Por Arturo de Dios Palma, Emiliano Tizapa Lucena y Jesús Guerrero Salgado
El 16 de mayo, poco antes de que iniciara la sesión en uno de los pasillos del salón legislativo del Congreso, los diputados Joaquín Badillo de Morena y el priista Héctor Apreza Patrón discutieron acaloradamente.
Apreza Patrón ya tenía preparado leer una condena contra Jesús Urióstegui García, el jefe de la Oficina de la gobernadora, Evelyn Salgado Pineda, por haber participado en un acto de campaña de la candidata morenista a la gubernatura del Estado de México, Delfina Gómez, el jueves 11 de mayo.
Badillo Escamilla trataba de convencer al priista para que no lo hiciera y le soltó: «mira aquí tenemos el documento donde él (Urióstegui García) pidió permiso ese día sin goce de sueldo”.
El morenista le mostró la imagen de un escrito supuestamente firmado por Urióstegui García que le enviaron en un mensaje de WhatsApp en su celular.
Se supone que ese mensaje electrónico se lo envió a Badillo Escamilla el propio Urióstegui García cuando se enteró de que las bancadas del PRI y PRD lo denunciaría en la tribuna, luego de que los periódicos El Sur y Reforma publicaron una nota y una fotografía en la que aparece en un mitin con la morenista Delfina Gómez Álvarez, en el municipio de Villa Guerrero, el 11 de mayo en un día y horario laborable.
Además ese mismo día el «amigo», como lo define la gobernadora, Urióstegui García publicó en sus redes sociales su participación en el acto de campaña de Gómez Álvarez junto con otros guerrerenses que se supone son sus colaboradores en la dependencia que dirige.
El intento de Badillo Escamilla no tuvo el resultado que quería, Apreza Patrón subió a la tribuna y junto con el morenista Alfredo Sánchez Esquivel y el perredista Ociel Hugar García Trujillo le dieron una tunda a Urióstegui García.
Sin embargo, Badillo Escamilla subió a la tribuna sacó su tableta electrónica y, como vil mago, apareció con la renuncia del Jefe de la Oficina de la gobernadora fechada el 9 de mayo, dos días antes de su participación en un acto de campaña al lado de la candidata de Morena en el municipio de Villa Guerrero.
¿Sí Uriostegui García había renunciado dos días antes del mitin de la candidata de Morena, por qué Badillo Escamilla le mostró a Apreza Patrón el permiso sin goce de sueldo del ex funcionario? ¿Por qué desde el gobierno del estado no anunciaron la salida del ex jefe de la Oficina de la gobernadora? ¿Por qué hasta ahora no han podido mostrar físicamente el documento de la supuesta renuncia? ¿Por qué?
Fácil: porque no ocurrió así, Uriostegui García se fue a hacer campaña al Estado de México sin permiso y sin renunciar al cargo.
Pero, ¿saben quién operó esa intempestiva renuncia de Urióstegui García luego del desmadrito que él mismo provocó?
Pues ni nada más ni menos que la propia gobernadora. Salgado Pineda ordenó a Urióstegui García firmar su renuncia con fecha del 9 de mayo, cuando el escándalo mediático ya se había desatado días antes.
A los operadores de la gobernadora les faltó ordenar que se borrara el nombre de Urióstegui García del directorio de funcionarios del gabinete estatal.
Fuentes del gobierno confirmaron que el poderoso jefe de la Oficina de la gobernadora ni siquiera pidió permiso para trasladarse junto con varios trabajadores al Estado de México para estar en el evento político de Gómez Álvarez.
Incluso se trasladaron a Villa Guerrero en vehículos oficiales. Así de cínicos son los que integran este gobierno de Guerrero de la llamada cuarta transformación.
A varias semanas de que formalmente Urióstegui García dejó el cargo, fue «comisionado» para que opere en municipios del Estado de México para recabar votos a favor de Gómez Álvarez.
Así lo hizo en la campaña de Salgado Pineda en las elecciones del 2021 y por ese trabajo el clan de los Salgado lo designó como jefe de la Oficina, un cargo de altísima confianza.
Urióstegui García es originario de Chilpancingo y toda su vida ha sido un junior, se subió al carro de Morena en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en 2020 con diversos cargos.
Por ejemplo, fungió como asesor del subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta Saucedo, cercano a la ex secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. También trabajó en la Aduana marítima de Acapulco.
En la campaña de Salgado Pineda, Peralta Saucedo y Urióstegui García formaron parte de su grupo de operadores políticos.
Pero volviendo al tema, la renuncia pirata de Urióstegui García no es un tema menor, estamos hablando de corrupción. Primero, el ex funcionario cometió un delito al utilizar recursos públicos y abandonar sus funciones para apoyar a un candidato. Eso es un delito electoral. Segundo, la gobernadora en lugar de destituirlo no sólo lo protegió sino que lo ayudó a mentir, a engañar. Y tercero, Urióstegui García no tuvo que irse tranquilamente a seguirle en la campaña de Gómez Álvarez, debería estar enfrentando la ley.
La gobernadora es abogada y sabe perfectamente que lo que cometió su amigo Urióstegui García fue un delito electoral grave, sin embargo, actuó a la vieja usanza priísta: a los amigos perdón y gracia y a los enemigos, la ley a secas.
Lo que realizó Urióstegui García, uno de los “Catrincitos”, no es nada nuevo, la mayoría de los funcionarios del gabinete de Salgado Pineda que desde hace meses está volcado a promover y financiar propaganda política a favor de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, la corcholata preferida de López Obrador para sustituirlo en la presidencia de la República.
El PAN y el PRD interpusieron demandas ante el Instituto Nacional Electoral (INE) contra funcionarios estatales a quienes les importó poco y prueba de ello es que siguen promoviendo pintas y propaganda en las redes sociales a favor de Sheinbaum Pardo utilizando presuntamente recursos públicos.
Tan es el cinismo que el Subsecretario de Educación Media de la SEG, Marco Antonio Marbán Galván ordena que en las pintas a favor de Sheinbaum se escriba las iniciales de su nombre y apellidos.
Bueno si la gobernadora y su papá el senador Félix Salgado Macedonio ponen el ejemplo, ni modo que sus subalternos no lo hagan.
Después del domingo 4 de junio luego de las elecciones en el Estado de México, Urióstegui García regresará a Guerrero para hacerse cargo de la coordinación estatal de la promoción de Sheinbaum. Su nombramiento ya fue aprobado por el clan de los Salgado.
El gabinete estatal está cargado a Sheinbaum Pardo y la pregunta es si no es ella la elegida por el presidente Obrador, ¿qué va a hacer el clan de los Salgado?
Seguramente van actuar como los priístas: se van a disciplinar y a negociar con cualquiera de los elegidos, Marcelo Ebrard o Adán Augusto López. Lo importante para los Salgado es mantener los privilegios del poder.
En el caso de Urióstegui García, su tirada es que Morena lo elija candidato a diputado local por un distrito o por la vía plurinominal.
El Catrincito piensa que con la bendición de los Salgado podría ser jefe de la bancada de Morena en la próxima legislatura y si su partido logra la mayoría, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso.
Urióstegui García anda con todo buscando un huesito mejor porque al parecer ser jefe de la Oficina de la gobernadora no le gustó mucho. Nos cuentan que le quiso tumbar el cargo a Ludwing Marcial Reynoso Núñez en la Secretaría General de Gobierno, pero fracasó.
En este momento, Los Catrincitos, Urióstegui García y Rubén Hernández Fuentes, coordinador Operativo del Poder Ejecutivo, andan haciendo una mancuerna de poder en el gobierno de los Salgado que hay que ponerles atención.
Chirrionazo.- Siguiendo con el tema preelectoral, resulta inadmisible que la presidenta del Instituto Electoral de Participación Ciudadana (IEPC), Fabiola Fabiola Matildes, diga que este organismo no está facultado para emitir una opinión sobre la propaganda política que realiza presuntamente Morena y funcionarios del gobierno estatal a favor de Sheinbaum Pardo. La consejera electoral le endosó este paquete al INE. A ver qué dice el bloque opositor del PRD, PAN y PRI.
Colaboración especial en Amapola periodismo de sus brothers, sus panas, hermanos, su sangre y su clicka: Arturo de Dios Palma, Emiliano Tizapa Lucena y Jesús Guerrero Salgado. Aquí nos pueden enviar sus comentarios y chismecitos: eltlacololcolumna@gmail.com
Tlacolol es una columna satírica que cuestiona los hechos y dichos de lo que acontece en Guerrero. La opinión vertida en esta columna es responsabilidad de sus autores. Agradecemos el espacio a Amapola Periodismo por respetar la libertad de expresión y no censurar nuestras opiniones e interpretaciones
La demolición y reconstrucción del edificio de la biblioteca del Congreso local, y la instalación de un tablero electrónico en el pleno son dos de las obras realizadas por la administración del Poder Legilslativo en los últimos años que están rodeadas de irregularidades porque, aun con el gasto millonario, en el caso del tablero, por ejemplo, no es usado por los diputados.
En noviembre del 2018, tiempos de la pasada legislatura, el entonces presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso local, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, anunció la compra e instalación en el pleno de un tablero electrónico, además de 46 tabletas y lectores de huellas que, en teoría, facilitarían las labores legislativas.
«El 24 de noviembre de 2018 el Congreso local lanzó la primera Licitación Pública Nacional para la instalación y adquisición del Tablero Electrónico, en que participaron cinco empresas y el fallo de adjudicación fue el 11 de diciembre por un monto de 7.1 millones de pesos», se lee en un boletín que fue difundido por la dirección de Comunicación Social del Congreso.
Con la designación de Sandoval Ballesteros como delegado del Bienestar en Guerrero, su cargo en el Congreso local fue ocupado por el morenista Antonio Helguera Jiménez, quien finalmente compró e instaló los nuevos aparatos en el salón se sesiones.
Los 7 millones 100 mil pesos gastados en el tablero, las tabletas y los lectores de huellas fueron para registrar las asistencias y las votaciones de los diputados, pero después de dos sesiones, nunca más los volvieron a utilizar.
