Acapulco: dos décadas de violencia continua, aumentan extorsiones en febrero

Durante febrero hubo 77 asesinatos en el estado, 71 hombres y 6 mujeres, 35 de los 77 homicidios dolosos se registraron en Acapulco, 28 empresarios en este puerto en estos momentos están sufriendo extorsiones e intimidaciones


Texto: Amapola Periodismo

Fotografía: Javier Verdín / CROMÁTICA La imagen relatora de la realidad 

8 de marzo del 2022

Acapulco

 

En un video sin audio que dura 32 segundos se observa como tres individuos que portan armas cortas asesinan a balazos al panista y ex comandante de la policía ministerial estatal, Juan Carlos Brito Morán cuando ingresa a un gimnasio ubicado en la Costera Miguel Alemán, en la zona dorada de Acapulco.

El asesinato ocurrió a las 6 con 40 minutos de la mañana del lunes 28 de febrero. Ese día, el último del mes, se registraron otros cinco homicidios en distintos puntos de este puerto.

Brito Morán fue subsecretario de Seguridad Pública municipal durante el gobierno del perredista Evodio Velázquez Aguirre con quien lo unía un compadrazgo y conflictos de interés.

Durante febrero hubo 77 asesinatos en el estado, 71 hombres y 6 mujeres. El recuento de Amapola. Periodismo transgresor arrojó que, 35 de los 77 homicidios dolosos se registraron en Acapulco.

Iguala ocupó el segundo lugar en número de asesinatos con ocho casos y en tercer lugar Chilpancingo con seis homicidios dolosos.

Chilapa que en las estadísticas figura en los primeros lugares en casos de homicidios, hubo un crimen registrado.

Acapulco, considerada desde hace décadas como la joya de la corona en Guerrero, por su derrama económica y porque aquí las organizaciones criminales tienen un control, vive desde el 2006 —desde que gobernó la alcaldía Félix Salgado— una escalada de eventos de violencia.

Aquí en este puerto han gobernado los partidos políticos con más presencia en Guerrero: el PRI, PRD, Movimiento Ciudadano y desde el 2018, Morena.

Ninguna autoridad municipal proveniente de esos cuatro partidos políticos ha dado resultados tangibles para resolver la violencia e inseguridad.

El 30 de septiembre asumió la alcaldía de este municipio la morenista Abelina López Rodríguez antecediendo a su compañera de partido, Adela Román Ocampo.

Unas ocho horas antes de que López tomara protesta, cinco hombres que se desplazaban en un vehículo por la Costera Miguel Alemán ingresaron a la emblemática discoteca Baby ‘O y después de rociarla de gasolina le prendieron fuego.

Desde esa fecha la inseguridad es percibida por la ciudadanía, como una marca del nuevo gobierno que encabeza López Rodríguez, al igual que sus antecesores en el cargo.

Al inicio de su administración hubo dos despliegues de seguridad con elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Policía Estatal y La Marina. Uno el 8 de noviembre y otro a mediados de diciembre, sin que los homicidios, secuestros, extorsiones, feminicidios y otros delitos dejen de ocurrir.

Decapitados que aparecen tirados en las calles, asesinatos en las playas, ataques e incendios en camiones de transporte urbano, extorsiones a comerciantes y empresarios son hechos ocurridos en febrero.

El primero de febrero a los turistas que caminaban por la avenida Miguel Alemán, frente a la playa Tlacopanocha, les sorprendió ver un anuncio afuera de una taquería.

«Este negocio ha sido cerrado porque me quisieron matar a mí y a mí familia por un grupo que opera en esta zona», decía la manta que colocó el dueño de esta taquería.

Días antes de que apareciera este anuncio, un grupo armado atacó a tiros esta taquería dejando a una persona herida.

El pequeño empresario denunció que integrantes de una organización delictiva le estaba exigiendo una cuota mensual a lo que no accedió y en represalia atacaron a balazos su negocio.

Alejandro Martínez Sidney, presidente de la Federación de Cámaras de Comercio (Fedecanaco) dijo que una prueba de la inacción del gobierno para frenar la violencia en Acapulco es de que las autoridades reconocen que 800 elementos de la Marina y Ejército Mexicano carecen de patrullas para movilizarse en la ciudad para que participen en forma activa en los operativos.

Dijo que ese problema se los hizo saber el subsecretario de Seguridad Pública estatal, Irving García Lozano en una reunión que tuvo con empresarios de Acapulco.

«Lo que nos dijo ese día el funcionario del gobierno estatal es sumamente grave», informó.

En esa reunión con el funcionario estatal les dijo a los empresarios que son 800 el número de elementos del Ejército y Marina no tienen vehículos para moverse.

Este grupo de elementos de fuerzas federales son parte del operativo Refuerzo 2021 que el 8 de noviembre del 2021 pusieron en marcha el Secretario de la Marina, José Rafael Ojeda y la gobernadora Evelyn Salgado Pineda para los municipios de Acapulco, Iguala y Chilpancingo.

Martínez Sidney señaló que en esa reunión se le presentó al subsecretario de Seguridad una lista de 28 empresarios de Acapulco que en estos momentos están sufriendo extorsiones e intimidaciones.

«Se le dio todos los datos al Subsecretario para que se realicen las investigaciones», expuso.

En cifras que dio a conocer esta organización de empresarios se informó que en el 2021 se registraron en Guerrero 196 delitos de extorsión, 14 secuestros y mil 88 homicidios dolosos.

En un reconocimiento explícito de que el gobierno no puede frenar la delincuencia en Acapulco y en otras regiones de Guerrero, el comandante de la 27 Zona Militar, Federico San Juan Rosales, dijo que no tienen suficientes soldados para combatir a la delincuencia.

Durante un encuentro que el general tuvo con integrantes del Grupo ACA el pasado 28 de febrero, se refirió a las protestas de los comerciantes del mercado central de Acapulco por los supuestos que cometen los soldados en sus operativos en esa zona y por la retención de un grupo de militares por más de cinco horas por parte de pobladores de Quechultenango.

«Son gente (los inconformes contra los soldados) que es manipulada por la delincuencia organizada», aseveró.

Dijo que en el caso de Quechultenango (en donde opera un grupo delictivo) recibieron órdenes de no hacer nada cuando los soldados estaban retenidos.

«Recibimos órdenes de parar», señaló al referirse a esos hechos registrados el día 16 de febrero en Quechultenango durante el fallido operativo que realizó el Ejército, Guardia Nacional y Policía estatal en esa zona.

Para que fueran liberados los soldados, el comandante de la 35 Zona Militar, Enrique Martínez y el Secretario de Seguridad Pública estatal, Evelio Méndez Gómez firmaron una minuta de acuerdos con los habitantes de esa localidad en el que hubo el compromiso de dejar en libertad a uno de los detenidos de nombre Jesús Flores García.

Otro de los compromisos firmados es de que cuando el Ejército y Guardia Nacional realice operativos en esa zona donde tiene su bastión un grupo delictivo sean acompañados por la policía municipal de Quechultenango y los llamados policías comunitarios.

Hechos que conmocionaron en febrero

Durante febrero se registró un ataque a balazos contra integrantes de una familia en la comunidad de Arroyo-Blanquito, el 2, Día de la Candelaria.

Aquí murieron un señor de nombre Francisco «N» de 44 años y su hijo de 17 años y su esposa resultó herida de bala.

En Tecoanapa, municipio enclavado en la región de la Costa Chica y en donde desde el 2013 está la policía comunitaria para dar seguridad a esa zona, un grupo armado asesinó a cuatro personas que viajaban en un taxi en las inmediaciones de la comunidad de El Limón.

Este hecho ocurrió el seis de febrero, murieron tres hombres y una mujer.

