Siete hombres fueron asesinados a balazos este martes 4 de junio en Acapulco en distintos hechos de violencia, dos de ellos en la avenida Costera Miguel Alemán frente a las instalaciones de comandancia la Policía Investigadora Ministerial (PIM) y la playa Manzanillo.
De acuerdo con las versiones oficiales, alrededor de las tres y media de la tarde, varios sujetos perseguían en automóvil a dos hombres en una motocicleta, en la avenida Costera Miguel Alemán.
Justo a unos metros de la comandancia de la PIM, el vehículo alcanzó a la moto y dispararon contra los dos pasajeros. Los cadáveres quedaron tirados.
Policía estatal resguarda los cuerpos de dos jóvenes asesinados en la Costera Miguel Alemán, esta tarde de martes 4 de junio del 2024.
Después, como a seis y cuarto de la tarde, un taxista que esperaba pasaje en la calzada Pie de la Cuesta fue asesinado a balazos por dos hombres a bordo de un automóvil.
El taxista quedó recargado sobre el asiento del piloto de la unidad número 8008 de la ruta La Mira.
Las autoridades informaron que en otro hecho de violencia registrado alrededor de las cuatro y media de la tarde, varios individuos llegaron a una tortillería de la avenida Vicente Guerrero e hirieron de bala a tres trabajadores.
Los tres empleados de la tortillería Cometa, de la colonia Las Crucitas, fueron trasladados a un hospital por un grupo de paramédicos.
Uno de los trabajadores murió cuando era atendido en el nosocomio.
A las cuatro cuarenta de la tarde, un hombre fue asesinado a tiros y dos más resultaron heridos en un ataque armado en la colonia Emiliano Zapata.
Alrededor de las doce del día, en Ciudad Renacimiento, varios individuos asesinaron a un hombre e hirieron a otro.
De acuerdo con los reportes de las autoridades del puerto, los sujetos atacaron a los dos hombres cuando caminaban entre la calle Cerro del Zical y la avenida Eje Central Vicente Guerrero, en esta colonia de la zona suburbana de Acapulco.
En esta misma colonia un hombre fue asesinado a tiros en la calle Circuito Interior.
El mes de mayo ha sido el más violento de Acapulco en lo que va de este 2024, con 65 hombres asesinados en distintos puntos del puerto.
De las 65 víctimas, 14 hombres y una mujer fueron desmembrados.
El 17 de mayo, en la avenida Ruiz Cortines fue hallado desmembrado el candidato a regidor de la planilla del PRI-PRD-PAN de Coyuca de Benítez Aníbal Zúñiga, junto con su esposa Rubí Bravo, en la batea de una camioneta.
En los primeros cuatro días de junio, once personas han sido asesinadas en distintos lugares de este puerto.
Luis Ángel Mendoza estaba ayer en Acapulco, porque junto con algunos de sus amigos y compañeros de escuela y su novia viajaron desde Chilpancingo a un curso, como parte de su formación de licenciatura en Contabilidad. Después se fueron a la playa Tlacopanocha, una de las más populares del puerto, a pasar un rato, pero ahí, intempestivamente, se topó con la muerte.
La tarde del domingo 2 de junio, en plena jornada de votaciones, para el que las autoridades estatales y federales dispusieron de un despliegue policiaco de 24,000 elementos, un muchacho que estaba en la playa con sus amigos y su novia fue asesinado a balazos.
Unos hombres, se supo que fueron dos, llegaron en lancha hasta la orilla de la playa, se bajaron, se acercaron al grupo de jóvenes y le dieron tres disparos a Luis Ángel, enfrente de sus amigos y novia, y del resto de las personas que acudieron a distraerse, comer, tomar algo refrescante y nadar. Por la veda electoral, la venta de alcohol estaba restringida. Todos los jóvenes estaban sobrios
El asesinato, aun cuando ocurrió enfrente de todos, no alteró el plan de muchos de los bañistas ni de la jornada electoral, porque a unos metros de la playa había un módulo de casillas con personas formadas, en espera de votar.
Los muchachos que estaban con el joven asesinado daban vueltas de un lugar a otro sin saber por qué lo agredieron, según decían cada vez que hablaban por teléfono. Lloraban. Sólo compartieron que los agresores huyeron por la misma playa.
Todo esto mientras un grupo nutrido de elementos de la Guardia Nacional los observaba y acordonaba la escena del crimen. Aun cuando era evidente la presencia policiaca en el puerto –asignaron a Guerrero 24,000 elementos para la jornada electoral, según informó la gobernadora Evelyn Salgado Pineda–, esto no evitó el asesinato del joven.
Hoy se supo que la víctima de ayer de la playa en Acapulco es Luis Ángel, quien tenía 24 años y era estudiante del cuarto semestre de la licenciatura en Contabilidad del Instituto Tecnológico de Chilpancingo.
Antes de regresar a Chilpancingo, después de terminar su curso, los estudiantes decidieron ir a la playa a pasar un rato.
Luis Ángel, además de estudiante de licenciatura, dedicaba parte de su tiempo a la iglesia adventista El séptimo día, ubicada en la colonia del PRI, donde solían llamarlo ”Luisito”, contó una de sus compañeras de credo.
También dijo que estaba muy involucrado en las actividades de la iglesia; hasta diciembre pasado ocupó el cargo de tesorero de esa institución religiosa. En la iglesia suelen hacer también muchas más actividades de carácter social no sólo religiosas en las que, comentó, solía involucrarse el joven.
Después del asesinato del joven, las diligencias de la Fiscalía General del Estado (FGE) demoraron horas. El Servicio Médico Forense (Semefo) tardó unas dos horas en llegar y levantar el cadáver. Todo ese tiempo, las personas que estaban en la playa y presenciaron los hechos continuaron con su tarde de esparcimiento sin inhibirse por el cadáver de Luis Ángel tirado en la arena.
Elementos de la Guardia Nacional resguardan el cadáver de Luis Ángel Mendoza, asesinado en plena jornada electoral, el 2 de junio del 2024, en Acapulco.
En todo ese tiempo los muchachos que lo acompañaban deambularon por la playa, comunicándose por teléfono, al parecer, avisaban a los familiares y conocidos lo que había pasado. La novia de Luis Ángel les informó a sus compañeros de la iglesia sobre la que le pasó al muchacho. “La niña era su novia, ella nos dio la noticia”, dijo una integrante de esa iglesia.
Mientras los muchachos se comunicaban por teléfono ninguno daba una explicación clara de lo qué pasó, sólo hablaban de que unos hombres se acercaron, le dispararon y huyeron por la misma playa.
Entre las personas de la iglesia que conocían a Luis Ángel no entienden qué pudo pasar u ocasionar la agresión contra el joven, si era una persona noble.
Durante una conversación en el lugar de los hechos, con personas que conocen la playa contaron que estas agresiones también son un instrumento para infundir temor.
El cadáver de Luis Ángel llegó a Chilpancingo hasta avanzada la madrugada. Lo velaron en su casa, en la colonia Vicente Guerrero, hasta donde llegaron sus amigos y compañeros de escuela, para despedirse de él.
“Perseguidas: Criminalización de mujeres defensoras de derechos humanos en México”, es el informe y la campaña que organizaciones y defensores de los derechos humanos han presentado para exigir un alto a la investigación y persecución hacia las defensoras de derechos humanos: Ana Lorena Delgadillo, Marcela Turati y Mercedes Doretti; quienes después de haber participado en la defensa de las familias de migrantes, reportado irregularidades y evidenciado las anomalías en el caso “La masacre de los 72”, fueron acusadas por Estado de crimen organizado y secuestro.
