En México sigue la corrupción e impunidad, asegura ex titular de la UIF, Santiago Nieto

José Miguel Sánchez

Fotografía: Amílcar Juárez

Chilpancingo 

El ex titular de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, mencionó durante una conferencia que dio en esta capital que en México persiste la impunidad y la corrupción.

Nieto Castillo asistió como ponente a la conferencia denominada Combate a la Corrupción, organizada por el Tribunal Superior de Justicia de Guerrero (TSJ).

Ahí mencionó que de un 100 por ciento de casos que atiende el Poder Judicial en México sólo el dos por ciento logra una sentencia condenatoria, el resto, 98 por ciento, se quedan en la impunidad.

Hizo un llamado al presidente del TSJ, Raymundo Casarrubias Vázquez, para fortalecer el Poder Judicial en Guerrero.

El magistrado Casarrubias Vázquez militó en las filas del PRD y en noviembre del 2021, por mayoría de votos de sus compañeros magistrados, fue designado presidente del Poder Judicial con la anuencia de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda.

Durante su exposición, Nieto Castillo mencionó que México se estancó en erradicar la corrupción de 2020 a la fecha.

Explicó que a través del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) es como varios países miden su nivel de corrupción.

El IPC clasifica a 180 países y territorios de acuerdo con los niveles de percepción de la corrupción en el sector público. Actualmente México figura en el lugar 138 de los 180 países.

Además el IPC utiliza una escala del 0 al 100 para clasificar los niveles de corrupción en donde un mayor punta indica menor corrupción y un menor puntaje indica mayor corrupción. El puntaje de México en ese rubro es de 30 puntos.

Sobre el tema electoral Nieto Castillo mencionó que Morena tiene las de ganar en el Estado de México el próximo año, pero en Coahuila se desconoce el panorama político.

Dijo que para fortalecer la democracia en México se necesita fortalecer el Poder Judicial, entre ellos el de Guerrero, acabar con las élites políticas y cacicazgos estatales; llamó a los académicos a no ser complacientes con el poder.

«Dónde más dinero incauta el Estado después del crimen organizado es la corrupción, y se necesitan dos factores indispensables para el combate a la corrupción: las instituciones y la voluntad política”, mencionó Nieto Castillo, quien estuvo acompañado por su esposa Carla Humphrey; ella también hizo algunas participaciones durante la conferencia.

Asistieron además magistrados y académicos. Ocurrió en el auditorio del Poder Judicial, ubicado en centro de esta ciudad.

Tanto Nieto Castillo y su esposa recibieron sendos regalos por parte de los magistrados del TSJ.

Te puede interesar: Jóvenes piden a Congreso legisle sobre salud, medio ambiente y penalizar matrimonios forzados infantiles

Fue el gobierno quien entregó 354 animales al santuario Black Jaguar-White Tiger; en inspecciones, Profepa no reportó fallas

El gobierno dio al santuario Black Jaguar-White Tiger no solo felinos, sino también aves y reptiles. De muchos de ellos se desconoce su paradero, mientras las inspecciones de las autoridades no dieron cuenta de problemas en el lugar.


Texto: Sergio Rincón / Animal Político

 

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) entregaron en depósito o donación 354 ejemplares de fauna silvestre, principalmente felinos, al santuario Black Jaguar-White Tiger, asociación que está denunciada ante la Fiscalía General de la República (FGR) por posible maltrato animal.

Desde el pasado 5 de julio, la Profepa acudió al santuario para realizar diligencias y encontró felinos en “estado crítico”; algunos ejemplares ya fueron trasladados al Zoológico de Chapultepec. Pero antes de esta coyuntura, entre 2014 y 2019, al menos 26 funcionarios ambientales federales —de diversos estados— realizaron decenas de donaciones a la organización, cuyo predio está ubicado en el Ajusco, al sur de la Ciudad de México, de acuerdo con 39 actas de depósito o entrega-recepción notariadas, que se encuentran en la página web de Black Jaguar-White Tiger.

Animal Político buscó a la Semarnat y la Profepa para preguntarles por qué eligieron este santuario como destino de estos animales, pero no hubo respuesta. También se solicitó postura de la organización, pero tampoco respondió.

Entre las donaciones que realizaron las autoridades ambientales se encuentran leones, tigres, jaguares, pumas, ocelotes, tucanes, búhos, águilas, monos, cocodrilos y hasta un oso negro (muerto), de los cuales, según los documentos, la asociación fundada por Eduardo Serio debía dar reportes periódicos de su estado de salud y condiciones generales.

Estos animales provenían de decomisos en operativos de seguridad y de rescates en parques temáticos, circos o zoológicos. Algunos hasta tenían nombres artísticos como Jimbo, Simba, Mufasa, Princess, Kiara y Shambala, entre otros.

Las donaciones se hicieron a pesar de las inspecciones, las cuales se detallan en la mayoría de las actas de donación o depósito. Por ejemplo, el 21 de enero de 2018 dos funcionarios de la Profepa realizaron una visita de inspección (acta FA/007/18) a la instalaciones de Black Jaguar-White Tiger. En ese momento, solo estaba uno de los trabajadores del santuario, quien designó a una testigo para la diligencia. Tras la evaluación, dejaron en depósito a un león africano que provenía de un parque temático.

Los funcionarios ambientales decidieron dejar al león, pues tras su inspección resolvieron que “no existen faltas en materia de trato digno y respetuoso… (se cuenta) con las instalaciones adecuadas para su debida estancia”.

Meses más tarde, en junio de 2018, se realizó otra inspección de funcionarios de la Profepa pertenecientes a sus oficinas centrales en la CDMX; la diligencia resultó positiva y en esta ocasión dejaron a una pantera.

En las actas, casi todas firmadas por Eduardo Serio, se especifica que el santuario debía procurar el bienestar de los ejemplares, conservarlos en instalaciones adecuadas y emitir informes mensuales a las autoridades ambientales para detallar su condición y valorar su liberación.

Hasta el momento, la Semarnat no ha dado detalle sobre dónde están esos ejemplares o si murieron. Es público un caso ocurrido en agosto de 2017, cuando la dependencia y el santuario liberaron a cuatro pavones cornudos en Chiapas, que inicialmente estaban en custodia de la fundación.

El pasado 5 de julio, la Profepa informó que dentro del santuario se encontraron 190 felinos, entre ellos, leones africanos, tigres, jaguares y pumas, además de 17 primates y dos coyotes. Pero con la información recabada por Animal Político, se sabe que por el santuario han pasado al menos 354 ejemplares, como águila real, tití, guacamayas y cocodrilos, cuyo destino se desconoce.

Cristopher Estupiñan, abogado de la Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México, AC (AZCARM), dijo en entrevista que sus representados no comprenden por qué hubo favoritismo por parte de las autoridades para llevar a ejemplares a ese santuario, pese las condiciones del predio.

Agregó que puede ser mayor el número de animales que han pasado por Black Jaguar-White Tiger, pero pueden estar en otros predios en la CDMX y otros estados.

“Es inaceptable la inacción de las autoridades, mandar a los ejemplares ahí y que ni siquiera comprobaran las condiciones en las que los tenían, estando a 10 kilómetros de sus oficinas centrales (…) Vamos a pedir que se investiguen a todos los involucrados, pero ahora estamos buscando que se nos reconozca la calidad de víctimas como asociación civil”, dijo Estupiñan.

Este medio publicó que en la denuncia presentada ante la FGR por la AZCARM se detalla que algunos de los ejemplares murieron y el santuario no notificó a la Semarnat. También se narra que los restos presuntamente fueron dados de alimento a los animales o enterrados

“Tenemos conocimiento de que también hay fosas donde enterraban a animales que fallecían. Por eso debe investigar la fiscalía y asegurar el predio, y descubrir (cuántos animales fueron enterrados)”, dijo Estupiñan.

El pasado viernes 8 de julio, la FGR comenzó las diligencias en el santuario. En la denuncia que la AZCARM presentó, se describe que dentro del lugar había una gran cantidad de animales en peligro de extinción en condiciones deplorables, mal estado de salud, desnutrición y con heridas expuestas que no habían sido tratadas.

Donaciones por centenas

Tan solo en las oficinas centrales de la Semarnat y la Profepa, en la CDMX, se autorizó la donación o depósito de 227 ejemplares; el funcionario que firmó las actas de depósito fue Joel González Moreno, que hasta 2019 trabajó como director general de inspección de vida silvestre y recursos marinos en la Profepa.

Entre enero y junio de 2019, se entregaron a Black Jaguar-White Tiger al menos 100 ejemplares de fauna silvestre. La mayoría de estos supuestamente fueron entregados por particulares al santuario, luego la Semarnat autorizó oficialmente el acta de depósito.

De acuerdo con los documentos, el santuario era considerado una Unidad de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA) y tenía el registro DGVS-PIMVS-CR-IN-1745-DF/2015 ante la Semarnat. En algunas actas, se menciona que el predio es una PIMVS, es decir, una instalación que maneja vida silvestre en forma confinada, fuera de su hábitat natural.

