Seguirá en la lucha, dice ex preso político de la OCSS

Texto: José Miguel Sánchez 

Fotografía: Retomada del Facebook del Comité por la libertad de los presos políticos del estado de Guerrero 

9 de abril del 2023

Chilpancingo 

 

 

«Hoy más que nunca, con mucha dignidad, seguiré luchando por la libertad de nuestros compañeros de la Organización Campesina de la Sierra de Sur (OCSS)», declaró Jerónimo Hernández Refugio, preso político y sobreviviente de la Masacre de Aguas Blancas, en una declaración pública que dio a la prensa a dos meses su liberación, el pasado 10 de febrero.

Hernández Refugio fue detenido el 20 de octubre del 2002 por la Policía Estatal, acusado de un secuestro contra un hombre que jamás conoció y que nunca acudió a las audiencias ni a los careos para determinar la culpabilidad de Hernández Refugio.

Aún sin la presencia de la supuesta víctima a quien según las autoridades habría secuestrado en Coyuca de Benítez, Hernández Refugio fue condenado a 20 años de prisión, sentencia que cumplió en distintos penales del país.

En una declaración que realizo a la prensa de manera virtual, la primera que realiza desde que salió de prisión el pasado 10 de febrero, Hernández Refugio mencionó que seguirá en la lucha social y en la exigencia de la libertad de sus dos compañeros de la OCSS que continúan presos.

«Por tener la responsabilidad de organizar a los pueblos fui víctima de la represión por parte del gobierno, pero hoy más que nunca seguiré luchando por la libertad de nuestros compañeros de la OCCS, entre ellos Orlando Ávila Mesino y Antonio Barragán Carrasco y otros compañeros de organizaciones recluidos injustamente», mencionó Hernández Refugio.

Agregó que seguirá en la exigencia de justicia por el caso Aguas Blancas para que los perpetradores sean castigados.

«Aguas Blancas no es un caso perdido, ahí perdí familia, amigos y compañeros que derramaron su sangre por ver un cambio verdadero, es por eso que tengo una lista de compañeros que murieron y que necesitan justicia».

Hernández Refugio estuvo en prisión 20 años, a pesar que cumplió su sentencia el 10 de diciembre del 2022, una nueva condena le impidió en un primer momento la libertad.

Por una nueva condena de portación de arma de fuego que no fue tomada en cuenta en los veinte años que estuvo en prisión, a Hernández Refugio le sentenciaron a tres años más tras las rejas.

Fue a través de un amparo que su defensa logró un juicio de simultaneidad para que los 20 años en que estuvo en prisión se le tomara en cuenta ambas condenas, de esa manera logro su libertad el 10 de febrero del 2023.

Hernández Refugio fue acusado por el secuestro de un ganadero de Coyuca de Benítez de nombre Andrés Astudillo «persona que nunca presentó a carearse, que nunca conocí en todo mi proceso penal», mencionó.

El pasado 5 de abril otro integrante de la OCSS y sobreviviente de la masacre de Aguas Blancas fue liberado tras 21 años de prisión, se trata de Gilberto Aguirre Bahena, quien fue detenido por personal de la extinta Agencia Federal de Investigación (AFI), dirigida por Genaro García Luna, hoy preso en una cárcel de Estado Unidos por implicaciones con el crimen organizado.

En prisión continúan Orlando Ávila Mesino y Antonio Barragán Carrasco, también activistas de la OCSS.

El 28 de junio 1996, una caravana de campesinos e integrantes de la OCSS se dirigían a un mitin a Atoyac, en demanda de la presentación con vida de Gilberto Romero Vázquez, integrante de la OCSS, víctima de desaparición forzada. En el camino fueron emboscados en un retén de la entonces Policía Motorizada y Judicial; las balas de los agentes acabaron con la vida de 17 campesinos en el vado de Aguas Blancas y decenas de heridos.

