Familiares de personas accidentadas en la Autopista del Sol exigen justicia

Texto: Amapola Periodismo

Fotografía: Oscar Guerrero

Chilpancingo

 

Familiares de las personas accidentadas en la Autopista del Sol, el pasado domingo, a la altura del poblado de Ocotito, y que viajaban en un autobús de la línea Estrella de Oro, protestaron en la terminal de camiones de esa empresa para exigir a los directivos cubrir los gastos médicos de los heridos y, a la vez, reclamar a las autoridades gubernamentales su apoyo.

También denunciaron que la Fiscalía General del Estado (FGE) no ha investigado el caso porque pretende darle carpetazo a la investigación, dijeron, para favorecer a la empresa de autobuses.

Durante la protesta bloquearon los accesos a la terminal, ubicada en la colonia Morelos, cerca del mercado central Baltasar R Leyva Mancilla, e impidieron a los autobuses entrar y salir.

El bloqueo ocurrió por la nula respuesta de la empresa Estrella de Oro ante los hechos del pasado 24 de octubre, donde, de acuerdo con versiones de los familiares, el conductor iba en estado de ebriedad, lo que ocasionó un accidente vehicular donde fallecieron dos menores de edad y hubo 27 heridos.

El día de ayer, Lizbeth Peña, madre de un menor herido, al que le tuvieron que amputar el brazo como consecuencia de las lesiones, denunció que de parte de la empresa no hubo acercamiento para cubrir los gastos médicos.

Teresa Bibiano Carrillo, tía del menor hospitalizado que perdió el brazo, estaba en la protesta y pidió ayuda a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda para hacer justicia por el accidente.

«Nadie se ha acercado con nosotros, ni la gobernadora ni la empresa, queremos justicia, no se vale que haya operadores en estado de ebriedad y nadie se acerca a nosotros para decirnos que están con nosotros», dijo Bibiano Carrillo

«No somos los únicos, en ese accidente hay muchos heridos, mi nieto ahí falleció y la empresa no ha estado presente», comentó una persona que no quiso dar su nombre, pero se identificó como abuelo de uno de los menores fallecidos.

Denunció que hay un problema con la FGE y los ministerios públicos, porque les piden levantar las denuncias en la agencia ubicada en Tierra Colorada, lo que genera gastos de traslado y comidas.

«Hoy pido justicia y atención para todos los que están heridos y justicia para ellos, mi nieto falleció, ya no puedo hacer nada pero si pedir para los que están vivos «, dijo.

Alrededor de las dos de la tarde hubo un diálogo con un persona que se identificó como representante legal del Grupo ADO, dueña de Estrella de Oro, pero lograron un resolutivo favorable.

Los familiares cerraron los accesos a la terminal y realizaron pintas en la fachada donde se leía «asesinos» y «justicia».

Hasta el momento la terminal continúa cerrada.

Marchan para exigir Justicia por Julia, trabajadora asesinada del Hospital del Niño y la Madre

Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Especial 

Chilpancingo

 

Trabajadoras y trabajadores del Hospital de la Madre y el Niño Guerrerense (HMNG) marcharon para exigir justicia por el asesinato de Julia Magdalena Olea Cortés, asesinada la madrugada del 6 de octubre, al sur de la ciudad.

Julia Magdalena era trabajadora del HMNG. Su cadáver fue hallado con golpes en la cabeza. La versión oficial atribuye que esos golpes fueron con piedras, en una brecha de camino en la colonia Tetipan, en Chilpancingo, ubicada rumbo a la localidad de Petaquillas.

Hoy sus compañeras de trabajo marcharon para exigir a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y a la Fiscalía General del Estado (FGE) agilice las investigaciones y garantías de seguridad para todas las mujeres.

“Queremos que esto llegue a oídos de la gobernadora, que sepa que estamos hasta la madre y estamos aterradas por lo que sucedió con nuestra compañera, exigimos justicia para Julia”, mencionó Pilar León, compañera de trabajo de Julia en el HMNG.

La marcha comenzó en las instalaciones del HMNG, al sur de la ciudad, avanzó al norte con dirección al Monumento a las Banderas, donde las manifestantes prendieron velas y protestaron para exigir justicia.

Cuando la marcha iba por la avenida Lázaro Cárdenas, a la altura del lugar donde se reúne el senador y padre de la gobernadora, Evelyn Salgado Pineda, el senador salió y rápidamente subió a un automóvil blanco que arrancó y avanzó sin voltear a ver a las manifestantes.

En tanto, las manifestantes gritaban consignas dedicadas a la gobernadora.

“Evelyn, escucha, esta es tu lucha”, gritaban

Sheila Gutiérrez Nuñez, compañera de Julia Magdalena, mencionó que de parte de la FGE no hay un avance real de las investigaciones, a pesar de que ya se reunieron con la fiscal, Sandra Luz Valdovinos Salmerón, no ven un avance.

“Solo están cambiando las líneas de investigación, la Fiscalía nos pidió 15 días para ver resultados pero ya pasaron y no hay nada, por eso decidimos manifestamos”, mencionó Gutiérrez Nuñez.

Otra de las quejas que mencionaron las compañeras de Julia Magdalena es que la FGE no quería investigar el caso como feminicidio, fue por presión de la familia y compañeras que el caso, catalogado como homicidio, fue reclasificado a feminicidio.

Las manifestantes mencionaron que de no haber avances en el caso continuarán con sus protestas.

“La exigencia es a la gobenadora, a la fiscal, que ponga cámaras de vigilancia en las colonias alejadas, porque del asesinato de Julia no hay nada”, mencionó Pilar León.

Julia Magdalena tiene dos hijos, un joven de 20 años y una niña de cinco, sus compañeras la recuerdan como una mujer alegre.

De acuerdo con la información de sus compañeras, Julia Magdalena salió de su casa a comprar alrededor de las 10 de la noche.

Los datos que la FGE proporcionó a la familia es que el asesinato ocurrió entre las 11 y 12 de la noche y el cadáver fue hallado a las seis de la mañana.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marchan en Tixtla para exigir justicia por menor asesinada hace dos años

Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Itzel Urieta

16 de octubre del 2022

Tixtla

 

Grupos de feministas, normalistas de Ayotzinapa y familiares de personas desaparecidas marcharon en esta cabecera municipal para exigir justicia por el caso de la menor Ayelín Iczae, quien hace dos años fue privada de su libertad y después asesinada; su cadáver lo hallaron en las cercanías de su casa, en la colonia La Candelaria.

Esta vez, a diferencia de hace un año, la madre de Ayelín, Flora Gutiérrez no asistió a la protesta por seguridad, porque, informaron durante la protesta, ha recibido amenazas.

El continente de la marcha recorrió las principales calles y concluyó con un mitin en la pequeña explanada del zócalo de esta ciudad, donde desde hace varios años tiene actividades un grupo delictivo en complicidad con grupos políticos y económicos, de acuerdo con lo que han documentado la prensa y expertos sociales.

El 19 de octubre de 2020, el cadáver mutilado de Ayelín, de 13 años, fue hallado en una barranca ubicada a 400 metros de su casa. Cinco días antes fue privada de su libertad y, por las condiciones de su cadáver, violentada de muchas maneras.

