Fotografía: Cromática Agencia Fotografíca y Multimedia
Chilpancingo
Militantes de organizaciones sociales y estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, protestaron afuera de las oficinas del Instituto Nacional de Migración (INM), en Acapulco, para exigir la destitución de su director Francisco Garduño Yáñez.
Durante la protesta en la que estuvo el sacerdote José Filiberto Velázquez Florencio, los manifestantes acusaron a Garduño Yáñez de ser el responsable de la muerte de los 39 migrantes durante un incendio en un albergue en Ciudad Juárez, Chihuahua, este lunes 27 de marzo.
“Fue un crimen de Estado”, “Justicia, castigo a los responsables”, “Las estaciones migratorias no son albergues, son cárceles”, se leía en las pancartas que los inconformes pegaron en las paredes de estas oficinas ubicadas en el Fraccionamiento Costa Azul de Acapulco.
Exigieron al gobierno de Andrés Manuel López Obrador la repatriación inmediata de los cadáveres de los migrantes e investigación pronfunda para castigar a todos los responsables del incendio.
“No es justo que solamente se esté castigando a funcionarios de menor rango en el Instituto exigimos que se detenga todos”, dijo el sacerdote Velázquez Florencio, quien es presidente del Centro de Derechos Humanos Minerva Bello.
“El Instituto Nacional de Migración utiliza con diferentes nombres estas estaciones migratorias, pero finalmente su funcionamiento es el mismo que es privar de la libertad a las personas, las encierran con candados y les quitan su movilidad”, dijo en el mitin el sacerdote.
También denunció que en su centro de atención tenía en calidad de refugiado a un migrante enfermo, a quien el INM se negó atender pese a necesitar ayuda médica.
“Esta persona es un migrante inglés que no puede hacer nada, está en el Hospital General Raymundo Abarca Alarcón en Chilpancingo”, sostuvo el cura.
Velázquez Florencio acusó al INM ppr su falta de humanismo con los migrantes centroamericanos.
“Nos quejamos de que en Estados Unidos tratan mal a nuestros migrantes mexicanos y aquí en nuestro país hacemos lo mismo con la gente de Centroamérica que viene de paso”, agregó.
Antes de que terminara el mitin, los normalistas gritaron consignas para exigir al gobierno la presentación con vida de los 43 desaparecidos en Iguala en septiembre del 2014.
Abel Hernández Barrera tenía 19 años cuando despareció, el 29 de agosto del 2022. Trabajaba en una tienda de conveniencia; quedó de verse con su novia después de cumplir su jornada laboral.
Ambos fueron al bar La Malquerida, ubicado en el andador Emiliano Zapata, en el centro de la ciudad de Chilpancingo.
De acuerdo con testigos de ese bar se los llevaron y ya no se supo más de ellos.
Tiempo después, la novia de Abel apareció.
Abel y su madre Rosario Barrera participaban de manera activa en el colectivo de búsqueda de personas desaparecidas María Herrera desde el 2018, cuando desapareció su hermano Daniel, de 10 años.
El 30 de agosto del 2022, la cabeza de Abel fue hallada en el interior de una hielera en una calle de la colonia Eduardo Neri, en la zona poniente de Chilpancingo.
La Fiscalía General del Estado (FGE) inició las investigaciones. El 4 de marzo detuvieron a seis hombres y a una mujer como presuntos responsables de la desaparición y asesinato de Abel.
El resto del cadáver de Abel lo hallaron en una casa ubicada en una calle de la colonia Nicolás Bravo.
En primer plano, Gema Antúnez, presidenta del Colectivo Familiares en Búsqueda María Herrera y en segundo plano, un familiar de Abel Hernández Barrera, en conferencia de prensa hoy en las instalaciones del SNRP de Chilpancingo.
La presidenta del Colectivo Familiares en Búsqueda María Herrera, Gema Antúnez Flores, en coferencia de prensa esta mañana, exigió a las auroridades que se aplique la ley y se castigue a los responsables.
Una de las personas detenidas por la desaparición y asesinato de Abel es Marisol Figueroa Núñez, hija de la activista por el caso Ayotzinapa, Marisela Núñez Trujillo, a quien se le conoce como la Tía Marchas.
Nuñez Trujillo, más reciente, ha realizado protestas en la capital para exigir la liberación de su hija a quien, según ella, fue torturada por los agentes de la Policía Ministerial.
Antúnez Flores llamó a asociaciones y organizaciones feministas a que no intervengan para que el caso sea aclarado. «Yo quiero creer en la justicia de Guerrero, les pido que se investigue y que si ellas son inocentes también tengan el tiempo de poner las pruebas de que son inocentes», comentó.
Este martes, la jueza de control, Yolanda Mora Silva, le dictó prisión preventiva a Marisol y a los otros seis de sus presuntos cómplices y dio de plazo 90 días para complementar las investigaciones y para el desahogo de más pruebas.
«Nosotros sólo estamos pidiendo justicia y no señalamos a nadie, somos respetuosos de lo que determinen las autoridades», agregó Antúnez Flores.
Integrantes del Colectivo Familiares en Búsqueda María Herrera de Chilpancingo durante una marcha por el andador Zapata el 30 de agosto pasado.
Familiares de Luz María acusan a la Fiscalía General del Estado (FGE) de haber dejado en libertad a su presunto feminicida, Fernando Flores Martínez, su ex pareja sentimental, quien era un empleado de una empresa gasera.
El día 2 de enero pasado. Fernando citó a Luz María en un lugar ubicado en las inmediaciones de Taxco. Discutieron. Después él arrojó a ella a un barranco de 15 metros de profundidad, caída de la que salió herida y después murió en un hospital.
Cuando Luz María era atendida estaba presente Fernando y los médicos lo enviaron a la Agencia del Ministerio Público para que rindiera su declaración sobre los hechos; se percataron que sus dichos eran contradictorios.
Fernando dijo, primero, que Luz María se había resbalado, después que se precipitó al barranco y, después, que quería suicidarse porque no podía vivir sin él.
«Lo más increíble es de que pese a las muchas versiones que dio sobre la muerte de mi sobrina, la Fiscalía General del Estado dejó en libertad a Fernando, ya que existen evidencias de que cometió un feminicidio”, dijo Cristian Mota, tío de Luz María.
Contó que la ex pareja sentimental de su sobrina tenía rasguños en el cuello y en los brazos, lo que le parece una certeza de que s tuvieron una riña.
Mencionó que debido a que él y demás familiares de Luz María estuvieron ocupados en los trámites del Servicio Médico Forense (Semefo) de Iguala para que les entregaran su cadáver para sepulturlo, descuidaron el caso en la Agencia del Ministerio Público donde suponían que estará detenido el agresor.
“Nos entregaron el cadáver de mi sobrina el 3 de enero, a otro día la sepultamos, y el 5 de enero a las diez y media de la mañana fuimos a la Agencia (del Ministerio Público) para ratificar la denuncia contra Fernando, y la sorpresa que nos llevamos es que ese mismo día lo dejaron libre”.
El caso lo atendió el representante social del distrito judicial de Alarcón, Ricardo Tapia Rivas, quien autorizó la entrega del cadáver de Luz María a sus familiares el 3 de enero, se lee en un documento oficial de la AMPFC con sede en Taxco.