Hernández Refugio sobrevivió a la masacre, desde entonces, junto con otros integrantes de la organización fueron perseguidos por denunciar los hechos y acusar directamente al gobernador de ese entonces, Rubén Figueroa Alcocer, de ser el responsable de la masacre.

Jerónimo Hernández Refugio acompañó al Comité por la libertad de los presos políticos del estado de Guerrero a una visita a los penales de Chilpancingo y Acapulco para conocer la situación de demás casos de presos políticos, el pasado 2 de abril. Foto: Facebook Comité por la libertad de los presos políticos del estado de Guerrero.

 

Presos políticos de la OCSS, el otro montaje de Genaro García Luna

Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Facebook Libertad a los presos políticos de la OCSS

Chilpancingo

 

Gilberto Aguirre Bahena y Antonio Barragán Carrasco, sobrevivientes de la masacre de Aguas Blancas, en 1995, y activistas de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) fueron detenidos el 16 de mayo del 2002, en Baja California, de manera extrajudicial por personal del entonces director de la Agencia Federal de Investigación (AFI), Genaro García Luna, en la actualidad preso en Estados Unidos por relación con el crimen organizado.

Este miércoles 5 de abril, después 21 años de encierro por los supuestos delitos de secuestro y homicidio, a los que le inculpó García Luna, Aguirre Bahena salió de prisión en Acapulco.

Acompañado a su salida del penal de Las Cruces de Acapulco, el integrante de la OCSS se pronunció porque sean liberados otros de sus compañeros que están encarcelados, dijo, de forma injusta.

Gilberto Aguirre Bahena y Antonio Barragán Carrasco trabajaban en San Quintín como jornaleros agrícolas, cuando un policía de nombre Rey David, junto con un civil de nombre Eduardo Gallo y Tello, llegaron a su centro de trabajo y se los llevaron detenidos.

El caso Paola Gallo, el argumento de implicación

Paola Gallo, hija del empresario Eduardo Gallo y Tello, fue secuestrada el 8 de julio del 2000, en Tepoztlán, Morelos. Una semana después su cadáver fue hallado en Emiliano Zapata, municipio también de Morelos.

Ese mismo día localizaron el cadáver de tres hombres en el poblado de Ocotepec, presuntamente implicados en el secuestro.

Este caso fue uno de los tantos en donde estuvo involucrado García Luna, entonces director de la extinta AFI.

De acuerdo con lo documentado por activistas y por la defensa de Gilberto Aguirre, la desaparecida Agencia le otorgó a Gallo y Tello todo el equipo y el acceso a fiscalías y prisiones para que hiciera justicia por su cuenta por el caso de su hija.

La explicación que dieron entonces las autoridades fue que Paola Gallo murió por impacto de bala en medio de un fuego cruzado entre insurgentes, que pertenecieron a grupos de insurrección.

Gilberto y Antonio fueron acusados por este caso y sometidos a tortura por parte de Gallo y Tello.

Cuando los agentes de la AFI hallaron a Gilberto y Antonio en San Quintín, desplazados por la persecución política del caso Agua Blancas, fueron golpeados y amenazados para que se inculparan como los asesinos de los secuestradores de Paola Gallo, de lo contrario, el padre de ella mataría a sus familiares y violaría a sus hijas.

Esa noche Gallo y Tello mantuvo a Antonio y a Gilberto de rodillas, con las manos en la nuca, y a golpes, tortura y toques eléctricos les arrancó una confesión sobre la muerte de su hija.

Al día siguiente, los trasladaron a Tijuana, al aeropuerto, para subirlo a un vuelo nocturno hacia la Ciudad de México.

La detención, tortura y encarcelamiento de Gilberto Aguirre fue impulsada por García Luna, quien después fue responsable del montaje de la detención de Florence Cassez y de Israel Vallarta –transmitida en vivo por televisión– y de la fabricación del secuestro de Hugo Wallace, hijo de Isabel Miranda de Wallace.