El pasado 5 de julio, la Profepa informó que en el predio del santuario antes estaba registrada la UMA, pero ya no estaba en funcionamiento; no detalló desde cuándo.

La explicación de por qué las autoridades eligen el destino de los ejemplares decomisados se contempla en la fracción XV del artículo 32 del Reglamento Interior de la Semarnat, donde se refiere que la Dirección General de Vida Silvestre tiene la atribución de: “Participar con las unidades administrativas competentes de la secretaría, en la determinación del destino de los ejemplares, partes y derivados de vida silvestre, incluidas especies en riesgo, entre ellas, las acuáticas y forestales que tengan esa categoría y decomisados, entregados voluntariamente o rescatados y devueltos por otros países”.

¿Y las inspecciones?

En la denuncia ante la FGR se narra que las jaulas no cumplían con la protección para los animales y para el personal. Los espacios de confinamiento no tenían puertas ni candados, ni tampoco letreros para advertir riesgos.

“Las instalaciones del predio no cuentan con los permisos suficientes para poder desarrollar la actividad de protección, cuidado, reproducción y preservación de estas especies, no cuentan con los planes de manejo necesarios para poder tener a especies en riesgo y mucho menos a especies en peligro de extinción”, señala.

No se sabe cuántas inspecciones ha realizado la Profepa en el santuario. Incluso, por medio de transparencia se le ha solicitado información al respecto, pero la institución federal aún no ha dado detalles precisos ni un número de diligencias.

Esta semana, la Profepa informó que analiza los elementos que encontró en el santuario, con el fin de tener elementos de prueba y armar una denuncia sólida.

 

Este texto fue elaborado por el equipo de Animal Político y lo reproducimos con su autorización.

FGR abre investigación sobre 26 mdp de Peña; deja pendientes irregularidades en su sexenio por 112 mil mdp

La carpeta de investigación abierta por la fiscalía no contempla las irregularidades millonarias detectadas por la Auditoría Superior en el sexenio de Enrique Peña Nieto, cuando se revelaron grandes casos de corrupción.


Texto: Nayeli Roldán, Zedryk Raziel y Manu Ureste / Animal Político

Fotografía: Facebook Enrique Peña Nieto

 

A más de tres años de que concluyó su sexenio, el expresidente Enrique Peña Nieto se convirtió este jueves 7 de julio en el primer exmandatario en ser acusado por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita que ascenderían a 26 millones de pesos. Pero al mismo tiempo, se trata de la primera y única carpeta de investigación abierta por la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de Peña, pues no existe otra indagatoria sobre alguna irregularidad ocurrida durante su gobierno. Este expediente, además, alude a un delito posiblemente cometido cuando Peña ha había dejado el cargo.

Ni La Estafa Maestra ni los casos Odebrecht o Agronitrogenados han alcanzado a Peña Nieto. Tampoco los 112 mil millones de pesos que, según la Auditoría Superior de la Federación (ASF), fueron gastados de manera irregular en su mandato y que hasta el momento siguen ‘perdidos’. Estos recursos presuntamente se desviaron en gasto sin comprobar en qué, en compras a sobreprecio o en pagos irregulares.

No hay, además, imputaciones directas contra algún miembro de su gabinete, como Luis Videgaray, extitular de Hacienda, la dependencia encargada de administrar los recursos públicos.

Los 112 mil millones de pesos equivalen a todo el presupuesto de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de Desarrollo Agrario, la Secretaría de Economía y la Secretaría de la Función Pública para 2022.

En resumen, nada se ha podido probar sobre corrupción del expresidente, salvo posiblemente estos 26 millones de pesos, anunciados este jueves y que habrían sido transferidos cuando Peña ya no era presidente.

Autoridades ministeriales confirmaron a Animal Políticoque la FGR no ha recibido ninguna denuncia por hechos de corrupción en contra del expresidente Peña.

La única carpeta de investigación por posible corrupción y lavado de dinero que incluye al exmandatario fue abierta solo por los dichos de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, sobre supuestos sobornos con dinero de Odebrecht para que la reforma energética fuera aprobada. Sin embargo, “no se ha reunido la información suficiente para proceder en contra de Peña Nieto”.

Por ese caso, el exsenador panista Jorge Luis Lavalle es el único político que enfrenta un proceso judicial como presunto responsable de haber entregado sobornos a legisladores, a cambio de aprobar la reforma energética en 2013, y está en prisión preventiva desde abril de 2021.

Solo en dos casos de corrupción como La Estafa Maestra y Operación Safiro fueron desviados más de 6 mil millones de recursos públicos durante el sexenio pasado, sin que hasta el momento las autoridades judiciales hubieran avanzado en las investigaciones para hallar a los responsables y beneficiarios de los fraudes.

Este jueves, Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó la detección de un esquema por el que el exmandatario presuntamente se benefició de más de 26 millones de pesos vía transferencias internacionales.

Dichos recursos fueron transferidos por un familiar a Peña Nieto en tres movimientos financieros desde México y hacia España. El primero en agosto de 2019, por 16 millones; el segundo en octubre de 2021, por 5 millones, y el último también en octubre de 2021, por 5 millones. Según Gómez, ese familiar también realizó operaciones con un hermano del expresidente a quien le giró cheques por 29 millones de pesos.

Al tratarse de operaciones de las que se desconoce la fuente de procedencia, la UIF interpuso una denuncia ante la FGR, y la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, a través de la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Falsificación o Alteración de Moneda, fue la instancia que inició la carpeta de investigación.

Santiago Nieto, anterior titular de la UIF, aseguró en su cuenta de Twitter que la información sobre posibles irregularidades del expresidente “fue reportada previamente a diversas autoridades competentes”.

Sin embargo, las indagatorias solo se concentraron en las transferencias a partir de 2019, pero Pablo Gómez no informó que hubiese alguna pesquisa respecto de los años previos, cuando Peña Nieto era presidente y ocurrieron diversos casos de corrupción.

Tras dejar el gobierno, Peña Nieto se instaló en España, según reportó el diario El País, gracias a un permiso de residencia conocido como golden visa o visado dorado, un trámite que permite regularizar a los grandes inversores que destinan al menos 1 millón de euros a la adquisición de activos españoles, que tienen un proyecto empresarial o que compran inmuebles por al menos 500 mil euros.

Mientras, su actual pareja, Tania Ruiz, ha difundido en sus redes sociales su actual estilo de vida, que incluye viajes a ciudades como Roma, Bruselas o Nueva York.

El exmandatario solo disponía de 50.5 millones de pesos, según sus propias declaraciones patrimoniales ante la Secretaría de la Función Pública (SFP). Su patrimonio declarado incluía nueve inmuebles —entre casas, departamentos y terrenos— con una extensión total de 89 hectáreas y un valor conjunto de 21 millones 420 mil 406 pesos.

Según los documentos disponibles en Declaranet, el expresidente afirmó que seis inmuebles le fueron donados, otro más lo heredó de su esposa fallecida, Mónica Pretelini, y dos más los compró de contado. Es decir, salió del poder con las mismas nueve propiedades que reportó al inicio de su gobierno.

El exmandatario, además, declaró ser dueño de muebles, joyas y obras de arte por un valor de 6 millones 900 mil pesos. También reportó poseer un fondo de inversión con 15.7 millones de pesos, un seguro de separación individualizado con más de 3 millones y otras inversiones por 3.5 millones.

Los casos de corrupción  

La ASF tiene el registro de 112 mil millones de pesos de recursos “por aclarar”, es decir, que se gastaron pero de manera irregular entre 2013 y 2018 en las dependencias y organismos federales agrupados en los rubros de “gobierno”, “desarrollo económico” y “desarrollo social”, según se puede consultar en el Sistema Público de Auditorías.

Entre las irregularidades detectadas por la Auditoría se encuentran casos como la compra de la planta de fertilizantes Agronitrogenados, de Altos Hornos de México, SA (AHMSA), propiedad del empresario Alonso Ancira Elizondo, por la que Pemex pagó 240 millones de dólares, más 200 millones para rehabilitación.

Sin embargo, la planta era chatarra y nunca operó. Por el caso, Emilio Lozoya, titular de Pemex cuando ocurrió la compra, fue acusado del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, por presuntamente haber recibido 3.4 millones de dólares de soborno por ayudar a concretar dicha operación de compraventa.

En 2017, Animal Político y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) dieron a conocer el esquema de corrupción La Estafa Maestra, mediante el cual 11 dependencias hicieron convenios con ocho universidades públicas para hacer supuestos servicios, aunque estas subcontrataron a empresas que resultaron ser fantasma.

El esquema involucró 7 mil millones de pesos entregados a través de dichos convenios, de los cuales al menos 5 mil millones de pesos terminaron en empresas inexistentes, por lo que el dinero desapareció y los servicios contratados —que iban desde compra y reparto de despensas hasta servicios en pozos petroleros o desarrollos tecnológicos— nunca se cumplieron.

