Texto: Margena de la O Foto: Oscar Guerrero/Archivo y Antonio Castañón Jueves 7 de marzo del 2024 Chilpancingo
Trabajadores despedidos de la Fiscalía General del Estado (FGE) acudieron al Congreso local para exigir a los legisladores que den trámite a la solicitud de juicio político que plantearon contra la fiscal general, Sandra Luz Valdovinos Salmerón, desde el 13 de diciembre pasado.
Hasta el momento las diputadas y los diputados ni siquiera han iniciado el trámite, según los trabajadores. En todo este tiempo transcurrido, Valdovinos Salmerón ya se fue y regresó a la FGE sin que esta petición tenga eco; pidió licencia durante la crisis de inseguridad que de nueva cuenta impactó de manera directa en los conductores del transporte público en Chilpancingo y al cabo de unos días ella misma se reincorporó sin el trámite pertinente.
El presidente de la Barra de Abogados de Acapulco, Pablo Andalón Sotelo, quien junto a otros asesores acompaña a los trabajadores despedidos, dijo en entrevista antes de entrar al edificio legislativo que simplemente los legisladores no le dieron seguimiento al juicio de procedencia política contra la fiscal. «No sabemos qué está pasando, pide una licencia, deja un encargado de despacho, regresa, corren al encargado de despacho y el Congreso, la licencia que le otorgan, nunca hubo una valorización y nunca la subieron al estrado», mencionó.
El presidente de la Barra de Abogados de Acapulco, Pablo Andalón Sotelo, en entrevista antes de entrar al edificio legislativo para acompañar a los trabajadores despedidos de la FGE. Foto: Antonio Castañón
De acuerdo con lo que han expuesto los trabajadores y los asesores, desde la llegada de esta fiscal suman unos 700 trabajadores despedidos injustificadamente, a quienes sólo los han citado para decirle que perdieron la confianza en ellos, según contó José Manuel Martínez Hernández, presidente de la Asociación de Criminalística del Estado de Guerrero. Él también acompaña a los trabajadores.
Aspectos de una sesión pasada en el pleno del Congreso local. Foto: Oscar Guerrero/Archivo
Andalón Sotelo agregó que la mayoría de esos trabajadores siguen sin recibir una liquidación, lo que vulnera sus derechos laborales y humanos. También se quejó de la actuación de la FGE porque, dijo, el número de órdenes de aprehensión ejecutadas al mes son muy pocas.
Martínez Hernández denunció que el despido injustificado de empleados es la causa principal de la petición al Congreso local contra la fiscal, pero hay otras, como el hacinamiento en que trabajan los administrativos, por ejemplo, en los Ministerios Públicos.
El presidente de la Barra de Abogados de Acapulco, Pablo Andalón Sotelo, en entrevista antes de entrar al edificio legislativo para acompañar a los trabajadores despedidos de la FGE. Foto: Antonio Castañón
La razón de acudir esta tarde al Congreso local es saber por qué las diputadas y los diputados simplemente no actúan con su petición.
El abogado reprochó que ya en todos las comisiones a las que les compete atender el caso hubo cambios, como en la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y la Mesa Directiva, y que el caso siguen sin abordarlo.
El grupo de trabajadores y asesores entró al recinto legislativo a entregar un oficio para de manera oficial saber por qué su solicitud no avanza.
Pero en sus redes muestran sus paseos y hacen proselitismo
Texto: José Miguel Sánchez
Fotografía: Amapola Periodismo/Archivo
16 de enero del 2024
Chilpancingo
Desde abril del 2023 las diputadas del PRD, Elzy Camacho Pineda, Susana Paola Juarez Gómez y el priista Adolfo Torales Catalán no acuden a las sesiones presenciales del Congreso local, por presuntas amenazas de grupos del crimen organizado.
Estas dos legisladoras y el legislador presiden comisiones legislativas; Obras Públicas y Examen Previo, respectivamente, y en el caso del priista, preside el Comité de Biblioteca.
A 10 meses de su ausencia física en el Congreso local su salario lo reciben integro.
Los datos oficiales indican que los diputados locales en Guerrero perciben 19,000 pesos quincenales; 38,000 mensuales.
La suma de un solo salario en estos 10 meses es de 380,000 pesos y por los tres es de 1 millón 140 mil.
Pero datos extraoficiales mencionan que cada diputado local recibe en realidad 300, 000 pesos mensuales, entre gastos para pago de personal de confianza, viáticos y apoyos para gestoría social.
Si los tres legisladores recibieron los 300,000 pesos mensuales implica que cada uno recibió hasta ahora tres millones de pesos y, por los tres, nueve millones de pesos, sin que atiendan sus comisiones.
El pleno aprobó que los legisladores asistan de forma virtual. También de esta forma se ausentan; constantemente piden permiso para faltar.
A pesar de las presuntas amenazas, Torales Catalán se mueve por toda la Tierra Caliente sin problema. En sus redes sociales publica que asiste a bailes, a escuelas, a informes de alcaldes y ferias de la región.
Las redes sociales de Juárez Gómez son más privadas y no publica muchas de sus actividades.
Camacho Pineda y Torales Catalán son los diputados de la Tierra Caliente, una zona silenciada por los grupos del crimen organizado, donde la Familia Michoacana, de acuerdo con testimonios de los propios pobladores, es la que controla la economía y la política de la zona.
Juárez Gómez y su Comisión que solo sesionó una vez
Susana Paola Juárez Gómez es diputada por Teloloapan, en la zona Norte de Guerrero, municipio donde de acuerdo con fuentes de seguridad opera el grupo criminal Los Tlacos que mantiene una disputa con la Familia Michoacana.
Es el grupo de Los Tlacos, de acuerdo con las legisladoras y el legislador, quien los amenazó de muerte si transitaban por la carretera federal 95 Iguala-Chilpancingo.
Estas amenazas las dieron a conocer el 30 de marzo del 2023 y desde entonces Juárez Gómez no acude a sesionar al Congreso.
En julio se cambió a los integrantes de la Mesa Directiva y Juárez Gómez quedó como segunda secretaria, nunca se especificó de que manera desempeñaría el cargo.
