles donde ha vivido desde su infancia.

Al no tener redes de apoyo, Citlalli Fernández, fundadora de la Ave Fénix, AC, y quien conoció a Dulce cuando ella también estaba privada de su libertad, se convirtió en su contacto para estar al pendiente de cualquier noticia o requerimiento de la joven. Desde su asociación, de la mano con Marea Verde México, había trabajado durante meses diseñando un plan para sacarla de la cárcel, ya que podía acceder a un beneficio y con el pago de 13 mil pesos podía recuperar su libertad. Esto no era viable para Dulce por su cuenta, pues no tenía forma de conseguir los recursos económicos.

Quienes pagarían esa cantidad para que Dulce —una mujer con discapacidad intelectual, analfabeta y diabética— dejara la cárcel sería Ave Fénix, pero antes de hacerlo debía tener todo listo: un lugar donde la joven pudiera dormir, acceso a alimento, alguna actividad para realizar y buscar su reinserción social, y acompañamiento permanente para que no olvidara ir a firmar conforme la autoridad se lo solicitara.

Pero esos planes no se concretaron. Dulce fue beneficiaria del programa de preliberaciones, pero nunca se notificó de su salida y la mujer —tras permanecer tres días en calidad de desaparecida— fue localizada, solo para confirmar que volvería a vivir en las calles.

“Esta persona, como muchas personas que estuvieron en situación de calle o que no tienen redes de apoyo, es importantísimo que se les proporcionen las herramientas para contar con esta red de apoyo, y esa es otra obligación del Estado que está más allá de la privación o no de la libertad, porque es una cuestión de estructura social”, expuso Nayomi Aoyama, coordinadora del programa de Sistema Penitenciario y Reinserción Social de Documenta, AC.

“Lo que falla no es la política de liberaciones, sino es la visión que tenemos de reinserción que está muy apegada a la cuestión de rehabilitar y no tanto a una cuestión de poner todos los medios necesarios para que las personas que salen de prisión puedan tener acceso a los derechos de forma adecuada”, agregó.

A través de una ficha informativa, la Secretaría de Gobierno local informó que desde su salida a Dulce se le solicitó algún medio de contacto para dar seguimiento a su caso y diseñar planes individualizados desde el Instituto de Reinserción Social. Es decir, se trataba de planes a futuro cercano o a mediano plazo, no inmediatos.

Citalli Fernández, de Ave Fénix, relató que Dulce informó que se quería ir con su abuelita. Sin embargo, al intentar contactarla se enteraron de que la mujer había muerto mientras Dulce estaba privada de su libertad.

La Secretaría de Gobierno también expuso que desde que las autoridades se enteraron de “la presunta desaparición”, se implementaron acciones inmediatas para su localización a través del Instituto de Reinserción Social, en coordinación con el sistema penitenciario, la Secretaría de las Mujeres y la Consejería Jurídica locales.

“Dulce ‘N’ fue localizada con bien por personal de la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, integrantes de una asociación de la sociedad civil, agentes del Ministerio Público y de la Policía de Investigación (PDI), así como personal de Trabajo Social de la fiscalía”, informó, aunque no detalló las condiciones en las que se ubicó a Dulce.

Desde marzo de 2019 a la fecha, el programa de preliberaciones ya ha beneficiado a 53 mujeres quienes han recuperado su libertad. El viernes 1 de julio, cuando Dulce fue liberada, otras 25 mujeres también fueron beneficiadas.

Sin noticias 

En entrevista, la fundadora de Ave Fénix narró que el viernes 1 de julio recibió una llamada de apenas unos segundos en la que Dulce le informaba que estaba a punto de salir de prisión. Ante lo repentino del aviso, pidió a Dulce que no se moviera y le dijo que pediría que alguien de su equipo acudiera por ella.

“Llegaron mis compañeras y ya no la encontraron… la buscaron por las calles, por todos lados desesperadamente. Un guardia ahí del estacionamiento les dijo que había visto a dos niñas subirse a una camioneta (color) vino y se fueron (…) la descripción que dio era de ella”.

El no saber el paradero de Dulce hizo que Ave Fénix y Marea Verde México denunciaran su desaparición a través de las redes sociales porque, subrayó Citlalli Fernández, “ella tiene una discapacidad mental, es diabética, analfabeta, o sea, es una persona muy vulnerable”.

Las organizaciones pidieron ayuda al gobierno local, se levantó una denuncia por desaparición y la Comisión de Búsqueda capitalina fue notificada para comenzar con las labores de localización de Dulce.

“Es como echar a la calle a una niña de cinco años a que la vean bien (…) y todavía me dicen ‘se veía muy bien, muy feliz cuando le estaban entregando un kit con una chamarra’, y es que ella se ve entera, su discapacidad es mental, no todas las discapacidades son visibles”, reclamó Fernández.

Fue hasta la noche del lunes 4 de julio que las asociaciones recibieron notificación de que la habían visto por la zona de Zaragoza y la habían trasladado a la Fiscalía General de Justicia.

 

“Eres mayor de edad y te puedes ir”

Al lugar llegó Renata Villarreal, cofundadora de Marea Verde México, quien dio seguimiento al caso.