Operación Safiro 

La Operación Safiro fue un esquema de desvío de mil 180 millones 981 mil pesos que presuntamente fue orquestado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI y al menos siete gobiernos estatales y dos autoridades municipales del Edomex y la CDMX, y que presuntamente tuvo la finalidad de financiar campañas políticas para favorecer a candidatos priistas.

A la fecha, se ha documentado que en 2016, en el gobierno de César Duarte en Chihuahua, se desviaron 246 millones provenientes del Fondo para el Fortalecimiento Financiero (Fortafin), de la SHCP, a una red de empresas fantasma que, a su vez, dispersaron el dinero en múltiples operaciones financieras de lavado de dinero, hasta terminar presuntamente en camionetas de traslado de valores en el Estado de México.

La Fiscalía General de Chihuahua, en la administración del panista Javier Corral, inició una carpeta de investigación por la Operación Safiro y recogió testimonios de testigos colaboradores que señalaron que en los desvíos colaboraron activamente el entonces dirigente del PRI, Manlio Fabio Beltrones, el exgobernador Duarte y el titular de la Unidad de Política y Control Presupuestario de la SHCP, Isaac Gamboa Lozano, quien fue asesinado junto con su familia en mayo de 2020.

La red de empresas que desvió el dinero transferido a Chihuahua también fue utilizada por otros gobiernos en el mismo periodo. De acuerdo con nueva información de la UIF a la que Animal Político tuvo acceso, los gobiernos de Sonora, Colima, Morelos y Michoacán, así como el municipio mexiquense de Naucalpan, transfirieron a la red de Safiro al menos 228 millones 792 mil 517 pesos en 2016.

Una investigación de MCCI documentó que, además, el gobierno de Durango les transfirió 230 millones 400 mil pesos; el del Estado de México, 489 mil pesos, y la alcaldía de Milpa Alta, 300 mil pesos (es decir, esos desvíos documentados suman 231 millones 189 mil pesos).

Coahuila fue otro estado implicado en la Operación Safiro. El pasado 22 de junio, un juez federal vinculó a proceso a Ismael Eugenio Ramos Flores, quien fue secretario de Finanzas de Coahuila en el gobierno de Rubén Moreira, por presuntos desvíos de recursos por alrededor de 475 millones de pesos del Fortafin.

La FGR acusó que ese monto fue desviado mediante 15 contratos simulados para la prestación de servicios como cursos y asesorías, tal como sucedió en Chihuahua.

 

Este texto fue elaborado por el equipo de Animal Político y lo reproducimos con su autorización.

 

Te puede interesar: La carboeléctrica que produce muerte

La carboeléctrica que produce muerte

En Petacalco, Guerrero, donde está la central eléctrica que más energía produce para la CFE, ocurre un ecocidio desde hace más de 20 años con la tolerancia de las autoridades. Tortugas, peces, cultivos y los propios habitantes de la zona son afectados por la contaminación que emite esta planta de carbón


Texto: Vanessa Cisneros y Blanca Corzo / Mexicanos contra la corrupción y la impunidad 

Fotografía y video: Lucía Vergara

 

En la central de generación eléctrica Plutarco Elías Calles mueren cada día decenas de tortugas, peces y cocodrilos. Esta planta, la que más energía produce para la Comisión Federal de Electricidad en todo el país, está acabando también con los cultivos de la zona, además de afectar la salud, las fuentes de trabajo y la vida cotidiana de los pobladores de Petacalco, Guerrero.

Las tortugas marinas llegan desde el océano Pacífico y nadan por el Río Balsas, que está en el límite con Michoacán, donde la comisión abrió un canal para jalar agua utilizada para un proceso industrial de enfriamiento. Salvo unas boyas flotando sobre el agua, nada impide el paso de las tortugas al cauce artificial que las conduce a la muerte.

Especies como laúd, negra y golfina son capturadas en rejillas de la planta eléctrica y luego jaladas con rastrillos que les cercenan los miembros; otras más se quedan varadas bajo el sol por días y mueren deshidratadas, según testimonios recabados.

Pobladores y ambientalistas han documentado la muerte de hasta 76 tortugas en un sólo día bajo estas condiciones. Además, señalan que el personal de CFE llega con grúas o camiones para recoger a los animales -aunque estén vivos- y los llevan a un tiradero dentro de la planta, en donde los cubren con tierra y zacate.

A esto se suman las miles de sardinas que aparecieron muertas y esparcidas en las playas de Petacalco a inicios de 2022. Un estudio que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Guerrero mandó a hacer, la muerte masiva fue resultado de “la pesca incidental en la zona”, descartando que la causa fuera la contaminación de la planta.

La promesa de empleos y mejoras a la localidad que hizo la CFE cuando llegó a Petacalco el 18 de noviembre de 1993 no se ha cumplido.

En ese tiempo la mayor parte de su población se dedicaba a pescar, cultivar o tener ganado. A casi treinta años de la inauguración de la planta, las fuentes de trabajo en esta localidad de poco más de 3 mil 400 habitantes se agotan por la contaminación y sólo ocho habitantes de Petacalco trabajan en la planta.

Los pescadores, muchos ya en la tercera edad, dicen que antes de que las chimeneas de la CFE comenzaran a funcionar, ellos sacaban hasta una tonelada de peces en un día, a pocos kilómetros de la playa.

Hoy tienen que navegar más de 30 kilómetros para lanzar sus redes y dejarlas por un día o dos para atrapar un par de peces. El motivo, explican, es que la CFE vierte sus desechos al mar por un canal de descarga.

El agua que sale de ese canal y termina en el mar está muy caliente. Cuando amanece, las olas de la playa que rompen cerca de donde se juntan el canal con el mar, están tibias y un humillo se desprende de ellas. Además, cuando la piel toca esa agua, se enrojece y duele. En algunas personas deja manchas rojas por algún tiempo, que arden.

El humo que sale de las chimeneas de las siete unidades de generación eléctrica que trabajan día y noche, también afecta los cultivos de limón, coco, sandía, plátano y otros frutos que suelen estar cubiertos por las cenizas que caen con las emisiones de la planta. Las frutas no se pueden comer, pues tienen como pequeñas quemaduras y en algunos casos al cortarlas están negras por dentro, lo que hace que el cultivo ya no sea sostenible para los pobladores.

Además, el aire que se respira en las calles de la localidad pica la nariz, la garganta y los ojos. Quienes viven a unos pasos de las puertas de la central, cuentan que hay días en que el humo que sale de las chimeneas de la comisión baja a ras de piso y es imposible respirar.

Tienen que encerrarse en un cuarto hasta que pase ese humo que describen con olor a “petróleo” o como de algo “chiloso” porque les pica la garganta y los ojos.

Aunque esta central es la que más energía genera al año en todo el país, con 15 mil 817 gigavatios por hora, de acuerdo con las estadísticas de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), también es la que más contamina.

En 2017 investigadores del Centro de Ciencias de la Tierra de la UNAM y de la Subdirección de Generación de la propia CFE publicaron un artículo que concluye que esta planta era la que más emisiones de mercurio emitía de las tres carboeléctricas de la CFE.

“Los resultados muestran que la mayor emisión se presentó en la carboeléctrica localizada en Petacalco, Guerrero”, dice el estudio.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha advertido que exponerse al mercurio o la inhalación de su vapor puede causar daños en el sistema nervioso e inmunitario así como en el aparato digestivo, además de los pulmones y riñones.

Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) pudo constatar con los registros de la Secretaría de Salud que de todas las muertes ocurridas entre 2012 y 2020, casi un tercio están relacionadas con padecimientos ligados a la contaminación ambiental.

De un total de 176 fallecimientos reportados, cuando menos 56 tienen como causas tumores, anemias o linfomas (22), padecimientos respiratorios (14), infartos cerebrales o enfermedades del sistema nervioso (11) y padecimientos en el hígado o riñón (9).

La planta tiene 28 años de actividad, pero la CFE no tiene estudios ambientales recientes sobre los daños que causa la central en Petacalco.

Las autoridades informaron a MCCI vía transparencia que los últimos estudios en esta materia se hicieron cuando se proyectaba la carboeléctrica, hace tres décadas, y desde entonces se planteó que la central estuviera sólo 30 años activa.

El 84 por ciento de la energía que produce anualmente la CFE proviene de fuentes contaminantes, como el gas, el carbón o el combustóleo.

 

Lee el trabajo completo aquí

 

Este texto fue elaborado por el equipo de Mexicanos contra la corrupción y la impunidad y lo reproducimos con su autorización.