Al final, su lugar lo tomó su suplente, la también perredista Jenifer García Lucena.
Juárez Gómez es la presidenta de la Comisión de Exámen Previó, una comisión creada para analizar en una primera instancia las solicitudes de juicio político y denuncias de corrupción de funcionarios públicos.
Dicha Comisión solo sesionó una vez en octubre del 2021 y fue para la instalación de los trabajos.
Desde entonces y a meses de que culminé la 63 legislatura no tiene su segunda sesión.
Juárez Gómez es esposa del ex diputado local por ese mismo distrito, y ex alcalde de Teloloapan, Robel Uriostegui Patiño.
Camacho Pineda, la diputada de Tierra Caliente
Elzi Camacho Pineda preside la Comisión de Obras Públicas. Esta Comisión tiene el registro de sesionar, hasta la fecha, sólo en cuatro ocasiones desde que arrancó la legislatura.
La última sesión de esta Comisión fue el 6 de diciembre del 2022, como resultado, sus integrantes propusieron un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes (SICT) la rehabilitación de la carretera Iguala-Ciudad Altamirano.
Exhortó que rechazó el pleno.
Camacho Pineda publica en sus redes sociales que sale incluso de Guerrero y en su región hace labores de propaganda política.
Fuentes dentro del PRI mencionaron que buscará la reelección o la presidencia municipal de Coyuca de Catalán.
Es hija del ex diputado local y ex alcalde de Coyuca de Catalán, Eli Camacho Goicochea, asesinado en mayo del 2017.
Torales Catalán
En situación similar está el priista Torales Catalán, quien preside el Comité de Biblioteca.
El Comité de Biblioteca registra seis sesiones en lo que va de la legislatura, pero al no haber biblioteca, porque está en construcción desde 2020, se limitan a recibir algunos oficios, turnarlos o contestarlos.
Faltan a las sesiones virtuales
En junio, por acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y la Mesa Directiva se aprobó que el legislador y las legisladoras asistieran de manera virtual a las sesiones.
Dos diputadas y un diputado acuden a las sesiones del Congreso local de manera virtual por presuntas amenazas de grupos del crimen organizado. Foto: Oscar Guerrero/Archivo
Se les acondicionó una pantalla que se coloca en medio del pleno y desde ahí siguen las sesiones.
Aún con esta facilidad es común que soliciten licencia para faltar a las sesiones.
En las votaciones que son por cédula, un secretario es quien en privado les toma el voto y lo ingresa a la urna.
Una acción que la primera vez que se realizó fue criticada por la morenista Beatriz Mojica Morga, por considerar que se violaba el principio del voto secreto.
Aunque aquella ocasión fue una estrategia para tratar de disminuir votos a la oposición, pues nunca más se volvió a tocar el tema.
De acuerdo con el coordinador de la fracción parlamentaria del PRI, Héctor Apreza Patrón, no existe ningún impedimento o sanción para los diputados que faltan.
“Los trabajos legislativos se hacen, en la Jucopo hicimos un acuerdo para apoyarlos y desde la pandemia (2020) se aprobaron las sesiones y asistencia virtuales, entonces no incurren en alguna sanción”, afirmó Apreza Patrón.
Catalogó las amenazas como graves y dijo que espera pronto se pueda resolver para que asistan a las sesiones el diputado y las diputadas.
Este texto está patrocinado por el Congreso del Estado de Guerrero
Este periodo ordinario es el penúltimo, otro más y termina la actual legislatura
Texto y foto: Itzel Urieta
15 de enero del 2024
Chilpancingo
Hoy culminó el quinto periodo ordinario de sesiones del Congreso local, el penúltimo de la 63 legislatura, en medio de varios pendientes legislativos que no han concluido desde que inició la legislatura en 2021.
Los temas que están pendientes y que los diputados no terminan son: el nombramiento de dos cabildos instituyentes, la ley de desaparición forzada y la construcción de la Biblioteca Siervo de la Nación, los tres pendientes desde la 62 legislatura.
Con este periodo ordinario la mayoría de los diputados dejan de asistir a las sesiones y entra en funciones la Comisión Permanente, una representación de 12 diputados limitados en sus funciones.
Por ley, el periodo de receso comienza el 15 de enero y concluye el 15 de febrero.
Los diputados entran en este receso a ocho días de regresar de vacaciones de fin de año.
Diputadas y diputados locales protestan como integrantes de la Comisión Permanente del Congreso local, este 15 de enero del 2024. Foto: Itzel Urieta
La última sesión del 2023 fue el 22 de diciembre y citaron a sesión hasta el lunes 9 de enero del 2024.
Así, a ocho días de regresar, se van de receso.
La Comisión Permanente quedó instalada con los siguientes diputados.
Leticia Mosso Hernández, del PT, presidenta; Esteban Albarrán Mendoza, del PRI, vicepresidente; Jennyfer García Lucena, del PRD, vicepresidenta y secretarios Andrés Guevara Cárdenas, de Morena, y Patricia Doroteo Calderón, del PRD.
Los vocales son María Flores Maldonado, de Morena, Alicia Zamora Villalva, del PRI, Bernardo Ortega Jiménez, del PRD, Gabriela Bernal Reséndiz, del PRI, Antonio Helguera Jiménez, Osbaldo Ríos Manrique y Fortunato Hernández Carbajal, los tres de la bancada de Morena.
Hoy la diputada Marben de la Cruz Santiago y Jéssica Ivette Alejo Rayo, ambas de Morena, presentaron su licencia para buscar un cargo de elección popular, por lo que ya no regresarán a sus funciones.
Éste texto está patrocinado por el Congreso del Estado de Guerrero
Los temas sobre violencia obstétrica, situación de los hospitales en Guerrero y los daños a la salud originados por Otis fueron los temas que más le preguntaron a la titular de la Secretaría de Salud, Aidé Ibárez Castro, durante el segundo día de comparecencias del gabinete estatal ante el Congreso local.
Como lo marca el protocolo de la sesión, la funcionaria comenzó con un resumen de la situación en la que está la dependencia a su cargo.