El caso causó conmoción en la sociedad y las exigencias de justicia obligaron a la Fiscalía General del Estado (FGE) a detener a cuatro individuos que enfrentan un proceso judicial como presuntos responsables.

A dos años de los sucesos, uno de los detenidos ya falleció en el interior de la cárcel de Chilpancingo en extrañas circunstancias; tres más continúan en prisión, pero sin sentencia; la familia de Ayelín desconoce el expediente del caso.

«No sabemos nada, la madre de Ayelín busca justicia y no obtiene respuestas por ningún lado, por eso estamos aquí», mencionó Gema Antúnez Flores, representante del Colectivo de Personas Desaparecidas María Herrera, quien da acompañamiento a la madre de la menor.

Por cuestiones de seguridad, Flora Gutiérrez no asistió a la marcha y los asistentes pidieron discreción sobre el tema para evitar ponerla en riesgo. Denunciaron también que hace casi un mes, la señora fue agredida por personal de seguridad de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

“La madre de Ayelín intentó buscar un acercamiento con la CNDH para solicitar apoyo en la exigencia de justicia, pero fue agredida por personal de seguridad”, mencionó Antúnez Flores.

En la plaza principal de Tixtla, en una cruz color rosa, colocada el pasado 11 de febrero en memoria de Ayelín, colocaron una ofrenda floral y una lonas donde se leía que exigían justicia por el asesinato.

Durante la ofrenda, Wendy Alanís, activista feminista y una de las oradoras, mencionó la importancia de que haya justicia en este caso.

«Mientras no haya justicia para Ayelín, cualquier niña y mujer está en peligro en Tixtla, Chilpancingo y Guerrero”, mencionó.

El Colectivo María Herrera se solidarizó con la familia de la menor y exigió a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y al presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Raymundo Casarrubias Vázquez, actuar para que haya justicia y avances en las investigaciones.

«Los familiares del Colectivo de Familiares desaparecidos nos unimos en una sola voz en exigencia para que todo el peso de la ley caiga sobre esas personas que privaron de la vida a esta niña», mencionó Antúnez Flores.

Un contingente de estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, gritó consignas dedicadas para la menor: “¡Ayelín vive, vive, vive!”, “¡Justicia para Ayelín!”.

A la manifestación también asistió el titular de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP), Arturo Solís Felipe, quién dijo solidarizarse con la causa y que se suma a la exigencia de justicia.


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En la colonia de Ayelín ya nadie sale a jugar a las escondidas

En el gobierno de AMLO, casi 29 mil personas más han ingresado a prisión; el 58% de ellas no tiene juicio ni sentencia

En lo que va del sexenio, la población en cárceles federales y estatales ha aumentado en 28 mil 928 personas. Hoy, la Suprema Corte iniciará la discusión de proyectos que plantean eliminar la prisión preventiva oficiosa o automática.


Texto: Alfredo Maza / Animal Político

Fotografía: Oficial

 

En los cuatro años del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, la población en las cárceles de México pasó de 197 mil 988 personas privadas de la libertad a 226 mil 916, lo que supone un total de 28 mil 928 presos nuevos en centros estatales y federales. La mayoría, 58% de quienes han ingresado, son personas en prisión preventiva, sin juicios ni condenas que prueben que son culpables de algún delito.

Datos de los anexos del Cuarto Informe de Gobierno muestran que en la actual administración la población de personas en prisión preventiva oficiosa o justificada creció en 17 mil 565 para llegar a un total de 92 mil 595. Lo anterior ha provocado que, actualmente, al menos cuatro de cada 10 mujeres y hombres encarcelados en México sean presuntos culpables sin condena.

Este lunes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discutirá la acción de inconstitucionalidad 130/2019 y el amparo en revisión 355/2021, y con ello, la viabilidad de la medida de prisión preventiva oficiosa o automática, que es una de las modalidades con las cuales las autoridades encarcelan a personas sin necesidad de llegar a un juicio.

Los datos del gobierno federal refieren que la mayor parte de la población penitenciaria en el país se concentra en el fuero común, es decir, en cárceles estatales. Tan solo en 2014 estos lugares alcanzaron cifra récord de ocupación con 206 mil 767 personas privadas de su libertad. Durante los siguientes cuatros años, esta cifra disminuyó hasta llegar a 165 mil 213, una reducción de 41 mil 554.

Sin embargo, a partir del 2019 con la llegada de López Obrador, la cifra de personas en estos centros de reclusión aumentó nuevamente hasta llegar a 197 mil 734, lo que coincide con las fechas en las que el Ejecutivo presentó diversas reformas en materia penitenciaria, que fueron aprobadas por todos los partidos y que permitieron sumar al artículo 19 de la Constitución una veintena de delitos que ameritan prisión automática.

En contraste, la población penitenciaria del fuero federal ha tenido un constante decremento desde 2014 hasta 2021, al pasar de 48 mil 871 presos a 28 mil 652, tendencia interrumpida hasta este año, en el que se tiene registro de un aumento de 530 personas nuevas que llegaron a estos centros penitenciarios de septiembre de 2021 a junio de 2022.

Trasladan a reos de cárceles estatales a federales para “despresurizar”

Otra de las acciones que la administración de López Obrador destacó en su Cuarto Informe tiene que ver con la “despresurización” de centros penitenciarios estatales de 24 entidades, estrategia para la “recuperación y dignificación de las cárceles” en México.

Del 1 de septiembre de 2021 al 30 de junio de 2022, se trasladó a Centros Federales de Readaptación Social (Ceferesos) a 3 mil 210 personas que, según el gobierno federal, “representaban un riesgo” en sus cárceles de origen.

El 21 de abril pasado, un periodista cuestionó al presidente en su conferencia de prensa matutina sobre estos traslados, tras asegurar que hay padres y madres de familia desesperados porque sus hijos han sido trasladados a reclusorios muy lejanos, lo que les dificulta saber en qué circunstancias se encuentran sus hijos.

El presidente respondió: “Hay una situación que hoy precisamente analizamos sobre los reclusorios. Como están saturados los reclusorios de los estados y hay condiciones de violación franca de derechos humanos, por hacinamiento, por las malas instalaciones, entonces se ha venido aplicando un programa de traslado del fuero común a reclusorios federales, a los reclusorios que se contrataron”.

Sin embargo, aseguró que el gobierno buscaría atender a los familiares de las personas privadas de la libertad para que sepan de sus reclusos y en qué condiciones están. “Desde luego, nosotros procuramos que no haya violación de derechos humanos, que no haya maltrato”, dijo.

El Cuarto Informe refiere que la mayor cantidad de traslados de centros estatales a federales se registró en el Estado de México, donde mil 357 personas fueron trasladadas. Siguieron Guanajuato, Chihuahua, Guerrero y Puebla, de donde se trasladó a 318, 176, 158 y 150 reos, respectivamente.

Como se mencionó, a junio de 2022 la población de personas privadas de la libertad en el país ascendía a 226 mil 916 personas, de las que 8.3% se encuentra en estos centros federales. Esto es 18 mil 749 personas, de las cuales casi 40% se encuentran en calidad de “procesadas” (7 mil 394).