Helguera Jiménez justificó la compra millonaria y dijo que con la instalación de un sistema moderno se transparentaría el voto de los diputados y se reduciría el uso de papel, porque ahí registrarían asistencia, votarían y tendrían acceso a todos los documentos necesarios para las sesiones, como el orden del día, puntos de acuerdo e iniciativas.
“Todo esto tiene el propósito de eficientar y mejorar la labor parlamentaria, y es también una herramienta que fortalece la transparencia respecto al sentido de las votaciones que se desarrollen”, dijo Helguera Jiménez durante un inauguración de la pantalla.
Las tabletas las instalaron en la curul de cada diputado.
Todo este equipo de tecnología fue presentado por Helguera Jiménez el 25 de marzo del 2019; dijo además que ahorrarían millones de pesos en papelería.
Después de la presentación hubo dos intentos de utilizar el tablero, pero la Mesa Directiva terminó por contar los votos de manera directa.
Los diputados volvieron a realizar el pase lista de manera normal, sin tecnología; desde su curul gritan presente y los integrantes de la Mesa Directiva los anota; para las votaciones es igual.
Las tabletas y los lectores de huellas fueron retirados después de varias amenazas de protestas por parte de maestros y estudiantes y, desde entonces, siguen sin colocarlas.
Lo único que quedó fue el enorme tablero electrónico que ahora sirve como pantalla donde sólo proyectan el logo del Congreso local.
Con la llegada de la 63 legislatura, en septiembre del 2021, las cosas no cambiaron, nunca volvieron a ocupar el tablero.
«Las tablets deben estar en algún rincón del Congreso, seguramente», mencionó una fuente del Congreso local, quien aseguró que dicho tablero sólo fue un capricho de los entonces diputados Helguera Jiménez y Sandoval Ballesteros, porque en un congreso pequeño como el de Guerrero no hace falta contar votos o pasar lista de manera electrónica.
«Es funcional en el Congreso federal que son 500 diputados, ahí si no puedes contarlos de uno por uno, aquí son 46 y siempre viene la mitad, no hay ningún problema en eso», mencionó la fuente.
El diputado que compró el tablero finalmente fue reeligido y nadie, ni sus compañeros y ni la oposición, le cuestionaron la compra.
La biblioteca sin terminar
Después de pasar por la compra innecesaria de un tablero electrónico llegamos a inicios del 2022, el entonces presidente de la Jucopo, el morenista Alfredo Sánchez Esquivel, ordenó demoler la Biblioteca Siervo de la Nación, ubicada en la fachada principal del Congreso .
La biblioteca fue demolida sin sustento técnico y sin el consenso de los diputados.
De acuerdo con declaraciones públicas que los diputados de los diferentes grupos parlamentarios hicieron en diversos medios de comunicación, Sánchez Esquivel jamás les informó que demolerían la biblioteca.
En su cuenta de facebook la diputada priista Gabriela Bernal Reséndiz cuestionó la demolición de la biblioteca.
«¿Quién autorizó la destrucción de la Biblioteca Siervo de la Nación del Congreso del estado de Guerrero? ¿Cuánto costará? ¿Qué empresa está realizando la obra? ¿Cuál es el proyecto que se tiene para este espacio?», escribió Bernal Reséndiz el 11 de enero del 2022.
De acuerdo con lo documentado por Amapola, periodismo transgresor, los dictámenes de Protección Civil establecían que el edificio que albergaba la Biblioteca Siervo de la Nación sólo presentaba fisuras y que requerían una remodelación, no una demolición.
Aun así el edificio fue demolido y después de cuatro meses de trabajos, la obra fue detenida por otros siete meses.
Sánchez Esquivel argumentó que se acabó el recurso presupuestado para continuar.
En septiembre del 2022, a Sánchez Esquivel lo removieron de la Jucopo y su lugar lo asumió la también morenista Yoloczin Domínguez Serna, quien junto con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, el 22 de diciembre siguiente dieron un segundo banderazo a la obra.
Ahí explicó la secretaria de Obras Públicas del gobierno estatal, Irene Jimémez Montiel, que en la primera etapa de demolición invirtieron 10 millones de pesos y en esta segunda de reconstrucción se invertirían otros 20 millones.
En declaraciones posteriores, Irene Montiel dijo que aun con esta segunda etapa, no terminarían la obra; necesitaría una tercera etapa para los acabados y el equipamiento del edificio. Para esa tercera etapa aún no hay un presupuesto asignado.
En entrevista, Domínguez Serna dijo que en los próximos días se reunirán con Jiménez Montiel para hablar sobre la tercera etapa «y por fin concluir la Biblioteca».
La demolición de la Biblioteca llegó hasta la Auditoria Superior de la Federación (ASE), en donde está un expediente por daño patrimonial contra el Congreso de Guerrero.
Domínguez Serna explicó que la irregularidad radica en que los diputados aprobaron un presupuesto para remodelación, «mas no para demolición», por lo que la ASE investiga quién ordenó y ejecutó dicho recurso.
«Ellos (la ASE) están haciendo su trabajo, ellos son el ente fiscalizador y en su momento dictaminarán el tema de la demolición y tendrá que recaer la responsabilidad en quien tenga que caer», agregó la diputada.
Con los 7 millones de la pantalla y los otros 30 de la demolición y reconstrucción de la Biblioteca, el Congreso de Guerrero ya gastó 37 millones de pesos en dos cosas que no se ocupan y que no eran necesarias.
El presidente afirmó que si tienen pruebas de corrupción por contratos otorgados a amigos de su hijo Andrés, “que vayan a la fiscalía”.
Texto: Animal Político
Fotografía: Facebook Andrés Manuel López Obrador
El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó la investigación que documenta los contratos, por más de 100 millones de pesos, que recibieron los amigos de Andrés López Beltrán de parte del gobierno federal; afirmó que sus hijos no son corruptos y que no hay conflicto de interés.
Al ser cuestionado sobre el reportaje presentado por el sitio Latinus, afirmó que sí tienen pruebas de corrupción, que vayan a la fiscalía.
“Loret saca un reportaje de que mis hijos están haciendo negocios, cosa que es rotundamente falso, que es parte del periodismo que él ejerce porque en realidad es un mercenario que pertenece al hampa del periodismo, no pasa nada porque no es cierto; especialista de montaje, y si tiene pruebas de corrupción, que vaya a la fiscalía”, dijo.
Afirmó que algunos sí son amigos de su hijo, pero que no es nada el monto: “Sí algunos, pero hagan la cuenta y vean el reportaje no es nada, es una desesperación, es calumnia”, comentó.
Durante la conferencia matutina, señalo que los contratos existen, pero que sus hijos no tienen que nada que ver.
“Pues sí, deben de existir (los contratos), pero mis hijos no tienen nada que ver, mis hijos no son corruptos, nada que ver con Loret de Mola”, comentó.
¿Hay conflicto de interés?, se le cuestionó a López Obrador, a lo que afirmó:
“Nada, nada, nada, no hay ningún problema. Que porque el primo, del amigo, de la hermana que es amiga de Andrés, ¿y? Nada”, dijo.
López Obrador criticó al periodista Carlos Loret de Mola, quien presentó en su programa en Latinus el reportaje titulado “Los negocios de los amigos de Andy en el gobierno federal”.
Señaló que ha pedido a sus hijos aguantar y no caer en provocación.
Los contratos que recibieron los amigos del hijo de AMLO
Latinus documentó que amigos de Andy, hijo del mandatario, recibieron contratos por más de 100 millones de pesos de parte del gobierno federal, a través de una red de empresas que simulan competencia.
El trabajo señala que dichos contratos fueron otorgados por Comisión Nacional del Agua (Conagua) para el parque ecológico que se construye en los terrenos de lo que sería el aeropuerto de Texcoco, que el mandatario clausuró por supuesta corrupción.
Además de otro otorgados por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, en cinco de sus obras y son los que construyen el nuevo Archivo General Agrario.
Fotografía: Dirección General de Comunicación Social del gobierno del estado
2 de marzo del 2023
Chilpancingo
Luego de que usuarios de las redes sociales la cuestionaron por usar zapatillas de más de 21,000 pesos, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda dijo que la podrán criticar por su arreglo pero no por corrupta.
«Nadie me puede señalar de un acto de corrupción, porque soy una mujer que está dedicada a su trabajo al 100 por ciento», dijo la mandataria estatal durante el acto protocolario de entrega de auditoría al Poder Ejecutivo por parte de la Auditoría Superior del Estado (ASE), ocurrida este martes. El acto fue transmitido por la página electrónica de Facebook del gobierno estatal.
El pasado sábado 25 de febrero, Salgado Pineda inauguró el Abierto Mexicano de Tenis en Acapulco y como parte de su atuendo calzaba unas zapatillas de diseñador marca Yves Saint Laurent, que tienen un valor de más de 24,000 pesos, según una consulta el sitio de ventas en internet Farfetch.
El calzado de lujo que llevó ese día Salgado Pineda provocó reacciones en las redes sociales.
«No pues ahora si ya perdió el piso la gober del pueblo con sus zapatos de 25000 varos, y uno comiendo puro frijol», escribió en Facebook un usuario de nombre Beto Salgado.
«No que mucha austeridad», escribió este mismo cibernauta.
«Ni modo que se ponga unos (zapatos) de Coppel», dijo en broma irónica Daniel Morales, otro usuario de las redes sociales.
El usuario Beto Salgado montó en su cuenta de Facebook una fotografía donde está la gobernadora calzando estas zapatillas.
Salgado Pineda dijo que la critican porque se pone huipiles y porque se pone pestañas.
«Seguiré poniéndome huipiles porque son de manos de artesanos y me pondré doble pestañas».
«Siempre a las mujeres que tenemos una responsabilidad van contra nosotras y ven cómo me arreglo, pero yo les digo a mis hijos que jamás van a escuchar y a comprobar que su madre es corrupta, eso jamás porque yo estoy trabajando con honestidad y absoluta transparencia», comentó la mandataria estatal.
Salgado Pineda recordó que cuando era la campaña electoral, en el 2021, sus opositores decían que ella era una «muchachita inexperta».