 

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Denuncian en Buenavista que fuerzas federales y estatales no actúan contra grupo delictivo

«Aquí los policías estatales, municipales, el Ejército y Guardia Nacional realizan recorridos por la carretera pero no hacen nada para frenar a los ardillos»


Texto: Jesús Guerrero

Fotografía: Óscar Guerrero

7 de marzo del 2022

Buenavista de la Salud

 

Habitantes de esta comunidad del municipio de Chilpancingo denunciaron que, pese a la presencia de la policía estatal y fuerzas federales este domingo en la tarde, integrantes de un grupo delictivo atacaron a granadazos la comandancia de la policía comunitaria dejando como saldo tres heridos.

Por versiones de los lugareños e integrantes de la Policía Comunitaria de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) los pistoleros se parapetaron en un cerro y desde ese lugar lanzaron tres granadas de fragmentación contra la comandancia.

«Aquí los policías estatales, municipales, el Ejército y Guardia Nacional realizan recorridos por la carretera pero no hacen nada para frenar a los ardillos», señaló un integrante del grupo de policía civil.

La presencia de las fuerzas federales y estatales se incrementó en esta zona después de que el pasado 26 de enero integrantes de esta organización delictiva atacó a balazos y granadazos la comandancia de la policía comunitaria dejando como saldo cuatro muertos y dos heridos.

Posteriormente dos de los pistoleros del grupo delictivo murieron durante un enfrentamiento con policías estatales en la carretera federal Acapulco-Chilpancingo a la altura de la comunidad de Acahuizotla.

En conferencia de prensa que ofrecieron en esta localidad, uno de los integrantes de la UPOEG, señaló que la gente ya no tiene miedo de las agresiones que realizan ese grupo de delincuentes.

«Cuando había los primeros ataques la gente se encerraba en sus casas, cerraban los comercios y se suspendían las clases y ahora ya no tiene miedo», expresó.

Dijo que con lo que ocurrió este domingo en la tarde y estando la policía y otras fuerzas federales en esa zona quiere decir que los delincuentes ya tienen permiso para realizar lo que quieran.

«Nosotros no nos vamos a rajar porque sabemos que en cualquier otro rato llegan», expresó el comunitario.

Señaló que desde hace tiempo este grupo delictivo ha pretendido tomar Buenavista de la Salud pero no lo han logrado porque aquí ha habido una fuerte resistencia.

«Cuando vienen (el grupo delictivo) vienen atacarnos ya vienen con sus maletas como un plan para quedarse pero no lo han logrado», dijo.

Señaló que el gobierno sabe el lugar en que opera esta organización delictiva pero no quiere detener a sus integrantes.
Según el policía comunitario desde hace meses el gobierno que encabeza la gobernadora morenista Evelyn Salgado Pineda tiene conocimiento de la situación que prevalece en esta zona del corredor del Valle del Ocotito.

Toda esta información que se le han llegar a las autoridades estatales se supone que ya tiene conocimiento la gobernadora Salgado Pineda.

Después de los hechos del pasado 26 de enero en donde murió a tiros el comandante Mario Zamora, ex líder de la CETEG, hay versiones de los lugareños que muchas familias de esta comunidad tuvieron que salirse e irse a vivir a otras localidades por miedo a que se registren nuevos hechos de violencia.

Unas familias viven con parientes de Chilpancingo y otras en distintos puntos del estado de Guerrero.

 

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«Hay una cacería de brujas contra las feministas»: fiscalías criminalizan a mujeres por protestar

Mujeres acusadas de supuestamente participar en hechos violentos en el marco de manifestaciones enfrentan vigilancia, citatorios de la FGR y la FGJCDMX, así como afectaciones económicas y de salud.


Texto: Eréndira Aquino / Animal Político

Ilustración: Andrea Paredes

7 de marzo del 2022

 

Desde octubre y noviembre de 2020, cuando se enteraron de que eran investigadas por delitos presuntamente cometidos durante protestas feministas en la Ciudad de México, las vidas de Érika, Mime y Linda cambiaron por completo.

Visitas constantes a sus domicilios por parte de decenas de policías, cateos, patrullajes por sus casas que se incrementan cada que se convoca a otra protesta, afectaciones físicas, psicológicas, económicas y hasta la separación de sus familias son algunas de las consecuencias que enfrentan desde que se iniciaron los casos en su contra, aunque hasta ahora las autoridades no las han vinculado a proceso.

“Yo creo que es una cacería de brujas en contra de las feministas, las que estamos luchando por justicia y contra el sistema que no nos ha servido para nada”, señala Érika Martínez, investigada por la toma de las oficinas de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ubicadas en la calle República de Cuba, en el Centro Histórico de la CDMX.

Érika, de 43 años, llegó a las instalaciones de la CNDH cuando estas fueron convertidas por colectivas y grupos feministas en un refugio para mujeres víctimas de violencia. No tenía dónde vivir, pues se quedó sin casa tras denunciar al hermano del padrastro de su hija menor, por abusar sexualmente de ella cuando tenía siete años.

La niña, que para cuando llegaron al refugio tenía ya 10 años, fue quien pintó sobre el cuadro de Francisco I. Madero que estaba en la CNDH. Esta y otras obras fueron intervenidas por feministas. Dicho acto fue públicamente criticado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien Érika reclamó por indignarse por una pintura: “¿Por qué no se indignó cuando abusaron de mi hija?”.

Junto con Yesenia Zamudio, madre de Marichuy, joven víctima de feminicidio por parte de un profesor del IPN y de uno de sus compañeros, Érika se convirtió en una de las caras visibles de la toma del inmueble de la comisión. Tras ello, fue denunciada por la CNDH ante la Fiscalía General de la República (FGR) por el delito de despojo.

Resignada, Érika señala que por estos hechos sabe que podría ser encarcelada en cualquier momento. Aun cuando la CNDH le otorgó el perdón, la FGR, en vez de desechar la denuncia, mantiene abierta la investigación en su contra y recientemente le envió un citatorio para una audiencia inicial. Esto quiere decir que las autoridades encontraron elementos que, a su parecer, acreditan que cometió un hecho constitutivo de delito, aunque hasta el momento no sabe cuál es porque no se lo han informado.

Lo que más le duele —dice— es que por la toma de la CNDH no solo abrieron un proceso en su contra, sino que las autoridades también incluyeron a su hija mayor, de 23 años, quien enfermó por el estrés que le genera saber que son investigadas. Además, le duele que ellas dejaron de protestar para exigir justicia por el caso de abuso sexual que inicialmente las llevó a las calles.

“Uno de los cambios que tuvimos que hacer fue ya no ser tan partícipes en los movimientos de protesta, en las marchas, dejé de pedir justicia por mi hija, y en cuanto a la salud, nos ha afectado… más a mi hija mayor, que le dan momentos de ansiedad, se le ha llegado a paralizar el intestino y ha dejado de dormir”, detalla.

A Érika no solo le quita el sueño la posibilidad de ser detenida y sentenciada por la toma de la CNDH, sino que el agresor de su hija, sentenciado a más de 13 años de prisión, logre quedar fuera del registro de agresores sexuales. Actualmente, ella está en proceso de apelación de la decisión de las autoridades del Tribunal Superior de Justicia, quienes calificaron de “excesiva” la medida de incluir al hombre en el listado.

Para Ximena Ugarte, abogada del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio que acompaña el caso de Érika, de su hija y de dos feministas acusadas de hechos violentos en la protesta del 8 de marzo de 2020 en la ciudad, las denuncias contra feministas son estrategias para criminalizar las manifestaciones y generar miedo en ellas y otras interesadas en acudir. Asegura que no existen pruebas en ninguno de los casos, pero las autoridades insisten en mantener las investigaciones abiertas y en llamar constantemente a las denunciadas para que amplíen sus declaraciones.

“Por supuesto que todo eso no lleva a nada en la investigación, porque no tienen ningún elemento de prueba para acreditar el delito que les tratan de imputar, pero lo que sí genera es angustia, miedo, tener que estar yendo al Ministerio Público, seguir teniendo la carpeta abierta en su contra y, además, la habilidad que también nos sorprende tienen los policías, porque consiguieron fotos, videos, ubicaciones y un montón de cosas que es muy difícil que encuentren cuando se trata de indagatorias, por ejemplo, de agresores sexuales o feminicidas”, advierte.