El gobierno presume como un aspecto positivo que la cantidad total de reos en estas cárceles federales representa una ocupación del 65.7%, ya que a nivel nacional se tiene registro de una sobrepoblación de 9 mil 787 reos en las 289 cárceles, pues estas solo tienen capacidad para 217 mil 129 personas.

En 2021, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) publicó su Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, donde concluyó que “existe un generalizado abandono institucional por parte de las autoridades” en las cárceles del país, lo que se evidencia en las condiciones de estos lugares.

El estudio dio cuenta de diversas deficiencias para garantizar una alimentación suficiente y adecuada para las y los reos; inexistentes áreas médicas debidamente equipadas; falta de agua y drenaje dentro de los centros; insuficiente personal de guardia y custodia, entre otras irregularidades que violan los derechos de los reos a una habitabilidad digna.

Incluso, documentó la falta de una efectiva separación entre personas sentenciadas y procesadas, lo que se traduce en que hombres y mujeres convivan sin distinción dentro de las cárceles.

Proyectos de la Corte van contra prisión oficiosa, gobierno quiere mantenerla

El 17 de agosto, durante su conferencia de prensa mensual, el ministro Arturo Zaldívar, presidente de la SCJN, informó que en las próximas semanas el máximo tribunal del país discutiría dos asuntos referentes a la convencionalidad y constitucionalidad de la prisión preventiva oficiosa.

“Estos asuntos son de una enorme relevancia, pueden cambiar la historia de la vida de miles de personas y pueden cambiar también el paradigma sobre el que se ha asentado la persecución de los delitos en México”, dijo.

En repetidas ocasiones, Zaldívar ha insistido en que en el país la mayoría de las personas sujetas a esta medida son de escasos recursos, por lo que aplicar la prisión de forma automática es aplicar “una condena sin sentencia, que, por regla general, castiga la pobreza”.

Incluso durante su histórica visita a Santa Martha Acatitla, en mayo pasado, aprovechó la oportunidad para fijar su postura sobre el tema.

“Se ha abusado de la prisión preventiva oficiosa; hay miles de personas sin sentencia en las prisiones, pero la violencia en el país no cede ni tampoco la inseguridad; entonces, para mí esto es suficiente para demostrar que la medida no funciona, aparte de que es violatoria de derechos humanos”, dijo.

Animal Político, en alianza con la organización Intersecta, publicó en octubre de 2021 la investigación “Prisión preventiva: el arma que encarcela pobres e inocentes”. Ahí se dio cuenta que el 70% de las personas a las que se les aplica la medida de prisión preventiva oficiosa son de escasos recursos.

Artesanos, choferes, campesinos, pescadores, vendedores y comerciantes, quienes apenas cuentan con primaria o secundaria y que son acusados de delitos menores como pequeños robos o narcomenudeo, son las principales víctimas de esta medida.

Más aún, la investigación reveló que las mujeres son las personas que han sido más perjudicadas por esta medida. Tan solo de 2019 a agosto de 2021, la tasa de mujeres en prisión preventiva sin sentencia, es decir, legalmente inocentes, pasó de 10.2 a 14.2 por cada 100 mil mujeres.

Luego de que se diera a conocer que los ministros se alistan para discutir este asunto y que los proyectos de sentencia perfilan anular esta medida, el gobierno de López Obrador pidió a la SCJN mantener en la Constitución la figura de prisión preventiva oficiosa, bajo el argumento de que eliminarla significa una medida negativa para la seguridad pública del país.

“Es fundamental la existencia de la prisión preventiva oficiosa en ciertos delitos, para asegurar que los presuntos criminales a quienes se les detiene por delincuencia organizada, delitos graves del orden común o delitos de cuello blanco, no se sustraigan de la acción de la justicia durante el proceso penal, tomando en consideración que, en muchas ocasiones, detenerlos implica un gran esfuerzo del Estado”, afirmó.

El 25 de agosto, justo el día en que la Corte informó que el futuro de la prisión preventiva oficiosa en México sería discutido a partir de este lunes 5 de septiembre, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, aprovechó para ir más allá y asegurar que eliminar esta medida representaría el fin de “toda la estrategia de seguridad” del gobierno federal.

Esto, a pesar de que tanto organismos internacionales como organizaciones de derechos humanos y especialistas en la materia han criticado esta figura al considerar que su aplicación es violatoria de derechos humanos, pues a pesar de que debería ser utilizada como excepción termina siendo la regla.

Este texto fue elaborado por el equipo de Animal Político y lo reproducimos con su autorización.

 

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Violencia en Guerrero: durante los últimos cinco meses, el mismo patrón, ataques armados

Ayotzinapa un crimen que sigue sin castigo

A ocho años del ataque, asesinato y desaparición forzada contra los normalistas de Ayotzinapa, lo esencial sigue sin respuesta: ¿dónde están los jóvenes?, ¿por qué los atacaron, asesinaron y desaparecieron?, ¿quiénes son los autores intelectuales y cuándo pagarán por este crimen?

El 17 de agosto, el subsecretario de Derechos Humanos y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro Encinas Rodríguez, presentó el último informe sobre el Caso de Ayotzinapa.

El informe presenta avances, contradicciones y pendientes.

El principal avance es el reconocimiento de que se trata de un crimen de Estado. Se hace explícita la participación activa de militares, policías, autoridades civiles, administrativas y judiciales en la desaparición de los estudiantes.

El informe desmonta la versión de que la participación del Ejército fue sólo de omisión esa noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre del 2014 en Iguala. Ahora se sabe que el coronel José Rodríguez Pérez, entonces comandante del 27º Batallón de Infantería, ordenó el asesinato y desaparición de por lo menos seis estudiantes después de que los mantuvieron cuatro días encerrados en una bodega en la colonia Pueblo Viejo, en Iguala.

También se confirmó que Julio César López Patolzin —uno de los 43 desaparecidos—, es un militar en activo que desde el 2012 infiltró el Ejército en la normal de Ayotzinapa para espiar las actividades de los estudiantes.

Este papel del Ejército en Guerrero no es nuevo. Ampliamente se ha documentado la represión de militares, sólo basta recordar la época de la Guerra Sucia, la masacre de El Charco, la violación sexual contra Inés Fernández y Valentina Rosendo. Casos que siguen en la impunidad.

En Guerrero el Ejército ha sido utilizado para combatir la insurgencia, los movimientos sociales y la lucha de los pueblos. Y en los últimos 16 años también las fuerzas armadas han sido utilizadas en esta supuesta estrategia de seguridad que comenzó el panista Felipe Calderón, continúo el priista Enrique Peña Nieto y persiste con el morenista, Andrés Manuel López Obrador.

Esta supuesta estrategia sólo ha dejado muertes, desapariciones y desplazamientos forzados.

Sin embargo, la definición de crimen de Estado no corresponde con lo que dice el informe. Si fue un crimen de Estado: ¿por qué el entonces jefe del Estado mexicano, Enrique Peña Nieto, no está incluido en las investigaciones?, ¿Por qué el jefe del Ejército, el general Salvador Cienfuegos, no es llamado a explicar su actuación?

Como se puede entender que en el informe se establezca que la denominada “verdad histórica” se construyó en un salón de la Presidencia de la República, es decir, en la oficina de Peña Nieto, y el priista no esté incluido en la investigación.

Para que la definición de crimen de Estado no quede sólo en un uso retórico, las acciones del gobierno federal deben llegar hasta el nivel más alto. El más alto.

