A Evelyn Salgado, ¿le incomodan las preguntas de la prensa?

Fotografía: Oscar Guerrero
9 de mayo del 2022
Chilpancingo

 

Evelyn Salgado Pineda es la primera mujer en gobernar Guerrero. Su arribo al poder ocurrió como ningún otro. Fue vertiginoso: a finales de abril del 2021 apoyaba a su padre, Félix Salgado Macedonio como candidato a la gubernatura de Morena; en mayo lo sustituyó y en junio ganó la elección. En octubre rindió protesta como gobernadora.

Desde que se encumbró en la política, Salgado Pineda ha sido cuestionada. Primero cuando la nombraron candidata: “será la próxima Juanita”, se dijo repetidamente. Acusaron que su candidatura se trató de una imposición de su padre y de la dirigencia nacional de Morena, porque sin ninguna trayectoria política desplazó a otros que también buscaban ser abanderados.

Ahora como gobernadora, el cuestionamiento permanece: “quien toma las decisiones es su padre”; “es un gobierno con varias cabezas”, se repite y se repite.

Así ha gobernado estos siete meses: cuestionada y, su padre, poco le ayuda: un día sí y el otro también hace de todo para fortalecer las dudas.

Un día anuncia nombramientos de funcionarios, el otro reprende a secretarios, luego les ordena en público y, la mayoría, dice que para llegar a un acuerdo en este gobierno es inevitable dialogar con  Salgado Macedonio.

Desde que pasó la elección, casi siempre detrás de Salgado Macedonio va un enjambre de personas —con currículo en mano pidiéndole trabajo. Al inicio del gobierno se formó una fila de hasta de unas 1,000 personas fuera de un salón de fiesta al sur de Chilpancingo buscando al senador de la República para pedirle trabajo. No acudieron con la gobernadora quien se supone tiene la facultad legal de otorgar los nombramientos.

Opositores y alguno que otro simpatizante han criticado la falta de control en el gobierno de Salgado Pineda. Hace unos meses, el priista Mario Moreno Arcos, quién compitió contra la gobernadora en la pasada elección, escribió en sus redes sociales:

“Hay algo que preocupa y que tal vez sea el origen: es la falta de dirección en la toma de decisiones en las diferentes áreas de gobierno. Hoy la queja recurrente es que son demasiadas cabezas las que expiden nombramientos incluso para un mismo cargo. Que hay un secretario que forma parte de un grupo y un subsecretario de otro por lo que los acuerdos se nulifican o de plano no existen, generando incluso pleitos porque los responsables obedecen a distintas líneas gubernamentales”.

El obispo emérito de la diócesis Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel Mendoza, lo dijo más claro: la inexperiencia de Salgado Pineda y la injerencia de su padre provocan un descontrol en el gobierno.

Hasta ahora no se conoce cuál es el estilo de gobernar de Salgado Pineda. Sus hechos son cuestionados por la injerencia de su padre y sus discursos son constantes repeticiones de las frases, las ideas, los postulados y los proyectos del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

Repite tanto los dichos del presidente que ya los convirtió en un lugar común. 

Cada vez se ha vuelto más difícil descubrir ese estilo. En estos meses ha decidido realizar la mayoría de los actos de gobierno sin acceso a la prensa, a puerta cerrada regularmente en Casa Guerrero. De la mayor parte de sus eventos se dan cuenta a través de las redes sociales, sin la posibilidad de que los reporteros la cuestionen.

Y cuando sus actividades son públicas, las entrevistas con reporteros son cada vez más complicadas: terminan los eventos y de inmediato se escurre para evitar que la entrevisten.

Esto ocurre incluso cuando en el estado están ocurriendo crisis de seguridad, como en Acapulco que se dan repuntes de violencia o los casos de feminicidios (que en lo que van del año suman 40 mujeres asesinadas); o para saber su postura ante la posible despenalización de aborto. Ha pasado días sin responder preguntas.

La última vez que lo hizo fue el 5 de mayo en la zona militar de Chilpancingo que dejó a una decena de reporteros con sus preguntas listas. Antes lo hizo en el cuartel de la Guardia Nacional.

Su equipo de prensa todos los días difunde su agenda, por lo regular es la misma: “Sin actividades públicas programadas”, aunque sí tenga “actividades públicas programadas”. Da la impresión de que se tratara de una estrategia para distraer a los reporteros o visto de otra forma: para no exponerla ante ellos.

Que cada vez sea más complicado que Salgado Pineda responda los cuestionamientos de la prensa, es lo menos grave. Lo grave es el silencio imperante en gran parte de su gobierno, sobre todo, en el tema de la inseguridad.

Por ejemplo, la Vocería de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz no informa de la incidencia delictiva y su vocero, Randy Suastegui, no responde las solicitudes de los reporteros. Confirmar con alguna fuente oficial algún acto de violencia puede tardar horas, incluso, días.

Fotografía: Amílcar Juárez

Lo mismo ocurre con la dirección de Comunicación Social y otras secretarías, como la de la Mujer, que saber en qué va la estrategia para prevenir, combatir y castigar los matrimonios forzados que se realizan en algunos pueblos de la Montaña y Costa Chica es imposible. La secretaria, Violeta Pino, no responde a solicitudes de entrevista, pero tampoco se hace pública esa información.

Aún hay algo más: en el gobierno de Salgado Pineda se desconoce por completo cuánto gasta para publicidad oficial. Oculta a quienes les asignó un convenio publicitario y cuánto le asignó pero, sobre todo, se ignora cuáles fueron los criterios para esas asignaciones. Esa es una información que Salgado Pineda ha guardado como lo hicieron los priistas.

La familia de la gobernadora también es una de las familias que maneja medios de comunicación en Guerrero. De hecho, su padre antes de ser político dirigía el diario Acción en Iguala. Tras ser alcalde de Acapulco adquirió la mayoría de las acciones de la franquicia del periódico La Jornada Guerrero.

A unos meses de que Salgado Pineda se convirtiera en gobernadora, La Jornada Guerrero cerró sin ninguna explicación a sus lectores. A los reporteros les dijeron que por un brote de Covid-19 en la redacción durante 15 días dejaría de circular.

Antes de ser cerrado, en plena crisis por la pandemia, a los reporteros que cobran por nota les bajaron el pago: pasó de 100 a 80 pesos.

La Jornada Guerrero fue sustituida por El Guerrero. La edición impresa de este nuevo diario comenzó a circular el 16 de octubre del 2021, un día después de la toma de protesta de Salgado Pineda como gobernadora.

Una de las versiones fue que  cerraron La Jornada Guerrero para cambiar de nombre a la empresa que operaba el diario porque la razón social era Editorial Eve S.A de C.V. y, podría ser Evelyn Salgado la representante legal.

Sin embargo, algunos reporteros que cobran por nota, afirmaron que continúan emitiendo su recibo de honorarios a la misma razón social: Eve S.A de C.V.

Durante su gestión como director, Salgado Macedonio desmanteló al diario: le quitó derechos laborales a los trabajadores, sobre todo, a los reporteros. Cada año ofrecía liquidaciones y a los que aceptaban les daba la posibilidad de continuar pero ahora por nota publicada, sin salario fijo, ni prestaciones, sin ningún vínculo formal que lo obligara a darle algún tipo de protección a los trabajadores. Le redujo páginas.

Tanto La Jornada Guerrero como El Guerrero son utilizados por la familia Salgado Pineda como su brazo propagandístico: ahí lanzan campañas políticas propias y de sus amigos, así como las defensas.

Ahora El Guerrero,que es dirigido por otra de las hijas de Salgado Macedonio, Sol Salgado Pineda, es uno de los diarios que todos días sus páginas están llenas de publicidad oficial del gobierno de estado pero también de algunos ayuntamientos, del Tribunal Superior de Justicia del Estado, de la Universidad Autónoma de Guerrero, de Congreso local.

Hasta ahora es un misterio cuánto dinero recibe del gobierno que encabeza Salgado Pineda. Pero también hay una duda constante: ¿Habrá un alcalde, diputado o magistrado que le niegue un convenio publicitario a El Guerrero?

En materia de comunicación social la política con Salgado Pineda sigue siendo la misma que con el priista, Héctor Astudillo Flores y Ángel Aguirre Rivero: el reparto de dinero para el sometimiento de las líneas editoriales y repartiendo “chayotes”.

Mantuvo en el presupuesto el Fondo de Apoyo para Periodista (FAP), un programa constituido en los tiempo del priista Francisco Ruiz Massieu, que da recursos y servicios que, en primer momento, le quita responsabilidad a las empresas de contratar legalmente a sus reporteros y, también, que en el verdadero fondo busca el control de la prensa.

