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José Santos González: el guía forzado del Ejército, ejecutado después de servirles

Hace 49 años, el Ejército se lo llevó como guía para buscar un campamento de guerrilleros, después lo mató. Es la octava víctima que será exhumada y probará el terrorismo de Estado

Texto y fotografía: José Miguel Sánchez

17 de septiembre del 2023

Chilpancingo

La mañana del 19 de noviembre de 1974 un grupo de militares tocaron la puerta de José Santos González Rojas, de 26 años, quien se dedicaba junto con sus hermanos a la agricultura y la ganadería en la comunidad serrana de Palos Altos, municipio de San Miguel Totolapan.

Los militares buscaban un guía para, supuestamente, llevarlos a recorrer la zona a buscar un campamento de guerrilleros.

Para ese entonces, ya había caído en combate el líder guerrillero Lucio Cabañas y el Ejército quería exterminar todas las células del Partido de los Pobres.

Era la década de 1970, la llamada guerra sucia estaba en su punto máximo de ebullición, la Sierra guerrerenses fue el campo de batalla entre el Ejército y la guerrilla.

Por ese motivo cientos de elementos del Ejército se desplegaron en Guerrero para enfrentar la guerrilla; dichas operaciones militares dejaron el saldo de cientos de personas desaparecidas, asesinadas, torturadas y pueblos saqueados y miles de desplazados.

Por la violencia ejercida por parte del Ejército, académicos y víctimas piden que este hecho histórico que va de 1960 a 1980 sea conocido como terrorismo de Estado.

Uno de esos pueblos asediados por el Ejército fue Palos Altos, donde una de las víctimas fue Santos González.

«En aquel tiempo no podías decirle que no al Ejército y por eso fue él (Santos González), que con miedo los acompañó para supuestamente ser su guía, pero ya nunca regresó», contó en entrevista Evaristo Tamaquio González, sobrino de Santos, quien se define como hijo de crianza y una de las personas que emprendió la lucha por la justicia.

Familiares de José Santos González exigen justicia, la imagen este 17 de septiembre en Chilpancingo.

Santos González Rojas era habitante de Palos Altos, comunidad serrana de San Miguel Totolapan, en la Tierra Caliente de Guerrero, se dedicaba a la agricultura y la ganadería, por lo que conocía muy bien los alrededores de Palos Altos.

En la Sierra de Guerrero, por las distintas irrupciones ilegales del Ejército la población vivió en constante miedo, «por eso, hasta que vimos que los militares se fueron, salimos a buscar a mi tío», recuerda Tamaquio González.

«Lo cargaban como guía y ya después lo desaparecieron, nosotros como a los ocho días lo fuimos a buscar y lo encontramos muerto y ya en descomposición», agregó.

Por las condiciones en las que hallaron el cadáver de Santos González, a su familia le fue imposible regresar con él, por lo que decidieron enterrarlo en el mismo punto donde lo hallaron.

Fue en el punto conocido como el Cerrito del Águila, a una hora y media de camino de Palos Altos donde hallaron el cadáver y lo enterraron.

Carlos González Marques también sobrino de Santos González emprendió una lucha de 49 años para recuperar los restos de su tío, hacerle justicia y darle un entierro digno.

Una lucha colectiva

Carlos y Evaristo se unieron al Colectivo de Esposas e Hijos de Desaparecidos y Desplazados de la Guerra Sucia, para exigir justicia y castigo a los responsables del asesinato de su tío.

Desde dicho colectivo, decenas de familias piden justicia para las víctimas, por lo que junto con la Asociación Representativa Ejidos y Comunidades Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos y Grupos Vulnerables y la Asociación Cívica Nacional Revoluciones (ACNR) formaron La Unión de Colectivos de Familiares y Víctimas de la Guerra Sucia.

Desde La Unión de Colectivos se interpuso una demanda ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra el Ejército por desaparición forzada.

Resultado de dicha denuncia, la FGR determinó exhumar ocho cadáveres de fosas clandestinas en Los Espadines y Palos Altos, las ubicaciones las obtuvieron a través de las declaraciones de las familias de las ocho personas que vieron cómo el Ejército los asesinó.

Fue así que del 4 al 8 de septiembre, la Unión de Colectivos junto con la FGR, la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP) realizaron la búsqueda de las fosas clandestinas.

Durante las labores de búsqueda hallaron los restos de Gervasio Bernardino Durán, Eduviges Ovillada Ortiz, Bartolo Rojas Nazario, Francisco Rojas Nazario, Pablo Rojas Terán, Apolonio Hernández Bernardino y José Isabel Rojas Bernardino, de 13 años.

La justicia quedó cerca, a tres horas de distancia

De Los Espadines a Palos Altos son tres horas de distancia, y aunque estaba incluido en las labores llegar, el clima y el tiempo impidieron a las autoridades completar los trabajos, por lo que quedaron pendientes de exhumación, los restos de José Santos González Rojas, enterrado cerca del poblado de Palos Altos.

«Estamos en eso, exigiendo justicia y ojalá pronto llegue, estamos un poco tristes y preocupados por no tener todavía a nuestro familiar y darle cristiana sepultura, pero esperemos que ya pronto.

Los otros siete restos fueron hallados en tres fosas clandestinas, dos en Los Espadines, una con tres y la segunda con dos víctimas y una tercera fosa en el lugar conocido como Las Desdichas, del municipio de Ajuchitlán del Progreso, en la Tierra Caliente de Guerrero.

Este mediodía, en conferencia de prensa en las instalaciones de la CDHEG, familiares de estas ocho víctimas, entre hijos, hermanos y sobrinos pidieron a la FGE y al Servicio Médico Forense (Semefo) agilizar las labores de identificación para que lo más pronto posible accedan a los restos de sus familiares y puedan darles sepultura.

«Encontramos los resultados que nosotros queríamos, donde el Ejército mexicano asesinó sin dar ni una explicación, llegaban a los pueblos a masacrar y echar los cuerpos a una fosa clandestina», mencionó Estela Arroyo Castro, coordinadora de la Asociación Representativa de Ejidos, Comunidades, Grupos Vulnerables y Violaciones a los Derechos Humanos (Arecovidh).

Durante las labores de exhumación, el personal de la FGE negó a los familiares observar los trabajos y solo al final, antes que los restos fueran trasladados en helicóptero a Chilpancingo les permitieron verlos durante unos minutos.

A 49 años de los hechos, la familia de Santos Gónzalez pide que se agilicen los trabajos para que las autoridades les entreguen a su familiar.

Los restos de la víctima que faltó podrían ser exhumados después de octubre, terminada la temporada de lluvias.

En la conferencia de prensa, los familiares de las siete víctimas de la guerra sucia desaparecidas y asesinadas presuntamente por elementos del Ejército, exigieron a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero (CDHEG), la identificación inmediata de los restos hallados en la comunidad de Los Espadines, en la Sierra de la Tierra Caliente.

Micaela Cabañas y Diana Hernández reciben Presea Popular por la continuidad de la lucha social que representan

Texto: Margena de la O

Fotografía: Oscar Guerrero

Chilpancingo

13 de septiembre del 2023

Micaela Cabañas Ayala y Diana Hernández Hernández, con el peso a cuestas de la continuidad de la lucha social, por ser hijas de quienes son, lo que ya les hizo librar sus propias batallas, recibieron la Presea Sentimientos del Pueblo que otorga la Asamblea de los Pueblos del Estado de Guerrero (APPG) como parte de la conmemoración de los Sentimientos de la Nación y con la que reconocen las causas sociales.

Son hijas del maestro rural que tomó las armas y se internó en la Sierra de Guerrero por causas sociales en la época de los sesentas y setentas, Lucio Cabañas Barrientos, y del luchador social que también enarboló los reclamos de los campesinos en tiempos más recientes, Ranferi Hernández Acevedo, ambos asesinados en un contexto que evidencia rasgos de un costo por lo que defendieron.

