Los trabajadores de partidos políticos que protestaron durante 10 días afuera del edificio Juan Álvarez, en el centro de Chilpancingo, para exigir el pago sus salarios levantaron hoy su protesta al prometerles el pago de las dos quincenas de enero.
Desde el martes de la semana pasada alrededor de 100 trabajadores administrativos del PRI, PAN y PRD tomaron el edificio de finanzas y recaudación, Juan Álvarez, para exigir a la Secretaría de Finanzas y Administración (Sefina), el pago de 26 millones de pesos al Iepcgro para pago de prerrogativas a los partidos políticos.
Los manifestantes mencionaron que se les deben cinco quincenas desde noviembre y los partidos no podían pagar porque el gobierno estatal no entregaba los recursos para su dispersión.
Los trabajadores de partidos políticos dejaron el edificio Juan Álvarez después de 10 días de protesta, este 1 de febrero del 2024. Foto: José Miguel Sánchez
Con la confirmación del depósito a los partidos políticos, los trabajadores levantaron su protesta.
Los trabajadores de partidos políticos dejaron el edificio Juan Álvarez después de 10 días de protesta, este 1 de febrero del 2024. Foto: José Miguel Sánchezcontinuarán con la exigencia del pago completo de sus quincenas y que buscarán que los representantes de cada uno de los partidos lleven el tema al Consejo General del Iepcgro.
Los trabajadores en protesta, mayormente del PRI, cumplen hoy nueve días en protestas
Texto y foto: José Miguel Sánchez
31 de enero del 2023
Chilpancingo
Trabajadores de diversos partidos políticos cumplen nueve días de protestas para exigir a la Secretaría de Finanzas y Administración (Sefina) pague un adeudo de 26 millones de pesos al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Guerrero (Iepcgro) y este a su vez pague las prerrogativas a los partidos.
Los trabajadores protestan porque se les adeuda sus salarios, debido a la retención de las prerrogativas.
El adeudo corresponde a los meses de octubre, noviembre y diciembre del 2023, tiempo en el que, de acuerdo con los trabajadores manifestantes, no recibieron su pago de nómina.
“Nos deben ya cinco quincenas y acumulándose”, mencionó Ángel Domínguez Estrada, uno de los trabajadores del PRI afectados.
Son más de 100 trabajadores de partidos políticos los que se manifiestan desde hace nueve días afuera del edificio Juan Álvarez.
Aunque los manifestantes mencionan que los salarios varían, dependiendo del puesto y la antigüedad, la mayoría percibe el salario mínimo y otros un poco más, pero aseguran nadie rebasa los 5,000 pesos mensuales.
Si se hace una estimación, partiendo del salario mínimo, al mes un trabajador recibe 6,210 pesos.
Al mes, por estos 100 trabajadores, los partidos políticos destinan 621,000 pesos.
Por los tres meses adeudados, los partidos políticos, en este caso PRI, PAN, PRD y Movimiento ciudadano, deben a su base trabajadora un millón 863 mil pesos.
Con esta estimación, el pago de nómina es una mínima parte del adeudo de 26 millones que se debe a los partidos políticos.
Los 26 millones que adeuda la Sefina al Iepcgro, se repartían entre los entonces cuatro partidos, por lo que a cada uno le toca de seis millones de pesos y un millón se destina para el pago de nómina.
De acuerdo con el presidente del Concejo Estatal del PRD, Mario Ruiz Valencia, además del pago de nóminas ese recurso se destina al pago de oficinas, salarios de la dirigencia y algunos viáticos.
“La postura del PRD, desde que el gobierno del estado comenzó a deberle al órgano electoral es de exigir el pago, lo de los trabajadores es un tema, pero nosotros como dirigencia, a través de nuestra representación, estamos exigiendo ese pago desde hace meses”, dijo Ruiz Valencia.
A pregunta sobre cuanto gana la dirigencia estatal del PRD, no respondió.