“Llego y tenían a Dulce en un cuarto. Sacaron a la psicóloga que la ha acompañado desde hace mucho tiempo y es su red de apoyo, su persona de confianza que la tranquiliza (…) Dulce obviamente comenzó con miedo a querer irse, a no querer hablar”, compartió Villarreal.

Agregó que funcionarios presentes le repetían a Dulce que ella era mayor de edad y no tenía por qué quedarse y tampoco irse con las organizaciones.

“(Al) repetirle esto a Dulce en las condiciones en las que estaba viviendo hicieron que saliera y se fuera”, dijo la activista.

Villarreal reprochó el actuar de las autoridades capitalinas, incluido el secretario de Gobierno, Martí Batres, quien a través de su cuenta de Twitter escribió: “En días pasados se difundió la versión de que Dulce N, recién egresada de un Centro Penitenciario, había desaparecido. Informo por esta vía que no ocurrió esta desaparición, que dicha persona fue localizada realizando sus actividades cotidianas”.

“Las ocupaciones diarias de Dulce hace muchos años eran ser prostituida, ser drogada y vivir con violencia en las calles de la Ciudad de México. Y su condición de vida de todos los días, sus ocupaciones desde hace dos años, era firmar listas, ser golpeada, alimentada, estar encerrada y vivir con miedo en la cárcel”, reclamó la activista.

 

 

Preliberaciones y reinserción, el ideal

En entrevista, Nayomi Aoyama, de Documenta AC, explicó que en todos los casos no solo el sistema penitenciario sino todo el aparato del Estado deben asegurar que las personas privadas de la libertad puedan tener el goce máximo todos sus derechos y que, cuando salgan de prisión, tengan acceso pleno a los mismos.

“Cuando pones a una persona en un espacio de privación de la libertad, no puedes simular que el único derecho que afectas es su derecho al libre tránsito (…) sino la educación, el trabajo, la vivienda, la cultura, el deporte”, ejemplificó.

Por ello, la reinserción busca eliminar lo más posible las afectaciones a otros derechos que no son la privación de la libertad.

“Entonces, lo que tienes que hacer desde la privación de la libertad, tú, Estado (…) debes asegurar que las personas privadas de su libertad, estando privadas de su libertad, puedan tener el goce máximo de estos derechos, y que cuando salgan, que esos derechos no se vean afectados”, explicó la experta.

Además, es primordial tener en cuenta que no hay un perfil único de persona privada de la libertad, ni que todas aquellas quienes recuperan su libertad salen con una red de apoyo, por lo que las necesidades de cada persona son particulares.

“La reinserción no puede ser única (…) específicamente en el caso de las mujeres privadas de su libertad, es la población que tiene un mayor abandono”, agregó Aoyama.

El 70% de las mujeres privadas de la libertad —continuó— se encuentra en condición de abandono y no tiene redes de apoyo.

“Siempre será preferible la libertad, pero en qué circunstancias, y para eso el Estado debe pensar en la interseccionalidad, saber que no es lo mismo la reinserción para una mujer en situación de calle que para una mujer que tiene redes de apoyo”, recalcó.

Este texto fue elaborado por el equipo de Animal Político y lo reproducimos con su autorización.

 

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Padres y madres de los 43 piden a la gobernadora Evelyn que investigue a ex Procurador Iñaky Blanco

Texto: Jesús Guerrero

Fotografía: Oscar Guerrero

Chilpancingo

 

En el cuarto día de la jornada de lucha 26 de Septiembre no se olvida, los padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala acusaron a la gobernadora morenista Evelyn Salgado Pineda de proteger a la policía estatal y a ex funcionarios que son responsables del caso.

En un mitin frente al Palacio de Gobierno cuyos accesos fueron cerrados por la policía estatal, los padres y madres de los 43 reclamaron la falta de voluntad de Salgado Pineda de por lo menos dialogar con ellos.

“Ella (Salgado Pineda) es un mujer y sabe del dolor de un hijo y vemos que ni siquiera se conduele de lo que nosotros sufrimos”, dijo una de las madres.

Vidulfo Rosales Sierra, asesor de los familiares de los 43, señaló que en las investigaciones judiciales que se han realizado es de que la noche del 26 de septiembre del 2014 entre 17 y 20 normalistas fueron bajados con violencia del autobús que estaba estacionado frente al edificio de la Ciudad Judicial.

“Todavía no sabemos el número de policías estatales que lo hicieron y que otros elementos de otras corporaciones habrían participado”, dijo el abogado.

Rosales Sierra dijo que otro elemento más de la responsabilidad de las autoridades locales es de que en las instalaciones de Ciudad Judicial había tres cámaras de videovigilancia que captaron las imágenes en los momentos en que un grupo de entre 17 y 20 normalistas fueron sacados del autobús.

Esos tres videos se los proporcionó a los padres y madres de los 43 el ex presidente del Poder Judicial Alberto López Celis.

Pero que un grupo especializado de la Fiscalía General de la República (FGR) analizó los videos y descubrió que todo lo que se filmó durante los días 26 y 27 de septiembre del 2014, fueron borrados.