La FGE emitió una ficha del caso en donde da a conocer la carpeta de investigación en contra de Fernando “N” por el delito de homicidio doloso en agravio de Luz María.
Sin embargo, la versión del tío de la víctima es que Fernando aún no es detenido y menos que la FGE le vincule al delito de feminicidio.
La omisión en la que ha incurrido la FGE en el caso ha provocado que los familiares y amigos Luz María y colectivos de mujeres feministas realicen protestas en Taxco para exigir justicia y la detención del presunto feminicida.
La última movilización que llevaron a cabo fue la tarde del pasado sábado 14 de enero; preparan otras más para los días siguientes en Taxco porque siguen sin tener respuesta del gobierno de la morenista Evelyn Salgado Pineda.
“Una de las omisiones que incurrió la Fiscalía es que no le realizó un estudio forense al agresor que tenía huellas de rasguños en la piel y se presume que eso lo sufrió mi sobrina cuando se defendió”.
Luz María tenía 34 años. Fernando que fue su última pareja sentimental, cuando ocurrió el incidente llevaban cinco meses de haberse separado.
“A mí y a mi mamá, Luz María nos contaba que era humillada por Fernando y la madre de él, y por eso decidió abandonarlo”.
Los familiares de Luz María supieron por algunos vecinos que Fernando golpeó a Luz María al menos dos veces durante los ochos meses que vivieron juntos.
Luz María antes tuvo una relación marital con otra persona con la que procreó dos hijos, una de 14 años y otro de 12 años.
Luz María trabajaba de intendente en la empresa minera La Suriana, ubicada en Arcelia.
“Ella (Luz María) se la pasaba en Arcelia porque trabajaba en la mina 20 días y 10 descansaba, y sus dos hijos se les dejaba de encargo a su papá biológico”, contó el tío.
El 31 de diciembre del 2022, Luz María estaba contenta porque había renunciado al trabajo en la mina porque tenía otros proyectos junto con sus hijos.
“Por eso es mentira lo que contó Fernando a las autoridades de que Luz María se quería suicidar; ella tenía a sus hijos y además planes para su futuro, es impensable que ella se haya aventado al barranco”.
En el 2013, Luz María vivió un episodio trágico, su padre, Mario Mota Pineda, fue privado de su libertad por hombres armados cuando estaba en un billar en Taxco.
Hasta la fecha, Mario, quien se dedicaba a producir y a vender joyería de plata, sigue desaparecido.
Luz María participó en las búsquedas de su padre y le dio seguimiento ante las autoridades.
“Fue un episodio que a mi sobrina le dolía mucho porque decía que en Guerrero no hay justicia”.
Eva Albavera Viveros, presidenta de la organización de Equidad y Autonomía en Movimiento de Género en Taxco, dijo que todas las circunstancias del caso de Luz María apuntan que fue un feminicidio.
“Ya había antecedentes de agresión contra Luz María por parte de su ex pareja y no entendemos porque fue dejado en libertad el presunto feminicidio”, explicó.
La activista feminista afirmó que durante la pandemia por el Covid-19 en Taxco aumentó la violencia contra las mujeres, pero la mayoría no acuden a interponer la denuncia porque no le tienen confianza a las autoridades.
Un feminicidio ocurrido en Taxco y que está documentado en la prensa de Guerrero, es el caso de la nutrióloga Magdalena Aguilar, quien desapareció el 13 de enero del 2018. A los 11 días después, su cadáver fue hallado descuartizado en la casa de su suegra; la asesinó su esposo.
En julio del 2022, César Gómez Arciniega fue detenido en Tijuana y actualmente está preso junto con su madre, quien fue cómplice, por el delito de feminicidio.
“En Taxco hay violencia feminicida y tenemos que parar esto exigiendo justicia, y en el caso de Luz María seguiremos protestando”, denunció la activista.
La Asociación Guerrerense de Violencia hacia las Mujeres documentó 107 casos de homicidios contra mujeres con presunción de feminicidios durante 2022.
Marina Reyna Aguilar, presidenta de esta organización, dijo que van a solicitar a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) que haga la declaratoria de alerta de violencia feminicida al municipio de Taxco.
Guerrero tiene dos alertas, la primera fue declarada en 2017 por violencia de género contra las mujeres para los municipios de Acapulco, Chilpancingo, Iguala, Tlapa, Chilapa, Ayutla de los Libres, Coyuca de Catalán, Zihuatanejo de Azueta y Ometepec. La otra alerta es por agravio comparado, la Conavim la declaró en 2020.
La activista feminista Reyna Aguilar consideró que el gobierno estatal sí ha implementado medidas preventivas para frenar la violencia contra las mujeres, “pero a pesar de esos esfuerzos los feminicidios siguen a la alza en Guerrero”.
En lo que va de este 2023, denunció la activista, ocho mujeres fueron asesinadas en distintos municipios de Guerrero.
El Colectivo de Familiares de Personas Desaparecidas María Herrera festejó el Día de Reyes y e inicio de año con las niñas y niños que son familiares de desaparecidos.
«Hacemos este festejo pequeño, pero emotivo, para todos los niños que conforman el colectivo y que han perdido un ser querido”, dijo Gema Antúnez Flores, representante del Colectivo María Herrera.
La actividad “para dar alegría a los niños” la organizaron todas y todos los integrantes del colectivo, quienes aportaron recursos, aun en su situación, de muchos de ellos, precaria.
Los niños bailaron, jugaron y recibieron aguinaldos de dulces y regalos. También rompieron piñatas. Antes, los asistentes, sobre todos los adultos, gritaron, “¡por todas nuestras personas desaparecidas!”.
El festejo a las niñas y niños ocurrió en una casa ubicada en la colonia Lomas de San Antonio, la tarde de este miércoles.
En total, son unos 83 menores del colectivo que tienen un familiar desaparecido: un padre, una madre, un hermano, una hermana, un tío, una tía (…). Al festejo acudieron 30 niñas y niños acompañados de sus familiares.
El resto, por la dificultad del traslado no asistieron; mucho viven fuera de la ciudad, como Iguala, Tixtla Chilapa, o hasta en otros estados de la República porque se han desplazado, como Chiapas y Nayarit.
Durante el festejo, las niñas, niños y sus familiares omitieron hablar más allá de la consigna de sus desaparecidos. “Queremos que esta momento lo disfruten los niños, es por y para ellos”, mencionó la madre de uno de los niños que asistieron al festejo.
Las piñatas, juegos, regalos, juguetes y aguinaldos fueron también gestionadas por el colectivo entre la sociedad civil, quienes aportaron los dulces.
“Diciembre fue para ellos muy triste porque muchos no tienen para festejar la navidad, año nuevo o Día de Reyes, y es para nosotros muy importante no dejar pasar desapercibidas las fechas”, mencionó Antúnez Flores.
La Comisión Estatal de Atención a Víctimas (CEAV) también les donó juguetes.
Por cierto, la CEAV tuvo un incremento de 20 millones el presupuesto este año porque aumentaron los desaparecidos en el país. En total tiene un presupuesto de 35 millones de pesos.
Sobre eso, Antúnez Flores mencionó que “esto es un tema que está creciendo, yo siempre digo que es como un cáncer que está avanzando y afecta bastante a la sociedad”.
El Colectivo María Herrera, comentó Antúnez Flores, insistió y gestionó ante el Congreso local un aumento en el presupuesto para la CEAV y para la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP).