La sesión de comparecencia prevista para iniciar a las cuatro de la tarde, comenzó poco después de las siete de la noche.
Durante esta participación informó que en Guerrero hay 1,108 establecimientos médicos, de los cuales el 93 por ciento depende de la Secretaría de Salud Guerrero, el resto depende de otras instituciones federales o privadas.
Ibárez Castro informó al pleno que en la Secretaría de Salud laboran 224,000 profesionales de salud, los cuales durante este 2023 dieron 4 millones 900 mil consultas y realizaron 50,000 cirugías.
Después de su participación, inició la primer ronda de intervenciones, la cual comenzó la diputada del Partido Verde Hilda Jennifer Ponce Mendoza, quien preguntó “sobre los principales obstáculos que tiene la dependencia para cumplir cabalmente con su labor y solicitó información sobre la estrategia para garantizar el abasto de medicamentos y una atención adecuada en los centros de salud ubicados en las comunidades alejadas.
“Los retos que yo he tenido y los obstáculos los conjunto, porque precisamente el primer año tuve que visitar los municipios más alejados con el fin de recabar las necesidades y ese es un reto porque sin necesidades en la mano, nada podíamos resolver”, respondió la titular de Salud en Guerrero.
Siguió la diputada perredista Yanelly Hernández Martínez, quien solicitó mayores “informes sobre las acciones que realiza la Secretaría para cumplir con la meta presidencial de contar con un sistema de salud al igual que el de Dinamarca, y cómo y cuándo apreciará la ciudadanía esos cambios”.
“Necesitamos que el personal de salud atiende a las personas con eficacia, ética y que la población y el enfermo lo sienta”, respondió Ibárez Castro.
Agregó que para esto se necesitan reestablecer inmuebles, garantizar el abasto de medicamentos, salarios y estabilidad laborar para el sector salud, “si nosotros logramos estabilizar un sistema de salud con esos indicadores no necesitamos ojos verde y pelo rubio, ni vivir en Dinamarca, para tener un sistema de salud mejor que esa población”, reviró la secretaria a la perredista.
En su oportunidad, el diputado Olaguer Hernández Flores felicitó a la funcionaria e inquirió sobre la reacción de la dependencia después del impacto del huracán Otis en Acapulco, y de qué manera atiende hasta la fecha la emergencia por acumulación de basura, agua estancada, el colapso de los drenajes, la propagación de insectos, entre otros problemas.
Mencionó el legislador que hay múltiples reportes de falta de insumos y medicinas en los nosocomios, además de médicos, y en relación a la mortalidad materna, pidió a la funcionaria informar la estrategia con la que se pretende revertir el sexto lugar que ocupa Guerrero a nivel nacional.
La diputada Gloria Citlali Calixto Jiménez inició diciendo que la labor de la Secretaría de Salud es pilar de la sociedad, porque implica garantizar su bienestar físico e integral.
Recordó que en 2022 el Congreso aprobó una reforma en materia de violencia obstétrica. Al respecto, preguntó sobre las consideraciones tomadas por la dependencia para prevenir este tipo de violencia que se ejerce durante el embarazo, el parto y el puerperio de las mujeres, así como el número de incidentes registrados.
También pidió información sobre los municipios con mayor número de incidencias y solicitudes atendidas de servicios de aborto seguro, así como los obstáculos presentado en la atención de mujeres que deciden interrumpir sus embarazos.
Ibárez Castro dijo que se dan capacitaciones y evaluaciones de manera continúa al personal de salud. Sobre el tema del aborto, mencionó que se tienen módulos de aborto en los municipios de Chilpancingo, Acapulco, Tlapa de Comonfort y Chilapa de Álvarez.
Ibárez Castro se limitó a contestar sobre el número de solicitudes del servicio de aborto seguro.
Ibárez Castro también fue cuestionada por la diputada Jennyfer García Lucena por el tema de el dengue
García Lucena reprochó que los poco más de 1, 000 brigadistas empleados para mitigar el dengue en Guerrero son insuficientes, y en consecuencia no se combate con eficacia la enfermedad, lo que mantiene a Guerrero en el cuarto lugar nacional de muertes y séptimo en casos confirmados.
La titular de salud respondió que se atienden las enfermedades transmitidas por vector, se identificaron 997 casos positivos a dengue.
En el tema de la falta de acceso a la salud en regiones como la Montaña, falta de personal médico y equipamento, la funcionaria explicó que para ampliar la cobertura y acercar los servicios de salud a comunidades de difícil acceso en comunidades indígenas, se cuenta con 53 Unidades Móviles del Programa de Fortalecimiento a la Atención Médica, así como 24 unidades médicas móviles especializadas.
Así como la inversión de 1800 millones de pesos en infraestructura y equipamiento médico.
La comparecencia de Ibárez Castro terminó después de las 12:30 de la medianoche.
Texto patrocinado por el Congreso del Estado de Guerrero
Entre reclamos, solicitudes de renuncia y pleitos, compareció esta tarde el titular de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), Marcial Rodríguez Saldaña, en el Congreso del estado.
Rodríguez Saldaña compareció ante un pleno hostil y muchos cuestionamientos provinieron de sus propios compañeros de partido.
PRI, PRD y Morena, eran todos contra el secretario, al que desde ayer, los priístas lo pusieran en la mira, cuando la diputada Gabriela Bernal Reséndiz recomendó al secretario general de Gobierno la destitución de Rodríguez Saldaña.
Sus colaboradores más cercanos sólo se retorcían en sus sillas y con muecas trataron de disimular las emociones del momento.
La comparecencia subió de intensidad después de la segunda hora, al inicio los cuestionamientos fueron sencillos, los legisladores preguntaron de las afectaciones en las escuelas después de Otis, el conflicto sindical en el Colegio de Bachilleres, la deserción escolar, nada que Rodríguez Saldaña no pudiera controlar.
Fue la priísta Flor Añorve Ocampo quien encendió los ánimos en el pleno.
Añorve Ocampo le ofreció a manera de regalo una escalera artesanal, “para facilitar su retirada”, lo que incomodó a unos y agradó a otros, pero que al final le fue recriminado por el morenista Antonio Helguera Jiménez, lo que ocasionó un último pleito en el pleno.
