El Nuevo Mirador: tres veces afectados, una por la naturaleza, dos por la corrupción

Lluvia tira la construcción de la primera casa reconstruida para afectados de Ingrid y Manuel


 Texto: Amapola Periodismo 

Fotografía: José Luis de la Cruz / Archivo 

Chilpancingo

8 de octubre del 2023

 

Las lluvias del sábado 7 de octubre provocaron el desplome de la pared de la primera casa que se está construyendo para las familias afectadas por el huracán Ingrid y la tormenta tropical Manuel, en la colonia de El Nuevo Mirador, al sur de Chilpancingo.

Esta es la segunda vez que los afectados pierden su vivienda. La primera vez fue en septiembre del 2013 cuando los dos fenómenos meteorológicos hicieron tierra al mismo tiempo en Guerrero. La segunda vez, las viviendas fueron demolidas porque las construyeron mal.

A través de las redes sociales, la gente de esta colonia publicó un video donde se ven en el suelo los tabiques de la barda de la primera vivienda que empezó a construirse, para reponer el primer asentamiento en el que fueron reubicados los afectados por Ingrid y Manuel.

El pasado 27 de septiembre varias familias de este asentamiento humano pararon los trabajos de reconstrucción porque, de nuevo constataron, que están haciendo las casas con material de mala calidad. El derrumbe de la barda de la casa es la prueba de que, efectivamente, es lo que está pasando otra vez.

A finales de julio, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) empezó la demolición de 212 viviendas de esta colonia habitada por 500 familias.

Las viviendas son habitadas por los afectados desde el 2014. Desde el primer año, los habitantes reubicados denunciaron la mala calidad de los materiales, pues las casas comenzaron a cuartearse, además de que las autoridades nunca introdujeron los servicios de agua y drenaje.

Aurora Muñoz Martínez, coordinadora general del Programa Nacional de Reconstrucción (PNR) de la Sedatu, indicó que las viviendas para las familias afectadas por Ingrid y Manuel se realizaron con mala calidad y que eso ha derivado en una investigación que un órgano de la misma Secretaría está investigando para deslindar responsabilidades a los ex funcionarios.

Estas viviendas fueron construidas durante el gobierno del priísta Enrique Peña Nieto y en ese entonces el titular de esta Secretaría era Jorge Carlos Ramírez Marín, actualmente senador independiente.

En agosto del 2017, la Secretaría de la Función Pública (ASF) inhabilitó por diez años al priísta Héctor Vicario Castrejón por presuntas irregularidades administrativas cuando fungió como delegado de la Sedatu, en Guerrero, del 2012 al 2014.

Héctor Vicario, quien ha sido senador, diputado federal y legislador local, fue el que gestionó la compra millonaria del terreno donde se construyeron las 512 casas para las familias damnificadas de El Nuevo Mirador.

Vicario Castrejón es gente cercana al ex gobernador Rubén Figueroa Alcocer.

La sanción administrativa contra Héctor Vicario, establece la ASF, es derivada de 12 denuncias que se interpusieron ante la entonces Procuraduría General de la República (PGR) por supuestas irregularidades en las obras de reconstrucción por Ingrid y Manuel en el asentamiento humano de El Nuevo Mirador.

De acuerdo con la versión de Héctor Vicario, su nombre en la página electrónica de ASF apareció en forma indebida. Aseguró que él no tenía ninguna sanción.

«No sé si él (Héctor Vicario) esté sancionado o tenga una inhabilitación pero lo que sí es cierto es que hubo irregularidades en la construcción de las viviendas de El Nuevo Mirador pero eso lo tendrá que decir la Sedatu», dijo Aurora Muñoz.

Familias afectadas por el huracán Ingrid y la tormenta tropical Manuel denunciaron la mala calidad de los trabajos de construcción de sus nuevas viviendas que realiza Sedatu.

La funcionaria de Sedatu dijo que a las familias afectadas se les prometió que tendrían un lugar digno donde vivir, promesa que fue incumplida.

«Las familias no tienen ni siquiera la escritura de su casa, nosotros les dimos un documento que avala su propiedad y vamos a realizar los trámites legales para que tengan su escritura».

Se demolieron 212 viviendas pero se van a tirar otras 90 que también están mal construidas.

«Vamos a garantizar que las familias si tengan una vivienda digna, con servicio de agua, drenaje, un centro de salud y una vía de comunicación».