“Nosotros esperamos que ese aumento responda a las necesidades y al problema de las familias de personas desaparecidas”.
Jerónimo, sobreviviente de Aguas Blancas, cumplió su sentencia este sábado 10 de diciembre del 2022, con una condena de veinte años en prisión, con graves violaciones al debido proceso jurídico, pero una nueva condena le impide la libertad
Texto y fotografia: Amílcar Juárez
El sol radiante ilumina medio rostro de Jerónimo Hernández Refugio, quien viste una camisa azul clara y pantalón de mezclilla. Es de estatura mediana y cabello corto. Sus ojos grandes y redondos miran fijamente. Su sonrisa es cubierta por un cubrebocas gastado, color azul.
Nos separa una malla rectangular. Jerónimo Hernández está en los locutorios del Centro de Readaptación Social (Cereso), de Chilpancingo.
En veinte años, Jerónimo no ha tenido contacto con la opinión pública. Piensa que es momento para aclarar varias cosas.
Jerónimo es de la Costa Grande de Guerrero. Desde su juventud, vio la necesidad de luchar por mejores condiciones. Su herencia campesina le hacía conocer las desigualdades económicas y sociales que vive la población de su región, por eso se integró a las filas de la naciente Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), nacida en Tepetixtla, municipio de Atoyac, en la región de la Costa Grande.
El 28 de junio 1996, la caravana de campesinos tomarían los palacios municipales de Tecpan y Atoyac, en demanda de la presentación con vida de Gilberto Romero Vázquez, integrante de la OCSS, víctima de desaparición forzada, pero fueron emboscados en un retén de la entonces Policía Motorizada y Judicial, las balas de los agentes acabaron con la vida de 17 campesinos en el vado de Aguas Blancas. Hubo varios heridos.
Jerónimo sobrevivió a la masacre, desde entonces, junto con otros integrantes de la organización fueron perseguidos por denunciar los hechos y acusar directamente al gobernador de ese entonces, Rubén Figueroa Alcocer, de ser el responsable; varios sobrevivientes fueron desplazados hasta el norte del país.
En 2002, Jerónimo fue detenido en Coyuca de Benítez, tenía 26 años; los delitos imputados fueron secuestro y posesión de arma de fuego los dos de índole federal. Lo trasladaron al Penal de las Cruces, de Acapulco, donde permaneció ocho años.
La primera sentencia, desde su detención, fue en el 2011, cometiéndose una grave violación al debido proceso.
Al igual que él, dos de sus compañeros desplazados y que trabajaban como jornaleros agrícolas en el valle de San Quintín, Baja California, fueron detenidos por la entonces Agencia Federal de inteligencia (AFI), coordinada a nivel nacional por Genaro García Luna, detenido en diciembre de 2019 por supuestos vínculos con un grupo del crimen organizado, denominados por el Estado como carteles del narcotráfico.
La primera sentencia contra Jerónimo fue de 20 años, por el delito de secuestro. Jerónimo niega haber cometido dicho delito y refiere que se trata de una vendetta en represión por su lucha incansable.
“yo pertenecí a la Organización Campesina de la Sierra del Sur, sobreviví a la masacre de Aguas Blancas y en aquel entonces más que nada fuimos perseguidos por la represalia del gobierno del estado y mi detención fue por la situación política porque el delito de secuestro yo no lo cometí”.
“En 2011 recibí la primera sentencia a 20 años de prisión, pero como nunca se presentó el agraviado, el magistrado me revoca la sentencia, y la última sentencia la tuve en 2017, fue la sentencia definitiva”.
Una estrategia de la prisiones según el filósofo Michel Foucoult es desligar al prisionero de su ámbito (lugar de origen, familia, amigos, base de apoyo) y en Hernández Refugio no fue la excepción, el cambio de reclusión comenzó de Acapulco a Taxco de Alarcón, de ahí a Chilpancingo, luego a Durango, después a Chiapas y con el apoyo del Comité por la Libertad de los Presos Políticos del Estado de Guerrero, pudo ser movido a su entidad federativa al centro de reclusión de la capital, a Chilpancingo.
La situación económica es mala, pues al estar en prisión por casi veinte años ha hecho estragos irreparables, desde hace un año no ha podido ver a su esposa ni a ninguno de sus cinco hijos, pues el traslado implica tarifas económicas que no son fáciles de sufragar.
“Cuando caigo en prisión, no tuve ningún apoyo, ni respaldo de la organización a la que pertenecía. Fui abandonado. Hasta la actualidad, en veinte años, ahorita lo andan haciendo, pero no sé en qué términos. Ellos publican que me están apoyando, que me están ayudando, cuando no es así, al contrario, llevo veinte años preso y para que el licenciado lleve mi defensa me han pedido dinero a mí, a mi familia, cosa que no tengo”.
La OCSS propuso para su defensa al licenciado Hegel Mariano, defensor de derechos humanos y consejero electoral.
Jerónimo cumplió su sentencia este sábado 10 de diciembre del 2022, con una condena de veinte años en prisión, con graves violaciones al debido proceso jurídico, pero una nueva condena le impide la libertad.
El 3 de noviembre pasado, activistas ingresan al Cereso de Chilpancingo para pedir informes sobre el caso del preso político Jerónimo Hernández Refugio. Foto: Amílcar Juárez.
Nueva sentencia
Jerónimo se reacomoda el cubrebocas que poco protege su nariz, y explica que el día 6 de diciembre fue llamado por una jueza.
“Ayer estuve con la jueza de ejecución, la licenciada Maritza Jiménez Santiago, yo estaba confiado que se me iba tomar en cuenta la prisión preventiva, pero no se respetó, eso porque el licenciado no se dio el tiempo o no tuvo, más que nada, ese interés de hacer el escrito y llevarlo ante el juez para pedir la simultaneidad de las penas para que éstas corrieran juntas pero no lo hizo, porque él dice que no le notificaron a tiempo, pero para mí es como una burla, un abandono porque yo soy su defendido de él y el mi licenciado y por cualquier cosa él debe estar pendiente de mi situación jurídica”.
La pena a que refiere Jerónimo es la de portación de arma de fuego, que no es tomada en cuenta en estos veinte años y le sentencia a tres años más tras las rejas.
Por momentos, mientras habla, parece desesperado, angustiado, pero luego recobra la calma con un esbozo de sonrisa que se adivina bajo el traslucido cubrebocas y comenta que tiene cuatro días hábiles para apelar, pero por lo que ha escuchado, su defensor ha aceptado la sentencia. Él no está de acuerdo.
Veinte años en la cárcel no son fáciles, dice, por que la situación dentro es muy dura. Hay trabajo, pero es mal pagado.
Jerónimo también quiere deslindarse de la organización a la que pertenecía.
“En vez de que ellos me estén ayudando, al contrario, están perjudicando mi salida. ¿Por qué? Porque el licenciado tuvo el tiempo de hacer ese escrito donde él iba pedir la simultaneidad de la pena y no lo hizo, no sé porque no lo hizo. Yo le hice el comentario que debería meter el escrito cuanto antes y no lo hizo”.
Jerónimo reconoce que la organización a la que pertenece ha hecho manifestaciones para exigir su libertad, pero en el ámbito legal no hacen nada.
