Ahora un sobreviviente dice que habría reconocido que era el Rancho Izaguirre, de Teuchitlán, el lugar de su encierro forzado. Los jornaleros fueron hasta Jalisco por una convocatoria que lanzó el Ayuntamiento de Chilpancingo en coordinación con otras áreas del servicio público y la Uagro, quienes niegan tener una relación con las funciones del rancho
Texto: Beatriz García y Margena de la O
Chilpancingo
Jueves 20 de marzo del 2025
La denuncia de jornaleros guerrerenses engañados y retenidos en Jalisco después de una convocatoria lanzada por el Ayuntamiento de Chilpancingo y otras instancias del servicio público fue expuesto desde hace dos años en medios locales de comunicación, pero ahora cobró relevancia porque una de las víctimas habría identificado al Rancho Izaguirre, de Teuchitlán, como el lugar donde los retuvieron por varios días.
Existe la sospecha que este rancho, después de que el 5 de marzo pasado integrantes del Colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco ingresaran y descubrieran que había restos humanos, crematorios y varias centenas de prendas, pudo ser utilizado para entrenamiento forzado y exterminio.
Sospecha aún porque las investigaciones después de los hallazgos de las madres buscadoras están a cargo de la Fiscalía General de la República (FGR).
Ayer miércoles, un hombre que se identificó como Roberto se comunicó al programa de radio Formula Noticias, que conduce la periodista Azucena Uresti, y narró que un grupo de jornaleros de Guerrero fueron llevados con engaños a un rancho donde, además de que fueron víctimas de una explotación laboral, porque los llevaban a los campos sin la paga prometida, presenciaron varias escenas extrañas y violentas de personas que, al parecer, vigilaban ese rancho. La conductora presentó a Roberto como sobreviviente del Rancho Izaguirre.
Los jornaleros guerrerenses habrían llegado hasta Jalisco por la convocatoria lanzada por la administración de la exalcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Martínez Hernández, en coordinación con otras instancias, una de ellas la Universidad Autónoma de Guerrero (Uagro), para una capacitación en campos agrícolas con el fin de que obtuvieran una visa para laborar en Estados Unidos.
Esta foto corresponde a la salida oficial de los jornaleros guerrerenses a campos agrícolas en febrero del 2023. En la imagen aparecen servidores públicos municipales de la anterior administración. Foto: Oficial.
Tanto la ex alcaldesa como la Uagro se han deslindado en comunicados públicos que los fines de la convocatoria sean los del Rancho Izaguirre. Pero la convocatoria sí existió para campos agrícolas de Jalisco, de acuerdo con un rastreo en las redes sociales oficiales de la pasada administración municipal de Chilpancingo.
También ya había registros públicos de una denuncia de privación y trabajo forzado de jornaleros.
Hace dos años, el periódico El Sur de Acapulco publicó la nota con el encabezada “Privan de la libertad a 55 jornaleros empresa de Jalisco; los contactó la Secretaría del Trabajo”, en la cual dan cuenta que un jornalero, de manera anónima, hizo la denuncia de que en 2023 fueron contratados, a partir de una convocatoria que lanzaron servidores públicos, con la promesa de que les darían una visa para trabajar en Estados Unidos, pero terminaron engañados, privados de su libertad y explotados.
La fuente de esa noticia informó que unas personas que, entiende, trabajaban en coordinación con la empresa Big Force–quien los habría contratado–, los mantenían retenidos en los dormitorios después de trabajar y que fueron ellos quienes habrían golpeado duramente a dos de sus compañeros que tuvieron la osadía de salir a ejercitarse en la noche; a uno de ellos, dijo, le desfiguraron la cara.
Esta información coincide en gran parte con la que Roberto le dio a Azucena Uresti.
“Fui invitado hace dos años, fuimos reclutados, más bien fuimos invitados a un programa de trabajos para laborar en Estados Unidos y adquirir la visa H-2 (H-2A es exclusiva para trabajos agrícolas), fuimos invitados por autoridades de aquí del municipio (Chilpancingo) y, bueno, la verdad ese tiempo que estuvimos en ese rancho y las condiciones en las que estuvimos fueron difíciles, porque aquí nos habían dicho una cosa y ya estando allá las cosas cambiaron demasiado”, menciona Roberto.
Esta imagen fue compartida en redes sociales por la Secretaría de Desarrollo y Bienestar Social de la administración municipal de Chilpancingo el 15 de febrero del 2023, corresponde al acto de despedida de los jornaleros guerrerenses en la Comedor Universitario, ubicado en el centro de la ciudad. Foto: Oficial.
Además del Ayuntamiento de Chilpancingo, el sobreviviente señaló a la Uagro de participar en esta supuesta convocatoria de trabajo-capacitación que, en principio, les mencionaron como destino de trabajo Guanajuato. Contó que los jornaleros partieron en el autobús confiados en que llegarían a Guanajuato, pero los llevaron a Jalisco.
Al siguiente día, según su narración, los separaron por lugar de origen; calculó que había en el lugar (que sería el rancho en cuestión) unas 500 personas de varias partes del país. Les pidieron su documentación y datos de cuentas bancarias y, además, les informaron que estarían en el sitio durante un año, cuando les habían dicho que la capacitación sería por un corto tiempo.
Las personas que los instruían vestían pantalón café, playera azul marino y botas, similar a personal de las fiscalía oficiales. Ellos mismos les prohibieron tener comunicación con personas cercanas y salir del rancho, de lo contrario, “habría consecuencias”.
Sobre las condiciones en que desempeñaban el trabajo compartió que recibían comida maloliente y que los mantenían encerrados en unos remolques (tráilas) dispuestos como dormitorios, después de llevarlos y traerlos de los campos agrícolas.
Al cabo de un par de semanas, Roberto logró escapar junto con otros compañeros, porque dijeron que irían a comprar artículos personales.
La periodista le preguntó si reconocía el rancho–que sería el Izaguirre– y él dijo que cuando salió a la luz el caso reconoció el lugar porque caminó por una de las zonas. «Miraba apenas unas fotos y hay lugares donde recuerdo haber estado, donde desconocía absolutamente qué es lo que se hacía», dice.
También le insistió si estaba seguro que fueron autoridades quienes los convocaron para trabajar. El «sobreviviente» responde: “todos los que fuimos a esta jornada asistimos al Ayuntamiento municipal. Asistimos al área de Relaciones Exteriores, es ahí donde ellos estaban convocando a esta jornada de trabajo, y ahí fue donde nosotros entregamos papeles”.
Lo convocatoria lanzada por el Ayuntamiento de Chilpancingo aún puede ser rastreada en las redes sociales. Aquí un fragmento: “El Ayuntamiento de Chilpancingo en coordinación con la UAGro a través de la Coordinación de Cooperación e Internacionalización, la Secretaría de Relaciones Exteriores a través del Consulado de México en Orlando y la Academia de Capacitación Agrícola Mexicana BIG FORCE convocaban a participar en el programa Raíces Mexicanas Floreciendo en Estados Unidos”.
La convocatoria incluye que serían capacitados en Guanajuato y Jalisco, donde recibirían un pago por su trabajo, además de prestaciones como seguro médico, con la oportunidad de obtener la visa H-2 para irse a Estados Unidos.
Hay fotos disponibles en el ecosistema digital de febrero del 2023, cuando el comedor de la Uagro ofreció alimentos a los jornaleros que partirían a los campos agrícolas.
Luego de la entrevista en Radio Fórmula, tanto la ex alcaldesa de Chilpancingo como la Uagro negaron ser participes de las actividades que se hicieran en el Rancho Izaguirre, en Tehuchitlán, Jalisco.
La académica y periodista Alejandra Guillén alerta sobre los puntos ciegos que rodean al rancho Izaguirre: es necesario saber quiénes se benefician del reclutamiento de jóvenes por el crimen organizado, exigir la búsqueda en vida de quienes son capturados con la promesa de falsos empleos, entender que ese rancho forma parte de un circuito desaparecedor y no dejarse llevar por el “espectáculo del horror”
Cuando vio en las noticias los dolorosos hallazgos en el rancho Izaguirre de Teuchitlán —los zapatos abandonados, las maletas polvosas, los restos humanos calcinados—, Alejandra Guillén González pensó en los casos de desaparición que ha investigado durante los últimos ocho años en Jalisco y notó similitudes: son jóvenes enganchados en plataformas sociales con falsas ofertas de empleo, y luego trasladados a diversas fincas y casas de seguridad ubicadas en la región Valles, donde son retenidos en centros de entrenamiento y exterminio. Una vez incomunicados y esclavizados, son obligados a pelear a muerte —como en el Coliseo romano— e incinerar a las víctimas como parte del entrenamiento deshumanizador de los nuevos sicarios del Cártel Jalisco Nueva Generación.