“Me arrebataron a mi hija”

Mime y Linda forman parte de un grupo de 12 mujeres —que no se conocen entre sí— contra quienes la Fiscalía General de Justicia de la capital (FGJCDMX) abrió carpetas de investigación por robo, lesiones dolosas y daño a la propiedad, por daños a un local durante la marcha del 8 de marzo de 2020. Esta averiguación se inició luego de que un perfil de Facebook las acusara de incitar a manifestantes a cometer actos vandálicos.

En el caso de Mime, además, hay otras dos investigaciones: una se abrió después de que las autoridades catearon el lugar donde vivía hasta el 7 de marzo de 2021 —un día antes de la protesta por el Día Internacional de la Mujer—, donde la FGJCDMX halló “objetos aptos para agredir que posiblemente serían utilizados en marchas”, y otra por presunto abuso físico y psicológico contra su hija. Por esto, perdió su casa, su trabajo y la custodia de la niña.

“Cuando pasa lo del cateo, me quedé al mismo tiempo sin empleo y sin dónde vivir, porque mis empleadores pagaban por la renta. Me aislé en un lugar seguro un tiempo, pero después, cuando volví a salir, me detuvieron en un baño público y me arrebataron a mi hija. Perdí la custodia, y como salí en las noticias, me volvieron a correr del trabajo”, cuenta Mime en entrevista.

“Lo de mi hija me mueve mucho, saber que solo puedo verla en fotos me da para abajo, que si no fuera porque se la dan a mi mamá con autorizaciones que solo duran tres meses y deben renovarse a criterio de las autoridades, ella se va al DIF. Sumado a eso, los cambios de trabajo y de casa, pagar los depósitos de renta aun cuando no hay nada estable… es muy difícil”.

Mime, de 27 años, afirma que las acusaciones en su contra son infundadas. Argumenta que, entre las “pruebas” que hay de su presunta participación en el saqueo de un negocio y de incitar a la violencia en protestas feministas, hay solo fotografías en las que aparece marchando o participando en mítines de apoyo a víctimas, y que lo que supuestamente se encontró en su casa durante el cateo realizado lo sembraron las autoridades.

Sobre el supuesto caso de maltrato a su hija, señala irregularidades en la acusación. Inicialmente, según las autoridades, fue denunciada por una vendedora de dulces por supuestamente gritarle y golpearla, pero ante el Ministerio Público le dijeron que había sido por la denuncia de una policía.

Pese al miedo a que abran más investigaciones en su contra, dice que continúa con su labor voluntaria como acompañante de víctimas y de mujeres y personas que buscan practicarse un aborto.

“No he dejado de salir a las calles, aunque varias compañeras sí han puesto sobre la balanza sus ideales o evitar que sus familias sufran, porque el hostigamiento es difícil, y cada día se incrementa la criminalización contra las protestas feministas”, alerta.

Este año, no sabe si podrá participar en alguna protesta, porque ya recibió un citatorio para presentarse a una audiencia en el penal de Santa Martha Acatitla el 8 de marzo, día de otra movilización feminista.

“Ojalá el sistema fuera así con las denuncias de víctimas”

Para Linda, acusada por el mismo saqueo atribuido a Mime y otras 10 mujeres, lo más indignante de la persecución que viven es que las autoridades prefieran iniciar procesos contra participantes de protestas feministas antes que actuar contra agresores a quienes las víctimas denuncian a través de redes sociales y de manera formal.

“Nos acusaron a través de un perfil de Facebook llamado ‘Ana Pérez’, y nos abrieron investigaciones por una publicación que hizo, en la que dio nuestros nombres, lo que me parece indignante, porque como acompañante de víctimas conozco varios casos que cuando denuncian en redes a sus agresores no se hace nada, y tampoco quieren abrir carpetas de investigación cuando acuden con autoridades”, refiere en entrevista.

“(Este proceso) ha afectado mi salud psicológica y física, porque me causa mucha ansiedad pensar que, a pesar de que mi caso no se ha judicializado, a otras compañeras les han abierto más carpetas, y si a mí ya me acusaron de algo que no hice, más adelante pueden hacer lo mismo que a ellas”, añade.

“Las otras compañeras y yo sufrimos acoso policiaco. En mi caso, pasa la patrulla y pita frente a mi casa, sobre todo cuando se acercan las marchas, y ha habido ocasiones en las que no he podido salir porque está estacionada en la esquina y no sé si al salir me vayan a detener acusándome de otros delitos”.

Las pruebas de las autoridades para inculparla por los hechos presuntamente ocurridos en la marcha del #8M de 2020 son algunas capturas de pantalla de sus redes sociales y fotografías en las que aparece en movilizaciones feministas: en una, carga un cartel con el rostro de Isabel Cabanillas —artista víctima de feminicidio en Chihuahua— y en otra recolecta juguetes para niñas y niños huérfanos porque asesinaron a sus madres.

“Y con eso ya dicen que nos juntamos y somos líderes del Bloque Negro (grupo que en las protestas realiza pintas y se confronta con policías), que tenemos grupos donde invitamos supuestamente a que se unan al bloque para destrozar y no sé qué tantas cosas… nada de eso es cierto, solo coincidimos en espacios cuando acompañamos a víctimas y sus familiares”, insiste.

Aunque su proceso no ha avanzado, Linda señala que su salud se vio afectada por el miedo que le provocó conocer la denuncia. Por ello, de inicio, decidió no participar en las protestas feministas que se organizaron después de que le notificaron que era investigada.

Sin embargo, después volvió a salir a las calles. “Protestar no es un delito, es un derecho, y creo que están haciendo esto de criminalizarnos no solo para que quienes estamos acusadas no queramos asistir a las marchas, sino para que también otras que van sepan que pueden ser procesadas penalmente y les dé miedo, para que ya no quieran ir”.

Fabiola Vite, directora del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, que acompaña legalmente a otras dos de las 12 investigadas por las acusaciones en Facebook, coincide en la opinión de que los casos abiertos contra las manifestantes son una estrategia del gobierno capitalino para desincentivar y criminalizar la protesta.

Hasta ahora —explica—, las audiencias a las que se las ha citado son solo para pedirles que amplíen declaraciones. “No hay pruebas y hay una dilación anómala en el proceso”.

“Es un mensaje de las autoridades para inhibir su participación en las protestas, pareciera un recordatorio hacia ellas y otras mujeres de que podrían tener consecuencias penales; forma parte de una campaña para que no se movilicen, cuando lo deseable sería que en vez de eso garanticen condiciones adecuadas para que las ciudadanas puedan manifestarse tranquilas, digna y libremente”, concluye.

México, denunciado ante la CIDH por criminalizar feministas

En octubre pasado, asociaciones civiles denunciaron a México ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por estigmatización y criminalización de la protesta feminista por parte de actores de los tres niveles de gobierno, “siendo objeto de constantes abusos y violencias particulares debido a un ambiente patriarcal y un marco normativo represivo al derecho a la libre asociación, la libre expresión y al derecho a defender derechos humanos por parte de mujeres, colectivos y movimientos sociales”.

En el 181 periodo de sesiones de la CIDH, las organizaciones Espacio OSC para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, el Frente por la Libertad de Expresión y Protesta Social, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, con el acompañamiento de Amnistía Internacional, denunciaron “un contexto patriarcal caracterizado por una fuerte violencia contra mujeres y niñas”.

De acuerdo con las organizaciones denunciantes, las mujeres y niñas “han levantado movimientos feministas y de derechos humanos que, ante la urgencia y gravedad del contexto, han hecho uso de su derecho a la protesta social para exigir al Estado acciones de prevención y erradicación de dichas violencias”.

Sin embargo, les han respondido con “violencias patriarcales, como el uso indebido de la fuerza, violencia sexual e incluso tortura sexual, acoso y hostigamiento físico y digital”, conductas que se han visto exacerbadas en el marco de las protestas sociales feministas.