Aunque la mayoría de los trabajadores manifestantes son del PRI, aseguran que es un movimiento de trabajadores y no es un tema político.
“Nos han querido embarrar en un tema político, pero nosotros solo queremos nuestros salarios, porque de eso dependen nuestras familias”, mencionó la vocera del movimiento Araceli de la Torre Salgado en entrevista en el plantón que mantienen en el edificio de finanzas.
“Nosotros hemos sido muy respetuosos con la gobernadora, solo pedimos que se ponga en nuestros zapatos, que como ella tenemos hijos, gastos y asuntos personales fuera de la política”, agregó.
– ¿Por qué la protesta no es contra su patrón directo que son los partidos políticos? Se le preguntó a de la Torre Salgado.
Trabajadores de diferentes partidos políticos protestan afuera de la Sefina, este 31 de enero del 2024. Foto: José Miguel Sánchez
«La verdad es que ellos no nos dicen nada por estar aquí y creemos que entienden la situación por la que pasamos», respondió.
Los trabajadores del PRI, además de liderar esta movilización en el edificio de Finanzas, también tienen cerradas sus oficinas centrales, ubicadas en la colonia Villa Moderna, al sur de la capital.
De acuerdo con información del Iepcgro, anualmente el PAN recibe 14 millones de pesos; el PRI, 49 millones; el PRD, 29 millones; Movimiento Ciudadano 13 millones y Morena 68 millones.
El adeudo de los 28 millones era solo para terminar el ejercicio fiscal 2023 y pagar quincenas y aguinaldos.
Desde el martes de la semana pasada, estos trabajadores de partidos políticos, mantienen cerrado el edificio Juan Álvarez.
Trabajadores de diferentes partidos políticos protestan afuera de la Sefina, este 31 de enero del 2024. Foto: José Miguel Sánchez
Durante estos nueve días de protesta cerraron algunas calles del centro de la ciudad e irrumpieron durante una sesión del Iepcgro para exigir al órgano electoral más determinación para exigir el adeudo.
“Nosotros aquí vamos a seguir, hasta que no veamos reflejados nuestros pagos, porque nos deben 2023 y comienzan a deber 2024”, agrego Domínguez Estrada.
Esta tarde, una comisión se reunió de nuevo con la presidenta del Iepcgro, Luz Fabiola Matildes Gama, quien les dijo que ya hay recursos legales ante los tribunales para que el gobierno del estado pague el adeudo.
“El tema del recurso que fue aprobado por el Congreso no ha sido entregado en su totalidad y la prueba somo nosotros que no se nos ha pagado, pero ella (Matildes Gama) nos aseguró que esta haciendo todo lo posible”, agregó de la Torre Salgado.
Trabajadores despedidos de la Fiscalía General del Estado (FGE) entregaron un oficio en el Congreso local para solicitar un juicio político contra la fiscal del estado, Sandra Luz Valdovinos Salmerón, por presuntos actos de corrupción.
Los trabajadores mencionaron que fueron despedidos injustificadamente y que a más de un año no les entregan su liquidación.
Después de la una de la tarde, un grupo de unos 20 trabajadores cerraron un acceso del Congreso local y realizaron un mitin para dar a conocer sus demandas.
En el mitin mencionaron que entregaron un oficio al Poder Legislativo para que inicien un juicio político contra Valdovinos Salmerón.
Algunos de los motivos por lo que los trabajadores solicitaron este recurso legal fue por despedir de manera injustificada a 800 trabajadores de la FGE en todo el estado.
“Ella dice que porque somos corruptos, eso no es cierto, nos despide sin hacernos la prueba de control y confianza y en eso se justifica, pero es ella la que tiene que solicitar dicha prueba para los trabajadores y no lo hace a proposito”, mencionó uno de los trabajadores que omitió su nombre por seguridad.
Ex trabajadora de la Fiscalía General del Estado (FGE), afuera del Congreso local durante la protesta para eixgir juicio político a la fiscal.