“Lo que hay que entender al analizar este rancho [en Teuchitlán] es qué lugar ocupa en este circuito desaparecedor de personas, que es un circuito amplio, una estructura muy grande, que no empieza o se acaba solo en ese lugar. Ese rancho forma parte de una cadena con una organización impresionante que utiliza muchos lugares, muchos vehículos, a muchas personas: algunas publican los anuncios en internet, otras pasan por ellos [los jóvenes], otras los retienen, otras los entrenan, otras lavan el dinero”, dice la académica y periodista jalisciense.
En entrevista con A dónde van los desaparecidos, portal de noticias del que es cofundadora, Guillén considera que las noticias se están convirtiendo en un “espectáculo del horror”, en el que están saliendo a hablar muchos supuestos sobrevivientes, pero no se está contando la historia completa, y esto puede llevar a conclusiones apresuradas, como suponer que todos los propietarios de las prendas de ropa encontradas en el rancho están muertos, o acusar de sicarios o tachar de culpables a los jóvenes que pudieron escapar del lugar.
“Estamos en un momento delicado del manejo de la información, que también se está convirtiendo en un espectáculo del horror generado porque se suben tantas notas, mucha gente que dice reconocer una gorra, unos tenis, y sabemos lo que eso significa para las familias buscadoras. Es superimportante, válido, están buscando a sus tesoros, pero no podemos deducir que todos los dueños de esas prendas murieron. Es muy difícil saber cuántas personas pasaron por ahí, las identidades, y también tenemos que asumir que hay muchos lugares como este en los que ya nunca se pudo saber qué pasó [con las víctimas]”.
El pasado 5 de marzo, integrantes del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco entraron al rancho, lo encontraron sin sellos de protección a pesar de haber quedado bajo resguardo de las autoridades desde septiembre de 2024, y transmitieron en vivo imágenes que mostraban que la fiscalía estatal no lo había inspeccionado: tenía tres “hornos” con fragmentos de huesos calcinados, así como 400 pares de zapatos, 400 prendas de vestir, y maletas e identificaciones abandonadas que no fueron procesadas como evidencias. Este hallazgo causó dolor a las familias que buscan a parientes desaparecidos, e indignación a nivel nacional que desembocó en protestas por todo el país.
A Guillén, ese sitio y los relatos de los sobrevivientes que contactaron al colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco le sonaron familiares.
En 2019, Guillén y el periodista Diego Petersen publicaron en Quinto Elemento Lab y en este medio el reportaje “El regreso del infierno; los desaparecidos que están vivos”, en el que relataban el cautiverio que vivieron unos jóvenes a quienes el cártel —después de atraerlos con una oferta falsa de trabajo— esclavizó y retuvo a la fuerza en una finca del municipio jalisciense de Tala, donde pasaron a formar parte de los ejércitos del crimen organizado: cuidando sembradíos de drogas o entrenando como sicarios. Un sobreviviente, al que apodaron Luis para protegerlo, les relató sus días en ese infierno.
Alejandra Guillén (a la derecha) entrevista, con una colega investigadora del ITESO, a un hombre wixárika en la ciudad de Guadalajara. (Especial)
Su investigación se basó en esa entrevista, en las indagaciones de las familias de los jóvenes desaparecidos, y en la investigación de la fiscalía estatal sobre el centro de reclutamiento y exterminio hallado en 2017 en Tala, del que fueron liberados tres jóvenes cautivos y 13 personas quedaron detenidas.
Guillén siguió indagando el caso de Tala y otros parecidos en la zona Valles, la región tequilera y montañosa colindante con la ciudad de Guadalajara. La académica del ITESO se graduó en mayo de 2024 como doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Guadalajara con la tesis titulada “Territorios de desaparición. Campamentos de esclavitud y dominación en Jalisco”. Las reconocidas académicas, expertas en el tema de desaparición de personas, Pilar Calveiro y Rossana Reguillo, fueron sus tutoras.
Al enterarse de los hallazgos recientes en Teuchitlán, Guillén notó que dos casas de seguridad en las que fueron retenidos los rescatados de Tala se ubicaban a unos minutos del rancho Izaguirre, donde, en septiembre de 2024, la fiscalía estatal había detenido a 10 personas y rescatado a dos personas cautivas y encontrado un cuerpo; lugar donde también se entrenaban sicarios y se asesinaban personas.
¿Qué pensaste al leer las noticias sobre Teuchitlán?
Hay que celebrar que se está dando esta movilización ciudadana, pero necesitamos plantearnos una perspectiva histórica, porque estos hallazgos forman parte de una continuidad de sucesos que se tienen que analizar en conjunto. Si se ve como algo aislado no se va a poder comprender. Teuchitlán nos arroja información sobre los dispositivos de desaparición, las atrocidades que se cometen, de cómo se han consolidado estas prácticas. Y, dando por buenos los testimonios que le han llegado a Indira [Navarro Lugo, fundadora de Guerreros Buscadores de Jalisco] de la gente que ha podido escapar, el patrón coincide casi en todo con lo que investigamos en el campamento de Tala, que se descubrió en 2017.
Ropa, objetos y maletas encontrados el 5 de marzo de 2025 en el rancho Izaguirre, en Teuchitlán, por el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco. (Facebook de Guerreros Buscadores de Jalisco).
¿Cuáles son los patrones de los casos que estudiaste que coinciden con el rancho Izaguirre?
El rancho está muy cerca, a unos minutos, a cinco kilómetros de las primeras fincas a las que llevaban a la gente reclutada en Tala [en 2017]. Por eso pienso que es importante pensarlo como un circuito que empieza con el enganche en las redes. He leído en medios, no lo he investigado directamente, que la gente había sido desaparecida en la central camionera. Lo que coincide es que, en ambos casos, buscan un trabajo en internet; encontraron muchas ofertas de empleo. Lo que sigue es que los agregan a un WhatsApp y les dicen: “Tal día tienes que estar aquí”. Como en esos trabajos no te piden muchos requisitos, te arman toda tu logística, te recogen en la central o te piden que tomes un camión, te dicen: “Vete aquí a dos cuadras y ahí te recogemos” o “súbete a tal camión, ya está pagado”. Llegaba gente de fuera, en precariedad: deportados, migrantes, lavacarros, pintores, chavos que se quedaron sin chamba, o que no pudieron estudiar, o que tuvieron un embarazo que no esperaban y deben mantener un hijo.
Los sobrevivientes cuentan en sus testimonios que eran decenas de personas por semana. Iban recogiendo a otros, las familias salían a despedirlos. Llevaban con ellos una mochila, su ropa, sus objetos personales. Como en cualquier trabajo en el que estarás fuera solo unas semanas. Los objetos que encontraron en el rancho Izaguirre son muy similares a los que describen que llevaba la gente que iba a ir a trabajar .
En el momento en que los captan ya están metidos en ese circuito: toman la carretera y empieza un recorrido por una cadena de lugares, los cambian tres veces de camionetas. Los llevaban a una finca en Cuisillos y a otra en Castro Urdiales, luego a Navajas, donde ya los subían al cerro. Los maltratos empezaban desde la primera casa, donde se encontraron con gente rota, algunos mutilados, gente que ha sufrido mucho en la vida.
En tu tesis estudiaste también la deshumanización en esos lugares, lo que le ocurre a las personas retenidas…
Luis, el que da el testimonio más amplio, dice que en la primera de esas casonas, como bodegones, encontró una cantidad de gente hacinada como sucia, supongo que cagada, meada, con hambre, sed, maltratada, y con una mirada de miserable. Los describe como gente que ya no tuviera alma, porque les han hecho mucho daño. Cuando le empezaron a gritar se dio cuenta de que había cruzado la línea de no regreso.
Me acuerdo también de las prendas que encontraron cuando reventaron las casas de seguridad: había calzones, pantalones, actas de nacimiento para solicitar ese empleo, objetos y mochilas similares a las del rancho. No sabemos de quiénes eran, si son de quienes entrenaron y fueron mandados a otros lados, de la gente que mataron, de quienes los tenían retenidos. Esa es la desgracia, que son prendas que pueden ser un indicio, pero no un indicativo de que cada prenda corresponde a alguien asesinado. No sé si en esos lugares les piden que lleven solo un cambio [de ropa], o algo leve, para subir el cerro.