García Luna, más tarde, sería el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, en el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012); hoy permanece encarcelado en el Centro de Detención Metropolitano de Nueva York, acusado de facilitar las operaciones del cártel de Sinaloa.

Persecución política contra miembros de la OCCS

La OCCS, fundada en 1994, sostiene que el encarcelamiento de sus integrantes se debe a una persecución política en contra de la organización en realidad por la masacre en el vado de Aguas Blancas.

En 1995, durante el gobierno de Rubén Figueroa Alcocer, en el municipio de Coyuca de Benítez, ocurrió la matanza; 17 personas asesinadas y más de 20 heridos es el saldo de esos hechos.

Todo sucedió cuando los campesinos se dirigían a Atoyac de Álvarez a manifestarse; fueron detenidos por un retén de la Policía Judicial de Guerrero que disparó a quemarropa contra de ellos.

Derivado de esa masacre familias completas padecieron el desplazamiento forzado interno, asesinatos extrajudiciales, desaparición forzada y detenciones arbitrarias.

Jerónimo Hernández, Gilberto Aguirre Bahena, Antonio Barragán Carrasco y Orlando Ávila Mesino fueron detenidos y acusados de delitos que no cometieron, «como parte de la estrategia para terminar con la organización», dijo Norma Mesino Mesino, líder de la OCSS, después de la liberación de Gilberto Aguirre.

Mesino Mesino acusó al ex director de la AFI de haberle fabricado los delitos a Gilberto Aguirre y a otros dos integrantes de la OCSS que aún permanecen en prisión.

Aguirre Bahena fue sentenciado por un juez a 40 años de cárcel por secuestro y homicidio.

En 1995, después de la masacre de sus 17 compañeros de la OCSS, se fue a Mexicali, Baja California, a trabajar como jornalero. El 16 de mayo del 2002 policías ministeriales de Guerrero y Morelos lo detuvieron bajo el cargo de secuestro y asesinato.

«Me torturaron en forma cruel e inhumana para que me declarara culpable», expuso Aguirre Bahena.

En la misma causa penal acusó a otros dos integrantes de la OCSS de asesinar a los tres individuos que participaron en el secuestro y homicidio de Paola.

Orlando Avilés Mesino y Antonio Barragán Carrasco, también integrantes de la OCSS, permanecen en prisión, el primero en una cárcel de Guerrero y el segundo de Morelos. Aguirre Bahena fue liberado hace unos días.

«Todo fue un montaje que realizó el entonces jefe de la Agencia Federal de Investigaciones, Genaro García Luna, para involucrar a nuestros compañeros», dijo Mesino Mesino.

El pasado 12 de febrero fue puesto en libertad de la cárcel de Chilpancingo, Jerónimo Hernández Refugio, integrante de la OCSS que también estaba acusado de secuestro; permaneció en prisión 20 años.

Él también es sobreviviente de la masacre del 28 de junio de 1995 en Aguas Blancas, debió salir de la cárcel en diciembre del 2022, pero en forma inexplicable un juez lo sentenció a cuatro años de prisión más, pero gracias a un amparo ya está en libertad.

«Yo ya salí libre pero faltan más compañeros que están presos en forma injusta», dijo Aguirre Bahena al abandonar la cárcel de Acapulco este miércoles 5 de abril.

En 1995, después de la masacre de Aguas Blancas, dirigentes de la izquierda, entre ellos el entonces legislador perredista y luchdor social, Ranferi Hernández Acevedo, acusaron al gobernador Rubén Figueroa Alcocer como el responsable de la matanza. En marzo de 1996, Figueroa Alcocer pidió licencia al Congreso local.

 

Liberan a Gilberto Aguirre, integrante de la OCSS preso desde 2002

Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Javier Verdin (Cromática, agencia fotográfica y multimedia)

5 de abril del 2023

Chilpancingo 

 

Gilberto Aguirre Bahena, integrante de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) y sobreviviente de la masacre de Aguas Blancas, en 1996, fue liberado hoy después de estar preso casi 21 años.