«Yo les respondía que efectivamente no tenía experiencia en robar y mentir al pueblo».
Mencionó que ella ha presentado su declaración patrimonial, donde informó que no tiene «nada, ni cuentas bancarias», aunque si es copropietaria de la mitad de una casa en la colonia Marroquín en Acapulco.
«Estoy completamente limpia y como dicen, que le busquen, que le busquen», expresó la gobernadora.
Amapola, periodismo transgresor publicó el 14 de junio del 2022 que el senador morenista Félix Salgado Macedonio, padre de la mandataria estatal, lució montado en una motocicleta que tiene un precio de 448,000 pesos.
Es una unidad BMWR1250Gs Adventure que Salgado Macedonio presumió ante sus amigos y algunos reporteros afuera del hotel Holiday Inn, ubicado al sur de Chilpancingo.
Ese día, el senador había asistido a un acto que encabezó en un salón de ese hotel su hija la gobernadora.
A Salgdo Macedonio también se le ha visto conducir una camioneta Jeep Wrangrel que cuesta un millón de pesos.
Astudillo usaba relojes de más de 140,000 pesos
El ex gobernador priísta Héctor Astudillo Flores también le gustaba usar artículos personales de lujo.
Cuando estaba en su mandato constitucional, se le veía usar relojes Panerai, modelo luminor que cuestan hasta 148,000 pesos, cuando su salario en ese entonces, en el 2018, era de 146,000 pesos.
Al ex mandatario le gustaba lucir relojes Omega, Rado y Tag Heuer.
Trabajadores administrativos, ministerios públicos y policías ministeriales protestaron esta mañana en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) para exigir el cese de los despidos injustificados y la entrada de personal militar traído por la titular, Sandra Luz Valdovinos Salmerón.
Juan Rivera Altamirano, representante de la Asociación de Agentes del Ministerio Públicos, Policías y Peritos (AAMPPP), denunció en la manifestación el despido injustificado de 100 trabajadores.
Advirtió que hay otros 150 procesos en contra de trabajadores que podrían ser despedidos.
“Ella (Valdovinos Salmerón) está despidiendo a todo el que piensa diferente, a los que denuncian que las cosas se están haciendo mal, lo mandan a llamar a y entre seis agentes los obligan a firmar su renuncia”, denunció.
Para quienes se quedan también hay medidas, otro de los manifestantes, cubierto del rostro por temor a represalias, denunció que les han bajado de rango o los han enviado a otras regiones “como castigo”.
“Los compañeros que eran ministerios públicos con mucha trayectoria son cambiados a trabajadores administrativos, les bajan el sueldo y los mandan a Tierra Caliente o a la Sierra sin equipo, armamento y sin asegurarles el bono de riesgo”, agregó.
Los trabajadores también protestaron por los nombramientos que hace Valdovinos Salmerón a militares como vicefiscales, directores y jefes de área.
“A nosotros nos dice que no nos puede aumentar el bono de riesgo y pagar el seguro de vida a compañeros que fallecieron en su labor porque argumenta que no hay dinero, pero tiene a sus amigos militares cobrando sueldos de 30,000, 40,000, 50,000 y hasta 60,000 por no hacer nada”.
Durante la manifestación realizaron un pequeño mitin en la entrada principal de la FGE, donde pidieron a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda intervenir y “poner atención a Valdovinos Salmerón, por no representar a la 4T”.
También solicitaron al Congreso del estado llame a comparecer a la fiscal para explicar los despidos injustificados.
“Cómo es posible que venga a Guerrero a justificar una limpia de corrupción, si ella no respeta la Constitución (…). Se nos violenta el inicio de presunción de inocencia. Se ha violado un acuerdo de que no habría más despidos injustificados”, dijo Rivera Altamirano.
En el mitin denunciaron que la militarización en el país es una realidad y para muestra expusieron lo que pasa en la Fiscalía, ta invadida por militares.
Los alrededor de 100 manifestantes, después del mitin en la FGE, marcharon en el encauzamiento del río Huacapa, con dirección al Palacio de Gobierno.
Ahí realizaron otro mitin donde dijeron que ya no hay diálogo con Valdovinos Salmerón y por esa razón pidieron la intervención de otras instancias, después se retiraron.
“Sin (Genaro) García Luna no hubiéramos podido trabajar”, declaró Jesús Zambada García, El Rey, en el juicio que enfrenta en Nueva York el exsecretario de Seguridad y socio de Felipe Calderón. El testimonio es clave en el proceso que podría terminar en unos días.
Desde la prisión donde se encuentra desde 2019, Genaro García Luna planeaba asesinar a un testigo fundamental en el juicio que enfrenta por narcotráfico.
Fracasó, y ahora el sobreviviente del frustrado atentado ha declarado que el exsecretario de Seguridad Pública y principal colaborador de Felipe Calderón, fue el elemento clave en la expansión del tráfico de drogas hacia Estados Unidos.
El testigo es Jesús Reynaldo Zambada García, El Rey, uno de los últimos en la lista de comparecientes por parte de la Fiscalía General de Estados Unidos en el caso que se ventila en Brooklyn, Nueva York.
El Rey, quien es hermano del actual líder del cartel de Sinaloa, Ismael Zambada García, El Mayo, dijo que personalmente entregó por lo menos cinco millones de dólares al exfuncionario mexicano.
El dinero fue parte del pago por la protección de los gobiernos del Partido Acción Nacional (PAN) al cartel de Sinaloa.
Los sobornos empezaron durante el sexenio de Vicente Fox Quesada, cuando el ahora procesado era jefe de la Agencia Federal de Investigación (AFI).
La protección aumentó en el período de Felipe Calderón. Gracias a ese respaldo la organización creció exponencialmente.
Pero el repunte inició con Fox, aseguró El Rey de acuerdo con el reporte del periodista de Vice News Keegan Hamilton, quien cubre el juicio contra el exfuncionario mexicano.
“Cada día de los seis años de ese período el cartel se volvió más fuerte”, aseguró Jesús Zambada. En ese tiempo la organización enviaba un promedio de cien toneladas de cocaína al mes hacia Estados Unidos.
García Luna fue pieza clave en ese crecimiento. “Se podía trabajar mucho, había mucha seguridad, se daba apoyo con los combates y los sicarios, era muy importante” aseguró el testigo.
El apoyo del exsecretario de Seguridad al cartel de Sinaloa fue a tal nivel, que inclusive agentes de la Policía Federal eran los responsables de descargar los cargamentos de cocaína que arribaban al Aeropuerto Internacional de Ciudad de México (AICM).
“No hubiéramos podido trabajar sin esa ayuda” afirmó el testigo. “Era una forma muy segura de trabajar”.
El testimonio de Jesús Zambada seguirá este martes. La Fiscalía estadounidense informó al juez Brian Cogan que presentará otros dos testimonios breves y con ello concluirá su participación en el período de presentación de pruebas en el juicio.
Después tocará el turno a los abogados del exsecretario para presentar sus propios testigos.
Hasta ahora, de acuerdo con el periodista Hamilton, los defensores dijeron al juez que presentarán sólo una participación, aunque eso podría cambiar.
García Luna informó al reiniciar el juicio este lunes que se reserva su derecho a presentar su propio testimonio.
Después de concluir la presentación de los testigos la Fiscalía y defensores deben presentar sus conclusiones ante el jurado, que a continuación iniciará un receso privado para tomar su decisión.
Si Genaro García Luna es encontrado culpable, el juez Cogan determinará el período que permanecerá en prisión, así como las sanciones económicas que debe cumplir.
En caso de que lo absuelvan, el exsecretario debería permanecer en la cárcel mientras el Departamento de Estado resuelve la petición del gobierno de México para su extradición.
En este país García Luna enfrenta tres órdenes de aprehensión y dos investigaciones judiciales en curso, según informes de la Fiscalía General de la República (FGR).
No está claro el tiempo que demore la eventual extradición, pues el acusado tiene derecho a promover acciones judiciales para evitarlo. Una de ellas es solicitar asilo político o humanitario.
Testigo valioso
El Rey Zambada es el primer testigo que reconoce haber entregado personalmente sobornos a García Luna, y de conocer de forma directa la protección del exfuncionario al cartel de Sinaloa.
Antes la mayoría de los testimonios se basaron en versiones o hechos que les contaron o supieron de su existencia. Es decir, fueron testigos de oídas.
De hecho, los abogados del exsecretario, encabezados por César de Castro, han logrado desarticular varios de los testimonios de la Fiscalía.
En algunos casos, durante los contrainterrogatorios, lograron inclusive que los testigos admitieran que nunca se habían reunido con García Luna.
Pero no es el caso de Jesús Zambada García. En su primera comparecencia aseguró haberse reunido en dos ocasiones personalmente con el exfuncionario.
Los encuentros fueron en 2006 en el restaurante Champs-Élysés de Ciudad de México, ubicado a unos metros de la embajada de Estados Unidos.
En ambos casos las reuniones fueron para entregar dinero: tres millones en la primera ocasión y otros dos en el segundo encuentro.
Tras los sobornos García Luna se comprometió a proteger a El Mayo Zambada.
“Le iba a dar protección a mi hermano, no lo va a molestar, va a seguir trabajando como hasta ahora” dijo El Rey.
Además, El Rey afirmó que el exsecretario aseguró que mantenía un arreglo similar con Héctor Beltrán, El Barbas, líder del cartel de los hermanos Beltrán Leyva.
El periodista Keegan Hamilton, quien ha seguido puntualmente el actual proceso y antes el juicio a Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, publicó en Twitter que García Luna permitió al cartel elegir a los comandantes de la Policía Federal o a funcionarios de la entonces Procuraduría General de la República (PGR).
De esta manera, Jesús Zambada logró colocar a Edgar Bayardo, uno de sus colaboradores, en una posición estratégica dentro de la Subprocuraduría de Investigación en Delincuencia Organizada (SIEDO).
El puesto le costó 350 mil dólares que le entregaron a un sobrino del inculpado, Víctor Hugo García.
Un método similar se utilizó para que El Rey virtualmente tomara el control del AICM, donde cotidianamente aterrizaban aeronaves cargadas con droga.