Las galardonadas de esta edición 16 lloraron cuando recibieron las medallas, dijeron, por lo que representa para ellas el reconocimiento que en varios momentos refrendaron a las memorias de sus padres pero, a la vez y sin darse cuenta, por las similitudes de sus vidas.

“Algo que me une a muchos a todos mis hermanos de lucha, pero también a Micaela Cabañas, es precisamente ese sentimiento de ya no tener ni a tu padre ni a tu madre, pero que a pesar del dolor estamos de pie, y que le incomode a quien le incomode, esta lucha no se acaba hasta que se acaba”, comentó Diana, después de recibir la presea y de tomar un largo respiro para sobreponerse por todos los sentimientos que se le removieron.

Antes, en la misma ceremonia del actual vestíbulo de la Dirección General del Colegio de Bachilleres (Cobach), pero edificio donde redactaron los Sentimientos de la Nación, recibió la presea Micaela, con algunos de los Cabañas como asistentes.

Guillermina Cabañas, prima de su padre, quien lo acompañó en la lucha armada guerrillera, le entregó la medalla.

También asistió Pablo Cabañas Barrientos, hermano del maestro rural que encabezó el Partido de los Pobres, quien estuvo preso como resultado de la persecución a los Cabañas por la lucha armada de Lucio.

Al intervenir dijo que no habría recinto ni discurso suficiente para representar la nobleza y humildad de su hermano.

“Todos tenemos ese sentimiento, todos llevamos ese piquito en el corazón, esa espinita de aquel que se nos fue o de aquella que se nos fue”, agregó.

También ellas nunca perdieron el reconocimiento implícito para sus padres al recibir sus medallas. “Esto es en honor a todos ellos, los caídos, los desaparecidos y los que aún hoy sobrevivimos a esta ardua lucha y nos consideramos pertenecer a la lucha social. A todos aquellos que luchan día a día, y que yo los considero mis hermanos, como los compañeros de Ayotzinapa, los compañeros caídos, los compañeros que aúno encontramos, los compañeros que estamos en espera de justicia. Quiero decirles que esto es símbolo de la unidad de la lucha social”, dijo Micaela durante su intervención.

La lucha a la que se refirieron ambas ha tenido costos directos para ellas.

El profesor Lucio Cabañas fue asesinado en 1974 por las tropas militares en la Sierra de Guerrero, época en la que el Estado había declarado enemigos públicos a los guerrilleros. El 3 de julio de 2011, después de años cuidarse y hasta de esconderse por la relación con el maestro rural, Isabel Ayala, madre de Micaela–la única hija de Lucio–, fue asesinada junto a su hermana Reyna, en Xaltianguis, el pueblo de Acapulco en el que vivía.

En una entrevista anterior Micaela expuso que detrás de la muerte de su madre estaba el origen e historia de ella.

El luchador social Ranferi Hernández Acevedo fue asesinado el 14 de octubre de 2017, junto a su esposa Lucía Hernández Dircio, su suegra Juana Dircio y su ahijado Antonio Pineda Patricio. Diana, en su sólo episodio de aparente violencia criminal en la Montaña baja, pero que conjunta muchos elementos políticos y sociales, perdió a los pilares de su familia.

“El asesinato de mi padre claramente es parte de terrorismo de Estado que se ha sedimentado como forma dominante de hacer política en México”, dijo Diana después de recibir la medalla.

Sus vidas casi paralelas, pero indudablemente similares, han hecho que Micaela y Diana libren sus propias batallas que, de alguna manera, representa la continuidad de la lucha social. Micaela debió vivir en la penumbra por años para no revelar quién era y su origen, y Diana en el exilio gran parte de su niñez porque sus padres refutaron a los Figueroa en periodos distintos.

Esta fue la apreciación de Nicomedes Fuentes García, ex integrante de la guerrilla de Lucio Cabañas y ex integrante de la Comisión de la Verdad (Comverdad) al momento de entregarle la medalla a Diana. “La lucha sigue con las nuevas generaciones, sigue en la voz de Mica, en la voz de Dianita; en la voz de las familias, en la conciencia y en las luchas de las nuevas generaciones. Muy importante que estas preseas hayan sido asignadas a este par de compañeras muy valiosas”, comentó

También ellas son conscientes de su herencia. “Compañeros de este largo caminar, compañeros que conocieron a mi padre, que lucharon junto a él, que son parte de la historia y que son parte de todo este caminar y de los que ahora gozamos y le decimos democracia”, mencionó Micaela cuando se dirigió a los asistentes.

De igual manera quedó claro en el acto que la lucha social es una continuidad. Diana recordó, por ejemplo, que su padre siempre tuvo de referente a Lucio Cabañas, el padre de Micaela, cuando enarboló las demandas sociales.

Aprovechó también el espacio de su discurso para plantear que juntos, es decir, todas las representaciones de las organizaciones, empujen en las instituciones la petición la creación de un museo de la memoria y luchas sociales para que no quepa el olvido de las aportaciones de quienes los han antecedido.

Exhuman las primeras siete víctimas de la guerra sucia con evidentes huellas de un terrorismo de Estado

Entre los restos exhumados el viernes 8 de septiembre estaban los de un menor de 13 años. Son víctimas de un periodo marcado por las atrocidades del Ejército contra la población

Texto: Marlén Castro

Fotografía: Especial

Chilpancingo

Los habitantes de Los Espadines, municipio de Ajuchitlán del Progreso, en la región de la Tierra Caliente, oyeron ruidos alrededor del pueblo. Se preocuparon. Eran comunes las incursiones del Ejército en las comunidades de la Sierra en esos años. Era 1967.

Cuatro años atrás, Lucio Cabañas, el líder guerrillero del Partido de los Pobres, había muerto en combate y el Ejército y todas las fuerzas federales se afanaban en exterminar la semilla revolucionara dejada por Cabañas.

Los habitantes de Los Espadines, apenas entre 35 y 40 personas, supieron pronto que los ruidos los hacían soldados y personas con ropas de civil.

Entre la oscuridad, algunos hombres pudieron escapar al monte. No todos corrieron con la misma suerte. Los que seguían ahí a la mañana fueron detenidos, torturados y fusilados.

Los sobrevivientes cuentan que esa noche de 1967 llegaron como 200 elementos del Ejército y otros más vestidos de civil, que usaron armas que descansaban sobre el suelo en tres patitas, desde las que lanzaban balas que destrozaban todo por completo. Se cree que usaron lanza granadas para hacer salir a la gente de sus escondites.

Esta mañana del viernes 8 de septiembre, 56 años después, los restos de cinco hombres de Los Espadines fueron exhumados de la fosa clandestina en la que los enterraron los militares. Los cráneos tienen orificios, lo que confirma la ejecución y el terrorismo de Estado.

Se define como terrorismo de Estado, de acuerdo con las discusiones académicas, a la forma del ejercicio del poder con miras a crear temor generalizado y a efectuar disposiciones represivas, criminales dirigidas contra los ciudadanos que son considerados enemigos del Estado, algunas de las prácticas y métodos utilizados fueron las desapariciones, las torturas y los llamados vuelos de la muerte.

“Alguien los acusó de que eran guerrilleros y por eso el Ejército acabó con ellos”, sostiene Octaviano Gervasio Serrano, presidente del Colectivo de Esposas e Hijos de Desaparecidos y Desplazados de la Guerra Sucia.

Gervasio Serrano, hijo de Octaviano Gervasio Benítez, una persona desaparecida de la década de los sesentas, indica que la exhumación de siete víctimas de la guerra sucia es un hecho histórico, porque se trata de la evidencia de las atrocidades que cometió el gobierno mexicano, cuyo principal brazo ejecutor fue el Ejército.

La fosa clandestina

Después de que sus esposos y padres fueron fusilados y enterrados, las viudas y los huérfanos abandonaron Los Espadines. Algunos se refugiaron en Pie de la Cuesta, otro pueblo de la Sierra, del municipio de Atoyac, de acuerdo con lo que registró el colectivo al que se adhirieron.