El motivo de las escaleras fue porque el pasado domingo, durante la inauguración del Centro de Rehabilitación Integral Teletón, en Tlapa, se captó a Rodríguez Saldaña subiendo unas escaleras para huir de una protesta de maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación Guerrero (CETEG).
“Me voy a permitir regalarle este modelo de escalera para que lo traiga en su carro y para que pueda correr a donde usted quiera”, le dijo Añorve Ocampo al titular de la SEG.
Añorve Ocampo, además de enseñarle la escalera de juguete a Rodríguez Saldaña, también desplegó una lona con la foto del secretario subiendo unas escaleras para salir de las instalaciones del CRIT.
El diputado sin partido y ex morenista Mesedonio Mendoza Basurto también cuestionó al titular de la SEG y hasta se tomó con gracia el regalo de la escalera.
“Sólo enseñó a los niños el juego de serpientes y escaleras”, dijo Mendoza Basurto.
En ese momento la presidenta de la Mesa Directiva, Leticia Mosso Hernández, solicitó al pleno dirigirse con respeto al funcionario.
Al finalizar su participación, Añorve Ocampo dijo: “he conocido a varios de los secretarios del actual gobierno estatal; unos son indolentes, algunos otros inútiles, otros ineficaces y luego va usted, secretario”.
En su réplica, Rodríguez Saldaña rechazó las escaleras y la puso a disposición de la Mesa Directiva.
Siguió el turnó de la morenista Jessica Alejo Rayo, quien no dudo en cuestionar y recomendar la renuncia del secretario de la SEG.
Alejo Rayo solicitó a Rodríguez Saldaña atender las protestas del sector educativo, “porque se han incrementado desde que usted está al frente de la dependencia”.
“La gobernadora espera que sea una solución a los problemas, y no un problema, no traicione al magisterio guerrerense” y agregó, “valore si ya es momento de hacerse a un lado y renunciar, para dejar ese espacio a ver quien más puede resolver los problemas”.
“¡Jessica!” se escuchó una voz baja y de asombro en el pleno.
Continuó el perredista Bernardo Ortega Jiménez, quien dijo que el secretario de Educación debe ser una persona “que mande, que dirija, que no tenga que pedir permiso, que tome la batuta de la Secretaría de Educación, porque la verdad es que hoy nada se resuelve”.
En la recta final de la comparecencia subió a tribuna el morenista y ex presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Antonio Helguera Jiménez.
“Lo duro de nuestros cuestionamientos no nos autoriza para faltar el respeto ni causar mofa del compareciente”, dijo Helguera Jiménez.
Además defendió la huida del secretario en Tlapa, “hizo bien, pues los maestros querían ver al presidente y tenían la intención de exhibirlo”, y agregó que esto se supo “gracias a expertos en información e inteligencia”.
Fue esta frase la que aumentó los ánimos ya encendidos de los priístas.
Al terminar la comparecencia, Rodríguez Saldaña bajó de la tribuna y lo increpó la priísta Bernal Reséndiz, quien le pidió cinco minutos para dialogar, a lo que el secretario se negó.
Al percatarse, la presidenta de la Jucopo, Yoloczin Domínguez Serna y la diputada Citlali Calixto Jiménez llegaron a rescatar al secretario.
De parte de los priístas llegó el coordinador de la fracción parlamentaria del PRI, Héctor Apreza Patrón, a respaldar a Bernal Reséndiz.
Al final, la discusión se dio entre los diputados y fue el morenista Osbaldo Ríos Manrique quien arropó al titular de la SEG y lo sacó por un pasillo lateral del pleno, junto con todos sus subsecretarios.
Mientras, el par de morenistas y priístas se quedaron discutiendo debajo de la tribuna.
“No puede ser que ustedes vengan a faltarle al respeto al licenciado Astudillo, me consta que él no es un provocador”, le reclamaba Bernal Reséndiz a las morenistas.
“O sea que toda la oposición es vigilada por servicios de inteligencia”, decía Apreza Patrón.
“Nosotros sólo pedimos respeto, vimos la situación tan lamentable que hicieron sus diputados en tribuna”, respondía Domínguez Serna.
Mientras ellos discutían, en el lobby del pleno los trabajadores de la SEG que asistieron a la comparecencia comenzaron a vitorear a Rodríguez Saldaña.
Al final, entre peleas de los diputados, y porras de los trabajadores, no hubo oportunidad de que la comisión de cortesía sacara a Rodríguez Saldaña del pleno.
Texto patrocinado por el Congreso del Estado de Guerrero
Una bandera arcoíris rompió los colores monótonos del salón de plenos del Congreso local, cuando la oradora Chiquis Demetrio Patrocinio habló sobre la doble discriminación que sufre
Texto: Itzel Urieta
25 de octubre del 2023
Chilpancingo
Durante el Segundo Parlamento de Hablantes de Lenguas Indígenas una bandera arcoíris rompió los colores monótonos, neutros, del salón de plenos del Congreso local; detrás de la bandera, la oradora Chiquis Demetrio Patrocinio habló sobre la discriminación que sufre, como población originaria y como parte de las poblaciones de personas trans.
Demetrio Patrocinio es una mujer trans indígena, hablante ñomndaa. En su lengua subió a tribuna para solicitar a las autoridades creen proyectos productivos para las poblaciones trans indígenas que, en su propia experiencia, son las que más sufren discriminación y segregación por parte de la sociedad.
«Hay muchas de mis hermanas trans indígenas que trabajan de noche y exijo como una propuesta crear proyectos productivos para que podamos emprender un negocio y nos evitemos trabajar de noche corriendo riesgos, con un negocio propio ya podemos estar tranquilas, en un lugar seguro y evitando tantas muertes de las que nadie habla ni cuenta».
Al término de su participación, Demetrio Patrocinio pidió un minuto de aplausos para todas las mujeres trans indígenas asesinadas.
«Hablo por mis hermanas las mujeres trans indígenas que no pueden levantar la voz por miedo, miedo a ser discriminadas y de ser rechazadas».