«Lo que estamos pidiendo a la gobernadora Evelyn Salgado es de que se investigue a los ex funcionarios que fueron responsables de haber ordenado que se borrara lo que se filmó durante esos dos días en que los normalistas fueron desaparecidos», mencionó.

Cuando sucedieron los hechos en Iguala la presidenta del Poder Judicial era la magistrada Lambertina Galeana Marín quien actualmente está en retiro.

«Alguien dio la orden de que esos videos fueron borrados eso no fue casual», señaló Rosales Sierra.

Durante el mitin se exhibieron cuatro lonas en las que se le exige al Ejército Mexicano que informe de los archivos de lo que ocurrió la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre en las calles de Iguala.

Rosales Sierra dijo que durante la campaña para la gubernatura en el 2021 hubo un acercamiento de los que hoy son gobierno en Guerrero y prometieron que se iba a nombrar una Fiscalía Especial para que investigara a ex funcionarios por su responsabilidad del caso de Iguala.

Los ex funcionarios que deben ser investigados es al ex Procurador de Justicia, Iñaky Blanco Cabrera, al ex gobernador Ángel Aguirre Rivero, a policías estatales y ex autoridades del Poder Judicial, informó el activista y abogado.

Un testigo protegido que ha rendido declaraciones del caso involucró a Iñaky Blanco de recibir 50 mil dólares del grupo delictivo Guerreros Unidos.

«Estamos hablando de un alto funcionario que recibía ese dinero de un grupo delictivo que participó en la desaparición de nuestros 43 compañeros en Iguala», afirmó Rosales Sierra.

En la protesta se acusó al gobierno de Salgado Pineda de emprender una campaña sucia contra el movimiento de los padres y madres de los 43 y normalistas de que con sus movilizaciones generan desestabilización en Guerrero.

Los normalistas, padres y madres de los 43 así como organizaciones sociales han realizado marchas, cerraron la autopista e irrumpieron en la zona Naval en Acapulco además de que este miércoles se llevaron cinco autobuses.

Estas protestas ha generado que en las redes sociales se acuse a este movimiento de «vándalos» y «radicales», además de frases de contenido racista.

Rosales Sierra aseguró que toda esa propaganda «negra» contra el movimiento por los 43, proviene del Palacio de Gobierno.

Señaló que la desestabilización o ingobernabilidad que hay en Guerrero la están creando las autoridades de la administración estatal por su ineptitud para gobernar.

«Todos los días hay y habrá marchas y bloqueos porque este nuevo gobierno que se dice de izquierda no resuelve nada», sostuvo.

La jornada de lucha terminará en Guerrero con una protesta afuera de las instalaciones de Ciudad Judicial en Iguala este viernes 10 de junio, sábado y domingo en la Ciudad de México.

Masacre de El Charco, 24 años de impunidad

Efrén Cortés sobrevivió a la masacre que encabezaron los Gafes, ese cuerpo táctico compuesto por militares de élite entrenados para operaciones especiales adiestrados en Estados Unidos. 


Texto: Amílcar Juárez 

Fotografía: Oscar Guerrero 

Chilpancingo 

 

La madrugada del 7 de junio de 1998, el 27 Batallón de Infantería cercó la comunidad de El Charco. Las botas de los militares sonaron en el techo de la escuela primaria Caritino Maldonado Pérez. 

“¡Salgan le vamos a dar su chilate con pan!”, gritaron los soldados. 

“¡Ríndanse, perros!”, insistieron.  

“¡Salgan putos, entreguen las armas!”, retaron. 

El 27 Batallón de Infantería, del entonces Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales (Gafes) no mediaron más: lanzaron ráfagas con sus armas de alto poder a las  paredes de la primaria. 

En ese momento la región naa´savi del municipio de Ayutla de los libres y en toda la región Montaña, había una fuerte presencia organizada del movimiento guerrillero del Ejército Popular Revolucionario (EPR).  

Este movimiento, fue considerado como amenaza en la región por los aparatos de seguridad nacional y se desplegó un plan de contrainsurgencia y militarización. 

Entre noviembre y diciembre de 1997, el proyecto original del EPR se fracturó, en el movimiento insurgente en Guerrero surgió una nueva visión denominada “el poder popular”. 

La fractura, en esencia fue por la nueva estrategia: la lucha popular masiva ya no estaría caracterizada por las armas, por la construcción de núcleos de combate y por un Ejército. 

Esa diferencia provocó una escisión en el EPR.  

El 6 y el 7 de junio de 1998, en El Charco se convocó a los pueblos para consultarlos sobre dos temas: la ruptura con el EPR y su autonomía. 

“Ese 7 se estaba dando una consulta para tratar dos temas: la ruptura y el aspecto de la autonomía, pero la autonomía no nada más de la parte de Ayutla sino de toda la Montaña, se estaba replanteando sobre los municipios autónomos para que se empezara a construir una nueva forma de relación política con el estado y la Federación”, dice Efrén Cortés, uno se los sobrevivientes de la masacre.  

El 6 de junio, los pueblos decidieron adherirse al ERPI; al día siguiente se abordaría la autonomía pero eso no fue posible, los militares los atacaron. 

La columna. Los civiles 

Han pasado 24 años de esa masacre, Efrén Cortés sobrevivió a la masacre que encabezaron los Gafes, ese cuerpo táctico compuesto por militares de élite entrenados para operaciones especiales adiestrados en Estados Unidos.  

