Exigen a autoridades de Jalisco aplicación de la Sentencia Mariana Lima

En el marco de la Caravana Nacional contra el Feminicidio, Irinea Buendía, madre de Mariana Lima, ofreció una conferencia en el Poder Judicial del Estado de Jalisco donde abogó por un cambio urgente en la perspectiva de género en la justicia en un estado donde, tan sólo en 2023, se registraron 224 homicidios de mujeres, pero sólo 36 de tipificaron como feminicidios.


Texto y foto: Mario Marlo/Zona Docs

27 de enero 2024

 

En el marco de la Caravana Nacional contra el Feminicidio, realizada en Guadalajara el 26 de enero, la defensora Irinea Buendía ofreció una conferencia en el Poder Judicial del Estado de Jalisco sobre la Sentencia Mariana Lima Buendía, un parámetro jurídico para juzgar con perspectiva de género emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esto con el objetivo de generar un espacio de diálogo, reflexión, construcción y sensibilización para ejercer la justicia de con perspectiva de género.

Irinea Buendía, defensora de los derechos de las mujeres, es madre de Mariana Lima Buendía, mujer de 28 años que fue víctima de feminicidio en el año 2010 a manos de su esposo, Julio César Hernández, un ex comandante de la policía judicial del Estado de México.

Durante su exposición, Irinea Buendía detalló la violencia física, sexual, económica y psicológica que Mariana enfrentó a manos de su entonces esposo, y denunció la insensibilidad de las autoridades que, inicialmente, respaldaron la versión de suicidio presentada por el agresor.

La defensora enfatizó la necesidad de aplicar las leyes existentes y de la capacitación constante en perspectiva de género para todas las autoridades. Alertó sobre la emergencia nacional que representa la violencia de género y la importancia de actuar para evitar más feminicidios.

Desde finales de 2022, Irinea Buendía, emprendió una Caravana a nivel nacional para visibilizar y exigir que lo dictado por la Sentencia Mariana Lima Buendía se cumpla en cada entidad federativa, promoviendo que existan mecanismos y procedimientos adecuados a nivel nacional para juzgar con perspectiva de género todas las muertes violentas de mujeres.

Durante la conferencia, la defensora de los derechos de las mujeres compartió su lucha para hacer frente al feminicidio en México, a través de la propuesta de Ley Mariana Lima Buendía, la cual plantea investigar muertes violentas de mujeres y niñas con perspectiva de género para establecer si se trata de un feminicidio, esto incluye también todos los casos de suicidio y accidentes.

La iniciativa también propone sancionar a los servidores públicos corruptos que incurren en omisiones, negligencias y que obstruyen la investigación y la justicia; así como la reparación integral del daño para las víctimas de feminicidios y sus familias, además de la participación de las familias de las víctimas en el proceso penal.

La activistas, Irinea Buendía, y Daniel Espinosa, presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco (Foto: Mario Marlo).

En su intervención, el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Daniel Espinosa Licón, dio la bienvenida a Irinea Buendía y agradeció “el regaño” y llamó a todas y todos los que se encontraban en la Sala a ser mejores servidores públicos.

“Como integrantes del Poder Judicial, no nos enseñan a respetar la norma, pero no implica que como siempre lo hayamos hecho de esa manera sea correcto. En el caso lamentable de Mariana Lima, donde demuestra la negligencia, la omisión, la falta de empatía de entendimiento de un caso, a veces nos volvemos tan fríos que tenemos un expediente en la mano y lo vemos como tal: un expediente, y a partir de ahí sí, podemos dictar una sentencia ajustada a derecho. La pregunta es si es ajustada a la realidad, si realmente estamos aportando y contribuyendo a emitir una sentencia eficaz que resuelva el conflicto que se encuentra detrás del expediente.” Expresó.

Daniel Espinosa Licón se comprometió a integrar en el programa de estudios de maestría una clase sobre la sentencia Mariana Lima Buendía.