Focalizar la responsabilidad en el ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, a quién en el informe se le ubica como el personaje que dio la orden de asesinar y desaparecer a los estudiantes, y, en mandos militares, es insuficiente.

¿José Luis Abarca aglutinaba tanto poder para tener a mandos militares, policiacos (municipales, estatales y federales), alcaldes e integrantes del crimen organizado a su disposición para que esa noche se desplegara una operación de esa magnitud?

José Luis Abarca debe ser sancionado por su responsabilidad, pero es obvio que los aparatos de inteligencia y de seguridad del Estado que operaron esa noche no recaían en un alcalde.

¿Dónde queda el papel del ex gobernador, Ángel Aguirre Rivero? Desde la tarde del 26 de septiembre su gobierno monitoreó y siguió a los estudiantes desde que intentaron tomar autobuses en Chilpancingo.

Aguirre Rivero debió estar enterado de la situación y, de no ser así, fue omiso, negligente y eso también es una responsabilidad.

Además, durante los días siguientes al ataque y antes de que la entonces Procuraduría General de la República (PGR) atrajera la investigación, Aguirre Rivero no buscó a los normalistas, no detuvo a los responsables y permitió que Abarca Velázquez se fugara después de pedir licencia ante el Cabildo de Iguala, el 30 de septiembre.

Esa vez, la Policía Ministerial, curiosamente, llegó al Palacio Municipal de Iguala después de que Abarca Velázquez había huido.

De acuerdo con el informe que leyó Encinas Rodríguez, la entonces magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Lambertina Galeana Marín, ordenó la destrucción de los videos grabados por seis cámaras del exterior del edificio del Palacio de Justicia de Iguala, argumentando que las imágenes no eran claras porque hubo problemas técnicos.

Es cuestionable si fue decisión sólo de la magistrada o quién le ordenó borrar esas pruebas que daban cuenta de que policías municipales de Huitzuco bajaron a 13 estudiantes del autobús retenido fuera del Palacio Judicial, de acuerdo con el informe.

Lambertina Galena: ¿está siendo investigada?, ¿Será detenida?

Al igual, las conclusiones recientes del gobierno de López Obrador, no tocan al entonces procurador general del estado, Iñaki Blanco Cabrera —quien dijo— tenía ubicados a los presuntos autores intelectuales, pero no los detuvo inmediatamente entre ellos al propio edil perredista de Iguala José Luis Abarca Velázquez.

Ahora que el gobierno federal definió el Caso de Ayotzinapa como crimen de Estado: ¿no sería pertinente que un organismo internacional investigue, juzgue y sancione a los responsables del caso con la finalidad de garantizar la imparcialidad?

De no ser así, el Estado estaría investigando al propio Estado, independientemente de que los responsables hayan pertenecido a un gobierno distinto al de ahora.

Se corre el riesgo de no arribar a la verdad porque —pese a que el presidente insiste que el país vive un proceso de transformación—, el Estado y, sobre todo, en las instituciones de procuración de justicia en todos los niveles, la corrupción sigue enquistada.

A ocho años, lo que menos se espera es que el gobierno federal esté administrando el caso y, menos, que esté pensando en sacar raja política para el 2024. Las mamás y papás de los 43 normalistas desaparecidos merecen verdad y justicia.

Pero no sólo ellos la merecen, también la sociedad. El Caso Ayotzinapa es emblemático del terror, del abuso del poder, la barbarie del Estado, pero es hora que se convierta en un emblema de justicia, que marque el fin de la impunidad que está ahorcando al país.

La ciudadanía siempre ha tenido dudas de la aplicación de la justicia en México porque de manera constante se ha utilizado como una forma de ejercer el poder. Ojalá el crimen de Ayotzinapa no sea el caso.

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Murillo Karam enfrentará juicio en la cárcel. “Un paso más para nosotros como madres y padres de los 43″

Después de una audiencia de más de 12 horas, el exprocurador Jesús Murillo Karam fue vinculado a proceso por su presunta participación en delitos contra la administración de justicia, tortura y desaparición forzada en la investigación del caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Permanecerá al menos 90 días encarcelado


Texto: Alejandro Ruiz / Pie de Página

Fotos: Isabel Briseño

Ciudad de México

 

Cerca de las siete de la mañana una camioneta arribó al Reclusorio Norte, en la Ciudad de México, donde desde el sábado 20 de agosto duerme el exprocurador de justicia Jesús Murillo Karam, y donde permanecerá 90 días hasta que se deslinde su responsabilidad en una serie de delitos cometidos en la investigación judicial de los ataques a los normalistas de Ayotzinapa en Iguala.

De la camioneta que se estacionó frente a los juzgados del Reclusorio bajaron los abogados de Karam. Cargaban  siete cajas llenas de papeles que servirían como evidencia para defender a su cliente, detenido desde el día viernes, acusado de cometer los delitos de tortura, desaparición forzada y atentar contra la administración de justicia.

La acusación derivó de una investigación especial para esclarecer la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, en 2014. Hecho que, apenas hace unos días, el gobierno federal reconoció como un crimen de Estado.

De acuerdo con el informe presentado por el gobierno federal, Murillo Karam, en ese entonces procurador general de justicia, fraguó una «verdad histórica» que, sin investigar a fondo la participación de las autoridades gubernamentales y mandos militares en el crímen, entorpeció las investigaciones para esclarecer este hecho.

Este miércoles, el político priista fue vinculado a proceso, por lo que se abrirá un juicio penal para investigar su presunta participación en estos crímenes.

Las cajas llenas de papeles que cargaban sus abogados sirvieron de poco.

La audiencia

En un juzgado anexo al Reclusorio Norte, Murillo Karam está sentado con el uniforme caqui que portan todos los internos del penal.

La imagen contrasta con el más reciente video del exprocurador; donde afuera de su casa en Lomas de Chapultepec, portaba un saco negro y «bromeaba» con los policías y militares que lo fueron a detener.

Ahora las risas estaban ausentes. Su semblante lucía sereno. Su voz no titubeaba para nada cuando negaba su participación en los delitos que se le imputan. Inclusive, con esa misma serenidad –muy cercana al cinismo– Karam defendía su “verdad histórica”.

“Puedo aceptar algunos errores. Pudieron haber fallas. Puedo aceptar cosas que se hicieron mal, y que se pudieron hacer mejor, pero no la han podido tirar”.

Para el juez de control que decidiría el destino del exprocurador, sin embargo, poco importaban los argumentos de Murillo y su defensa.

En algún momento de la audiencia, cuando la defensa del exprocurador acusó que las acusaciones contra su cliente eran insostenibles y pactadas, el juez, Marco Antonio Fuerte Tapia, ordenó callar a los abogados. Les dijo que si seguían cuestionando la legitimidad de su tribunal, podrían ser expulsados de la audiencia.

Los abogados callaron, y después de exponer sus alegatos, el tribunal entró en receso. A la vuelta, la Fiscalía General de la República mostró el sustento de sus acusaciones ante el juez. El tribunal volvió a tomarse un tiempo para valorar lo que se expuso.

Pasaban las horas, y afuera, donde la prensa especulaba con teorías y deseos, poco se sabía de lo que pasaba adentro.