Chiquis desde su infancia se enfrentó a una serie de obstáculos y discriminación por su orientación sexual y su origen indígena que le impidieron estudiar, por eso hoy es emprendedora y activista por los derechos de las mujeres trans indígenas.
Su propuesta fue escuchada por la diputada Leticia Mosso Hernández, presidenta de la Mesa Directiva; por el diputado Osbaldo Ríos Manrique, secretario de la Comisión de Derechos Humanos y por la diputada Nora Yanek Velázquez Martínez, quienes se comprometieron a analizar su propuesta y la de 45 parlamentaristas más.
Otros de los temas desarrollados durante el Parlamento de Hablantes de Lenguas Indígenas del Estado de Guerrero 2023 fue implementar acciones que combatan de forma efectiva la discriminación por el uso de lenguas originarias, fortalecer la protección de los derechos de los pueblos indígenas en lo individual y en lo colectivo, y fomentar la riqueza lingüística de Guerrero como parte de un patrimonio cultural e histórico.
La mayoría de las y los parlamentaristas hablaron sobre la importancia de preservar las lenguas de los pueblos originarios.
«La UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) reconoce la existencia de 6,000 lenguas en el mundo, de las cuales el 50 por ciento se encuentra en riesgo de desaparecer a causa de la discriminación, el racismo y el bullying, que la mayoría de los casos se registra en las escuelas, centros de trabajo y lugares públicos», mencionó la parlamentarista Sabrina Brígido Mateos, hablante me’phaa.
El parlamentarista nahua, Axel Eduardo Ciriaco Domínguez, propuso colocar en el salón de plenos, en letras doradas la inscripción Pueblos Indígenas, «para reconocer la multiculturalidad del estado».
Las y los parlamentaristas llamaron a los tres órdenes de gobierno a cumplir la Constitución y las leyes en defensa de los pueblos originarios, «cuyo uso de nuestras distintas lenguas está garantizado en nuestros derechos humanos», mencionó la parlamentarista ñuu savi, Ana Yuripxi Vitero Guevara.
El tema educativo fue uno del que se habló en repetidas ocasiones, algunas de las propuestas van desde garantizar libros de texto especializados, traducidos a sus respectivas lenguas y dotar de audio libros a personas que no saben leer o escribir.
Otra propuesta presentada por el parlamentarista ñuu Savi, Leovigildo Salazar Librado, fue la de crear una coordinación técnica estatal de traductores e intérpretes en Guerrero para garantizar una igualdad de derechos, además solicitó que en el Congreso local haya personal que hable las cuatro lenguas originarias de Guerrero para apoyar en los trámites legislativos.
Durante el Parlamento, una de las propuestas más recurrentes fue que se designe el suficiente presupuesto que permitan crear programas que incentiven la difusión de las lenguas originarias.
Texto patrocinado por el Congreso del Estado de Guerrero
Ángel de Jesús Vargas Sánchez es un menor de 10 años con discapacidad motriz. No tiene brazos y está diagnosticado con escoliosis, una desviación de la columna vertebral. Ángel de Jesús fue uno de los 46 congresistas que participaron este viernes en el Primer Parlamento de Personas con Discapacidad en el Congreso local.
Es originario de Tecpan de Galeana, región de la Costa Grande. Cursa el quinto año de primaria en la Escuela Ignacio Manuel Altamirano. De grande quiere ser científico, pero sabe que para eso necesita acceder a una educación de calidad e incluyente, por eso, en su participación exigió garantías para que el Estado garantice una educación especializada, de calidad e incluyente para todas las personas con discapacidad.
Desde que escuchó acerca de esta convocatoria para las personas con discapacidad se emocionó. Angel de Jesús subió a tribuna acompañado de su madre, Guadalupe Sánchez Antonio, quien contó algunos de los problemas institucionales que enfrentan para que su hijo acceda a su derecho a la educación.
«Espero que a todas las escuelas las equipen para niños como él y todos los que lo necesiten, para que sigan sus estudios y concluya una escuela de nivel superior y sobre todo que nos apoyen con becas, porque él tenía su beca de Benito Juárez pero se la quitaron porque tiene el apoyo de discapacidad y por lo tanto lo dieron de baja», mencionó Sánchez Antonio en tribuna.
Durante el Parlamento, otras 45 personas con distintas discapacidades exigieron se garanticen sus derechos humanos, a la educación, al trabajo y a la movilidad.
Aunque el Parlamento tuvo el fin de recabar propuestas para crear un capítulo de educación inclusiva en la Ley 158 de Educación del Estado de Guerrero, las y los parlamentaristas aprovecharon para exponer sus demandas.
En el tema educativo, las demandas se centraron en becas especiales y adicionales a las Benito Juárez que ya otorga el gobierno federal y crear medidas que reduzcan el acoso y la discriminación en las escuelas.
El parlamentarista Bryan Alexis Barrios Solís exigió políticas públicas para prevenir el acoso escolar y la discriminación que hay contra las personas con alguna discapacidad así como mejorar las asistencia educativas en los planteles.
Durante su participación, Brayan Alexis, quien estudia sistemas computacionales en el Instituto Tecnológico Superior de la Montaña y que padece autismo, mencionó las dificultades a las que se enfrentó durante su educación básica.
«Uno de los desafíos que enfrentamos es el acoso, también llamado bullying escolar que padecemos en general las personas con discapacidad. Creemos que es imperativo que el gobierno federal, estatal y municipal diseñe campañas efectivas para prevenir este tipo de comportamiento intolerable», mencionó Brayan Alexis durante su participación.
Alma Luz Pérez López propuso establecer como obligatorio un modelo de educación inclusiva.
Raúl García Sánchez solicitó que se cree una ley especial de educación para las niñas y los niños con discapacidad y no solo un capítulo, como lo propone la Comisión de Personas con Discapacidad y Grupos Vulnerables.
María Dolores Navarrete Cuevas pidió se legisle y se reconozca a la epilepsia y a la diabetes como discapacidades, «permitiendo a las personas que las padecen el acceso a programas de apoyo oficiales, debido a que estas enfermedades requieren de tratamiento permanente y es muy costoso».