Las organizaciones señalaron que, específicamente, las manifestaciones encabezadas por mujeres, a pesar de ser mayoritariamente pacíficas, han comenzado a ser estigmatizadas como violentas, violando el derecho a la reunión pacífica y a la libre expresión.

Durante esta audiencia, el representante de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas instó al Estado mexicano a que reconozca la legitimidad de las protestas de mujeres y niñas, a abstenerse de realizar declaraciones que las estigmaticen, a investigar las violaciones de derechos humanos cometidas en el contexto de las manifestaciones y a atender las causas estructurales de las violencias contra las mujeres.

Este texto fue elaborado por el equipo de Animal Político y lo reproducimos con su autorización.

 

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Este 8 de marzo, se reinstalará el Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres  y Hombres y los sistemas municipales en los próximos días, con ello se activarán los mecanismos de protección a los derechos humanos de las mujeres


Texto: Beatriz García

Fotografía: Amapola periodismo y José Luis de la Cruz

7 de marzo del 2022

Chilpancingo

 

En Guerrero hay una deuda histórica con las mujeres. Acceso a la justicia y a una vida libre de violencia son las principales, coinciden activistas, defensoras de derechos humanos y víctimas.

De acuerdo con el último Censo de Población y Vivienda del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en 2020 en Guerrero se contabilizaron  un millón 840,073 mujeres, adolescentes y niñas y un millón 700,612 hombres, es decir hay más mujeres que hombres.

Paradójicamente son las mujeres las que sufren más violaciones a sus derechos humanos: feminicidios, violaciones sexuales, laborales y la falta de acceso a la justicia.

Pero no sólo eso, las mujeres en Guerrero son las exigen justicia en las calles y en las instituciones por un hijo, un esposo o un hermano que fue desaparecido o asesinado.

Las desigualdades entre hombres y mujeres son visibles. Un ejemplo claro es el analfabetismo. Las mujeres son las que menor consideraciones tienen para asistir a la escuela. De acuerdo con Inegi, en 2020 había 188,987 mujeres mayores de 15 años analfabetas y 121,340 hombres en la misma condición.

El último censo de Inegi registró que la mayor participación económica persiste en los hombres, 74.5 por ciento generan ingresos económicos, mientras que 48 por ciento de las mujeres lo hacen. Aunque el mismo informe indica que la tasa de participación de las mujeres creció 3.0 puntos porcentuales de 2000 a 2010 y 19.9 puntos porcentuales en los últimos 10 años.

Para entender algunos aspectos del plano en el que las mujeres guerrerenses están paradas, Amapola. Periodismo transgresor consultó a tres mujeres que han participado activamente en la búsqueda de justicia desde distintos aspectos.

La feminista y representante de la Asociación Guerrerense contra la Violencia hacia las Mujeres (AGCVIM), Marina Reyna Aguilar; la representante del Colectivo Familiares en Búsqueda María Herrera, Gema Antúnez Flores y la directora del Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos “José María Morelos y Pavón”, Teodomira Rosales Sierra, quien acompaña a mujeres desplazadas por la violencia.

El incumplimiento con las mujeres

Hace cicno meses, en Guerrero cambió de gobierno, por primera vez es gobernado por una mujer, la morenista Evelyn Salgado Pineda, pero no se observa el cambio para las mujeres, aunque haya comunicados y presupuesto para atender la problematica, sin embargo para la feminista “hasta que se materialice será real”.

La Secretaría de Gobernación (Segob) ha declarado con dos Alertas de Violencia de Género (AVG) que no ha sido cumplidas lo que mantiene una situación “grave” porque la violencia no cesa y hay otras que se están visibilizando, como los matrimonios forzados en niñas y jóvenes, que desde décadas persiste en la región de la Montaña.

El incumplimiento de estas alertas, dice la activista, ha puesto a las familias y las organizaciones a trabajar aun con todas sus limitaciones en lo que el Estado no está atendiendo.

La activista observa que cada día hay más denuncias interpuestas por las mujeres, pero al mismo tiempo hay muchas carencias en la estructura gubernamental, la falta de capacitación al personal y los malos tratos que siguen ejerciendo los funcionarios hacia las víctimas.

Este 8 de marzo, se reinstalará el Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres  y Hombres y los sistemas municipales en los próximos días, con ello se activarán los mecanismos de protección a los derechos humanos de las mujeres, sin embargo, explica Reyna Aguilar, hay una falta de cumplimiento de obligaciones que tiene el estado y los municipios, lo cual vulnera los derechos de las mujeres.

En el Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar  la Violencia contra las Mujeres, contemplan comisiones, una de ellas es la que preside el Congreso del estado que tiene la obligación de hacer un análisis del marco legal para homologar las leyes locales a las leyes federales, además de revisar las necesidades de reforma.

Sin embargo, los diputados ha mostrado resistencia para cumplir con uno de los grandes pendientes: reformar el artículo 159 de Código Penal,  para que las mujeres que quieran interrumpir el embarazo producto de una violación sexual lo hagan sin la necesidad de presentar una denuncia penal y, menos, sin tener la autorización de un Ministerio Público.

Las violencias imparables

La Asociación Guerrerense contra la Violencia hacia las Mujeres da siguimiento puntual a la información que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública registra en relación a diferentes violencias que se ejercen contra las mujeres como: violencia de género, aborto, trata de personas, tráfico de menores o violencia sexual.

En su portal, la asociación desmenuza las cifras del secretariado. En sus gráficas destaca la violencia familiar. De acuerdo al registro del año pasado, en Guerrero se denunciaron 2,504 hechos por violencia familiar, aunque en 2019 se presentaron 3,036 denuncias.

En el delito de violencia de género en Guerrero en 2020 de representaron 321 denunciados y en 2021 cerró con 142.

En relación al aborto en 2019 hubo el mayor número de denunciasque aún sigue siendo considerándose un delito, once, y el año pasado cerró con cinco.

En el delito de trata de personas, en 2019 también presentó el mayor número en los últimos cinco años con denuncias, 19, y el año pasado cerró con solo una denuncia.

Sobre tráfico de menores, en 2021 se presentaron tres denuncias por este delito y en los últimos cinco años suman cinco. En Tlapa,  Cochoapa el Grande, Acapulco, Zihuatanejo y Ometepec, se registró uno en cada uno.

En violación simple, en los últimos cinco años en 2019 se presentaron más el mayor número de denuncias, 242, mientras que en 2021 fueron 164.

En violación equiparada en los dos últimos años presentaron el mayor número de registro de denuncias, 143.

Las denuncias por acoso sexual, en 2020 presentaron 114 denuncias y el año pasado cerró con 82.

El delito por abuso sexual, en 2020 se presentaron 342 denuncias y el año pasado 270.

Las mujeres, las que alzan la voz

En Guerrero hay diferentes grupos de familiares de desaparecidos y asesinados que buscan justicia por sus seres queridos, al frente van las mujeres alzando la voz.

Antúnez Flores, lidera uno de los colectivos en Chilpancingo, busca a su hijo Juan Sebastián García Antúnez, a quién desaparecieron hace 12 años.

Gema Antúnez confirma lo dicho, en su colectivo la mayoría son las madres, esposas e hijas las que no cesan en buscar justicia. Lo explica.

—¿Por qué en este caso son más las mujeres que buscan a sus desaparecidos?

—En la mujer recae toda la responsabilidad, tanto del hogar porque quedamos al frente de la familia, tanto en resolver la situación económica, salud, educación. Aun así nos damos a la tarea de buscar y no perder la fe de encontrar a nuestro familiar. Somos las que más persistimos, no sé, tal vez por ese amor materno que traemos por naturaleza.

—¿Cómo es el plano de la violencia institucional hacia ustedes?