Están haciendo las cosas igual, aseguran habitantes

Familias afectadas de El Nuevo Mirador dijeron que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador les prometió que ahora si tendrían viviendas dignas pero ya se dieron cuenta de que no es así porque, según ellos, ya se percataron que el material con que las están construyendo es de mala calidad.

«Una prueba de la mala construcción que se hizo es que un muro de la primera casa que están levantando se cayó este sábado con una lluvia», dijo Frida Martínez Hernández, una de las afectadas de la manzana 1 de El Nuevo Mirador.

Habitantes de El Nuevo Mirador en una de las protestas en la Autopista del Sol para exigir la reconstrucción de sus viviendas, en agosto del 2021.

De acuerdo con las versiones de los habitantes de este asentamiento humano, el gobierno federal entregó a cada uno de ellos una tarjeta con un depósito de más de 500 mil pesos para la edificación de su nuevo departamento.

El responsable de las obras es la Sedatu que es la que contrató a las empresas para que construyan los nuevos departamentos.

«En el 2013 cuando ocurrieron las lluvias vivía en la colonia Tata Gildo aquí en Chilpancingo y mi casa se cayó y después de vivir más de un año en distintos albergues me dieron mi departamento aquí pero al poco tiempo nos dimos cuenta de todas las deficiencias», recordó Frida Martínez.

En el 2013, a las 500 familias se les dio a conocer una maqueta de la zona donde serían reubicados.

«Me acuerdo que en esa maqueta estaba contemplado, un centro de salud, un mercado, escuelas, áreas verdes, cancha de basquetbol».

De eso que estaba en la maqueta, no hay nada.

A más de nueve años de que las familias viven en El Nuevo Mirador carecen de casi todos los servicios públicos.

«Nos dijo la señora Aurora Muñoz (funcionaria de la Sedatu) que las casas iban a estar más grandes pero no es cierto porque están haciendo lo mismo que la administración pasada porque siquiera las otras casas tenían varilla y éstas no», dijo en una entrevista una señora días antes de que la pared del primer departamento se viniera abajo.

Empresarios clausuran oficinas del IGIFE por negar licitaciones de obras

Texto: Jesús Guerrero

Fotografía: Oscar Guerrero 

Chilpancingo

25 de septiembre 2023

 

Integrantes del Consejo Coordinador Empresarial (CEE) clausuraron de manera simbólica las oficinas del Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Guerrero (IGIFE) por negarse a realizar las licitaciones públicas de obras.

Hace una semana, los empresarios denunciaron de manera pública presuntos actos de corrupción del gobierno de la morenista Evelyn Salgado Pineda.

El grupo de manifestantes llegó a la puerta principal del IGIFE y colocaron sellos de clausura.

«Es la primera dependencia del gobierno del estado a la que estamos colocando este sello de clausura pero iremos a otras oficinas más donde también sus funcionarios no son transparentes y no hacen licitaciones para las obras sociales», dijo Omar Elías Azar, presidente del CEE en Guerrero.

Momento en que Omar Elías Azar, presidente del consejo coordinador empresarial del estado de Guerrero, pega una pegatina de clausurado en la puerta principal de las oficinas del IGIFE

«Fuera funcionarios que no funcionan «, gritaron los manifestantes.

«Existe un gran cinismo en esta oficina en donde su titular Benjamín Guinto Nava tiene el gran cinismo de no recibir a la gente», dijo Omar Elías.

El dirigente del CCE mencionó que pidieron una audiencia a Benjamín Guinto para tratar el tema de la agenda del sector empresarial de Guerrero.

«Es absolutamente claro que si vinimos al IGIFE no era para pedirle la participación de una licitación para tortillas o para que pudiéramos acceder a productos de belleza sino que vinimos a ver temas de probabilidad de obras», mencionó Omar Elías.

Dijo que como empresarios tienen el derecho de participar en todas las licitaciones públicas del IGIFE y de otras dependencias.

«Estamos reclamando un derecho de audiencia con el funcionario y si no accede vamos a recurrir a instancias judiciales porque la ley nos ampara», mencionó el líder del CEE.

Leocadio Prieto Apreza, presidente del Frente de Resistencia por Guerrero, denunció que hay solicitudes para la construcción de escuelas en los municipios de San Luis Acatlán y Florencio Villarreal.