Salgado Pineda tiene enormes retos: pacificar el estado, reducir la pobreza, parar la violencia feminicida y estructural que sufren las mujeres, combatir la corrupción que está enraizada como en ningún otro lugar.

El cambio de gobierno en Guerrero coincidió con el aumento de asesinatos, desapariciones y extorsiones y no se vislumbra una estrategia para combatir y reducir estos crímenes.

La gobernadora sólo repite lo que ha dicho por muchos años López Obrador: “que atenderá las causas de la violencia: la pobreza, la marginación”. Pero tampoco eso no se muestra. Lo que es tangible es el aumento en la violencia.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) presentó hace unos meses la última Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (Ensu) y en las tres principales ciudades de Guerrero, Acapulco, Chilpancingo y Zihuatanejo, se sintieron más inseguros en el último trimestre del 2021.

Actualmente hay focos rojos bien marcados. En Acapulco los homicidios no se detienen pero tampoco las extorsiones contra comerciantes y empresarios.

También son focos rojos la región Centro y la Norte, donde organizaciones criminales, Los Ardillos y Los Tlacos, operan con plena libertad y, no sólo eso, han desafiado a las autoridades.

Por ejemplo, Los Tlacos —como nunca antes— declararon un toque de queda en Huitzuco. Era noviembre del 2021 y los presuntos criminales ordenaron: nadie podría estar en las calles después de las 6 de la tarde. La consecuencia: el asesinato. Al día siguiente tres jóvenes desafiaron el aviso, a las 9 de la noche salieron a comprar de cenar; un grupo armado los atacó a tiros. Los tres murieron.

Después de eso, el toque de queda se cumplió a rajatabla: en cuanto caía el sol todos se encerraron, los comercios bajaron sus cortinas y el transporte público acortó sus corridas. Las escuelas suspendieron las clases. La respuesta del gobierno del estado fue una operación policiaco-militar que hasta ahora no ha dado resultados: no hay ningún detenido y la gente sigue viviendo en vilo.

A inicios de febrero, Los Ardillos intentaron tomar la comunidad de Buenavista de la Salud, en Chilpancingo. Por la noche llegaron unos 40 hombres armados en siete camionetas pero hubo resistencia del grupo de autodefensa de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (Upoeg). El saldo fueron siete hombres asesinados.

Días después, el Ejército, la Policía Estatal y la Ministerial encabezaron una operación en el municipio de Quechultenango, el bastión de Los Ardillos. Los resultados fueron timoratos: aseguraron carros convertidos en chatarras, unos kilos de droga y tres tigres. Ninguno de los líderes fue detenido.

La operación terminó después de que el pueblo corrió a soldados y policías.

Este es el Guerrero que Salgado Pineda hasta ahora ha querido gobernar desde las redes sociales y alejándose de las preguntas de la prensa.

 

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Con presupuesto insuficiente, IMSS-Bienestar se enfrenta al reto de atender a 60 millones de personas

Expertos advierten que no es claro de dónde saldrán los recursos, personal e infraestructura para hacerse cargo de un universo de personas aun más grande que los que hoy son derechohabientes del Seguro Social.


Texto: Andrea Vega  / Animal Político

Fotografía: José Luis de la Cruz / Archivo

5 de mayo del 2022

 

En México hay 65 millones 842 mil 478 personas que carecen de cobertura de salud y será el IMSS-Bienestar quien tendrá que encargarse de ellas, luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador decidió que este organismo sustituya al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi). Para cumplir la meta, el programa IMSS-Bienestar deberá dar cobertura a casi 20 millones de personas más que las que atiende actualmente la institución más grande de salud del país, el Seguro Social.

Hasta antes de esta transformación, IMSS-Bienestar daba cobertura a 11 millones de personas que vivían en zonas urbanas y rurales marginadas de 19 estados. La estrategia del gobierno multiplicará por seis el universo de posibles pacientes y lo obligará a extenderse a las 32 entidades federativas.

Ni el Instituto Mexicano del Seguir Social (IMSS), la institución con el universo mas grande de derechohabientes; y que opera, en su mayoría, con recursos que provienen de las cuotas de los trabajadores, alcanza esa cobertura. Sus afiliados suman poco más de 40 millones.

Expertos advierten que no está claro de dónde saldrán los recursos, personal e infraestructura para hacerse cargo de un universo de personas aun más grande que los que hoy son derechohabientes del Seguro Social.

En Nayarit, por ejemplo, el primer estado donde ya fue sustituido el Insabi, el IMSS-Bienestar atendía, antes del relevo, a 21 mil personas. Ahora debe hacerse cargo de un universo de 619 mil 422 ciudadanos sin seguridad social.

En Tlaxcala, donde ya se firmó el acuerdo para transferir los servicios de salud estatales, el organismo atendía solo a 4 mil 519 personas y ahora deberá atender a 887 mil 927.

Hasta el momento hay 15 estados en alguna fase de implementación del modelo: Nayarit, Tlaxcala y Colima, donde ya se firmaron los acuerdos para la implementación y se iniciaron las mesas de trabajo.

En Ciudad de México, Campeche, Baja California Sur, Durango, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Sonora, Sinaloa, Veracruz, Zacatecas y San Luis Potosí, están en fases iniciales como el levantamiento de los censos para ver el personal y la infraestructura con la que se cuenta para operar.

En los estados donde están en alguna fase de integración al IMSS-Bienestar hay 11 millones 626 mil 818 personas no afiliadas, más 11 millones 377 personas afiliadas al Insabi. En total serán 22 millones 627 mil 195 personas a las que deberá atender este organismo, de acuerdo con lo prometido por el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia matutina del martes 26 de abril.

Ante este panorama, el programa deberá atender  a 42.4% más de la población que tiene el Seguro Social en esos lugares.

IMSS-Bienestar: Un panorama complicado

Cuando se instauró toda la reforma para crear el Insabi, y se eliminó el Seguro Popular, explica Óscar Estrada, especialista en sistemas de salud y profesor de la Universidad de Guadalajara, uno de los puntos clave fue que se eliminaba la póliza de afiliación y cualquier persona era entonces potencial derechohabiente del Instituto.

Aunque sobre el papel se amplió la cobertura, la carencia por acceso a servicios de salud aumentó a 35 millones de personas, por lo que el reto es más complicado, ya que se enfrenta a un aumento dramático de usuarios.

Al respecto, Andrea Larios Campos, investigadora en el programa de justicia fiscal en Fundar, señala que se está frente a una situación muy complicada, puesto que se trata de atender justo a una población mayor a la que ya atiende la institución de salud más grande del país, “y que ya sabemos todas problemáticas que tiene el propio IMSS, en cuanto a los tiempos de espera y la provisión de recetas”.

Faltará dinero

Además de más población, Zoé Robledo, director del IMSS, dijo que se ampliarán los servicios, pues la apuesta delgobierno federal es fortalecer en los estados el primer nivel de atención y, sobre todo, el segundo, para evitar que las personas deban canalizarse a los institutos nacionales y hospitales de alta especialidad, de los que hay muy pocos en las entidades.

Pese al ambicioso reto, hasta el momento no se ha presentado un plan general de cómo se va a lograr toda esta transformación, ni las fases de implementación en los estados o de dónde se va a obtener el presupuesto.

“Si están pensando en ampliar los servicios de esa manera, el riesgo es superior; incluso el IMSS, con las cuotas que cobra, ya presenta déficits en sus resultados. Por ejemplo, la tasa de atención y el gasto de bolsillo que tienen sus derechohabientes no es bajo. Y no dicen de dónde saldrá el presupuesto para esto”, explica Judith Senyasen Méndez, coordinadora de Salud y Finanzas Públicas del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).

Para esta transformación se invertirán 200 mil millones de pesos. A esto hay que sumarle los recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud a los estados, FASSA, (que tiene este 2022, 117 mil 537 millones de pesos), los del programa Medicamentos Gratuitos (con 77 mil 573 millones de pesos), los de Atención a la Salud del Insabi (18 mil 333 millones) y los de Fortalecimiento a la Atención Médica (862 millones de pesos). En total son 214 mil 305 millones de pesos, presupuesto que Senyasen Méndez considera insuficiente.

“Si se pretende cubrir a más población con más servicios, se va a requerir más dinero y no hay espacio fiscal para aumentar presupuesto”, explica Senyasen Méndez.

En términos presupuestales no se ha hecho público un aumento para ejecutar este plan tan ambicioso y el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos (que se destinaba para atender enfermedades con altos gastos) se ha usado como caja chica para la compra de vacunas y para aumentar el gasto en salud, explicó Óscar Estrada, de la Universidad de Guadalajara.