Texto: Karen García / Zona Docs
Fotografía de portada cortesía Amnistía Internacional México
“Perseguidas: Criminalización de mujeres defensoras de derechos humanos en México” es informe y una campaña organizada por personas defensoras de los derechos humanos, periodistas, peritxs y organizaciones de la sociedad civil entre las que se encuentran: Amnistía Internacional de México y de España, Análisis Internacional,Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho y el Equipo de Argentino de Antropología Forense. Las cuales se reunieron en una mesa de diálogo para exponer la criminalización y espionaje hacia las defensoras de los derechos humanos Ana Lorena Delgadillo, Marcela Turati y Mercedes Doretti, quienes han sido víctimas de estos actos por parte del Estado, específicamente de la Fiscalía General de la República (FGR), tras las investigaciones y defensorías que realizaron el “La masacre de los 72”, donde personas migrantes de Centroamérica y Sudamérica fueron asesinadas y desaparecidas.
¿Pero, qué pasó en la masacre de los 72 y por qué las defensoras por los derechos humanos están siendo perseguidas?
Para entender la situación y tener un poco de contexto en voz de Belem Barrera, Jefa de Investigación de Análisis Internacional, en el año 2010, en un campo de San Fernando, Tamaulipas, se hallaron los cuerpos de 72 migrantes mientras transitaban por México con rumbo a los Estados Unidos, principalmente se trataba de personas centroamericanas y sudamericanas. En el mismo sitio, pero un año después, en abril de 2011, agentes del ejército hallaron 196 cuerpos de “personas de diversas nacionalidades” en 48 fosas clandestinas.
“Esto ha sido catalogado por algunos como una de las más grandes violaciones de derechos humanos en el país.”, mencionó Belem Barrera, mientras contó cronológicamente los hechos.
Es en este momento en el que Ana Lorena Delgadillo y la Fundación para la Justicia se convirtieron en representantes legales de las familias desaparecidas y comenzaron a colaborar en la documentación de irregularidades por parte de las autoridades en la llamada “Masacre de San Fernando”. Mientras que, Mercedes Doretti junto con el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) firmó, junto con otras organizaciones, un convenio de colaboración con la entonces Procuraduría General de la República (PGR) para identificar los restos humanos en San Fernando; esto le permitió a la Secretaría Técnica de la Comisión Forense tener acceso a la información del caso.
De forma paralela, Marcela Turati documentaba los hechos como periodista; en especial el caso de una madre que había perdido a su hijo en los sucesos. Al entrevistarla, Marcela detectó que personal de la PGR no le había informado a la madre que habían encontrado el cuerpo de su hijo, e incluso, que le estaban extorsionando. Marcela le proporcionó una tarjeta con los datos de Ana Lorena para que tuviera apoyo legal. Tiempo después, Marcela publicó en la revista PROCESO su reportaje sobre el caso de los 72, esta publicación no revelaba la identidad de las víctimas.
“Coincide con un momento clave en el caso”, declaró Belem Barrera, pues describió cómo coincidió con el acceso de miembros de la Comisión Forense a los expedientes de la averiguación previa sobre las fosas clandestinas de San Fernando.
Mercedes como perita en la investigación y Marcela como periodista, sabían que sus reportajes e investigaciones incomodaron al personal de la PGR, pues estos afirmaron en una reunión con la Comisión Forense, que la Fundación y el Equipo Argentino había filtrado información del caso de San Fernando a la representante de la Fundación para la Justicia, Ana Lorena, lo cual negó.
Sin embargo, en enero de 2016, las autoridades de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) declararon que familiares de las víctimas de San Fernando denunciaron que la revista PROCESO publicó información no autorizada sobre declaraciones, tales denuncias “se contradicen con las fotos y grabaciones de Marcela en las entrevistas”, afirmó Belem Barrera.
Pero había una denuncia en particular, la madre de uno de los desaparecidos, mencionó que no autorizó la publicación de su historia; más tarde otro de sus hijos señaló a las autoridades que Ana Lorena lo buscó vía telefónica para obtener información. Por lo que,la PGR inmediatamente comenzó los actos de investigación en contra de Ana Lorena, Marcela y Mercedes; investigación que se encuentra en el mismo expediente donde consta el caso de las fosas clandestinas de San Fernando.
“Sin informarles, se ordenó designar un perito para analizar la letra de Ana Lorena y Marcela”, mencionó Belem Barrera, quien explicó que la acción fue para determinar si escribieron sus datos de contacto en una hoja la cual, la madre denunciante entregó a las autoridades.
Las investigaciones no pararon, pues en febrero de 2016, la PGR sin tener una orden judicial, ordenó a empresas telefónicas que proporcionaran el registro de llamadas de Ana Lorena y de Marcela, ya que “investigaban la comisión de delitos de secuestro y delincuencia organizada”, por lo que se les otorgó la información. También, solicitaron a personal de la Secretaría de Relaciones de Exteriores (SRE) el acceso a documentos para analizar la escritura en trámites realizados por Ana Lorena y Marcela. Así, sin orden judicial y sin cerciorarse que la solicitud contará con fundamentación legal, la SRE también entregó los datos personales de Ana Lorena y Marcela.
En una serie de acciones sin justificaciones legítimas y legales, la PGR continuó la investigación en contra de Ana Lorena y Marcela, añadiendo a la investigación a Mercedes un 8 de abril de 2016.
“Las diligencias de investigación y espionaje violan diversos derechos fundamentales de Ana Lorena, Marcela y Mercedes. Violan los derechos a la vida privada y familiar, a defender derechos humanos y a la no discriminación. No buscaron un fin legítimo, ni cumplen con el principio de legalidad”, explicó la Jefa de Investigación, pues declaró que las tres defensoras de derechos humanos no han tenido la oportunidad de ser escuchadas y de defenderse ante las acusaciones, debido a que nunca se les notificó sobre las investigaciones.
Durante la presentación de la investigación “Perseguidas: Criminalización de mujeres defensoras de derechos humanos en México”, Edith Olivares, Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional en México habló sobre la indignación e inconformidad que atraviesa este caso.
“El mismo que no ha querido explicar qué pasó en San Fernando, por qué fueron asesinadas personas migrantes. El Estado que no cumple con su deber de garantizar la integridad y la vida de las personas migrantes, ese mismo Estado invierte recursos humanos, económicos y tecnológicos en atacar a través de la criminalización, el espionaje a quienes están acompañando a las víctimas de la masacre”, declaró la Directora Ejecutiva de Amnistía, pues le parece “absurdo” que las tres mujeres defensoras estén siendo perseguidas, pues la carpeta de investigación sigue abierta, por lo que aún pueden seguir siendo investigadas.
La Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional en México declaró que la organización ha documentado cómo, la entonces PGR, desvió recursos que eran destinados a investigar “La Masacre de San Fernando”, para espiar a las defensoras de derechos humanos, quienes “solo han documentado la verdad de los hechos” en la espera por la justicia. Así también, remarcó la falta de fundamentación de marco jurídico en las investigaciones “por secuestro y delincuencia organizadas” sin haberles dado la calidad de imputadas y sin haberles notificado acerca de la investigación y acusación en su contra.