Las mujeres y los niños y niñas fueron obligados por los soldados a ver el fusilamiento de los hombres. Fueron amenazados, si hablaban, si denunciaban, si desenterraban a sus familiares, les pasaría lo mismo. Así que se fueron de Los Espadines pero siempre supieron dónde estaban enterrados.

“A pesar de que ya habían pasado muchos años, tenían mucho miedo de hablar”, dice Gervasio Serrano, quien se hizo abogado para hacerse de herramientas jurídicas en su lucha.

Los Espadines ahora sólo son coordenadas. El tiempo borró por completo sus casas. Ahora todo es un terreno en el que los vecinos siembran maíz.

A las familias les llevó 55 años para animarse a hablar ante una autoridad. Los menores que presenciaron los acontecimientos ahora tienen más de sesenta años y las viudas, sólo sobreviven dos, están entre los 85 y 90 años.

En noviembre del 2022 presentaron su denuncia ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y el 2 diciembre la ratificaron ante la Oficina Especial de Víctimas de la Guerra Sucia.

En abril de este año, se hizo una búsqueda de reconocimiento, a partir de los testimonios de las víctimas y, finalmente, el lunes 4 de septiembre comenzaron las labores para exhumar los restos humanos.

En Los Espadines identificaron dos puntos, cada uno, resultó ser una fosa. En una hallaron a tres personas y en la segunda a dos.

Junto con la denuncia de los sobrevivientes de la matanza de Los Espadines, también hablaron los familiares de dos víctimas en el lugar conocido como Las Desdichas y de otra más, en el punto conocido como El Cerrito del águila, pequeñas poblaciones del municipio de Ajuchitlán del Progreso.

Entre el 4 y el 8 de septiembre, personal de la Fiscalía Especializada para la Investigación, Persecución, de los Delitos en Materia de Desaparición Forzada de Personas de la Fiscalía General de la República (FGR) trabajaron en tareas para llevar a cabo la exhumación y este viernes anunciaron el hallazgo de los restos de siete víctimas. Falta uno más por localizar.

Las víctimas

Los restos exhumados pertenecen a Bartolo Rojas Nazario, Francisco Rojas Nazario, Gervasio Bernardino Román, Eduardo Oviada Ortiz, Apolonio Hernández Bernardino, José Isabel Rojas Bernardino, y el niño Pablo Rojas Terán, que tenía 13 años y era hijo de Francisco Rojas.

Los cadáveres, de acuerdo con lo que informaron a Estela Arroyo Castro, coordinadora de la Asociación Representativa de Ejidos, Comunidades, Grupos Vulnerables y Violaciones a los Derechos Humanos (Arecovidh), organización a la que pertenecen las víctimas, fueron trasladados en helicóptero a Chilpancingo por elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Aun cuando es su derecho, el personal de la Fiscalía Especializada negó el acceso de los familiares al momento de que exhumaron los restos, supuestamente por la lluvia y sólo les permitieron verlos durante un par de minutos.

Arroyo Castro indicó que los restos de la víctima que faltaron, podrían ser exhumados hasta noviembre, después de las lluvias.

El Ejército “calladito”

Gervasio Serrano señala que las fechas de presentación de la denuncia, de ratificación y del inicio de los trabajos de reconocimiento y el hallazgo final de los restos de las víctimas hacen suponer que fue un proceso fácil, pero no lo fue.

Las víctimas y las organizaciones de personas desaparecidas presionaron al Estado a hacer las búsquedas, protestaron dos veces en la zona militar y denunciaron ante los medios la dilación y la omisión como estrategia del Estado para evitar llegar a este momento.

“Este es un hecho histórico, único, es la prueba de las atrocidades que cometió el Ejército, son sus víctimas. A ver. Este es un logro y no hay un comunicado del gobierno diciendo que hallaron los restos de víctimas. No lo hay ninguna información a la población ni del gobierno, ni del Ejército. El Ejército está calladito”.

Declaran inocente a presunto autor intelectual del asesinato de Arnulfo Cerón Soriano

Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Oscar Guerrero / Archivo

Chilpancingo

Ayer, un juez de Tlapa declaró inocente a Marco Antonio García Morales, principal sospechoso de ser el autor intelectual de la desaparición y asesinato del activista del Frente Popular de la Montaña (FPM), Arnulfo Cerón Soriano.

Arnulfo desapareció el 11 de octubre del 2019 en la ciudad de Tlapa, en la Montaña de Guerrero, 40 días después su cadáver fue hallado tres metros bajo tierra en un paraje de la carretera Tlapa-Metlatónoc.

De acuerdo con las declaraciones ministeriales de los autores materiales del crimen, fue el empresario y entonces jefe de gabinete del Ayuntamiento de Tlapa, Marco Antonio García Morales, quien ordenó desaparecer y asesinar a Arnulfo, después de una serie de protestas y movilizaciones contra la administración del entonces alcalde morenista, Dionicio Merced Pichardo.

Fue el juez Emanuel Reyna Vélez, quien determinó la inocencia de García Morales mediante el fallo del juicio oral 15/2023.

Aunque García Morales ya gozaba de libertad, desde el 30 de septiembre del 2022, porque le cambiaron sus medidas cautelares de prisión preventiva a una de libertad por argumentar enfermedad.

García Morales estuvo preso en la cárcel de Atlamajac dos años y nueve meses.

«La sentencia absolutoria no implica que el (García Morales) sea inocente, nosotros como Frente Popular de la Montaña no vamos a descansar hasta que se le haga justicia al compañero Arnulfo», mencionó en entrevista Ubaldo Segura Pantoja, de la dirección colectiva del FPM.

Segura Pantoja consideró que existen muchas irregularidades en la investigación y en el caso. «Muchos testigos fueron comprados para no presentarse a declarar en el juicio, por lo tanto ya estamos viendo con Tlachinollan apelar el fallo del juez».

Algunos de las irregularidades que puntualizó fue el cambio de la prisión preventiva a medida en libertad, «eso hizo que García Morales se moviera en libertad y amenazara a los testigos».

El abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, denunció que
la Unidad de Medidas Cautelares solapó a García Morales al no cumplir su función.

Esto porque García Morales salía de Tlapa, aun cuando la medida indicaba que no podía hacerlo.

Además, para lograr la libertad condicional argumentó que estaba mal de salud, «pero él siempre se movió por todos lados, andaba haciendo campaña, apadrinaba jaripeos o clausuras y la Unidad nunca verificó», dijo Rosales Sierra.

Las audiencias de juicio oral a puerta cerrada iniciaron el 3 de julio y terminaron el 28 de agosto con el fallo a favor de García Morales.

Apenas el 28 de agosto, integrantes del FPM se reunieron con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda para pedirle atención al caso y no permitir «que se cometiera una injusticia».

Una semana antes tuvieron una reunión con el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Raymundo Casarrubias Vázquez y el secretario General de Gobierno, Ludwing Marcial Reynoso Núñez, a quienes les pidieron que el juicio por la desaparición y asesinato del Arnulfo fuera apegado a derecho e imparcial.

Tlachinollan y el FPM emitieron un comunicado donde exigen justicia por Arnulfo.

En el comunicado ambas organizaciones piden a la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia revise el fallo absolutorio «apegándose a los principios de imparcialidad e independencia y considerando la condición de defensor de derechos humanos de Arnulfo Cerón».

«El fallo no es definitivo, la Fiscalía (General del Estado FGE) y las víctimas lo impugnarán esperando que el Tribunal Superior corrija los desaciertos e irregularidades del juez Emanuel Reyna Vélez que siempre mostró una actitud parcial en el juicio».

Una mujer coloca un tendedero con la imagen de Arnulfo Cerón Soriano afuera del Congreso local durante una protesta el 22 de agosto pasado para exigir justicia por el asesinato del activista.