Varios de las y los parlamentaristas coincidieron en la aplicación de un enfoque de derechos humanos, igualdad sustantiva en todos los niveles educativos, facilitar el acceso a medios de comunicación alternativos, capacitar a profesionales en educación para personas con discapacidad, y que se destine un porcentaje del presupuesto público para equipamiento de escuelas.
Sobre la discapacidad visual mencionaron que las escuelas carecen de materiales didácticos, infraestructura en los centros educativos, dependencias y espacios públicos, además de un transporte público incluyente y adecuado.
Néstor Gamboa Serrano, una persona de talla baja, propuso adecuar leyes para que dicho sector al que pertenece sea considerado para temas de atención médica y beneficios sociales «lo cual pudiera lograrse con la creación de la Ley de Gente Pequeña del Estado de Guerrero, para que tengan acceso a una vida digna», propuso.
Las y los 46 parlamentaristas fueron electos durante las consultas a las personas con discapacidad que se realizaron en todo el estado de Guerrero de junio a agosto y de acuerdo con la presidenta de la Comisión de Atención a Personas con Discapacidad, Gloria Citlali Calixto Jiménez, sus propuestas serán analizadas para integrarlas a un capítulo denominado Educación Inclusiva.
Durante el Parlamento, las propuestas fueron escuchadas por las diputadas Calixto Jiménez; la presidenta de la Mesa Directiva, Leticia Mosso Hernández y el diputado Bernardo Ortega Jiménez, quienes permanecieron en el pleno.
Esta tarde el Congreso local presentó la convocatoria del Concurso de recolección de Pet en kilos, para que niños y niñas de escuelas primarias en Acapulco recolecten este tipo de plásticos y sean acreedores a un premio para su institución.
El objetivo, se lee en la convocatoria, es para que las infancias «tomen conciencia ambiental y sean promoventes de la cultura de la sustentabilidad».
En el concurso es organizado por el Congreso del estado, a través de la Comisión de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y de la Procuraduría de Protección Ambiental del Estado de Guerrero (Propaeg), en coordinación con Grupo Planeta Femsa y la organización ambiental internacional Good Neighboos México.
El concurso consiste en una competencia de escuelas que recolecten más kilos de Pet en un mes.
En conferencia de prensa este jueves, la diputada presidenta de la Comisión de los Derechos de las Niñas y Niños, Beatriz Mojica Morga, quien presentó la convocatoria, dijo que el objetivo de este concurso es generar un cambio de hábitos entre la niñez y la adolescencia, «lo cual es factible a través de la cultura del reciclaje, con el objeto de construir una generación más consciente y comprometida con la protección del medio ambiente».
Good Neighbors México y Grupo Planeta Femsa adquirirán el Pet recopilado por las escuelas participantes y otorgarán premios a los tres primeros lugares.
Las escuelas que deseen participar tendrán que registrarse en línea en los correos electrónicos concursodereciclaje23@gmail.com o en propaeg.ambiental.sostenible22@gmail.com antes del 8 de septiembre.
El pesado y certificado de lo recolectado será del 2 al 6 de octubre y la premiación, el 9 de octubre.
Mojica Morga aclaró que este concurso sólo es para el municipio de Acapulco y, depende de la participación, lo ampliarán a otros municipios.
Entre los premios que se mencionan en la convocatoria está el pago de lo que recolecten las escuelas de Pet en kilos además, al primer lugar les darán un aire acondicionado; al segundo un proyector, y al tercero una bocina con micrófono.
Al grupo escolar que más Pet recolecte ganará un viaje para la liberación de tortugas marinas en Acapulco.
En la presentación de la convocatoria estuvo el titular de la Propaeg, Carlos Arturo Toledo Manzur, y Leticia Vargas Ortiz, en representación de la coordinadora de Cultura Ecológica de la Secretaría de Educación Guerrero.
Toledo Manzur dijo que la contaminación por plástico es de las que más afecta al medio ambiente, por el tiempo que tarda en degradarse, y consideró importante que se promueva la cultura de la separación de la basura y del reciclaje para que el Pet sea materia prima y no basura.
La polémica surgió después de que fue filtrado un video donde está reunida con un presunto líder criminal. Dirigentes de partidos dijeron que lo promoverían, lo cierto es que para eso debe existir una petición ciudadana y no la hay
Texto: José Miguel Sánchez Fotografía: Óscar Guerrero 25 de agosto del 2023 Chilpancingo
La alcaldesa de Chilpancingo, la morenista Norma Otilia Hernández Martínez, le apunta al olvido de su caso, que es investigado por la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía General del Estado (FGE) por reunirse con un presunto líder criminal y ser mencionada en una cartulina hallada junto a la escena donde fueron abandonados ocho cadáveres desmembrados en el barrio de San Mateo.
En el Congreso de Guerrero hasta el momento no hay un planteamiento de la fracción parlamentaria del PRD para abrirle un juicio político, tal como lo prometió el dirigente estatal del partido, Alberto Catalán Bastida.
“La fracción parlamentaria del PRD no ha abordado el tema de la alcaldesa de Chilpancingo y como diputados respaldamos la postura de nuestro dirigente nacional”, dijo el coordinador de los diputados del PRD, Raymundo García Gutiérrez.
Catalán Bastida, durante una manifestación afuera del Ayuntamiento de Chilpancingo, dijo que en el Congreso verían las formas legales para que la alcaldesa fuera desaforada o, en su caso, abrirle un juicio político.
“En el PRD tenemos muy claro lo que queremos, que la presidenta (de Chilpancingo) rinda cuentas y explique qué sucedió en ese video, aún estamos buscando las formas para que desde el Congreso se le pueda abrir un juicio político y desaforarla para que enfrente la ley», dijo Catalán Bastida, pero, al parecer, su coordinador en el Congreso local no le hizo mucho caso.
La fracción del PRI en el Congreso local se declaró incompetente para abrir un juicio político contra Hernández Martínez.
El coordinador de los diputados priistas, Héctor Apreza Patrón, aseguró que ellos como diputados no pueden iniciar un proceso de juicio político sino hay una solicitud de la ciudadanía.