“Una vez se comunicaron conmigo y me propusieron a un defensor para mi caso. Bajaron un recurso para solventar los gastos pero a mí me siguieron pidiendo recursos, entonces, no comprendo qué pasó”.
Como un mantra repite la misma frase: “Voy a seguir luchando por mi libertad”.
En estos cuatro días hábiles, cuenta, interpondrá una revocación de representante jurídico y pedirá a la defensoría pública se le asigne a un abogado de oficio.
En el cambio de abogado existe una temporalidad de días con los que ganará tiempo para pedir su expediente judicial pues no cuenta con él.
Pedirá que se tome en cuenta el tiempo de la prisión preventiva, además, que el proceso estuvo viciado desde un principio, que jamás declaró ninguna víctima del supuesto delito de secuestro.
En varias ocasiones, Jerónimo pidió un careo con su denunciante, pero nunca sucedió. Las autoridades dijeron que no lo pudieron localizar.
En México la fabricación de culpables es una realidad que llena las cárceles del país. Litigios como los casos Wallas o Cassez Vallarta son la prueba irrefutable de un sistema de justicia caduco.
Jerónimo espera reunirse con su esposa y sus cinco hijos que ve muy poco. Sólo lo visitan dos veces al año, por la falta de recursos. A su mamá y papá no los ha visto en casi un cuarto de siglo. Espera que el destino no le haga otra mala jugada, pues su mamá y papá ya tienen más de noventa años, han superado con creces el promedio de vida de la población mexicana.
La ruta marcada ahora es que lo más pronto la jueza tome en cuenta la apelación y los años de prisión preventiva en la simultaneidad de penas, aunque el fiscal le ha comentado que no se puede dar la simultaneidad de las penas, pero en las largas horas que pasa leyendo la Constitución, halló sustentos jurídicos de que sí es posible obtener la libertad inmediata, aunque él sabe que su situación es política, porque no existe un delito que haya cometido.
Cuando se le pregunta que es lo primero que hará cuando salga de prisión su rostro gesticula un pequeño rasgo de sonrisa tímida y dice: “seguir en la lucha, no hay de otra”.
Veinte años en prisión no son fáciles. El encierro, la preocupación, angustia y desesperación han pasado factura. Jerónimo tiene varias enfermedades crónico degenerativas, la pandemia de la Covid-19 lo colocó entre la población vulnerable.
Jerónimo ya no es el joven dirigente de 26 años que entro a prisión por un delito que, argumenta, fue fabricado y además vinculado al Ejército Popular Revolucionario (EPR).
Lo que es evidente, es que veinte años tras las rejas no han menguado el espíritu cálido, rebelde y justo de Jerónimo.
Fue decisión de la jueza, revira abogado
Entrevistado vía telefónica, Mariano Ramírez aseguró que el tema de la simultaneidad de las pruebas fueron entregadas a tiempo y que la decisión de que Jerónimo continuara en prisión fue de la jueza.
El oficio de simultaneidad fue un documento para pedir que la sentencia de cuatro años por portación de arma de fuego se le tomara en cuenta a Jerónimo junto con la sentencia de 20 años por secuestro.
Pero, al no ser tomado en cuenta el oficio, Jerónimo fue sentenciado de nuevo a otros cuatro años de prisión, por lo que seguiría en prisión hasta 2025. De haberlo considerado pudo ser liberado el pasado 10 de diciembre.
En la entrevista, Jerónimo habló sobre el oficio de simultaneidad. Mariano Ramírez, en una consulta aparte, dijo que sí presentó el oficio en audiencia y en presencia de Jerónimo.
“No es sólo lo que yo digo, si no que fue alegado y argumentado en audiencia, y Jerónimo estuvo presente y él se adhirió a lo que yo dije en esa audiencia, pero finalmente la juez tiene su propio criterio y nosotros no lo compartimos», mencionó.
Mariano Ramírez mencionó que dicha determinación no es definitiva, hay un recurso de apelación para que el cómputo de la sentencia sea tomada en cuenta tal como lo propuso la defensa de Jerónimo.
Es decir, pueden determinar que los cuatro años de prisión agregados a su sentencia sean contados en los 20 años que ya cumplió en prisión y sería liberado.
Ahora será la sala penal la que determine la procedencia del recurso de apelación, en caso de no resultar favorable para Jerónimo, explicó el abogado, recurrirían a un juicio de amparo.
“Tenemos que agotar todos los recursos legales y no quedarnos de brazos cruzados hasta el 2025”.
Lo que sucedió, agregó, fue que las dos sentencias de Jerónimo no fueron apeladas a tiempo en 2018, cuando le dictaron la sentencia, debido a inconsistencias en el proceso.
«Lo que sucedió fue que Jerónimo estaba preso en el penal federal de Durango y su proceso era en Acapulco y, obviamente, él nunca tuvo comunicación con su defensor, y las notificaciones le llegaron por correo y, pues, nunca pudo platicar con su defensa y la defensa nunca apeló, y él tampoco apeló”.
Sobre los cuatro años adicionales de sentencia a Jerónimo, aclaró Mariano Ramírez que ya existía la sentencia, pero el director del reclusorio no la presentó, y eso es lo que se busca objetivar.
“Nosotros esperamos que la ahora la Sala Penal valoré lo que nosotros argumentamos”, agregó. (Con información de José Miguel Sánchez).
Rodrigo Ramírez García era un joven de 18 años. A punto de recibir su certificado de preparatoria huyó de Guerrero a consecuencia de la persecución política de la que fue objeto por su militancia en los movimientos estudiantiles de la década de 1970.
Una noche de 1974 Rodrigo llegó a su domicilio particular y le dijo a su esposa, “arregla las cosas porque nos tenemos que ir a Mexicali”.
En aquel momento, la esposa de Rodrigo no comprendió su actuar ni el motivo tan repentino de la decisión.
A Rodrigo jamás lo vieron portar un arma, para él sus armas eran los libros de Carlos Marx y Federico Hengels que, en ocasiones, enterró en el patio de su casa para evitar ir a prisión.
Era la década de 1970, el periodo mas “sanguinario” de la guerra sucia, época que muchos académicos prefieren llamar terrorismo de Estado. Pues, el Estado, a través del Ejército y la Brigada Blanca, un cuerpo paramilitar creado para disolver a los movimientos sociales, tenían en la mira a cualquier personas cercana a los movimientos sociales de la época.
Desde movimientos estudiantiles, campesinos, obreros y colonos en contra del Estado eran objetivos de los militares.
Si te veían con un libro en la calle con tintes de izquierda era motivo suficiente para que la Brigada Blanca o Ejército actuara y detuviera a las personas con total impunidad.
Apellidarte Cabañas, o ser originario de Atoyac, de la Sierra o de San Luis Acatlán, de donde era originario el guerrillero Genaro Vázquez, eran motivos suficientes para que el Estado desapareciera a las personas sin ningún proceso judicial de por medio, de acuerdo con lo que han narrado familiares de desparecidos de etapa época, como lo hicieron durante el viernes y el sábado pasado en el conversatorio Diálogos por la Verdad y Justicia, convocado por el Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico de la Guerra Sucia en el auditorio de la Unidad Deportiva Chilpancingo
Fue así que Rodrigo, quien participó activamente en los movimientos universitarios en apoyo a los colonos de Acapulco que eran despojados de sus terrenos, y se solidarizaba con las causas internacionales del Che Guevara y Salvador Allende, huyó de Guerrero para resguardar a su familia.