Protestan en Congreso local para exigir justicia por el asesinato de Arnulfo Cerón Soriano

Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Oscar Guerrero

Chilpancingo

Integrantes del Frente Popular de la Montaña (FPM) protestaron esta tarde afuera del Congreso de Guerrero para exigir justicia por el asesinato del activista Arnulfo Cerón Soriano.

Cerón Soriano fue desaparecido el 11 de octubre del 2019 en la ciudad de Tlapa, en la Montaña de Guerrero, y hallado asesinado 49 días después en una fosa clandestina.

De su asesinato está acusado como autor intelectual del crimen el empresario Marco Antonio García Morales, quien se desempeñaba como jefe de gabinete del entonces alcalde morenista, Dionicio Merced Pichardo.

García Morales estuvo preso desde 2019 por ser el presunto autor intelectual, pero un juez dictaminó que llevara el juicio en libertad y salió de prisión en octubre del 2022.

Con este antecedente, el FPM inició hoy una jornada de manifestaciones en Chilpancingo para exigir a los tres poderes del estado un alto a la impunidad y a la corrupción que rodean el caso de Arnulfo.

“Llevamos tres años exigiendo justicia para nuestro compañero Arnulfo y resulta que el tiempo pasa y pasa y no hay nada y ahora vemos que el juez se inclina en favor de la defensa del autor intelectual”, mencionó Ubaldo Segura Pantoja, integrante de la Dirección Colectiva del FPM.

La manifestación del FPM comenzó en el Congreso del estado, donde unos 100 manifestantes cerraron los accesos principales y colocaron lonas donde exigen justicia para Arnulfo Cerón.

Fuera del Congreso local realizaron un mitin donde explicaron que su protesta es para acceder justicia en el caso de Arnulfo Cerón.

“Nosotros estamos convencidos que solamente con la denuncia pública vamos a lograr que haya justicia, nosotros no confiamos en las autoridades, confiamos en nuestra lucha”, mencionó Segura Pantoja.

A finales de este mes terminará el juicio sobre el asesinato de Arnulfo y el FPM espera que el juez emita una sentencia final y condenatoria contra García Morales.

De acuerdo con las investigaciones, García Morales fue acusado por los autores materiales del crimen de ser él responsable del asesinato de Arnulfo.

“Nosotros creemos que hay contubernio entre los poderes”, dijo Segura Pantoja.

La desaparición y posterior asesinato de Arnulfo, de acuerdo con el FPM, está relacionado a su activismo en defensa de los derechos de los pueblos originarios y su oposición al entonces alcalde de Tlapa, Dionicio Merced Pichardo y a su jefe de gabinete, García Morales, este último vinculado a proceso por el crimen.

Después de permanecer en el Congreso local, los manifestantes del FPM acudieron a la sede del recinto del Poder Ejecutivo, para buscar una mesa de trabajo con el secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, y mañana tienen agendada una reunión a las once de la mañana con el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, Raymundo Casarrubias Vázquez, para hablar sobre el caso de Arnulfo.

Piden justicia para Arnulfo Cerón desde el Congreso local

Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Tlachinollan

Chilpancingo

El diputado morenista Masedonio Mendoza Basurto pidió y confió en que habrá justicia para el activista del Frente Popular de la Montaña (FPM), Arnulfo Cerón Soriano, desaparecido el 11 de octubre del 2019 y de quien hallaron su cadáver en una fosa clandestina 40 días después.

Mendoza Basurto, diputado por el distrito 18, con sede en Tlapa de Comonfort, en la Montaña de Guerrero, denunció en tribuna durante la sesión de Comisión Permanente que Guerrero vive una «época convulsa en la que la violencia contra activistas, luchadores y dirigentes sociales ha incrementado».

Arnulfo Cerón, como activista del FPM, tenía una amplia trayectoria en la defensa de derechos humanos y de los pueblos originarios, causa que, de acuerdo con sus compañeros activistas, fue lo que le costó la vida.

El cadáver de Arnulfo fue hallado en noviembre del 2019 en una fosa clandestina del municipio de Tlapa, tras estar desaparecido 40 días.

«Arnulfo Cerón Soriano, un hermano indígena que no buscaba otra cosa que no fuera la libertad, la igualdad y la paz de su pueblo. Es más, en muchas ocasiones fui testigo de su altruismo y de ese amor desinteresado por el bien común», dijo Mendoza Basurto en tribuna.

El legislador morenista catalogó de «tortugimso procesal» al Poder Judicial de Guerrero, por la lentitud en que avanzan las investigaciones y las vinculaciones a proceso de los autores materiales e intelectuales de la desaparición y homicidio.

Durante su participación, Mendoza Basurto habló también de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raul Isidro Burgos, de Ayotzinapa, hechos que catalogó como de «dolor indescriptible y una oleada de gran sufrimiento».

Situación que dijo, se da en Guerrero desde “las atrocidades y crímenes violentos de la etapa conocida como guerra sucia (1969-1979), en la que fuerzas federales y estatales cometieron crímenes con carácter de lesa humanidad».

Mendoza Basurto recordó el compromiso que asumió el presidente Andrés Manuel López Orbador de que haya justicia en el caso de Arnulfo Cerón y espera que el gobierno federal no proteja a ninguno de los responsables del crimen.

Por la desaparición y asesinato de Arnulfo hay 12 personas detenidas, que son relacionadas a grupos delictivos que operan en Tlapa.

Estas 12 personas acusaron al entonces jefe de gabinete del alcalde de Tlapa, Marco Antonio García Morales, de ser autor intelectual del asesinato de Arnulfo.

García Morales fue detenido y dos años después un juez de control dictó su liberación para que lleve el proceso fuera de prisión.

Ante esta situación activistas y amigos de Arnulfo exigen al Poder Judicial que sea imparcial y que no se cometan más irregularidades en el caso.

Después de un mes de desaparecido hallan sin vida al menor Abimael

Texto: Itzel Urieta

Fotografía: Oscar Guerrero

Chilpancingo

Después de un mes desaparecido fue localizado sin vida el adolescente Abimael Bolaños Cortez, de 17 años, estudiante del Instituto de Estudios Stephen Hawking (IESH), en el municipio de Eduardo Neri.

De acuerdo con fuentes cercanas a la familia, el cadáver de Abimael fue hallado el 21 de julio, en el acceso del antiguo basurero de Zumpango del Río, cabecera municipal de Eduardo Neri.

Después le hicieron las pruebas de ADN correspondientes y el viernes 11 de agosto confirmaron que se trataba del menor. Hasta ahora la familia desconoce la causa de muerte.

Abimael desapareció el 21 de junio cuando salió de su casa con dirección a su escuela, alrededor de las siete y media de la mañana. El último contacto que Abimael tuvo fue con una compañera de su escuela, quien le encargó unas copias para un trabajo que entregarían, pero Abimael nunca contestó su mensaje ni llegó al plantel, contaron en su momento familiares.

Después de la desaparición de Abimael, sus familiares y amigos hicieron una marcha hacía la Fiscalía General del Estado (FGE) para exigir agilidad en la búsqueda.

Ana María Cortes Sánchez, madre del menor, informó que en la FGE minimizaron el caso y le dijeron que tenían muchos otros casos acumulándose.

Contó que en la reunión con funcionarios de la FGE le dijeron que era posible que su hijo se fuera por su voluntad de su casa “porque a lo mejor ya estaba harto de ella, su madre”.

Mencionó que su respuesta fue que antes de hacer esos señalamientos se pusieran a buscarlo. “Yo le decía (Abimael) que es como mi nariz, porque siempre va delante de mí”, dijo Ana María que le contestó a los agentes ministeriales.

Por la protesta afuera de la FGE elementos de la Policía Investigadora Ministerial realizaron un recorrido por última ruta que vieron a Abimael y colocaron carteles y entregaron fichas de búsqueda, pero ni hallaron al menor.

La FGE entregó el viernes los restos del adolescente a su familia y el sábado fue sepultado. Abimael cumplió 17 años en el periodo de su desaparición.