Para un desafuero se requiere un sustento legal, en este caso una investigación formal, para iniciar el proceso, y “no hay y ninguna autoridad nos lo ha solicitado”, dijo Apreza Patrón.
Sobre las investigaciones de la FGR y FGE ninguna de las dependencias ofreció más información sobre la supuesta investigación.
El 21 de julio, la alcaldesa confirmó que la FGR la requirió para “una entrevista” debido a la filtración del video donde sostiene una platica con quien presuntamente es Celso Ortega Jiménez, líder criminal de Los Ardillos.
De su asistencia a la FGR, la alcaldesa dijo a reporteros que fue una “entrevista” y no una declaración ministerial. Aclaró que no buscaría un amparo porque era innecesario.
En las conferencias matutinas que la alcaldesa realiza cada lunes, dijo que no se separaría de su cargo hasta que alguna autoridad judicial se lo indicara.
Desde entonces se ha abstenido de hacer declaraciones a reporteros sobre el tema porque, dijo, la investigación está en curso.
“Tratamos de estar salvaguardando algún tipo de opinión derivado que ya estamos en un proceso de investigación. A veces una palabra puede cambiar la situación”, dijo esta semana la alcaldesa en su conferencia de prensa.
Es confuso lo que expone porque siempre dijo que su visita a la FGR sólo fue para una “entrevista”.
La alcaldesa no solo evita hablar del tema, desde el 24 de junio sus apariciones públicas la redujo de manera considerable.
Son tres partes de video filtradas de lo que parece el mismo encuentro entre alcaldesa y quien sería Celso Ortega.
En el último video difundido hablan de política.
La alcaldesa, se escucha, hablar sobre su llegada a Morena y su relación con el ex gobernador Ángel Aguirre Rivero.
Las primeras imágenes de dicha reunión circularon después que el 24 de junio fueran hallados los cadáveres de cinco hombres y dos mujeres en el centro de Chilpancingo.
Junto a los restos había algunos mensajes dirigidos a la alcaldesa, un síndico y un agente de la Policía Ministerial de la FGE.
“Saludos presidenta Norma Otilia, sigo esperando el segundo desayuno que me prometiste después de que veniste (sic) a buscarme. Con cariño, tu amigo”, podía leerse en una de las cartulinas.
El 10 y 11 de junio, Chilpancingo estuvo paralizado por la irrupción violenta de 2,000 pobladores de cinco municipios de la Montaña y zona Centro, que el gobierno federal atribuyó a Los Ardillos.
Después de la cartulina y el video, Chilpancingo vivió un mes de hechos violentos que iniciaron con la detención de dos líderes transportistas acusados de pertenecer a Los Ardillos, de ahí siguieron bloqueos y quema de unidades de transporte público.
Estos ataques dejaron ya 20 transportistas asesinados en Chilpancingo, Tixtla y Tierra Colorada.
No es el único caso
El caso de la alcaldesa de Chilpancingo no es el único, la FGE abrió otras siete carpetas de investigación contra el mismo número de alcaldes de Tierra Caliente de Guerrero.
En un documento al que tuvo acceso Amapola, periodismo transgresor se constató que la FGE solicitó al Congreso de Guerrero y al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (Iepcgro) los documentos que acrediten como servidores públicos a los siguientes alcaldes, alcaldesas y a una diputada:
César Ortiz Torres, de Acapetlahuaya; Eusebio Echeverría Alvarez, de Coyuca de Catalán; José Luis Antúnez Guicochea, de Tlapehuala; Víctor Hugo Vega Hernández, de Ajuchitlán; Mayté Torres Berum, de Cutzamala; Tania Mora Eguiluz, de Tlalchapa y la diputada local Elzy Camacho Pineda, del distrito 17 con cabecera en Coyuca de Catalán.
La alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez, durante una de sus conferencias de prensa matutinas. Foto: Óscar Guerrero.
El diputado morenista Masedonio Mendoza Basurto pidió y confió en que habrá justicia para el activista del Frente Popular de la Montaña (FPM), Arnulfo Cerón Soriano, desaparecido el 11 de octubre del 2019 y de quien hallaron su cadáver en una fosa clandestina 40 días después.
Mendoza Basurto, diputado por el distrito 18, con sede en Tlapa de Comonfort, en la Montaña de Guerrero, denunció en tribuna durante la sesión de Comisión Permanente que Guerrero vive una «época convulsa en la que la violencia contra activistas, luchadores y dirigentes sociales ha incrementado».
Arnulfo Cerón, como activista del FPM, tenía una amplia trayectoria en la defensa de derechos humanos y de los pueblos originarios, causa que, de acuerdo con sus compañeros activistas, fue lo que le costó la vida.
El cadáver de Arnulfo fue hallado en noviembre del 2019 en una fosa clandestina del municipio de Tlapa, tras estar desaparecido 40 días.
«Arnulfo Cerón Soriano, un hermano indígena que no buscaba otra cosa que no fuera la libertad, la igualdad y la paz de su pueblo. Es más, en muchas ocasiones fui testigo de su altruismo y de ese amor desinteresado por el bien común», dijo Mendoza Basurto en tribuna.
El legislador morenista catalogó de «tortugimso procesal» al Poder Judicial de Guerrero, por la lentitud en que avanzan las investigaciones y las vinculaciones a proceso de los autores materiales e intelectuales de la desaparición y homicidio.
Durante su participación, Mendoza Basurto habló también de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raul Isidro Burgos, de Ayotzinapa, hechos que catalogó como de «dolor indescriptible y una oleada de gran sufrimiento».
Situación que dijo, se da en Guerrero desde “las atrocidades y crímenes violentos de la etapa conocida como guerra sucia (1969-1979), en la que fuerzas federales y estatales cometieron crímenes con carácter de lesa humanidad».
Mendoza Basurto recordó el compromiso que asumió el presidente Andrés Manuel López Orbador de que haya justicia en el caso de Arnulfo Cerón y espera que el gobierno federal no proteja a ninguno de los responsables del crimen.
Por la desaparición y asesinato de Arnulfo hay 12 personas detenidas, que son relacionadas a grupos delictivos que operan en Tlapa.