En ratos, reporteros salían e informaban a sus colegas: “No hay avances”; “entró en receso”; “yo creo que lo van a absolver”.

A eso de las cinco de la tarde un informe llegó hacia afuera. Rápido corrieron llamadas para corroborar lo que ahí estaba dicho: “ya vincularon a proceso a Murillo”. El rumor era cierto: el exprocurador tendría que enfrentar a la justicia y responder por los crímenes que le acusan.

Una larga deliberación

La audiencia continuó, pues aunque a Murillo debía de enfrentar la justicia, todavía quedaba un asunto pendiente. ¿Cómo la enfrentaría?

Hasta ese momento Jesús Murillo Karam se encontraba bajo prisión preventiva. Es decir, mientras se resolvía su situación jurídica el exprocurador estaría tras las rejas del Reclusorio Norte.

Esa medida cautelar,  es decir la prisión preventiva, fue ordenada debido al alto riesgo de fuga del político priista. Además de sus múltiples propiedades, los antecedentes de otros presuntos culpables de delitos graves durante la investigación del caso Ayotzinapa –como la fuga de Tomás Zerón– no daban un aura de confianza al poder judicial respecto a las próximas acciones de Murillo Karam.

Su defensa, obviamente, apeló esta medida. Argumentaban que la salud del exfuncionario era delicada. La discusión; el debate; los alegatos de ida y vuelta hicieron que el tiempo de espera se alargara. Pasaron más de 12 horas, y afuera la incertidumbre seguía reinando.

A eso de las nueve de la noche un informe surgió dentro de los juzgados. El juez había decidido imponer la prisión preventiva justificada a Murillo Karam, por lo que el exprocurador tendría que pasar, al menos, 90 días naturales en el Reclusorio Norte. Esto, mientras se agotaba la investigación para determinar su responsabilidad en los delitos que se le imputan.

Jesús Murillo Karam, además de su opacidad e intransigencia con las víctimas de derechos humanos, pasaría a la historia como el primer procurador general de la República en terminar en prisión. El asunto no es menor, pues en caso de comprobarse su culpabilidad, sería el primer procurador sentenciado por un delito grave a una pena de prisión.

Las horas se hacían cada vez más largas. Afuera los reflectores y cámaras comenzaban a transmitir la noticia en cadena nacional. Al poco tiempo, entre las sombras que separaban un largo pasillo entre el tribunal y la entrada a los juzgados, la defensa de Murillo Karam se vio bajar hacia los micrófonos y cámaras.

«Queremos que se aplique la ley, queremos justicia»

Sin nervios, inclusive tranquilos, los abogados Antonio y Javier López decidieron hablar frente a un país que desde hace casi 8 años espera respuestas sobre el caso de los 43.

Javier López citó jurisprudencias. Llamó inepto al juzgador. Y resaltó su propia labor, aunque su defendido fue vinculado a proceso y obligado a pasar la investigación en su contra tras las rejas.

Antonio López, en un tono más diplomático, dijo que Murillo Karam estaba “tranquilo y confiado de las instituciones’. Espera que le podamos decir, después de leer el expediente, qué es lo que sigue”.

Después, recordó que el exprocurador tiene algunos padecimientos de salud, pero “está estable”. También afirmó que un médico atendería a Jesús Murillo Karam mientras se encuentra en prisión.

Posteriormente no dudó en afirmar, con la mirada fija y la voz calmada, que apelarán la resolución del juez. Al poco tiempo dejaron de responder preguntas. Caminaron hacia la camioneta, ahora sin las cajas llenas de papeles, y entre una prensa que buscaba más respuestas, arrancaron el vehículo.

Mientras, detrás de ellos, Cristina Bautista, madre de Benjamín Bautista, uno de los 43 estudiantes desaparecidos en 2014, caminaba al lado de sus asesores jurídicos: Santiago Aguirre, del Centro Prodh, y Vidulfo Rosales.

En un tono distinto al de sus colegas, Vidulfo tomó la palabra. Primero agradeció a la prensa por seguir cubriendo el caso. Después afirmó que estaba de acuerdo con la resolución del juez.

“El juez valoró, de manera objetiva, todas las pruebas que presentó el ministerio público; y pudo establecer, razonablemente, que se cometió el delito de desaparición forzada en esta modalidad de que, a través de una investigación turbia, irregular, se ocultó el paradero de los estudiantes”.

Y recalcó que el mensaje que envió este tribunal va para aquellos otros funcionarios que han cometido –o cometen– irregularidades, “pues hay una consecuencia jurídica en este país”.

Cristina, con una voz más calma, dijo que esta decisión del juez significa “un paso más para nosotros como madres y padres de los 43 que es relevante. Que lo que queremos nosotros es llegar a la verdad, que se aplique la ley, queremos justicia».

«No nos gusta que estén en la cárcel las personas que cometieron (los delitos) esa noche del 26 de septiembre de 2014, pero sí queremos saber la verdad, para que otras personas se puedan animar de hablar y ya alcancemos la verdad de dónde están nuestros hijos, eso es lo que más queremos, eso es lo que más exigimos”.

Hubo preguntas incómodas, desde la ignorancia o las fobias políticas, pero Cristina mantuvo la calma, pues está a punto de caer el primer mando de alto rango del gobierno que, presuntamente, estuvo implicado en ocultar la verdad a las familias de los 43 por ya casi 8 años.

“Seguimos en pie de lucha. Vamos a seguir exigiendo la presentación con vida de nuestros hijos. Hasta encontrarlos. Hasta saber la verdad”, concluyó Cristina.

Este trabajo fue elaborado por el equipo de Pie de Página y lo reproducimos como parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. 

 

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Estudiante desaparecido en Iguala era un soldado infiltrado en Ayotzinapa

Texto: Marlén Castro

Fotografía: Tomada de internet 

Chilpancingo

 

Julio César López Patolzin, uno de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, era un soldado infiltrado por el Ejército, sostuvo Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos del gobierno federal.

Este jueves, como parte de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa, Encinas Rodríguez, informó acerca de las últimas investigaciones de la desaparición de los normalistas a un mes del octavo aniversario.

López Patolzin es originario de Tixtla, ciudad en la que se ubica la Normal, es hijo de Joaquina Patolzin y Rafael López, quienes sobreviven de la siembra y venta de hortalizas.

Desde 2014, se conoció la historia militar de López Patolzin. Joaquina Patolzin y Rafael López contaron que su hijo estuvo en el Ejército y se dio de baja después de las inundaciones provocadas por Ingrid y Manuel.

De acuerdo con Encinas Rodríguez, López Patolzin estaba al mando del teniente Francisco Macías Barbosa, del 27 Batallón del Ejército, con sede en Iguala, a quien acusó de omisión y responsabilidad por no haber aplicado el protocolo de búsqueda de militares, ya que de haberlo hecho, se hubiera localizado a los estudiantes.

Encinas Rodríguez indicó que espera que Barbosa y la cadena de mando que participó en la infiltración de López Patolzin en la Normal Rural sean investigados por la justicia civil y militar.

Por los informes de López Patolzin a su mando en el Ejército, las fuerzas armadas y todas las autoridades supieron del movimiento de los estudiantes la tarde del 26 de septiembre del 2014, desde la salida de la Normal, agregó Encinas Rodríguez.