Aun cuando ya entregaron el cadáver de menor a su familia y fue sepultado, la FGE todavía no desactiva la ficha de búsqueda de Abimael.

Por el asesinato de Abimael, el Instituto Educativo Stephen Hawking, donde estudiaba el menor, exigió a las autoridades justicia. “Cumplan su propósito, exigimos justicia para nuestro alumno, compañero y amigo Abimael Bolaños Cortez. Descansa en Paz», se lee en la esquela publicada en los medios oficiales de la institución.

«A lo largo de su tiempo en nuestra Institución, Abimael dejó una huella de amabilidad y compromiso que nunca olvidaremos. A pesar de su partida, su presencia seguirá viva en los pasillos y aulas que compartimos», es otro fragmento de la esquela.

De acuerdo con reportes oficiales de la FGE el cadáver de Abimael fue hallado en avanzado estado de descomposición, por lo que se cree que murió en los primeros días de su desaparición.

La FGE aún no determina la causa de muerte.

Familiares y conocidos del menor de 16 años, Abimael Bolaños Cortez, desaparecido el 21 de junio, marcharon hacía la Fiscalía General del Estado el día viernes 30 para exigir agilizar su búsqueda. Foto: Oscar Guerrero.

Arnulfo Cerón y su lucha por transparentar recursos que le costó la vida

Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Cromática Agencia Fotográfica y Multimedia / Portada

Chilpancingo

Arnulfo Cerón Soriano desapareció el 11 de octubre del 2019 en la ciudad de Tlapa, en la Montaña de Guerrero; 40 días después su cadáver fue hallado tres metros bajo tierra en un paraje de la carretera Tlapa-Metlatónoc.

La desaparición y posterior asesinato de Arnulfo está relacionado a su activismo social en defensa de los derechos humanos y de pueblos originarios en la Montaña guerrerense, a través del Frente Popular de la Montaña (FPM), donde fue oposición al entonces alcalde de Tlapa, Dionicio Merced Pichardo y a su jefe de gabinete, Marco Antonio García, este último vinculado a proceso por su crimen.

Durante todo el 2019, Arnulfo tuvo confrontaciones con el alcalde morenista, porque le exigía cuentas de los recursos ejercidos y obras para comunidades de donde era gestor comunitario.

Para sus compañeros del FPM fueron estas críticas las que le costaron a Arnulfo persecusión, amenazas, desapareción y muerte.

Para enterrar a Arnulfo, los perpetradores cavaron un pozo de tres metros con una maquina retroexcavadora, el objetivo era que nadie lo hallara.

De acuerdo con colectivos de búsqueda, los criminales que realizan fosas clandestinas «no se toman tantas molestias para enterrar personas», en su mayoría los cadáveres son hallados a menos de un metro de profundidad.

Arnulfo y su labor en defensa de los derechos humanos

Arnulfo era abogado de profesión y defensor de los derechos humanos por vocación, desde el 2000 luchó por la defensa de los derechos sociales de los pueblos originarios.

Como abogado colaboraba con el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan en defensa de los derechos de pueblos indígenas. En 2014 se solidarizó con la lucha de las madres y padres de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala.

En 2000, Arnulfo fue arrestado arbitrariamente por la Policía Ministerial, fue torturado y detenido durante un año y medio acusado de homicidio. Lo absolvieron porque no se comprobó su implicación en dicho crimen.

Meses antes de su desaparición acompañó a un grupo de vendedores ambulantes expulsados del centro de Tlapa por decreto municipal para que ya no se instalaran en el primer cuadro de la ciudad.

Arnulfo desapareció el 11 de octubre de 2019, alrededor de las ocho de la noche, en el trayecto que hacía de su casa a una conferencia de Alcohólicos Anónimos.

Desde ese día, la familia, amigos y colegas de Arnulfo comenzaron labores de búsqueda, que duraron 40 días. Lo hallaron después de una presión mediática y por organizaciones internacionales de derechos humanos que exigieron al Estado mexicano dar con el paradero del activista.

«Arnulfo Cerón Soriano fue un defensor que contribuyó a la democratización del estado de Guerrero, al debate político, a la defensa de los derechos humanos, a hacer accesible el derecho a la salud y a la educación de las niñas y niños en las comunidades indígenas. También luchó por la libertad de los presos políticos, por la justicia, por la presentación con vida de los 43 y otros desaparecidos. Su lucha fue con todo el corazón y con la frente en alto por los derechos económicos y sociales de la población más desfavorecida. Su grito estridente fue silenciado con su muerte», así lo describe Tlachinollan mediante un texto para exigir justica por su homicidio.

El presunto móvil

Todo comenzó durante la administración municipal del priista Jesús Noé Abundis García (2015-2018), quien al término de su trienio etiquetó 6 millones de pesos para la construcción de seis obras gestionadas por Arnulfo para colonias populares de Tlapa.

«Él (Abundis García) nos dijo que dejó etiquetadas esas obras con Dionicio Pichardo, pero ya cuando fuimos con él para ponernos de acuerdo con la realización de esas obras dijo que no iba a cumplir ningún acuerdo y compromiso del Ayuntamiento anterior, porque tenía sus propios compromisos», mencionó un integrante del FPM y amigo de Arnulfo que es testigo del caso y por lo mismo pidió omitir su nombre.

La exigencia porque respetaran los acuerdos fue la primera exigencia que el activista hizo al entonces alcalde entrante, Merced Pichardo.

Además de los 6 millones para las obras, hubo otros 26 millones de presupuesto que Abundis García no ejerció y entregó a Merced Pichardo, correspondiente al último trimestre de la administración priista.

«El compañero Arnulfo, como Pichardo no quiso asumir el compromiso de las obras, le estuvo exigiendo que informara qué había hecho con el dinero de las obras y de los 26 millones, y ese fue el gran enojo del alcalde», mencionó la fuente cercana a Arnulfo.

De acuerdo con esta fuente, a partir de estas exigencias, medios locales de Tlapa, pagados por el Ayuntamiento comenzaron una campaña de desprestigio contra Arnulfo y el FPM, uno de los señalamientos fue que el activista cobró sin trabajar durante la administración de Abundis García.

El FPM pidió de manera pública a Merced Pichardo las pruebas de sus dichos, las cuales no pudo comprobar. Desde ese momento el FPM rompió toda relación con el Ayuntamiento.

La última acción de Arnulfo, que sus compañeros consideran «fue la gota que derramo el vaso», fue dirigir una protesta de comerciantes que pretendían ser retirados del zócalo de Tlapa.

El 7 de septiembre el Ayuntamiento había desalojado a los comerciantes, lo que ocasionó un bloqueo en la calle principal de Tlapa.

«Cuando a nuestros compañeros comerciantes los desalojaron de sus lugares de venta se instalaron en medio de la calle principal y al quedar bloqueada, ahí tiene un negocio el jefe de gabinete de Merced Pichardo (Marco Antonio García Morales) y esa fue la cólera por parte de él y su familia».

Después de esta acción, el alcalde Merced Pichardo buscó de manera personal a Arnulfo para decirle que recibió una llamada donde le exigían quitara ese bloqueo y si no «se lo iba a cargar la chingada».

«Pichardo le dijo a Arnulfo: no quiero que te pase nada, ahorita olvídate de todo, de nuestras broncas, porque me acaban de llamar y me dijeron que si no se desbloquea la calle nos van a dar cuello, así que dile a los comerciantes que se regresen a donde estaban y ya no hay ningún problema», compartió el testigo.

Al lograr ser reinstalados Arnulfo informó a los manifestantes que levantaran el bloqueo y regresaran a sus lugares, pero el problema fue que no sólo los comerciantes afines al FPM participaron en el bloqueo, también otras organizaciones que mantuvieron el bloqueo por tres horas más.