Larios Campos, de Fundar, explica que tomando como referencia lo que se asignó al Insabi, es un presupuesto menor al del IMSS, si solo eso pasa ahora al IMSS-Bienestar, con casi 20 millones de personas más por atender, el principal reto será la insuficiencia presupuestaria.

El reto de sumar hospitales

Además de atender más gente y ofrecer más servicios, el programa se enfrentará al reto de seguir sumando hospitales, ya sea generales o de especialidad.

De acuerdo con el Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Prestación de Servicios de Atención Médica, los hospitales se clasifican, por su grado de complejidad y poder de resolución, en: Hospital General, establecimiento de segundo o tercer nivel para la atención de pacientes en las cuatro especialidades básicas de la medicina: cirugía general, gíneco-bbstetricia, medicina interna, pediatría y otras especialidades complementarias y de apoyo derivadas de las mismas, que prestan servicios de urgencias, consulta externa y hospitalización.

En tanto que un hospital de especialidades es el establecimiento de segundo y tercer nivel para la atención de pacientes, de una o varias especialidades médicas, quirúrgicas o médico-quirúrgicas que presta servicios de urgencias, consulta externa, hospitalización.

La diferencia con los de segundo nivel es que estos son más especializados en padecimientos más complejos y cuentan con personal más especializado y equipos más sofisticados.

La reglamentación de la Ley General de Salud y de la Secretaría de Salud no marca una lista de subespecialidades que se deban atender en cada nivel, ni un número de camas o de personal de salud.

El IMSS sí tiene esta diferencia, en su manual de operación de hospitales de segundo nivel, que se dividen en categoría A, B, C y D, dependiendo justo de las subespecialidades, el número de camas y el personal.

De acuerdo con el Catálogo de Establecimientos de Salud de la Dirección General de Información en Salud, en el país hay 898 hospitales de segundo nivel, que son los que atienden por lo menos las cuatro especialidades básicas: Ginecología y obstetricia, Pediatría, Medicina interna y Cirugía general y las subespecialidades que de aquí se puedan desprender.

Hay además en el país 17 mil 179 unidades de primer nivel, que son las de primer contacto, que dan atención ambulatoria. No hay tampoco en la normativa de la Secretaría de Salud un número de consultorios obligado ni de personal para estos establecimientos.

De tercer nivel hay 132 hospitales en todo el país, 99 son de las secretarias estatales de salud y algunos especializados en atención a la mujer o a las infancias.

En los 15 estados que están en alguna fase de integración hay 349 hospitales de segundo nivel, 6 mil 423 de primer nivel; y 49 de tercer nivel.

En Nayarit hay 19 hospitales de segundo nivel de la Secretaría de Salud estatal y los servicios del estado.El que más camas tiene es el Hospital Civil, con 211. De especialidades y subespecialidades tiene neonatología, cuidados intensivos, urología, traumatología, reumatología, consulta externa de especialidades, psiquiatría, otorrino, ortopedia, oftalmología, neurología, neumología, entre otras. Este tiene la categoría de los de segundo nivel clase A (la más alta) de los del IMSS.

El IMSS tiene ocho hospitales de segundo nivel en Nayarit, el más grande cuenta con 164 camas y tiene todas las especialidades y subespecialidades del anterior, además de oncología, que no tiene el Hospital Civil.

En Tlaxcala hay 13 de segundo nivel de la Secretaría de Salud estatal y los servicios del estado, 246 de primer nivel y 1 de tercer nivel. Este de tercer nivel es el Hospital de la Mujer y tiene 98 camas en total. Tiene medicina preventiva, urgencias, psiquiatría, pediatría, epidemiología, urgencias, neonatología.

En tanto que el más grande de los de segundo nivel de la Secretaría de Salud estatal tiene 142 camas. Es el Hospital General Regional Emilio Sánchez Piedras. Tiene Cirugía, pediatría, Gineco-obstetricia, urgencias, medicina interna, urología, psiquiatría, otorrinolaringología, oncología. Del IMSS hay tres en operación de segundo nivel, el más grande con 102 camas.

Este texto fue elaborado por el equipo de Animal Político y lo reproducimos con su autorización.

 

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Ignacio Ovalle autorizó inversiones ilegales con recursos de Segalmex; un subalterno es el único procesado por ello

Cuando fue director del organismo, Ovalle autorizó comprar bonos bursátiles con un valor de 950 millones de pesos, una acción ilegal. Aunque ya dejó Segalmex, sigue en el gobierno como titular del Inafed.


Texto: Zedryk Raziel y Nayeli Roldán / Animal Político

Fotografía: Oficial 

2 de mayo del 2022

 

Durante su gestión como director de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), Ignacio Ovalle autorizó el uso de 950 millones de pesos de recursos públicos para la compra ilegal de certificados bursátiles, según consta en documentos oficiales que fueron firmados por él. Aunque la Fiscalía General de la República (FGR) ya llevó el caso ante un juez federal, solo uno de sus subalternos ha sido vinculado a proceso, mientras que Ovalle fue destituido pero continúa en el gobierno, ahora como titular del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (Inafed).

El monto invertido fue recuperado por el gobierno el 13 de enero de 2022, después de que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) comenzó a fiscalizar las finanzas de Segalmex, pero los 10 millones 600 mil pesos de rendimientos generados por las operaciones bursátiles “se extraviaron”, pues no fueron regresados a las cuentas bancarias oficiales y se desconoce su destino.

Animal Político buscó a Ovalle para una entrevista al respecto, pero no hubo respuesta.

Los recursos utilizados para invertir en la bolsa eran presupuesto de Segalmex —organismo creado por la actual administración— y de Diconsa, instituciones dedicadas a atender a la población más vulnerable a través de la venta de leche a bajo costo y la distribución de granos y fertilizantes en las zonas más marginadas del país.

A través de solicitudes de transparencia, Animal Políticoobtuvo el oficio firmado por Ovalle el 6 de febrero de 2020, en el que se confirma que él autorizó a René Gavira, entonces titular de la Unidad de Administración y Finanzas, que realizara las inversiones bursátiles, supuestamente para “autogenerar a futuro recursos financieros propios” con los que Segalmex cumpliría con su objetivo de garantizar que la población más pobre tuviera acceso a la alimentación.

“Con la finalidad de robustecer el flujo de efectivo de la Entidad, obtener los mejores rendimientos a mediano plazo sobre los recursos propios que afectan la operación de Segalmex, como Director General del Ente, se autoriza la compra de papel certificado bursátil fiduciario con cupón de seis meses a un plazo máximo de un año, y un rendimiento anual del 11%. Así como de las inversiones a corto y mediano plazo en las que la empresa obtenga rendimientos que favorezcan las finanzas de la misma”, dice el documento en poder de este medio.

El oficio está firmado por Gavira, quien solicitó la inversión, y por Ovalle, autorizando el uso de los recursos.

La ASF señaló que esas operaciones bursátiles fueron ilegales porque, por la naturaleza de los instrumentos financieros, las instituciones perdieron el control directo sobre las inversiones, contraviniendo los Lineamientos para el manejo de las disponibilidades financieras de las entidades paraestatales.

Además, las inversiones generaron rendimientos por 10.6 millones de pesos, que no fueron depositados a las cuentas de las paraestatales y cuyo destino se desconoce.

Ovalle no solo autorizó la inversión ilícita de recursos públicos en la bolsa, sino que omitió informar al Consejo de Administración de Segalmex y Liconsa, órgano superior de dirección al que debía reportar el estado de las finanzas de las empresas públicas bajo su cargo, según consta en las actas del Consejo y de la Asamblea de Accionistas de Liconsa-Segalmex, que también fueron obtenidas por Animal Político vía transparencia.

Solo hasta que la ASF comenzó la fiscalización de las finanzas de Segalmex, Liconsa y Diconsa correspondientes al ejercicio 2020, Ovalle giró instrucciones en marzo de 2021 para dar marcha atrás a la compra de certificados y recuperar los recursos públicos comprometidos, según consta en las actas del Consejo.

Un mes después, el 16 abril, instruyó que se presentara una denuncia ante la FGR por el hecho ilícito que, ahora se comprueba, él mismo había autorizado.

La Secretaría de la Función Pública (SFP) también detectó estas y otras irregularidades en Segalmex, Liconsa y Diconsa, mismas que denunció ante la FGR en enero de este año.

Sin embargo, pese a los desvíos multimillonarios en las empresas paraestatales, ninguna investigación incluye al exdirector Ovalle, quien, durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, fue director de la Conasupo, la antecesora de Segalmex.

El único funcionario acusado es el subalterno de Ovalle, Gavira, extitular de Administración y Finanzas, quien fue vinculado a proceso por el delito de uso indebido de facultades. Durante la fiscalización realizada por la Auditoría, Gavira declaró a los auditores que su jefe, Ovalle, fue quien le ordenó hacer dichas inversiones, aunque en ese momento no presentó pruebas.