En ocasiones, declaró el testigo, eran pequeños jets privados procedentes de Venezuela, pero también aeronaves de carga con capacidad de trasladar hasta cinco toneladas.
También se utilizaban vuelos comerciales. En estos casos la droga viajaba en maletas marcadas que descargaban policías.
Los envíos “eran según el gobierno lo permitiera”, añadió el testigo. El control del capo sobre la terminal aérea capitalina terminó en 2008, cuando fue capturado por un grupo de sicarios de los hermanos Beltrán Leyva disfrazados de agentes de la Policía Federal que lo entregaron a la policía de Ciudad de México.
Jesús Zambada García fue extraditado a Estados Unidos en 2012, donde se declaró culpable de varios delitos de narcotráfico.
En 2018 fue uno de los testigos clave en el juicio contra El Chapo Guzmán, y gracias a eso su nombre fue borrado de la lista OFAC del Departamento del Tesoro.
El Rey fue sentenciado a 12 años de prisión, pero cumple su condena en libertad, e inclusive se le permitió trasladar a su familia a territorio estadounidense.
Este trabajo fue publicado por el equipo de Pie de Página y lo reproducimos como parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie.
Mientras García Luna enfrenta su juicio en EU, en México hay elementos para que la FGR pida su extradición, dice Santiago Nieto, actual procurador de Hidalgo y quien, como titular de la UIF, inició investigaciones en contra del exsecretario de Seguridad.
Texto: Alfredo Maza / Animal Político
Fotografía: Retomada de El Financiero
13 de febrero del 2023
En la recta final del juicio contra Genaro García Luna en Estados Unidos, el extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, advierte que el exsecretario de Seguridad Pública aún podría ser juzgado en México por delitos denunciados a partir de las investigaciones iniciadas en su contra en 2019, si el gobierno mexicano pide su extradición.
En entrevista con Animal Político, Nieto detalló el contenido de las denuncias iniciadas durante su gestión en contra de García Luna que, según la actualización presentada el jueves pasado por el actual titular de la UIF, Pablo Gómez, implican posibles desvíos por más de 700 millones de dólares y cargos por lavado de dinero, peculado y enriquecimiento ilícito.
El presunto círculo de corrupción alrededor del exsecretario de Seguridad incluye a colaboradores de García Luna como Luis Cárdenas Palomino y Ramón Pequeño García, pero también a colaboradores del expresidente Felipe Calderón, como el exprocurador Eduardo Medina Mora.
Sin embargo, Nieto reconoció que, en las investigaciones que desarrolló la UIF entre 2019 y 2021, no existen indicios que vinculen directamente al expresidente.
—En las investigaciones que usted hizo durante prácticamente tres años de este caso, ¿llegó a encontrar vinculaciones con el expresidente Felipe Calderón? —se preguntó a Nieto.
—No en cuanto a relación financiera —respondió.
Independientemente del veredicto, Nieto asegura que el exfuncionario no quedará impune, pues en México la Fiscalía General de la República (FGR) aún podría solicitar y obtener las órdenes de aprehensión en contra de García Luna y, a partir de ahí, solicitar su extradición.
“Se tendría que ver cuáles son las penalidades que tendría en México, cuál tendría en Estados Unidos, y con base en ello poder determinar si la extracción resulta procedente o si la pena es más importante en Estados Unidos que en México. Pero creo que lo importante es que lo que existe en la fiscalía siga su curso”, dice.
Los litigios penales de García Luna en México
A principios de 2019, agencias estadounidenses, particularmente la DEA y el FBI, informaron a autoridades mexicanas sobre el desarrollo de una investigación relacionada con el exprocurador y exministro Eduardo Medina Mora, en la que había un presunto nexo entre él y García Luna al inicio del gobierno de Felipe Calderón.
Por ello, cuando García Luna fue detenido en Estados Unidos a finales de 2019, la UIF presentó dos denuncias: una en la extinta Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO, hoy FEMDO) y otra en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción por los delitos de enriquecimiento ilícito, peculado y lavado de dinero.
Las investigaciones encontraron que entre 2006 y 2007, cuando empezó la llamada “guerra contra las drogas”, se comenzó a desarrollar también un programa llamado nice track para espionaje telefónico, en el que participaron los hermanos Mauricio Samuel Weinberg y Jonathan Alexis Weinberg, quienes proveyeron de los insumos para efectuar este espionaje.
Pero casi al finalizar el sexenio, en 2011, una empresa en Panamá, Nunvak, abrió una filial en México que durante 2011 y 2012 y de 2012 a 2018, ya en la administración de Enrique Peña Nieto, fue “contratada de manera sistemática por el gobierno mexicano” para el mismo fin.
“En ese proceso, encontramos nosotros la contratación por 77 millones de dólares directamente del gobierno mexicano, llámese Secretaría de Gobernación, Comisión Nacional de Seguridad, en ese momento existente, el organismo especializado de los Centros de Readaptación Social y también inclusive de las propias Fuerzas Armadas”, en las que se encontraban servicios en temas de seguridad, informática, aviones no tripulados y otros, refiere Nieto.
El monto total aparte de los 77 millones de dólares en la contratación fue por 2 mil 600 millones de pesos para Nunvak y las transferencias de dinero fueron enviadas a Panamá y de ahí a Estados Unidos, donde el gobierno mexicano asegura que se utilizaron fondos para “pagar el modo de vivir de García Luna”. Pero, además, se encontró dinero que iba a Tel Aviv para el pago de servicios de inteligencia israelí y, de ahí, a países como Letonia y Curazao.
Por otra parte, las investigaciones llegaron hasta una empresa mexicana llamada GLAC, que incluso disponía de espacios en medios de comunicación: se presentaba a exfuncionarios como “colaboradores” y, durante la administración de Miguel Ángel Mancera en la CDMX, la compañía recibió diversos contratos. El más importante fue por 32 millones de pesos con la entonces procuraduría local, que la contrató para hacer un supuesto diagnóstico sobre la Fiscalía de Combate al Secuestro.
Al final, las autoridades presentaron las denuncias correspondientes contra Nunvak y GLAC, donde los accionistas eran Linda Cristina Pereyra y Gloria García, esposa y hermana de García Luna, respectivamente, así como contra el propio García Luna. Esto motivó el congelamiento de cuentas de 10 personas morales y por lo menos seis personas físicas.
Más adelante, se abrió una investigación en contra de Luis Cárdenas Palomino —exdirector de Seguridad Regional de la Policía Federal, detenido desde 2022—, luego de que las indagatorias arrojaron que actuó en el esquema de lavado de dinero a través de cuatro empresas también relacionadas con seguridad. Las investigaciones también alcanzaron a Ramón Pequeño —exjefe antidrogas de la Policía Federal prófugo de la justicia estadounidense, por presuntos sobornos del Cártel de Sinaloa.
Durante la conferencia de prensa matutina del jueves 9 de febrero, Pablo Gómez, actual titular de la UIF, dio a conocer que un tribunal colegiado otorgó un amparo a Cárdenas Palomino para el efecto de ordenar el descongelamiento de sus cuentas, por lo que el funcionario acusó a jueces y magistrados por permitir la impunidad porque “protegen a criminales y corruptos”. Pequeño también obtuvo un amparo a finales del año pasado.
Mientras en EU seguía la etapa previa al juicio contra García Luna, la FGR informó sobre la existencia de al menos tres órdenes de aprehensión solicitadas como parte de diversas carpetas de investigación y procesos abiertos.
El primer posicionamiento de la FGR —el 16 de junio de 2022— se dio justo un día antes de que los fiscales estadounidenses aseguraron tener las pruebas suficientes para demostrar que García Luna amenazó con ejercer violencia y manipular a potenciales testigos.
Luego de que se diera a conocer esta información, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a las autoridades estadounidenses para que publicaran los audios en los que se escucha a García Luna realizar estas declaraciones.
En respuesta, la FGR informó que la primera orden de aprehensión que tiene contra García Luna es por los delitos de uso indebido de atribuciones y facultades y de asociación delictuosa, concedida por actos de corrupción presuntamente cometidos en diversos penales federales.
La segunda orden fue por el delito de enriquecimiento ilícito, mientras que la tercera es por la presunta introducción ilegal de armamento en el operativo “Rápido y Furioso”, que permitió la entrada de 2 mil armas de fuego de EU a México con el fin de rastrear a sus usuarios, pero a las que se les perdió el rastro.
García Luna es juzgado en EU por nexos con el narco
Una segunda ronda de litigios en torno a García Luna inició en Estados Unidos luego del juicio a Joaquín ‘el Chapo’ Guzmán y otros juicios, en los que se empezó a generar una serie de testimonios en contra del exsecretario.
En su momento, la UIF encabezada por Santiago Nieto entregó toda la información que tenía en su poder a los fiscales del Distrito Este de Nueva York, pero debido a que en EU la denuncia contra García Luna solo tiene que ver con delitos relacionados al crimen organizado durante su tiempo como funcionario, la defensa del exsecretario pidió que no se utilice la información de 2012 a 2018, argumento que fue aceptado por el juez Brian Cogan.
“Nuestro punto de vista jurídico es que no importa si el dinero venía del narcotráfico o venía de un proceso de enriquecimiento ilícito en México; de cualquier forma, al tocar dicho dinero, el sistema financiero norteamericano estaba incurriendo en la conducta de lavado de dinero y la obligación de Estados Unidos, en términos de la propia normatividad del Grupo de Acción Financiera Internacional, es que tendría que desarrollar el caso y decomisar los bienes que fueran objeto de esa actividad ilícita», dice Nieto.
Durante el juicio de García Luna, el exfiscal de Nayarit Édgar Veytia —sentenciado a 20 años de prisión en EU— fue el primero en acusar a Felipe Calderón y a García Luna de proteger al ‘Chapo’ Guzmán, involucrando también al exgobernador Roberto Sandoval en la lista de funcionarios públicos que presuntamente recibieron sobornos del crimen.
Esta semana se prevé que concluyan los testimonios en el juicio contra del exsecretario, con la participación de un testigo estrella que podrían ser Edgar Valdez Villareal, ‘la Barbie’, o Jesús ‘el Rey’ Zambada.