Otro de los motivos es porque los 800 espacios que dejaron los trabajadores son cubiertos por personal militar con sueldos que van de los 60,000 a 80,000 pesos.
Los trabajadores también solicitaron al Congreso local la restitucion de sus plazas laborales.
“Ella (Valdovinos Salmerón) va y maquilla las datos, ella dice que está limpiando y que el presupuesto se está llendo en todos nuestros finiquitos, es falso, no ha finiquitado a nadie, no ha pagado seguros de vida y tiene una deuda histórica en la Fiscalía General del Estado”, mencionó una de las trabajadoras despedidas.
Otra irregularidad que mencionan los trabajadores despedidos es que al personal militar que ingresó a laborar junto con Valdovinos Salmerón si les otorgan todos los derechos, seguros y viáticos que a los demás no.
“Esto es una política muy discriminatoria que hace la fiscal contra todo el personal”.
Después de entregar el oficio en el Congreso local, los manifestantes se dirigieron a palacio de gobierno para también entregar un oficio denunciando las irregularidades de la fiscal.
«Aquí no tenemos ni papelería y a cada rato se tiene que reparar la impresora», dijo un trabajador del Primer Tribunal Colegiado en materia Civil y de Trabajo del 21 Circuito de Chilpancingo, en el segundo día de protestas por la desaparición de 13 de los 14 fideicomisos.
En Guerrero hubo protestas de trabajadores que laboran en juzgados de distrito, tribunales colegiados con sede en Iguala, Acapulco y Chilpancingo.
Uno de los empleados informó que la gente piensa de forma errónea que el Poder Judicial Federal tiene mucho dinero pero es mentira. «Tenemos impresoras que a cada rato se descomponen; se carece de hojas y es un lío andar comprando a cada rato», agregó el trabajador que pidió omitir su nombre para evitar represalias en su contra.
Durante la protesta, quien es el dirigente sindical de los trabajadores informó que este martes la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados analizaría la reforma que propone la extinción de 13 de 14 fideicomisos que, en cifras económicas, son alrededor de 15 mil millones de pesos.
Entre actuarios, secretarios, personal administrativo del Tribunal del XXI Circuito de Chilpancingo protestaron afuera de las instalaciones, ubicadas en la calle 5 de Mayo, en el centro de Chilpancingo. Colocaron cartulinas y mantas en la fachada del Tribunal.
Trabajadores de Tribunal Colegiado del XXI Circuito de Chilpancingo protestan por segundo día consecutivo en contra de la desaparición de fideicomisos que afecta sus funciones.
«Si el gobierno quiere quitar esos fideicomisos esa justicia adónde va a llegar. No es correcto que a todos nos cataloguen como corruptos; eso no es cierto, habemos gente honesta y trabajadora», comentó uno de los servidores públicos.
Exigió al presidente Andrés Manuel López Obrador que vea lo bueno y no lo malo que hace el Poder Judicial federal.
De acuerdo con la versión del empleado de este tribunal, Morena y el presidente no conocen a fondo las necesidades que enfrentan los empleados que laboran en los juzgados y tribunales federales.
«Dejamos a nuestras familias muchas horas para estar trabajando y hacer justicia», agregó.
Mencionó que la desaparición de los fideicomisos afectará a los trabajadores porque muchas veces de una de esas partidas presupuestales se utiliza para el pago de gastos médicos. «Cuando algún trabajador requiere una operación costosa se tiene que tomar dinero de uno de esos fideicomisos para pagar», aclaró.
Durante el mitin afuera del tribunal, el colectivo de trabajadores contaron que desde hace tiempo carecen de papelería por los recortes presupuestales.
«¿Compañeros tenemos papelería?», preguntó uno de los manifestantes a sus compañeros.
«No», contestaron todos.
Las protestas de los servidores públicos de los juzgados y tribunales federales que tienen distintas sedes en Guerrero van a continuar este miércoles.