En este 2022 reconstruye esos días, esas horas que se vivieron en El Charco. 

“El Ejército se encontraba en dos poblaciones cercanas denominadas El Piñal y Coxcatlán, se sabe que hubo una fuga de información, aún es difuso si se trató de una delación. El Ejército sabía que había una consulta popular donde convergen la insurgencia armada y la base social, por eso la columna del ERPI estaba el día que se dio la masacre. 

“Lo que sucede es que se da la reunión el día 6, se pide a la base que se retiren, pero la población no se quiso retirar y deciden pernoctar en el mismo sitio donde se encontraba la columna de combatientes. 

“Cuando ellos llegan, llegan disparando y aniquilan a dos de los guardias (de la guerrilla) y se da el cerco, se empieza la negociación, se les dijo a los Gafes: `está la columna aquí, pero hay civiles´, 20 fueron detenidos, pero habían más. 

“La reunión aglutinaba alrededor de 300 personas la mayoría autoridades comunitarias de su población, pero muchos quedaron fuera del cerco militar. 

“Cuando sucede esto los responsables de la columna, le dijeron al Ejército que permitieran que saliera la gente civil, los mandos del Ejército dijeron no porque si están con la guerrilla algo tienen de responsabilidad. Es esto lo que propicia que la columna del ERPI abra fuego para tratar de romper el cerco. 

“Las primeras unidades que salen si rompen el cerco, salieron dos pelotones porque ahí había una concentración muy grande fuerzas regulares y base desarmada, se rompe el cerco y los Gafes se percatan de esto  y  emplean una táctica con granadas con aditivo ahí ya fue muy difícil romper cerco porque empezaron a tirar morteros. Son estas esquirlas la que han dejado huella en las paredes de la escuela primaria  

“Las granadas fueron arrojadas al interior de las dos aulas donde se encontraban los civiles y guerrilleros lo que provocó un sinfín de heridos por las esquirlas. Es por eso que nosotros decimos sí hay enfrentamiento, pero hay ejecuciones de rendidos y de gentes desarmadas. 

“La reunión se dio, si hubo una consulta social donde había una influencia del movimiento insurgente sobre un pueblo que si apoyaba, pero bajo una lógica diferente, la Montaña desarmó el vanguardismo, la dictadura del proletariado, lo desarmó por varias cosas porque los pueblos indígenas dijeron más que revolución tenemos que organizarnos”. 

El error. El Pitazo 

—¿Cuántos combatientes estaban el 7 de junio? 

—En la concentración de la consulta había cuatro columnas cada una con dos pelotones una suma de 48 milicianos con sus respectivos mandos, más la base por eso hubo una confrontación grande porque había poder de fuego. 

—¿Cuáles fueron los errores por parte de la insurgencia? 

—Hubo un problema de exceso de confianza y que violó los principios de seguridad, el error en particular que se cometió ahí fue que las columnas pernoctaron dentro de la población, eso jamás se debería cometer porque ahí no te puedes ni defender y si te defiendes como se intentó vine la represión sobre varias cosas. 

Existen indicios que alguien le dio el pitazo al Ejército que estaba muy cerca, pero eso fue un 20 por ciento, porque en un 80 por ciento fue un error de los responsables de no tomar las medidas que deben de tener una columna guerrillera. 

La columna guerrillera debe de moverse, nunca pernoctar tanto tiempo, tiene que moverse para evadir el cerco o la estrategia del Estado, porque el Estado siempre va estar con sus aparatos de inteligencia, con sus operativos, con sus infiltraciones. 

—¿Murieron altos mandos del ERPI en el enfrentamiento? 

—No cayó nadie de la dirección nacional, pero sí cayeron mandos regionales fundamentales para la región, murieron cuatro que eran fundamentales para el proceso. 

—¿Existió una campaña de contrainsurgencia antes de la masacre?í 

—Sí existió, después de la aparición pública del EPR en el vado de Aguas Blancas, la toma de Tecoanapa y la propaganda armada. El Estado sí consideró al EPR y a todas sus ramificaciones como un peligro para su existencia sobre todo por la capacidad de fuego, nunca se había presentado un movimiento con esas características, con esa estructura, con esa disciplina. 

El Estado comenzó a utilizar una estrategia llamada Aldeas, empezó a construir pequeñas aldeas en Coxcatlan Candelaria, en El Piñal, en Quiahuitepec y ya no se retiran, tomaron parte de la zona serrana, para estar observando desde dentro. La masacre se da dentro de un contexto de militarización y de contrainsurgencia. 

Basta recordar que al mando del batallón se encontraba Alfredo Oropeza Garnica, el encargado del plan Arcoíris empleado en 1994 en la selva Lacandona y los altos de Chiapas, en la zona de influencia del EZLN. 

En El Charco también tiene una lógica de contrainsurgencia porque ellos sabían que allí había base social y no permitieron salir a los civiles, la estrategia era contener o aniquilar a la insurgencia. 