—Sí hay carencia en los colectivos, la falta de sensibilidad que han tenido las autoridades para cubrir en cierta forma esa pérdida que tenemos, porque además es quien solventaba la economía del hogar y necesitamos apoyos, y hay poca sensibilidad de las autoridades.

“En Guerrero impera el machismo y a la mujer nos ha costado un poquito más de trabajo sobresalir y nos encontramos con muchas piedras en el camino que nos evitan avanzar”, puntualizó.

Para Gema Antúnez la labor de la mujer en Guerrero es titánica para sobresalir, para trabajar y se enfrenta obstáculos, que paso a paso avanza, lucha y no pararán en buscar a sus desaparecidos.

Sin ellas, todo estaría de cabeza

Desde 2019, la directora del Centro Morelos, Teodomira Rosales Sierra, acompaña a 244 mujeres desplazadas por la violencia de municipios como Heliodoro Castillo, Eduardo Neri, Leonardo Bravo y Zitlala, quienes se han tenido que plantar en campamentos en la Ciudad de México para que las autoridades federales escuchen sus demandas.

En entrevista, la abogada explica cómo ha sido el camino de las mujeres víctimas que además llevan con ellas a sus hijos e hijas en cada manifestación que realizan, en los plantones donde deben dormir bajo carpas por donde se cuela el frio intenso de la Ciudad de México, y en colchonetas sobre el piso helado, e improvisar una cocina para preparar sus alimentos.

“La mujer en Guerrero significa valentía, dignidad, y la mujer con toda su valentía y fuerza ha emprendido una lucha por muchos años, porque ha enfrentado grandes violaciones a los derechos humanos, principalmente las que son madres”, dice Rosales Sierra.

Consideró que si en Guerrero las mujeres no alzarán la voz “estaría más de cabeza”, porque son ellas las que emprenden una lucha para el bienestar de sus hijos y toda su familia.

En el caso de las víctimas desplazadas siempre han vivido vulnerables, porque son rechazadas en la sociedad, por tener un familiar desaparecido o asesinado. Por ejemplo, explica, en las iglesias, escuelas y centro de salud son rechazadas.

Lamenta que aunque en las leyes está escrito que las víctimas tienen derecho a una vida digna, no se está cumpliendo porque las autoridades siempre tienen excusas.

En este sentido las mujeres han emprendido una lucha en favor de sus hijos, principalmente. Actualmente las mujeres víctimas de desplazamiento luchan porque en el Senado de la República, los senadores, aprueben la Ley de Desplazamiento Forzado Interno.

Durante estos tres años uno de los logros de las mujeres fue que el 23 de septiembre de 2021 se tipificarse como delito en el Código Penal de Guerrero, el desplazamiento.

Esto es una radiografía del plano guerrerense en el que viven las mujeres, víctimas de una cadena de violaciones a sus derechos humanos que persisten.

 

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Guerrero violento: Cuatro desaparecidos, once muertos y un ataque a comandancia en las últimas 72 horas

Texto: Amapola Periodismo

Fotografía: Mildred Jiménez

6 de marzo del 2022

Chilpancingo

 

En Guerrero la violencia está a todo lo que da.

En las últimas 72 horas, once personas fueron asesinadas, cuatro están desaparecidas y un nuevo ataque por parte de un grupo delictivo contra la comandancia de una policía comunitaria.

Este viernes en Acapulco hubo una llamada al 911 para reportar que en el boulevard de Las Naciones que conecta a la caseta de La Venta de la autopista del Sol, fue hallado abandonado un taxi Nissan, tipo Sentra.

En el parabrisas del vehículo estaba la cabeza de un hombre asesinado.

La cabeza de otro hombre y los dos cuerpos fueron hallados en el interior de la cajuela del taxi.

En el parabrisas a los lados de la cabeza de una de las víctimas había dos cartulinas de color verde con mensajes dirigidos a presuntos integrantes de un grupo de la delincuencia organizada que opera en Acapulco.

A su vez, en otro punto de Acapulco, en la calle Diego Hurtado de Mendoza fue hallado un individuo muerto de un torniquete en el cuello.

Las autoridades señalan que varios testigos se percataron que varios individuos armados arrojaron en esta vía al cadáver desde un vehículo en movimiento.

En la colonia Ciudad Renacimiento en este mismo puerto, varios individuos armados que iban a bordo de un vehículo persiguieron a un hombre quien se resguardó en una tortillería.

Los sujetos entraron al negocio e hirieron de siete balazos a su víctima.

Ninguna ambulancia de la Cruz Roja llegó al lugar para recoger al herido y fueron sus familiares los que se lo llevaron a un hospital para que le dieran atención médica.

En tanto, en Iguala, dos comerciantes fueron torturados y asesinados por hombres armados en una colonia popular sin que se conozcan los motivos.

Los cadáveres de las dos víctimas fueron hallados en una de las calles de la colonia Victoria Hernández Brito, ubicada al poniente de Iguala.

Según el reporte oficial, los dos jóvenes asesinados tenían los ojos vendados con cinta canela y las manos amarradas hacia atrás.

Uno de ellos fue identificado con el nombre de Luis Alberto “N” y Orlando “N” de 25 y 30 años de edad, respectivamente.

Las dos víctimas fueron identificadas por sus familiares.

Este viernes 4 de marzo en la comunidad de Yucunduta, del municipio de Metlatónoc, tres hombres murieron a balazos luego de una discusión por el reclamo de una parcela.

Según los reportes oficiales, un individuo de nombre Ángel Basurto llegó al domicilio de sus vecinos Zacarías Prado Basurto y Raúl Prado Ángel a quienes asesinó a tiros.

Cuando Ángel Basurto huía del lugar se encontró con un familiar de sus víctimas y fue asesinado a tiros.

Este sábado en Coyuca de Benítez, individuos armados atacaron a balazos una ferretería en donde resultó muerto un presunto ex agente de la policía federal y otros dos más resultaron heridos.

A su vez, fueron en el tramo de la carretera Zihuatanejo-Manzanillo, fue hallado un automóvil marca Honda Civic, color blanco en cuyo interior estaban los cadáveres de dos hombres.

Uno de las dos víctimas tenía una credencial de elector a nombre de Omar Darío “N” con domicilio en Ezequiel Montes, en Querétaro.

En tanto, este domingo en la tarde, un grupo de hombres armados atacaron con granadas de fragmentación la comandancia de la policía comunitaria en la comunidad de Buenavista de la Salud, del municipio de Chilpancingo.

En la agresión hubo dos personas con lesiones leves.

Poco después del ataque, arribaron elementos del Ejército, Policía Estatal y Guardia Nacional llegaron al lugar para resguardar a los habitantes de este pueblo.

El pasado 26 de enero, hombres armados que pertenecen a un grupo delictivo atacó esta comandancia de las autodefensas muriendo cinco de sus integrantes.

Posteriormente cuando los atacantes se daban a la fuga por la carretera federal Acapulco-Chilpancingo, dos de ellos murieron a balazos cuando se enfrentaron a balazos con elementos de la Policía Estatal que se dirigían a Buenavista de la Salud.

En tanto, versiones de la comunidad de Xochipala, del municipio de Zumpango de Neri, informaron que cuatro integrantes de una familia que desde el pasado jueves 3 fueron privados de su libertad por un grupo armado siguen desaparecidos.

Se trata de un adulto, dos de sus hijos y un sobrino que estaban en el interior de su domicilio cuando llegaron los delincuentes y se los llevaron por la fuerza.

Los familiares de los desaparecidos exigen a la Fiscalía General del Estado que regresen a esa zona para reiniciar la búsqueda.

 

Matan cinco y secuestran a cuatro de una familia en Guerrero

Texto: Amapola Periodismo

Fotografía: Raúl Sendic García / Cromática agencia fotográfica y multimedia

4 de marzo del 2022

Chilpancingo

 

En diferentes hechos de violencia registrados este viernes en Guerrero cinco personas fueron asesinadas a tiros y cuatro integrantes de una familia privadas de su libertad por integrantes de un grupo delictivo que opera en municipios de la Sierra.