La lógica ahí es convertirte en sicario, y los jóvenes que fallecen o asesinan son parte de tu material de entrenamiento. Como si fueran hojas de papel para un taller. Muchos de los que estaban al mando habían pasado por etapas previas.
Mapa con los sitios a los que fueron llevados los jóvenes rescatados en Tala en 2017 y su distancia con el rancho Izaguirre en Teuchitlán, donde fue localizado un centro de entrenamiento y exterminio. (Alejandra Saavedra)
¿Qué piensas al ver el rostro del joven desaparecido, que escribió su carta de despedida y ahora se sabe que ya había regresado a su casa, que está vivo? A mí me dolió el cambio en su mirada, su rostro actual…
Duele más porque inmediatamente empezaron a circular acusaciones de que era sicario o reclutador. Fue una narrativa que se impuso, de que si sobrevivieron es porque ellos estaban participando, y es una narrativa que lo pone en riesgo.
Es terrible. Hay que entender la dinámica de esos sitios: los maltratos, el uso del fuego, el rito de iniciación, todo lo que viven. En ninguna circunstancia tienen condiciones de libertad para decidir. Ese es el mal del sobreviviente, y la idea de que mueren los mejores y quien sobrevive es porque hizo algo terrible, y ya es verdugo.
En estos campos no se busca solo destruirte físicamente con violencia, también destruirte el alma y todo el entorno y tu familia, psíquica y espiritualmente. Es una destrucción de lo sagrado, que es mucho más grande que solo matar a una persona. Y quedan en ese limbo donde ellos tampoco saben qué son, ni víctimas ni victimarios. En esta zona de personas murientes.
No digo tampoco que Teuchitlán sea el Auschwitz mexicano, como se le ha nombrado, porque tiene finalidades distintas, pero la experiencia de estar en estos lugares, como en “los chupaderos” argentinos o en los campos de concentración [nazis], es similar a esa práctica de hacer a la víctima victimaria. De deshacer a la persona, de destruir su subjetividad, su psique, de romperles el alma, que es toda una estrategia militar y de entrenamiento.
Es una estructura dedicada a eso, no sé si de gente entrenada en las estrategias contrainsurgentes de Estados Unidos o Israel. Pero hay un plan armado, no es una maldad espontánea, tiene lógica, una finalidad muy clara, y hay gente preparada para hacerlo. Para convertirlos de víctimas a victimarias. Es a lo que Primo Levi se refiere al escribir sobre la experiencia de los campos de concentración. Estás con hambre, en condiciones no humanas que hacen que todo para ti sea la búsqueda de la sobrevivencia. Es muy complejo en ese contexto decir: “Ah, bueno, pues ellos participaron”. Están bajo un régimen de dominio en el que además están amenazados, y saben dónde viven sus familias.
En la investigación de Tala ustedes mencionan los castigos, los asesinatos, el uso del fuego para desaparecer personas.
Si en el rancho Izaguirre quemaron a gente, entonces es muy parecido a lo que en el campamento de Tala llamaban “echar a los elotes”, que era un castigo. Le tocó a un joven que quiso escaparse y a otro reclutado que, cuando bajaba del cerro, se metió a un Oxxo por agua, y eso fue suficiente para que lo mataran. Había muchas circunstancias por las que podían matar a los que estaban ahí, privados de su libertad o en entrenamiento.
El momento que relatan más fuerte es cuando —después de semanas de maltrato, hambre, sed, golpes y humillaciones— llega el jefe, un tal Sapo, un tipo sanguinario, y un hondureño que ya había subido en jerarquía le pide que lo deje ir a su casa. El Sapo pregunta a todos: “¿Quiénes quieren ir a su casa?”, y levantan la mano 17, y a esos los ponen a pelear. Quien iba cayendo era asesinado. A los que sobreviven les piden que arrastren a los caídos, que los seccionen y “los echen a los elotes”, que significaba juntar leña e incinerar los cuerpos. Y todo eso lo tienen que hacer las víctimas, es un rito de iniciación para los que sobreviven. “Echarlos a los elotes” implica el uso del fuego.
No ocurrió en un campamento o en un único sitio, se incineró en muchos otros lugares del bosque. Llegué a ver uno en el Bosque de la Primavera, que es de ese tipo de bosques que nacieron de la erupción de un volcán, donde el agua erosiona las piedras y forma canales, como hoyos naturales, y ahí los echaban. Y en otro lugar, al que unos campesinos me llevaron, vimos que tras el incendio quedaron muchos clavos de la extensión de una mano abierta, restos fragmentados de metal, la varilla de un brasier, dos hebillas y muchos huesos apilados. Era notorio que hubo una incineración. Ese lugar nunca se resguardó; cuando se trató de hacer, [los sicarios] volvieron. Eso también ocurre: cuando la fiscalía [de Jalisco] hace operativos, hay tranquilidad un tiempo, hasta que vuelven a tomar el control de esos sitios. La gente que sabe dónde se ubican no puede denunciar, implicaría poner en riesgo a toda la gente porque ellos siguen ahí.
Los restos quemados en el rancho Izaguirre se parecen a la práctica de “echar a los elotes”, que es parte del entrenamiento y del rito de iniciación. Los que sobreviven tienen que pasar muchas pruebas; esa es muy importante.
En uno de los campamentos localizados en Tala en 2017 encontraron leña y restos óseos calcinados. El CJNG incineraba los cuerpos de quienes asesinaba porque desobedecían órdenes o no servían para los trabajos del cártel. (Especial)
En este momento, la disputa es semántica: si son o no hornos, o crematorios, o incineradores… Desde el gobierno se están cuestionando los hallazgos y considerándolos sobredimensionados, ¿qué piensas?
Cuando hicimos el trabajo de “El país de las 2 mil fosas” [publicado en 2018 en Quinto Elemento Lab y en este medio] supimos que en el mapa de fosas había una cantidad de lugares para los cuales no había un nombre, una categoría, una forma de presentarlo; solo sabíamos que eran lugares donde se incineró [cuerpos]. No los incluimos en el mapa porque no correspondían a la categoría de fosa clandestina y porque no podíamos saber el número de víctimas. Y ese, para mí, fue uno de los hallazgos más terribles: que usar fuego o ácido ya era algo sistemático, que había un entrenamiento y una orden jerárquica para hacerlo, y la terrible perspectiva de pensar que nunca sabremos quiénes fallecieron ahí.
[En Teuchitlán] hay restos incinerados, punto. Quemados. Me acuerdo que, en Veracruz, a los sitios de incineración los nombraban sitios de destrucción de cuerpos; en Coahuila, centros de inhumación clandestinos o puntos de procesamiento para quemar cuerpos; otros han resuelto en los últimos años nombrarlos como puntos de hallazgo. Estas discusiones lo que exhiben es que aún no tenemos las palabras para nombrarlos. Puede que ya se sepan las palabras técnicas desde lo forense, pero no son familiares para todos. También sé que en la fiscalía estatal hay una discusión de si los restos fueron incinerados ahí o en otro sitio.
¿Qué observas distinto en el modo de operar de las autoridades sobre los campamentos de Tala y en la actualidad con el rancho descubierto por Guerreros Buscadores de Jalisco?
Las mismas omisiones en este caso y en otros parecidos, donde quienes los encuentran son las familias.
En 2017, lo que nos mostraron los operativos de rescate [de jóvenes reclutados] es que es posible hacerlos. Ese año revisaron y encontraron coincidencias entre las denuncias de desaparición de jóvenes que habían ido a trabajar a Tala; por otro lado, un joven escapa y va a la policía y cuenta lo que vio. Con un helicóptero Black Hawk sobrevolaron toda la zona, ubicaron en los cerros con mapas de calor dónde había gente concentrada. Lo más difícil era detener al capo que coordinaba esa región.
En ese momento hubo ruedas de prensa, exhibieron la información. Se acababa de crear la fiscalía especializada de desaparecidos y hubo un fiscal [Eduardo Almaguer] que llevó un equipo de su confianza, que estaba comprometido con el tema, y decidió buscarlos en vida y realizar otros operativos donde se liberaron personas en Lagos de Moreno, en Tala, en Vallarta y en Talpa de Allende.