“La criminalización de Ana Lorena, Marcela y Mercedes, así como de todas las defensoras de derechos humanos, periodistas y peritos forenses tiene grandes consecuencias en ellas y en la sociedad en su conjunto. Las víctimas han enfrentado serias secuelas físicas, interpersonales, psicológicas y laborales; pero además, la criminalización de estas tres mujeres manda la señal de que hacer peritajes independientes, representar a víctimas de violaciones a derechos humanos y realizar investigaciones periodísticas será castigado en este país con procesos indebido e infundados.”, concluyó Edith Olivares.
Por parte de Amnistía Internacional, dieron una serie de recomendaciones hacia la Fiscalía General de la República (FGR), para la defensoría de las tres mujeres.
Detener cualquier investigación, espionaje e intento de acción penal arbitraria en contra de Ana Lorena Delgadillo, Marcela Turati y Mercedes Doretti. Exigimos que se cierre de inmediato la carpeta de investigación.
Frenar mediante un acuerdo interno por parte del Fiscal General cualquier mensaje al interior de la Fiscalía y los Órganos de investigación penal que criminaliza y penaliza los trabajos de defensa de derechos humanos, periodismo y forense de estas tres mujeres y de las organizaciones y redes en las que hacen parte.
Eliminar toda información confidencial y de datos personales de Ana Lorena, Marcela y Mercedes de la averiguación previa de las fosas de San Fernando. Así como impedir la reproducción y divulgación por parte de las personas servidoras públicas de la información contenida en esta averiguación previa.
Hacer una investigación efectiva, imparcial, independiente y completa a las personas servidoras públicas involucradas en la investigación indebida y el espionaje contra Ana Lorena, Marcela y Mercedes y sancionar a las personas que resulten responsables.
Realizar una reparación integral del daño ocasionado a las víctimas, incluyendo claras garantías de no repetición para otras personas defensoras, peritas independientes y periodistas. Así como realizar una disculpa pública por la investigación y espionaje que se cometió en su contra.
Mientras que, Belem Barrera, Jefa de Investigación de Análisis Internacional. Evidenció las consecuencias de la criminalización hacia las defensoras, las cuales, además de tener serias implicaciones hacia ellas, también tiene “efectos nocivos” en el país.
Efecto amedrentador. Ya que, el Estado genera temor entre personas defensoras de derechos humanos para continuar emprendiendo su labor y des incentiva a que las comunidades manifiesten sus reclamos.
Limitaciones. Pues, las personas defensoras de los derechos humanos pierden capacidades o herramientas vitales para continuar realizando su trabajo como confianza, independencia, autonomía y espacios seguros .
Indefensión de las víctimas. Al criminalizar a personas abogadas, periodistas y peritos, el Estado también genera que las propias víctimas cuestiones su capacidad de decidir quien las defiende y por lo tanto queden aisladas.
Desvío de recursos. Al criminalizar a personas defensoras el Estado deja de utilizar recursos tanto de personal como financieros para investigar los delitos que verdaderamente se cometen.
Impunidad. La criminalización de personas defensoras genera que no se castiguen las injusticias y que estas continúen existiendo.
“Como ustedes, Ana Lorena, Marcela y Mercedes me lo externaron de diferentes formas…. vamos a seguir defendiendo los derechos humanos. No nos vamos a detener”, concluyó la Jefa de Investigación Belem Barrera.
Por su parte, Ana Lorena Delgadillo, Directora Ejecutiva de Fundación para la Justicia y defensora de los derechos humanos, habló sobre los hechos ocurridos y también sobre la manera en que la fundación ha representado a 300 familiares de personas migrantes que han sido desaparecidas y ejecutadas en su tránsito de Sudamerica y Centroamerica hacia los Estados Unidos.
“Se tardaron 6 años en que nos dieran las copias de los expedientes de las fosas clandestinas de San Fernando”, aseguró Ana Lorena. En ese contexto es que conocieron a dos madres salvadoreñas que querían cremar los restos de sus hijos migrantes. Esto llevó a la fundación a interponer un amparo para litigar el caso. Ahí se enteraron que sus hijos estaban entre los restos de las fosas clandestinas de San Fernando, así que comenzaron a “pelear” para que a sus hijos se les diera la calidad de víctimas.
El caso llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la cual obligó a la Fiscalía a entregar el caso a la Fundación. Ana Lorena comentó que ellos esperaban encontrar tomos grandes, debido a que eran alrededor de 300 casos; sin embargo, sólo se les entregó un documento pequeño. La defensora recuerda haberle reclamado al personal, sin embargo, ellos respondieron: “sí, pero es que reinterpretamos la sentencia de la Corte y entonces le vamos a entregar solamente las actuaciones donde aparecen ustedes y las víctimas que representan”. Pasaron 3 años para que se obligara a la Fiscalía a entregar todos los expedientes, pero a pesar de la orden los tomos se dieron “a cuentagotas”.
También habló sobre “el tomo 221”. A decir de la defensora, uno de los agentes del ministerio público les advirtió que debían tener “cuidado con lo que van a encontrar ahí”; evidentemente esto les pareció sospechoso y al momento de abrir el tomo sintió “algo muy fuerte”. En este tomo se enteró que al mismo tiempo que era abogada de las víctimas, también era perseguida por delincuencia organizada y secuestro.
“La criminalización que realiza la Fiscalía General de la República pone en duda un trabajo de más de 13 años, que tanto el equipo Argentino como la fundación hemos hecho con nuestros equipos todos estos años. Ponen en duda que las familias hayan decidido nombrarme como abogada a mí y a mi equipo de la fundación, pero lo más duro es que también ponen en duda el derecho de las familias a elegir el abogado o abogada que ellas quieran”, expresó la abogada Ana Lorena, pues la criminalización hacia su persona ha afectado varios casos que ha representado, como el incendio de Ciudad Juárez.
Expresó que le preocupa que el expediente siga abierto, pero le preocupa aún más que las personas que defienden los derechos humanos, periodistas y peritas sean perseguidas por decir la verdad. Pues la impunidad y el aparato criminal que rodea al Instituto Nacional de Migración (INM) “nadie lo toca”. Mencionó que no fue fácil denunciar a la FGR, debido a que la investigación está parada, sin embargo, destacó y agradeció la labor de las familias de migrantes que trabajan para recibir justicia.
“Porque vivas y vivos se los llevaron. Vivas y vivos los queremos” concluyó Ana Lorena.
Marcel Turati, periodista especialista en derechos humanos, contó su testimonio sobre lo sucedido y la impotencia de su sentir al ser investigada por el Estado.
“Como periodista yo debería estar ahí con ustedes colegas, yo debería estar junto a las bocinas, yo no debería estar aquí, yo debería estar haciendo preguntas. Pero algo está podrido en un país donde los periodistas en vez de hacer la nota nos convertimos en la nota , donde como dice mi amigo y colega John Gibler: es más peligroso investigar un crimen que cometerlo”, comentó la periodista, quien expresó los peligros que enfrentan los periodistas en México, en un país “en guerra declarada”.
Es así que cuenta que en 201,1 la revista PROCESO le designó cubrir el suceso en San Fernando. Expresa que al llegar al sitio documentó los eventos, desde ver a las familias identificar los cuerpos de las víctimas hasta el arribo de un tráiler, el cual, enfrente de las familias procedió a subir los 120 cuerpos al transporte sin dar ninguna explicación a las personas presentes.
“Yo sin saberlo presencie el operativo que había para ocultar esos cuerpos”, mencionó la periodista, quien contó que dos años después, una persona desconocida se acercó a darle una USB en la que estaban las 120 fichas de las personas migrantes, “con rostros destrozados, cabezas destrozadas”.