 

Empresa implicada en presunto fraude al ISSSTE regresa más de 950 mdp; la indagatoria por corrupción sigue

Texto: Sergio Rincón y Arturo Ángel / Animal Político
Fotografía:
5 de junio de 2022

La empresa Selecciones Médicas del Centro, SA de CV, perteneciente a uno de los principales grupos farmacéuticos del país, le regresó al ISSSTE más de 950 millones de pesos que había obtenido en una presunta operación fraudulenta en el actual sexenio. Esto, mientras continúa la investigación penal en contra de ocho exfuncionarios, entre ellos, el exabogado del propio instituto, por delitos de corrupción.

Autoridades federales confirmaron a Animal Político que la empresa perteneciente al consorcio Grupo Fármacos Especializados —señalada de haber acaparado la compra de medicamentos en el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto— entregó más de 100 millones por concepto de intereses y 831 millones 302 mil 409 pesos relacionados con el monto del posible fraude.

Como este medio reveló en diciembre pasado, la operación irregular tuvo como origen un doble pago que los entonces funcionarios del ISSSTE realizaron entre 2019 y 2020. Aun cuando el dinero acaba de ser pagado, la fiscalía indicó que las investigaciones siguen en desarrollo en contra de todos los implicados.

El pasado 27 de abril, un juez federal consideró que había elementos suficientes para abrir proceso en contra de los exfuncionarios señalados por la FGR por su probable responsabilidad en los delitos de uso ilícito de atribuciones, ejercicio ilícito del servicio público y abandono de la defensa. Entre los implicados se encuentra el que fuera director jurídico del instituto hasta enero pasado, José Febo Trujeque Ramírez.

El juez dio un plazo de tres meses para que continuara la investigación complementaria, periodo que vence el próximo 25 de julio. En caso de no desistir, lo que no ha ocurrido hasta ahora, la fiscalía deberá presentar la acusación para ir al juicio.

Trujeque Ramírez confirmó a este medio que sigue vinculado a proceso y con las restricciones que le impiden salir del país. Este lunes, le solicitó a la jueza responsable del proceso permiso para poder irse de vacaciones al extranjero, pero los fiscales se negaron bajo el argumento de que el caso continúa y sigue bajo proceso.

La devolución del dinero realizada por la empresa se había dado a conocer solo de forma interna durante un informe de labores de la Secretaría de la Función Pública (SFP) realizado la semana pasada. En dicho evento, la oficial mayor de la Secretaría de Hacienda (SHCP), Thalía Concepción Lagunes, indicó que la empresa entregó el dinero, aunque hubo supuestas resistencias de la actual directora jurídica del instituto para recibir esos recursos.

“No me sorprende que la empresa haya hecho la devolución, pues en algún momento lo tenía que advertir contablemente con las consecuencias penales que ello podría traer. Lo que sí me sorprende es la posición de la actual directora jurídica del ISSSTE, que se negaba a recibirlo, pese a la instrucción de la consejera jurídica y de la oficial mayor”, declaró en entrevista Trujeque Ramírez.

Sobre estos hechos, el área de comunicación del ISSSTE confirmó que el dinero efectivamente se recibió, pero no emitió mayores comentarios.

¿Error humano o corrupción organizada?

Durante la audiencia inicial —realizada en varias sesiones del pasado mes de abril—, los fiscales del caso señalaron que los implicados presuntamente actuaron con dolo y fueron omisos, no tuvieron comunicación con sus superiores, no verificaron y no atendieron normas y protocolos, lo que provocó que el ISSSTE, durante la gestión de Luis Antonio Ramírez Pineda, perdiera un juicio mercantil y pagara en dos ocasiones a la empresa Selecciones Médicas del Centro.

Los fiscales en su momento detallaron una cadena de actos. Por ejemplo, Juan Carlos Larrieu Creel, quien ocupó el cargo de subdirector de Infraestructura de la Dirección de Administración del ISSSTE, dejó su puesto en diciembre de 2018, pero no avisó que había cuentas por pagar con la empresa Selecciones Médicas del Centro, lo que generó un juicio mercantil que finalmente la institución perdió.

A Sebastián López Herrera, quien se desempeñaba como jefe de Servicios de la Coordinación Administrativa de la Dirección de Administración, se le vinculó a proceso por su presunta participación en dos delitos, uno de ellos relacionado al uso ilícito de atribuciones, pues firmó documentos con un cargo que supuestamente no tuvo un nombramiento formal.

Ante el juzgado, el exdirector jurídico, José Febo Trujeque Ramírez, acusó al actual director del instituto, Pedro Zenteno Santaella, de cometer presuntas omisiones y que desde su oficina se emitieron “documentos falsos”, pues anteriormente él era director administrativo.

En la audiencia, Febo Trujeque mostró un documento firmado por un funcionario subordinado de Pedro Zenteno y fechado a mediados de 2019, que decía que no se habían realizado los pagos a la empresa Selecciones Médicas del Centro. Sin embargo, entre enero y diciembre de 2019, y en medio del litigio, se emitieron 760 facturas como pagos que finalmente alcanzaron la cifra de más de 790 millones de pesos.

Juan Daniel Álvarez Santillán y Juan Manuel Estañol, quienes laboraban en el área jurídica del ISSSTE, fueron vinculados a proceso por abandono de defensa, pues presuntamente no agotaron todos los recursos legales en el juicio mercantil del instituto contra la empresa Selecciones Médicas del Centro.

Tras la devolución del dinero que ahora realizó la empresa, Trujeque Ramírez consideró que lo procedente es la extinción del procedimiento y que el caso ya no llegue a juicio, bajo el argumento de que el daño económico causado ha sido reparado.

No obstante, autoridades ministeriales ligadas directamente con este proceso señalaron a Animal Político que la intención del Ministerio Público no solo es continuar con el proceso, sino proceder penalmente en contra de otros responsables que hasta ahora no han sido acusados.

“Estamos ante un delito de naturaleza formal. Es decir, no se trata de un robo donde se devuelve el dinero y se acabó. Aquí hay hechos de corrupción que ya se cometieron y tienen que ser esclarecidos y sancionados”, dijo uno de los fiscales a cargo de las indagatorias.

Regaña dirigencia nacional de Morena a alcaldesa de Acapulco por corrupción en la policía

Texto: Jesús Guerrero

Fotografía: Oficial 

Chilpancingo

 

Después de que la dirigencia nacional de Morena la regañara por no dar resultados en seguridad y por no acabar la corrupción en la Policía Municipal, la alcaldesa morenista de Acapulco, Abelina López Rodríguez, exigió públicamente al secretario de Seguridad Pública, Maximiliano Serrano Pérez, que ponga orden en esa corporación.

Durante un acto donde fueron entregadas patrullas y estímulos económicos al personal de esta Secretaría, la edil dijo que seguido recibe reclamos de la dirigencia nacional de Morena.

«Se oye muy feo cuando ustedes roban, seguido me dan reclamos, no sé donde meterme», comentó la alcaldesa en referencia a un video que circuló hace unos días en el que se ve a elementos de la Policía Municipal extorsionando a un ciudadano que camina por una de las calles de Acapulco.

«No es posible que seamos la mala cara para la sociedad, afuera nos ven mal, que somos los que estamos extorsionando», mencionó.

«De frente les digo, jamás van a escuchar de mí que he recibido mochada, si a ustedes les dan a título personal, pero no porque yo esté pidiendo dinero», les dijo la alcaldesa a los policías, quien por el tono de su voz parecía enojada.

Luego se dirigió al secretario de Seguridad Pública, Serrano Pérez, y soltó: «es hora de cambiar secretario, no puedo continuar así donde está el flagelo de la corrupción, y le exijo ciudadano secretario vayamos dando resultados».

«A mí también me cuestionan arriba, a mí también me jalan las orejas arriba, y me dicen que está haciendo Abelina», agregó durante el acto que se desarrolló en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública ubicadas en la colonia Progreso.

La edil morenista mencionó también que incluso funcionarios le han llamado para denunciar que los agentes los extorsionan.

También reveló que el gobierno federal le entregó al municipio de Acapulco una serie de apoyos pero que ya la condicionaron de que de no acabar con la corrupción y de seguir con una policía sin certificación no enviarán más patrullas.

Entonces le exigió al jefe policiaco que entregue resultados en seguridad y elimine la corrupción en la corporación.

El regaño que hizo la alcaldesa ocurrió en el contexto de un nuevo hecho de violencia en el municipio. de acuerdo con los reportes oficiales, en la colonia Arroyo Seco hubo un enfrentamiento entre policías ministeriales y delincuentes que trataban de asaltar un camión repartidor de refrescos.

En la balacera murió uno de los delincuentes y un ciudadano resultó herido en el fuego cruzado.

 

Te puede interesar: Con medidas de seguridad reabren parcialmente pollerías en Chilpancingo

Lucha legal y cultural para recuperar el Pezuapa

A casi un mes de que un supuesto dueño de una parte del parque Pezuapa apareciera, cortara árboles, y colocara una malla ciclónica, vecinos del barrio Tequicorral exigen a las autoridades resolver el conflicto a favor del área verde y evitar el despojo. 