Durante la protesta de los empresarios, habitantes de Pajarito Grande y de Cuatro Bancos, de los municipios de San Luis Acatlán y Florencio Villarreal, respectivamente, se manifestaron con pancartas frente al IGIFE.

«Hemos estado solicitando una audiencia con el director del IGIFE para que nos atienda estas solicitudes pero no nos hace caso», dijo Leocadio Prieto.

Los habitantes de estas dos comunidades que requieren la construcción de escuelas solicitan que en la propuesta de presupuesto que envié al Congreso la gobernadora Evelyn Salgado se contemplen recursos para que se realicen las obras.

Después de la protesta en el IGIFE, los empresarios encabezados por Omar Elías se dirigieron al Palacio de gobierno para entregarle un oficio de solicitud de audiencia a la gobernadora Evelyn Salgado.

Protesta por parte de señoras que acompañaban a los integrantes del.consejo Empresarial en las oficinas del IGIFE

 

«Vamos a seguir clausurando más oficinas del gobierno del estado porque hemos detectado una serie de presuntos actos de corrupción», advirtió Omar Elías.

De acuerdo con los empresarios, en la Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial en donde es funcionario Omar Óscar Hernández, hermano del coordinador general operativo de la Oficina de la gubernatura, Rubén Hernández, pareja sentimental de la gobernadora Evelyn Salgado, han detectado una red de corrupción.

Empresarios acusan de corrupción al gobierno de Evelyn Salgado

Texto y fotografía: Amapola periodismo

Chilpancingo

18 de septiembre del 2023

 

Líderes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) denunciaron que en el gobierno que encabeza la morenista Evelyn Salgado Pineda se teje una red de corrupción en dependencias donde hay presencia de funcionarios cercanos a la mandataria.

«En esta administración estatal hay funcionarios que no funcionan, hay funcionarios que cobran en el gobierno municipal, estatal o federal y hay funcionarios de primer nivel que tienen familiares muy cercanos como esposas, hermanos, tíos, a quienes les han dado privilegios», expuso el presidente del CCE, Omar Elías Azar.

En la conferencia de prensa estuvieron los líderes de la Asociación de Joyeros, Arturo Flores Meza, integrantes de la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción (CMIC) y de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra).

Elías Azar aseguró que hay familiares de funcionarios que rentan sus propiedades a dependencias del gobierno del estado.

«Son rentas de miles de pesos que paga el gobierno del estado a familiares de funcionarios», dijo Omar Elías Azar.

Según los líderes empresariales en el gobierno de Evelyn Salgado hay servidores públicos que realizan sus reuniones de trabajo en hoteles «ostentosos».

«Se quejaban de los anteriores gobiernos (del PRI y PRD) y hacen lo mismo», expresó.

Los empresarios dijeron que darán a conocer con detalles los actos de corrupción en los que incurren algunos de los funcionarios de la administración estatal.

Líderes empresariales de Guerrero denunciaron actos de corrupción en el gobierno de la morenista Evelyn Salgado Pineda este lunes 18 de septiembre en Chilpancingo.

Mencionó a Óscar Omar Hernández Fuentes, director de Presupuesto, Licitaciones y Contratos de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial, como uno de los funcionarios allegados a la gobernadora que ha incurrido en supuestos actos de corrupción.

Óscar Omar Hernández es hermano del coordinador operativo de la gubernatura, Rubén Hernández Fuentes y pareja sentimental de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda.

A los dos hermanos, en otras ocasiones, los acusaron empresarios de la construcción por asignar obras a empresas allegadas a ellos.

Elías Azar anticipó que el próximo martes 26 de septiembre clausurarán las oficinas del Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa (IGIFE) como protesta por todas las irregularidades que existen en el gobierno estatal.

El líder del CCE aseguró que en este Instituto descubrieron que recientemente se echaron abajo las licitaciones para la asignación de obras.

Uno de los principales motivos que provocó la indignación de los empresarios es que los funcionarios de las distintas dependencias estatales no atienden las audiencias solicitadas.

«Nosotros vamos ayudarle a la gobernadora denunciando a sus funcionarios para que ponga un remedio a esta situación», dijo el líder empresarial.

Tlacolol – En la FGE, corrupción, nepotismo e impunidad

Arturo de Dios Palma, Emiliano Tizapa Lucena y Jesús Guerrero Salgado

En diciembre de 2021, un informe de «Impunidad Cero» del Índice de Desempeño de las Fiscalías y Procuradurías (IEDF) calificó a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Guerrero como una de las peores evaluadas a nivel nacional en la procuración de justicia.