Después de que fue despejada la calle, Arnulfo recibió una llamada donde lo amenazaron de muerte, incluso le enviaron una fotografía de ese momento para intimidarlo y amenazarlo. Pero lo cierto es que lo estaban vigilando.

«Esa llamada la hizo un hombre al que le dicen La Chiva, uno de los sicarios más peligros de ahí (Tlapa)», comentó el testigo.

Un mes después de estos hechos, el 11 de octubre del 2019 Arnulfo desapareció y su cadáver fue hallado para el 20 de noviembre de ese mismo año en una fosa clandestina en sobre la carretera Tlapa- Igualita, en el punto conocido como Los Tres Postes.

A casi cuatro años de la desaparición y posterior asesinato del defensor de derechos humanos sigue pendiente que los culpables materiales e intelectuales sean sentenciados, haya una reparación del daño para la familia y se instrumenten medidas de no repetición, indicó el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.

Tony, el presunto autor intelectual

El 19 de diciembre del 2019, la Fiscalía General del Estado (FGE) detuvo al presunto autor intelectual del asesinato de Arnulfo, el jefe de gabinete de Merced Pichardo, el empresario Marco Antonio García Morales, conocido en Tlapa como Tony.

Aun cuando Merced Pichardo ganó la elección municipal para gobernar Tlapa, en los hechos, de acuerdo con el FPM y pobladores de la ciudad, García Morales era quien llevaba las riendas del Ayuntamiento.

En las conferencias de prensa era García Morales quien respondía los cuestionamientos, en lugar del alcalde; era del dominio público en Tlapa que el jefe de gabinete y empresario dueño de las tiendas de autoservicio conocidas como Súper Tony, era el que dirigía el Ayuntamiento.

García Morales fue detenido por elementos de la Policía Investigadora Ministerial (PIM) cuando salía de un restaurante de su propiedad.

De acuerdo con fuentes de la FGE, García Morales estaba al frente de un grupo criminal local que extorsionaba a los comerciantes de esa parte de la Montaña.

El empresario y jefe de gabinete comenzó a ser investigado después de la detención de Jorge «N», alías La Chiva, y de otras 12 personas quienes presuntamente fueron los autores materiales de la desaparición y asesinato de Arnulfo.

De acuerdo con los interrogatorios, los 12 detenidos confesaron recibir la orden de asesinar a Arnulfo de parte de García Morales.

Además confesaron que a Cerón Soriano lo sepultaron en una fosa clandestina ubicada en un lugar conocido como Tres Palos, en una brecha de la carretera Tlapa-Igualita.

García Morales fue alcalde en dos ocasiones del municipio de Alpoyeca, en la región de la Montaña.

El juicio

Desde el 11 de octubre de 2019 se abrieron líneas de investigación para detener a los responsables. Detuvieron a seis personas señaladas como autores materiales y una persona como autor intelectual.

De acuerdo con un informe de Tlachinollan, estas detenciones disminuyeron la violencia en Tlapa y los indices de asesinatos y las desapariciones se redujeron.

El 1 de octubre del 2022, García Morles salió de prisión porque un juez determinó que podía llevar su juicio en libertad, lo que representa para el FPM y Tlachinollan un claro ejemplo de la corrupción que existen en el Poder Judicial.

«La esperanza de algunas familias volvió porque podían buscar a sus seres queridos en los cerros y en las barrancas, pero la poca tranquilidad se fue esfumando con los días cuando el autor intelectual empezó a caminar por las calles; el temor volvió a surgir porque se intensificaron las desapariciones y los asesinatos. De diciembre de 2022 a la fecha los periódicos locales han dado cuenta de al menos seis desapariciones de mujeres», mencionó el abogado de Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra.

Agregó que el pasado 26 de junio estaba programada la primera audiencia de juicio oral a las cuatro de la tarde contra la persona que está señalada como autor intelectual de la desaparición y asesinato de Arnulfo, antes, a las 12 del día, había otra contra cuatro autores materiales

Dos más estarían pendientes porque están en la etapa intermedia. No obstante, las dos audiencias fueron diferidas y no se han reaunado.

Por estas irregularidades, integrantes del FPM instalaron el 29 de agosto pasado un plantón afuera de Ciudad Judicial, en Chilpancingo, para exigir un juicio justo en el caso de Arnulfo.

El dirigente del FPM, Ubaldo Segura y el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Isidoro Vicario, denunciaron que “hay acuerdos de alto nivel entre el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y el presunto autor intelectual del asesinato para que el caso quede impune».

Los dirigentes del FPM pidieron una audiencia con el presidente del TSJ Raymundo Casarrubias Vázquez, para pedirle que el juicio oral que inició hace tres semanas en los juzgados de Tlapa se resuelvan conforme a derecho.

El plantón lo retiraron el 1 de agosto del año pasado sin alguna atención por parte de Casarrubias Vázquez.

Corporaciones de todos los niveles de gobierno implicados en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa: GIEI

Participaron la Policía Municipal, Policía Estatal, Policía Ministerial, Policía Federal, Ejército y Marina en coordinación con grupo criminal Guerreros Unidos, lo que pone en evidencia que fue acción de las instituciones de Estado

Texto: Itzel Urieta
Fotografía: Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan
25 de julio del 2023

Chilpancingo

Corporaciones de seguridad de los tres niveles de gobierno participaron en la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, en la ciudad de Iguala, la noche y madrugada del 26 y 27 de septiembre del 2014, reportaron en último informe el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

Al presentar hoy su sexto y último informe, los investigadores del GIEI, Carlos Martín Beristáin y Ángela Buitrago Ruiz mencionaron que el ataque contra los estudiantes normalistas en Iguala fue perpetrado por la Policía Municipal, Policía Estatal, Policía Ministerial, Policía Federal, Ejército y Marina.

En los ataques “operaron instituciones de todos los niveles de gobierno, que establecieron comunicación en tiempo real mientras se desarrollaba la agresión”; lo supieron los expertos a partir del análisis de llamadas.

También comprobaron que no fue un ataque aislado, sino siete ataques armados y coordinados donde participaron las policías municipales de Iguala, Cocula, Huitzuco y Tepecoacuilco entre las 21:30 horas del 26 hasta la 01:30 horas de la madrugada del 27 de septiembre del 2014.

En estos ataques también participaron integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos, quienes operaron junto con los elementos de seguridad.

Los expertos del GIEI informaron que muchos testigos y participantes de la noche y madrugada del 26 y 27 de septiembre, integrantes de Guerreros Unidos, fueron asesinados, algunos de ellos intencionalmente para impedir la investigación.

“Si bien todo indica que los últimos responsables de llevar a cabo (la desaparición) fue el crimen organizado, la participación de agentes del Estado en esas redes criminales y el ocultamiento de información por parte de las instituciones, limitó el poder responder como hubiéramos querido”, dijo Buitrago Ruiz.
Durante las investigaciones fueron hallados los restos de los estudiantes Alexander Mora Venancio, Christian Rodríguez Telumbre y Jhosivany Guerrero de la Cruz, en la barranca de la Carnicería, ubicada a 800 metros del basurero de Cocula.

Sobre el destino de los demás estudiantes, el GIEI menciona en su informe que los 43 estudiantes fueron divididos en dos grupos en un primer momento y posteriormente en tres grupos.

Algunas versiones que recolectó el GIEI fue que los dividieron en más grupos. “No fueron llevados al mismo lugar ni el mismo escenario, ni al basurero de Cocula, como lo señaló la narrativa anterior”, explicó Buitrago Ruiz.

En el informe reportaron que 16 estudiantes fueron llevados barandillas o la cárcel municipal de Iguala, donde fueron detenidos, maniatados y golpeados por policías municipales de Iguala y entregados a policías municipales de Cocula.

Una parte del informe indica que otro grupo de estudiantes, de los que se desconoce el número, fueron llevados al un paraje llamado Loma del Coyote, en las inmediaciones de Iguala.