Texto: Itzel Urieta

Fotografía: Amílcar Juárez

Chilpancingo

 

La población de Chilpancingo ha decidido luchar para recuperar su espacio recreativo que es el Pezuapa en dos vías: La legal ante las autoridades judiciales y la política, realizando actos culturales para difundir la importancia de tener este lugar en manos de la ciudadanía. 

A casi un mes de que un supuesto dueño de una parte del parque Pezuapa apareciera, cortara árboles, y colocara una malla ciclónica, vecinos del barrio Tequicorral exigen a las autoridades resolver el conflicto a favor del área verde y evitar el despojo. 

Además de lo que pueda resolver el ayuntamiento, los vecinos interpusieron una demanda de amparo ante un Juzgado de Distrito de Chilpancingo para que invalide las escrituras que posee una persona que se dice dueño el predio.

El pasado viernes diez de junio un actuario del Juzgado acudió al parque Pezuapa para llevar a cabo una diligencia de desahogo de pruebas a la que acudió la gente.

Dicho funcionario judicial habló brevemente y dijo que el caso de este amparo que interpuso una parte de los interesados sigue en curso pero que faltan una serie de pruebas para determinar a quien se le da la razón.

Los vecinos dijeron que pese a que en esta diligencia se le invitó a que estuvieran presentes funcionarios del ayuntamiento de Chilpancingo nadie acudió.

Indicaron que con la falta de presencia de algún enviado municipal se demuestra una vez más que a la alcaldesa morenista Norma Otilia Hernández Martínez no le interesa resolver el caso pese a que ella sabe que anteriores administraciones municipales son responsables de haber avalado supuestas escrituras a un particular que ahora pretende vender el predio.

Mencionaron que incluso el propio Juzgado de Distrito en donde se interpuso el amparo se le hizo un requerimiento a la autoridad municipal para que estuviera presente en la audiencia del pasado 10 de junio.

Después de la audiencia los vecinos dijeron que el Registro Público de la Propiedad del Gobierno estatal no ha aportado los datos sobre la propiedad de este predio además de que falta que se realicen peritajes.

Pero mientras dura el litigio ante la autoridad judicial federal, la gente que disfruta este parque siguen difundiendo este asunto organizando festivales culturales los fines de semana en el Pezuapa.

Este domingo 12 de junio se realizó una muestra pictórica y fotográfica donde diversos artistas plásticos y fotógrafos expusieron parte de su obra.

Las obras de diez artistas, que acudieron ese día al parque para solidarizarse con los vecinos, se colocaron alrededor de la malla que cercó el particular cuadros de pinturas y fotografías.

“Nosotros como artistas independientes nos sumamos a las actividades que se están haciendo aquí, propusimos hacer esta exposición al aire libre como intervención simbólica para hacer un poco de ruido hacia está situación”, comentó R. Foster uno de los artistas participantes.

Con esta exposición los vecinos pretenden visibilizar de manera pacífica la importancia de los espacios públicos y su utilidad en la vida de la población. 

El pasado  28 y 29 de mayo se realizó el Festival Pezuapa, una muestra artístico cultural donde participaron artistas, deportistas y sociedad, además de un tendedero de listones sobre la malla que cerca el espacio del que se pretende apropiar.

En los listones las personas colocaron palabras de apoyo al parque.

“Dios hizo el mundo grande para todos, pero demasiado pequeño para los ambiciosos”, se lee en uno de los listones que continúan colgados. 

 

Te puede interesar: La histórica biblioteca de Tixtla y la leyenda del libro de piel humana

«No me acuerdo»: Ignacio Ovalle desconoce su firma y el oficio con el que autorizó inversiones ilegales en Segalmex

Con información aportada por la Auditoría Superior, la FGR denunció ante un juez federal el uso ilegal de 950 millones de pesos del presupuesto de Segalmex y Liconsa para la compra de certificados bursátiles fiduciarios privados.


Texto: Zedryk Raziel / Animal Político 

Fotografía: Facebook Segalmex oficial 

26 de mayo de 2022

 

Ignacio Ovalle Fernández, exdirector de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), declaró al Ministerio Público que no recuerda haber firmado el oficio mediante el cual autorizó el uso de al menos 100 millones de pesos de recursos públicos para la compra ilegal de certificados bursátiles, operación fraudulenta que investiga la Fiscalía General de la República (FGR) y cuyo expediente ya se presentó ante un juez.

En su declaración ministerial, Ovalle —quien fue removido de Segalmex pero obtuvo un nuevo cargo en la Segob— incurrió en varias contradicciones, por ejemplo, que no recordaba haber visto el documento que lleva su firma, o que no podía corroborar la autenticidad del trazo porque este se veía borroso; incluso, admitió que pudo haberlo firmado, pero sin darse cuenta de lo que estaba autorizando, porque a diario recibía documentos para signarlos.

Animal Político reveló la existencia del oficio mediante el cual Ovalle autorizó en febrero de 2020 a su entonces director de Administración y Finanzas, René Gavira Segreste, a efectuar las inversiones en la bolsa con recursos públicos de Segalmex, empresa paraestatal creada por la actual administración obradorista.

“Después de que se me puso a la vista copia simple del documento titulado ‘Papel certificado fiduciario de Segalmex’, del 6 de febrero de 2020, en el cual se observa en la parte final (…) la autorización para la compra de papel certificado bursátil fiduciario, con cupón de seis meses, a un plazo máximo de un año y un rendimiento anual de 11%, así como de las inversiones a corto y mediano plazo, en las que la empresa obtenga rendimientos favorables; y posterior a ello, se observa la firma de René Gavira Segreste, titular de la Unidad de Administración y Finanzas de Segalmex, como solicitante, y mi supuesta firma de autorización, en mi carácter de director general de Segalmex. Al respecto, deseo manifestar que no recuerdo haber tenido a la vista el original de este documento (en) el cual aparece mi supuesta firma”, dijo Ovalle en su declaración, que rindió ante el Ministerio Público el pasado 1 de abril y a la que este medio tuvo acceso.

Pocos días después de su declaración, el 19 de abril, Ovalle fue removido de la dirección de Segalmex sin mayor explicación y fue enviado al Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (Inafed) de la Secretaría de Gobernación.

Durante la entrevista con los fiscales de la FGR, el funcionario dijo que no podía reconocer la autenticidad de su firma porque no le estaban presentando el oficio original, sino una copia.

“De la firma que aparece en el documento, y que se me atribuye, no podría reconocerla, ni mucho menos ratificarla, debido a que el documento que se me pone a la vista es una copia simple, que no se encuentra legible y no se aprecia de manera nítida la firma que se me atribuye”, refirió.

Pero después dijo que, suponiendo que sí hubiera firmado el oficio, pudo no haberse dado cuenta de la relevancia de su contenido, porque, en su cargo de director de Segalmex, solía signar numerosos documentos a diario y no revisaba todos, pues, justificó, para eso estaban los directores generales.

“Ahora bien, en caso de que dicho documento, si lo hubiera firmado, éste pudo haber sido introducido entre un conglomerado de documentos que firmo a diario, y que por su volumen no me es posible leer a detalle cada uno de ellos, pues para eso se establecen las direcciones generales a las que les corresponde la revisión exhaustiva de los temas especializados, y de los cuales me dan cuenta mediante acuerdo. Por lo que, reitero, no recuerdo que se me haya informado del tema, y mucho menos que lo haya autorizado en esas condiciones, debido al riesgo que implica la inversión bursátil”, aseguró.

Ovalle –que en el gobierno de Carlos Salinas fue director de Conasupo, el antecedente de Segalmex– reconoció que la ruta legal para autorizar las inversiones bursátiles era someter la propuesta a consideración del Consejo de Administración, máximo órgano de dirección de la empresa paraestatal, y no la firma del oficio que finalmente suscribió.

“Tampoco recuerdo haber tenido un acuerdo sobre ese tema (de las inversiones) con René Gavira Segreste, ya que, por la trascendencia del monto que sería motivo de inversión, lo hubiera llevado como acuerdo ante el Consejo de Administración de Segalmex; esto, debido a que todos los asuntos relevantes de la dependencia que represento, los presento ante el Consejo para su aprobación”, comentó.

Este medio envió un correo electrónico a la dirección de comunicación social del Inafed para preguntar si su titular quería emitir un posicionamiento o comentario, pero, hasta el cierre de esta edición, no se recibió respuesta.

Procesan solo a subalterno 

Con información aportada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la FGR denunció ante un juez federal el uso ilegal de 950 millones de pesos del presupuesto de Segalmex y Liconsa para la compra de certificados bursátiles fiduciarios privados.

La acusación no solo señala que dichas inversiones fueron ilícitas, sino que, además, se denunció el “extravío” de 10.6 millones de pesos en rendimientos que no fueron depositados a las cuentas institucionales.

Del total del monto invertido, 850 millones de pesos fueron tomados del presupuesto de Liconsa, y los restantes 100 millones del de Segalmex, ambas instituciones dirigidas por Ovalle.