La efectividad en las resoluciones de la FGE al mando de la militar Sandra Luz Valdovinos Salmerón no ha cambiado actualmente.

No sólo se trata de la ineficacia de la FGE para resolver los delitos que diariamente se cometen en Guerrero sino también de la corrupción que existe en esta institución, denunciada por los trabajadores mediante una serie de documentos que han expuesto de manera pública en sus protestas contra Valdovinos Salmerón.

Algunas de las irregularidades que existen en esta institución van desde nepotismo, aviadores y altos salarios que perciben funcionarios. También que muchos de los allegados de la fiscal no cumplen el perfil pero están en ese cargo porque al igual que ella, pertenecen a las filas del Ejército Mexicano.

Vamos por partes. En la nómina de la FGE hay una lista de 132 militares que tienen cargos de coordinadores de zona, agentes del Ministerio Público, vicefiscales, fiscales, subsecretarios y directores de diversas áreas.

Valdovinos Salmerón cuenta por lo menos con 15 escoltas con grado militar.

Pero no es todo. En la nómina de la FGE, aparecen como agentes de la policía ministerial Karen Pacheco Valdovinos y David Castro Reduncindo que, según los trabajadores, son familiares de la fiscal.

También figura en esta lista como policía ministerial, Andrea Cerrillo Molina, hija del encargado de la Fiscalía Especializada en Materia de Desaparición Forzada y Búsqueda de Personas, Juan Daniel Cerrillo Huerta, quien aparece en la misma nómina con el cargo de subsecretario de despacho.

De acuerdo con una denuncia de los trabajadores, en la nómina, un grupo de cinco militares tienen un cargos de subsecretario de despacho, con un salario de 44 mil pesos mensuales, pero que en realidad cumplen la función de escoltas de la fiscal Valdovinos Salmerón.

Además, otros cuatro militares, tres de ellos, están en la nómina como subsecretarios de despacho y otro como titular de una agencia del Ministerio Público, cuando en realidad son asesores externos, quienes prácticamente están de aviadores.

Otros dos funcionarios que aparecen en la nómina de la FGE como coordinadores de zona, en realidad dan una hora diaria de clases de defensa personal a agentes de la Policía Ministerial, uno de ellos cobra 44 mil 129 mil pesos al mes, y el otro 55 mil 129 pesos.

Estos dos instructores también dan clases a familiares de Valdovinos Salmerón.

El próximo 28 de diciembre de este año, Sandra Luz Valdovinos cumplirá dos años como titular de la FGE, a quien designó el Congreso local, a pesar de la oposición de la gobernadora, Evelyn Salgado Pineda, y de su padre, el senador Félix Salgado Macedonio, quienes querían en ese cargo a su alfil, Ludwing Marcial Reynoso Núñez, actual secretario general de Gobierno.

En estos dos años, la FGE no se ha anotado ningún resultado.

En 2022, el Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública y Protección Ciudadana reportó que en Guerrero se registraron 1,141 homicidios y hasta julio de este 2023 ya van 835, y se prevé que en el cierre la cifra de asesinatos supere al del año pasado.

En un documento enviado a la gobernadora, los trabajadores denunciaron que con la llegada de la teniente coronel a la FGE, la institución se militarizó.

«Ahora en la Fiscalía se patrulla y se persigue a delincuentes, ya no se investiga», aseguran los agentes del Ministerio Público, peritos y agentes de la Policía Ministerial que desde la llegada de Valdovinos Salmerón a la FGE, han realizado seis paros de labores y plantones.

Cuando los trabajadores dicen que en la FGE ya no se investigan los delitos se refieren a que hay cientos de carpetas de investigación rezagadas.

O sea hay criminales paseando en las calles con toda impunidad porque la FGE no actúa, porque una de dos, es lenta o es cómplice de los infractores.

Los trabajadores que han protestado por el despido de sus compañeros, muchos de ellos (agentes del Ministerio Público, comandantes, agentes de la policía ministerial, peritos y administrativos) tienen 10, 20 y hasta 30 años de antigüedad y dicen que es mentira que la FGE sea autónoma financieramente.