El 27 Batallón Infantería llegó primero a Costa Chica a la población de Buena Vista, para esos años el batallón que se encontraba en el Tuci, en Atoyac, también era de Fuerzas especiales, posterior a la masacre se desplegó otro en la ciudad de Tlapa. 

En los manuales de guerra de amplio espectro del sociólogo Venezolano Carlos Lanz sostiene que una de las estrategias es golpear a la población con temas culturales. 

Antes de la masacre de El Charco se habían cometido violaciones sexuales por militares a mujeres en la región en su mayoría menores de edad, entre los 13 y 14 años, se registraron alrededor de 40 casos. 

En la reunión del 6 y 7 de junio se estaba tratando ese tema, la respuesta que se iban a emplear, además de que el Ejército influenciaba con drogas y alcohol a los jóvenes de las comunidades. 

—Nuevamente el 27 Batallón de Infantería, ahora en Iguala en el caso Ayotzinapa 

—Sigo sosteniendo que en el caso Ayotzinapa para mí fue una estrategia de contrainsurgencia, aunque se le ha querido quitar peso con las incorporaciones de grupos delincuenciales. 

Está documentado periodísticamente que desde que salieron de la normal los iba monitoreando el Cisen, hoy CNI, lo que planteo es que si los aparatos de inteligencia los iban monitoreando y se dieron cuenta que la Policía de Iguala los detuvo y esta policía se los entregó a los grupos delincuenciales porque no hicieron nada, si dicen que existe una coordinación entre instituciones donde participa el Ejército, la Marina la Policía Federal, las policías estatales y municipales, ¿por qué no evitaron esta barbarie¿. 

Ese mismo batallón que estuvo presente en la masacre de El Charco, algo sabe sobre lo que pasó. Otra situación sospechosa es que ocho estudiantes eran de Tecoanapa y cuatro de Ayutla, once en total, de los cuales muchos de esos padres de familia estuvieron con nosotros. 

Pareciera ser un mensaje de escarmiento. 

—¿Cómo es la situación jurídica del caso de la masacre de El Charco en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? 

—La demanda se realizó por dos argumentos: uno por ejecución extrajudicial y la segunda es por tortura. 

En la ejecución extrajudicial existen cinco compañeros que tienen “tatuaje”, lo que indica que fueron asesinados a quemarropa, se le denomina tatuaje cuando el hueso es quemado con la pólvora. 

El estado no puede negar eso porque está demostrado que hubo ejecución, porque eso es lo vimos primero, estaban heridos, después que nos llevaron hacia otro lado escuchamos balazos, eso da entender que fueron ejecutados. No lo vimos, pero lo escuchamos. 

En el caso particular de Ericka Zamora (también sobreviviente) y el mío está documentado que fuimos torturados, los médicos legistas dijeron: `estos vienen bien jodidos´. 

Esas son cosas que el Estado no se las puede quitar. 

La demanda fue recibida en 2012 por la CIDH y hubo admisibilidad por parte del Estado mexicano donde señaló que existen indicios, que se violaron muchos artículos, hay sospechas de que hubo ejecuciones extrajudiciales y está demostrado que hubo tortura. 

El Estado lo admite, ahora lo que estamos esperando es el informe de fondo y este busca establecer la violación de derechos humanos y ponerse de acuerdo entre Estado y victima del caso, de no llegar a un acuerdo se turnara a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, esta es ya la segunda instancia. 

En estos momentos se está esperando el informe de fondo, lleva 10 años la demanda, pensamos que el informe saldrá a la luz a finales del sexenio de (Andrés Manuel) López Obrador o del siguiente, sabemos que es un juicio tardado. 

En los hechos ocurridos en la comunidad de El Charco, del municipio de Ayutla de los Libres, murieron 11 personas, cinco heridos y 22 detenidos. 

 

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«Estancadas las investigaciones contra el Ejército», dice madre de uno de los 43 al iniciar jornada de lucha

Durante el mitin efectuado en la alameda Granados Maldonado ubicada casi en el centro de esta ciudad de Chilpancingo, la madre del normalista acusó que el gobierno federal se ha empeñado en proteger a los elementos del 27 Batallón de Infantería de Iguala.


Texto: Amapola Periodismo

Fotografía: Oscar Guerrero

Chilpancingo

 

Padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, organizaciones sociales y del magisterio iniciaron una jornada de lucha en protesta porque el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha paralizado las investigaciones del caso para proteger al Ejército Mexicano y a funcionarios de la ex tinta Procuraduría General de la República (PGR).

«Desde el 2018 a la fecha se han realizando investigaciones pero de manera parcial y hoy podemos decir que hay un estancamiento en ellas que impide conocer lo sucedido», señaló Hilda Leguideño Vargas madre del estudiante desaparecido Jorge Antonio Tizapa.

Durante el mitin efectuado en la alameda Granados Maldonado ubicada casi en el centro de esta ciudad de Chilpancingo, la madre del normalista acusó que el gobierno federal se ha empeñado en proteger a los elementos del 27 Batallón de Infantería de Iguala.

«Las nuevas indagatorias establecen que las fuerzas armadas están implicadas en distintos niveles de la desaparición de los 43 ya que (el Ejército) realizó un monitoreo desde su salida de la normal de Ayotzinapa, su llegada a Iguala, los momentos de la agresión que sufrían los jóvenes y su desaparición», externó.