Después cambiaron a ese fiscal, todavía en el gobierno de Aristóteles Sandoval, y en el sexenio posterior, con [el gobernador Enrique] Alfaro y AMLO [el presidente Andrés Manuel López Obrador], se terminan de desmantelar estos esfuerzos. Claramente [gobierno federal y estatal] estaban decididos a negar que había un problema muy grave de desapariciones en el país. La gente de la fiscalía de desaparecidos decía que el gobierno federal ya no los iba a respaldar, y la fiscalía se concentró en delitos del fuero común.
Hubo operativos donde incidentalmente se liberaba a gente, pero ya no se volvieron a hacer con la intención de rescatar, o de decir: “A ver, aquí hay un patrón de desaparición, aquí tengo información de un sobreviviente que me está dando ubicaciones”, y armo un operativo. Alfaro llegó a decir que [los desaparecidos] se iban por su voluntad, porque estaban yendo a buscar trabajo y por eso no se podía perseguir ningún delito. Se decidió que los chicos ni siquiera iban a ser considerados como desaparecidos porque ya habían sido liberados, que no se investigara, que se negara.
¿Has visto casos en que se pueda prevenir que los recluten?
En noviembre, el ayuntamiento de Tlaquepaque puso carteles que decían: “Si vas por un empleo, acércate a los elementos de seguridad para que revisen si ese empleo es legal”. Se supone que se han acercado unas 28 personas a las que ofrecían trabajo por internet, de entre 5,000 y 8,000 pesos semanales [en 2017, en Tala les ofrecían 4,000 pesos semanales]. No es mucho, no alcanza para mantener a una familia, pero es una cantidad alta para la gente que ha vivido en precariedad toda su vida. También coinciden en que traen gente de toda la república, que seguramente no están enterados de todo lo que ha pasado aquí en Jalisco y del riesgo.
Ya que pasan etapas y que forman parte del grupo, hasta donde sé, se les paga. Por eso muchas familias deciden no hablar, porque recibieron en algún momento una llamada de su familiar diciendo: “Estoy bien”. Y algunas veces sí podían mandar dinero, y luego ya no volvieron a saber de ellos, pero tienen el miedo de “si denuncio y está vivo le harán algo y está por la fuerza”.
¿Hay algún tipo de esperanza en esos sitios?
Cuando lees los testimonios de sobrevivientes te das cuenta de que sí hay grietas pequeñas, momentos de resistencia. Incluso los chicos que sobreviven, aun con el temor de que los vuelvan a desaparecer o matar por lo que van a decir, se atreven a declarar que ellos vieron a personas que fallecieron, porque solo su testimonio permitirá que las familias sepan que estos jóvenes o estos hombres murieron.
Justamente, como se usó el fuego, su testimonio es muy importante porque, de otro modo, nunca se sabría qué les pasó a esos chicos. No sé si llamarlas acciones de resistencia, de dignidad, que después de lo que pasaste es quizás lo único que te queda. Y además sientes la vergüenza de sobrevivir. Porque, si sobreviviste, la gente se pregunta: “Uy, ¿pues qué habrás tenido que hacer para sobrevivir?”. No podemos verlo tan fácil.
Y también sabemos que los que sobreviven son vivos murientes, muchos salen como zombis, nunca terminan de regresar a la sociedad y no hay una vida para ellos, no hay familia, no hay trabajo, ni siquiera pueden sacar el INE porque les da mucho miedo dar su dirección y que vuelvan por ellos.
Madres buscadoras en la manifestación en el Zócalo de la Ciudad de México del pasado 15 de marzo, en la que se exigió atención a las desapariciones de personas. (Marcela Turati)
Ya son ocho años desde el operativo de rescate en Tala, ¿qué ha pasado desde entonces, cómo ha evolucionado este problema?
Con el tiempo, esa gente y esas prácticas han tomado más poder. El tal Sapo era el más sanguinario, la cara visible. No sabemos quiénes más están en esa estrategia que, como dije, es una estrategia más amplia que no puede ser de unas cuantas personas, en la que participa mucha gente que no vemos.
La gente empezó a decir que los campamentos se habían movido a otros sitios, y por sobrevivientes se supo que se multiplicaron por el norte de Jalisco y por todo Zacatecas. Este grupo delictivo, estos mafiosos, lograron instalar y consolidar su estrategia. Se replicó. Y Jalisco se convirtió en el primer lugar de desapariciones [en el país]. Pero, a pesar de eso, a nivel federal y estatal la decisión fue no actuar.
El reclutamiento es más masivo, también hay una situación económica mucho más tremenda y culturalmente le llama la atención a muchos jóvenes acercarse a estos grupos. En 2017, entre los liberados también hubo un joven que en una de las audiencias para señalar a los imputados dijo: “Yo sí quería ser parte del cártel, fui invitado, pero cuando llegué me dieron vida de perro, no me daban de comer, me golpeaban, me torturaban, tenía sed, no tenía dónde dormir, pues dije: ‘¿Esto de qué se trata?’, y además, sin pago”.
No sabemos cómo deciden a quién invitar directamente y a quién reclutar con engaños, sin duda es a la gente que necesitan como carne de cañón. Y lo que no estamos viendo nunca en todos estos episodios es a los verdaderos beneficiados. Urge saber quiénes son, sus redes macrocriminales internacionales, quién se está beneficiando de esto, y qué papel juega Guadalajara, que es la capital del lavado de dinero.
Por más que tengan otros negocios, mantener una estructura desaparecedora de ese nivel es un gasto enorme. Esto es el neoliberalismo puro con más violencia, más negocios, más acumulación de dinero. Nos falta completar muchas piezas entre tanto ruido.
¿Qué debería seguir ante estos hallazgos? ¿Qué hacer?
Si ya conocemos que esto está pasando, ¿qué están esperando para hacer operativos en toda la zona para liberar a las personas que estén todavía con vida? Muchas de las prendas podrían corresponder a personas que pasaron por ahí que estén vivas en otro lugar. La exigencia es que los busquen vivos.
Como sociedad nos faltan palabras para nombrar estos lugares, nos generan mucha confusión por el horror, pero no podemos convertirlo en espectáculo porque así solo se normaliza. Que esta ola de indignación y movilización que hace tiempo no habíamos visto nos sirva para formar una organización más grande, tan grande como el tamaño del monstruo.
(Las preguntas y respuestas fueron editadas para la comprensión y para cuidar la extensión del texto.)
** Fotografía de portada: En el rancho Izaguirre, en la comunidad de La Estanzuela, fueron hallados fragmentos de restos óseos y más de 1,300 indicios. La fiscalía de Jalisco realizó trabajos periciales en el lugar el pasado 13 de marzo. (Facebook de la FGE de Jalisco)
www.adondevanlosdesaparecidos.org es un sitio de investigación y memoria sobre las lógicas de la desaparición en México. Este material puede ser libremente reproducido, siempre y cuando se respete el crédito de la persona autora y de A dónde van los desaparecidos (@DesaparecerEnMx).
*Marcela Turati es periodista, cofundadora de Quinto Elemento Lab y del proyecto A dónde van los desaparecidos. Autora del libro “San Fernando: última parada” (2023), sobre las desapariciones de personas en Tamaulipas y la búsqueda de sus familiares.
Jalisco, Guerrero e Hidalgo son las tres entidades que presentaron más casos de niñas, niños y adolescentes en condición de trabajo infantil entre los años 2019 y 2022, así lo informaron el Colectivo Pro Derechos de la Niñez (CODENI) junto a la Red por los Derechos de la Infancia (REDIM).
Aunado a ello, las organizaciones estiman que, entre 145 mil y 250 mil niñas, niños y adolescentes durante el 2020 estaban en riesgo de ser reclutadas y utilizadas por grupos delictivos. Jalisco es uno de los siete estados donde existe mayor riesgo.
Texto: ZonaDocs
Foto: ZonaDocs
Viernes 14 de junio del 2024
En el marco del Día Internacional contra el Trabajo Infantil, el Colectivo Pro Derechos de la Niñez (CODENI) y la Red por los Derechos de la Infancia (REDIM) llamaron a “dignificar a las infancias trabajadoras” y al reconocimiento de esta población desde un abordaje de “trabajo infantil”, basado en políticas públicas que no les criminalicen.
“Dignificarlas sería un paso fundamental para garantizar los derechos de las poblaciones más vulnerables, como la niñez indígena, migrante e incluso con discapacidad” exhortaron.