En este 2023, la FGE ejerce un presupuesto de 1,390 millones 490 mil pesos, pero este dinero lo proveé el gobierno estatal, y según el estado de ánimo que tengan los Salgado, la Secretaría de Administración y Finanzas, libera el dinero.

El problema financiero y la corrupción que siempre ha enfrentado la FGE se refleja en las carencias que prevalecen en las agencias del Ministerio Público, fiscalías regionales y comandancias de la Policía Ministerial y en servicios periciales.

La FGE se ubica entre las fiscalías que ocupan los últimos lugares a nivel nacional en pagar buenos salarios a sus servidores públicos.

Un titular del Ministerio Público percibe un sueldo de 18 mil pesos mensuales, un auxiliar del MP, 16 mil; y no cuentan con pago de viáticos ni tampoco un seguro de vida.

En el documento que hicieron público los trabajadores aseguran que los agentes de la Policía Ministerial, carecen de armas de fuego nuevas y chalecos antibalas, tampoco les proporcionan suficientes balas y vehículos en buenas condiciones mecánicas.

En las oficinas de las agencias del Ministerio Público se carece de computadoras en buenas condiciones, no hay baños, las sillas y escritorios están inservibles.

Uno de los principales argumentos que ha expuesto la fiscal para justificar dos situaciones que prevalecen en la FGE, es la falta de recursos para atender todas las necesidades de la institución.

La otra es, según ella, la añeja corrupción y complicidad de algunos mandos policiacos y agentes del Ministerio Público con la delincuencia, que ha existido desde la anterior Procuraduría de Justicia y ahora Fiscalía de Guerrero.

No dudamos que esto siga ocurriendo en la FGE, pero lo cierto es que desde que llegó la teniente coronel Valdovinos Salmerón, no ha dado resultados en procurar justicia a la ciudadanía que es víctima de un delito.

En Guerrero todos los días hay asesinatos, secuestros, desapariciones, asaltos a mano armada y robos, que son delitos graves.

¿De esos delitos que se cometen diariamente cuántos ha resuelto la Fiscalía?

Tal vez habrá que darle a la FGE el beneficio de la duda. A lo mejor si ha resuelto casos, pero analicemos los últimos delitos de gran impacto que se han cometido en Guerrero y que conmocionaron a la opinión pública.

Por ejemplo, que informe la fiscal a la ciudadanía sobre las matanzas que cometieron integrantes del crimen organizado la Familia Michoacana en San Miguel Totolapan y en El Durazno, municipio de Coyuca de Catalán.

La primera ocurrió en octubre de 2022 con un saldo de 23 personas asesinadas y la segunda en diciembre de ese mismo año, donde fueron asesinados siete hombres, entre ellos, un menor de edad.

¿Por qué la fiscal, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Seguridad Pública estatal no detienen a los líderes de esta agrupación criminal que desde hace más de una década tienen en jaque a la ciudadanía de Tierra Caliente?

Otra de las interrogantes es: ¿Cuándo la FGE va a informar sobre el resultado de las investigaciones a alcaldes, alcaldesas, una diputada y un diputado que a finales de abril de este año cerraron las carreteras de Tierra Caliente en protesta porque fueron asegurados 13 vehículos con reporte de robo que tenían en su poder familiares de los líderes de la FM en Ciudad Altamirano?

También que informe la fiscal, ¿cómo va la investigación a la alcaldesa morenista de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez, quien fue captada en fotografías, audios y en video platicando amenamente con un hombre armado y que fuentes de la FGE aseguran que se trata del líder del grupo del crimen organizado de Los Ardillos, Celso Ortega Jiménez?

Ante la omisión con la que actúa la FGE se puede establecer que en Guerrero los alcaldes, alcaldesas o diputados locales no solamente pueden cohabitar con los dirigentes de las organizaciones criminales sino hasta son cómplices de las atrocidades que cometen contra la ciudadanía.

CHIRRIONAZO: Para no dejar nada en el tintero de los errores de la fiscal, Sandra Luz Valdovinos, comentaremos que el teniente coronel Víctor Manuel Salas llegó este sábado a Coyuca de Catalán a tomar posesión como fiscal regional en Tierra Caliente, mismo cargo que ocupó hasta este viernes 8 de septiembre en Tlapa.

Víctor Manuel ni siquiera había analizado algunos expedientes de carpetas de investigación cuando este sábado en la noche integrantes de la Familia Michoacana lo privaron de su libertad, lo asesinaron a balazos y lo fueron a tirar a la comunidad de Jaripo.