La madre del normalista desaparecido afirmó que el 26 de septiembre del 2014, las fuerzas armadas patrullaron (las calles de Iguala) y presenciaron la agresión que sufrían los jóvenes e hicieron contacto con algunos de ellos e inspeccionaron lugares como en los separos de la policía municipal donde probablemente se encontraban detenidos un grupo de estudiantes.

«Además (el Ejército) mantenía un vínculo con el grupo delictivo Guerreros Unidos y algunos mandos del 27 Batallón que estaban en la nómina del grupo delictivo», expresó.

Indica que hay un testigo protegido que asegura que 25 normalistas fueron ingresados al 27 Batallón de Infantería la noche del 26 de septiembre.

«Fueron interrogados (los estudiantes) y algunos asesinados y posteriormente entregados a un grupo delictivo que privó de la vida a todos los estudiantes en cautiverio», expresó.

Hilda Leguideño señala que el Ejército Mexicano posee toda la información y los datos de prueba que permitirían esclarecer los hechos pero se ha negado a proporcionarla pese a que ha sido requerida por las autoridades.

Denunció que tampoco las autoridades han investigado y corroborado la responsabilidad de los elementos del Ejército pertenecientes al 27 Batallón de Infantería de Iguala pese al señalamiento directo de testigos.

La madre del normalista desaparecido dijo que el propio presidente Andrés Manuel López Obrador se ha negado a dar órdenes para Ejército Mexicano entregue la información necesaria.

«Definitivamente los hilos de la investigación que nos puede conducir al conocimiento de la verdad y de los responsables se encuentran en los archivos del Ejército Mexicano», dijo durante el mitin Guadalupe Leguideño.

Los padres de los 43, maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación del Estado de Guerrero (Ceteg), estudiantes de las 16 normales rurales del país, colectivos de familiares de los otros desaparecidos y del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa la Parota (Cecop) iniciaron la jornada de lucha 26 de Septiembre no se Olvida.

Los manifestantes arribaron a Chilpancingo a bordo de 20 autobuses e iniciaron una marcha de la estatua Nicolás Bravo hacia la alameda Granados Maldonado.

Las actividades de los padres de los 43 y organizaciones sociales, incluyen marchas en Acapulco, Ciudad de México y un plantón en la autopista del Sol en Chilpancingo.

Durante el mitin aquí en Chilpancingo, Melitón Ortega, vocero de los padres de los 43, condenó que este gobierno de Obrador ni siquiera ha podido extraditar a Tomás Cerón de Lucio, ex jefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) que se encuentra refugiado en Israel.

A Cerón de Lucio se le señala de haber presenciado y tolerado la tortura de quienes fueron detenidos por el caso de la desaparición  de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

A petición del gobierno mexicano la Interpol ya lo tiene fichado sin embargo no ha podido ser extraditado pese a que enfrenta varias órdenes de aprehensión en su contra.

Desde el 2018, fecha del arribo de Obrador a la presidencia, se han librado órdenes de aprehensión contra diez ex funcionarios por diversos delitos del caso Ayotzinapa.

Algunos de éstos ya están detenidos.

«Solo se han realizado búsquedas para encontrarlos muertos, pero no los buscan vivos y mucho menos detienen a los verdaderos responsables», dijo uno de los dirigentes de la Normal de Ayotzinapa durante el mitin.

La protesta de los padres y organizaciones sociales concluyó con el himno Venceremos.

 

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Bloquean carretera Acapulco_ Chilpancingo para exigir búsqueda de estudiante

Texto: Jesús Guerrero

Fotografía: Redes

Chilpancingo

 

Familiares y vecinos de una menor de edad que fue privada de su libertad por hombres armados bloqueaban hasta la noche de este viernes la carretera federal Acapulco-México para exigir a las autoridades de la Fiscalía General del estado su búsqueda y presentación con vida.

Denunciaron que este viernes poco después de las siete de la mañana Joselyn Patricio de 16 años de edad junto con su novio se dirigía a clases al Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Guerrero (CECYTEG) cuando varios hombres armados se la llevaron y la subieron a la fuerza a un automóvil compacto.

Los secuestrados golpearon al novio de la menor de edad.

La escuela donde estudia la menor de edad está ubicada en la calle San Agustín en la Unidad Habitacional que lleva el mismo nombre.

El bloqueo de los inconformes se concentró en el punto conocido como El Retorno, en la zona suburbana de Acapulco.

«Estamos aquí (en el bloqueo) porque es la única forma que nos escucha el gobierno porque si ponemos la denuncia (ante el Ministerio Público) nos echamos tres, cuatro o cinco, seis y hasta un mes sin solución», señaló un familiar de la menor de edad.

«Por eso estamos aquí por si viene alguien y sea poderoso y nos oiga y pueda echarnos la mano», afirmó la mujer quien pedía la presencia del personal de la Fiscalía para que realizaran la búsqueda de la menor de edad.

Señaló que ellos junto con policías ministeriales empezaron a buscar a la menor de edad en casas abandonadas pero no lo han encontrado.