Para ambas organizaciones resulta fundamental que exista una diferenciación entre los términos “trabajo infantil” y “niñez trabajadora o infacias trabajadoras”, aplicando un enfoque de derechos de la niñez. Y es que, explicaron que el primero, en estricto sentido y como lo define la Organización Internacional del Trabajo (OIT), hacer referencia a la práctica “que priva a los niños de su niñez, su potencial y su dignidad, siendo perjudicial para su desarrollo físico y mental”; sin embargo, el segundo, reconoce que no todos los niños, niñas y adolescentes que trabajan “se encuentran privados de su potencial y dignidad por trabajar”.
Desde esta perspectiva de análisis, aseguran que, no se les resta autonomía y participación sobre sus aportaciones a las familias, a su comunidad e incluso a la economía.
No obstante, informaron que el panorama del trabajo infantil en México es preocupante. Prueba de ello es que el 15,4% de la población de entre 5 y 17 años de edad en Jalisco se “dedicaba a una ocupación no permitida, peligrosa o no adecuada”, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil (ENTI) del 2022. El porcentaje es mayor al promedio nacional que alcanza el 13.1% de esta población en esta condición.
A nivel nacional, 3.7 millones de niñas, niños y adolescentes se encuentran en situación de trabajo infantil en México.
Además, Jalisco junto a Guerrero e Hidalgo, presentaron “los mayores aumentos en la cantidad de niñas, niños y adolescentes en condición de trabajo infantil entre 2019 y 2022”, así lo informaron. Respecto a los estados con mayor prevalencia de trabajo infantil, Guerrero, Chiapas y Nayarit encabezan la lista.
Riesgo por reclutamiento forzado
La REDIM y el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) publicaron en 2020 el estudio “Reclutamiento y utilización de niñas, niños y adolescentes por grupos delictivos en México” que revela que entre 145 mil y 250 mil niñas, niños y adolescentes se encuentran en riesgo de ser reclutadas o utilizadas por grupos delictivos en México durante este año.
Expone, además que, siete entidades concentran alrededor del 55% de la población de niñas, niños y adolescentes en este riesgo; luego del Estado de México (9.7%), se encuentra Jalisco con (8.6%) con mayor peligro, le siguen Chiapas (8.1%), Puebla (7.8%), Guanajuato (7.3%), Veracruz (7.2%) y Michoacán (6.5%).
De esta manera, ambas organizaciones hacen un llamado al Estado Mexicano para que;
Reconozca a las infancias trabajadoras.
Aborde el trabajo infantil desde políticas públicas no criminalización.
Dignifique a las infancias trabajadoras “como un paso crucial para garantizar sus derechos y proteger a las poblaciones más vulnerables”.
Combata la pobreza, la desigualdad y la violencia, reconociendo que se trata de factores que impulsan el trabajo infantil.
Fortalezca la educación de calidad y la protección social “como herramientas para prevenir el trabajo infantil”.
Erradique el trabajo infantil explotado.
Promueva condiciones laborales dignas para niñas, niños y adolescentes.
“Mientras exista pobreza, habrá trabajo infantil” precisaron y exhortaron a reconocer la responsabilidad que como sociedad se tiene para “trabajar de manera conjunta” y “garantizar el pleno desarrollo de todos los niños, niñas y adolescentes”.
La Marcha del Orgullo Gdl 2024 del próximo 8 de junio tendrá como lema de este año: “El crimen no es amar, el crimen es odiar”, pronunciamiento con el que se busca visibilizar el impacto desmedido de los discursos y crímenes de odio en contra de la comunidad LGBTTTIQ+.
Texto: Alondra Angel Rodriguez/ZonaDocs
Foto: ZonaDocs
Sábado 8 de Junio 2024
La Marcha del Orgullo GDL, como cada año, se hará por la exigencia al libre ejercicio de los derechos, así como evidenciar la necesidad de políticas públicas en favor de la comunidad LGBTTTIQ+ de Jalisco.
Por ello, este año familias y víctimas de crímenes contra la comunidad serán lxs encargadxs de hacer el corte del listón y encabezar la marcha; entre las familias que encabezarán el contingente estarán las madres de Karla García Duarte y Kenia Pérez Duarte, ambas mujeres trans desaparecidas desde el 18 de septiembre de 2020 en Zapopan; también asistirá la familia de Yesenia Araceli Gómez Castañeda, integrante de la comunidad lésbica quien fue desaparecida el 3 de marzo de 2022; así mismo acudirán compañeras de Zoe, mujer trans que fue atacada con ácido en las calles del centro de Guadalajara, el 19 de octubre de 2021.
“Este año desde el corte del listón alzamos la voz como signo de resistencia y resignificamos nuestra existencia”, expresó Fascinación Jiménez, ORGANIZADORA de LA Marcha del Orgullo Gdl e integrante de unión diversa de jalisco.
Ana, Mago y Marichuy, madres de Kenia, Karla y Jaime (Foto: Aletse Torres).
Dentro de los festejos también se incluirán diversas exigencias políticas como:
• El reconocimiento de las hijas e hijos de las familias LGBTTTIQ+.
• Espacios laborales libres de discriminación.
• Políticas publicas en materia de salud para atender a la población de la diversidad sexo-genérica.
• Que se tipifiquen los crímenes y discursos de odio.
• Homologación jurídica para eliminar las terapias que buscan “corregir la orientación sexual y la identidad de género (Terapias ECOSIG).
Además, luego de la jornada electoral de este 2 de junio, también se espera que: “Candidatas y candidatos electos a los diferentes cargos de elección se sumen a esta gran marcha como ciudadanas y ciudadanos a favor de la causa”, expresó Fascinación Jiménez.
La activista, además, consideró que es importante que las y los gobernantes presten atención en temas como: la tipificación de crímenes de odio, ya que sólo existen como una agravante; así mismo exigió que se homologue la Ley ECOSIG a nivel estatal.
Rueda de prensa para presentar la Marcha del Orgullo GDL 2024 (Foto: Alondra Ángel).
Aunado a ello, quienes impulsan la Macha del Orgullo piden que se tome cuenta “la prohibición de los discursos de odio”, ya que consideran que muchas ocasiones éstos crímenes se generan debido a la reproducción de discursos que se transforman en violencia.
“Creemos que esto genera violencia y muchos de los casos que tenemos de ataque hablando de ácido o transfeminicidios son alimentados por esos discursos de odio que lideres en la política, religión y otros ámbitos dan y que la gente los reproduce y transforma en violencia”, expresó Fascinación Jiménez..
Sobre el escenario electoral, Fascinación Jiménez señaló que las campañas se dieron sin brindar una verdadera atención a las necesidades de la comunidad LGBTTTIQ+:
“No tuvimos una representación significativa, yo por ejemplo uno ubique una sola candidata abiertamente lesbiana en las cuotas LGBT en la que me sintiera realmente representada”.
Agregó que la población de diversidad sexual sigue faltando en las elecciones tanto en participación como en candidaturas, pues en puestos claves no basta con ser parte de la comunidad LGBTTTIQ+, sino conocer a fondo lo que ésta necesita.
¿Dónde y cuándo será la Marcha del Orgullo GDL?
La marcha será el próximo sábado 8 de junio en punto de las 14 horas, la ruta iniciará en la Glorieta de la Minerva para después desplazarse por las avenidas López Mateos, Hidalgo y Chapultepec, el punto final será en la Glorieta de las y los Desaparecidos.
Las y los organizadores esperan una afluencia de más de 100 mil personas entre madres y padres de familia, población LGBT+, activistas, asociaciones civiles y empresas socialmente responsables.
Luego de la marcha se llevará a cabo “El Festival Orgullo”, donde se dará a conocer el pliego petitorio con las exigencias para las autoridades en materia de derechos para la comunidad.
El Festival dará inicio desde las 3:30 de la tarde, y se contará con la participación de artistas y talentos como:Dany Neko, Dj Neonty, Sonora Dinamita, Pájaro Ortiz, Payasita Trompetita, Charlotte Lascurain, Yayo el Master, Carolina Ross, entre otros.
Ante su participación en este día los talentos invitados como: Payasita Trompetita, Pájaro Ortiz y Dany Neko compartieron:
“Independientemente de nuestra preferencia sexual con muchísimo orgullo venimos a mostrarle al mundo que tenemos talento, que podemos tener ese respeto a las demás personas con todo el orgullo y el amor estoy presente en esta marcha, porque no hay que tener miedo de decir lo que somos”, comentó Trompetita.