En contexto: AMLO le queda a deber al caso Ayotzinapa, dicen organizaciones sociales en mitin para exigir justicia

Willy, el estudiante de Ayotzinapa detrás del mural en reclamo por las personas desaparecidas

También que otro grupo de estudiantes fueron llevados con dirección a Huitzuco o Chilpancingo, “sin saber hasta ahora a qué lugar”, mencionaron los expertos.

El 27 de septiembre un mensaje cifrado emitido por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) indica que 11 estudiantes fueron sacados por la carretera federal Iguala-Chilpancingo.

Con este sexto y último informe, termina la participación del GIEI en el caso Iguala y mencionaron que ahora recae en la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa.

Los expertos agregaron que la Sedena y la Marina no permitieron el acceso a varios documentos que les fueron solicitados.

“El ocultamiento y la insistencia en negar cosas que son obvias impiden tener la verdad. El GIEI regresó y se mantuvo con la promesa de que todos los archivos disponibles se abrirían para dar con el paradero de los estudiantes”, expuso Martín Beristaín.

Los investigadores coincidieron en que si bien hubo avances, faltaron archivos por abrir y que para poder resolver el caso se “necesita disponer de toda la información que el Estado ha tenido desde el primer día de los hechos”.

“Que la mentira se institucionalice como respuesta es inaceptable”, comentó Martín Beristaín.

Entre las recomendaciones sugirieron mayor seguridad para los testigos protegidos, así como apoyo legal, emocional y de salud a madres, padres y familiares de los normalistas.

Las madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos mencionaron que se reunirán y más tarde darán un posicionamiento sobre el sexto informe y la salida del GIEI.

Los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) durante la presentación de si sexto informe sobre el caso Ayotzinapa, realizado esta mañana en el Centro Cultural Tlatelolco, en la Ciudad de México. Foto: Tlachinollan.

“El Ejército desobedece al presidente”: familiares de Ayotzinapa denuncian ocultamiento de información y temen salida del GIEI

Madres y padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa denuncian que el Ejército oculta información de lo sucedido en 2014 y advierten que la posible salida de los expertos del GIEI les dejaría “vulnerables” y ante el escenario de que el caso se cierre.

Texto: Manu Ureste / Animal Político

Fotografía: José Luis de La Cruz / Archivo

Familiares de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa denunciaron, tras una reunión este lunes con el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) está ocultando deliberadamente información del caso, y mostraron su preocupación por la posible salida en julio próximo de los dos integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que quedan en el país.

“Creemos que ellos (los expertos del GIEI) están en la mejor disposición de quedarse y seguir investigando. Pero el problema es que el Ejército está en desacato con el presidente y no está obedeciendo el mandato de entregar toda la información”, dijo en entrevista Mario César González Contreras, padre del normalista desaparecido César Armando González, quien ayer fue uno de los familiares de los jóvenes que estuvieron presentes en la reunión con Encinas en la Secretaría de Gobernación, en la capital mexicana.

“Si el Ejército entregara toda la información, estamos seguros de que los expertos del GIEI (Carlos Beristáin y Ángela Buitrago) se quedarían para continuar con las investigaciones. Pero si no abren todo, ¿para qué se van a quedar más tiempo?”, preguntó González, y agregó: “Desconocemos qué información están ocultando los militares o a quién están protegiendo de tan alto nivel”.

“Es algo que no comprendemos”, insistió. “Incluso, la Sedena firmó un decreto estando de acuerdo su titular, Crescencio Sandoval, para liberar toda la información y así ayudar a la localización de nuestros muchachos”.

Todo lo anterior se da en el contexto de lo publicado la semana pasada por el diario El País, que informó que los dos expertos del GIEI no renovarían por más tiempo su estancia en México, dando por concluida en julio su participación en el caso Ayotzinapa. Esto, debido a “diversos desencuentros” con la Sedena, entre los que se encontrarían el ocultamiento por parte del Ejército de una serie de documentos en los que quedaron plasmadas conversaciones interceptadas al grupo criminal que agredió a los estudiantes normalistas.

Aunque aún no hay una confirmación oficial, está previsto que para finales del próximo mes tanto el subsecretario Encinas como el GIEI den a conocer públicamente, aunque por separado, amplios informes sobre el avance de las investigaciones. En el caso del GIEI, según lo publicado por El País, se dará a conocer que el Ejército ocultó de manera deliberada información sobre el ataque a los normalistas.

“El Ejército ha negado que esos documentos existan, pero el GIEI señala que hay evidencia de sobra que demuestra lo contrario. Los expertos han denunciado incluso que, en mayo de 2022, alguien al interior del Ejército concentró esta información y la movió de los archivos donde el GIEI pensaba que podría encontrarlos”, publicó el diario.

Ante la perspectiva de una inminente salida de los expertos del GIEI, que lleva investigando el caso desde 2015, los familiares de los jóvenes dijeron que, de concretarse, sería una situación que los dejaría “en un estado de gran vulnerabilidad”.

“No sabemos aún cómo reaccionaríamos sin una fuerza tan grande como el GIEI, un equipo de expertos del que no se puede dudar de su trabajo. Nos quedaríamos muy vulnerables e incluso tememos que se pudiera cerrar el caso. Por eso, creemos que debe buscarse un mecanismo para que el GIEI se quede y pueda seguir investigando”, pidió Mario César González.

Bernabé Abraham Gaspar, padre del normalista Adán Abraham de la Cruz, dijo durante la marcha que se realizó la tarde de ayer, a casi nueve años ya de la desaparición forzada de los jóvenes el 26 de septiembre de 2014, que los familiares exigen que los expertos del GIEI se queden en el país, aunque para ello, demandó, es necesario que el Ejército abra toda la información.

“Todos queremos que sigan porque nos han ayudado mucho. Pero no hay avance, ese es el problema. Y pues también se entiende, claro. Porque si no los dejan trabajar ni avanzar, pues para qué se van a quedar más tiempo”, señaló.

Más detenciones

Los familiares entrevistados explicaron que durante el encuentro con Encinas, el cual realizan mensualmente, se les informó de la detención el domingo de Gualberto Ramírez Gutiérrez, extitular de la Unidad Antisecuestros de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO).

El exfuncionario está acusado de desaparición forzada de personas, tortura y coalición de servidores públicos en el caso Ayotzinapa.

“Para nosotros es muy importante que se haya dado esta detención, porque esta persona forma parte de la ‘verdad histórica’ y puede aportar nueva información sobre el caso”, dijo Melitón Ortega, tío del normalista Mauricio Ortega Valero.

Asimismo, durante la tarde de ayer el subsecretario Encinas informó que el Juzgado Segundo de Procesos Penales Federales, ubicado en Toluca, Estado de México, decretó auto de formal prisión en contra de ocho militares detenidos por el delito de desaparición forzada en el caso Ayotzinapa.

La detención se produjo el pasado 21 de junio. Se trata de militares adscritos al 27 Batallón de Infantería de Iguala, Guerrero.

Estas capturas se suman a las del general José Rodríguez Pérez, el capitán José Martínez Crespo, el subteniente Fabián Alejandro Pirota Ochoa y el sargento Eduardo Mota Esquivel, quienes desde septiembre pasado se encuentran en una cárcel militar acusados también por desaparición forzada.

El 26 de agosto del año pasado, el gobierno federal, a través del subsecretario Encinas, atribuyó al general Rodríguez Pérez la orden de asesinar a seis de los 43 normalistas. El 21 de septiembre, un juez federal dictó auto de formal prisión en contra del general.

Imagen de archivo de una marcha y un mitin en Iguala, donde las madres, los padres y estudiantes reclamaron al presidente, Andrés Manuel López Obrador, por no resolver el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en septiembre de 2014.

Este texto es propiedad de Animal Político y lo reproducimos con su autorización. Puedes leer el original en este enlace.