«Nosotros esperamos encontrarla bien y no es la única niña que ha desaparecido sin tener el apoyo de nadie», dijo la mujer que se identificó como tía de Joselyn Patricio.

Hasta las ocho de la noche la vía seguía cerrada por los inconformes ante la falta de respuesta de las autoridades.

 

Hallan muertos en un accidente a los del CIPOG_EZ, dice FGE; exigen que se investigue

Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Oscar Guerrero / Archivo

7 de mayo de 2022

Chilpancingo

Los dos integrantes del Consejo Indígena y Popular de Guerrero – Emiliano Zapata (CIPOG-EZ) que fueron reportados como desaparecidos murieron en un accidente automovilístico, informó la Fiscalía General del Estado.

En un comunicado de la FGE señala que  los cadáveres de Marcos Campos Ahujote y Lorena Chantzín Paxacuasingo, fueron hallados dentro de una camioneta marca Nissan color gris con caja azul y placas de circulación del estado de Guerrero.

Esto en la carretera Chilapa_ Atzacualoya en un barranco de 40 metros de profundidad.

«Por consiguiente no fueron privados de su libertad cómo círculo a través de redes sociales; sin embargo, se abrió una carpeta de investigación correspondiente por el delito de homicidio por tránsito terrestre», se lee en el comunicado de la FGE.

En el lugar de los hechos se hallaron las credenciales de las víctimas por lo que fueron identificadas rápidamente. Los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense (Semefo) para la necropsia de ley.

De acuerdo con lo difundido por el CIPOG – EZ, Marco Campos y Lorena Chantizin desaparecieron la tarde del pasado viernes cuando circulaban por la carretera Chilapa – Atzacoaloya.

Los integrantes de la organización acusaron de las dos desapariciones al grupo delictivo al que identifican como Los Ardillos.

Después de que la FGE dio a conocer esta información, la CIPOG_ EZ, exigió a las autoridades que realicen una investigación e insisten de que tanto Marcos y Lorena fueron desaparecidos y que se percataron de que los cadáveres de ambos tenían huellas de tortura.

“Sabemos que fueron Los Ardillos, Celso Ortega y la gente que integra al grupo narcoparamilitar, particularmente Audencio Lucas Rosario, quien está operando en la zona de Chilapa asesinando y secuestrando”, acusó a través de un comunicado la mañana de este sábado la CIPOG_EZ.

Exigen liberación de presos políticos sobrevivientes de la masacre de Aguas Blancas

Se trata de Antonio Barragán Carrasco, Gilberto Aguirre Bahena, Gerónimo Hernández Refugio y Orlando Ávila Mesino, cuya liberación fue exigida por Rocío Mesino asesinada en octubre de 2013


Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Oscar Guerrero

25 de abril de 2022

Chilpancingo

 

Integrantes de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) exigieron al gobierno federal la liberación de cuatro presos políticos que llevan 20 años privados de su libertad.

Pidieron al presidente, Andrés Manuel López Obrador, aplicar la amnistía que propuso o en su defecto ejecutar el Protocolo de Estambul que consiste en un conjunto de directrices reconocidas internacionalmente por los médicos y abogados para determinar si una persona fue torturada y cómo documentar los síntomas. La documentación puede servir como prueba válida e independiente ante un tribunal.

Los cuatro presos políticos son Antonio Barragán Carrasco, Gilberto Aguirre Bahena, Gerónimo Hernández Refugio y Orlando Ávila Mesino, sobrevivientes de la masacre de Aguas Blancas, a quienes acusaron injustamente de secuestro, denunció Norma Mesino Mesino, representante de la OCSS.

Barragán Carrasco, Aguirre Bahena y Hernández Refugio tienen 20 años en distintas prisiones del país, mientras que Ávila Mesino fue encarcelado en 2011.

En conferencia de prensa la dirigente de la OCSS, Norma Mesino dijo que lleva un mes sin tener comunicación con Hernández Refugio y desconoce su paradero, porque las autoridades carcelarias no informan si continúa preso en la cárcel de Chilpancingo o trasladado al estado de Chiapas.

“Tememos por la vida del compañero Gerónimo, un mes antes de que perdiéramos comunicación con él, nos dijo que estaba recibiendo amenazas de muerte”, dijo Mesino.

En la conferencia estuvieron presentes familiares de los presos políticos quienes confirmaron que fueron torturados durante el proceso de detención y que sus declaraciones fueron conseguidas bajo tortura.

Desde el año pasado la OCSS y los familiares de las víctimas buscaron al presidente de la República para plantearle que los presos políticos sean beneficiarios de la amnistía, contaron que fue a través de las madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa quienes le hicieron llegar un carta a López Obrador durante una reunión el 26 de septiembre de 2021.

Sin respuesta la OCSS comenzó una campaña para exigir la liberación de los cuatro presos políticos, a la que denominaron Campaña por la liberación de los presos políticos de la OCSS.

Fue durante la conferencia matutina del presidente, el pasado 21 de abril, que López Obrador habló del tema y mencionó que “se revisará el caso y actuarán en favor de las víctimas y a garantizar la libertad de los que injustamente están detenidos”, dijo el presidente.

A cuatro días que el presidente dio esas declaraciones la dirigencia de la OCSS dijo que todavía no hay un acercamiento de algún representante o autoridad federal con las familias ni los abogados de las víctimas.