Según informes oficiales, alrededor de las 13 horas con 30 minutos en Acapulco hubo una llamada al 911 para reportar que en el boulevard de Las Naciones, que conecta a la caseta de La Venta de la autopista del Sol, fue hallado abandonado un taxi Nissan, tipo Sentra.

En el parabrisas del vehículo estaba la cabeza de un hombre asesinado.

La cabeza de otro hombre y los dos cuerpos fueron hallados en el interior de la cajuela del taxi.

En el parabrisas a los lados de la cabeza de una de las víctimas, había dos cartulinas de color verde con mensajes dirigidos a presuntos integrantes de un grupo de la delincuencia organizada que opera en Acapulco.

A su vez, en otro punto de Acapulco, en la calle Diego Hurtado de Mendoza fue hallado un individuo muerto de un torniquete en el cuello.

Las autoridades señalan que varios testigos se percataron que varios individuos armados arrojaron en esta vía al cadáver desde un vehículo en movimiento.

En la colonia Ciudad Renacimiento en este mismo puerto, varios individuos armados que iban a bordo de un vehículo persiguieron a un hombre quien se resguardó en una tortillería.

Los sujetos entraron al negocio y hirieron de siete balazos a su víctima.

Ninguna ambulancia de la Cruz Roja llegó al lugar para recoger al herido y fueron sus familiares los que se lo llevaron a un hospital para que le dieran atención médica.

En tanto, en Iguala, dos comerciantes fueron torturados y asesinados por hombres armados en una colonia popular sin que se conozcan los motivos.

Los cadáveres de las dos víctimas fueron hallados en una de las calles de la colonia Victoria Hernández Brito, ubicada al poniente de Iguala.

Según el reporte oficial, los dos jóvenes asesinados tenían los ojos vendados con cinta canela y las manos amarradas hacia atrás.

Uno de ellos fue identificado con el nombre de Luis Alberto “N” y Orlando “N” de 25 y 30 años de edad, respectivamente.

Las dos víctimas fueron identificadas por sus familiares.

Se llevan de Xochipala a cuatro

Varios sujetos armados ingresaron a la comunidad de Xochipala del municipio de Zumpango de Neri y se llevaron por la fuerza a un adulto, a sus dos hijos y un sobrino cuando estaban en su domicilio.

Luego de que se dio a conocer la desaparición de los cuatro integrantes de esta familia, personal de la Fiscalía General del Estado y el Ejército Mexicano procedieron a realizar la búsqueda en esa zona que es la entrada de la Sierra.

Hasta este viernes en la noche, las fuerzas de seguridad estatal y federal seguían con las indagaciones para dar con el paradero de los desaparecidos sin que hubiera resultados.

 

Personas trans podrán tramitar nueva acta de nacimiento antes de cumplir 18 años, determina la Corte

Texto: Animal Político

Fotografía: José Luis de la Cruz / Archivo

4 de marzo de 2022

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó este jueves la exigencia de tener 18 años cumplidos para solicitar una nueva acta de nacimiento para el reconocimiento de la identidad de género autopercibida de las personas trans.

Las y los ministros de la corte invalidaron el artículo 875 Ter, fracción II del Código Civil de Puebla, que exige tener 18 años cumplidos para solicitar el levantamiento de una nueva acta de nacimiento, por violar el derecho a la identidad de género de las infancias y adolescencias trans.

La Corte sostuvo que la norma vulnera el derecho a la igualdad y no discriminación de las personas menores de edad trans, por lo que declararon la inconstitucionalidad de la norma impugnada por unanimidad de once votos.

La Corte sostuvo que la norma vulnera el derecho a la igualdad y no discriminación de las personas menores de edad trans, por lo que declararon la inconstitucionalidad de la norma impugnada por unanimidad de once votos.

De acuerdo con el ministro, “la identidad de género de niños, niñas y niñes trans es tan valiosa como cualquier otra por lo que merece la misma protección constitucional”.

A través de un comunicado, la SCJN informó que la discusión de este asunto continuará durante la próxima sesión del Pleno, pues quedó pendiente la resolución de los efectos de la declaratoria de invalidez.

La acción de inconstitucionalidad 73/2021 fue promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, demandando la invalidez del artículo 875 Ter, fracción II, del Código Civil para el Estado de Puebla, adicionado mediante decreto publicado en el Periódico Oficial de la entidad el 26 de marzo de 2021.

Aparece video en el que asesinan a panista en Acapulco

En un video difundido en redes sociales se ve como tres individuos con gorra se bajan de un vehículo blanco estacionado en la avenida y siguen al delegado del PAN


Texto: Amapola Periodismo

Fotografía: Facebook

4 de marzo del 2022

Chilpancingo

 

Tres sujetos armados fueron los que asesinaron a tiros al líder panista Juan Carlos Brito Morán cuando ingresaba a un gimnasio en la costera Miguel Alemán en las inmediaciones de la zona de la Condesa.

En un video difundido en redes sociales se ve como tres individuos con gorra se bajan de un vehículo blanco estacionado en la avenida y siguen al delegado del PAN en Acapulco cuando va a ingresar al centro deportivo.

Los sujetos que portan armas cortas se meten al gimnasio.

Luego se salen, se suben al automóvil y se van.

Se supone que los individuos ya había asesinado a balazos al panista.

Estos hechos ocurrieron el pasado 28 de febrero.

Hasta el momento la Fiscalía General del Estado no ha dado a conocer algún avance de las investigaciones.

Desde el 2018, Brito Morán fue delegado del PAN en el municipio de Acapulco y en ese mismo año fue candidato a regidor.

En la administración municipal de Acapulco que encabezó el perredista Evodio Velázquez Aguirre, del 2015-2018, Juan Carlos Brito, fungió como subsecretario de Seguridad Pública municipal.

El panista quien fue compadre de Evodio Velázquez, fue comandante de la Policía Ministerial del Estado y en junio del 2020 cuando ya no pertenecía a esta corporación policiaca
fue detenido por policías municipales de Acapulco cuando circulaba armado a bordo de un vehículo que chocó contra otra unidad en la Costera vieja en este puerto.

Los policías municipales pusieron a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) a Brito Morán porque portaba una pistola calibre 380, 4 cargadores y 29 cartuchos útiles.

El próximo 3 de abril, el Comité Ejecutivo Nacional del PAN convocó a elecciones extraordinarias para elegir al nuevo líder estatal de este partido en Guerrero.

Los panistas nuevamente elegirán a su dirigente después de que la Comisión de Justicia del CEN del PAN anuló las elecciones del 24 de octubre del 2021 derivado de las impugnaciones que realizaron los dos candidatos, Julio Alberto Galarza Castro y Eloy Salmerón Díaz, actual líder de este partido quien pretende reelegirse.

Salmerón Díaz, es también diputado local de este partido.

 

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Afectará a Guerrero aumento del precio de fertilizante por guerra entre Rusia y Ucrania

«Desde hace 15 días SEGALMEX debió de haber publicado la convocatoria y las reglas de operación de los requisitos que deberán de tener los campesinos que serán beneficiados con el fertilizante en este año, pero seguimos esperando»


Texto: Jesús Guerrero

Fotografía: Lenin Mosso

3 de marzo del 2022

Chilpancingo

 

La dirigencia estatal de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA) informó que Seguridad Alimentaria Mexicana (SEGALMEX) sigue sin dar a conocer las reglas de operación para la entrega de fertilizante a los campesinos de Guerrero y no descartó que esta situación sea por el conflicto armado que enfrenta Rusia con Ucrania.

Ventura Reyes Urióstegui, líder de esta organización y presidente del Consejo Estatal del Maíz, dijo que tanto Rusia como China son los principales vendedores del fertilizante a México.

«Desde hace 15 días SEGALMEX debió de haber publicado la convocatoria y las reglas de operación de los requisitos que deberán de tener los campesinos que serán beneficiados con el fertilizante en este año, pero seguimos esperando», expresó Reyes Urióstegui.