Con estas fichas, lograron hacer una base de datos y realizar rutas migratorias. En una de estas rutas se contactó con una mujer, la cual esperaba el regreso de su hijo; cuenta la periodista que la mujer estaba siendo extorsionada, mientras la PGR la contactaba cada semana para saber si aún sabía algo sobre su hijo. Es gracias a la base de datos que la periodista descubrió que el hijo de esta mujer había sido identificado desde el primer día, pues este tenía su identificación en uno de los bolsillos del pantalón, a pesar de esto, la PGR lo llevó a fosa común. Es así que después de investigaciones, la periodista publicó el reportaje que hizo enojar a la institución.
“Hasta ese momento cuando me preguntaban ¿qué era cubrir víctimas, si estaba yo en peligro?. Yo siempre decía, pues no, yo solo cubro a las víctimas, yo no me meto con los narcos. Yo trabajo con los testimonios de la gente. Pero yo no sabía que me estaba metiendo con otro tipo de delincuencia organizada. La delincuencia organizada que está dentro de la fiscalía”. “Con esta investigación perdí la inocencia de mi país”, mencionó la periodista pues reveló que con esta investigación ella ligaba “la masacre de los 72” con “la masacre de Ayotzinapa”.
Es así como, en 2020, se enteró que estaba siendo investigada y espiada, no solo por el caso de “La Masacre de los 72”, sino también estaba siendo investigada en el “Pegasus Project”.
“Hay una intención para ocultar esta violencia, hay una intención para ocultar los cuerpos, para esconderlos y por eso todo este esfuerzo que ponen en perseguir a quienes investigan, a madres buscadoras, a periodistas, a defensoras, en general a quien denuncie. A ellos si se les geolocaliza. Cuando una mamá va a la fiscalía a denunciar que su hija está desaparecida no mueven un dedo, no se ponen a ver donde da el GPS, pero a nosotras si tenían prisa para saber esto”, expresó la periodista, quien publicó un libro en el cual cuenta su historia a manera de denuncia para que esto no le vuelva a pasar a otro periodistas ni defensor y defensora de los derechos humanos.
“Que no se les ocurra hacérselo a alguien más. Que no se les ocurra repetirlo”, concluyó Marcela.
Mercedes Doretti, Directora del Equipo Argentino de Antropología Forense, también contó su experiencia, siendo víctima de la investigación. Menciona que tardó en entender la gravedad de la investigación, pues ella aún es perito de la investigación de las fosas clandestinas de San Fernando y está dentro de la Secretaría Técnica Forense junto con la Dirección de Servicios Periciales de la FGR, para investigar e identificar las causas de muerte.
“¿Cómo puedo ser perita a este nivel y al mismo tiempo ser investigada por crimen organizado en ese mismo expediente?. Es algo que me resulta incomprensible”, mencionó Mercedes, pues su labor sólo consistía en buscar, producir dictámenes sobre las irregularidades, jamás filtró información a nadie y mucho menos cometió ningún crimen, “pero sí estábamos investigando irregularidades”, lo cual incomodó a la PGR.
“Uno podría pensar que todo esto fue parte de la administración anterior y que al llegar una nueva administración, inmediatamente se hubiera cerrado esta investigación, se hubieran sancionado a los responsables, removido del expediente toda esta información sobre nosotras tres y tal vez se nos hubieran dado las disculpas correspondientes. Sin embargo, muy por el contrario, no sólo no sucedió nada de lo mencionado y la causa sigue abierta, sino que no hemos recibido ningún apoyo o explicación, menos una disculpa por parte de la FGR ni de la administración” mencionó Mercedes, quien expresa que observa cosas en común, la principal es que son tres mujeres líderes en sus áreas.
Finalizó su participación destacando que las ciencias forenses son un pilar para el aparato de justicia, sin embargo, las personas peritas siguen trabajan bajo condiciones peligrosas, corriendo el riesgo de ser asesinados, lo cual hace que su labor sea “una tarea difícil”.
El Director Ejecutivo de Amnistía Internacional España, Esteban Beltrán, intervino en la conferencia para visibilizar el uso del espionaje en contra de defensoras de derechos humanos no solo en México, sino en el mundo. También destacó los peligros que enfrentan sobre todo las personas periodistas en el país.
“Estas cifras las han oído antes, pero no debemos acostumbrarnos. Desde 2012 se han registrado 88 periodistas asesinados, a finales del 2023 se confirmó al menos 15 periodistas desaparecidos y la impunidad sigue”, se dirigió el Director hacia los periodistas presentes, pues no ha habido sentencia condenatoria, ya que, a pesar del mecanismo de protección han asesinado a 8 periodistas que estaban bajo la protección del Estado desde 2012.
“Dejemos de hablar de crisis de derechos humanos en México, las crisis se suponen que es un estado temporal donde se agrava la situación y hay un principio y un final de las crisis. Creo que es importante utilizar un lenguaje correcto, debemos hablar del mal endémico de violaciones de derechos humanos en México. Mal endémico que dura décadas y que prolonga el sufrimiento de millones de personas”, concluyó Esteban Beltrán, a la vez que insistió en no olvidar que los asesinatos y desapariciones en San Fernando siguen impunes.
Carmen Aristegui, periodista y comunicadora mexicana también participó en la campaña de protección a las defensoras. La periodista insistió en lo “indignante” del caso, pues al defender los derechos humanos, al informar sobre la situación en México, se corre riesgo de que el Estado investigue a quien lo hace.
“Tres grandes asuntos nos convocan hoy aquí, solidaridad, respeto y exigencia”, mencionó la periodista pues es “inadmisible” que tres mujeres destacadas en sus trabajos se encuentren en un proceso de investigación.
Exigió un cierre a la carpeta de investigación, pero que este cierre no deje ningún vestigio que permita ejercer algún día acción penal contra las defensoras. También evidenció la necesidad de una resolución por parte de la FGR y un esclarecimiento de las acusaciones, pues estas acciones por parte del Estado son “inhibitorias” para las personas defensoras de los derechos humanos.
“Se necesita una sacudida a la sociedad mexicana y una sacudida a los que tienen el mandato, los recursos, el presupuesto, las decisiones y el poder; a los que lo tienen hoy y a los que lo están buscando… a los que están en campaña buscando un cargo de elección popular de la presidencia para abajo…”, comentó la periodista, evidenciando que en el último debate presidencial no se tocó el tema de la protección a personas defensoras de los derechos humanos.
La sociedad civil puede participar y sumarse al llamado de exigencia para que la Fiscalía General de la República detenga las investigaciones, la persecución y el espionaje en contra de Ana Lorena, Marcela y Mercedes, a través de la campaña “Perseguidas: Criminalización de mujeres defensora de derechos humanos en México” y firmando esta acción urgente. Consulta también el informe en el siguiente enlace: Informe
“No vamos a parar hasta que dejen de ser perseguidas”, concluyeron.
Este texto es original de Zona Docs y es reproducido por Amapola Periodismo como parte de una alianza de medios. Puedes leer la nota original aquí.
Como parte del éxodo de jornaleros agrícolas, padres y hermanos de Javier Modesto Moreno laboran más de 12 horas, sin días de descanso y sin servicio médico; su búsqueda se complicó por nula aplicación de protocolos de instancias de seguridad
Texto y foto: Melissa Esquivias/PobLab
Sábado 25 de mayo del 2024
A sus escasos tres años de edad, Javier Modesto Moreno, niño originario del municipio de Cochoapa el Grande en La Montaña de Guerrero, había estado ya en dos ocasiones en Guanajuato, acompañando a sus padres y hermanos en su trabajo de jornaleros migrantes en los campos agrícolas de León y otros municipios colindantes. Pero esta vez la travesía de trabajo que continuaría en San Luis Potosí se vio abruptamente interrumpida por la desaparición de Javier.