 

«No fue un bache, fue un atropellamiento», familiares de José Eduardo exigen justicia

Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía:Oscar Guerrero

Chilpancingo

 

Familiares del joven José Eduardo Vargas Verónica, quien falleció el pasado sábado en un accidente de tránsito, explicaron que no fue un bache la causa del accidente, si no un atropellamiento por el que hay un detenido.

Los familiares exigieron a las autoridades justicia y que no liberen al detenido.

Los hechos ocurrieron el pasado sábado 6 de agosto.

José Eduardo, de 15 años, circulaba abordo de una motocicleta en la lateral del boulevard Vicente Guerrero, cuando entre las calles Galeana y Encino derrapó y se impactó contra un automóvil estacionado.

Por el impacto, José Eduardo falleció al instante.

El reporte preliminar indicó que fue a causa de un bache en la calle lo que ocasionó que José Eduardo perdiera el control de la motocicleta y derrapara ocasionando su muerte.

Horas más tarde se informó que se detuvo en Tierras Prietas al conductor de un automóvil Jetta color negro como presunto responsable del accidente.

El detenido responde al nombre de Tony Alberto González Bello, quién supuestamente, de acuerdo con los familiares de José Eduardo, es pareja sentimental de una trabajadora de la Fiscalía General del Estado (FGE) de nombre Rocío Martínez Leyva.

Yolanda Verónica Gatica, madre de José Eduardo, comentó que ella no fue notificada de la detención de González Bello, y que se enteró por sus propios medios.

Cuándo se enteró de la detención de González Bello acudió al Ministerio Público (MP) para la denuncia correspondiente y pedir que no sea liberado hasta que declare sobre el caso.

En el MP le dijeron que no les correspondía y la mandaron a la instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Ya en la FGE, Verónica Gatica comentó que no hubo quien los atendiera y que por lo mismo no ratificaron la denuncia.

«Estuvimos toda la noche tocando la puerta de las jaulas de detenidos y nadie salió a atendernos, nos fuimos porque teníamos que enterrar a mi hijo».

Los familiares de José Eduardo temen que pasen las 72 horas que establece la ley para que González Bello sea liberado porque no hay denuncia en su contra.

Al medio día de hoy familiares y amigos de José Eduardo protestaron en Palacio de Gobierno para exigir a las autoridades que no liberen a González Bello.

Los familiares bloquearon los dos carriles del encauzamiento Huacapa, a la altura de Palacio de Gobierno, donde exigieron ser atendidos por alguna autoridad.

En los cárteles de los manifestantes se leía: «Fiscalía no protejas asesinos».

«Lo único que pedimos es justicia, si nos la garantizan este bloqueo no estaría sucediendo», mencionó Agustín Verónica Gatica, tío de Eduardo.

Al bloqueo llegó personal de la Secretaría General de Gobierno a dialogar con los manifestantes, quienes dijeron que no se retirarían hasta hablar con funcionarios de la FGE.

Cuando llegó personal de la FGE, los familiares de José Eduardo pidieron que se firmara una minuta para acordar una mesa de diálogo.

Ante la negativa de los funcionarios estatales, los manifestantes intentaron entrar a Palacio de Gobierno a pedir una audiencia con el secretario general de Gobierno, Ludwing Marcial Reynoso.

Al percatarse de eso, personal de seguridad cerró la entrada principal de Palacio de Gobierno e impidió la entrada a la madre de José Eduardo.

Después de varios minutos de discusión, entre los familiares de José Eduardo y el personal de Gobernación, se permitió la entrada de una comisión para tratar el tema de la carpeta de investigación por la muerte de José Eduardo y darle el seguimiento correspondiente.

 

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Texto y fotografía: Amapola Periodismo 

Chilpancingo

 

Un adolescente de 16 años fue asesinado a balazos la mañana de hoy lunes cuando conducía una camioneta sobre la lateral norte-sur del boulevard Vicente Guerrero, al norte de esta capital.

El asesinato del adolescente se suma a los homicidios de otras ocho personas dedicadas al negocio de la venta de pollo, ocurridos a principios de junio pasado.

El adolescente se dedicaba a distribuir pollo; fue identificado con el nombre de Eduardo “N”.

La víctima manejaba una camioneta Nissan de plataforma, la cual quedó a mitad de la vía.

El hecho se registró cerca de las instalaciones de la Central de Autobuses.

Versiones de la gente que caminaba por la zona indican que escucharon varios disparos de arma de fuego.

El asesinato ocurrió cerca de las siete de la mañana pero el personal de la Fiscalía General del Estado ( FGE) y del Servicio Médico Forense ( Semefo) llegaron casi dos horas después para realizar las diligencias.

En junio pasado se desató una ola de violencia cuyo blanco fueron personas dedicadas a la venta de pollo en esta ciudad.

La situación generó el cierre de pollerías en el mercado central y varios otros puntos de venta.

Todo comenzó con el asesinato del distribuidor de pollos Tomas Ramírez, quien fue asesinado el 6 de junio cuando distribuía su mercancía en el mercado central.

A los tres días, el jueves 9 de junio, a medio día, otro hombre fue asesinado en el estacionamiento del mercado y, posteriormente, el sábado 11 de junio, hombres armados irrumpieron en una granja, ubicada en la comunidad de Petaquillas, y asesinaron a seis personas.

Las autoridades no tienen avances en sus investigaciones sobre los crímenes ocurridos en junio.

 

 

 

 

Víctimas de la guerra sucia del Quemado bloquean carretera Acapulco-Zihuatanejo; piden reparación del daño

Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Redes

Chilpancingo 

 

Integrantes del Comité de agraviados por la guerra sucia de El Quemado, municipio de Atoyac, bloquearon alrededor de tres horas la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo, para exigir a la Comisión de Atención a Víctimas (CEAV) cumpla con la reparación del daño que les prometieron desde 2019.

Los manifestantes bloquearon la circulación en los dos carriles de la carretera federal, a la altura del poblado de Cuatro Milpas, ahí exigieron al gobierno estatal y específicamente a la gobernadora, Evelyn Salgado Pineda, ser la intermediaria entre la CEAV y ellos para tener acceso a la reparación del daño que les prometieron.

De acuerdo con un pronunciamiento que publicó el Comité, una noche antes del bloqueo, desde el 2019 se firmó una minuta de acuerdo con la CEAV y el gobierno estatal para comenzar la reparación del daño a 70 personas, entre víctimas y familiares de activistas torturados y desaparecidos durante la guerra sucia en el poblado de El Quemado.

“A tres años de firmarse la minuta las víctimas solo hemos recibido algunos apoyos, pero sin considerar los parámetros internacionales de reparación del daño”, se lee en su pronunciamiento.

En febrero del 2019, la CEAV, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y el entonces gobernador priista, Héctor Astudillo Flores, anunciaron un programa piloto que comenzaría en El Quemado para garantizar la reparación del daño a las víctimas y familiares de la guerra sucia.

Dicho programa no se implementó y por eso los familiares de las víctimas decidieron bloquear la carretera la mañana de este miércoles.

Los manifestantes denunciaron que la actual administración federal ha incumplido con las familias afectadas, pues de acuerdo con la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh), se tendría que hacer un pago a las familias que sufrieron tortura y desapariciones forzadadas.