Entonces tenía 18 años y su esposa 16, y ya tenían a su primer hija de un año, a la que llamaron Tania, en honor Haydée Tamara Bunke Bider, conocida como Tania La Guerrillera, quien junto con el Che combatieron al Ejército en Bolivia.
Eso hizo evidente la ideología de izquierda y revolucionaria que movía Rodrigo, aun cuando apenas culminaba sus estudios de preparatoria en la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG, ahora Uagro); estaba a días de recibir su certificado cuando huyó de Guerrero.
“Transcurría el año de 1979, la familia de Rodrigo había crecido y habían procreado a su segunda hija; Julia Araceli, y un tercero estaba en camino”, contó Rodrigo Ramírez Wences, el hijo que venía en camino.
Aun con su huída, Rodrigo no pudo escaparse de la desaparición forzada.
En la imagen, el periódico local Universitario, de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), publicó una nota sobre la desaparición de Rodrigo Ramírez García en Acapulco. Foto: José Miguel Sánchez.
Construir la memoria de lo desconocido
La historia de Rodrigo Ramírez García es contada por su hijo, Rodrigo Ramírez Wences. Él no conoció a su padre, la historia que contó la reconstruyó con las memorias de su madre y con la investigación que hizo en archivos, hemerotecas, documentos oficiales y apuntes.
“Yo nací un mes después de la desaparición de mi padre”, cuenta Rodrigo.
Este proceso que además de ser un homenaje familiar, tiene el objetivo de contar la historia de uno de los tantos desaparecidos que hubo en Guerrero durante la guerra sucia.
A través de esa historia, Rodrigo exige justicia y la aparición con vida de su padre.
El contexto social en el que creció Rodrigo, con un padre desaparecido por el Estado, lo llevó a buscar respuestas, y para eso debió prepararse.
En la actualidad es maestro de Análisis del mundo contemporáneo en la Facultad de Odontología de la Universidad Autónoma de Guerrero (Uagro). Está por realizar un doctorado en el que su proyecto de tesis es un comparativo de las comisiones de la verdad en America Latina.
La desaparición de Rodrigo
Rodrigo se fue a Mexicali, Baja California, donde logró hacer una vida más tranquila, los maestros de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) solidarios con estudiantes exiliados, le ayudaron a conseguir un empleo de jardinero el edificio de la institución.
Con el ánimo de continuar sus estudios, en 1979, con dos hijas y otro más en camino, decide regresar a Guerrero a tramitar el certificado que hace cinco años no pudo recibir.
“En septiembre de 1979, mi padre le comentó a mi madre que tenía que venir a Acapulco a tramitar su certificado de preparatoria, porque tenía la intención de continuar estudiando”, contó su hijo.
Rodrigo dejó dicho que si no regresaba de Acapulco, a su hijo que estaba próximo a nacer le pusieran el nombre de Vladimir Lenin, en honor al revolucionario ruso.
Al llegar a la Ciudad de México, envió un telegrama a su familia para decirles que estaba bien, días después, desde Acapulco envío otro telegrama y avisó que se quedaría “unos días más”.
Rodrigo se alojaba en la casa de un compañero de preparatoria desaparecido en 1975, de nombre Arturo.
La casa en la que se alojaba estaba a unas cuadras de la preparatoria y una mañana, de acuerdo a lo que pudo documentar su hijo, salió con dirección a la preparatoria y desde ahí nadie más lo volvió a ver.
“La desaparición de mi padre dejó a una madre con tres hijo de entre las edades de uno, tres y siete años”.
Rodrigo no reveló el nombre de su madre, pero hizo énfasis en todo lo que tuvo que enfrentar de manera emocional por la desaparición de su esposo.
“Mi madre, todos los días miraba por la ventana y venía a su mente la imagen de la silueta de la espalda de mi padre con su típica camisa de manga larga el día su partida, ella anhelaba ver de nuevo la ventana, pero ahora con el regreso de mi padre”, contó Rodrigo, el hijo.
Meses después, la familia Ramírez Wences regresó a Acapulco para emprender la búsqueda de Rodrigo.
Con la política emprendida por el entonces rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, Rosalio Wences Reza, de apoyar a las familias de los universitarios desaparecidos. La esposa de Rodrigo logra ingresar a laborar a la Universidad.
Mientras trabajaba en la prepa 17, en Acapulco, escuchó rumores de que en un periódico local, como nota principal, se publicó “que en el mar había flotado un cuerpo, el cual pertenencia a Rodrigo Ramírez García”.
La información de ese cadáver nunca pudo ser confirmada por la familia de Rodrigo, por lo que hoy, a 43 años de su desaparición, su hijo continúa con su búsqueda. Exigió a los representantes del Mecanismo para la Verdad se realice un memorial en la Uagro para honrar a los desaparecidos.
“Que ese memorial recuerde que a pesar de todas las injusticias cometidas estamos hoy en un proceso de justicia transicional”.
En la imagen, Rodrigo Ramírez Wences cuenta la historia de su padre y su desaparición durante la guerra sucia, esto durante el conversatorio Diálogos por la Verdad, organizada por el Mecanismo de Esclarecimiento Histórico de la Guerra Sucia, el pasado 10 de diciembre en Chilpancingo. Foto: José Miguel Sánchez
Fotografía: Cortesía Me Red Guerrerense por los Derechos de las Mujeres
Chilpancingo
Antes de que iniciara la audiencia del desahogo de pruebas del proceso de Aurelia García Cruceño, su abogada defensora, Verónica Garzón Bonetti, ofreció una conferencia de prensa en la que pidió que la jueza resuelva en favor de la libertad de su defendida, quien es acusada por el delito de aborto fortuito.
La audiencia empezó en el Juzgado de Control a las seis y media de la tarde de este jueves en las instalaciones de Ciudad Judicial, en Iguala, y se prevé que esta junta judicial dure varias horas.
Aurelia lleva tres años en prisión preventiva oficiosa acusada por el delito de homicidio en razón de parentesco.
Lo que la llevó a esa situación fue un aborto fortuito, producto de una violación sexual por parte de una autoridad comunitaria de su natal Xochicalco, municipio de Chilapa de Álvarez.
De acuerdo con la abogada defensora de Aurelia, durante la audiencia de hoy se desahogarán las dos últimas pruebas en defensa de Aurelia.
Estas pruebas consisten en una antropológica y otra de medicina forense.
«Se espera que podamos desahogar todo sin necesidad de volver a presentarnos en una nueva ocasión para poder terminar con esto y Aurelia pueda salir libre lo más pronto posible», mencionó Garzón Bonetti.
Confiaba que el pasado 28 de noviembre fuera la última audiencia, pero «por omisiones del Ministerio Público no se pudieron desahogar todas (las pruebas)”.
Ximena Ugarte Trangay, también abogada defensora de Aurelia, explicó que la prueba antropológica es muy importante para conocer el contexto en el que se desarrolló este caso.
«Es importante darle a la jugzadora y al Poder Judicial del Estado de Guerrero el contexto cultural donde sucedieron una serie de violencias comunitarias que la llevaron a tener un embarazo no deseado y un parto fortuito», comentó.