La última vez que el pequeño fue visto esperaba a sus papás, Aura Moreno y Anselmo Modesto, bajo la sombra de un árbol a pocos metros del campo de tomatillo ubicado en la comunidad del Jagüey, donde la familia recogía los frutos de la tierra.
Sin días de descanso, con jornadas de trabajo que rebasan las 12 horas, sin seguro social y orillados a integrar a sus hijos e hijas a esta actividad económica en la que se les paga por destajo, es como cerca de 3 mil personas que migran desde sus comunidades de origen para incorporarse a actividades agrestes en Guanajuato laboran en la entidad.
Las fichas de búsqueda de Javier Modesto pueden verse en todos los postes de la comunidad del Jaguey. Foto: Melissa Esquivias
La brecha generada por las diferencias de idioma y la falta de un traductor -la familia Modesto Moreno es hablante de tu’un savi, conocido en español como mixteco- así como el desconocimiento u omisión de la policía municipal de Romita para aplicar el protocolo de búsqueda y coordinarse con los municipios vecinos de Silao y León, entorpecieron la investigación inmediata de la desaparición de Javier. Fue la propia familia y compañeros jornaleros quienes iniciaron las labores con sus propios medios aquel miércoles, cuando ya se se acercaba la noche.
Hasta el día de hoy, la familia de Javier Modesto no ha tenido acceso a un traductor que les auxilie en la comunicación de la investigación por la desaparición del menor de sus hijos. La única intervención de la Secretaría del Migrante y Enlace Internacional se ha limitado a acompañar a la familia Modesto Moreno a presentar la denuncia ante el ministerio público un día después de la desaparición de Javier.
“Queremos seguir haciendo visible que Javier no está, que no está con su familia, están muy tristes, su mamá no ha comido desde que desapareció Javier, es mucha angustia la que tienen, no es su territorio, son lugares que no conocen, en una lengua que no conoce, necesitamos el apoyo de toda la comunidad”, pidió Mayo Meza ante los medios de comunicación el pasado martes. Este miércoles tuvo lugar una tercera búsqueda en la comunidad de La Sandía.
El domingo 19 de mayo, con intervención de la célula municipal de búsqueda y la Comisión Estatal, tuvo lugar la primera búsqueda en la que se sumó a la ciudadanía y al colectivo Madres Guerreras de León, quienes recorrieron los campos, atravesaron los surcos, exploraron pozos y charcas de agua para encontrar a Javier. Este martes y miércoles las jornadas de búsqueda continuaron con la pega de fichas en los postes y comercios de las comunidades.
Campos agrícolas de Guanajuato, destino de jornaleros del sur del país. Foto: Melissa Esquivias
Familiares de la familia de Javier, compañeros jornaleros que hablan alguna variante del mixteco y redes de acompañantes han apoyado como intérpretes para Aura Moreno y Anselmo Modesto, padres del niño.
“En estos últimos días no hemos tenido información de acciones realizadas por la Secretaría del Migrante, y la falta de coordinación de las autoridades tiene que ver con la capacitación del personal y lala crisis del personal judicial que hay. Hay personas en León que no saben que aquí viven personas jornaleras, se piensa que en indígena cabe todo”.
Fue el pasado domingo 19 de mayo cuando, gracias a la presión y acompañamiento de la sociedad civil y ciudadanos solidarios que han encabezado las búsquedas en vida de Javier Modesto, la célula municipal de búsqueda así como la Comisión Estatal see movilizaron en las comunidades aledañas al Jagüey.
El martes 21, más de 70 organizaciones exigieron a las autoridades de los tres niveles de gobierno la aplicación del El Protocolo Adicional de Búsqueda de Niñas, Niños y Adolescentes (PABNNA), que puntualiza la urgencia de una búsqueda inmediata, individualizada, diferenciada y especializada, que contemple la edad, la lengua, así como la condición de migración de Javier Modesto.
“Esas acciones aunque han estado, han sido fuera de tiempo. Entendemos la crisis de derechos humanos que vive nuestro estado y en ningún momento diríamos que Javier importa más que otras personas desaparecidas, pero sí que necesita acciones de búsqueda especializada al ser un niño migrante jornalero y su lengua materna no es el castellano”, declaró Mayo Meza Trejo, directora del Centro Indígena Loyola (CDIL), durante la jornada de búsqueda del pasado martes.
De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas, en lo que va del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, más de 7 mil 900 niñas, niños y adolescentes han sido reportados como desaparecidos.
Pobreza y violencia criminal: orígenes del desplazamiento
Javier es pequeño para su edad, con tres años apenas alcanza los 70 centímetros y su peso oscila por los 9 kilos. Cochoapa y el resto de la Montaña de Guerrero que alberga a la mayor población de grupos originarios de este estado, se han caracterizado en los últimos años por sus altos índices de desigualdad y pobreza – según datos del Coneval en 2020, el 85 por ciento de los habitantes de este municipio viven en pobreza extrema- más una violencia que ha arreciado en las últimas dos décadas. Estas circunstancias han desembocado en desplazamiento forzado y flujos de migración intermitente en búsqueda de mejores condiciones de vida.
En Guanajuato, las empresas que poseen tierras fértiles o las rentan a ejidatarios para producir chile jalapeño, tomate y hortalizas, principalmente, son vistas como oportunidades laborales, usualmente temporales, para las familias campesinas que llegan desde el sur del país para trabajar, y donde esta actividad económica se convierte en su única fuente de ingresos.
Mural del CDIL refleja la labor de las familias jornaleras en el campo de Guanajuato
De acuerdo con el Centro Indígena Loyola, las empresas o propietarios de los cultivos pagan a los jornaleros en promedio 20 pesos por cubeta de recolección. A este tipo de pago se le conoce como destajo, donde el patrón paga de acuerdo a lo que se hace, produce u obtiene, sin tomar en cuenta las horas ni los días de la jornada, mucho menos derechos laborales como seguro social, días de descanso, fondos de ahorro ni contrato de trabajo.
“Hay muchos derechos de los que se complejiza el acceso y justamente la desaparición de Javier tiene que ver con todo eso, y con todo el contexto de violencia en Guanajuato”, explicó Mayo Meza Trejo. El Centro índigena Loyola es una organización que ha enfocado su labor en dar acompañamiento a personas de grupos originarios que viven o migran a León.
En León, como en otros territorios agrícolas del país, las empresas no han ofrecido condiciones laborales ni de vida dignas para los trabajadores que temporalmente llegan al campo a trabajar. Desde la brecha del idioma por pertenecer a grupos originarios, hasta la oferta de una vivienda digna para las familias, acceso a la salud y alternativas de educación para sus hijos e hijas, han sido las omisiones que mantienen en situación de desigualdad a estos grupos que han dejado sus comunidades.
Estas omisiones se extienden a los gobiernos municipal y estatal, que no han obligado a grandes y pequeños productores agrícolas a cumplir con la Ley Federal del Trabajo ni de cubrir las necesidades específicas de los jornaleros que pertenecen a los pueblos originarios y se desplazan con sus hijas e hijos.