“Somos respetuosos de nuestro presidente de la República, pero consideramos que muchos funcionarios no están cumpliendo con la cuarta transformación, solo nos dan atole con el dedo”, mencionaron los manifestantes.

Desde las 08:40 de la mañana unas cien personas y miembros de organizaciones sociales, bloquearon ambos carriles de la vía federal de manera parcial.

Después de horas de bloqueo, los manifestantes dialogaron con el delegado regional de la Costa Grande del gobierno federal, Juan Méndez Noriega, quien les prometió una mesa de trabajo en El Quemado donde estarán representantes del CEAV, de la CNDH y del gobierno estatal para dar solución a sus peticiones.

 

 

 

 

Dulce salió de prisión y regresó a vivir en las calles; su caso muestra las debilidades del programa de preliberación, señalan ONG

La joven fue puesta en libertad dentro de un programa de justicia del gobierno capitalino. Sin embargo, las autoridades no tomaron en cuenta que carecía de redes de apoyo para poder reinsertarse en la sociedad.


Texto: Dalila Sarabia / Animal Político

 

El viernes 1 de julio, Dulce Pilar Hernández, de 33 años y quien había sido sentenciada a cuatro años y cuatro meses de cárcel por robar un celular, salió de la prisión de Santa Martha Acatitla, en la CDMX, tras ser beneficiada por el programa de preliberaciones que impulsa el gobierno capitalino. Sin embargo, la joven —quien no tiene familia— fue puesta en libertad sin ningún acompañamiento o seguimiento, lo que hizo que volviera a las calles donde ha vivido desde su infancia.

Al no tener redes de apoyo, Citlalli Fernández, fundadora de la Ave Fénix, AC, y quien conoció a Dulce cuando ella también estaba privada de su libertad, se convirtió en su contacto para estar al pendiente de cualquier noticia o requerimiento de la joven. Desde su asociación, de la mano con Marea Verde México, había trabajado durante meses diseñando un plan para sacarla de la cárcel, ya que podía acceder a un beneficio y con el pago de 13 mil pesos podía recuperar su libertad. Esto no era viable para Dulce por su cuenta, pues no tenía forma de conseguir los recursos económicos.

Quienes pagarían esa cantidad para que Dulce —una mujer con discapacidad intelectual, analfabeta y diabética— dejara la cárcel sería Ave Fénix, pero antes de hacerlo debía tener todo listo: un lugar donde la joven pudiera dormir, acceso a alimento, alguna actividad para realizar y buscar su reinserción social, y acompañamiento permanente para que no olvidara ir a firmar conforme la autoridad se lo solicitara.

Pero esos planes no se concretaron. Dulce fue beneficiaria del programa de preliberaciones, pero nunca se notificó de su salida y la mujer —tras permanecer tres días en calidad de desaparecida— fue localizada, solo para confirmar que volvería a vivir en las calles.

“Esta persona, como muchas personas que estuvieron en situación de calle o que no tienen redes de apoyo, es importantísimo que se les proporcionen las herramientas para contar con esta red de apoyo, y esa es otra obligación del Estado que está más allá de la privación o no de la libertad, porque es una cuestión de estructura social”, expuso Nayomi Aoyama, coordinadora del programa de Sistema Penitenciario y Reinserción Social de Documenta, AC.

“Lo que falla no es la política de liberaciones, sino es la visión que tenemos de reinserción que está muy apegada a la cuestión de rehabilitar y no tanto a una cuestión de poner todos los medios necesarios para que las personas que salen de prisión puedan tener acceso a los derechos de forma adecuada”, agregó.

A través de una ficha informativa, la Secretaría de Gobierno local informó que desde su salida a Dulce se le solicitó algún medio de contacto para dar seguimiento a su caso y diseñar planes individualizados desde el Instituto de Reinserción Social. Es decir, se trataba de planes a futuro cercano o a mediano plazo, no inmediatos.

Citalli Fernández, de Ave Fénix, relató que Dulce informó que se quería ir con su abuelita. Sin embargo, al intentar contactarla se enteraron de que la mujer había muerto mientras Dulce estaba privada de su libertad.

La Secretaría de Gobierno también expuso que desde que las autoridades se enteraron de “la presunta desaparición”, se implementaron acciones inmediatas para su localización a través del Instituto de Reinserción Social, en coordinación con el sistema penitenciario, la Secretaría de las Mujeres y la Consejería Jurídica locales.

“Dulce ‘N’ fue localizada con bien por personal de la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, integrantes de una asociación de la sociedad civil, agentes del Ministerio Público y de la Policía de Investigación (PDI), así como personal de Trabajo Social de la fiscalía”, informó, aunque no detalló las condiciones en las que se ubicó a Dulce.

Desde marzo de 2019 a la fecha, el programa de preliberaciones ya ha beneficiado a 53 mujeres quienes han recuperado su libertad. El viernes 1 de julio, cuando Dulce fue liberada, otras 25 mujeres también fueron beneficiadas.

Sin noticias 

En entrevista, la fundadora de Ave Fénix narró que el viernes 1 de julio recibió una llamada de apenas unos segundos en la que Dulce le informaba que estaba a punto de salir de prisión. Ante lo repentino del aviso, pidió a Dulce que no se moviera y le dijo que pediría que alguien de su equipo acudiera por ella.

“Llegaron mis compañeras y ya no la encontraron… la buscaron por las calles, por todos lados desesperadamente. Un guardia ahí del estacionamiento les dijo que había visto a dos niñas subirse a una camioneta (color) vino y se fueron (…) la descripción que dio era de ella”.

El no saber el paradero de Dulce hizo que Ave Fénix y Marea Verde México denunciaran su desaparición a través de las redes sociales porque, subrayó Citlalli Fernández, “ella tiene una discapacidad mental, es diabética, analfabeta, o sea, es una persona muy vulnerable”.

Las organizaciones pidieron ayuda al gobierno local, se levantó una denuncia por desaparición y la Comisión de Búsqueda capitalina fue notificada para comenzar con las labores de localización de Dulce.

“Es como echar a la calle a una niña de cinco años a que la vean bien (…) y todavía me dicen ‘se veía muy bien, muy feliz cuando le estaban entregando un kit con una chamarra’, y es que ella se ve entera, su discapacidad es mental, no todas las discapacidades son visibles”, reclamó Fernández.

Fue hasta la noche del lunes 4 de julio que las asociaciones recibieron notificación de que la habían visto por la zona de Zaragoza y la habían trasladado a la Fiscalía General de Justicia.

 

“Eres mayor de edad y te puedes ir”

Al lugar llegó Renata Villarreal, cofundadora de Marea Verde México, quien dio seguimiento al caso.

“Llego y tenían a Dulce en un cuarto. Sacaron a la psicóloga que la ha acompañado desde hace mucho tiempo y es su red de apoyo, su persona de confianza que la tranquiliza (…) Dulce obviamente comenzó con miedo a querer irse, a no querer hablar”, compartió Villarreal.

Agregó que funcionarios presentes le repetían a Dulce que ella era mayor de edad y no tenía por qué quedarse y tampoco irse con las organizaciones.

“(Al) repetirle esto a Dulce en las condiciones en las que estaba viviendo hicieron que saliera y se fuera”, dijo la activista.