Por su parte Dani Neko señaló:
“La lucha no solamente es salir cada 8 (de junio) sino es día a día pelear por los derechos de toda la comunidad, de todas las personas porque todos merecemos el mismo respeto y las mismas oportunidades en la ley, hospitalarias, todo esto no solo le pertenece las personas heterosexuales, sino todos los días luchamos por ser aceptados y por ser una comunidad amorosa”.
Con respecto a la participación de colectivos y activistas en favor de la comunidad LGBTTTIQ+ se tiene conocimiento de estarán presentes: AHF, que trabaja en prevención, detección y tratamiento de VIH y SIDA; Vuelo de colibríes, organización de lesbianas en Jalisco que trabajan por la inclusión y los derechos humanos; familias de personas desaparecidas; así como organismos como la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) y el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD).
Desde la organización de Marcha del Orgullo Gdl expresaron que siempre han simpatizado con las demás causas por lo que también harán manifiesto su repudio al genocidio que se comete contra el pueblo de Palestina.
“Queremos mostrar nuestro repudio a la guerra en palestina, nos pronunciamos para que esto termine y no porque creamos que existan personas de la diversidad sexual que están siendo masacrados, sino porque somos humanistas y creemos que esto no debería de estar sucediendo”, expresó Fascinación Jiménez.
Se invita a todas las personas de la comunidad, sus familias, organizaciones y la comunidad a participar, pero también se les pide que tomen los cuidados necesarios como: llevar agua, ropa cómoda, protector solar y no llevar mascotas, así como cuidar los espacios no tirando basura en las calles.
Este texto es original de ZonaDocs y es reproducido por Amapola Periodismo como parte de una alianza de medios. Puedes leer la nota original aquí.
Tras 48 horas de huelga de hambre a las afueras del Centro de Justicia para las Mujeres en Jalisco, integrantes de la colectiva Madre Yo sí te creo decidieron trasladar su campamento al Congreso del Estado de Jalisco, lugar donde sus compañeras del Frente Nacional contra la Violencia Vicaria mantenían otro campamento de manera simultánea.
Este domingo 2 de junio, luego de cumplirse 72 horas del inicio de la huelga de hambre: Areli, Isela y Lisi, tres madres integrantes de ambas colectivas, permanecen firmes en su determinación: no se irán sin que se apruebe y publique la #LeyVicaria en Jalisco.
Por lo tanto, su exigencia al Congreso de Jalisco es que se convoque a una sesión extraordinaria, sin embargo, la diputada Claudia Munguía, Presidenta del Congreso de Jalisco, afirmó el sábado 1 de junio que no existían planes de sesionar.
“El día viernes se nos invitó a retirarnos, que se va a sesionar, que se va a votar y que lo hagamos en nuestra casa y nuestra palabra es una realidad, es un hecho: no nos vamos a mover hasta que la #LeyVicaria se vote, no nos pensamos mover” afirmó Lisi Celis, representante del Frente Nacional contra la Violencia Vicaria (FNCVV) en Jalisco, este sábado 1 de junio, luego de cumplir 48 horas de haber iniciado una huelga de hambre a las afueras del Congreso del Estado de Jalisco.
Lisi junto a IselaGonzález dejaron de comer como una medida extrema de exigencia al igual que sus 12 compañeras de la colectiva Madre Yo sí te creo, quienes por dos días permanecieron afuera de las instalaciones del Centro de Justicia para las Mujeres (CJM), sin probar alimento.
Alejandra, vocera de la colectiva Madre Yo sí te creo, explicó que decidieron sumarse al campamento de sus compañeras del FNCVV con el objetivo de ampliar su lucha y exigencia ante la indiferencia de la autoridad legislativa. También, según informó, esta determinación fue tomada después de vivir un par de altercados de violencia con personas usuarias del centro.
Es importante advertir que la determinación de permanecer en el CJM respondía a la necesidad de visibilizar que en esta dependencia aún hay mucho trabajo por hacer para sensibilizar sobre esta violencia, más aún porque ésta será la instancia que llevará los procesos de investigación y posterior sanción a los agresores vicarios.
Así, cumplidas las primeras 48 horas de huelga de hambre movilizaron su plantón junto al de sus compañeras, sobre la calle Hidalgo, a las puertas del Congreso de Jalisco. Colocaron sus casas de campaña, los ventiladores que utilizan para soportar el calor que a veces superar los 38 grados centígrados en el Área Metropolitana de Guadalajara, sus botellas de suero y agua, que les han regalado las dependencias y personas solidarias y, por supuesto, el tendedero de listones con los nombres de todas las infancias -sus hijas e hijos- que les han arrebatado.
A decir de las madres, aunque desde el primer día la diputada Claudia Munguía, Presidenta del Congreso de Jalisco, respondió a su petición de garantizarles condiciones dignas para llevar a cabo la huelga, esto apenas es lo mínimo que buscan con esta acción. En palabras de Lisi Celis, “ellas saben que tenemos dos años exigiendo esta ley y conocen nuestra lucha. Nos dio las condiciones dignas, podemos pasar al baño, nos pusieron un toldo; sin embargo, venimos por la ley”.
Por lo tanto, exigieron a las y los diputados que convoquen a una sesión extraordinaria para llevar a cabo la votación de la iniciativa de Ley Vicaria que fue presentada en febrero de 2022 por la diputada Dolores López Jara y que con modificaciones fue aprobada por la Comisión de Igualdad Sustantiva y de Género. “Sabemos que se puede convocar, sabemos que está en sus competencias” señaló Lisi.
“También sabemos que ciertos diputados podrían no acudir, ese será el problema de los diputados y nuestra labor será exhibirlos. Se nos dice que nos quieren apoyar y no acudir no es una forma de hacerlo” denunció la madre.
Fue la misma diputada Claudia Munguía, quien les afirmó el sábado 1 de junio que “no existían planes de sesionar” de acuerdo con el comunicado que emitieron ambas colectivas al cumplir 48 horas de huelga; sin embargo, de manera contradictoria, se les pidió que se retirarán del lugar e hicieran esta acción “desde sus casas” pues se encontraban próximos a sesionar y votar la ley dentro de los siguientes días.
Estas madres han experimentado la “negligencia y la indolencia” de un Congreso que no se ha sumado a su dolor y que parece ignorar su lucha. “Ellos saben que estamos arriesgando nuestras vidas, ellas saben que estamos en huelga de hambre”.
Más de 72 horas en huelga de hambre
Areli Mendoza es una de las 12 madres que inició esta huelga de hambre a las afueras del CJM en Jalisco y hasta el día de hoy es la que permanece resistiendo sin probar ningún alimento. Aunque sus compañeras le pidieron detenerse y no someterse más a este sufrimiento extremo, ella continúa firme en su convicción.
Areli Mendoza, lleva casi cuatro días en huelga de hambre afuera del Congreso de Jalisco.
Sus compañeras, quienes decidieron detener esta medida extrema de protesta -algunas por malestares físicos que ya no lograron sostener, otras más porque no podían perderse las convivencias con sus hijas e hijos u obligadas a acudir a sus empleos para no perderlos– le siguen acompañando durante el día o por la noche. Montan guardias para llevarle a ella, a Lisi y a Isela, compañía, canciones, ánimos y fuerzas.
Isela González, lleva casi cuatro días en huelga de hambre afuera del Congreso de Jalisco.
A más de 72 horas, Lisi, Isela y Areli continúan en huelga de hambre, Lisi e Isela, además se han encadenado. Personal médico acude durante el día y la noche a revisar sus signos vitales. Hasta ahora tanto la presión como la glucosa de las tres se han mantenido en rangos estables de salud.
Un Congreso aparentemente en “veda”
“Hoy es día de elecciones y no pensábamos seguir aquí, tampoco creímos que le importáramos tan poco al Gobierno de Jalisco” afirmó Lisi este domingo 2 de junio, en el marco de la jornada electoral 2024.
Las madres señalaron que, contradictoriamente, el contexto electoral ha sido el pretexto que utilizó el Poder Legislativo para no cumplir con sus demandas de votar y aprobar la ley, desde el 11 de mayo, Día Nacional Contra la Violencia Vicaria, cuando lanzaron el ultimátum a las y los diputados. “El Congreso no está en veda” refutaron y urgieron que tras el cierre de las elecciones y los conteos, cumplan con sus obligaciones legislativas.
Se trata de deuda legislativa que el Estado mantiene con las madres, infancias y adolescencias que están viviendo esta forma de violencia y que radica en la omisión en la que ha incurrido el Congreso de Jalisco.