El detalle es que Víctor Manuel Salas había participado en las indagaciones que culminaron con el aseguramiento de 13 vehículos con reporte de robo que tenían en su poder familiares de los meros líderes de la FM en Ciudad Altamirano, en abril de este año, y además en la detención de un líder de esta organización criminal en la Tierra Caliente.

Comentan en la FGE, que Víctor Manuel no quería regresar a Tierra Caliente, pero como buen militar obedeció órdenes de su superior, Sandra Luz Valdovinos.

El fiscal regional ni siquiera durmió su primera noche en las instalaciones del 34 Batallón de Infantería, ubicadas en Ciudad Altamirano.

El antecedente cercano fue el 21 de agosto cuando hombres de la FM se sacaron del Ministero Público de Coyuca de Catalán y la privaron de su libertad, a la también recién nombrada titular Patricia Jaqueline Salgado González.

¿Será que el grupo delincuencial deja ocupar los cargos sólo a quienes ellos imponen o aprueban?¿Y los defensores del Estado de Derecho? ¿Y la gobernadora? Seguro que apoyando a su candidata, Claudia Sheinbaum.

 

Colaboración especial en Amapola periodismo de sus brothers, sus panas, hermanos, su sangre y su clicka: Arturo de Dios Palma, Emiliano Tizapa Lucena y Jesús Guerrero Salgado. Aquí nos pueden enviar sus comentarios y chismecitos: eltlacololcolumna@gmail.com


Tlacolol es una columna satírica que cuestiona los hechos y dichos de lo que acontece en Guerrero. La opinión vertida en esta columna es responsabilidad de sus autores. Agradecemos el espacio a Amapola periodismo por respetar la libertad de expresión y no censurar nuestras opiniones e interpretaciones.

Biblioteca del Congreso de Guerrero: una obra detenida, con más de 44 mdp asignados y bajo la lupa de la ASF

La obra que comenzó en 2021 y que en principio sería solamente una rehabilitación ya ha recibido decenas de millones de pesos y sigue inconclusa. Desde el ámbito federal, la Auditoría Superior detectó anomalías por 9.6 mdp.


Por: Emiliano Tizapa Lucena

Fotografía: Oscar Guerrero

 

La construcción de la nueva biblioteca del Congreso de Guerrero cada vez se alarga más. En los últimos dos años, a esta obra le han asignado 44 millones 604 mil 167 pesos, de los cuales 29 millones 604 mil 167 pesos ya fueron ejercidos y significan una cifra superior al proyecto original. Los trabajos están suspendidos y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ya detectó una serie de irregularidades en la primera etapa.

La nueva biblioteca Siervo de la Nación fue promovida y gestionada desde 2021 por el entonces presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), el morenista Alfredo Sánchez Esquivel.

De acuerdo con dictámenes técnicos, la demolición no era necesaria porque el anterior edificio no tenía daños estructurales; incluso, la obra originalmente fue proyectada como “rehabilitación”.

Sin embargo, con el cambio de gobierno en Guerrero y la llegada de la morenista Evelyn Salgado Pineda, Sánchez Esquivel insistió en la demolición y reconstrucción de la biblioteca. Desde entonces, el proyecto enfrenta irregularidades y polémica e, incluso, fue utilizado para desbancarlo de la Jucopo.

La decisión de demoler y construir un nuevo edificio se debió a la intención de adicionar un segundo nivel para un restaurante para los diputados locales, promovido por Sánchez Esquivel.

El origen

De acuerdo con documentos del gobierno del estado, el 10 de junio de 2021 —mediante el oficio SPD.DGP.FAFEF.0396021— se le autorizó al entonces secretario de Desarrollo Urbano, Cozovi Isaac Ocampo Guzmán, la cantidad de 10 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 2021 (FAFEF) para la “Rehabilitación del Inmueble del Congreso del Estado”.

El 6 de julio del mismo año, Ocampo solicitó el pago número 130100-2006 de la primera ministración para la rehabilitación de la biblioteca, la cual fue aprobada por el subsecretario de Egresos, Eduardo Montaño Salinas, por 5 millones de pesos.