La ASF concluyó que las operaciones bursátiles violaron los “Lineamientos para el manejo de las disponibilidades financieras de las entidades paraestatales”, pues tanto Segalmex como Liconsa perdieron el control directo sobre el dinero invertido.

A pesar de que existe el oficio de autorización de inversiones suscrito por Ovalle, solo el entonces director de Administración y Finanzas, René Gavira –quien ejecutó la instrucción– fue vinculado a proceso el pasado 6 de abril por el delito de uso indebido de facultades.

“Con la finalidad de robustecer el flujo de efectivo de la Entidad, obtener los mejores rendimientos a mediano plazo sobre los recursos propios que afectan la operación de Segalmex, como Director General del Ente, se autoriza la compra de papel certificado bursátil fiduciario con cupón de seis meses a un plazo máximo de un año, y un rendimiento anual del 11%. Así como de las inversiones a corto y mediano plazo en las que la empresa obtenga rendimientos que favorezcan las finanzas de la misma”, dice el documento de autorización firmado por Ovalle y que fue obtenido por Animal Político mediante solicitudes de transparencia.

Ovalle no solo autorizó la inversión ilícita de recursos públicos en la bolsa, sino que omitió informar al Consejo de Administración de Segalmex y Liconsa, órgano superior de dirección al que debía reportar el estado de las finanzas de las empresas públicas bajo su cargo, según consta en las actas del Consejo y de la Asamblea de Accionistas de Liconsa-Segalmex, que también fueron obtenidas vía transparencia.


Este texto es propiedad de Animal Político y lo reproducimos con su autorización. Puedes leer el original en este enlace. 

Ignacio Ovalle autorizó inversiones ilegales con recursos de Segalmex; un subalterno es el único procesado por ello

Cuando fue director del organismo, Ovalle autorizó comprar bonos bursátiles con un valor de 950 millones de pesos, una acción ilegal. Aunque ya dejó Segalmex, sigue en el gobierno como titular del Inafed.


Texto: Zedryk Raziel y Nayeli Roldán / Animal Político

Fotografía: Oficial 

2 de mayo del 2022

 

Durante su gestión como director de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), Ignacio Ovalle autorizó el uso de 950 millones de pesos de recursos públicos para la compra ilegal de certificados bursátiles, según consta en documentos oficiales que fueron firmados por él. Aunque la Fiscalía General de la República (FGR) ya llevó el caso ante un juez federal, solo uno de sus subalternos ha sido vinculado a proceso, mientras que Ovalle fue destituido pero continúa en el gobierno, ahora como titular del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (Inafed).

El monto invertido fue recuperado por el gobierno el 13 de enero de 2022, después de que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) comenzó a fiscalizar las finanzas de Segalmex, pero los 10 millones 600 mil pesos de rendimientos generados por las operaciones bursátiles “se extraviaron”, pues no fueron regresados a las cuentas bancarias oficiales y se desconoce su destino.

Animal Político buscó a Ovalle para una entrevista al respecto, pero no hubo respuesta.

Los recursos utilizados para invertir en la bolsa eran presupuesto de Segalmex —organismo creado por la actual administración— y de Diconsa, instituciones dedicadas a atender a la población más vulnerable a través de la venta de leche a bajo costo y la distribución de granos y fertilizantes en las zonas más marginadas del país.

A través de solicitudes de transparencia, Animal Políticoobtuvo el oficio firmado por Ovalle el 6 de febrero de 2020, en el que se confirma que él autorizó a René Gavira, entonces titular de la Unidad de Administración y Finanzas, que realizara las inversiones bursátiles, supuestamente para “autogenerar a futuro recursos financieros propios” con los que Segalmex cumpliría con su objetivo de garantizar que la población más pobre tuviera acceso a la alimentación.

“Con la finalidad de robustecer el flujo de efectivo de la Entidad, obtener los mejores rendimientos a mediano plazo sobre los recursos propios que afectan la operación de Segalmex, como Director General del Ente, se autoriza la compra de papel certificado bursátil fiduciario con cupón de seis meses a un plazo máximo de un año, y un rendimiento anual del 11%. Así como de las inversiones a corto y mediano plazo en las que la empresa obtenga rendimientos que favorezcan las finanzas de la misma”, dice el documento en poder de este medio.

El oficio está firmado por Gavira, quien solicitó la inversión, y por Ovalle, autorizando el uso de los recursos.

La ASF señaló que esas operaciones bursátiles fueron ilegales porque, por la naturaleza de los instrumentos financieros, las instituciones perdieron el control directo sobre las inversiones, contraviniendo los Lineamientos para el manejo de las disponibilidades financieras de las entidades paraestatales.

Además, las inversiones generaron rendimientos por 10.6 millones de pesos, que no fueron depositados a las cuentas de las paraestatales y cuyo destino se desconoce.

Ovalle no solo autorizó la inversión ilícita de recursos públicos en la bolsa, sino que omitió informar al Consejo de Administración de Segalmex y Liconsa, órgano superior de dirección al que debía reportar el estado de las finanzas de las empresas públicas bajo su cargo, según consta en las actas del Consejo y de la Asamblea de Accionistas de Liconsa-Segalmex, que también fueron obtenidas por Animal Político vía transparencia.

Solo hasta que la ASF comenzó la fiscalización de las finanzas de Segalmex, Liconsa y Diconsa correspondientes al ejercicio 2020, Ovalle giró instrucciones en marzo de 2021 para dar marcha atrás a la compra de certificados y recuperar los recursos públicos comprometidos, según consta en las actas del Consejo.

Un mes después, el 16 abril, instruyó que se presentara una denuncia ante la FGR por el hecho ilícito que, ahora se comprueba, él mismo había autorizado.

La Secretaría de la Función Pública (SFP) también detectó estas y otras irregularidades en Segalmex, Liconsa y Diconsa, mismas que denunció ante la FGR en enero de este año.

Sin embargo, pese a los desvíos multimillonarios en las empresas paraestatales, ninguna investigación incluye al exdirector Ovalle, quien, durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, fue director de la Conasupo, la antecesora de Segalmex.

El único funcionario acusado es el subalterno de Ovalle, Gavira, extitular de Administración y Finanzas, quien fue vinculado a proceso por el delito de uso indebido de facultades. Durante la fiscalización realizada por la Auditoría, Gavira declaró a los auditores que su jefe, Ovalle, fue quien le ordenó hacer dichas inversiones, aunque en ese momento no presentó pruebas.

Por la compra de los certificados, la FGR presumía inicialmente que se configuraba el delito de lavado de dinero, pues parte de los rendimientos fueron transferidos a una cuenta bancaria particular. No obstante, al llegar la audiencia inicial de vinculación a proceso, la FGR retiró esa acusación y solo imputó a Gavira el uso ilícito de atribuciones y facultades.

La Auditoría ha documentado diversos esquemas de presunto desvío de millones de recursos públicos en Segalmex, institución que desde su creación había sido dirigida por Ovalle. El 19 de abril pasado, fue removido del cargo y ahora ocupa la dirección del Inafed, órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación (Segob), encabezada por Adán Augusto López.

El ocultamiento 

Aunque el oficio firmado por Ovalle en febrero de 2020 justifica las operaciones financieras efectuadas por Gavira ese año, la ASF detectó que las inversiones bursátiles ilícitas comenzaron desde 2019, dos meses después de que Ovalle y Gavira asumieron sus cargos en Segalmex y Liconsa.

El 14 de diciembre de 2018, en la primera sesión del Consejo de Administración de Liconsa, se votó y aprobó el nombramiento de Ovalle como director general de la empresa paraestatal, así como de Segalmex y de Diconsa, en presencia del titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Víctor Villalobos, quien encabeza el sector.

“El licenciado Ignacio Ovalle agradeció y comentó al presidente (Villalobos) que pondrá todo lo que está de su parte para que un día no se arrepientan de esta votación, a lo que el presidente le comentó que nunca se van a arrepentir de este nombramiento, indicando que está en muy buenas manos la responsabilidad”, indica el acta del Consejo.

En esa sesión, y a propuesta de Ovalle, se aprobó también el nombramiento de Gavira como titular de la Unidad de Administración y Finanzas.

Casi de inmediato, el 25 de febrero de 2019, se ejecutó la primera compra de certificados bursátiles fiduciarios privados con recursos de Liconsa y Segalmex, según constató la ASF en la auditoría de cumplimiento forense 330-DE. Las siguientes compras fueron el 15 de abril, el 19 de junio y el 18 de septiembre de ese año, y siguieron el 13 de marzo y el 25 de junio de 2020. La suma total de los recursos públicos comprometidos fue de 950 millones de pesos. El 30 de junio, Gavira fue removido del cargo.