Jornaleros camino a los surcos. Foto: Melissa Esquivias
En León, la familia de Javier Modesto vive en la comunidad leonesa La Sandía, vecina de la comunidad del Jagüey, que pertenece al municipio de Romita. Los cinco integrantes cohabitan una vivienda que rentan junto con otras familias, y donde viven más de veinte personas en total.
“Las familias que vienen al corte no están en una vivienda con servicios, muchas veces viven en campamentos o en bodegas donde guardan granos, agrotóxicos, y se las prestan y entonces hacen los niditos para vivir en un mismo lugar muchas familias, sin baño, sin cocina, preparan su comida afuera, a veces la gente de las comunidades les renta casas en obra negra”, relató Mayo Meza para POPLab.
Anualmente, Guanajuato recibe cientos de familias que provienen de pueblos originarios de Veracruz, Guerrero y Oaxaca, quienes se emplean en los campos agrícolas de municipios como León, Dolores Hidalgo, Romita, Silao, Manuel Doblado, Purísima del Rincón y San Francisco del Rincón. De acuerdo con la Secretaría de Salud del estado, en 2021 en medio de la pandemia de covid-19 arribaron a la entidad más de 1,900 personas a trabajar temporalmente en el campo guanajuatense.
El pago promedio por colecta de la cosecha ronda los 20 pesos por cubeta. Foto: Melissa Esquivias
En el caso de León, las familias se establecen cerca de los campos agrícolas de las comunidades de Barretos, Nuevo Lindero, Rancho Nuevo, San José de los Sapos, La Esmeralda, el Jagüey, La Cinta, El Maguey, San Cristóbal, La Arcina, Los Ramírez, donde permanecen entre los meses de abril y julio. Esta información fue documentada por el Centro de Desarrollo Indígena Loyola y la Universidad Iberoamericana de León en el informe “Migración indígena jornalera a las zonas agrícolas de León Guanajuato: Análisis de acciones públicas 2019‐2020”.
Sin embargo, las acciones desde el municipio y el estado no han pasado de un modelo asistencialista que no garantiza el acceso pleno a derechos.
“Hemos insistido con otras organizaciones en caminar de las acciones asistenciales a aquellas que tengan un enfoque de derechos; es decir, caminar de pensar en dar una despensa a pensar en cómo garantizar el acceso a la alimentación, pensar de cómo vamos a llevar kits de gel antibacterial a pensar en cómo dar acceso a la salud (…) Creo que hay un camino que se está recorriendo pero hay una deuda histórica y las acciones que se realizan no solo en León sino en todo México, son las acciones asistencialistas, hay que dar, hay que dar este otro paso”, destacó Mayo Meza.
Una evaluación alimentaria realizada a 155 niñas y niños migrantes en 2019 por el Departamento de Medicina y Nutrición de la Universidad de Guanajuato, detectó que 1 de cada 3 infancias padecían un grado de desnutrición, y en más del 40 por ciento se trataba de desnutrición severa. Un efecto de la migración es el limitado acceso a alimentos de buena calidad en proporciones necesarias para cubrir las necesidades energéticas y de nutrientes.
Además del carente acceso a la alimentación digna, la falta de actividades educativas como escuelas móviles en las que puedan aprender en su propia lengua o estancias infantiles, propicia que desde muy pequeños, los hijos e hijas de jornaleros se sumen a esta actividad y padezcan la criminalización de las autoridades reguladoras del trabajo.
“La dinámica de trabajo es una dinámica familiar que es criminalizada por el Estado con las políticas de erradicación de trabajo infantil, porque nos ha tocado que llegan brigadas de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y los niños y niñas corren por sus vidas en el campo, se esconden, es una política de miedo en lugar de una polpitica de derechos”, lamentó Meza Trejo, quien advirtió que desde la federación se han recortado los recursos que llegaban al estado para programas de escuelas móviles.
Esta nota es original de PobLab y es reproducida por Amapola Periodismo, como parte de una alianza de medios. Puedes encontrar la nota original aquí.
Texto: Andrea Mendoza Foto: Cromática/Archivo 27 de abril del 2024 Chilpancingo
Un juez dictó la pena máxima de 60 años a César N, el feminicida de Magdalena Aguilar Romero, la nutrióloga asesinada en Taxco en el 2018.
Por medio de una entrevista con La voz de la Noticia, Saúl Aguilar Romero, hermano de Magdalena, anunció que tras una lucha de seis años por la justicia de su hermana, un juez dictó sentencia máxima a César N.
En noviembre del año pasado se dictó una sentencia de 55 años a César N por el delito de feminicidio.
La familia de Magda no quedó conforme, pues exigían la pena máxima para el ex esposo
y feminicida de la nutrióloga.
Saúl Aguilar aseguró que aquel juez que dictó la primera sentencia no concientizó sobre los horrores que el feminicida hizo con su hermana después de privarla de la vida.
Para Saúl Aguilar recibir la noticia de la sentencia máxima es un logro y paz para él, para su madre, padre y sus dos sobrinos, los hijos de Magda.
Reconoció que la justicia estuvo de su lado y que es uno de los pocos casos donde se hace una justicia verdadera.
Saúl recordó el tormento de recibir la noticia del feminicidio de su hermana a sus 18 años y de los dolores por los que tuvieron que pasar su madre y padre.
“Fue un ir y venir, tocamos puertas, fuimos a Chilpancingo a la Fiscalía, para exigir justicia”, comentó Saúl Aguilar.
Saúl también lamentó que en Taxco no existan instancias de género que asesoren a las mujeres ante violencias domésticas y de género.
Comentó que en el 2018, cuando denunciaron al feminicida de su hermana, llegaron mensajes de muchas mujeres que le decían que gracias a esta noticia, dejaron a sus parejas violentas.
El hermano de Magda sabe que esta sentencia no le regresa a su hermana, pero para él y su familia es un logro y paz saber que jamás va a salir a hacerle daño a otra mujer.
Cuatro hombres fueron asesinados la mañana de este martes 23 en distintos puntos de Acapulco, uno de ellos en la avenida Costera Miguel Alemán, cuando viajaba en su automóvil, informaron autoridades estatales.
El primer asesinato se perpetró alrededor de la una de la madrugada en la colonia Vicente Guerrero, cerca de la carretera federal Acapulco-Chilpancingo.
De acuerdo con los informes de las autoridades, alrededor de la una de la madrugada, un hombre que caminaba cerca de la carretera federal Acapulco-Chilpancingo, en la colonia Vicente Guerrero, fue herido a balazos por varios sujetos.
Durante el trayecto hacia el Hospital General de Ciudad Renacimiento, el herido falleció en la ambulancia.
En otro reporte, en la calle Hermenegildo Galeana, colonia Leyes de Reforma, varios sujetos persiguieron a balazos a un hombre y al darle alcance lo asesinaron.
Se informó que el cadáver fue levantado por sus familiares.
Alrededor de las seis de la mañana de hoy martes, el conductor de Volkswaven sedán que transitaba por la costera Miguel Alemán fue atacado a balazos por varios hombres, frente al hotel Las Hamacas.
El automovilista resultó herido, pero murió mientras lo atendían en el hospital.
Las autoridades informaron que a las nueve de la mañana de este mismo martes, se reportó que en la calle Zumárraga, colonia La Garita, estaba un automovil estacionado con un hombre muerto dentro.
Personal de la Fiscalía General del Estado (FGE), Guardia Nacional y Policía estatal que llegó al sitio, encontró el vehículo Nissan, tipo Tsuru, con el cadáver.
Se informó que esta persona habría sido asesinada en otro sitio y fueron a dejar su cadáver en esta calle de La Garita, frente a un colegio privado.