Villarreal reprochó el actuar de las autoridades capitalinas, incluido el secretario de Gobierno, Martí Batres, quien a través de su cuenta de Twitter escribió: “En días pasados se difundió la versión de que Dulce N, recién egresada de un Centro Penitenciario, había desaparecido. Informo por esta vía que no ocurrió esta desaparición, que dicha persona fue localizada realizando sus actividades cotidianas”.

“Las ocupaciones diarias de Dulce hace muchos años eran ser prostituida, ser drogada y vivir con violencia en las calles de la Ciudad de México. Y su condición de vida de todos los días, sus ocupaciones desde hace dos años, era firmar listas, ser golpeada, alimentada, estar encerrada y vivir con miedo en la cárcel”, reclamó la activista.

 

 

Preliberaciones y reinserción, el ideal

En entrevista, Nayomi Aoyama, de Documenta AC, explicó que en todos los casos no solo el sistema penitenciario sino todo el aparato del Estado deben asegurar que las personas privadas de la libertad puedan tener el goce máximo todos sus derechos y que, cuando salgan de prisión, tengan acceso pleno a los mismos.

“Cuando pones a una persona en un espacio de privación de la libertad, no puedes simular que el único derecho que afectas es su derecho al libre tránsito (…) sino la educación, el trabajo, la vivienda, la cultura, el deporte”, ejemplificó.

Por ello, la reinserción busca eliminar lo más posible las afectaciones a otros derechos que no son la privación de la libertad.

“Entonces, lo que tienes que hacer desde la privación de la libertad, tú, Estado (…) debes asegurar que las personas privadas de su libertad, estando privadas de su libertad, puedan tener el goce máximo de estos derechos, y que cuando salgan, que esos derechos no se vean afectados”, explicó la experta.

Además, es primordial tener en cuenta que no hay un perfil único de persona privada de la libertad, ni que todas aquellas quienes recuperan su libertad salen con una red de apoyo, por lo que las necesidades de cada persona son particulares.

“La reinserción no puede ser única (…) específicamente en el caso de las mujeres privadas de su libertad, es la población que tiene un mayor abandono”, agregó Aoyama.

El 70% de las mujeres privadas de la libertad —continuó— se encuentra en condición de abandono y no tiene redes de apoyo.

“Siempre será preferible la libertad, pero en qué circunstancias, y para eso el Estado debe pensar en la interseccionalidad, saber que no es lo mismo la reinserción para una mujer en situación de calle que para una mujer que tiene redes de apoyo”, recalcó.

Este texto fue elaborado por el equipo de Animal Político y lo reproducimos con su autorización.

 

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Padres y madres de los 43 piden a la gobernadora Evelyn que investigue a ex Procurador Iñaky Blanco

Texto: Jesús Guerrero

Fotografía: Oscar Guerrero

Chilpancingo

 

En el cuarto día de la jornada de lucha 26 de Septiembre no se olvida, los padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala acusaron a la gobernadora morenista Evelyn Salgado Pineda de proteger a la policía estatal y a ex funcionarios que son responsables del caso.

En un mitin frente al Palacio de Gobierno cuyos accesos fueron cerrados por la policía estatal, los padres y madres de los 43 reclamaron la falta de voluntad de Salgado Pineda de por lo menos dialogar con ellos.

“Ella (Salgado Pineda) es un mujer y sabe del dolor de un hijo y vemos que ni siquiera se conduele de lo que nosotros sufrimos”, dijo una de las madres.

Vidulfo Rosales Sierra, asesor de los familiares de los 43, señaló que en las investigaciones judiciales que se han realizado es de que la noche del 26 de septiembre del 2014 entre 17 y 20 normalistas fueron bajados con violencia del autobús que estaba estacionado frente al edificio de la Ciudad Judicial.

“Todavía no sabemos el número de policías estatales que lo hicieron y que otros elementos de otras corporaciones habrían participado”, dijo el abogado.

Rosales Sierra dijo que otro elemento más de la responsabilidad de las autoridades locales es de que en las instalaciones de Ciudad Judicial había tres cámaras de videovigilancia que captaron las imágenes en los momentos en que un grupo de entre 17 y 20 normalistas fueron sacados del autobús.

Esos tres videos se los proporcionó a los padres y madres de los 43 el ex presidente del Poder Judicial Alberto López Celis.

Pero que un grupo especializado de la Fiscalía General de la República (FGR) analizó los videos y descubrió que todo lo que se filmó durante los días 26 y 27 de septiembre del 2014, fueron borrados.

«Lo que estamos pidiendo a la gobernadora Evelyn Salgado es de que se investigue a los ex funcionarios que fueron responsables de haber ordenado que se borrara lo que se filmó durante esos dos días en que los normalistas fueron desaparecidos», mencionó.

Cuando sucedieron los hechos en Iguala la presidenta del Poder Judicial era la magistrada Lambertina Galeana Marín quien actualmente está en retiro.

«Alguien dio la orden de que esos videos fueron borrados eso no fue casual», señaló Rosales Sierra.

Durante el mitin se exhibieron cuatro lonas en las que se le exige al Ejército Mexicano que informe de los archivos de lo que ocurrió la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre en las calles de Iguala.

Rosales Sierra dijo que durante la campaña para la gubernatura en el 2021 hubo un acercamiento de los que hoy son gobierno en Guerrero y prometieron que se iba a nombrar una Fiscalía Especial para que investigara a ex funcionarios por su responsabilidad del caso de Iguala.

Los ex funcionarios que deben ser investigados es al ex Procurador de Justicia, Iñaky Blanco Cabrera, al ex gobernador Ángel Aguirre Rivero, a policías estatales y ex autoridades del Poder Judicial, informó el activista y abogado.

Un testigo protegido que ha rendido declaraciones del caso involucró a Iñaky Blanco de recibir 50 mil dólares del grupo delictivo Guerreros Unidos.

«Estamos hablando de un alto funcionario que recibía ese dinero de un grupo delictivo que participó en la desaparición de nuestros 43 compañeros en Iguala», afirmó Rosales Sierra.

En la protesta se acusó al gobierno de Salgado Pineda de emprender una campaña sucia contra el movimiento de los padres y madres de los 43 y normalistas de que con sus movilizaciones generan desestabilización en Guerrero.

Los normalistas, padres y madres de los 43 así como organizaciones sociales han realizado marchas, cerraron la autopista e irrumpieron en la zona Naval en Acapulco además de que este miércoles se llevaron cinco autobuses.

Estas protestas ha generado que en las redes sociales se acuse a este movimiento de «vándalos» y «radicales», además de frases de contenido racista.

Rosales Sierra aseguró que toda esa propaganda «negra» contra el movimiento por los 43, proviene del Palacio de Gobierno.

Señaló que la desestabilización o ingobernabilidad que hay en Guerrero la están creando las autoridades de la administración estatal por su ineptitud para gobernar.

«Todos los días hay y habrá marchas y bloqueos porque este nuevo gobierno que se dice de izquierda no resuelve nada», sostuvo.

La jornada de lucha terminará en Guerrero con una protesta afuera de las instalaciones de Ciudad Judicial en Iguala este viernes 10 de junio, sábado y domingo en la Ciudad de México.

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