Norma Mesino agregó que están conscientes de que por el tipo de delito que los acusan no pueden ser beneficiados por la Amnistía presidencial, por eso se busca aplicar el protocolo de Estambul.

Agregó que de parte del gobierno estatal que encabeza la morenista, Evelyn Salgado Pineda, no existe la voluntad política para resolver el caso.

Norma y los demás integrantes de la OCSS lamentaron que la FGE criminaliza a sus familiares, mientras la administración estatal “hace oídos sordos”.

Explicaron que debido a los cambios en el gabinete estatal el caso no puede avanzar. “Ya llevábamos avances significativos con Saúl López Sollano, pero cuando lo quitan de secretario general tuvimos que empezar de nuevo, ahora ya nadie nos contesta las llamadas”, mencionó Norma Mesino.

Barragán Carrasco, Hernández Refugio y Aguirre Bahena son sobrevivientes de la Masacre de Aguas Blancas, municipio de Coyuca de Benítez, en la Costa Grande, ocurrida el 28 de junio de 1995, y fueron detenidos entre 2000 y 2001, acusados de secuestrar a la hija del empresario Eduardo Gallo, originario de Morelos.

Ávila Mesino es uno de los cuatro que permanecen en prisión, con pruebas «evidentemente fabricadas», de acuerdo con la OCSS, por las que fue señalado, junto con su prima Rocío Mesino Mesino, de participar en un secuestro ocurrido el 23 de junio de 2011.

Rocío Mesino fue asesinada en octubre de 2013 mientras encabezaba las exigencias de libertad a los cuatro presos políticos.

¡Justicia! por feminicidio de Frida Alondra, gritan en marcha en Cuajinicuilapa

Al término de la marcha las manifestantes fueron recibidas por la síndica y el secretario general. Les informaron que hay avances en las investigaciones pero que no pueden dar más detalles.


Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Especial 

18 de abril de 2022

Chilpancingo

 

Activistas feministas y pobladores del municipio de Cuajinicuilapa, en la Costa Chica de Guerrero, marcharon y protestaron en la ayuntamiento, ubicado en esa cabecera municipal, para exigir a las autoridades esclarecer el asesinato de Frida Alondra, hallada asesinada el pasado 12 de abril en el municipio de San Juan Bautista Lo de Soto, en el estado de Oaxaca.

Durante la protesta exigieron a las autoridades del estado de Oaxaca justicia y el pronto esclarecimiento de los hechos, y al gobierno de Guerrero pidieron que coadyuve con las investigaciones.

La marcha comenzó a las 11 de la mañana y recorrió las principales calles de Cuajinicuilapa y concluyó fuera del ayuntamiento municipal. Al término de la marcha las manifestantes fueron recibidas por la síndica y el secretario general. Les informaron que hay avances en las investigaciones pero que no pueden dar más detalles.

De acuerdo con las manifestantes hay varios casos en la región de mujeres desaparecidas y por eso decidieron marchar.

Fuera del ayuntamiento mujeres gritaron consignas en apoyo a Frida Alondra y contra la violencia feminicida.

“¡No estamos todas, nos falta Frida!”, “¡Justicia para Frida!”, gritaban las manifestantes.

Colocaron algunas mantas y carteles donde se leía “Queremos poder caminar sin miedo por las calles”, “Mujeres afroamericanas no se tocan, no se violan, no se matan”, se leía en las carteles.

A la manifestación asistieron colectivos de mujeres afrodesecientes y población de Cuajinicuilapa.

Frida Alondra de 17 años salió de su casa en Cuajinicuilapa, Guerrero, el sábado 9 de abril para dirigirse a la localidad vecina San Juan Bautista Lo de Soto, en el estado de Oaxaca, ubicado a 14 kilómetros de distancia. Se supo que Frida Alondra asistió a una celebración por el viernes de dolores en la comunidad oaxaqueña.

La menor de edad no regresó a su domicilio y horas después sus familiares comenzaron su búsqueda.

El 12 de abril, tres días después, el cadáver de la menor fue hallado en un camino rural de la comunidad de San Juan Bautista de Lo de Soto.

Las comunidades de San Juan Bautista y Cuajinicuilapa se unieron para pedir a las autoriades correspondientes el esclarecimiento de los hechos.

El pasado 17 de abril mujeres de Oaxaca marcharon en las calles de San Juan Bautista Lo de Soto para exigir justicia por Frida, se mencionó que realizaran otra el próximo fin de semana.

La Colectiva de Mujeres Afromexicanas en Movimiento (Muafro), integrada por mujeres de la Costa Chica de Guerrero y Oaxaca, mediante un comunicado, mencionaron la gravedad de los asesinatos y las desapariciones de mujeres en los últimos días.

“Este acto de violencia extrema contra una joven afromexicana no es un hecho aislado, se da en un contexto de impunidad y violencia generalizada en nuestros territorios y en el país, en un México Feminicida donde se asesinan 11 mujeres diariamente y donde sistemáticamente se invisibilizan las violencias que vivimos niñas, adolescentes y mujeres afromexicanas”, puntualizó la Muafro en su comunicado.

 

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