La demanda para recuperar 250 millones de dólares
Un tercer caso en torno a García Luna gira alrededor de un litigio civil que empezó luego de que la UIF, con Santiago Nieto, contrató a un despacho estadounidense para intentar recuperar 250 millones de dólares saqueados por el exsecretario, pero en el que la FGR acusó a Nieto de no tener facultades legales para realizar dicho acuerdo y por tanto lo calificó de ilegal.
Al respecto, Nieto, actual procurador de Hidalgo, ha asegurado que dicho procedimiento civil en EU inició luego de hablarlo con el presidente López Obrador, con el canciller Marcelo Ebrard y con el entonces secretario de Hacienda, y después de tener una autorización expresa del Consejo de Seguridad en México.
“Ahora bien, también hay una parte interesante respecto a esto. Se presentó la demanda en los tribunales de Florida, porque ahí es donde está la mayor cantidad de los bienes, y el, digamos, ejercicio preliminar eran 250 millones de dólares, que si lo sumamos a los 77 millones (de dólares) y a los 2 mil 600 millones (de pesos), son 450 millones de dólares lo que había movido García Luna en Estados Unidos”, dice.
La única variación que existe respecto de las investigaciones de Nieto y de Gómez, expuesta el jueves pasado, tiene que ver con el aumento de recursos, entre otras cosas, por vehículos de alta gama que fueron adquiridos por García Luna, como autos Mercedes Benz o Land Rover.
Sobre la demanda civil, la defensa de García Luna presentó una motion to dismiss, que es una moción que busca que se deseche la demanda. Esto fue rechazado por el juzgado en primera instancia, por lo que se ha presentado una apelación que podría resolverse a finales de marzo.
“Hay dos opciones: que se confirme la decisión del juez y que por tanto siga la demanda civil o que lo revoque y ahí tendrán por supuesto la unidad y el despacho que generar acciones jurídicas al respecto. Pero el hecho de que les hayan rechazado la motion to dismiss es una buena señal para México y ahí es donde se encuentra la mayor cantidad de los recursos”, explica Nieto, que desde que dejó la UIF no tiene acceso ni al expediente de la FGR ni a la demanda en los tribunales en Florida.
Debido a que detectaron una serie de irregularidades en la demolición y cimentación de la biblioteca del Congreso local en la que se invirtieron 9 millones 600 mil pesos, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) realizó una investigación y los resultados los envió a la gobernadora morenista Evelyn Salgado Pineda, informaron diputados locales.
«Cuando la Auditoría (Superior de la Federación) hace observaciones sobre el ejercicio de algún recurso público es porque a juicio de ellos hay anomalías», declaró el coordiandor de la bancada del PRI en el Congreso local, Héctor Apreza Patrón.
Después de la demolición de la Biblioteca del Congreso la obra estuvo parada por nueve meses. Apenas el pasado 22 de diciembre del 2022 la gobernadora dio un segundo banderazo de inicio de la obra.
El presupuesto de la primera etapa contemplaba la demolición del inmueble, para ello, el gobierno del estado, a través de la Secretaría de Obras Públicas, destinó un presupuesto de 9 millones 600 mil pesos, los cuales ya fueron observados por la ASF al considerar que hubo irregularidades en su ejecución.
Otra fuente dentro del Congreso, que pidió omitieran su nombre, mencionó que las observaciones de la ASF son un hecho, pero aún desconocen los rubros y las cantidades del recurso observado.
La Junta de Coordinación Política (Jocupo) debe informar a los diputados el contenido de las observaciones.
Desde un principio, la obra de la biblioteca estuvo rodeada de señalamientos de opacidad.
El entonces presidente de la Jucopo, Alfredo Sánchez Esquivel, comenzó los trabajos de demolición y a tres meses de comenzar la obra fue detenida.
Cuatro meses después de que la obra fue parada a Sánchez Esquivel lo removieron del cargo y lo sustituyó la también morenista Yoloczin Dominguez Serna.
La diputada retomó el caso y señaló públicamente a Sánchez Esquivel de que bajo su administración hubo irregularidades en el uso del recurso destinado para la biblioteca.
Los señalamientos llegaron al pleno del Congreso local, pero al final quedó pendiente la transparencia de los recursos y los motivos de la demolición del inmueble.
Los planos arquitectónicos también tienen observaciones
La Secretaría de Desarrollo Urbano del municipio de Chilpancingo informó que los planos de construcción de la biblioteca lo confirmó. Tienen observaciones e información que deberieron haber cambiado para que les fuera aprobado el permiso de construcción, informó Emanuel David Garibay Valdez, el secretario municipal
«Era un tema de divisiones, espacio muerto y divisiones que por ser una construcción grande tenía que revisarse», comentó.
Los encargados de la obra debían corregir los planos y subsanar el tema de las observaciones hechas por la Secretaría de Desarrollo Urbano municipal para que les otorgaran la licencia de construcción.
«En el tema del Congreso tengo entendido que no se le dio el seguimiento como tal, porque pararon la obra, pero vamos a checar y vamos a dar un recorrido por todas las obras de Chilpancingo, incluido el Congreso, para verificar sus licencias y permisos», mencionó Garibay Valdez.
Con este mencionado recorrido, el gobierno municipal que encabeza la alcaldesa también morenista, Norma Otilia Hernández Martínez, verificaría si la construcción del Congreso local está en orden.
Desde el inicio del sexenio, el gobierno de López Obrador prometió austeridad para acabar con los gastos suntuosos. Pero a cuatro años de administración, la tijera no solo recortó los excesos, sino también insumos y rubros básicos para la operación del gobierno y la atención a la ciudadanía, de acuerdo con esta investigación de Animal Político y el IMCO.
Texto: Nayeli Roldán, Zedryk Raziel e IMCO / Animal Político
GRÁFICOS: Andrea Paredes y Jesús Santamaría
Antes de tomar posesión como presidente, Andrés Manuel López Obrador dio la orden de recortar gastos: “Seamos austeros”. Su lema “No puede haber gobierno rico con pueblo pobre” se materializó en la Ley de Austeridad Republicana.
La justificación: había toallas de 4 mil pesos, gastos en cocineros, escoltas, autos, asesores, seguro de gastos médicos…
Sin embargo, a cuatro años de austeridad, no solo se han recortado gastos suntuosos. También se dio un golpe a la operación misma del gobierno con recortes de personal, cancelación de prestaciones, falta de material para el trabajo cotidiano, vehículos detenidos por falta de gasolina, baños y elevadores descompuestos, oficinas a oscuras.
Los afectados no son solo burócratas y funcionarios.
Los recortes son de este tamaño: todo el gobierno tuvo 50% menos en insumos básicos como hojas, impresoras o fotocopiadoras entre 2018 y 2022, pero en Bienestar, la disminución llegó a 98%; en Presidencia, a 93%; en Hacienda y Función Pública, a 80%.
En los servicios generales, tan básicos como la electricidad, el internet o el agua, entre otros, el recorte fue de 37% entre todo el gobierno, aunque en ocho dependencias las disminuciones alcanzaron entre 80% y 90%, como Economía, Cancillería, Desarrollo Agrario o Turismo.
Estos recortes se traducen en que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, por ejemplo, prefirió recortar personal y no revisó ni arregló las principales carreteras, lo que hubiera evitado muertes.
La situación también se refleja en falta de viáticos que permitieran a la Secretaría de Educación Pública enviar personal que verificara daños en escuelas reportadas como inundadas o robadas. Como nadie verificó, no se pudieron cobrar los seguros.
Funcionarios de Bienestar tienen que hacer “vaquitas” para comprar papelería. Los de Cancillería pierden tiempo esperando el elevador que los lleve a alguno de los 23 pisos de su torre, porque la mitad está descompuesta. En Semarnat, trabajan con software pirata. El archivo digital del Registro Agrario Nacional está a punto del colapso por falta de presupuesto para su mantenimiento.
La consecuencia: el servicio a los ciudadanos ha empeorado.
Las denuncias por la negativa o inadecuada prestación de servicios públicos han aumentado en 38%, y la violación al principio de legalidad en el desempeño de la función pública creció en 17% entre 2018 y 2020, según datos del Censo Nacional de Derechos Humanos del Inegi.
La evolución del gasto fue comparada entre 2018 y 2022 para contrastar las cifras del gobierno de Enrique Peña Nieto con las de Andrés Manuel López Obrador. También, entre 2019 y el presupuesto para 2023, para analizar los cambios presupuestales solo en la actual administración, y dejando fuera del análisis 2020 y 2021, porque los años de pandemia provocaron gastos atípicos.
De esta comparación se desprende que la austeridad ha sido selectiva, porque recursos hay, y cada vez más. La administración de López Obrador gastó 3% más en términos reales que en 2019, cuando ejerció 7 billones 156 mil millones de pesos, en comparación con Peña Nieto en 2018, que ejerció 7 billones 102 mil millones. Pero al comparar 2019 con 2023, el crecimiento presupuestal es de 16% en términos reales, pues para el quinto año de gobierno tendrá 8 billones 299 mil millones de pesos de presupuesto.
Pero aun cuando la administración de López Obrador gastará más dinero el próximo año, los recortes para el funcionamiento de las oficinas de gobierno continuarán, porque la prioridad siguen siendo las obras insignia de esta administración y los programas sociales, que cada año tienen aumentos presupuestales.
El 2023, el gobierno federal tendrá 340 mil millones de pesos para materiales y suministros indispensables para trabajar en sus oficinas, un recorte de 26% en comparación con 2019, cuando tuvo 458 mil millones.
Para servicios generales tendrá 41% menos en 2023, es decir, 157 mil millones menos. Esto en realidad no es “ahorro”, sino el aplazamiento de un gasto que podría ser mayor ante la falta de mantenimiento de inmuebles cuyos desperfectos se pueden agravar.
Animal Político y el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) realizaron esta investigación para comprobar los efectos de la “austeridad republicana” en la labor cotidiana de los funcionarios y su repercusión entre los ciudadanos y los servicios que deben recibir.