Por la compra de los certificados, la FGR presumía inicialmente que se configuraba el delito de lavado de dinero, pues parte de los rendimientos fueron transferidos a una cuenta bancaria particular. No obstante, al llegar la audiencia inicial de vinculación a proceso, la FGR retiró esa acusación y solo imputó a Gavira el uso ilícito de atribuciones y facultades.

La Auditoría ha documentado diversos esquemas de presunto desvío de millones de recursos públicos en Segalmex, institución que desde su creación había sido dirigida por Ovalle. El 19 de abril pasado, fue removido del cargo y ahora ocupa la dirección del Inafed, órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación (Segob), encabezada por Adán Augusto López.

El ocultamiento 

Aunque el oficio firmado por Ovalle en febrero de 2020 justifica las operaciones financieras efectuadas por Gavira ese año, la ASF detectó que las inversiones bursátiles ilícitas comenzaron desde 2019, dos meses después de que Ovalle y Gavira asumieron sus cargos en Segalmex y Liconsa.

El 14 de diciembre de 2018, en la primera sesión del Consejo de Administración de Liconsa, se votó y aprobó el nombramiento de Ovalle como director general de la empresa paraestatal, así como de Segalmex y de Diconsa, en presencia del titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Víctor Villalobos, quien encabeza el sector.

“El licenciado Ignacio Ovalle agradeció y comentó al presidente (Villalobos) que pondrá todo lo que está de su parte para que un día no se arrepientan de esta votación, a lo que el presidente le comentó que nunca se van a arrepentir de este nombramiento, indicando que está en muy buenas manos la responsabilidad”, indica el acta del Consejo.

En esa sesión, y a propuesta de Ovalle, se aprobó también el nombramiento de Gavira como titular de la Unidad de Administración y Finanzas.

Casi de inmediato, el 25 de febrero de 2019, se ejecutó la primera compra de certificados bursátiles fiduciarios privados con recursos de Liconsa y Segalmex, según constató la ASF en la auditoría de cumplimiento forense 330-DE. Las siguientes compras fueron el 15 de abril, el 19 de junio y el 18 de septiembre de ese año, y siguieron el 13 de marzo y el 25 de junio de 2020. La suma total de los recursos públicos comprometidos fue de 950 millones de pesos. El 30 de junio, Gavira fue removido del cargo.

La ASF documentó que las inversiones se dieron mediante un Contrato de Intermediación Bursátil entre Liconsa y CI Casa de Bolsa, SA de CV, para que esta institución bancaria comprara, vendiera y administrara certificados bursátiles en representación de la paraestatal. El pago de las inversiones se garantizó con el patrimonio del Fideicomiso Irrevocable de Administración y Pago No. CIB/350, suscrito entre CI Casa de Bolsa, que quedó como fiduciaria, y la empresa Financiera Corafi, SA de CV, designada fideicomitente y que es investigada por presuntas operaciones de lavado de dinero.

Ovalle no reportó ninguno de los movimientos financieros efectuados por Gavira al Consejo de Administración, que es el máximo órgano de dirección de Segalmex y Liconsa y que tiene la obligación de vigilar que las disponibilidades financieras se manejen conforme a la ley. Como director general, Ovalle tenía la obligación de reportar al Consejo, en cada sesión, un informe de los ingresos y egresos de las paraestatales a su cargo, así como de los estados financieros, conforme los Estatutos Sociales de Liconsa.

El entonces director reemplazó a Gavira por Jesús Óscar Navarro Gárate, a quien Ovalle ordenó iniciar la recuperación de las inversiones ilícitas que él mismo había autorizado.

En la sesión del 18 de marzo de 2021 del Consejo de Administración y de la Asamblea de Accionistas de Liconsa, Ovalle informó por primera vez, y sin dar más detalles, que “está en curso la liquidación de diversos documentos de valores a favor de (la empresa)”.

El 16 de abril, se presentó la denuncia de hechos ante la FGR por el mal uso de los recursos públicos de Liconsa y Segalmex en contra de quien resultara responsable.

Para entonces, ya estaba en curso la fiscalización de la Cuenta Pública 2020 por parte de la ASF. Y, además, un despacho externo designado por la SFP —Salles Sainz Grant Thornton— ya había detectado la compra ilegal de certificados bursátiles al analizar los estados financieros de Liconsa.

En la sesión del 25 de junio de 2021, el estudio de los auditores externos fue presentado al Consejo de Administración.

“Como resultado de la auditoría que efectuamos a los Estados Financieros adjuntos, tuvimos diversas limitaciones para efectuar nuestro trabajo, por lo que no pudimos satisfacernos de la corrección de diversos montos relevantes, relacionados con las siguientes operaciones: Flujo de Efectivo y equivalentes al 31 de diciembre de 2020 que asciende a 1 mil 256 millones de pesos, incluye 875 millones que corresponden a recursos y valores privados que no cumplen con los ‘Lineamientos para el manejo de la disponibilidades financieras de las entidades paraestatales de la Administración Pública Federal’, emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en 1 de marzo de 2006, debido a que la Entidad no tiene control directo de dichas inversiones”, citaba el reporte.

El comisario público de la SFP que forma parte del Consejo de Administración de Liconsa exigió a Ovalle una explicación sobre dichos señalamientos, pero el director no dio respuesta, de acuerdo con el acta de la sesión.

Para la recuperación de los recursos invertidos en valores bursátiles de manera ilegal, se firmó un Convenio de Reconocimiento de Adeudo de Corafi Asesores Ejecutivos, SA de CV, en su calidad de deudor, en favor de Liconsa y Segalmex, en su carácter de acreedores, suscrito entre el representante legal de Corafi y el director de Asuntos Jurídicos de Liconsa.

Fue hasta el 13 de enero de 2022 que Liconsa recuperó directamente en sus cuentas bancarias 855 millones 225 mil pesos, mientras que Segalmex recuperó los 100 millones de pesos invertidos. Aunque se retornó la totalidad de las inversiones, no se recibieron en las cuentas de las paraestatales los 10.6 millones de pesos de rendimientos que “se extraviaron”.

 

Este texto fue elaborado por el equipo de Animal Político y lo reproducimos con su autorización.

Félix y funcionarios encabezaron caravana hacia CDMX para exigir desaparezca INE

A su regreso al Senado de la República Félix Salgado Macedonio encabezó con funcionarios del gobierno estatal una caravana de vehículos hacia la ciudad de México en apoyo a la iniciativa de reformas a la Constitución que plantea la desaparición del Instituto Nacional Electoral (INE).

En la movilización que se realizó este domingo iba Apolinar Segueda Dorantes quien es director general de Apoyo Técnico y Fortalecimiento Municipal de la Secretaría de Desarrollo y Planeación Regional.

Segueda quien es líder estatal de la Unión de Transportistas Democráticos (UTD) enfrenta una demanda por la vía civil por pensión alimenticia y aún de que un juez ya emitió una sentencia condenatoria en su contra el funcionario y catedrático de la Facultad de Economía de la UAG, se niega acatar la orden.

Francisco Chavarría Valdeolivar, delegado del gobierno estatal en la región de la Costa Grande, también va en la caravana.

Chavarría quien fue alcalde de Petatlán por el PRD en la década de los noventas ha causado polémica en las redes sociales porque dos de sus hijos y otro familiar suyos tienen diversos cargos públicos.

«Si soy funcionario del gobierno estatal pero hoy es un día inhábil y tengo mis derechos constitucionales de hacer política en un día como hoy que es mi descanso», dijo Segueda Dorantes entrevistado brevemente cuando estaba a punto de subirse a uno de los autobuses que rentaron para el traslado de la gente a la Ciudad de México.

En ese momento de la entrevista, pasó un hombre con una bolsa repleta de tortas. Segueda, agarrón de la bolsa una torta.

«Va a caer el INE va a caer», gritaban los seguidores de Félix Salgado quien viajaba en un automóvil compacto color rojo.

La marcha caravana arrancó la mañana de este domingo en Acapulco.

También va en la caravana el delegado estatal con funciones de presidente estatal de Morena, Cuauhtémoc Ney Catalán.

Por cierto Ney Catalán, quien es amigo de Félix, declaró que son pocos meses que lleva en el gobierno Evelyn para que los medios de comunicación la critiquen de que no ha hecho nada para frenar la violencia en Guerrero.

Del pasado 25 de abril hasta este domingo 1 de mayo, la cifra de en Guerrero de asesinatos sumaban 39.