La ASF documentó que las inversiones se dieron mediante un Contrato de Intermediación Bursátil entre Liconsa y CI Casa de Bolsa, SA de CV, para que esta institución bancaria comprara, vendiera y administrara certificados bursátiles en representación de la paraestatal. El pago de las inversiones se garantizó con el patrimonio del Fideicomiso Irrevocable de Administración y Pago No. CIB/350, suscrito entre CI Casa de Bolsa, que quedó como fiduciaria, y la empresa Financiera Corafi, SA de CV, designada fideicomitente y que es investigada por presuntas operaciones de lavado de dinero.

Ovalle no reportó ninguno de los movimientos financieros efectuados por Gavira al Consejo de Administración, que es el máximo órgano de dirección de Segalmex y Liconsa y que tiene la obligación de vigilar que las disponibilidades financieras se manejen conforme a la ley. Como director general, Ovalle tenía la obligación de reportar al Consejo, en cada sesión, un informe de los ingresos y egresos de las paraestatales a su cargo, así como de los estados financieros, conforme los Estatutos Sociales de Liconsa.

El entonces director reemplazó a Gavira por Jesús Óscar Navarro Gárate, a quien Ovalle ordenó iniciar la recuperación de las inversiones ilícitas que él mismo había autorizado.

En la sesión del 18 de marzo de 2021 del Consejo de Administración y de la Asamblea de Accionistas de Liconsa, Ovalle informó por primera vez, y sin dar más detalles, que “está en curso la liquidación de diversos documentos de valores a favor de (la empresa)”.

El 16 de abril, se presentó la denuncia de hechos ante la FGR por el mal uso de los recursos públicos de Liconsa y Segalmex en contra de quien resultara responsable.

Para entonces, ya estaba en curso la fiscalización de la Cuenta Pública 2020 por parte de la ASF. Y, además, un despacho externo designado por la SFP —Salles Sainz Grant Thornton— ya había detectado la compra ilegal de certificados bursátiles al analizar los estados financieros de Liconsa.

En la sesión del 25 de junio de 2021, el estudio de los auditores externos fue presentado al Consejo de Administración.

“Como resultado de la auditoría que efectuamos a los Estados Financieros adjuntos, tuvimos diversas limitaciones para efectuar nuestro trabajo, por lo que no pudimos satisfacernos de la corrección de diversos montos relevantes, relacionados con las siguientes operaciones: Flujo de Efectivo y equivalentes al 31 de diciembre de 2020 que asciende a 1 mil 256 millones de pesos, incluye 875 millones que corresponden a recursos y valores privados que no cumplen con los ‘Lineamientos para el manejo de la disponibilidades financieras de las entidades paraestatales de la Administración Pública Federal’, emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en 1 de marzo de 2006, debido a que la Entidad no tiene control directo de dichas inversiones”, citaba el reporte.

El comisario público de la SFP que forma parte del Consejo de Administración de Liconsa exigió a Ovalle una explicación sobre dichos señalamientos, pero el director no dio respuesta, de acuerdo con el acta de la sesión.

Para la recuperación de los recursos invertidos en valores bursátiles de manera ilegal, se firmó un Convenio de Reconocimiento de Adeudo de Corafi Asesores Ejecutivos, SA de CV, en su calidad de deudor, en favor de Liconsa y Segalmex, en su carácter de acreedores, suscrito entre el representante legal de Corafi y el director de Asuntos Jurídicos de Liconsa.

Fue hasta el 13 de enero de 2022 que Liconsa recuperó directamente en sus cuentas bancarias 855 millones 225 mil pesos, mientras que Segalmex recuperó los 100 millones de pesos invertidos. Aunque se retornó la totalidad de las inversiones, no se recibieron en las cuentas de las paraestatales los 10.6 millones de pesos de rendimientos que “se extraviaron”.

 

Este texto fue elaborado por el equipo de Animal Político y lo reproducimos con su autorización.

Consultora que coordinó campañas de AMLO y Morena simula competencia y gana contratos por 73.4 mdp

Después de las elecciones de 2018, en las que coordinó las campañas de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum, Heurística Comunicación, SC, ha ganado contratos por 73.4 mdp con el gobierno capitalino y la Cámara de Diputados. En esas licitaciones, simuló competir con otras empresas, una práctica contraria a la ley.


Texto: Zedryk Raziel / Animal Político

31 de marzo del 2022

 

La consultora Heurística Comunicación, SC, que en 2018 coordinó la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador y otros candidatos de Morena, ha obtenido contratos por hasta 73.4 millones de pesos en licitaciones en las que ha simulado competencia con empresas con las que comparte socios y representantes legales.

Entre 2019 y 2021, Heurística, encabezada por los hermanos Iván y David Silva Yanome, ganó contratos abiertos en 14 licitaciones del Gobierno de la Ciudad de México y la Cámara de Diputados. Al menos en 11 de esos procedimientos, simuló competencia con alguna de las tres compañías a las que está vinculada: NDMX Tecnología, Servicios y Consultoría, SC; Árbol Estrategias de Poder, SA de CV, y Ocho Consultores de Jalisco, SA de CV, confirmó Animal Político mediante cruces de actas del Registro Público del Comercio, documentación de procesos licitatorios e informes de fiscalización del INE.

Entre las personas que relacionan a las empresas entre sí están Eric Oswaldo Villegas Aguayo, socio de Ocho Consultores y representante de Heurística; Gustavo Aguirre Castro, apoderado de NDMX y representante de Heurística y de Ocho Consultores, y Nora Lizbeth Leal Esquivies, representante de Árbol Estrategias y de Heurística. Las compañías son dirigidas por los hermanos Silva Yanome.

El monto de los contratos obtenidos por Heurística simulando competencia asciende a 73.4 millones de pesos. Han sido para la elaboración de spots de radio y televisión, la difusión de logros y la gestión de redes sociales.

Además, en el mismo periodo, Heurística obtuvo siete contratos adicionales por adjudicación directa del Gobierno de la CDMX, la Cámara de Diputados y la dirigencia nacional de Morena.

Iván y David Silva Yanome lograron entrar al war room de López Obrador y Morena en 2018 gracias a Jesús Ramírez Cuevas —hoy vocero presidencial—, Mario Delgado y Yeidckol Polevnsky, según declararon los propios empresarios a la revista especializada Campaigns & ElectionsEse año también coordinaron la campaña de Claudia Sheinbaum.

A partir de que Delgado se convirtió en diputado federal, coordinador de la bancada de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de San Lázaro, Heurística comenzó a obtener contratos por adjudicación directa y en los procesos de licitación en los que simuló competencia. Lo mismo sucedió en el caso de la CDMX una vez que Sheinbaum asumió como jefa de gobierno.

Cuando Delgado solicitó licencia como diputado para dirigir a Morena, en noviembre de 2020, Heurística se convirtió en el principal proveedor del partido para elaborar campañas que el INE ha considerado desinformativas o falsas, como la relativa a las supuestas donaciones de prerrogativas para la adquisición de vacunas.

Animal Político contactó a Iván Silva Yanome a su celular y envió correos electrónicos a las direcciones de las empresas de Heurística para solicitar posicionamiento o aclaración, pero no se obtuvo respuesta.

También se solicitó comentarios al gobierno de Sheinbaum y a Mario Delgado.

El Gobierno de la CDMX respondió que todos los contratistas manifestaron no tener conflicto de intereses y que las adjudicaciones fueron vigiladas y avaladas por el Órgano Interno de Control (OIC) de la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).

“En todo momento asiste el OIC de la SAF, quien da legalidad de que el procedimiento se lleve a cabo conforme a la normatividad; asimismo, se convoca en cada etapa del procedimiento a un participante de la Contraloría Ciudadana”, señaló en una tarjeta enviada a este medio.

“Finalmente, las adjudicaciones se ven formalizadas a través de los instrumentos jurídicos correspondientes plasmando en ellos, a través de las declaraciones y cláusulas correspondientes, las necesidades que las áreas requirentes solicitaron, así como la manifestación de voluntades de las partes en el sentido de que no incumplen con la normatividad aplicable a la materia, como lo es, entre otras, el no conflicto de intereses”.

La administración de Sheinbaum no se pronunció sobre cómo procederá ante la evidencia de que Heurística obtuvo contratos millonarios mediante la simulación de competencia.

Por su parte, el dirigente de Morena afirmó que las contrataciones en San Lázaro no dependían de él, además de que fueron vigiladas, por lo que descartó irregularidades.

“No es facultad del coordinador del grupo parlamentario de Morena ni del presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados llevar a cabo los procesos de contratación en dicha instancia legislativa. Esa atribución le corresponde a las áreas administrativas, mismas que no dependen de los órganos que presidí. De igual forma, cabe señalar que dichas contrataciones están sujetas a revisión y fiscalización por parte de la Auditoría Superior de la Federación y el OIC correspondiente”, indicó.

La relación de Heurística con Morena se consolidó al paso de los años. En 2021, la agencia coordinó las campañas electorales de Índica Vizcaíno (Colima), Marina del Pilar Ávila (Baja California), Víctor Castro (Baja California Sur), Alfredo Ramírez Bedolla (Michoacán), Layda Sansores (Campeche) y Rubén Rocha (Sinaloa). Todos ellos ganaron los comicios en sus estados.