Comentí que Aurelia está nerviosa y en la incertidumbre por la sentencia que pueda dictar la jueza, ya que la Fiscalía General del Estado (FGE) «actúa de mala manera, con violaciones a sus derechos humanos”.
Uno de sus principales temores de Aurelia es que la audiencia no se lleve a cabo o no se culmine este mismo jueves.
Si todo sale bien y la FGE no retrasa el desahogo de pruebas de la defensa de Aurelia, se espera que la audiencia concluya aproximadamente a las 10 de la noche de hoy.
Aurelia salió de su pueblo por los estigmas que le generó su agresión sexual, sin saber que estaba embarazada, llegó a la ciudad de Iguala, en la región Norte del estado, lugar donde sucedieron los hechos.
Con 20 años, Aurelia fue encarcelada por abortar, juicio del que espera salir pronto.
Garzón Bonetti dijo que si esta es la última audiencia sólo restaría la sentencia, que de ser favorable, en cuestión de días Aurelia estaría libre. De lo contrario, comentó, seguirán en la lucha junto a Aurelia.
Antes de ingresar a la audiencia, las abogadas defensoras de Aurelia dieron una conferencia de prensa en la que informaron que si la sentencia es favorable, Aurelia quedará libre antes de que termine el año.
Abogadas y activistas feministas se manifiestan en la entrada del juzgado de Iguala antes de entrar a la audiencia de Aurelia García. Fotografía: Archivo
Carolina, originaria de Acapulco, desde sus redes sociales denunció que fue violada y golpeada por su pareja hasta dejarla inconsciente. También acusó a agentes de la Policía Ministerial que dependen de la Fiscalía General del Estado (FGE) de proteger a su agresor.
A través de su cuenta de Facebook narra que el pasado 18 de noviembre, quien también es padre de su hijo, Jovany Rodolfo Alcocer Manzano llegó a su domicilio borracho y drogado. Después de entrar a la casa cerró la puerta con cerrojo y abusó de ella de manera sexual, y la golpeó con patadas y puñetazos hasta dejarla inconsciente.
El hombre, después de las lesiones directas hacia Carolina, derribó muebles, lanzó objetos de cocina y todo lo que encontró a su paso dentro de la casa. Salió de la vivienda y abordó su vehículo. Huyó mientras ella seguía tirada en el piso.
«Quiero que me ayuden a que esto llegue lo más lejos que se pueda, que se haga justicia. Amenazó a mi familia y a mí de muerte y también amenazó con quitarme a mi hijo a la fuerza».
«Hoy perdí mi vida, perdí el hogar de mi hijo y perdí las ganas de vivir; los golpes y heridas están y no podré sanar todo lo que viví ese día”, escribió Carolina en su cuenta de Facebook.
Denunció que su ex pareja sentimental, sin dar más detalles, sobornó a los agentes ministeriales de la FGE, lo que se entiende que hay una denuncia.
«Justicia para mí. Si alguien puede ayudarme, a la Fiscalía de México (Fiscalía General de la República), para que mi trámite (denuncia) avance”, escribió Carolina sobre la agresión que le provocó su pareja ese viernes.
La denuncia pública de Carolina a través de sus redes sociales fue escrita el lunes pasado (28 de noviembre). Hasta el momento la FGE no ha emitido ninguna versión oficial.
De acuerdo con datos del Monitor de Violencia de Género y de Feminicidio en Guerrero coordinado por la Asociación Guerrerense contra la Violencia hacia las Mujeres A C (Agcvim) de enero a octubre de este 2022 han ocurrido 93 asesinatos con presunción de feminicidios en Guerrero. Este monitoreo lo hacen de la información publicada en la prensa y son documentado s como presunción de feminicidios por las características de las agresiones contra las víctimas.
Las organizaciones que realizan esto monitoreos y están pendientes de las violencias contra las mujeres han denunciado que muchos de los asesinatos son obviados como feminicidios. Por ejemplo, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) sólo reconoce ocho feminicidios de los casos de 93 que documentó la Agcvim.
Familiares de las personas accidentadas en la Autopista del Sol, el pasado domingo, a la altura del poblado de Ocotito, y que viajaban en un autobús de la línea Estrella de Oro, protestaron en la terminal de camiones de esa empresa para exigir a los directivos cubrir los gastos médicos de los heridos y, a la vez, reclamar a las autoridades gubernamentales su apoyo.
También denunciaron que la Fiscalía General del Estado (FGE) no ha investigado el caso porque pretende darle carpetazo a la investigación, dijeron, para favorecer a la empresa de autobuses.
Durante la protesta bloquearon los accesos a la terminal, ubicada en la colonia Morelos, cerca del mercado central Baltasar R Leyva Mancilla, e impidieron a los autobuses entrar y salir.
El bloqueo ocurrió por la nula respuesta de la empresa Estrella de Oro ante los hechos del pasado 24 de octubre, donde, de acuerdo con versiones de los familiares, el conductor iba en estado de ebriedad, lo que ocasionó un accidente vehicular donde fallecieron dos menores de edad y hubo 27 heridos.
El día de ayer, Lizbeth Peña, madre de un menor herido, al que le tuvieron que amputar el brazo como consecuencia de las lesiones, denunció que de parte de la empresa no hubo acercamiento para cubrir los gastos médicos.
Teresa Bibiano Carrillo, tía del menor hospitalizado que perdió el brazo, estaba en la protesta y pidió ayuda a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda para hacer justicia por el accidente.
«Nadie se ha acercado con nosotros, ni la gobernadora ni la empresa, queremos justicia, no se vale que haya operadores en estado de ebriedad y nadie se acerca a nosotros para decirnos que están con nosotros», dijo Bibiano Carrillo
«No somos los únicos, en ese accidente hay muchos heridos, mi nieto ahí falleció y la empresa no ha estado presente», comentó una persona que no quiso dar su nombre, pero se identificó como abuelo de uno de los menores fallecidos.
Denunció que hay un problema con la FGE y los ministerios públicos, porque les piden levantar las denuncias en la agencia ubicada en Tierra Colorada, lo que genera gastos de traslado y comidas.
«Hoy pido justicia y atención para todos los que están heridos y justicia para ellos, mi nieto falleció, ya no puedo hacer nada pero si pedir para los que están vivos «, dijo.
Alrededor de las dos de la tarde hubo un diálogo con un persona que se identificó como representante legal del Grupo ADO, dueña de Estrella de Oro, pero lograron un resolutivo favorable.
Los familiares cerraron los accesos a la terminal y realizaron pintas en la fachada donde se leía «asesinos» y «justicia».
Trabajadoras y trabajadores del Hospital de la Madre y el Niño Guerrerense (HMNG) marcharon para exigir justicia por el asesinato de Julia Magdalena Olea Cortés, asesinada la madrugada del 6 de octubre, al sur de la ciudad.
Julia Magdalena era trabajadora del HMNG. Su cadáver fue hallado con golpes en la cabeza. La versión oficial atribuye que esos golpes fueron con piedras, en una brecha de camino en la colonia Tetipan, en Chilpancingo, ubicada rumbo a la localidad de Petaquillas.
Hoy sus compañeras de trabajo marcharon para exigir a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y a la Fiscalía General del Estado (FGE) agilice las investigaciones y garantías de seguridad para todas las mujeres.