Dicha obra fue considerada prioritaria por el gobierno del priista Héctor Astudillo Flores; su realización se debía hacer en “el menor tiempo posible”, según el dictamen técnico para la adjudicación directa del contrato SDUOPOT-FAFEF-AD-192-2021, que se firmó el 21 de julio de 2021.

De acuerdo con este documento, la rehabilitación contemplaba la planta baja, área de biblioteca, aire acondicionado, mobiliario, equipo de oficina y escaleras. Para su realización, el gobierno hizo un estudio de mercado entre tres empresas: Entre-Trazos Diseño y Construcción, Arquitecto Lugi Pérez Ríos, y Diseño y Construcciones Arcany.

La empresa elegida fue Entre-Trazos Diseño y Construcción, que ofreció el menor precio: 9 millones 471 mil 268 pesos.

En el contrato firmado entre Ocampo Guzmán y el contratista, el arquitecto urbanista Santos Alonso Vázquez, se dio un importe para el inicio de los trabajos de 2 millones 922 mil 380 pesos.

La empresa ganó con tan solo 10 meses de haberse constituido como sociedad mercantil, pues en el contrato señala que lo hizo el 2 de septiembre de 2020 ante el notario público 3 del distrito de Los Bravo, Hugo Pérez Ruano, e indica que en el Registro Público de la Propiedad se dio de alta días después, el 28 de septiembre.

Entre-Trazos Diseño y Construcción debía rehabilitar el edifico entre el 26 de julio y concluir el 22 de noviembre de 2021.

Según una copia de la transferencia del dinero, del 30 de julio de 2021, se pagaron los 5 millones de pesos como primera ministración.

Todo lo anterior se hizo sin que existiera un dictamen de seguridad estructural, pues fue hasta el 27 de agosto de 2021, cuando se contrató al director Responsable de Obra (DRO) Ángel Cortés Niño, quien sostuvo que ante la falta de planos estructurales de la construcción, era necesario conocer la distribución del refuerzo en los elementos estructurales y su geometría.

Por ello, se realizaron pruebas de vibración ambiental, así como calas y demolición parcial de algunas columnas, y pozos para verificar la profundidad y geometría de la cimentación.

El 16 de septiembre de 2021, el DRO entregó el dictamen de seguridad estructural final; sus conclusiones fueron que el concreto de las vigas y columnas tenían una resistencia “aceptable”.

Además, que el desplazamiento en condiciones de diseño que presentaba la biblioteca ante efecto sísmico se encontraba “dentro de los límites permisibles por la Norma Técnica Complementaria para Diseño por Sismos, del Reglamento de Construcciones de la Ciudad de México 2017”.

Sin embargo, sostenía que las columnas no cumplían con la resistencia requerida, y aunque las vigas no tenían ninguna falla, concluyó que podría tener fallas por la capacidad de carga, y recomendó que la estructura del edificio fuera reforzada, junto con la cimentación.

Hizo dos recomendaciones más: “Se determina que el nivel de refuerzo que se requiera dependerá de las nuevas condiciones de operación de la estructura existente” y que “para la adición de un nivel superior se tendrán en cuentas las recomendaciones contenidas en los planos de la sección 2”.

Pero hasta ese momento, en ningún documento oficial de la obra se había contemplado la adición de un segundo piso.

En una minuta de trabajo del 7 de octubre de 2021, a ocho días de que ocurriera la sucesión de gobierno del estado, se le pidió a la empresa Entre-Trazos un análisis y un presupuesto que contemplara la propuesta de reestructuración que se necesitaría en el edificio de la biblioteca para saber el monto que se requeriría para los trabajos y los alcances que se tendrían en la obra.

Esta minuta fue firmada por la residente de Obra, Jeny García Ruano, por parte de la Secretaría de Desarrollo Urbano; por el superintendente de Obra, Oscar David Alcocer de Jesús, en representación del contratista, y por el Congreso local, por el encargado de la Secretaría de Servicios Financieros y Administrativos, Cristóbal Soto Cabrera.

El documento argumenta que fue Soto Cabrera quien sostuvo que era de “mucho interés” aumentar las áreas de trabajo dentro de la instalación, tomando en cuenta la “adición de un nivel al edificio de la biblioteca”.

El nuevo gobierno

Ya con la morenista Evelyn Salgado en el gobierno estatal, el 9 de noviembre se solicitó la segunda ministración para la rehabilitación de la biblioteca, por 5 millones de pesos.