“Están todos exhortados, insto a todas y todos, tenemos que ser mejores servidores públicos, escuchemos contra la violencia de género. Hoy me comprometo, no es solo mi palabra. Cambiamos el programa de estudios de la maestría para tener la clase específica de la sentencia Mariana Lima Buendía, juzgar con perspectiva de género, magistradas, magistrados, despidos su apoyo para que esta propuesta sea incorporada, desde ya muchas gracias a todas y todos.”

En entrevista con ZonaDocs, el presidente del Supremo Tribunal de Justicia detalló que en 2023, en Jalisco, se sentenciaron cinco casos como feminicidio, mientras que 12 se encuentran judicializados.

En su participación, Irinea Buendía señaló:

“Cuando mataron con violencia a mi hija Mariana Lima Buendía eran dos de tres mujeres a las que le quitaban la vida, ahora son 20 mujeres, pero la autoridad dice que son nueve, pero no es cierto. Con mi visita a Jalisco son 26 estados los que he visitado, me propuse a hacer esta Caravana porque nos siguen matando, ya no sólo a las mujeres en edad reproductiva… también matan a las niñas y las mujeres de la tercera edad. Yo tenía que dar a conocer esta sentencia de la Suprema Corte de la Nación porque en muchos estados no la conocen, y si no la conocen no la pueden aplicar. La Sentencia Mariana Lima explica cómo se debe juzgar con perspectiva de género y cómo se debe castigar a los victimarios feminicidas. La Sentencia señala que toda muerte violenta de mujeres se deben investigar bajo el protocolo de feminicidio, la sentencia no dice si quieren o ahí si quieren, dice que se tiene que hacer… no es al contentillo”.

A las doce del día, la defensora Irinea Buendía entregó al Congreso del Estado de Jalisco, la iniciativa de ley para que sea incorporada a la legislación estatal la Sentencia Mariana Lima.

Foto: Mario Marlo

Caso Mariana Lima

Mariana Lima Buendía fue víctima de feminicidio por parte de su esposo Julio César Hernández Ballinas, comandante de la Policía Judicial del municipio de Chimalhuacán, Estado de México, el 28 de junio de 2010, a la edad de 28 años.

Con el acompañamiento del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), Irinea Buendía Cortés, inició una lucha para lograr el acceso a la justicia por el feminicidio de su hija.

Desde el asesinato de Mariana Lima, Irinea y su esposo iniciaron un largo caminar en busca de justicia que derivó en 2015 en la sentencia 554/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en la que el tribunal ordenó que el caso -que había sido cerrado calificando la muerte de Mariana Lima como suicidio- se reabriera para que fuera investigado como feminicidio.

La nueva investigación encontró al esposo de Mariana Lima como responsable del feminicidio, por lo que fue aprehendido el 23 de junio de 2016. Siete años después, en marzo de 2023, el Poder Judicial del Estado de México sentenció a Julio César Hernández Ballinas a 70 años de prisión por el feminicidio de Mariana Lima Buendía.

Durante la búsqueda de justicia, Irinea Buendía ha sido objeto de agresiones y amenazas que la obligaron a desplazarse de manera forzada de su hogar. El nivel de riesgo de ella y su familia ha ameritado la otorgación de medidas de protección del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación (SEGOB).

Según el OCNF, la sentencia lograda por Irinea Buendía y su familia, así como por sus representantes legales, marcó un precedente histórico para el caso de Mariana Lima y para las mujeres víctimas de la violencia feminicida en México.

El máximo Tribunal dictó lineamientos específicos para la investigación en los casos de asesinatos de mujeres, destacando principalmente tres disposiciones:

  • Todas las muertes violentas de mujeres deben ser investigadas como feminicidio, con perspectiva de género y con base en los estándares internacionales más altos.
  • En todos los casos, es necesario recolectar y salvaguardar la evidencia para determinar si la víctima sufrió de violencia sexual o si vivía en un contexto de violencia.
  • La inacción y la indiferencia del Estado ante los casos llevan a la revictimización y discriminación, por lo que todos los funcionarios responsables deben ser sancionados.​
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