“Queremos que esto llegue a oídos de la gobernadora, que sepa que estamos hasta la madre y estamos aterradas por lo que sucedió con nuestra compañera, exigimos justicia para Julia”, mencionó Pilar León, compañera de trabajo de Julia en el HMNG.
La marcha comenzó en las instalaciones del HMNG, al sur de la ciudad, avanzó al norte con dirección al Monumento a las Banderas, donde las manifestantes prendieron velas y protestaron para exigir justicia.
Cuando la marcha iba por la avenida Lázaro Cárdenas, a la altura del lugar donde se reúne el senador y padre de la gobernadora, Evelyn Salgado Pineda, el senador salió y rápidamente subió a un automóvil blanco que arrancó y avanzó sin voltear a ver a las manifestantes.
En tanto, las manifestantes gritaban consignas dedicadas a la gobernadora.
“Evelyn, escucha, esta es tu lucha”, gritaban
Sheila Gutiérrez Nuñez, compañera de Julia Magdalena, mencionó que de parte de la FGE no hay un avance real de las investigaciones, a pesar de que ya se reunieron con la fiscal, Sandra Luz Valdovinos Salmerón, no ven un avance.
“Solo están cambiando las líneas de investigación, la Fiscalía nos pidió 15 días para ver resultados pero ya pasaron y no hay nada, por eso decidimos manifestamos”, mencionó Gutiérrez Nuñez.
Otra de las quejas que mencionaron las compañeras de Julia Magdalena es que la FGE no quería investigar el caso como feminicidio, fue por presión de la familia y compañeras que el caso, catalogado como homicidio, fue reclasificado a feminicidio.
Las manifestantes mencionaron que de no haber avances en el caso continuarán con sus protestas.
“La exigencia es a la gobenadora, a la fiscal, que ponga cámaras de vigilancia en las colonias alejadas, porque del asesinato de Julia no hay nada”, mencionó Pilar León.
Julia Magdalena tiene dos hijos, un joven de 20 años y una niña de cinco, sus compañeras la recuerdan como una mujer alegre.
De acuerdo con la información de sus compañeras, Julia Magdalena salió de su casa a comprar alrededor de las 10 de la noche.
Los datos que la FGE proporcionó a la familia es que el asesinato ocurrió entre las 11 y 12 de la noche y el cadáver fue hallado a las seis de la mañana.
Grupos de feministas, normalistas de Ayotzinapa y familiares de personas desaparecidas marcharon en esta cabecera municipal para exigir justicia por el caso de la menor Ayelín Iczae, quien hace dos años fue privada de su libertad y después asesinada; su cadáver lo hallaron en las cercanías de su casa, en la colonia La Candelaria.
Esta vez, a diferencia de hace un año, la madre de Ayelín, Flora Gutiérrez no asistió a la protesta por seguridad, porque, informaron durante la protesta, ha recibido amenazas.
El continente de la marcha recorrió las principales calles y concluyó con un mitin en la pequeña explanada del zócalo de esta ciudad, donde desde hace varios años tiene actividades un grupo delictivo en complicidad con grupos políticos y económicos, de acuerdo con lo que han documentado la prensa y expertos sociales.
El 19 de octubre de 2020, el cadáver mutilado de Ayelín, de 13 años, fue hallado en una barranca ubicada a 400 metros de su casa. Cinco días antes fue privada de su libertad y, por las condiciones de su cadáver, violentada de muchas maneras.
El caso causó conmoción en la sociedad y las exigencias de justicia obligaron a la Fiscalía General del Estado (FGE) a detener a cuatro individuos que enfrentan un proceso judicial como presuntos responsables.
A dos años de los sucesos, uno de los detenidos ya falleció en el interior de la cárcel de Chilpancingo en extrañas circunstancias; tres más continúan en prisión, pero sin sentencia; la familia de Ayelín desconoce el expediente del caso.
«No sabemos nada, la madre de Ayelín busca justicia y no obtiene respuestas por ningún lado, por eso estamos aquí», mencionó Gema Antúnez Flores, representante del Colectivo de Personas Desaparecidas María Herrera, quien da acompañamiento a la madre de la menor.
Por cuestiones de seguridad, Flora Gutiérrez no asistió a la marcha y los asistentes pidieron discreción sobre el tema para evitar ponerla en riesgo. Denunciaron también que hace casi un mes, la señora fue agredida por personal de seguridad de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
“La madre de Ayelín intentó buscar un acercamiento con la CNDH para solicitar apoyo en la exigencia de justicia, pero fue agredida por personal de seguridad”, mencionó Antúnez Flores.
En la plaza principal de Tixtla, en una cruz color rosa, colocada el pasado 11 de febrero en memoria de Ayelín, colocaron una ofrenda floral y una lonas donde se leía que exigían justicia por el asesinato.
Durante la ofrenda, Wendy Alanís, activista feminista y una de las oradoras, mencionó la importancia de que haya justicia en este caso.
«Mientras no haya justicia para Ayelín, cualquier niña y mujer está en peligro en Tixtla, Chilpancingo y Guerrero”, mencionó.
El Colectivo María Herrera se solidarizó con la familia de la menor y exigió a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y al presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Raymundo Casarrubias Vázquez, actuar para que haya justicia y avances en las investigaciones.
«Los familiares del Colectivo de Familiares desaparecidos nos unimos en una sola voz en exigencia para que todo el peso de la ley caiga sobre esas personas que privaron de la vida a esta niña», mencionó Antúnez Flores.
Un contingente de estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, gritó consignas dedicadas para la menor: “¡Ayelín vive, vive, vive!”, “¡Justicia para Ayelín!”.
A la manifestación también asistió el titular de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP), Arturo Solís Felipe, quién dijo solidarizarse con la causa y que se suma a la exigencia de justicia.
En lo que va del sexenio, la población en cárceles federales y estatales ha aumentado en 28 mil 928 personas. Hoy, la Suprema Corte iniciará la discusión de proyectos que plantean eliminar la prisión preventiva oficiosa o automática.
En los cuatro años del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, la población en las cárceles de México pasó de 197 mil 988 personas privadas de la libertad a 226 mil 916, lo que supone un total de 28 mil 928 presos nuevos en centros estatales y federales. La mayoría, 58% de quienes han ingresado, son personas en prisión preventiva, sin juicios ni condenas que prueben que son culpables de algún delito.
Datos de los anexos del Cuarto Informe de Gobierno muestran que en la actual administración la población de personas en prisión preventiva oficiosa o justificada creció en 17 mil 565 para llegar a un total de 92 mil 595. Lo anterior ha provocado que, actualmente, al menos cuatro de cada 10 mujeres y hombres encarcelados en México sean presuntos culpables sin condena.
Este lunes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discutirá la acción de inconstitucionalidad 130/2019 y el amparo en revisión 355/2021, y con ello, la viabilidad de la medida de prisión preventiva oficiosa o automática, que es una de las modalidades con las cuales las autoridades encarcelan a personas sin necesidad de llegar a un juicio.
Los datos del gobierno federal refieren que la mayor parte de la población penitenciaria en el país se concentra en el fuero común, es decir, en cárceles estatales. Tan solo en 2014 estos lugares alcanzaron cifra récord de ocupación con 206 mil 767 personas privadas de su libertad. Durante los siguientes cuatros años, esta cifra disminuyó hasta llegar a 165 mil 213, una reducción de 41 mil 554.