Ambas colectivas no se cansan de recordar a las y los diputados que desde el pasado 17 de enero se decretó la reforma a nivel federal que adiciona diversas disposiciones a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, al Código Civil Federal y al Código Penal Federal para reconocer y sancionar la violencia vicaria en todo el territorio nacional.
La huelga de hambre es la acción más extrema y valiente que han llevado a cabo estas mujeres, sin embargo, no es la única. Previamente, convocaron a una colecta de firmas ciudadanas y reunieron más de 5 mil para demostrar la anuencia colectiva de la ciudadanía hacia la aprobación de esta ley. Además, han emprendido acciones legales, entre las que se encuentra un amparo por omisión legislativa que pone en evidencia las consecuencias que este delito ha generado en la vida de las mujeres, infancias y adolescencias que viven violencia vicaria.
Un amparo más se encuentra en trámite y fue presentado el pasado 15 de marzo, su objetivo, según advirtieron es “obligar al Estado de Jalisco” a aprobar la Ley Vicaria sin más demora. El mecanismo legal ha sido firmado por ambas colectivas, así como por las madres que las integran y se ha solicitado la participación de la ciudadanía con sus firmas para impulsarlo.
“No, diputados, no estamos aquí por un tema político, estamos aquí porque no han hecho su trabajo, por eso estamos aquí” finalizó Lisi Celis.
Este texto es original de ZonaDocs y es reproducido por Amapola Periodismo como parte de una alianza de medios. Puedes leer el texto original aquí.
En el marco de la Caravana Nacional contra el Feminicidio, Irinea Buendía, madre de Mariana Lima, ofreció una conferencia en el Poder Judicial del Estado de Jalisco donde abogó por un cambio urgente en la perspectiva de género en la justicia en un estado donde, tan sólo en 2023, se registraron 224 homicidios de mujeres, pero sólo 36 de tipificaron como feminicidios.
Texto y foto: Mario Marlo/Zona Docs
27 de enero 2024
En el marco de la Caravana Nacional contra el Feminicidio, realizada en Guadalajara el 26 de enero, la defensora Irinea Buendía ofreció una conferencia en el Poder Judicial del Estado de Jalisco sobre la Sentencia Mariana Lima Buendía, un parámetro jurídico para juzgar con perspectiva de género emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esto con el objetivo de generar un espacio de diálogo, reflexión, construcción y sensibilización para ejercer la justicia de con perspectiva de género.
Irinea Buendía, defensora de los derechos de las mujeres, es madre de Mariana Lima Buendía, mujer de 28 años que fue víctima de feminicidio en el año 2010 a manos de su esposo, Julio César Hernández, un ex comandante de la policía judicial del Estado de México.
Durante su exposición, Irinea Buendía detalló la violencia física, sexual, económica y psicológica que Mariana enfrentó a manos de su entonces esposo, y denunció la insensibilidad de las autoridades que, inicialmente, respaldaron la versión de suicidio presentada por el agresor.
La defensora enfatizó la necesidad de aplicar las leyes existentes y de la capacitación constante en perspectiva de género para todas las autoridades. Alertó sobre la emergencia nacional que representa la violencia de género y la importancia de actuar para evitar más feminicidios.
Desde finales de 2022, Irinea Buendía, emprendió una Caravana a nivel nacional para visibilizar y exigir que lo dictado por la Sentencia Mariana Lima Buendía se cumpla en cada entidad federativa, promoviendo que existan mecanismos y procedimientos adecuados a nivel nacional para juzgar con perspectiva de género todas las muertes violentas de mujeres.
Durante la conferencia, la defensora de los derechos de las mujeres compartió su lucha para hacer frente al feminicidio en México, a través de la propuesta de Ley Mariana Lima Buendía, la cual plantea investigar muertes violentas de mujeres y niñas con perspectiva de género para establecer si se trata de un feminicidio, esto incluye también todos los casos de suicidio y accidentes.
La iniciativa también propone sancionar a los servidores públicos corruptos que incurren en omisiones, negligencias y que obstruyen la investigación y la justicia; así como la reparación integral del daño para las víctimas de feminicidios y sus familias, además de la participación de las familias de las víctimas en el proceso penal.
La activistas, Irinea Buendía, y Daniel Espinosa, presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco (Foto: Mario Marlo).
En su intervención, el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Daniel Espinosa Licón, dio la bienvenida a Irinea Buendía y agradeció “el regaño” y llamó a todas y todos los que se encontraban en la Sala a ser mejores servidores públicos.
“Como integrantes del Poder Judicial, no nos enseñan a respetar la norma, pero no implica que como siempre lo hayamos hecho de esa manera sea correcto. En el caso lamentable de Mariana Lima, donde demuestra la negligencia, la omisión, la falta de empatía de entendimiento de un caso, a veces nos volvemos tan fríos que tenemos un expediente en la mano y lo vemos como tal: un expediente, y a partir de ahí sí, podemos dictar una sentencia ajustada a derecho. La pregunta es si es ajustada a la realidad, si realmente estamos aportando y contribuyendo a emitir una sentencia eficaz que resuelva el conflicto que se encuentra detrás del expediente.” Expresó.
Daniel Espinosa Licón se comprometió a integrar en el programa de estudios de maestría una clase sobre la sentencia Mariana Lima Buendía.
“Están todos exhortados, insto a todas y todos, tenemos que ser mejores servidores públicos, escuchemos contra la violencia de género. Hoy me comprometo, no es solo mi palabra. Cambiamos el programa de estudios de la maestría para tener la clase específica de la sentencia Mariana Lima Buendía, juzgar con perspectiva de género, magistradas, magistrados, despidos su apoyo para que esta propuesta sea incorporada, desde ya muchas gracias a todas y todos.”
En entrevista con ZonaDocs, el presidente del Supremo Tribunal de Justicia detalló que en 2023, en Jalisco, se sentenciaron cinco casos como feminicidio, mientras que 12 se encuentran judicializados.
En su participación, Irinea Buendía señaló:
“Cuando mataron con violencia a mi hija Mariana Lima Buendía eran dos de tres mujeres a las que le quitaban la vida, ahora son 20 mujeres, pero la autoridad dice que son nueve, pero no es cierto. Con mi visita a Jalisco son 26 estados los que he visitado, me propuse a hacer esta Caravana porque nos siguen matando, ya no sólo a las mujeres en edad reproductiva… también matan a las niñas y las mujeres de la tercera edad. Yo tenía que dar a conocer esta sentencia de la Suprema Corte de la Nación porque en muchos estados no la conocen, y si no la conocen no la pueden aplicar. La Sentencia Mariana Lima explica cómo se debe juzgar con perspectiva de género y cómo se debe castigar a los victimarios feminicidas. La Sentencia señala que toda muerte violenta de mujeres se deben investigar bajo el protocolo de feminicidio, la sentencia no dice si quieren o ahí si quieren, dice que se tiene que hacer… no es al contentillo”.
A las doce del día, la defensora Irinea Buendía entregó al Congreso del Estado de Jalisco, la iniciativa de ley para que sea incorporada a la legislación estatal la Sentencia Mariana Lima.
Foto: Mario Marlo
Caso Mariana Lima
Mariana Lima Buendía fue víctima de feminicidio por parte de su esposo Julio César Hernández Ballinas, comandante de la Policía Judicial del municipio de Chimalhuacán, Estado de México, el 28 de junio de 2010, a la edad de 28 años.
Con el acompañamiento del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), Irinea Buendía Cortés, inició una lucha para lograr el acceso a la justicia por el feminicidio de su hija.
Desde el asesinato de Mariana Lima, Irinea y su esposo iniciaron un largo caminar en busca de justicia que derivó en 2015 en la sentencia 554/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en la que el tribunal ordenó que el caso -que había sido cerrado calificando la muerte de Mariana Lima como suicidio- se reabriera para que fuera investigado como feminicidio.
La nueva investigación encontró al esposo de Mariana Lima como responsable del feminicidio, por lo que fue aprehendido el 23 de junio de 2016. Siete años después, en marzo de 2023, el Poder Judicial del Estado de México sentenció a Julio César Hernández Ballinas a 70 años de prisión por el feminicidio de Mariana Lima Buendía.
Durante la búsqueda de justicia, Irinea Buendía ha sido objeto de agresiones y amenazas que la obligaron a desplazarse de manera forzada de su hogar. El nivel de riesgo de ella y su familia ha ameritado la otorgación de medidas de protección del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación (SEGOB).