Estas 12 personas acusaron al entonces jefe de gabinete del alcalde de Tlapa, Marco Antonio García Morales, de ser autor intelectual del asesinato de Arnulfo.
García Morales fue detenido y dos años después un juez de control dictó su liberación para que lleve el proceso fuera de prisión.
Ante esta situación activistas y amigos de Arnulfo exigen al Poder Judicial que sea imparcial y que no se cometan más irregularidades en el caso.
En la sesión de hoy en el Congreso local un grupo de diputados pidieron la renuncia del Jefe de la Oficina de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, Jesús Eugenio Urióstegui García, por haber participado en un acto de campaña de la candidata de la coalición Hagamos Historia al gobierno del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, el pasado 11 de mayo.
“¿Qué hacía el Jefe de la Oficina del Ejecutivo en un evento de campaña en un día hábil?”, dijo en tribuna el legislador priista Héctor Apreza Patrón, quien abrió el debate sobre este tema.
“Se podrían argumentar muchas cosas, que pidió permiso y que acudió con sus propios recursos, pero aquí el asunto es tener la confianza ciudadana y requiere la transparencia”, agregó.
El diputado del PRI recordó que este lunes el propio presidente Andrés Manuel López Obrador condenó que los gobiernos estatales utilicen recursos públicos para las campañas electorales.
Contó que fue el mismo funcionario estatal el que publicó en las redes sociales su fotografía en un acto de campaña en el municipio de Villa Guerrero, México.
El legislador morenista Alfredo Sánchez Esquivel dijo que si hay servidores públicos del gobierno estatal que quieren andar en campaña que renuncien.
Mencionó que de manera personal no comparte lo que hizo el funcionario del gobierno del estado. “Si él (Jesús Urióstegui) tiene un proyecto personal y quiere andar en campaña que lo haga pero con sus propios recursos”, expuso.
Cuestionó que muchos funcionarios del gabinete estatal no estén preocupados por resolver los problemas de Guerrero y les ocupen otras preocupaciones.
“Guerrero no tiene espacio para funcionarios temporaleros o de oportunidad; la gobernadora sí es de tiempo completo y por eso tiene todo nuestro respeto”, dijo.
El legislador perredista Ociel Hugar García Trujillo recordó que existe una tesis jurisprudencial de que ningún funcionario puede participar en actos de campaña en horas hábiles, porque eso es un delito.
“Ese funcionario (Jesús Urióstegui) debería de ser más responsable y abstenerse de realizar esos hechos tan penosos y lamentables”, comentó el diputado.
El legislador morenista Joaquín Badillo Escamilla entró al debate para defender al funcionario estatal y acusó a sus compañeros diputados de “generar una polémica y estar mal informados”.
Mencionó que la nota publicada en el periódico Reforma que da cuenta que Jesús Urióstegui participa en un acto de campaña de la candidata de Morena a gobernadora en el Estado de México “tiene tintes políticos”.
“Sabemos que partidos políticos están detrás de esto”, mencionó.
Amapola, periodismo transgresor también público esta información del funcionario estatal.
Después el diputado morenista leyó un documento, supuestamente suscrito por el Jefe de la Oficina, Jesús Urióstegui, con fecha 9 de mayo de este año, a través del cual le presenta su renuncia a la gobernadora.
En respuesta a lo expuesto por el morenista Badillo Escamilla, el priista Héctor Apreza Patrón dijo que en la página oficial del gobierno de Guerrero aparece Jesús Urióstegui como Jefe de la Oficina de la gobernadora. “Yo me atengo a lo oficial y aquí está la página del gobierno”, dijo.
Así fue como quedó planteado el tema el tribuna.
El diputado priista Héctor Apreza Patrón denunció en tribuna la participación del Jefe de la Oficina de la gobernadora Evelyn Salgado, Jesús Urióstegui, en un acto de campaña de la candidata morenista al gobierno del Estado de México, Delfina Gómez.
Fotografía: Oficial, Congreso del estado de Guerrero
27 de abril del 2023
Chilpancingo
Al inicio de la sesión ordinaria del jueves 27 de abril, los diputados del Congreso local guardaron un minuto de silencio por los asesinatos de cuatro mujeres ocurridos la última semana en Guerrero.
Fue la presidenta de la Comisión de Equidad de Género del Congreso, Gabriela Bernal Reséndiz, quien solicitó a la Mesa Directiva que antes de que iniciar la sesión guardarab un minuto de silencio «en memoria de las mujeres que han sido asesinadas en las últimas horas en Guerrero».
Durante su petición a la Mesa Directiva, Bernal Reséndiz mencionó los nombres de las mujeres asesinadas.
«Justicia para Marlene», «Justicia para Vanesa», «Justicia para Bonifacia», «Justicia para Guilebalda».
Sobre el caso de Vanesa Pérez Bahena, de 16 años, su cadáver fue hallado en un barranco la tarde del 25 en la colonia Mozimba, en Acapulco.
El otro caso que mencionó fue el de la maestra de preescolar Marlene Enríquez Brito, asesinada la mañana del miércoles 26, en la entrada del Jardín de Niños Gabriela Mistral, ubicado en el fraccionamiento Revolución, al sur de Chilpancingo, y sepultada este mediodía.
Otro caso que mencionó la diputada del PRI fue el asesinato de Guilibalda Reyes, de 18 años, cuyo cadáver fue localizado el domingo pasado en el basurero de Tierra Colorada, cabecera municipal de Juan R Escudero.
En la comunidad de Ayahualtempa, municipio de José Joaquín de Herrera, en la Montaña baja de Guerrero, la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) reportó otro feminicidio en contra de Bonifacia Mendoza Ortiz, mujer nahua de 27 años.
El pleno del Congreso aceptó la petición de la diputada Bernal Reséndiz y se guardó el minuto de silencio.
“Es momento de que cada quien haga lo que le corresponde; autoridades municipales, estatales y la Fiscalía del Estado, todos debemos proteger la vida de las mujeres”, dijo Bernal Reséndiz en declaraciones posteriores.
Diputados guardan un minuto de silencio por los últimos cuatro feminicidios que se registraron en Guerrero en la última semana. Foto: Congreso del estado de Guerrero