Los trabajadores afiliados a la Sección 14 del Sindicato Independiente que desde hace 10 días tomaron el Ayuntamiento de Chilpancingo anunciaron que solicitarán al Congreso local la revocación de mandato de la alcaldesa morenista Norma Otilia Hernández Martínez.
Los trabajadores recibieron una notificación del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de que su paro de labores era ilegal, razón por la cual, ahora exigirán la salida de Hernández Martínez.
Este miércoles, por tercer día consecutivo, los trabajadores cerraron las principales calles del centro de Chilpancingo, lo que provocó las protestas de los automovilistas.
El síndico procurador, el morenista Andrei Yasef Marmolejo Valle y la secretaria general del ayuntamiento, Xóchitl Heredia Barrientos, acompañaron al representante del TCA a entregar a los dirigentes sindicales la notificación.
Andrei Yasef Marmolejo anticipó que no será el Ayuntamiento el que ordenará a la policía municipal que desaloje a los paristas sino otras instancias.
Los trabajadores cerraron el Ayuntamiento desde el pasado 11 de septiembre para exigir a las autoridades del municipio el pago del salario mínimo de 207 pesos diarios.
Domingo Salgado, secretario general del Sindicato Independiente, aseguró que son 1, 100 trabajadores los que participan en la protesta y que más de la mitad de ellos perciben un salario de 1,500 pesos a la quincena además sin prestaciones sociales como el seguro social, seguro de vida, aguinaldo y vacaciones.
«Varios de nuestros compañeros han fallecido y la alcaldesa no ha autorizado el pago del seguro de vida a sus deudos», mencionó.
Los integrantes del comité de la dirigencia sindical acordaron solicitar al Congreso local la revocación de mandato de la presidenta municipal Norma Otilia Hernández por no cumplir con lo que marca la Constitución de pagar el salario mínimo a los trabajadores.
La alcaldesa despacha en una casa particular y funcionarios de su gabinete en la plaza central Primer Congreso de Anáhuac.
Este lunes 18 de septiembre, la alcaldesa de Chilpancingo aseguró que su gobierno no cuenta con suficientes recursos para darle solución a las demandas de carácter económico de los trabajadores que tienen tomado el ayuntamiento.
Hernández Martínez estuvo acompañada de líderes de cuatro sindicatos que le dieron su respaldo. Aseguró que los que participan en las protestas no son mil 100, sino «mucho menos».
Trabajadores afiliados a la sección 14 del sindicato independiente mantenían si bloqueó alrededor de las 2:30 la Avenida Benito Juárez a la altura de la comisión de los derechos humanos.
Si se concreta la demanda de revocación de mandato, la alcaldesa se enfrentará a dos situaciones complicadas en su administración, pues ésta solicitud se suma a las investigaciones que desde julio de este año iniciaron en su contra la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Fiscalía General de la República (FGR) por un video, fotografías y audios en donde aparece en una reunión con un hombre que porta un arma en el cinto y que las autoridades lo identifican como Celso Ortega Jiménez, líder del grupo del crimen organizado de Los Ardillos.
Ya casi transcurrieron 60 días que la FGR y FGE dieron a conocer la investigación a la alcaldesa Norma Otilia Hernández y hasta el momento no se ha informado la etapa del proceso.
En la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena está abierta una investigación a Norma Otilia Hernández sobre una solicitud de expulsión de las filas del partido tras el escándalo de los videos, fotografías y audios con el presunto líder de la agrupación del crimen organizado.
Las instalaciones del Congreso local estuvieron tomadas cinco días por integrantes del Sindicato Sentimientos de la Nación
Texto: José Miguel Sánchez
Fotografía: Oscar Guerrero
13 de febrero del 2023
Chilpancingo
Está tarde fueron liberadas las instalaciones del Congreso local después de que estuvieron tomadas cinco días por integrantes del Sindicato Sentimientos de la Nación que demandaban una audiencia con los integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo).