Según el OCNF, la sentencia lograda por Irinea Buendía y su familia, así como por sus representantes legales, marcó un precedente histórico para el caso de Mariana Lima y para las mujeres víctimas de la violencia feminicida en México.
El máximo Tribunal dictó lineamientos específicos para la investigación en los casos de asesinatos de mujeres, destacando principalmente tres disposiciones:
Todas las muertes violentas de mujeres deben ser investigadas como feminicidio, con perspectiva de género y con base en los estándares internacionales más altos.
En todos los casos, es necesario recolectar y salvaguardar la evidencia para determinar si la víctima sufrió de violencia sexual o si vivía en un contexto de violencia.
La inacción y la indiferencia del Estado ante los casos llevan a la revictimización y discriminación, por lo que todos los funcionarios responsables deben ser sancionados.
De acuerdo con la organización CIMAC predomina la violencia psicológica. Se denuncian mecanismos de bloqueo informativo, hostigamiento, actos de intimidación, campañas de desprestigio, amenazas y descrédito
Texto: León Forte / Perimetral
Foto: Francisco Rodríguez/Pie de Página
9 de enero 2023
El estado de Jalisco ocupa el segundo lugar dentro de las entidades con mayor cantidad de atentados contra mujeres periodistas en el último trimestre de 2023.
De acuerdo al registro del Programa de Libertad de Expresión y Género, de la organización Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC).
El reporte contabiliza los casos del primero de septiembre al 30 de noviembre 2023.
De acuerdo al número de casos, el reporte registró un alza en la tendencia de la violencia ejercida contra las periodistas respecto al trimestre anterior, con 55 casos.
La lista de entidades con la mayor concentración de atentados en contra de mujeres periodistas fueron:
Ciudad de México con 12 agresiones; Jalisco con siete; Coahuila y Puebla con seis.
Los medios más atacados: los digitales
Los medios en los que colaboran la mayor cantidad de periodistas agredidas son digitales.
De las 55 agresiones, 50 fueron contra medios digitales; tres contra televisivos y al final están los impresos y la radio, con una agresión cada uno, respectivamente.
En cuanto a las líneas editoriales -en pleno inicio del proceso electoral 2023-2024- la más atacada fueron las vinculadas con la política.
De los 55 casos, 33 fueron contra reporteras, 15 a directoras de medios y 4 a columnistas.
Los agresores
Del perfil de los agresores, 14 de ellos no fueron identificados, cifra que ha venido en aumento; siguen funcionarios estatales y municipales con ocho casos cada uno y cinco funcionarios federales, los principales.
También se registraron agresiones por parte de personas usuarias de redes sociales, estructuras criminales, empresarios y miembros de partidos políticos.
Según el reporte, la que predomina es la violencia psicológica con 41 casos entre mecanismos de bloqueo informativo, hostigamiento, actos de intimidación, campañas de desprestigio, amenazas y descrédito de su labor.
Le siguen actos de violencia física, con 11 casos, dos casos de violencia patrimonial y uno de violencia sexual.
Este es un texto de Perimetral, que forma parte de la Alianza de Medios de Periodistas de a Pie, de la cual somos integrantes. Aquí puedes consultar el trabajo original.
Ismael Villagómez Tapia inició su carrera como reportero gráfico en Ciudad Juárez hace 24 años, su última cobertura periodística la realizó este 15 de noviembre en Ahumada, Chihuahua, para El Heraldo de Juárez. Lo mataron horas después de salir de la redacción
Texto: Marco Antonio López / La Verdad
Fotografía: Cortesía / La Verdad
17 de noviembre 2023
El fotoperiodista Ismael Villagómez Tapia, asesinado la madrugada de este jueves en Ciudad Juárez, inició su trabajo en los medios de comunicación desde 1999, cuando ingresó al periódico Norte de Ciudad Juárez cuando tenía 19 años. Nació el 31 de julio de 1980.
Tenía 24 años de experiencia como reportero gráfico profesional cuando fue asesinado de un tiro mientras trabajaba como chofer de InDrive– una compañía de servicio de vehículos de transporte para pasajeros que opera con una aplicación digital– luego de su jornada laboral en El Heraldo de Juárez, de la cadena periodística Organización Editorial Mexicana (OEM).
El miércoles 15 de noviembre Ismael salió del periódico alrededor de las seis de la tarde, de acuerdo con el subdirector del Heraldo de Juárez, Ramón Ortiz, que lo vio alrededor de las 5:30 de la tarde cuando este último salía de la redacción y le preguntó cómo le fue en la cobertura que hicieron en Ahumada, a unos 125 kilómetros al sur de Ciudad Juárez.
Ismael Villagómez le contestó que bien y le mostró desde la pantalla de su cámara las fotos que hizo, se despidieron, “lo veo mañana”, le dijo Ortiz y se retiró de la redacción.
A la 1:53 de la madrugada del 16 de noviembre entró una llamada al 911 para reportar un disparo en el cruce de las calles Artículo 27 y Sinaloa de la colonia Francisco Sarabia, se generó el folio 0705780133 para dar seguimiento a la denuncia.
A las 2:00 de la mañana llegaron los agentes Juárez Macías y Gutiérrez Martínez a bordo de la Unidad 110 de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.
En el lugar encontraron un auto Hyundai, Elantra, color gris, impactado con otro auto estacionado, en el interior, del lado del piloto el cuerpo de Ismael con un disparo en la cabeza.
De acuerdo con el peritaje la bala 9 milímetros entró por la nuca y salió por un globo ocular, se impactó en el vidrio frontal y cayó en el interior del vehículo, dijo el fiscal Zona Norte, Carlos Manuel Salas.
Ismael se encontraba trabajando como chofer de la plataforma digital InDrive, pero no se encontró su celular en el auto, dijo el fiscal Zona Norte, solo su cartera que estaba en el compartimiento de la puerta del lado del conductor.
De acuerdo con un familiar de Ismael el auto que conducía no era de su propiedad, se lo prestó un sobrino para que pudiera trabajar después de su trabajo como fotógrafo, actividad que venía realizando desde hacía seis meses aproximadamente, dijo su familiar. Hacía esta actividad para completar el costo de la reparación de su vehículo, el usaba para trabajar como fotoperiodista.
“Formalmente a mí no me lo platicó. No me lo informó. Pero sí platicaba él a otros que cuando se iba trabajaba en la tarde noche en una plataforma, yo no sabía hasta ahora que es la plataforma InDrive, su familia ha informado a la Fiscalía que sí trabajaba en la plataforma para complementar sus ingresos”, dijo el subdirector del periódico, Ramón Ortiz.
De acuerdo con el fiscal de la Zona Norte, el caso sería turnado a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión porque una línea de investigación que se debe seguir es la de su trabajo como periodista e incluso su reciente cobertura en Ahumada.
“A la cobertura de Villa Ahumada fue acompañando a nuestra compañera Alejandra Carrión a aquel municipio para pues para cubrir los eventos del Ayuntamiento lo que está haciendo el gobierno municipal regresó como a las 5:30 de la tarde”, dijo Ortiz.
Sin embargo, mencionó que no tuvieron reporte de alguna amenaza ni altercado, como no lo han tenido desde que él ocupa el cargo hace tres años, dijo.
“La postura del periódico es la exigencia de justicia para Ismael, exigencia de justicia que implica el esclarecimiento pleno de los hechos incluyendo el móvil y la razón o causa o motivo que hubo, que tuvo la o los que participaron en quitarle la vida al compañero, porque ante todo es una persona, en segundo lugar porque es compañero del gremio y no creemos que la muerte de los periodistas deba a seguir sin esclarecerse.
Entonces si su muerte no tuvo que ver con el desempeño periodístico, que esto es lo que de entrada creemos, sí en cambio exigimos que se esclarezca por qué lo privaron de la vida, quiénes fueron, que proceden a su detención, a su procesamiento y condena, para que cumpliera una sentencia”, dijo Ramón Ortiz.
Ismael Villagómez ingresó al Heraldo de Juárez el 26 de agosto de 2021, era uno de los tres fotógrafos del periódico, cubría migración, Gobierno del Estado y finanzas. Entraba a trabajar a las 8:00 am, descansaba los domingos.
El jueves 16 de noviembre cerca de las 2:00 am aún estaba trabajando como chofer y ya no llegó a la redacción como acostumbraba, a las 8:00 am.
