Exigen liberación de presos políticos sobrevivientes de la masacre de Aguas Blancas

Se trata de Antonio Barragán Carrasco, Gilberto Aguirre Bahena, Gerónimo Hernández Refugio y Orlando Ávila Mesino, cuya liberación fue exigida por Rocío Mesino asesinada en octubre de 2013


Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Oscar Guerrero

25 de abril de 2022

Chilpancingo

 

Integrantes de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) exigieron al gobierno federal la liberación de cuatro presos políticos que llevan 20 años privados de su libertad.

Pidieron al presidente, Andrés Manuel López Obrador, aplicar la amnistía que propuso o en su defecto ejecutar el Protocolo de Estambul que consiste en un conjunto de directrices reconocidas internacionalmente por los médicos y abogados para determinar si una persona fue torturada y cómo documentar los síntomas. La documentación puede servir como prueba válida e independiente ante un tribunal.

Los cuatro presos políticos son Antonio Barragán Carrasco, Gilberto Aguirre Bahena, Gerónimo Hernández Refugio y Orlando Ávila Mesino, sobrevivientes de la masacre de Aguas Blancas, a quienes acusaron injustamente de secuestro, denunció Norma Mesino Mesino, representante de la OCSS.

Barragán Carrasco, Aguirre Bahena y Hernández Refugio tienen 20 años en distintas prisiones del país, mientras que Ávila Mesino fue encarcelado en 2011.

En conferencia de prensa la dirigente de la OCSS, Norma Mesino dijo que lleva un mes sin tener comunicación con Hernández Refugio y desconoce su paradero, porque las autoridades carcelarias no informan si continúa preso en la cárcel de Chilpancingo o trasladado al estado de Chiapas.

“Tememos por la vida del compañero Gerónimo, un mes antes de que perdiéramos comunicación con él, nos dijo que estaba recibiendo amenazas de muerte”, dijo Mesino.

En la conferencia estuvieron presentes familiares de los presos políticos quienes confirmaron que fueron torturados durante el proceso de detención y que sus declaraciones fueron conseguidas bajo tortura.

Desde el año pasado la OCSS y los familiares de las víctimas buscaron al presidente de la República para plantearle que los presos políticos sean beneficiarios de la amnistía, contaron que fue a través de las madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa quienes le hicieron llegar un carta a López Obrador durante una reunión el 26 de septiembre de 2021.

Sin respuesta la OCSS comenzó una campaña para exigir la liberación de los cuatro presos políticos, a la que denominaron Campaña por la liberación de los presos políticos de la OCSS.

Fue durante la conferencia matutina del presidente, el pasado 21 de abril, que López Obrador habló del tema y mencionó que “se revisará el caso y actuarán en favor de las víctimas y a garantizar la libertad de los que injustamente están detenidos”, dijo el presidente.

A cuatro días que el presidente dio esas declaraciones la dirigencia de la OCSS dijo que todavía no hay un acercamiento de algún representante o autoridad federal con las familias ni los abogados de las víctimas.

Norma Mesino agregó que están conscientes de que por el tipo de delito que los acusan no pueden ser beneficiados por la Amnistía presidencial, por eso se busca aplicar el protocolo de Estambul.

Agregó que de parte del gobierno estatal que encabeza la morenista, Evelyn Salgado Pineda, no existe la voluntad política para resolver el caso.

Norma y los demás integrantes de la OCSS lamentaron que la FGE criminaliza a sus familiares, mientras la administración estatal “hace oídos sordos”.

Explicaron que debido a los cambios en el gabinete estatal el caso no puede avanzar. “Ya llevábamos avances significativos con Saúl López Sollano, pero cuando lo quitan de secretario general tuvimos que empezar de nuevo, ahora ya nadie nos contesta las llamadas”, mencionó Norma Mesino.

Barragán Carrasco, Hernández Refugio y Aguirre Bahena son sobrevivientes de la Masacre de Aguas Blancas, municipio de Coyuca de Benítez, en la Costa Grande, ocurrida el 28 de junio de 1995, y fueron detenidos entre 2000 y 2001, acusados de secuestrar a la hija del empresario Eduardo Gallo, originario de Morelos.