«Apenas ella (Evelyn) lleva menos de siete meses y nos parece injusto que se le juzque de no hacer nada por la inseguridad, hay que esperar», dijo Ney.

Varias mujeres que iban en la caravana preguntaban en que vehículo iba doña Chuy (se supone que María de Jesús Pineda, esposa de Félix y mamá de la gobernadora Evelyn Salgado).

«Creo ella va (doña María de Jesús) en una camioneta», respondió una señora regordeta con hablar tipo costeño.

En un breve mitin aquí en Chilpancingo afuera de una cafetería ubicada en la avenida Lázaro Cárdenas, Salgado Macedonio, señaló que después de pasar por Iguala y Taxco se dirigirán a la Ciudad de México.

Se instalarán en plantón afuera de la Cámara de Diputados y este lunes entregarán a la Oficialía Mayor un documento con las firmas de ciudadanos de Guerrero en a que respaldan la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador de que el INE desaparezca.

«Queremos un organismo electoral que surja de la propuesta de la ciudadanía y no de los partidos políticos», dijo Salgado.

Señaló que con la también desaparición del Instituto Electoral de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero (IEPCEG) se van ahorrar decenas de millones de pesos.

«Cada año este órgano electoral del estado se gasta cuando menos 300 millones de pesos, eso es inaudito», dijo Salgado.

Señaló que espera que en los próximos días sea llamado por el Senado de la República para asumir sus funciones como senador.

En los últimos 14 meses, Salgado Macedonio ha solicitado cuatro veces licencia al Senado de la República.

La última fue en enero de este año cuando se dedicó a realizar la promoción de la consulta de revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador.

En esta semana anunció su regreso y por ese motivo su suplente, Saúl López Sollano quien lo sustituyó en el cargo más de tres meses ha sido motivo de memes de burla en las redes sociales.

«Voy a regresar el Senado para dar la pelea cuando se debata la reforma constitucional que plantea la desaparición del INE», expresó Félix.

Después de que el 27 de abril del 2021, el INE y el Tribunal  Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) le cancelaron la candidatura a la gubernatura a Félix Salgado por no haber comprobado gastos de su precampaña, éste arreció sus críticas a estos dos órganos electorales exigiendo su desaparición.

Salgado Macedonio prometió que él metería la iniciativa de reforma a la Constitución a la Cámara de Diputados para la desaparición del INE.

Félix nunca cumplió y fue el presidente Andrés Manuel López Obrador quien ya envió esta iniciativa al Congreso.

 

SEDATU invierte en obras de esparcimiento en lugar de servicios públicos

En enero del 2018, la colonia Los Ángeles donde está la obra cobró fama cuando un grupo de policías municipales detuvieron a dos jóvenes que se divertían en la feria y después se les entregaron a un grupo de pistoleros quienes los asesinaron a balazos


Texto: Amapola Periodismo

Fotografía: Oscar Guerrero

20 de abril del 2022

Chilpancingo

 

Las instalaciones de la Feria de Navidad y Año Nuevo de Chilpancingo que han cobrado fama como escenario de balaceras y desapariciones forzadas, pretenden ser rescatadas por el gobierno federal, a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU).

Este año la dependencia invertirá 269 millones de pesos en obras de remodelación.

Este sitio de esparcimiento está ubicado en la colonia Los Ángeles donde desde hace casi una década un grupo de la delictivo controla la zona.

Román Meyer Falcón, titular de la SEDATU que fue acompañado por la gobernadora Evelyn Salgado y la alcaldesa de esta capital, Norma Otilia Hernández, dio el banderazo de la obra denominada Recinto Ferial.

En enero del 2018, este lugar cobró fama cuando un grupo de policías municipales detuvieron a dos jóvenes que se divertían en la feria y después se les entregaron a un grupo de pistoleros quienes los asesinaron a balazos.

Los dos jóvenes se habían peleado a golpes con varios integrantes de ese grupo criminal y en venganza le pidieron a los agentes municipales que los detuvieran y después torturarlos y asesinarlos.
Habitantes de esta colonia y otras demarcaciones vecinas de esta zona de Chilpancingo han solicitado que la feria tradicional anual ya no se realice en este lugar por la falta de garantías de seguridad en las calles.

Durante el recorrido que realizó por las instalaciones el titular de la SEDATU, Román Meyer Falcón, la alcaldesa morenista de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández, le pidió al funcionario que las obras de remodelación en estas instalaciones concluyan an noviembre para que se realice la feria en diciembre.

«Esta feria tiene fama nacional, por ejemplo en este 2021 con pandemia (del Covid-19) tuvimos un millón de asistentes y este año esperamos más», dijo la alcaldesa morenista Norma Otilia Hernández que fue acusada por los comerciantes locales y foráneos de haberles cobrado altas tarifas por instalar sus negocios durante los días que duró la feria de navidad.

¿A poco vienen aquí un millón de personas en la feria? preguntó Román Meyer.

«Claro, que sí, y este año esperamos que vengan mucho más aquí a la feria», le contestó la edil.

Luego el funcionario aceptó que si la obra no está terminada en diciembre los trabajos se van a suspender para que se puedan llevar a cabo estos festejos tradicionales.

Meyer Falcón, la gobernadora y la edil realizaron un breve recorrido por las instalaciones en donde ya arrancaron los trabajos de remodelación.

El palenque en donde alguna vez Jesús Nava, ex tinto líder de un grupo delictivo organizaba peleas de gallos ya fue demolido.

También será demolido el teatro del pueblo en donde también en una ocasión, un dirigente que sucedió a Jesús Nava, organizó una fiesta de cumpleaños de uno de sus hijos.

Hoy las instalaciones de la feria que hace más de tres décadas era un vivero forestal, luce con unos cuantos árboles derivado los efectos por las construcciones de cemento.

Una de estas obras es un corral de toros en donde la mayoría de las ocasiones actúan grupos de música de banda o de narco corridos.

En el anteproyecto de la obra se hablaba de la construcción de una alberca y plantar árboles, pero eso se desechó.

 

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Padrón electoral a la carta: así se venden tus datos personales en la red

Comprar el padrón con la información de más de 93 millones de electores solo requiere algunas búsquedas en internet y entre 3 mil y 30 mil pesos. Aunque el INE ha recibido 35 denuncias por esta venta ilegal, el problema persiste.


Texto: Juan Gómez / Animal Político 

Fotografía: Juan Gómez 

18 de abril de 2022

 

Fotografía, edad, nombre completo, domicilio, firma, clave de elector, Clave Única de Registro de Población (CURP), huellas dactilares. Todos estos datos personales, recopilados por el Instituto Nacional Electoral (INE), circulan hoy en el mercado negro de la información y pueden adquirirse en precios que van desde los 3 mil hasta los 30 mil pesos.

“PADRÓN ELECTORAL INE, excelente precio, por estado de la República”, “Vendo base ine 2021, ocr y clave de elector”, “Quien necesite tengo ine en fotos por ambos lados”, “Muestra_Ine.xlslx”, “Colegas donde puedo conseguir la base de datos del INE?”…

Esos son algunos de los mensajes que pueden encontrarse en grupos de Facebook, canales de Telegram y foros especializados en ventas de bases de datos bancarias y de instituciones públicas. Algunas plataformas son privadas, otras están al alcance de una búsqueda usando los términos correctos.

En público y en privado, los vendedores afirman poseer copias del padrón electoral mexicano que, de acuerdo con el INE, tiene más de 93 millones de registros.

Información privada a la carta

Se hace llamar Ángel Torres, en su perfil dice vivir en Qatar y es el moderador de un grupo privado donde se vende información sensible. Tras contactarlo, afirmó que tiene diversas bases del INE.

“Te puedo hacer una búsqueda, pásame nombre y estado”, dijo el vendedor, quien como prueba mostró los resultados de una búsqueda con información de la investigadora Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador.

El paquete proporcionado incluyó su edad, fecha de nacimiento y la ubicación precisa de su domicilio en la colonia Toriello Guerra, en la alcaldía Tlalpan. El precio de esta información, junto con la de otros millones de registros, era de 3 mil pesos.

El vendedor hizo otra búsqueda y como otra prueba expuso datos de otra figura pública: el excandidato presidencial Ricardo Anaya. En este caso, Ángel Torres igualmente proporcionó la edad del panista, su fecha de nacimiento y un domicilio en la colonia Club Campestre de Querétaro.

En agosto de 2021, el diario Reforma publicó que una casa justamente en esa zona forma parte de la indagatoria que la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene contra Anaya por los sobornos que presuntamente recibió de la empresa Odebrecht. Al respecto, Anaya afirmó que la propiedad era de su madre desde 1993 y que ella se la había regalado en 2005.