La investigación se hizo a través de la revisión de los Programas de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) de todas las dependencias, un reporte trimestral y obligatorio por ley en el que se evalúan los riesgos que amenazan las metas y los objetivos institucionales; de los Informes de Austeridad, que reportan los montos “ahorrados”; de encuestas del Inegi y de decenas de entrevistas a funcionarios y exfuncionarios de todos niveles (cuyos nombres fueron cambiados en todos los casos para evitar represalias).
Igualmente, con el análisis de Cuentas Públicas y del presupuesto asignado y ejercido de los principales rubros para que el gobierno funcione: servicios personales (pagos y prestaciones a empleados), materiales e insumos (artículos de papelería, higiene, refacciones de máquinas, etcétera) y servicios generales (rubro que lo mismo incluye mantenimiento a edificios para dar servicios a ciudadanos que la ciberseguridad para evitar robo de información).
GRÁFICOS: Andrea Paredes y Jesús Santamaría
Trabajar sin lo mínimo indispensable
Al inicio de la pandemia, en abril de 2020, la instrucción de trabajar en casa puso en apuros al área de Magali, exfuncionaria de la Secretaría de Gobernación. Ahí trabajaban 12 personas, pero solo había una laptop. Todas debían seguir trabajando, así que algunas, como ella, tuvieron que comprar un equipo adicional; en su caso, la única computadora en casa la ocuparía su hija para tomar clases a distancia.
Otros más no pudieron hacer ese gasto, “por eso regresamos a trabajar por turnos”, cuenta Magali; sin embargo, eso alentaba los procesos burocráticos, de por sí poco eficientes. Además, al trabajar en la oficina, “no había ni siquiera hojas para poder imprimir archivos, por eso andábamos recolectando hojas con otras áreas y luego las reponíamos”. Esto, porque solo les entregaban un paquete de papelería cada mes; si se acababa, no les resurtían.
Mónica, exfuncionaria de la Secretaría de Hacienda, asegura que en los últimos dos años no había papelería para armar carpetas ni siquiera para las reuniones relevantes con funcionarios de organismos internacionales o para el mismo secretario; se eliminaron las impresoras a color y a veces ni siquiera había hojas; el extremo era limitar el papel higiénico, pues les repartían un rollo a granel por cada sanitario una vez al mes.
“Nosotros comprábamos cosas de papelería por fuera para cumplir con el trabajo, pero todo eso nos hizo sentir que el servicio público era devaluado, pese a que éramos los empleados que sacaban el trabajo todos los días”, relata Mónica.
En la Semarnat, no solo tenían computadoras obsoletas; tampoco tenían programas instalados porque los mandos no quisieron pagar las licencias. Los trabajadores usaban versiones pirata o software libre, lo que incrementaba el riesgo de ataques cibernéticos y poca eficiencia; los funcionarios optaron por llevar sus propias computadoras, explica Sofía, otra exempleada.
Los números confirman esto.
Como parte de la investigación, en Animal Político y el IMCO se analizó el “Clasificador por objeto del gasto”, donde se encuentran organizadas por claves cada una de las cosas que se compran, contratan o arriendan para el funcionamiento de gobierno. Luego se consultó con fuentes, como exoficiales mayores, para seleccionar los servicios y artículos básicos para poder trabajar en las oficinas gubernamentales, desde energía eléctrica hasta arrendamiento de edificios, o seguridad informática, y se obtuvo una selección de 38 conceptos. De ellos, 30 tuvieron recortes.
De ese análisis se desprende que, por ejemplo, la clave 21101 correspondiente a “materiales y útiles de oficina” —que incluye papelería, formas, libretas, carpetas y cualquier tipo de papel, útiles de escritorio como engrapadoras, perforadoras manuales, sacapuntas, entre otros— tuvo un recorte de 22% entre 2018 y 2022, y para 2023, los funcionarios tendrán aún menos papelería, con 2 mil 115 millones de pesos, es decir, mil 270 millones menos en comparación con 2018.
En la Secretaría de Bienestar, la dependencia encargada de la distribución de miles de millones de pesos de los programas sociales, la principal acción en materia social, las reparaciones de impresoras y fotocopiadoras y la renovación de equipos de cómputo tardaron más de lo normal, mientras que los faltantes de tóner y hojas han hecho que los funcionarios también tengan que comprar insumos para trabajar, cuenta José, un exfuncionario.
El recorte explica estos faltantes. La compra de materiales y útiles de impresión, de la partida 212021 —que incluye la “adquisición de materiales utilizados en la impresión, reproducción y encuadernación”— tuvo un recorte de 50% entre 2018 y 2022.
Mientras, el concepto 29301 “refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración” —que abarca fotocopiadoras, escritorios, sillas, archiveros, máquinas de escribir, calculadoras— tuvo 40% menos. Y el mantenimiento y la conservación de bienes informáticos como computadoras, impresoras, dispositivos de seguridad, reguladores, fuentes de potencia ininterrumpida, entre otros, incluido el pago de deducibles de seguros, tuvieron 15% menos dinero entre 2018 y 2022.
El “ahorro” sale caro
Cinco meses después de asumir la presidencia, el 3 de mayo de 2019, Andrés Manuel López Obrador dirigió un memorándum a los funcionarios de su gobierno para instruirlos a vivir “en la justa medianía”. Enlistó 13 medidas de “austeridad republicana” que se sumaban a la eliminación de los seguros de separación individualizada y de gastos médicos y viáticos.
Esto provocó que funcionarios experimentados renunciaran para trabajar en la iniciativa privada, con salarios acordes a sus conocimientos y la calidad de vida que su trabajo les permitía, relatan exdirectivos.
Eso ocurrió en la Procuraduría Fiscal. Sin embargo, explica una fuente, dicho órgano debe tener abogados lo suficientemente expertos para enfrentar a feroces despachos de grandes empresas que evitan a toda costa pagar multas. Cuando el gobierno pierde estos juicios, significa miles de millones de pesos que no entran a las arcas, por lo que sería incluso más rentable pagar sueldos competitivos a abogados que ganen esos litigios y lograr esas recuperaciones, que ni siquiera se comparan mínimamente con sus sueldos.
La Secretaría de Hacienda incluso advirtió en 2020 que existía este riesgo en la Procuraduría Fiscal debido a sus recursos humanos: “La Subprocuraduría Fiscal Federal de Amparos identificó ciertos factores que podrían incidir en la atención de asuntos jurídicos de forma deficiente o fuera de plazos legales establecidos en los diversos juicios”.
La solución de ese riesgo era realizar “acciones dirigidas a lograr la especialización de los recursos humanos, mediante la identificación de necesidades de capacitación y gestión de cursos correspondientes y la evaluación de personal”, según se asentó en su Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2020.
Incluso, otro problema era el personal de recién ingreso poco competente en todas las dependencias, como quedó asentado en el reporte de riesgos de Hacienda 2021. “Los programas y proyectos de inversión fueron gestionados de manera deficiente”, por lo que dichos proyectos (que requieren financiamiento público) “tuvieron retraso y posible suspensión derivado del incumplimiento de envío de evaluaciones”.
Por ello, la Unidad de Inversiones de Hacienda se comprometió a realizar “acciones relacionadas con capacitación a servidores públicos de las instituciones públicas y a su personal al interior de la unidad, así como para el monitoreo en materia de evaluaciones de las dependencias”.
Otras medidas dictadas por López Obrador desde 2019 fueron el recorte de 30% en distintos insumos como papelería, materiales de impresión, combustibles, viáticos nacionales, estudios e investigaciones, y 50% de recorte en viajes al extranjero, arrendamiento de vehículos y subcontratación de servicios con terceros. Incluso, impuso que los viajes de funcionarios al extranjero debían ser aprobados por él.
Pero los viajes al extranjero y los viajes dentro del país no necesariamente son un lujo sino una necesidad para cumplir con labores de gobierno y atención a ciudadanos. Por ejemplo, los funcionarios de la SEP deben revisar las afectaciones a escuelas durante siniestros como la inundación de Tabasco en 2020 o los robos ocurridos durante la pandemia.
Los viáticos apenas ascenderían a unos 10 mil pesos por visita, pero sin ese presupuesto, los funcionarios no pudieron acudir a las escuelas para verificar los daños, un requisito indispensable dentro del trámite para hacer efectivos los seguros.
Las revisiones estuvieron a cargo del ajustador de la empresa de seguros (que siempre buscará pagar menos) y, para tener a un representante de gobierno, la SEP tuvo que contratar a un despacho para acompañar las revisiones, es decir, en este caso solo se prohibieron los viáticos, pero no hubo ahorro.
A esto se suma que la SEP debe firmar convenios con las autoridades de las escuelas que recibirán el seguro tras algún siniestro. Dichos documentos deben ser firmados por el titular de Recursos Materiales y otros funcionarios. Sin embargo, si alguno fue despedido o renunció, los documentos deben ser reemplazados para tener las firmas de los funcionarios en activo.
“La directora podría tener hasta 150 convenios en su escritorio esperando las firmas de nuevos funcionarios. Y hasta no tenerlos, las escuelas no reciben el seguro. Esto provocó retrasos de hasta un año. A la fecha, no han reparado la totalidad de escuelas en Tabasco”, dice Martín, un exfuncionario de la dependencia.
A esto también se suma que, ante los siniestros, el Fonden entregaba dinero de manera directa a la SEP para hacer frente a las reparaciones en las escuelas, pero al desaparecer (también por orden presidencial), la dependencia debió pagar una póliza más alta del seguro para catástrofes, que solo en 2021 ascendió a más de 900 millones de pesos.
Respecto de los viajes al extranjero y viáticos, es cierto que ocurrieron excesos en el sexenio pasado, por ejemplo cuando Peña Nieto viajó a Francia para los festejos del Día Nacional con una comitiva de 143 personas. Sin embargo, presupuestalmente los viáticos al extranjero también forman parte de funciones del gobierno y no todos los gastos son superfluos, advierten funcionarios.
En la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), los viajes al extranjero forman parte de su responsabilidad y razón de ser. Sin embargo, hubo un recorte de 42% en servicios de traslado y viáticos comparando el presupuesto de 2018 contra 2022.