Ávila Mesino es uno de los cuatro que permanecen en prisión, con pruebas «evidentemente fabricadas», de acuerdo con la OCSS, por las que fue señalado, junto con su prima Rocío Mesino Mesino, de participar en un secuestro ocurrido el 23 de junio de 2011.

Rocío Mesino fue asesinada en octubre de 2013 mientras encabezaba las exigencias de libertad a los cuatro presos políticos.

Policías comunitarios piden a Evelyn la libertad de presos políticos

También estuvo Samantha Colón, esposa de Vicente Suástegui Muñoz quien desde agosto fue privado de su libertad por un grupo armado en la colonia Ciudad Renacimiento, en Acapulco y desde esa fecha no ha sido localizado por las autoridades


Texto: Jesús Guerrero

Fotografía: Oscar Guerrero

31 de enero del 2022

Chilpancingo

 

En una reunión en la que estuvo como intermediario el padre Alejandro Solalinde, integrantes de la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) le solicitaron a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda la liberación de un grupo de presos políticos.

Gonzalo Molina González, dirigente de esta agrupación señaló que otra de las peticiones que se le hizo a la gobernadora es que ordene que se agilice la búsqueda del activista Vicente Suástegui Muñoz quien desde agosto del 2021 está desaparecido.

El grupo de policías comunitarios encabezados por Molina González que portaban sus uniformes ingresaron a la residencia oficial de Casa Guerrero.

Molina dijo que hay casos de activistas presos que pese a que ya cumplieron su derecho de salir libres por diversas circunstancias legales deben de salir libres.

Es el caso de Florentino Cruz Morales quien se encuentra preso en el penal de Ayutla de los Libres pero que en los próximos días podría salir en libertad, dijo Gonzalo Molina quien está fuera de Guerrero por las amenazas de muerte que recibió por parte de integrantes de un grupo delictivo que está en Tixtla.

La gobernadora Evelyn Salgado Pineda le dijo al grupo de autodefensas que va a ordenar a la Fiscal General y al presidente del Poder Judicial revisen los expedientes judiciales de los activistas que permanecen presos y puedan salir en libertad.

“Nosotros vamos a confiar en la palabra de la gobernadora pero en caso de que nos mienta lo daremos a conocer públicamente”, advirtió.

En la reunión con la gobernadora también estuvo Samantha Colón, esposa de Vicente Suástegui Muñoz quien desde agosto fue privado de su libertad por un grupo armado en la colonia Ciudad Renacimiento, en Acapulco y desde esa fecha no ha sido localizado por las autoridades.

Vicente Suástegui es hermano del Vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa la Parota (Cecop) Marco Antonio Suástegui quien ha encabezado en las labores de su búsqueda.

“La gobernadora Evelyn Salgado informó que le va a pedir a la Fiscalía que reanude las labores de búsqueda para localizar a mi esposo”, dijo Samantha Colón.

Otras organizaciones sociales como el Observatorio por la Reconciliación, la Paz y el Desarrollo de las Comunidades de la Sierra, maestros y el líder social Eloy Cisneros Guillén se reunieron con la gobernadora Evelyn Salgado en la que también participó el padre Alejandro Solalilde.

También participó en esta reunión la activista Otilia Eugenio Manuel.

Este grupo de activistas se inconformaron porque el grupo de guardias de seguridad de la residencia oficial de Casa Guerrero les impedían el paso.

“Cómo es posible que aquí pongan vallas metálicas cuando aquí es la casa del pueblo”, les gritó Eloy Cisneros Guillén a los policías vestidos de civil.

Uno de los funcionarios de Casa Guerrero, les dijo a los activistas que no los dejarían pasar porque la gobernadora no los tenía en su agenda de reuniones.

“Aquí nos citó el padre Alejandro Solalinde”, dijo Eloy.

“Entonces espérenlo aquí”, respondió el policía.

Después del incidente llegó otro funcionario para decirle al grupo que podían pasar.

 

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