Aguirre Bahena fue capturado en 2002 por los delitos de secuestro, portación de arma de fuego, «víctimas de una persecución del Estado contra los integrantes de la OCSS», mencionó Aguirre Bahena.

Alrededor de las once de la mañana Aguirre Bahena salió del penal de Las Cruces, en Acapulco, donde ya lo esperaban amigos, familiares y activistas.

Desde ayer la secretaria federal de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, informó sobre la libertad de Aguirre Bahena.

Sus familiares y un grupo de activistas esperaron más de 24 horas su liberación; hasta que cerraron los trámites y papeleos lo liberaron hoy.

A Aguirre Bahena lo esperaban afuera del penal integrantes de la OCSS, de la Liga Mexicana de Derechos Humanos, de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), La Voz del Amate de Chiapas, entre otras organizaciones sociales.

Después de su liberación, Aguirre Bahena, en conferencia de prensa, agradeció a Norma Mesino Mesino, dirigente de la OCSS, «la lucha emprendida por lograr mi liberación».

Agregó que se mantendrá en la lucha, «pues aún falta que sean liberados dos compañeros de la organización que permanecen presos, Antonio Barragán Carrasco, quien se encuentra internado en un penal del estado de Morelos, y Orlando Ávila Mesino, preso en la cárcel de Acapulco».

También pidió al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que volté a ver a las cárceles, porque aseguró que «hay muchas personas inocentes encerradas», y pidió le dé prioridad y agilidad a los asuntos de sus dos compañeros.

“Las cárceles de Guerrero son un tormento, en las federales, aunque son más rigurosas en la seguridad,z tienes acceso a alimentación, ropa y mejor trato”, mencionó Aguirre Bahena.

Ayer, en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, Rodríguez Velázquez expuso que la federación pagó la multa 80,000 pesos que requería el juez por reparación de daño.

Rosa Icela Rodríguez reconoció que todavía están en prisión Orlando Avilés Mesino y Antonio Barragán Carrasco, pero que ya trabajan para lograr su liberación.

“Estamos gestionando por parte del Poder Judicial de Guerrero, así como del Poder Judicial de Morelos, sus libertades”, expresó Rodríguez Velázquez.

La secretaria reprodujo en la mañanera un audio de Gilberto Aguirre en el que relató su detención en mayo de 2002, en donde asegura que fue torturado para declararse culpable; lo condenaron a 40 años de prisión.

El 28 de junio de 1995, en el vado de Aguas Blancas, municipio de Coyuca de Benítez, fueron asesinados 17 campesinos, durante la administración del exgobernador priísta Rubén Figueroa Alcocer.

El 10 de febrero de 2023, otro miembro de la OCSS, Gerónimo Hernández Refugio, fue liberado tras una serie de amparos promovidas por su defensa.

En su caso, Hernández Refugio también permaneció 20 años presos en distintas prisiones del país.

El 28 de junio 1996, una caravana de campesinos integrantes de la OCSS, tomarían los palacios municipales de Tecpan y Atoyac, en demanda de la presentación con vida de su compañero de organización, Gilberto Romero Vázquez, víctima de desaparición forzada.

En el trayecto, en el vado de Agua Blancas, emboscados en un retén de la entonces Policía Motorizada y Judicial, las balas de los agentes acabaron con la vida de 17 campesinos.

Gilberto Aguirre Bahena ofrece conferencia de prensa después de su liberación, tras permanecer en prisión 20 años. Foto: Javier Verdin (Cromática agencia fotográfica y multimedia).

 

Exigen liberación de presos políticos sobrevivientes de la masacre de Aguas Blancas

Se trata de Antonio Barragán Carrasco, Gilberto Aguirre Bahena, Gerónimo Hernández Refugio y Orlando Ávila Mesino, cuya liberación fue exigida por Rocío Mesino asesinada en octubre de 2013


Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Oscar Guerrero

25 de abril de 2022

Chilpancingo

 

Integrantes de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) exigieron al gobierno federal la liberación de cuatro presos políticos que llevan 20 años privados de su libertad.