A través del secretario de Servicios Financieros y Administrativos del Congreso local, Andrés Rosendo Orozco Pintos, les notificaron a los trabajadores en paro que tendrían una audiencia con la Jucopo para el miércoles 15 de febrero.
Pero para concretar la reunión debían que liberar las instalaciones del recinto legislativo al menos 24 horas antes, y los trabajadores aceptaron la propuesta; alrededor de las siete de la tarde liberaron las entradas que mantenían bloqueadas desde el pasado miércoles.
Orozco Pintos acudió al plantón de los trabajadores acompañado del notario número dos de Chilpancingo, Emilio Ortiz Uribe, para hacer valida dicha notificación.
“Deberán liberar el acceso a las instalaciones en un plazo no mayor a 24 horas, para inmediatamente proceder a la instalación de una mesa de diálogo y revisión de sus demandas”, les informó Ortíz Uribe.
En nombre de la diputada y presidenta de la Jucopo, Yoloczin Domínguez Serna, el secretario de Servicios Financieros mencionó que la Jucopo está a disposición de un “diálogo institucional y el irrestricto respeto de la institución a los derechos laborales de las y los trabajadores”.
La notificación se llevó cabo en la puerta de acceso principal del Congreso, donde están los trabajadores en paro y fue recibida y firmada por el secretario general del Sindicato Sentimientos de la Nación, Fernando Martínez Román.
Martínez Román aceptó la propuesta de diálogo por lo que el Congreso local anunció de manera oficial en un boletín que el día de mañana se reanudarán las labores en el Poder Legislativo.
Entre las demandas de los trabajadores sindicalizados están el cese al hostigamiento laboral en contra de Martínez Román, a quien, dijeron, lo cambiaron de área como una medida de represalia por formar parte del nuevo sindicato.
Además por una investigación en el Órgano de Control Interno del Congreso por supuestamente filtrar recibos de nómina y datos personales de los trabajadores.
El Sindicato Sentimientos de la Nación es el segundo dentro del Poder Legislativo, cuenta con 64 agremiados que representan un 10 por ciento de la planta laboral.
El otro sindicato dentro del Congreso es la sección 55 del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG), con 150 agremiados.
Otro de los puntos del pliego petitorio que presentarán en la reunión con la Jucopo es “un piso parejo para ambos sindicatos”, porque expusieron estos sindicalizados, hay una preferencia de parte de Domínguez Serna por los agremiados de la sección 55.
Integrantes del Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores del Poder Legislativo Sentimientos de la Nación tomaron el Congreso local, para denunciar hostigamiento y acoso laboral de la presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Yoloczin Domínguez Serna.
El secretario general del sindicato, Fernando Martínez Román y los agremiados del sindicato denunciaron que hay dos procedimientos administrativos en contra de los trabajadores; los amenazan con proceder legalmente contra ellos.
Señalaron de la diputada de tratar de impedir que los trabajadores se organicen en sindicatos.
Alrededor de las ocho de la mañana, 50 trabajadores se instalaron en los accesos principales del Congreso local, colocaron lonas y cerraron la circulación vehicular en los sentidos sur-norte de la avenida Trébol Sur.
Utilizaron lonas con consignas para los accesos. En ellas responsabilizan a Domínguez Serna de actos de hostigamiento laboral, violación de derechos humanos y laborales contra los integrantes de su sindicato.
Además la responsabilizaron de lo que pueda ocurrirles por realizar una manifestación en su contra.
En conferencia de prensa Martínez Román explicó que fue citado a una audiencia por el organismo interno de control de Congreso, por un procedimiento administrativo en su contra.
La causa del conflicto, aseguran, es por tener ideologías contrarias y se simpatías con partidos políticos.
Hasta después del mediodía de este miércoles, los accesos al recinto legislativo seguía bloqueado por los inconformes.