En la conferencia mañanera que ofreció este jueves el presidente, Andrés Manuel López Obrador, informó que el gobierno mexicano seguirá comprando el fertilizante a Rusia, a pesar de las restricciones que otros países han impuesto a ese país después de la operación militar contra Ucrania y además de los altos costos que implica traer a México el agroquímico.

Aquí en Guerrero, desde el 2019, el gobierno federal puso en marcha el programa de fertilizante de manera gratuita a los productores del campo que desde entonces ha generado protestas por su mala distribución, uso político electoral e incluso actos de corrupción por parte de funcionarios de SEGALMEX.

Reyes Ventura, señaló que ya existe un padrón de 360 mil campesinos que son beneficiados con el fertilizante pero que solamente se les entrega para una o dos hectáreas cuando muchos de ellos tienen que sembrar más de tres.

«Los campesinos tienen que comprar más bultos de fertilizante para que les alcance regar a todos sus cultivos de maíz y eso les sale muy costoso», afirmó Reyes Urióstegui.

Señaló que desde el 2021, el bulto de sulfato de amonio subió de precio y ahora con lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador de que el flete de este agroquímico de Rusia se va a incrementar habrá repercusiones económicas para los campesinos de México.

Dice que ante el alza en el precio del fertilizante habrá aumento del precio de la tortilla y de otros productos del campo.

«Dígase lo que se diga si nos va a traer muchas afectaciones económicas esta guerra que están librando Rusia y Ucrania porque ambos países tienen una relación comercial agroalimentaria con México», expuso Reyes Urióstegui.

El dirigente estatal de la UNTA planteó la necesidad de que la SEGALMEX dé a conocer las reglas de operación que van a regir para el programa de fertilizante en Guerrero.

Según cifras de la SEGALMEX, en el 2021, la producción de maíz fue de más de un millón 200 mil toneladas.

Gran parte de esta producción de este grano lo compra la SEGALMEX a los campesinos.
En abril del 2021, se descubrió que en una bodega de la comunidad de El Limón del municipio de Tecoanapa había regados cientos de bultos de maíz en el suelo expuestos a la intemperie.

Las organizaciones campesinas y los empresarios de la masa y la tortilla pidieron una investigación a los funcionarios de SEGALMEX por haber dejado abandonados los cientos de sacos de maíz afuera de la bodega en esa comunidad de la Costa Chica de Guerrero.

Reyes Ventura dijo que en relación a lo que ha dicho el presidente Andrés Manuel López Obrador de que se van a rehabilitar las plantas de fertilizante solo ha quedado en promesas.
«Pero además en caso de que las plantas de fertilizante sean rehabilitadas no serán garantía de una autosuficiencia y México tendrá que seguir comprando fertilizante a Rusia o a China», dijo Reyes.

 

La SEP transfiere el presupuesto de Escuelas de Tiempo Completo a un programa que ‘pierde’ 1 de cada 2 pesos

La SEP determinó  que desaparezca Escuelas de Tiempo Completo, un programa con evaluaciones positivas. En su lugar, priorizó a La Escuela es Nuestra, a pesar de que en 2020 no dejó evidencias de que 573 mdp fueran gastados correctamente.


Texto: Nayeli Roldan / Animal Político

Fotografía:

3 de marzo de 2022

 

La administración de Andrés Manuel López Obrador desapareció el programa de Escuelas de Tiempo Completo, que daba alimentos y clases extraescolares en horario ampliado a 3.6 millones de alumnos, para invertir ese presupuesto en su nuevo programa de infraestructura La Escuela es Nuestra, pese a las irregularidades detectadas en su segundo año de operación, como la falta de certeza sobre el destino de uno de cada dos pesos que recibió.

De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF), no existen pruebas de que 573 millones de pesos de La Escuela es Nuestra hayan sido gastados para mejorar la infraestructura de los planteles, el objetivo del programa. Esto significa la mitad de los mil 187 millones de pesos del presupuesto auditado en 2020.

En cambio, Escuelas de Tiempo Completo —iniciado en 2006 y que había crecido de manera paulatina en los siguientes 12 años, enfocado sobre todo en las zonas más marginadas del país— consiguió mejorar el rendimiento escolar, según la última revisión del Consejo Nacional de Evaluación de la Política en Desarrollo Social (Coneval), llevada a cabo en 2018.

Sin embargo, desde el inicio de la administración de López Obrador, este programa tuvo un primer recorte de 50% y en 2021 ya no se le asignaron recursos. La SEP argumentó que no desaparecería, pues a través de La Escuela es Nuestra los padres de familia podían seguir contratando servicios de alimentación, pagar a los maestros que dieran clases en el horario ampliado o mejorar la infraestructura de los planteles. Pero a partir de 2022, las reglas de operación advierten que el único objetivo de este programa es la mejora de infraestructura, por lo que no habría posibilidad de tener los servicios de Escuelas de Tiempo Completo.

En La Escuela es Nuestra, programa creado en este sexenio, la SEP entrega dinero directamente a los comités escolares integrados por padres de familia y maestros, y ellos deben contratar a quienes hagan las obras para así evitar “intermediarios”, según el presidente López Obrador.

La decisión de desaparecer Escuelas de Tiempo Completo, con jornada ampliada que además ayudaba a las madres trabajadoras en las tareas de cuidado y a los propios niños en recibir alimentación, se debió —según dijo la secretaria de Educación, Delfina Gómez— a que el presupuesto sería reorientado a la infraestructura escolar a través de La Escuela es Nuestra.

Sin embargo, el programa tiene más irregularidades que beneficios.

En los expedientes de mil 686 planteles beneficiarios en 2020, “no se cuenta con evidencia que demuestre que con los recursos otorgados se llevaron a cabo acciones para mejorar las condiciones de infraestructura y equipamiento de los planteles de acuerdo con sus necesidades, por lo que no se pudo comprobar que estos se hubiesen destinado para cumplir con los objetivos del programa”, advierte la Auditoría en el Informe de Cuenta Pública entregado en febrero.

La raíz de esta irregularidad es la “falta de mecanismos de control, supervisión y seguimiento de los apoyos otorgados”, de acuerdo con la Auditoría.

Entre los casos revisados, por ejemplo, en una escuela de Puebla, la presidenta del Comité Escolar reportó que la tesorera le dijo que “tomó 82 mil pesos para atender necesidades personales sin que a la fecha de la visita de verificación los hubiese devuelto”. En Tlaxcala, la tesorera informó que en noviembre de 2020 sufrió el robo de 64 mil pesos y denunció los hechos ante la Procuraduría General del Estado, por lo que proporcionó copia de la carpeta de investigación.

De otros 23 millones 643 mil pesos, solo existen “comprobantes simplificados, notas simples de venta o de remisión, y listas de raya, sin que, en la mayoría de los casos, se tratara de planteles en los que, por su ubicación geográfica, se tuviera la necesidad de realizar adquisiciones de bienes y contratación de servicios en comercios, negocios o con personas que no cumplan con los elementos de comprobación fiscal, tal como lo establecen los lineamientos de operación del programa vigentes en 2020”, señala la Auditoría.

Otros 9 millones 450 mil pesos se entregaron a 40 beneficiarios del programa, aunque las tarjetas nunca fueron activadas. El dinero no regresó a las arcas públicas ni se destinó a la mejora de infraestructura.

En 49 escuelas, los consejos escolares decidieron hacer obras mayores en los planteles, por lo que contrataron a “profesionales” para que se hicieran cargo de la supervisión de estas a través de una “carta responsiva”. Sin embargo, en realidad no contaban con los conocimientos y la experiencia requeridos.

Esto cobra relevancia, advirtió la Auditoría, porque en Tlaxcala, por ejemplo, la directora y algunos padres de familia de una escuela solicitaron al Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Física Educativa un dictamen técnico de una obra mayor que se llevó a cabo con los recursos del programa, pero este indicó que “la obra se realizó sin su autorización y sin contar con un estudio de mecánica de suelo, ni con constancias de factibilidad de protección civil, y determinó que la obra era inestable y existía riesgo de caída, por lo que sugería su reestructuración”.