Pidieron al presidente, Andrés Manuel López Obrador, aplicar la amnistía que propuso o en su defecto ejecutar el Protocolo de Estambul que consiste en un conjunto de directrices reconocidas internacionalmente por los médicos y abogados para determinar si una persona fue torturada y cómo documentar los síntomas. La documentación puede servir como prueba válida e independiente ante un tribunal.

Los cuatro presos políticos son Antonio Barragán Carrasco, Gilberto Aguirre Bahena, Gerónimo Hernández Refugio y Orlando Ávila Mesino, sobrevivientes de la masacre de Aguas Blancas, a quienes acusaron injustamente de secuestro, denunció Norma Mesino Mesino, representante de la OCSS.

Barragán Carrasco, Aguirre Bahena y Hernández Refugio tienen 20 años en distintas prisiones del país, mientras que Ávila Mesino fue encarcelado en 2011.

En conferencia de prensa la dirigente de la OCSS, Norma Mesino dijo que lleva un mes sin tener comunicación con Hernández Refugio y desconoce su paradero, porque las autoridades carcelarias no informan si continúa preso en la cárcel de Chilpancingo o trasladado al estado de Chiapas.

“Tememos por la vida del compañero Gerónimo, un mes antes de que perdiéramos comunicación con él, nos dijo que estaba recibiendo amenazas de muerte”, dijo Mesino.

En la conferencia estuvieron presentes familiares de los presos políticos quienes confirmaron que fueron torturados durante el proceso de detención y que sus declaraciones fueron conseguidas bajo tortura.

Desde el año pasado la OCSS y los familiares de las víctimas buscaron al presidente de la República para plantearle que los presos políticos sean beneficiarios de la amnistía, contaron que fue a través de las madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa quienes le hicieron llegar un carta a López Obrador durante una reunión el 26 de septiembre de 2021.

Sin respuesta la OCSS comenzó una campaña para exigir la liberación de los cuatro presos políticos, a la que denominaron Campaña por la liberación de los presos políticos de la OCSS.

Fue durante la conferencia matutina del presidente, el pasado 21 de abril, que López Obrador habló del tema y mencionó que “se revisará el caso y actuarán en favor de las víctimas y a garantizar la libertad de los que injustamente están detenidos”, dijo el presidente.

A cuatro días que el presidente dio esas declaraciones la dirigencia de la OCSS dijo que todavía no hay un acercamiento de algún representante o autoridad federal con las familias ni los abogados de las víctimas.

Norma Mesino agregó que están conscientes de que por el tipo de delito que los acusan no pueden ser beneficiados por la Amnistía presidencial, por eso se busca aplicar el protocolo de Estambul.

Agregó que de parte del gobierno estatal que encabeza la morenista, Evelyn Salgado Pineda, no existe la voluntad política para resolver el caso.

Norma y los demás integrantes de la OCSS lamentaron que la FGE criminaliza a sus familiares, mientras la administración estatal “hace oídos sordos”.

Explicaron que debido a los cambios en el gabinete estatal el caso no puede avanzar. “Ya llevábamos avances significativos con Saúl López Sollano, pero cuando lo quitan de secretario general tuvimos que empezar de nuevo, ahora ya nadie nos contesta las llamadas”, mencionó Norma Mesino.

Barragán Carrasco, Hernández Refugio y Aguirre Bahena son sobrevivientes de la Masacre de Aguas Blancas, municipio de Coyuca de Benítez, en la Costa Grande, ocurrida el 28 de junio de 1995, y fueron detenidos entre 2000 y 2001, acusados de secuestrar a la hija del empresario Eduardo Gallo, originario de Morelos.