Los cuatro asesinatos de este martes 23, al de un taxista, la tarde del lunes 22, en la calle Papagayo, esquina con Icacos, colonia Emiliano Zapata, en la zona suburbana de este puerto.
La violencia en Acapulco no cesa pese a que, de acuerdo con los gobiernos federal y estatal, hay miles de elementos del Ejército, Guardia Nacional, Marina y policía estatal en labores de vigilancia las 24 horas del día, además de que se construyen 24 cuarteles de la GN en las zonas con mayores índices de violencia de este destino turístico.
El policía estatal David N fue vinculado a proceso, la noche del lunes 15, por un juez de control de Acapulco, por su presunta responsabilidad en el asesinato del estudiante de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa Yanqui Khotan Gómez Peralta, el 7 de marzo de este año.
David N, quien pertenecía a las Fuerzas Especiales del Grupo Centauro de la Policía Estatal, fue detenido el 9 de abril, y el juez federal le dio cinco meses de prisión para que se realice la investigación y se desahoguen más pruebas.
El 19 de marzo, fueron vinculados a proceso los policías estatales Sigifredo N y Francisco N, que también habrían participado en el asesinato del normalista.
Los dos agentes compañeros de David N, que también pertenecen al grupo Centauro, fueron vinculados por los delitos de homicidio calificado y tentativa de homicidio.
Después del asesinato de Yanqui Khotan Gómez, los tres agentes fueron sancionados con un arresto administrativo en el cuartel de la policía estatal, en lugar de haber sido detenidos y puestos a disposición del ministerio público y posteriormente ante un juez.
Patrulla de la policía estatal resguarda Ciudad Judicial en Chilpancingo, donde se llevaba acabo la audiencia de dos ex comisarios electos de Petaquillas este 14 de septiembre del 2023. Foto: Óscar Guerrero/Archivo
Eso facilitó que el agente David, presunto autor material del asesinato, se fugara, presuntamente, gozando de la complicidad de uno de sus jefes.
La fuga de este agente y la inacción de la Fiscalía General del Estado (FGE), por no integrar la carpeta de investigación, provocó las protestas radicales de los normalistas de Ayotzinapa.
A raíz de esta crisis, renunciaron los secretarios de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, y el de Seguridad Pública, Rolando Solano, quienes trataron de falsear los hechos del asesinato del normalista.
La entonces fiscal general del estado Sandra Luz Valdovinos Salmerón fue removida del cargo.
Sobre la fuga del policía estatal David N, está en puerta una investigación en contra de Pedro Castro Muñoz, jefe del grupo de Reacción Inmediata Centauro.
Este jefe policiaco sigue en el cargo y está bajo arresto administrativo por presuntamente haber protegido al agente David para que se diera a la fuga después del asesinato del normalista.
La mamá de la menor asesinada en Taxco subio video a una red social en donde agradeció apoyo en la búsqueda de Camila
Texto: Andrea Mendoza
Martes 16 de abril del 2024
Chilpancingo
Mediante un vídeo en redes, publicado por su hermana Erika Gama, la madre de la menor Camila Ortega, secuestrada y asesinada en Taxco el 28 de marzo, agradeció a la comunidad taxqueña, familiares y amigos por unirse en su dolor y acompañarla en este difícil proceso.
«Yo sé que sin ustedes en estos momentos, a lo mejor, no sabría nada de Cami», dijo Magui Díaz en su vídeo, la madre no lloró, pero en su mirada reflejó cansancio y dolor.
Magui Diaz también agradeció a las hermandades que se unieron en su pena.
Foto: Captura de pantalla
La muerte de la menor Camila Ortega ocurrió a mitad de Semana Santa en Taxco, por lo que varias hermandades pusieron moños blancos y fotografías de la menor durante la procesión, otras de ellas no participaron por respeto al caso.
La madre recalcó la bondad de su hija, quien confió en las personas equivocadas y por su inocencia fue asesinada. «Cami sólo brindaba amor», dijo la madre mientras abrazó a un pequeño muñeco de juguete de la menor.
«Créanme que en Camila van a encontrar un ángel que cuide y protega de todos ustedes», finalizó la madre entre lágrimas.
En el fondo se visualiza un pequeño altar de la menor con una fotografía grande, velas y flores rosas.
Camila Ortega fue secuestrada el 27 de marzo de este año, y hallada sin vida un día después de su desaparición.
La información brindada por su madre fue que Camila Ortega habría ido a jugar con una amiga a su casa. Horas después la madre fue a buscarla, pero la madre de su amiga, Ana Rosa comentó que nunca llegó para jugar con su hija.
Las horas transcurrieron y comenzó la búsqueda de Camila. Las cámaras de vigilancia de los vecinos grabaron el momento en el que Camila se dirige a la casa de su amiga y no hay una grabación posterior que indique se se regresó.
Una hora después salen Ana Rosa y su pareja. Ana Rosa lleva un canasto con ropa y el hombre carga una bolsa negra, en la que, se cree, iba Camila Ortega.
Horas después, regresaron a casa.
Elementos de la Guardia Nacional cubrieron la zona de la casa de los presuntos responsables, sin embargo, no podían aprenderlos sin una orden.
La comunidad taxqueña cerró la Avenida de Los Plateros, al norte de la ciudad, zona en la que vivían las personas señaladas.
Horas más tarde, el hartazgo social hizo que la comunidad taxqueña linchara a Ana Rosa y sus dos hijos, de 21 y 17 años.
Ana Rosa murió a causa de los golpes y su pareja y sus hijos están presos.
Hombres armados privaron de su libertad a tres integrantes de una familia la noche del miércoles 10 cuando circulaban a bordo de una camioneta cerca de Chichihualco, cabecera del municipio de Leonardo Bravo, en donde desde los últimos cuatro días se han registrado enfrentamientos con armas de fuego entre dos grupos del crimen organizado.
Distintas fuentes de información dijeron que Efraín N, su esposa, su hijo Óscar N y otra mujer viajaban en vehículo procedente de la comunidad de Iyotla, y que casi llegando a Chichihualco, varios individuos los interceptaron.
Desplazados de Tepozonalco, Leonardo Bravo, bloquean el acceso hacia esa población donde, presuntamente, hubo un enfrentamiento entre grupos armados, el 25 de marzo del 2020.
Los delincuentes le recriminaron a la familia si no sabían que después de las seis de la tarde ya no se puede transitar por la carretera y calles de Chichihualco, y se llevaron por la fuerza a Efraín, a su hijo Óscar y a su esposa; a la otra mujer la abandonaron en la carretera Chichihualco-Iyotla.
La familia, que hasta este jueves sigue desaparecida, se trasladaba a Chichihualco para buscar un médico que atendiera a Efraín, porque está enfermo.
Vecinos de Chichihualco informaron que un nuevo enfrentamiento con armas de fuego entre los dos grupos del crimen organizado se suscitó de dos a cuatro de la madrugada de este jueves.
«El detalle ahora es que a lo mejor por las balaceras se fue la luz y el servicio se restableció hasta el mediodía de este jueves», afirmó una vecina de Chichihualco entrevistada vía telefónica.
Durante el día del miércoles 10, la gente observó a elementos del Ejército, Guardia Nacional y Policía estatal recorrer las calles de Chichihualco.
«La situación sigue igual, ya que siguen cerrados las tiendas, el mercado municipal y no hay labores en el ayuntamiento, aunque sí hay servicio de transporte público a las colonias y a Chilpancingo, pero solo unas horas durante el día», dijo la señora.