El listado que los vendedores ofrecen contiene información como clave de elector —compuesta de 18 dígitos—, estado, distrito, municipio, sección, localidad, manzana y CURP.

Las CURP de Gutiérrez Müller y Anaya fueron cotejadas en la página del Registro Nacional de Población (Renapo), mientras que la autenticidad de las claves de elector entregadas por el vendedor fue confirmada en las páginas de personas afiliadas a partidos políticos. Gutiérrez Müller milita en Morena desde noviembre de 2013 y Anaya está afiliado al PAN desde agosto del 2000.

El mismo ejercicio de solicitar consultas en el padrón como prueba de veracidad se realizó con otros tres vendedores, quienes accedieron a buscar la información.

Un usuario denominado Ibav Garco ofreció una base de 2018 en 30 mil pesos. Envió videos de su computadora con el padrón y buscó en vivo el nombre de Gutiérrez Müller.

Otra usuaria, quien se identificó como Sandra Mejía e interactuó en el grupo privado “Venta de Base de Datos para callcenter México”, ofreció en 3 mil pesos una base de datos subdividida por estados y con un peso de 3.2 gigabytes.

Un internauta más, bajo el nombre Román López, del grupo “Venta de bases de datos para telemarketing y comercio electrónico”, ofreció hacer una consulta. Momentos después, envió un mensaje con los datos ordenados de forma similar a la del primer vendedor.

En una nota de voz, López dijo que la primera consulta era gratuita y que por solo 200 pesos podía buscar los datos de cualquier mexicano en sus archivos.

Otro usuario que refirió vender información para campañas de mailing —envío masivo de correos electrónicos— ofertó 93 millones de registros en “10 mil pesos, a negociar”. Durante la charla para solicitar informes, compartió un archivo de muestra: 239 registros con nombres completos, fechas de nacimiento, sexos, domicilios y CURP de ciudadanos en cuatro entidades.

Un análisis de metadatos —aplicado con la herramienta Jeffrey’s Image Metadata Viewer— permitió saber que el archivo fue creado el 30 de enero de 2019, mientras que consultas aleatorias en el Renapo indicaron que las CURP entregadas coinciden con las reales.

Padrones en remate: su uso político

“Los compran partidos políticos, personas de marketing y hasta compañías telefónicas”, explica Israel Reyes Gómez, profesor de la George Washington University y experto en seguridad informática.

El académico advierte sobre las vulnerabilidades del INE en relación al resguardo de datos personales y recalca la facilidad con la que copias de padrones circulan en internet. Él y su equipo de investigación accedieron en julio de 2021 a foros de la web oscura donde se vendía el padrón electoral.

“Encontramos precios de 500 dólares (10 mil 371 pesos), ese fue el máximo valor que encontramos”, asegura Reyes. “Están devaluándose”.

Que más de 90 millones de registros de ciudadanos puedan adquirirse a tan bajo precio tiene una explicación: existen numerosas copias en el mercado subterráneo.

“Imagínate, tú lo compras en 500 dólares o 10 mil pesos, pero se los vendes a partidos políticos: cuando recuperas tu inversión, ya lo das en remate”, dice Reyes.

Con el padrón, operadores políticos pueden tener en sus manos “una visualización por región, por municipio, por colonia, pueden tener hasta el estudio de la tendencia del voto (…) Teniendo el padrón actualizado, es una herramienta sumamente poderosa para quien la sepa utilizar”, indica.

Iván Martínez, oficial de incidencia de la Red de Defensa de los Derechos Digitales (R3D), señala que las bases de datos ofertadas en estos grupos “son verídicas, no son un timo, sí existen, circulan y son una evidencia contundente de lo barato que puede ser obtenerlas”.

Y aunque los propios partidos políticos tienen legítimo derecho a acceder al padrón electoral y a la lista nominal de electores, de acuerdo con el artículo 148 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Legipe), el INE ha aplicado multas millonarias a MC y al PRI, debido a que copias bajo su resguardo terminaron filtrándose y vendiéndose en plataformas como Amazon y Mercado Libre, en 2016 y 2017.

El INE determinó sancionar a ambos partidos tras concluir que no cumplieron con su responsabilidad de resguardar debidamente el padrón de electores.

Datos biométricos en riesgo

Pero no solo se venden listados. Ángel Torres e Ibav Garco también dijeron vender “sábanas del INE”.

Las “sabanas” son expedientes de electores que contienen datos más sensibles y que no figuran en las hojas de cálculo, como escolaridad, ocupación, firmas, fotografías y huellas dactilares.

Un vendedor dijo ofrecer en mil 200 pesos cada una. Como prueba, mostró la “sábana” de un hombre de 70 años residente de Jalisco. Otro fijó cada “sábana” en 3 mil pesos y adjuntó como prueba el documento de una mujer de 24 años originaria de San Luis Potosí.

Algunos usuarios más venden fotografías de credenciales de elector por lotes. Uno de ellos escribió: “Ahorita me llegó un lote de 2 mil credenciales, en cuatro pesos cada una, viene por ambos lados”.

Iván Martínez, de R3D, apunta que la vulneración de los datos biométricos, como los que pueden obtenerse de una identificación o una “sábana”, es muy difícil de reparar y acarrea consecuencias catastróficas, como el uso de los datos para el espionaje y la suplantación de identidad.

“Otro tipo de datos que puede aportar una persona en un padrón son reversibles o se pueden cambiar (como el domicilio); otros, datos como los biométricos, son irreversibles. No te puedes cambiar las huellas dactilares, el iris del ojo, la forma de la cara”.

Adrián Cervantes Jaime, especialista con 11 años de experiencia en aplicación de tecnologías biométricas y miembro de Robo de Identidad MX —una organización dedicada a concientizar sobre los riesgos de este ilícito—, coincide en los peligros que conlleva la venta ilegal de datos, caldo de cultivo para engaños y fraudes.

Menciona como ejemplo: “(Los criminales) iban a una agencia, sacaban un auto con un nombre, luego iban a otra con otro nombre, iban a otra, luego a otra… y en una semana podían sacar el crédito de 10 autos, e incluso se ha dado el caso de flotillas y no lo pagaban”.

En los grupos monitoreados durante la investigación, los usuarios ofertan y adquieren documentos para validar identidades que no son suyas y así acceder a préstamos bancarios.

El riesgo de un posible padrón único

Los vendedores ofrecen padrones completos o subdivididos por entidad federativa, bases de datos que concentran información de millones de personas a bajo precio, lo que representa un riesgo elevado para la seguridad, consideran los especialistas consultados.

“Algunas (personas) sugieren que debe existir una base de datos biométrica única y controlada de manera gubernamental, mi opinión y junto a otros especialistas es que no, tener el control absoluto ya es un gran riesgo”, señala Adrián Cervantes. “Lo que sí se debe tener son estándares claros del manejo de la información”.

Mientras, Iván Martínez observa con preocupación una narrativa imperante en las instituciones de seguridad de México, la cual pretende justificar el empadronamiento de millones de personas para combatir a la delincuencia, por ejemplo, con la reciente propuesta de un Padrón Único de Telefonía Móvil.

Desde la R3D, se considera que, a mayor vigilancia y control de la población con datos, la crisis de seguridad no se resuelve, sino que se agudiza. Incluso, se apunta al uso indebido de información sensible para el acoso a activistas, periodistas y defensores de derechos humanos.

Para la organización, se trata de discursos tecnosolucionistas. “La justificación simplista es el argumento de la seguridad”, concluye.

Pese a pesquisas, el comercio ilegal continúa

En información entregada vía transparencia, la Dirección Jurídica del INE informó que desde enero de 2000 a noviembre de 2021 se cuenta con 35 denuncias por presunta venta del padrón electoral, dos de ellas relacionadas con Facebook.

Por separado, la Dirección de Investigación de Responsabilidades Administrativas (DIRA), adscrita al Órgano Interno de Control del INE, respondió que existen cinco expedientes de investigación en trámite y cuatro denuncias por venta de información en Facebook.

Mientras el INE continúa las investigaciones sobre la filtración de datos más reciente —que tuvo lugar en julio y que se suma a otras nueve en las últimas dos décadas—, vendedores siguen ofreciendo datos personales de más de 90 millones de mexicanos.

 

Este texto es propiedad de Animal Político y lo reproducimos con su autorización. Puedes leer el original en el siguiente enlace. 

Casi 600,000 de Guerrero apoyan que AMLO siga en el cargo

Texto: José Miguel Sánchez 

Fotografía: Amílcar Juárez

11 de abril de 2022

Chilpancingo 

Al computarse 95 por ciento de las 1,598 casillas que se instalaron en Guerrero este domingo 10, el presidente Andrés Manuel López Obrador obtuvo el apoyo electoral de 595,0 28 ciudadanos para que siga en el cargo los otros tres años que le restan de su mandato constitucional.