Es decir, la dependencia ha tenido las mismas responsabilidades que siempre, pero tuvo 154 millones de pesos menos en viáticos.
Si bien los viajes en el mundo durante la pandemia de COVID-19 se frenaron, hacia 2021 comenzaron a retomarse actividades y la petición de evitar los recortes en este rubro fue expuesta en el Informe de Austeridad de la SRE, documento que todas las dependencias deben entregar al Senado anualmente.
En el apartado de “Posibles mejoras a las medidas de austeridad republicana”, la Cancillería explicaba que “las medidas de austeridad no deberían aplicarse bajo el mismo porcentaje y en los mismos rubros en toda la Administración Pública Federal; como ejemplo, el caso de esta dependencia cuya misión es conducir la política exterior mexicana mediante el diálogo, la cooperación, la promoción del país y la atención de los mexicanos en el extranjero, así como coordinar la actuación internacional del Gobierno de la República”.
“Para el caso de las comisiones oficiales al extranejro no debería aplicarse el mismo porcentaje de ajuste que, por ejemplo, a una dependencia cuyas actividades son en un 90% o más en nivel nacional en comparación con Relaciones Exteriores, donde más del 70% de sus actividades son a nivel internacional. Todo lo anterior, derivado de la naturaleza de su existir”.
Pero esa petición no fue escuchada. Para 2023, la Cancillería tendrá 16% menos dinero que en 2019 para gastos de viáticos y traslados, pese a que todas las actividades presenciales han sido restablecidas tras la pandemia.
La falta de viáticos para responsabilidades internacionales provocó que en 2020 México perdiera su lugar en el Comité Ejecutivo del Marco Inclusivo de la OCDE, encargado de revisar los impuestos a la economía digital, debido a que no hubo recursos para el viaje. El lugar de México fue ocupado por Argentina, como se pudo comprobar en la lista de integrantes de abril de 2022.
También perdió su lugar en el Fondo Verde para el Clima (Green Climate Fund), uno de los tres principales organismos de financiamiento climático de la ONU y cuya representación estaba a cargo de Hacienda, pero en este caso la salida del país fue provocada por una permanente rotación del representante ante despidos o renuncias.
Hacienda incluso advirtió la falta de viáticos como un riesgo, “la insuficiente provisión de viáticos aéreos y terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales”, según asentó en su programa de riesgos.
En riesgo, millones de hectáreas del país
La plataforma del Sistema Registral Automatizado del Registro Agrario Nacional (RAN) está a punto del colapso por falta de presupuesto para realizar el respaldo. Se trata del sistema que almacena cada una de las actas de propiedad de la tierra en el país, de los juicios agrarios y toda la información digitalizada que da certeza a la tenencia de cada hectárea.
Desde 2019, el RAN ha solicitado 38 millones de pesos solo para asegurar el respaldo de la plataforma, aunque actualizarla costaría 100 millones. Pese a que se trata de un asunto crítico y que podría traer consecuencias incalculables, cada año les han negado el presupuesto extra bajo la misma razón: las medidas de austeridad.
Además, los recortes de personal y de insumos han dejado al RAN con lo mínimo para atender a los millones de ciudadanos, a veces los más pobres, en los cientos de trámites que solicitan a diario.
Así lo reconoció incluso su titular, Plutarco García, en una comparecencia ante la Cámara de Diputados en abril de 2022: “Debido a la austeridad y a los recortes presupuestarios, el RAN opera con menos personal a nivel central y en las oficinas de los estados. Esto nos ha creado un problema de acumulación de demandas, y con la llegada de la pandemia nos vino a limitar más la atención que teníamos programada con anterioridad”.
Con menos personal, el RAN debe atender a miles de ciudadanos, pero también proporcionar información y resolver los trámites para las obras prioritarias del presidente, como el Tren Maya, el Aeropuerto Felipe Ángeles, el proyecto ecológico del Lago de Texcoco o el Corredor Interoceánico, el plan de justicia de la Tribu Yaqui y el de la Selva Lacandona.
De esta ecuación, más trabajo, menos insumos y poco personal, alguien paga las consecuencias: los ciudadanos.
En la oficina del RAN de Toluca, la fila de personas recorre la calle Josefa Ortiz de Domínguez y da vuelta hacia la avenida Miguel Hidalgo. Ahí está Justina, de 62 años, junto a su hija y nieta, formadas desde las 6:00 de la mañana para no perder la cita que le dieron un mes antes. Tramitará la “vigencia de derechos” de sus tierras en el Estado de México, un documento indispensable para acreditar la propiedad en una zona ejidal.
La constancia de derechos es el trámite más solicitado en el RAN y representa hasta 25% de los documentos procesados en las 34 ventanillas del organismo en todo el país. En 2018, por ejemplo, hubo 223 mil personas que obtuvieron ese documento, y en 2020, durante la pandemia y con las oficinas cerradas, el número cayó a 109 mil, pero aun así es un número que equivale a llenar cinco veces el Palacio de los Deportes.
Cuando al fin es atendida, le explican que deberá traer documentación, luego hacer una cita por internet y esperar hasta un mes. O si quiere ser atendida sin cita, debe formarse antes de las 7:00 de la mañana para alcanzar una de las 100 fichas que se reparten cada día. Después, deberá esperar 60 días para que le entreguen el documento.
Desde 2019, funcionarios del RAN se dieron cuenta de que había solución para que usuarios como Justina no perdieran tiempo ni dinero, y que los burócratas no invirtieran miles de horas de trabajo en este trámite. El área de informática creó la propuesta para que pudiera hacerse en línea y, con unos cuantos clics, los usuarios pudieran conseguir el documento de manera automatizada.
Avanzaron en la propuesta, pero tres años después aún no se concreta debido a que no hay personal suficiente para dar seguimiento a la propuesta; los funcionarios que quedan tras el recorte de plazas apenas alcanzan a resolver lo urgente, aun trabajando el doble.
Otro elemento es que este tipo de propuestas era atendido por la Secretaría de la Función Pública, pero al tratarse de una innovación tecnológica, ahora debe ser aprobada por Gobierno Digital, área que ha concentrado todas las decisiones en la materia para todas las instituciones, como como parte de la centralización de facultades en Presidencia y que se ha convertido en un cuello de botella.
Justina y miles más seguirán pasando horas esperando un turno en ventanilla.
Del total de recursos sin justificar, 74%, es decir, mil 291 millones de pesos, corresponde a Coahuila, gobernado por el priista Miguel Ángel Riquelme, quien concluirá su administración en 2023.
Los gobiernos de Coahuila, Colima y Guerrero recibieron recursos federales para invertirlos en servicios de salud, pero no han justificado el destino de mil 732 millones de pesos que gastaron durante 2021, según detectó la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en el informe de Cuenta Pública entregado este viernes.
Del total de recursos sin justificar en la revisión de “Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios (Servicios de Salud Estatales)”, 74%, es decir, mil 291 millones de pesos, corresponde a Coahuila, gobernado por el priista Miguel Ángel Riquelme, quien concluirá su administración en 2023.
Le sigue Colima, que no justificó el gasto de 344 millones de pesos y que hasta octubre de 2021 era gobernado por José Ignacio Peralta.
En Guerrero, durante la administración del perredista Héctor Astudillo, no justificaron el destino de 89 millones de pesos.
En Coahuila, la Secretaría de Salud “no acreditó el origen y destino del aumento presupuestario de 824 millones de pesos”. Además reportó un aumento de 37% en servicios personales, es decir, el pago a personal, con respecto al año previo, pero “se identificaron recursos pagados en exceso respecto del límite permitido en la asignación global de servicios personales por 442 millones de pesos”.
La Auditoría también detectó 23 millones de pesos por ingresos de libre disposición para el ejercicio fiscal 2021, de los que “no se presentó evidencia de que se destinaron para la amortización anticipada de la deuda pública, el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores, pasivos circulantes y otras obligaciones”.
En tanto, la Secretaría de Salud de Colima “no proporcionó la documentación comprobatoria” del destino de 48 millones de pesos ni el destino de ingresos excedentes de libre disposición que ascendieron a 295 millones de pesos.
En Guerrero, la Auditoría Superior de la Federación hizo una solicitud para que los Servicios Estatales de Salud “aclare y proporcione la documentación adicional justificativa y comprobatoria de 89 millones de pesos asignados al Capítulo de Servicios Personales que rebasaron el límite máximo establecido en la normativa”.
Las irregularidades en el sector Salud
La Auditoría revisó a las secretarías de Salud de todo el país que recibieron recursos federales y detectó tres principales irregularidades:
La falta de documentación que acredite el destino conforme a las Reglas de Disciplina Financiera de las ampliaciones líquidas otorgadas por la Secretaría de Finanzas por 878 millones de pesos, lo que representó el 50% del monto pendiente de aclarar.
La segunda irregularidad es el monto pagado en servicios personales que excedió el parámetro establecido en las reglas de disciplina financiera por 532 millones de pesos, lo que representó el 30% del monto pendiente de aclarar.
También hubo falta de documentación que acredite el destino conforme las reglas de disciplina financiera de los ingresos excedentes derivados de ingresos de libre disposición por 321.3 mdp, que representó el 18% del faltante por aclarar.
Al comparar el gasto de recursos federales por parte de las entidades para el sector salud en 2020 y 2021, la Auditoría detectó irregularidades recurrentes, como que los pagos de servicios personales excedieron el parámetro establecido en las reglas de disciplina financiera; dicha irregularidad representó el 68.2% en 2020 y el 30.8% en 2021.
Este texto fue elaborado por el equipo de Animal Político y lo reproducimos con su autorización.
En sus tres años de operación, la fiscalía especializada creada con la meta de combatir la corrupción ha enfrentado problemas como escasez de recursos y de personal, al igual que falta de capacitación entre los ministerios públicos.
A más de tres años de su creación, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) de la Fiscalía General de la República (FGR) ha logrado llevar ante un juez el 3.6% de las más de 3 mil carpetas de investigación iniciadas por presuntos delitos cometidos por funcionarios públicos y ha obtenido solo siete sentencias condenatorias, de acuerdo con estadísticas obtenidas a través de transparencia.