Ávila Mesino es uno de los cuatro que permanecen en prisión, con pruebas «evidentemente fabricadas», de acuerdo con la OCSS, por las que fue señalado, junto con su prima Rocío Mesino Mesino, de participar en un secuestro ocurrido el 23 de junio de 2011.

Rocío Mesino fue asesinada en octubre de 2013 mientras encabezaba las exigencias de libertad a los cuatro presos políticos.

Policías comunitarios piden a Evelyn la libertad de presos políticos

También estuvo Samantha Colón, esposa de Vicente Suástegui Muñoz quien desde agosto fue privado de su libertad por un grupo armado en la colonia Ciudad Renacimiento, en Acapulco y desde esa fecha no ha sido localizado por las autoridades


Texto: Jesús Guerrero

Fotografía: Oscar Guerrero

31 de enero del 2022

Chilpancingo

 

En una reunión en la que estuvo como intermediario el padre Alejandro Solalinde, integrantes de la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) le solicitaron a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda la liberación de un grupo de presos políticos.

Gonzalo Molina González, dirigente de esta agrupación señaló que otra de las peticiones que se le hizo a la gobernadora es que ordene que se agilice la búsqueda del activista Vicente Suástegui Muñoz quien desde agosto del 2021 está desaparecido.

El grupo de policías comunitarios encabezados por Molina González que portaban sus uniformes ingresaron a la residencia oficial de Casa Guerrero.

Molina dijo que hay casos de activistas presos que pese a que ya cumplieron su derecho de salir libres por diversas circunstancias legales deben de salir libres.

Es el caso de Florentino Cruz Morales quien se encuentra preso en el penal de Ayutla de los Libres pero que en los próximos días podría salir en libertad, dijo Gonzalo Molina quien está fuera de Guerrero por las amenazas de muerte que recibió por parte de integrantes de un grupo delictivo que está en Tixtla.

La gobernadora Evelyn Salgado Pineda le dijo al grupo de autodefensas que va a ordenar a la Fiscal General y al presidente del Poder Judicial revisen los expedientes judiciales de los activistas que permanecen presos y puedan salir en libertad.

“Nosotros vamos a confiar en la palabra de la gobernadora pero en caso de que nos mienta lo daremos a conocer públicamente”, advirtió.

En la reunión con la gobernadora también estuvo Samantha Colón, esposa de Vicente Suástegui Muñoz quien desde agosto fue privado de su libertad por un grupo armado en la colonia Ciudad Renacimiento, en Acapulco y desde esa fecha no ha sido localizado por las autoridades.

Vicente Suástegui es hermano del Vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa la Parota (Cecop) Marco Antonio Suástegui quien ha encabezado en las labores de su búsqueda.

“La gobernadora Evelyn Salgado informó que le va a pedir a la Fiscalía que reanude las labores de búsqueda para localizar a mi esposo”, dijo Samantha Colón.

Otras organizaciones sociales como el Observatorio por la Reconciliación, la Paz y el Desarrollo de las Comunidades de la Sierra, maestros y el líder social Eloy Cisneros Guillén se reunieron con la gobernadora Evelyn Salgado en la que también participó el padre Alejandro Solalilde.

También participó en esta reunión la activista Otilia Eugenio Manuel.

Este grupo de activistas se inconformaron porque el grupo de guardias de seguridad de la residencia oficial de Casa Guerrero les impedían el paso.

“Cómo es posible que aquí pongan vallas metálicas cuando aquí es la casa del pueblo”, les gritó Eloy Cisneros Guillén a los policías vestidos de civil.

Uno de los funcionarios de Casa Guerrero, les dijo a los activistas que no los dejarían pasar porque la gobernadora no los tenía en su agenda de reuniones.

“Aquí nos citó el padre Alejandro Solalinde”, dijo Eloy.

“Entonces espérenlo aquí”, respondió el policía.

Después del incidente llegó otro funcionario para decirle al grupo que podían pasar.

 

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