A 25 años de la masacre en El Charco, los pendientes son los mismos: verdad, justicia, reparación del daño

Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Tlachinollan

Chilpancingo

Hace 25 años, el 6 de Junio de 1998, en la comunidad ñuu savi de El Charco, municipio de Ayutla de los libres, hubo una asamblea comunitaria para tratar problemáticas de la población, como la alfabetización, precios de producción, infraestructura, falta de agua y electricidad. A la madrugada siguiente, el 7 de junio, un grupo de militares llegó a la Escuela Primaria Caritino Maldonado, lugar donde se desarrolló la asamblea, y asesinó a 11 personas, otras 27 quedaron heridas.

25 años después de esos hechos la justicia para los habitantes de este pueblo ñu savi.

Durante la madrugada de ese 7 de junio de 1998, elementos del Ejército Mexicano arribaron a la comunidad El Charco, y rodearon la primaria, donde dormían varios de los que participaron en la asamblea. A las 4:50 horas inició un tiroteo cuyo fin fue hasta las 10:55 horas; fueron seis horas de balazos, de acuerdo al relato de un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Efrén Cortés Chávez, uno de los sobrevivientes de la masacre relató que el Ejército rodeó la primaria e irrumpió con disparos y granadas de fragmentación. “Esto provocó el fallecimiento de 11 personas y dejó cinco heridos, además de 25 detenidos”, mencionó en entrevista.

“Después de la masacre el Ejército sitió la zona y las comunidades cercanas, por lo que se impidió la entrada de periodistas y de organizaciones defensoras de derechos humanos; dos días después, por fin pudieron pasar pero las autoridades habían tenido suficiente tiempo para borrar todas las evidencias”, agregó.

Otra de las sobrevivientes y que hoy es parte de la Red Solidaria Década contra la Impunidad, Ericka Zamora Pardo, en ese momento era estudiante del Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Azcapotzalco de la UNAM, tenía 21 años y era la única mujer en la asamblea.

A 25 años de la masacre Zamora Pardo se pregunta: “¿Qué hemos hecho? ¿Dónde estamos? ¿Qué sigue?”.

En entrevista, la hoy activista informó que están a la espera del informe de fondo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con el que se decidirá si hubo o no hubo violaciones a los derechos humanos en el caso.

Es el primer caso en México “contra el Ejército mexicano por ejecuciones extrajudiciales contra población civil. El caso de la masacre de El Charco marcará un precedente importante en la justicia mexicana, en esta lucha contra la impunidad, contra la militarización que cada día esta intensificada en el país”.

Tanto Cortés Chávez y Zamora Pardo fueron detenidos ese 7 de junio por los militares y fue el 15 de junio del 2002 que un juez dictó auto de libertad a ambos.

Se les detuvo bajo cargos de delincuencia organizada, terrorismo y acopio de arma de fuego, pero su defensor de oficio, Héctor Hernández, logró asentar que los hechos no correspondían a la tipificación de los delitos.

Algunos años después, el 16 de julio de 2012, la Red Solidaria Década Contra la Impunidad A C, el Comité de Sobrevivientes de la Masacre de El Charco, y el Comité de Viudas de la Masacre de El Charco presentaron una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por los hechos ocurridos el 7 de junio de 1998.

Fue el 14 de diciembre de 2018 que la CIDH, mediante su informe No.166/18, declaró que “la masacre ocurrida en el poblado de El Charco, en un contexto de militarización en una zona de población predominantemente indígena la responsabilidad fue de los agentes militares por las muertes, los heridos y las detenciones ilegales”.

También observó la falta de investigación y sanción de los responsables de la masacre, “lo que podría caracterizar violaciones a los derechos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos”, se lee en su informe.

Aunque este es sólo un informe, falta la sentencia y recomendación final, que es donde las víctimas esperan tener algo de justicia.

Aun cuando el caso está en la CIDH y que el organismo ha emitido un informe de admisibilidad, en el plano interno las graves violaciones cometidas en agravio de los habitantes ñuu savi no se han investigado.

“Por su parte la comunidad del Charco sigue sumida en la pobreza y marginación. No cuenta con servicios adecuados de salud y educación. El camino de terracería que lleva a la cabecera está en pésimas condiciones y la violencia indígena sigue azotando la comunidad ante la indiferencia de las autoridades. Por si fuera poco, las esposas y familiares de los indígenas ejecutados siguen sumidas en la miseria”, dijo Cortés Chávez.

El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan informó en su comunicado por los 25 años de la masacre, que lo ocurrido en El Charco expone lo peligroso que es que el Ejército asuma labores de seguridad pública.

“Carece de controles civiles y mecanismos de rendición de cuentas. Estas masivas violaciones a los derechos humanos se suman a otras más que han acontecido en Guerrero. La impunidad en que se encuentran lacera la vida de las víctimas y de las familias y socava la vida democrática de la entidad”, se lee en ese comunicado.

A 25 años de la masacre, para las víctimas y organizaciones de derechos humanos el acceso a la justicia es un tema pendiente; el gobierno federal aún adeuda verdad, justicia, reparación integral del daño y medidas para la no repetición de los hechos.

“Graves violaciones como las de El Charco no deben ser soslayadas por los gobiernos, por el contrario, tienen el deber imperativo de esclarecer a cabalidad estos hechos”, planteó Tlachinollan.

Marchan para exigir justicia por el asesinato del líder local de Antorcha Campesina

La organización vinculada al PRI insiste que este crimen familiar fue un homicidio y no de un accidente

Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Oscar Guerrero

Chilpancingo

Integrantes de Antorcha Campesina marcharon por las principales calles de Chilpancingo para exigir al gobierno del estado y a la Fiscalía General del Estado (FGE) esclarecer los hechos en los que fallecieron el líder de la organización en Chilpancingo, Conrado Hernández Domínguez y su familia.

A dos meses de que en un accidente automovilístico en la carretera federal Chilpancingo-Acapulco falleciera Hernández Domínguez, su esposa, Mercedes Martínez Martínez y su hijo de nueve años, Vladimir Domínguez Martínez, Antorcha Campesina, la organización vinculada al PRI, plantea que se trató de un homicidio y no de un accidente.

Desde las siete de la mañana antorchistas provenientes de los estados de Puebla, Tlaxcala, Veracruz, Hidalgo, Morelos, Querétaro, Ciudad de México y Estado de México llegaron al Monumento a las Banderas para comenzar su jornada de movilización.

A las diez de la mañana los alrededor de 3,000 antorchistas que se reunieron bloquearon la avenida Lázaro Cárdenas y comenzaron una marcha con dirección al centro de la ciudad.

Entre sus demandas están exigir a la FGE esclarecer los hechos en que falleció su líder y denunciaron el nulo avance en las investigaciones.

“A 55 días del crimen, la maestra (la fiscal) Sandra Luz Valdovinos no ha resuelto nada. Si nos está escuchando atienda y resuelva lo que la ciudadanía le demanda, porque en este estado que chorrea sangre ya es justo que se haga justicia a los guerrerenses, que ya no padezcan inseguridad”, mencionó Homero Aguirre Enríquez, vocero nacional de Antorcha Campesina.

Durante la marcha llamaron a todos los ciudadanos víctimas de la inseguridad en Guerrero a unirse al Movimiento Antorchista.

Demandaron la intervención de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda para que exija a la fiscal, Sandra Luz Valdovinos Salmerón, “se ponga a trabajar y dé resultados sobre el asesinato de los líderes sociales”.

Los antorchistas recriminaron al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que “la política de su gobierno está dejando al país en un baño de sangre, porque diariamente se mata a niños, dejando a los padres sin su hijos, y a los hijos sin padres”, dijo Aguirre Enríquez.

Los cadáveres de Conrado Hernández Domínguez, Mercedes Martínez Martínez y su hijo Vladimir fueron localizados el pasado 12 de abril en un barranco a la altura de Agua de Obispo, perteneciente a Chilpancingo y presentaban señas de golpes en el cuerpo.

La marcha culminó en el zócalo de Chilpancingo con un evento artístico, donde exigieron se haga justicia por sus compañeros asesinados.