Sin embargo, a partir del 2019 con la llegada de López Obrador, la cifra de personas en estos centros de reclusión aumentó nuevamente hasta llegar a 197 mil 734, lo que coincide con las fechas en las que el Ejecutivo presentó diversas reformas en materia penitenciaria, que fueron aprobadas por todos los partidos y que permitieron sumar al artículo 19 de la Constitución una veintena de delitos que ameritan prisión automática.
En contraste, la población penitenciaria del fuero federal ha tenido un constante decremento desde 2014 hasta 2021, al pasar de 48 mil 871 presos a 28 mil 652, tendencia interrumpida hasta este año, en el que se tiene registro de un aumento de 530 personas nuevas que llegaron a estos centros penitenciarios de septiembre de 2021 a junio de 2022.
Trasladan a reos de cárceles estatales a federales para “despresurizar”
Otra de las acciones que la administración de López Obrador destacó en su Cuarto Informe tiene que ver con la “despresurización” de centros penitenciarios estatales de 24 entidades, estrategia para la “recuperación y dignificación de las cárceles” en México.
Del 1 de septiembre de 2021 al 30 de junio de 2022, se trasladó a Centros Federales de Readaptación Social (Ceferesos) a 3 mil 210 personas que, según el gobierno federal, “representaban un riesgo” en sus cárceles de origen.
El 21 de abril pasado, un periodista cuestionó al presidente en su conferencia de prensa matutina sobre estos traslados, tras asegurar que hay padres y madres de familia desesperados porque sus hijos han sido trasladados a reclusorios muy lejanos, lo que les dificulta saber en qué circunstancias se encuentran sus hijos.
El presidente respondió: “Hay una situación que hoy precisamente analizamos sobre los reclusorios. Como están saturados los reclusorios de los estados y hay condiciones de violación franca de derechos humanos, por hacinamiento, por las malas instalaciones, entonces se ha venido aplicando un programa de traslado del fuero común a reclusorios federales, a los reclusorios que se contrataron”.
Sin embargo, aseguró que el gobierno buscaría atender a los familiares de las personas privadas de la libertad para que sepan de sus reclusos y en qué condiciones están. “Desde luego, nosotros procuramos que no haya violación de derechos humanos, que no haya maltrato”, dijo.
El Cuarto Informe refiere que la mayor cantidad de traslados de centros estatales a federales se registró en el Estado de México, donde mil 357 personas fueron trasladadas. Siguieron Guanajuato, Chihuahua, Guerrero y Puebla, de donde se trasladó a 318, 176, 158 y 150 reos, respectivamente.
Como se mencionó, a junio de 2022 la población de personas privadas de la libertad en el país ascendía a 226 mil 916 personas, de las que 8.3% se encuentra en estos centros federales. Esto es 18 mil 749 personas, de las cuales casi 40% se encuentran en calidad de “procesadas” (7 mil 394).
El gobierno presume como un aspecto positivo que la cantidad total de reos en estas cárceles federales representa una ocupación del 65.7%, ya que a nivel nacional se tiene registro de una sobrepoblación de 9 mil 787 reos en las 289 cárceles, pues estas solo tienen capacidad para 217 mil 129 personas.
En 2021, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) publicó su Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, donde concluyó que “existe un generalizado abandono institucional por parte de las autoridades” en las cárceles del país, lo que se evidencia en las condiciones de estos lugares.
El estudio dio cuenta de diversas deficiencias para garantizar una alimentación suficiente y adecuada para las y los reos; inexistentes áreas médicas debidamente equipadas; falta de agua y drenaje dentro de los centros; insuficiente personal de guardia y custodia, entre otras irregularidades que violan los derechos de los reos a una habitabilidad digna.
Incluso, documentó la falta de una efectiva separación entre personas sentenciadas y procesadas, lo que se traduce en que hombres y mujeres convivan sin distinción dentro de las cárceles.
Proyectos de la Corte van contra prisión oficiosa, gobierno quiere mantenerla
El 17 de agosto, durante su conferencia de prensa mensual, el ministro Arturo Zaldívar, presidente de la SCJN, informó que en las próximas semanas el máximo tribunal del país discutiría dos asuntos referentes a la convencionalidad y constitucionalidad de la prisión preventiva oficiosa.
“Estos asuntos son de una enorme relevancia, pueden cambiar la historia de la vida de miles de personas y pueden cambiar también el paradigma sobre el que se ha asentado la persecución de los delitos en México”, dijo.
En repetidas ocasiones, Zaldívar ha insistido en que en el país la mayoría de las personas sujetas a esta medida son de escasos recursos, por lo que aplicar la prisión de forma automática es aplicar “una condena sin sentencia, que, por regla general, castiga la pobreza”.
Incluso durante su histórica visita a Santa Martha Acatitla, en mayo pasado, aprovechó la oportunidad para fijar su postura sobre el tema.
“Se ha abusado de la prisión preventiva oficiosa; hay miles de personas sin sentencia en las prisiones, pero la violencia en el país no cede ni tampoco la inseguridad; entonces, para mí esto es suficiente para demostrar que la medida no funciona, aparte de que es violatoria de derechos humanos”, dijo.
Animal Político, en alianza con la organización Intersecta, publicó en octubre de 2021 la investigación “Prisión preventiva: el arma que encarcela pobres e inocentes”. Ahí se dio cuenta que el 70% de las personas a las que se les aplica la medida de prisión preventiva oficiosa son de escasos recursos.
Artesanos, choferes, campesinos, pescadores, vendedores y comerciantes, quienes apenas cuentan con primaria o secundaria y que son acusados de delitos menores como pequeños robos o narcomenudeo, son las principales víctimas de esta medida.
Más aún, la investigación reveló que las mujeres son las personas que han sido más perjudicadas por esta medida. Tan solo de 2019 a agosto de 2021, la tasa de mujeres en prisión preventiva sin sentencia, es decir, legalmente inocentes, pasó de 10.2 a 14.2 por cada 100 mil mujeres.
Luego de que se diera a conocer que los ministros se alistan para discutir este asunto y que los proyectos de sentencia perfilan anular esta medida, el gobierno de López Obrador pidió a la SCJN mantener en la Constitución la figura de prisión preventiva oficiosa, bajo el argumento de que eliminarla significa una medida negativa para la seguridad pública del país.
“Es fundamental la existencia de la prisión preventiva oficiosa en ciertos delitos, para asegurar que los presuntos criminales a quienes se les detiene por delincuencia organizada, delitos graves del orden común o delitos de cuello blanco, no se sustraigan de la acción de la justicia durante el proceso penal, tomando en consideración que, en muchas ocasiones, detenerlos implica un gran esfuerzo del Estado”, afirmó.
El 25 de agosto, justo el día en que la Corte informó que el futuro de la prisión preventiva oficiosa en México sería discutido a partir de este lunes 5 de septiembre, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, aprovechó para ir más allá y asegurar que eliminar esta medida representaría el fin de “toda la estrategia de seguridad” del gobierno federal.
Esto, a pesar de que tanto organismos internacionales como organizaciones de derechos humanos y especialistas en la materia han criticado esta figura al considerar que su aplicación es violatoria de derechos humanos, pues a pesar de que debería ser utilizada como excepción termina siendo la regla.
Este texto fue elaborado por el equipo de Animal Políticoy lo reproducimos con su autorización.