López Obrador fue ratificado en el cargo con menos votos de los que obtuvo la gobernadora morenista de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, en las elecciones constitucionales de junio del 2021. La Torita, como apareció escrito  su nombre en la papeleta electoral, sacó 643, 814 votos.

Pero los sufragios que obtuvo López Obrador en la consulta de revocación de mandato que se realizó este domingo fue con un 30 por ciento de casillas instaladas.

Aun cuando durante la jornada electoral se notó baja la afluencia de votantes en las urnas, el Instituto Nacional Electoral (INE) informó que Guerrero ocupó el sexto lugar a nivel nacional en la participación de la ciudadanía.

Al concluir el cómputo de las 57 mil 449 actas de la consulta, el órgano electoral informó que 16 millones 502 mil 636 acudieron a votar en todo el país. De estos números, 15 millones 159 mil 323 personas, es decir, 96. 8 por ciento, votaron a favor de López Obrador para que continué en el cargo; millón 63 mil 209 de personas votaron porque se vaya del cargo.

Durante la conferencia mañanera que dio este lunes el presidente Andrés Manuel López Obrador mostró una gráfica de los resultados de la votación de todos los 31 estados y en la Ciudad de México. Dijo que Guerrero es la entidad que se ha distinguido por dar la lucha a las mejores causas sociales y que de ninguna manera es un estado «conservador».

En Chilpancingo, los consejeros de la Junta Local del INE que preside Dagoberto Santos Trigo rindieron un informe y destacaron que la jornada electoral del domingo fue pacifica, sólo se hubo inconformidades en Tierra Caliente, Acapulco, Chilapa y Tlapa porque no se instalaron las 5,012 casillas como en el proceso electoral del 2021.

En Guerrero la participación fue de un 24 por ciento del total de la lista nominal que es de 2 millones 551 mil 464 votantes.

Las personas que ayer (10 de abril) acudieron a las urnas a emitir su voto fueron 622,872. De ahí se desprenden los siguientes resultados: 95 por ciento votó porque el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, continúe en el cargo, 3 por ciento votó porque se le revocara el mandato, y el resto, que representa un 2 por ciento, fueron votos nulos.

Los que votaron porque López Obrador dejara el cargo fue de 16,858 personas, y los nulos corresponden a 10,986 personas.

A nivel distrital fueron las regiones de Tierra Caliente, Montaña y Costa Grande donde se obtuvieron más votos. En el distrito federal número 1, integrado por los municipios de Tierra Caliente y algunos de la región Norte, hubo una participación de 87,970 personas. En la región Montaña participaron 85,297 personas y en tercer lugar está Costa Grande, con una participación de 72,963 votantes.

La región Norte fue la que menor participación tuvo en la entidad con 50,348 votos, seguida de la Montaña Baja, que abarca municipios como Tixtla, Mártir de Cuilapan, Zitlala, Chilapa, Quechultenango y Mochitlan, donde hubo una participación de 60,061 personas. En Chilpancingo se registró una participación de 64,558 personas.

La tarde de este lunes la Junta Local del INE declaró terminada la sesión de seguimiento del proceso electoral de revocación de mandato presidencial y convocó a otra sesión el próximo jueves para dar por terminado el proceso.

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Salgado Macedonio plantea reelección de AMLO; él tendría posibilidades de repetir en la senaduría para 2024

Texto: Jesús Guerrero

Fotografía: Oscar Guerrero

11 de abril del 2022

Chilpancingo

 

Después de una serie de festejos que realizó por la votación que obtuvo en la consulta el presidente Andrés Manuel López Obrador, el senador con licencia, Félix Salgado Macedonio, propuso la reelección del primer mandatario del país.

“¡Hay AMLO para 2024! Hay reelección para senadores, diputados federales y locales, presidentes municipales, síndicos y regidores. ¿Podría haber reelección para gobernadores y presidente de la República?”, escribió en su perfil de Facebook. Enseguida agregó: “Sólo es pregunta, lo que el pueblo diga. Saludos y abrazos”.

El senador morenista encabezó ayer domingo junto con su hija la gobernadora, su otra hija Liz Salgado Pineda, presidenta del DIF estatal, y su esposa María de Jesús Pineda, un festejo en la plaza central de Chilpancingo el triunfo de López Obrador en la consulta de revocación de mandato.

Hasta el mediodía de este lunes, el Instituto Nacional Electoral (INE) daba a conocer que con 95 por ciento de casillas computadas López Obrador tenía 598,000 votos a favor de que se mantenga en el cargo de presidente por los siguientes tres años.

Ayer domingo, después de que el INE dio a conocer los resultados preliminares de la consulta, López Obrador reiteró que su período constitucional es hasta el 2024 y que no extendería su mandato, pues, no está dispuesto a reelegirse. Además de que fue una garantía que ofreció desde antes de tomar el cargo de presidente de la República.

Desde febrero pasado, el senador y la gobernadora promovieron la consulta de revocación de mandato del presidente aun con la veda electoral que decretó el INE.

Anoche durante el mitin de la familia Salgado en el zócalo de Chilpancingo, Salgado Macedonio anunció que este lunes daría a conocer “algo interesante” en una reunión que tendría con sus simpatizantes.

Se supo que Félix regresaría al Senado de la República después de que en enero de este año solicitó licencia por tiempo indefinido. También que pretende reelegirse en las elecciones federales del 2024, esta intención de alguna manera la reflejó en el recorrido que realizó desde febrero pasado por Guerrero para promover la consulta de revocación de mandato del presidente.

El senador con licencia además estaría entre los aspirantes para la candidatura a la gubernatura en Guerrero para el 2027 para suceder a su hija Evelyn Salgado Pineda.

 

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Texto: Jesús Guerrero

Fotografía: Amílcar Juárez y Oscar Guerrero

11 de abril del 2022

Chilpancingo

 

Durante tres meses el senador con licencia Félix Salgado Macedonio y su hija la gobernadora Evelyn Salgado Pineda promovieron el voto para la consulta de revocación de mandato y durante el domingo en Chilpancingo y Acapulco, bastiones de Morena, no hubo la afluencia esperada de votantes en las casillas.

Los Salgado tejieron una estrategia de obtener al menos 600,000 votos a favor de que el presidente Andrés Manuel López Obrador permanezca en el cargo aún con un 30 por ciento de casillas instaladas en Guerrero.

En las elecciones presidenciales del 2018, López Obrador tuvo un millón 14 mil 265 votos, 700,000 más que el priista Antonio Meade.

Cuando era visible la ausencia de ciudadanos en las casillas, tres de la tarde de ayer domingo, es decir, tres horas antes del cierre de las votaciones, la gobernadora escribió en su cuenta personal de Facebook lo siguiente: “Amigas y amigos aún están a tiempo de salir a votar y ser parte de este ejercicio democrático”.

Pero eran las 17:30 horas y las casillas, como la ubicada en el zócalo de Chilpancingo, estaban semivacías. Antes, a las dos de la tarde, en una urna de la cancha de basquetbol de la colonia Los Ángeles de esta ciudad sólo había 10 papeletas depositadas.

Donde sí hubo una fila larga fue en la casilla especial ubicada en la zona de las centrales de autobuses, a la que acudió por la mañana la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, su mamá, María de Jesús Pineda y su hermana Liz Salgado Pineda, presidenta del DIF estatal.

Cuando la gobernadora esperaba para votar, un grupo de universitarios de la Uagro llegaron a esta casilla para echarle porras al presidente Andrés Manuel López Obrador y a la gobernadora.

«A ver, pues, una foto de esas como se la toman los equipos de futbol», les dijo Salgado Pineda a los jóvenes que eran encabezados por Filemón Vital Ventura, coordinador de la Comisión mixta para la admisión del personal de la administración central de la Uagro.

“¡Juntos seguimos con AMLO, que viva la UAGro y Evelyn Salgado!”, gritaron los estudiantes.

A los estudiantes les prometieron subirles un punto de calificación en la materia académica que ellos quisieran para que acudieran a emitir su voto a favor de que López Obrador siguiera en el cargo. También hubo presiones para los trabajadores académicos y administrativos de la Uagro, pero muchos no obedecieron ese llamado de los directivos de las escuelas, denunciaron los propios universitarios.

Desde febrero pasado, después de que solicitó licencia al Senado de la República, Salgado Macedonio anunció que iniciaría una gira por Guerrero, Puebla, Morelos, Michoacán y Oaxaca para promover la consulta de revocación de mandato, con el argumento de que el INE no la difundía en los medios de comunicación ni en las calles.