La poca eficacia de la Fiscalía Anticorrupción está relacionada con recortes presupuestales, subejercicio de recursos públicos, escasez de personal y falta de capacitación de los ministerios públicos. La desproporción entre la carga de trabajo y los recursos disponibles es tal que un agente adscrito a esta fiscalía tiene en promedio 50 carpetas de investigación a su cargo.
De acuerdo con dos distintas solicitudes de información pública, cuyos datos fueron sintetizados para esta nota, la FECC ha iniciado 3 mil 036 carpetas de investigaciónentre marzo de 2019 —fecha de su creación constitucional— y octubre de 2022.
Los expedientes fueron iniciados por delitos como enriquecimiento ilícito, ejercicio ilícito del servicio público, peculado, uso ilícito de atribuciones y facultades, abuso de autoridad, cohecho, intimidación, encubrimiento y fraude.
De esas carpetas, la fiscalía ha judicializado 111, lo que representa el 3.6% del total, conforme las cifras revisadas. Y, de este total, solo ha obtenido siete sentencias condenatorias contra funcionarios federales: dos en juicios orales y cinco en juicios abreviados.
Animal Político solicitó un posicionamiento a la Fiscalía Anticorrupción, encabezada por María de la Luz Mijangos Borja, pero no hubo respuesta.
Personal insuficiente
La FECC nació en marzo de 2019, como parte de la transformación de la Procuraduría General de la República (PGR) en FGR, con la que se le dotó de autonomía constitucional respecto del Poder Ejecutivo.
Pero la naciente fiscalía no contó con presupuesto etiquetado para su primer año de operación, de modo que otras áreas de la FGR tuvieron que transferirle recursos humanos y financieros.
“En este contexto, si bien se recibieron denuncias competencia de la Fiscalia Especializada en Combate a la Corrupción desde el primer día, no se tuvieron las condiciones para abrir una carpeta de investigación sino hasta el mes de mayo (de 2019), fecha en la cual se comisionaron a tres ministerios públicos. Pero fue hasta el mes de julio cuando se estuvo en posibilidad de comenzar a realizar las investigaciones conducentes en virtud de que, a partir de ese momento, se contó con el personal mínimo necesario para realizar todos los pasos que las diligencias ministeriales requieren”, expuso la fiscal Mijangos en su informe de labores de 2019 remitido al Congreso.
Allí, la funcionaria explicó que el arranque de la nueva FECC también se vio frenado por la falta de capacitación de los ministerios públicos en el nuevo sistema penal oral.
“El sistema penal acusatorio sigue constituyendo un reto (…) A pesar de que desde el 2016 se abandonó el sistema penal mixto, hay inercias que se conservan. Los ministerios públicos comisionados a la Fiscalia Especializada en Combate a la Corrupción en su mayoría no habían participado en juicios orales, no habían integrado carpetas de investigación de acuerdo con el sistema penal acusatorio, ni están capacitados aún en las destrezas del litigio. Esto ha complicado la determinación de las carpetas de investigación en los casos en los que debe vincularse a proceso a una persona denunciada”, señaló Mijangos.
De acuerdo con información oficial, la Fiscalía Anticorrupción pasó de tener 23 agentes del Ministerio Público a 61 en la actualidad.
Pero, aunque la cantidad de funcionarios especializados ha ido paulatinamente en aumento, es aún mayor el número de expedientes que deben integrar.
Conforme a las cifras obtenidas por transparencia, se iniciaron 773 carpetas de investigación en 2019, 794 en 2020, 854 en 2021 y 615 a octubre de 2022.
Esto significa que cada agente del Ministerio Público tiene a su cargo, en promedio, 50 carpetas al mismo tiempo.
Recortes y subejercicio presupuestal
El 2020 fue el primer año en el que la Fiscalía Anticorrupción gozó de recursos asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF).
No obstante, desde su creación, ha sufrido recortes a su presupuesto asignado, o bien, este no se ha ejercido.
Por ejemplo, para 2020, la Cámara de Diputados le asignó mil 100 millones de pesos, pero en el transcurso del ejercicio fiscal se le recortaron 31.3 millones, según información de la Cuenta Pública.
Del presupuesto que le quedó, de 78.6 millones de pesos, la FECC ejerció 61 millones 941 mil 686. Es decir, a pesar de la falta de personal capacitado, se quedaron sin gastar 16 millones 668 mil 845 pesos.
En 2021, los recursos asignados a la Fiscalía Anticorrupción en el PEF aumentaron a 123 millones 531 mil 300 pesos. Sin embargo, una vez más, la institución sufrió un recorte, ahora de 56.9 millones de pesos (casi la mitad de lo que se le otorgó originalmente).
Ese año, la fiscalía gastó los 66 millones 597 mil 835 pesos que le quedaron, es decir, no hubo subejercicio.
Para 2022, la FECC obtuvo recursos del PEF por 174 millones 792 mil 336 pesos. Si bien esta vez no se le aplicaron reducciones, durante la primera mitad del año ejerció solo 31 millones 867 mil 101 pesos, de acuerdo con datos más actuales de la Cuenta Pública, es decir, solo el 18% del total de su presupuesto anual.
En el proyecto del PEF 2023, a la Fiscalía Anticorrupción se le destinan 223 millones 363 mil 087 pesos, el gasto más elevado desde su creación. Sin embargo, es probable que durante el ejercicio fiscal del próximo año nuevamente se le apliquen recortes o que la institución incurra otra vez en subejercicios.
Las investigaciones
La FECC nació con la encomienda de combatir la “gran corrupción” en el gobierno, pero también los casos aislados, tomando en cuenta que en los casos participan no solo servidores públicos, sino también, muchas veces, empresarios.
Según los informes de labores de la Fiscalía Anticorrupción correspondientes a los ejercicios 2019 y 2020 —los únicos disponibles—, la mayoría de los funcionarios contra los cuales se han iniciado carpetas de investigación pertenecen a Pemex, el ISSSTE, el IMSS, el SAT, la extinta Policía Federal y la Sedatu.
De las 3 mil 036 carpetas abiertas por la FECC, en 305 casos se determinó la incompetencia de la fiscalía para investigar, en cuyo caso, a veces, los expedientes se turnan a otras áreas de la FGR. En otros 114 casos, se determinó la abstención de investigar, y en otros 277 se determinó el no ejercicio de la acción penal, de acuerdo con datos oficiales obtenidos por transparencia.
Solo 111 carpetas de investigación fueron presentadas ante un juez federal.
Uno de los asuntos donde la FECC logró la vinculación a proceso de funcionarios públicos —al considerar el juez que existían elementos suficientes para presumir su responsabilidad en los delitos de que se les acusó— fue por un caso de corrupción al interior del INE, en relación con un contrato adjudicado de manera irregular a una empresa de eventos.
Otro caso judicializado está relacionado con una pugna entre el IMSS y la Secretaría de Hacienda por la centralización de los recursos en la Oficialía Mayor, que habría causado una parálisis presupuestal y desabasto de medicamentos, tal como documentó Animal Político.
Conforme a los datos obtenidos mediante solicitudes de información, solo en siete casos de las 111 carpetas judicializadas se logró una sentencia condenatoria en contra de funcionarios federales.
Dos de esas sentencias se obtuvieron en juicios orales. En un caso, por el delito de cohecho, el juez impuso a un funcionario una pena de dos años y ocho meses de prisión e inhabilitación por 292 días para desempeñar cargos públicos. En el segundo asunto, por el delito de peculado, se impuso una pena de un año y cuatro meses de cárcel, multa de 5 mil 660 pesos, inhabilitación por seis años y ocho meses para ejercer cargos públicos, y reparación del daño por 354 mil 691 pesos.
Ha habido otros grandes casos de corrupción que, sin embargo, no son investigados desde la FECC, sino desde la Fiscalía de Control Competencial, encabezada por Juan Ramos López, mano derecha del fiscal general, Alejandro Gertz Manero.
Un ejemplo de esta situación ocurrió en el caso de la investigación contra Julio Scherer Ibarra, exconsejero jurídico del Ejecutivo Federal, y otros funcionarios por presuntamente favorecer desde su cargo público a la empresa Aleática, antes OHL. De acuerdo con autoridades de la FGR, ese expediente se armó en la Fiscalía de Asuntos Internos y de ahí se derivó a la fiscalía de Ramos, sin pasar por las manos de la fiscal Mijangos.
Otro caso es el de la corrupción millonaria en Segalmex, cuyo daño al erario asciende a 9 mil 500 millones de pesos. El primer expediente se integró en la Fiscalía Anticorrupción, pero después pasó a manos del fiscal Ramos, desde donde se conducen las indagatorias actualmente. Incluso, una nueva carpeta de investigaciónpor el caso Segalmex se inició en la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada(FEMDO), dejando fuera de la investigación a la fiscalía de Mijangos.
Este trabajo fue publicado por el equipo de Animal Político y lo reproducimos como parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie.
A un mes de que la alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez, inauguró la remodelación de un tramo de 200 metros de la calle 5 de Mayo que costó un millón 197 mil pesos, volvió a reabrirse por fallas en el drenaje.
A un mes, ese tramo de la calle 5 de Mayo fue reabierto, es decir, la parte remodelada tuvo que ser destruida porque hubo fallas en el drenaje y la obra comenzó a presentar hundimiento.
Sobre el tema Hernández Martínez dijo que si se realizó un estudio previo pero que no había indicios de algún problema con la red.
“Se realizaron todos los estudios, y en aquel entonces nada nos indicó que había un problema, pero es un tema general porque toda la red de drenaje del centro de la ciudad está colapsando», mencionó Hernández Martínez.
Por su parte, los trabajadores de la obra dijeron que ellos recién llegaron a reparar el tubo, el cual está aplastado, lo que impide la circulación del drenaje.
«Por esa razón toda la calle podría ser reabierta», mencionó uno de los trabajadores.
El pasado viernes, en su primer informe de labores, la alcaldesa mencionó que hay «una inversión histórica que asciende a más de 700 millones de pesos en este ejercicio fiscal para el tema de obra pública».
Entre los gastos realizados está el tramo de la calle 5 de Mayo.