Empresas vinculadas

Heurística se creó en 2003 en Jalisco y entre sus accionistas está Iván Silva Yanome, quien, junto con su hermano David, dirige la agencia.

El representante legal es Eric Oswaldo Villegas Aguayo, aunque en diversos procesos de licitación también han fungido como representantes Gustavo Aguirre Castro, Alfredo Rico Chávez y Nora Lizbeth Leal Esquivies.

En 2013, el grupo fundó la agencia NDMX Tecnología, Servicios y Consultoría, también en Jalisco, de la que Gustavo Aguirre Castro es apoderado, y Martín Rico Chávez —hermano de Alfredo— es representante legal. Un año después, el mismo día —8 de agosto—, constituyeron las empresas Árbol Estrategias de Poder y Ocho Consultores de Jalisco, ante el notario Víctor Hugo Uribe Vázquez.

Iván Silva Yanome, Eric Oswaldo Villegas y Alfredo Rico Chávez son los socios y administradores de Ocho Consultores. Como representante legal, fue designado Gustavo Aguirre Castro.

En Árbol Estrategias de Poder fueron colocados como accionistas dos personas sin actividad empresarial previa —Daniel Alejandro Temblador Padilla y José Alejandro Córdova Arcos—, pero como representante figura Nora Lizbeth Leal Esquivies, que en procesos de licitación del Gobierno de la CDMX ha representado también a Heurística. Además, el correo de contacto de Árbol Estrategias es la dirección electrónica de Gustavo Aguirre Castro.

A pesar de estar relacionadas entre sí, estas empresas han participado en licitaciones simulando competencia, lo que constituye una infracción a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, que establece que las instituciones no deben asignar contratos a los participantes de un mismo procedimiento de compra que tengan vínculos entre sí. La infracción es causal de rescisión de contratos.

Los contratos con la CDMX

Tras haber coordinado la campaña de Sheimbaun, Heurística comenzó a obtener contratos en la administración de la jefa de gobierno para la elaboración de campañas de difusión de acciones y programas sociales de la CDMX.

La agencia o alguna de sus empresas relacionadas obtuvieron, entre 2019 y 2021, siete contratos abiertos por hasta 58.4 millones de pesos en licitaciones por invitación restringida: procesos de adjudicación en los que la propia autoridad —la Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX— convocó específicamente a tres potenciales proveedores. En los hechos, dos de tres concursantes en cada proceso licitatorio pertenecían al grupo de Heurística, lo que representó una ventaja indebida.

Además, el gobierno capitalino le adjudicó directamente otros dos contratos por 5.9 millones de pesos.

La Constitución establece que la regla en las contrataciones debe ser la licitación pública para garantizar al gobierno las mejores condiciones del mercado, pero, en este caso, esa modalidad fue la excepción.

El 26 de abril de 2019, el gobierno de Sheinbaum suscribió un contrato con Heurística, que “compitió” contra Árbol Estrategias de Poder y NF Producciones. Esta última presentó la oferta más cara, de 3.7 millones de pesos, mientras que Árbol Estrategias cotizó en 3.4 millones, y Heurística, en 3.1 millones. Estas dos últimas hicieron un depósito de garantía con la misma aseguradora.

La misma mecánica se repitió en subsecuentes contrataciones: por ejemplo, la del 17 de octubre de 2019, cuando Árbol Estrategias le “ganó” a NDMX Tecnología; la del 7 de febrero de 2020, cuando Heurística “venció” a NDMX, y la del 30 de junio de ese año, cuando Árbol Estrategias “superó” a Heurística.

En esas licitaciones, las empresas del grupo participaron contra NF Producciones, que, si bien no está vinculada a Heurística mediante sus accionistas o representantes, solía presentar las ofertas más caras, no asistir a las juntas de aclaraciones o no entregar documentación esencial, lo que le valía descalificaciones de los procesos, despejando aún más el camino para los hermanos Silva.

La relación comercial entre Heurística y NF Producciones, sin embargo, es un hecho. Ambas agencias trabajaron juntas en 2021 en la producción de spots para el CEN de Morena, la Cámara de Diputados y la campaña electoral de Indira Vizcaíno, productos que les valieron a ambas varios reconocimientos “Reed”, especializados en premiar campañas políticas.

Los directores de Heurística con el ‘war room’ de la campaña de AMLO en 2018: Iván Silva (abrazando a Jesús Ramírez) y su hermano David (sentado entre Mario Delgado y Yeidckol Polevnsky). FOTO: Revista ‘Campaigns & Elections’

Las demás contrataciones del Gobierno de la CDMX originadas en licitaciones con competencia simulada fueron asignadas el 9 de noviembre de 2020, cuando NDMX “venció” a Heurística; el 19 de abril de 2021, ganado por NDMX contra Árbol Estrategias, y el 17 de septiembre de 2021, otorgado a Ocho Consultores por sobre NDMX.

La coordinación de comunicación social del gobierno capitalino confirmó que hubo licitaciones por invitación restringida y que las contrataciones fueron solicitadas por la propia área, que entonces dirigía Iván Escalante.

“La Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) del Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Dirección de Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios (área contratante), invita a participar a las personas físicas o morales de nacionalidad mexicana, que no se encuentren inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Contraloría General y/o la Secretaría de la Función Pública en los términos de la ley aplicable, o se encuentren en incumplimiento contractual y cuya actividad u objeto social contemple actividades relacionadas y/o similares al servicio de creatividad comprendido por el anexo técnico que presente el área requirente”, indicó.

“Las propuestas económicas y técnicas son evaluadas por el área contratante y se observa que los precios ofertados sean convenientes para la misma, y que cumplan con los precios de mercado previo estudio de mercado realizado por esta”.

Consentidos por Mario Delgado

“Morena funciona de manera diferente a los otros partidos, es una estructura más horizontal, menos rígida y por lo tanto más difícil de entender, donde hay diferentes frentes que contribuyen para que las cosas funcionen. Pero finalmente encontramos una puerta abierta y fue gracias a la apertura de Jesús Ramírez, Yeidckol Polevnsky y Mario Delgado que pudimos sentarnos en la mesa donde se definió y se operó una parte importante de la campaña”, dijeron los hermanos Silva Yanome a la revista Campaigns & Elections en un número publicado en agosto de 2018, tras la elección presidencial.

Delgado se convirtió en coordinador de Morena en la Cámara y presidente de la Jucopo en septiembre de 2018, y el 12 de diciembre de ese año, Heurística obtuvo un primer contrato por adjudicación directa en San Lázaro para la producción de videos y manejo de redes sociales por un monto de 1.8 millones de pesos.

A partir de entonces, y hasta 2021, la agencia participó en siete licitaciones públicas, en cuatro de las cuales concursó alguna de sus empresas asociadas. El monto de los contratos abiertos obtenidos mediante prácticas de simulación de competencia fue de hasta 15 millones 10 mil 540 pesos.

Se trata de los contratos DGAJ-15/2020, 17/2020, 25/2020 y 009/2021, dos de ellos ganados por Heurística compitiendo contra Árbol Estrategias de Poder, y los otros dos, obtenidos por Árbol concursando contra NDMX.

Respecto de otro contrato ganado por Heurística, el DGAJ-25/2019, no participaron sus compañías vinculadas, pero sí su socio comercial NF Producciones.

Luego de que Delgado solicitó licencia a la Cámara para asumir la dirigencia de Morena, el 5 de noviembre de 2020, Heurística se volvió contratista del partido, que le adjudicó tres contratos de manera directa apenas un mes después para elaborar spots de radio y televisión y videos para redes sociales, y uno más en octubre de 2021.

Los contratos por adjudicación directa con Morena suman 1 millón 157 mil 680 pesos, y mediante ellos Heurística ha producido campañas mediáticas como la relacionada con la supuesta donación de prerrogativas para la adquisición de vacunas COVID —afirmación que el INE desmintió— o aquella en la que la oposición fue calificada como “tumor”.

Delgado declaró a este medio que Heurística cumplió con lineamientos establecidos por el INE a los proveedores de los partidos.

“En cuanto a Morena, partido que me honro en presidir, las contrataciones están sujetas al cumplimiento de las normas y procedimientos establecidos por el INE, siendo cada peso fiscalizado por el instituto. Es decir, cualquier contratación que hace el partido es con proveedores registrados ante el INE que cumplen con los requisitos de legalidad para prestaciones de servicios con todos los partidos. Por tanto, no hay lugar a irregularidad alguna en ese aspecto desde que iniciamos nuestro mandato”, sostuvo.

 

Este texto fue elaborado por el equipo de Animal Político y lo reproducimos con su autorización.

 

Te puede interesar: Familias de Zihuaquio huyen otra vez por amenazas de grupo delictivo

Salir de la versión móvil