 

Escuelas de Tiempo Completo funcionaba

 

En la revisión al programa realizada por el Coneval en 2018, a 12 años de su creación, se analizaron los resultados obtenidos por los alumnos en la prueba PLANEA respecto de aprendizaje de matemáticas y lengua, y se concluyó que las escuelas integradas al programa lograron disminuir el número de estudiantes en rezago.

Los alumnos de sexto grado de Escuelas de Tiempo Completo “registran una disminución promedio de 3.1 puntos porcentuales en el porcentaje de alumnos correspondientes al nivel I de desempeño en matemáticas y un incremento de 1.6 puntos porcentuales en el nivel IV”, dice la evaluación.

Los mayores beneficios se observan entre las poblaciones más vulnerables, pues, de acuerdo con el análisis, el incremento de la duración de la jornada escolar en un esquema con servicio de alimentación “es una intervención efectiva para mejorar el logro educativo y el nivel de aprendizaje, primordialmente, entre los estudiantes de escuelas primarias en localidades de alta marginación”.

Esto, porque el propio diseño del programa “presupone un mecanismo causal que vincula a la población en situación de vulnerabilidad o en contextos de riesgo social con la necesidad de mayor tiempo de instrucción y alimentación como el medio para incrementar su nivel de logro educativo”.

También, en las escuelas primarias participantes se identificó una disminución significativa en las tasas de repetición y rezago educativo, respectivamente, en el periodo 2007-2017.

Las tasas de abandono presentan un aumento para las escuelas que no cuentan con servicio de alimentación en 2.2 puntos porcentuales, en contraste con la disminución de 1.16 puntos porcentuales en las escuelas que sí cuentan con este servicio. “Esto sugiere que el servicio de alimentación contribuye a disminuir el abandono a nivel secundaria”, dice la revisión.

De hecho, en 2017, la Dirección General de Evaluación de Políticas de la SEP también evaluó el programa y concluyó que “tiene un efecto positivo en el rendimiento académico de los alumnos. La percepción de los directores y los padres de los beneficiados también apoya esta indicación”.

Niñez buscadora

Cuando hablamos de quienes buscan a las personas desaparecidas pensamos solo en personas adultas, sin embargo, muchas niñas, niños y adolescentes hoy buscan a sus padres, madres, hermanos, hermanas, amigos, amigas y un largo etcétera de seres queridos.


Dirección: David Santa Cruz

Producción: Redim

Realización, edición y fotografía: Tattú Media

 

Al menos 97 mil personas han sido desaparecidas en México, según cifras oficiales. Cientos de personas, principalmente mujeres, emprendieron la tarea de localizarles. Tomaron varillas, picos, palas y cribas, para buscar entre la tierra, en un país repleto de fosas clandestinas. En medio de esta tragedia se habla poco de las miles de niñas, niños y adolescentes que buscan a sus seres queridos.

Históricamente siempre ha sido el mundo adulto el que reclama a los desaparecidos, y pocas veces ha habido la posibilidad de dar herramientas y de hacer escucha de niñas y niños que también buscan. El 15 de julio de 2021 se publicó el Protocolo Adicional de Búsqueda de Niñas, Niños y Adolescentes, en el cual se señala que este grupo de la sociedad tiene el mismo derecho que las personas adultas a conocer de sus personas desaparecidas.

Este reportaje pone frente a la cámara a varias de esas niñas, niños y adolescentes

 

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Suspegistas marchan en la capital en contra de la secretaria general Adela Hernández

Piden es respuesta a todo el rezago, como el caso del Plan de Previsión Social, donde les argumentan que hay 20 millones de pesos de más de 300 que se adeudan y les da la impresión que sólo se ocuparán en las personas que votaron por la secretaria general, Adela Hernández


Texto: Beatriz García

Fotografía: Oscar Guerrero

2 de marzo del 2022

Chilpancingo

 

Agremiados al Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG) marcharon en la Autopista del Sol y protestaron afuera del recinto de las Oficinas del Poder Ejecutivo del Estado, para exigir la destitución de la secretaria general, Adela Hernández Angelito y se reconozca como dirigente a Adolfo Nava Calderón.

Los manifestantes también exigieron mejoras laborales, como pago inmediato a las entidades deudoras al ISSSPEG, reactivación de plazas docentes estatales y basificaciones de interiores, pagos de seguro de vida, Plan Flexible y Met Life, aumento del presupuesto para la promoción horizontal, servicios médicos, seguro social, homologación salarial y recategorizaciones.

La cita de los suspegistas fue a las 10 de la mañana, en la Autopista del Sol, en el punto conocido como Parador del Marqués. Ahí se reunieron unos 800 sindicalistas, con el objetivo de marchar por el carril central sur-norte hacia las oficinas del poder ejecutivo, para hacer un mitin y demandar una audiencia con autoridades del estado para exponer sus inconformidades.

La marcha partió cerca de las 11 de la mañana. Los manifestantes portaron pancartas donde manifestaron: “Respeto al proceso de elección SUSPEG”, “Exigimos pagos pendientes”, “Secretarios, delegados unidos por un SUSPEG digno”, “Castigo, no premios a los saqueadores del ISSSPEG”, “Fuera Adela Hernández”.

Mediante un aparato de sonido, algunos agremiados tomaron el micrófono para exponer los motivos por los que se estaban manifestando en la capital, incluso, aseguraron que desde hace 20 años los agremiados al SUSPEG, de todas las regiones, habían salido a marchar para protestar por sus demandas.

Un agremiado tomó el micrófono y pidió a las autoridades se tomen en cuenta las pruebas que presentaron ante los actos de corrupción que se dieron en varias de las secciones del sindicato, por lo que seguirán luchando hasta que se reconozca el triunfo de su compañero Calderón Nava.

“¡Se ve se siente el SUSPEG está presente!”, se escuchó entre los agremiados.

En entrevista, la secretaria general de la sección séptima, Socorro Sánchez, dijo que lo que buscaban era una reunión con el secretario general de gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez.

Manifestó que lo que piden es respuesta a todo el rezago, como el caso del Plan de Previsión Social, donde les argumentan que hay 20 millones de pesos de más de 300 que se adeudan, y que les da la impresión que sólo se ocuparán en las personas que votaron por la secretaria general, Adela Hernández.

Resaltó que los préstamos no solo son para “los adelistas” si no para todos los agremiados, y que incluso los que estaban marchando ya han tenido diálogo con autoridades del estado, pero llegan sus compañeros del grupo de secretaria general y boicotean sus avances.

“Que nos dejen a nosotros los seccionales a hacer nuestro trabajo, porque sí podemos, tenemos autonomía sindical, no necesitamos un SUSPEG para hacer nuestros trámites, llámese estímulos por años de servicio, becas”, expresó.

La dirigente lamentó que el grupo de la secretaria general nunca los llamó a un diálogo y tratar de solucionar sus conflictos.

Los manifestantes llegaron a las oficinas del Poder Ejecutivo del Estado, donde pegaron en la fachada las cartulinas y lonas que portaron.

Les dijeron que recibirían a una comisión de trabajadores para exponer sus descontentos y demandas, el cual aceptaron.

La tarde de ayer martes circuló un comunicado de la secretaria general, quien aseguró que a dos meses y 15 días de haber asumido el cargo ha tenido avances en la gestión de distintas demandas: rezonificación salarial, bono Covid,

Compensación Nacional Única en su primer pago, pago por concepto de beca para trabajadores e hijos con escolaridad de educación básica.

Además dijo se han liberado 21 millones de pesos como pago ordinario, así reactivar los préstamos del Plan Flexible.

Hizo el llamado a no desgastar y exponer a la base trabajadora “con un movimiento de presión política hacia el Gobierno”, luego de que ya se conocía de la marcha masiva de este miércoles.

 

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