Este miércoles 10 de abril, los campesinos suspendieron la ceremonia del acto luctuoso del 105 aniversario de la muerte del general revolucionario Emiliano Zapata, que desde 1920 se venía realizando en este lugar en forma ininterrumpida.
En Taxco, sus familiares no pudieron velarla y sepultarla porque los amenazaron con quemar el cadáver
Texto: Jesús Guerrero
Martes 9 de abril del 2024
Chilpancingo
Ana Rosa Aguilar, la mujer que murió linchada por una turba que la acusó de ser presunta responsable del secuestro y asesinato de Camila, en Taxco, fue sepultada en un panteón de Iguala este lunes, 12 días después de su fallecimiento.
El cadáver de Ana Rosa fue recogido por un familiar este sábado 6 de abril de las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), en Iguala, tras permanecer diez días en una gaveta.
El jueves 27 de marzo, Ana Rosa y sus hijos Axel y Alfredo fueron sacados de su casa en Taxco por una multitud y golpeados brutalmente luego de que ninguna autoridad llegó para detenerlos y ponerlos a disposición de un juez por su presunta responsabilidad en el secuestro y asesinato de la niña Camila, de 8 años.
Por la golpiza que recibió por la turba, Ana Rosa falleció al parecer cuando era trasladada a bordo de una patrulla de la policía municipal pero no a un hospital para que le dieran atención médica sino a la Agencia del Ministerio Público del Fuero Común.
El sábado 30 de marzo, los familiares de Ana Rosa se presentaron a la morgue de Iguala, pero decidieron no llevarse su cadáver para velarlo y sepultarlo en un panteón de Taxco porque recibieron amenazas de que lo quemarían.
Este lunes el cadáver de Ana Rosa fue inhumado bajo el resguardo de la policía estatal en un panteón de Iguala.
Axel, el hijo mayor de Ana Rosa, fue vinculado a proceso por un juez de Iguala por el delito de feminicidio y está preso en la cárcel de Tuxpan, en esa ciudad.
Alejandro, el adolescente de 17 años, también hijo de Ana Rosa, fue vinculado a proceso bajo internamiento en un Centro de Ejecución de Medidas para Adolescentes, en Chilpancingo.
Al cumplirse un mes del asesinato del normalista de Ayotzinapa Yanqui Khotan Gómez, sus compañeros normalistas y su mamá, Vianey Gómez, exigieron la detención del policía estatal que presuntamente participó en el crimen.
Se trata del agente David Ramírez García, quien se dio a la fuga del cuartel de la policía estatal donde estaba bajo arresto administrativo.
En el mitin efectuado en el viejo libramiento Chilpancingo-Tixtla, donde la noche del 7 de marzo, tres policías estatales asesinaron a balazos a Yanqui Khotan Gómez, los normalistas acusaron al gobierno del estado de no hacer justicia.
Estudiantes normalistas protestaron en el lugar donde fue asesinado su compañero Yanqui Kothan, el 13 de marzo. Foto: Marlén Castro
De los tres agentes que presuntamente asesinaron al estudiante de Ayotzinapa, dos fueron vinculados a proceso.
«¿Dónde están los policías que asesinaron a mi hijo?», preguntó Vianey Gómez, durante el mitin que se desarrolló este domingo casi a mediodía. Y exigió: «Estamos esperando noticias de esa persona».
Durante la protesta, los manifestantes demandaron que el gobierno del estado ofrezca una recompensa a la ciudadanía por la captura del policía prófugo de la justicia.
Vianey Gómez condenó que el caso de su hijo haya beneficiado a ciertos funcionarios estatales, otorgándoles ascensos como es el caso de Francisco Rodríguez Cisneros, quien de director de Gobernación del estado pasó a la subsecretaría de Asuntos Políticos y Sociales.
En la conferencia de prensa que el viernes en la madrugada ofrecieron los entonces secretarios, de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, y de Seguridad Pública, Rolando Solano, para dar una información falsa de los hechos del caso, los acompañó Francisco Rodríguez Cisneros.
«No queremos que el caso de mi hijo beneficie a funcionarios dándoles ascensos, como es el caso de Francisco Rodríguez; exigimos su destitución inmediata», reclamó Vianey Gómez.
Durante la protesta, los normalistas colocaron una ofrenda floral en el lugar donde fue asesinado su compañero Yanqui Khotan Gómez.
Menores y su profesora dan el último pase de lista
Textoy foto: Marlén Castro Viernes 29 de marzo del 2024 Taxco de Alarcón
«Vélez Ortega, Camila», dijo al final de todos sus niños y niñas, la profesora del grupo de segundo A, de la Escuela Primaria Niño Artillero, de Taxco.
«Presente», dijeron los 29 menores del grupo y soltaron el llanto.
Este fue el último pase de lista para Camila, la niña de ocho años que estuvo desaparecida un día y hallaron su cadáver la madrugada de este jueves, sobre la carretera a Cuernavaca.
Después del hallazgo del cadáver de la menor se desató en esta ciudad una cadena de sucesos turbulentos, en los que Ana N, una de los tres presuntos culpables, fue asesinada a golpes por una multitud de hombres y mujeres que exigían justicia para la menor.
La funeraria Angeles es vigilada por policías desde ayer que trasladaron el cadáver de Camila y después del linchamiento popular a tres personas presuntamente culpables del asesinato de la niña, hechos en las que una mujer falleció por la golpiza.
El evento inesperado fue ampliamente difundido por varios medios de comunicación que estaban en Taxco para transmitir las procesiones católicas por la llamada Semana Santa.
Este medio día, después de velar toda la noche en la Funeraria Angeles, ubicada sobre la avenida principal de esta ciudad, familiares, amigos y conocidos de la familia de Camila participaron en la misa de cuerpo presente de la menor.
El sacerdote católico señaló a los familiares que era difícil hilar la muerte con la niñez, como era el caso con Camila.
Expresó que por la forma tan desconcertante en la que Camila perdió la vida, los familiares podrían sentirse abandonados por dios, pero les pidió ver la despedida de Camila de este mundo como el comienzo de una nueva vida, que es la eterna.
Funeraria Angeles, en Taxco, donde fue velada Camila, la niña de ocho años asesinada en esta ciudad.
«Para nosotros que contamos el tiempo en años, meses, días y minutos podremos pensar que la vida de Camila fue una brevedad, pero en la eternidad el tiempo se mide de otra forma», externó el sacerdote en la misa de despedida.
Camila será enterrada en el panteón de Minas Viejas, por la salida a Iguala, en la zona rural de la ciudad colonial. Partirá el cortejo fúnebre a las tres de la tarde.
Entre toda la gente que acudió a la funeraria a despedir a Camila llegaron sus compañeras y compañeros de segundo año de la Escuela Primaria Niño Artillero, junto con su profesora.
Los menores llegaron en su uniforme de gala, con una rosa blanca en la mano que depositaron en el féretro de Camila.
Su profesora hizo el pase de lista. Nombraba al menor y este caminaba hacia el altar y dejaba una rosa blanca sobre el ataud.
Al final, la profesora nombró a Camila. Todos dijeron: «Presente».
Menores y profesora soltaron el llanto. Algunas niñas y niños rodearon a su profesora y lloraron a Camila abrazados.
Gracias maestra, gracias niños por venir a despedir a Camila, les dijo la mamá de la menor, con lo ojos irritados, rojos y un hilo de voz apenas perceptible.