La promoción sólo la realizó en Guerrero con mítines y reuniones en donde se observó la participación de funcionarios del gobierno estatal.

«El INE nos debería de pagar porque estamos haciéndole el trabajo que los consejeros como Lorenzo Córdova y Ciro Murayama no hacen», era la frase favorita del papá de la gobernadora en su recorrido.

A las reuniones y mítines que encabezaba Salgado Macedonio y a la que acudían funcionarios también llegaba gente que le quería pedir algún favor, como empleo. «Hola, hola, hola, conéctense, conéctense», así iniciaba sus reuniones que transmitía en vivo en sus redes sociales.

El pasado 27 de marzo fue el día en que fue más visible la participación del gobierno estatal en la promoción de la consulta con la movilización de más de 5,000 personas que fueron encabezadas por la gobernadora y su padre.

En esta marcha denominada «Que siga la democracia” ocurrida en Chilpancingo participaron alcaldes, diputados locales y funcionarios del gobierno estatal que militan en Morena.

Ese mismo día de las movilizaciones a las que convocó Salgado Macedonio y su hija, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) dio a conocer una resolución que confirmaba la no permisión de propaganda gubernamental, incluida la de servidores públicos en el periodo de veda por revocación de mandato.

A cinco días de que se realizara la consulta y a pesar de la veda electoral, la gobernadora dio el banderazo del arranque de la supervisión de la conservación y construcción de caminos en las comunidades de 23 municipios de las regiones Montaña y Costa Chica.

Se trata de la construcción de 66 caminos rurales de concreto hidráulico en esas dos zonas de alta marginación que el pasado 20 de febrero anunció en Chilpancingo el presidente Andrés Manuel López Obrador con una inversión de mil millones de pesos en este año y dos mil millones más para el 2023 y 2024.

Tres mese después de que inició la promoción de la consulta de revocación de mandato, el senador con licencia acudió este domingo a emitir su voto en una casilla ubicada al sur de esta ciudad y en donde nuevamente arremetió contra el INE. «Al INE le quedó grande la yegua», dijo.

La noche de ayer, la familia Salgado cerró su jornada con un mitin en la plaza central Primer Congreso de Anáhuac de Chilpancingo y sin conocer los resultados oficiales de la votación de la consulta festejaron a lo que ellos le llamaron el triunfo del presidente Andrés Manuel López Obrador.

«La gente votó porque siga nuestro presidente pese a los ataques del INE, los del yunque y los conservadores», dijo Salgado Macedonio acompañado por la gobernadora, su otra hija Liz Salgado y su esposa María de Jesús Pineda, así como de la alcaldesa Norma Otilia Hernández Martínez y el líder estatal de Morena, Ney Cuauhtémoc Catalán.

El mitin fue animado por el subsecretario de Educación Superior de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), Marco Antonio Marbán Galván, quien en la campaña política de la gobernadora fue el animador de los mitines.

Más noche, la familia Salgado encabezaría otro festejo en el Asta Bandera de Acapulco. Hasta allá se trasladó la porra ambulante que acompañaba a Salgado Macedonio.

 

 

Festejan los Salgado votación de consulta en Guerrero

Texto: Jesús Guerrero

Fotografía: Oscar Guerrero

10 de abril del 2022

Chilpancingo

 

Sin que se conocieran aún los resultados oficiales de la consulta de revocación de mandato, el senador con licencia, Félix Salgado Macedonio; la gobernadora Evelyn Salgado Pineda; su otra hija Liz Salgado Pineda, directora del DIF Guerrero, y su esposa María de Jesús Pineda, festejaron esta noche en la plaza central de esta capital lo que ellos llamaron el triunfo del presidente Andrés Manuel López Obrador.

A este festejo de los Salgado se unió la alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez, quien cuando fue presentada por el subsecretario de Educación Superior de la Educación Guerrero (SEG), Marco Antonio Marbán Galván, recibió varias rechiflas de la gente. El funcionario fungió como animador del mitin de los Salgado.

El senador con licencia dijo que la gente votó porque siga en el cargo el presidente Andrés Manuel López Obrador. «Este proceso fue inédito porque ningún presidente se había sometido a un ejercicio como éste y el pueblo votó porque se quede», dijo Salgado Macedonio, quien llegó a la plaza Primer Congreso de Anáhuac de Chilpancingo después de visitar a su familia en Iguala.

Antes del cierre de las votaciones de la consulta convocó a la gente concentrarse en este punto de la capital y más noche en el Asta Bandera en Acapulco para celebrar, dijo, el triunfo del presidente. «Ya pasó este proceso, ahora a darle la vuelta a la página e invito a los actores políticos a que se sumen y haya unidad”, mencionó.

Después dijo que para mañana (lunes) dará a conocer en Chilpancingo una serie de anuncios “interesantes”. Se prevé que Salgado Macedonio anuncie su regreso al senado de la República, después de que en enero de este año solicitó licencia para promover en Guerrero la consulta de revocación de mandato. En estos tres meses, él y su hija la gobernadora fueron los promotores de la consulta.

Después el senador se retiró del templete, dijo, para dirigirse a Acapulco a un acto similar en la costera Miguel Alemán. La gobernadora y la alcaldesa se quedaron en el templete para seguir con el mitin.

Las porras al presidente Andrés Manuel López Obrador y a la gobernadora se perdían ente los gritos de los niños que jugaban en la plaza.

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Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Oscar Guerrero

10 de abril de 2022

Chilpancingo

 

Desde esta tarde que comenzó el conteo de votos de la consulta de revocación de mandato en la entidad hasta ahora se han computado 112,815 votos, de los cuales 95 por ciento corresponden a que el presidente Andrés Manuel López Obrador continúe en el cargo.

El 5 por cierto restante quedó así: 3 por ciento está cruzado en la opción de que López Obrador deje la presidencia, y el resto de votos, que en realidad representan 1.4 por ciento, son votos nulos.

Este último corte del conteo preliminar, de una lista nominal estatal de 2 millones 551 mil 464 votantes, en realidad representa apenas un 5 por ciento. De 1,598 casillas instaladas se han contado 362.

En Chilpancingo, la capital del estado, de una lista nominal de 277,871 se llevan registrados hasta el momento 12,737, de ésta cantidad 95 por ciento quiere que López Obrador continúe en el cargo de presidente de la República, sólo 457 votó porque se le revocara del cargo, y 127 votos nulos.

A nivel federal de 57,499 actas se han computado 16,50; el nivel de participación ciudadana se mantiene en un 17 por ciento.

 

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Reporta INE poca afluencia en la consulta de revocación de mandato

Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Amilcar Juárez

10 de abril de 2022

Chilpancingo

 

En San Miguel Totolapan, región de Tierra Caliente, hubo inconformidades de habitantes porque el Instituto Nacional Electoral (INE) no se instaló casillas suficientes.

Eran pobladores de la comunidad de San Antonio y La Gavia los que se inconformaron, porque para votar debían salir del municipio.

De acuerdo con el presidente de la Junta Local del INE, Dagoberto Santos Trigo, personal del instituto dialoga con los pobladores para llegar a un acuerdo. Sin dar más detalles sobre los hechos dijo que hubo algunos golpes en esos hechos.

“Ya estamos dialogando con estas personas, pero si por la fuerza quieren votar en una casilla que no les corresponde vamos a tener que anular la votación en esas casillas”, comentó durante la sesión permanente de la Junta Local del INE para dar seguimiento a la jornada electoral de revocación de mandato.

En esa misma sesión también abordaron el tema de la afluencia de personas en la votación. El consejero Alfredo Ramírez García informó que había poca participación en la votación y que debía a varios factores. “Tenemos conocimiento que hay poca afluencia en las casillas, pero hay que tomar en cuenta que es Domingo de Ramos, para muchos es un día sagrado, además comienzan las vacaciones de Semana Santa y algunos rinden homenaje a Emiliano Zapata”, dijo.

El consejo presidente agregó que existe una desinformación sobre los protocolos en las casillas, por ejemplo, los adultos mayores y personas discapacitadas tienen preferencia para votar y eso genera la confusión de que son acarreados o condicionados por los apoyos del gobierno federal. “Piensan que lo hacemos para favorecer los resultados, pero la realidad es que el INE no está a favor de nadie”, mencionó.

El representante de Morena ante la Junta Local del INE, Gregorio Portillo Mendoza, pidió que para próximas consultas se mejoren los procedimientos para evitar conflictos.

De acuerdo con Santos Trigo se espera que se conozcan los resultados preliminares entre las nueve y diez de la noche; el resultado final lo darán a conocer para mañana (11 de abril) a las tres de la tarde.

La sesión permanente ordenó un receso, regresarán a las seis de la tarde para comenzar con el conteo de los votos.

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