Debido a que existe el documento de solicitud de pago número 130100-3739, se conoce que el dinero se pagó y usó: transferencia 1026 de la Secretaría de Finanzas y Administración, con fecha 23 de noviembre de 2021.

Ocho días antes de la transferencia, el 16 de noviembre de 2021, el entonces presidente de la Jucopo, Alfredo Sánchez Esquivel, envió el oficio HCEG/LXIII/JCP/ASE/0117/2021 a la secretaria de Desarrollo Urbano, Irene Jiménez Montiel.

El documento es una repuesta al oficio SDUOPOT-J-1014-2021, en el que Jiménez Montiel le informó que haría una “terminación anticipada” de la obra de rehabilitación, debido a una “reorientación” de los trabajos originalmente solicitados en la biblioteca.

Sánchez Esquivel atajó que el Congreso solicitó una nueva propuesta, argumentando que el peritaje estructural recomendó un reforzamiento mayor, lo que resultaba “más caro que construir un edificio nuevo en la misma área”.

Expuso que el importe contratado no sería suficiente, pero se podría “iniciar con la demolición del edificio existente, el mejoramiento de terreno y el desplante para la cimentación del nuevo inmueble”.

Sánchez Esquivel solicitó a Jiménez Montiel “su apoyo” para que los trabajos se iniciaran a la brevedad, y de ser necesario, solicitó “una suspensión temporal, para definir el nuevo proyecto, y los alcances con el importe de contrato actual”.

El 10 de diciembre de 2021, el gobierno decidió la “terminación anticipada” del contrato SDUOPOT-FAFEF-AD-192-2021 para la “Rehabilitación del Inmueble del Congreso del Estado”, y pidió que se reintegrara el dinero ejecutado.

A la empresa Entre-Trazos no se le permitió realizar ningún trabajo, según el expediente de la terminación anticipada, donde se relata una serie de hechos basados en la bitácora de la ingeniera Jeny García Ruano, que manifiesta que el 26 de julio de 2021 se le indicó al administrador único de la empresa, Santos Alonso Vázquez, que se revisaría el proyecto y que no debería iniciar los trabajos hasta definir el proyecto a ejecutar.

En la bitácora se menciona que desde el 13 de agosto de 2021 ya se tenía en cuenta por el representante del Congreso local, Cristóbal Soto Cabrera, adicionar un nivel al edificio existente, pero los trabajos no iniciaron por las disposiciones oficiales ante la pandemia del COVID-19.

El 22 de octubre, Sánchez Esquivel pidió mediante un oficio a la secretaria de Obras Públicas que los recursos autorizados para la rehabilitación de la obra fueran reorientados para que el edificio fuera demolido y se construyera uno nuevo.

El 5 de noviembre, la secretaria informó al diputado Sánchez Esquivel que era necesario elaborar un nuevo proyecto y que se determinaba la “terminación anticipada” del contrato.

El 22 de diciembre de 2021, de acuerdo con el oficio SPRD-SDP-DGP.FAFEF.0179.2021, la entonces secretaria de Planeación y Desarrollo Regional, Verónica Olimpia Sevilla Muñoz, autorizó los 9 millones 604 mil 167 pesos para la ejecución del nuevo proyecto, ahora con la demolición y construcción de la nueva biblioteca.

El 23 de diciembre de 2021, Jiménez Montiel firmó un nuevo contrato ahora con la empresa Corporativo de Ingenieros Civiles AVICAT, por un monto de 9 millones 362 mil 45 pesos, de los cuales de anticipo para iniciar los trabajos en la biblioteca se otorgaron 2 millones 808 mil 613 pesos.

El plazo de ejecución establecido fue del 24 al 31 de diciembre de 2021, para la demolición y construcción de la obra.

Dentro de las cláusulas del contrato, se indica que el gobierno del estado encomendó a la empresa a realizarla hasta su total terminación, con “materiales y mano de obra”.

El gobierno de Evelyn Salgado adjudicó de manera directa el nuevo proyecto bajo el argumento de que la obra era prioritaria y su terminación debería de ser en el menor tiempo posible.

El 24 de diciembre de 2021, Jiménez Montiel hizo la solicitud de pago por los 9 millones 604 mil 167 pesos, y el 28 de diciembre, la Secretaría de Finanzas y Administración del realizó la transferencia número 1224.

La demolición en sigilo

Durante las vacaciones decembrinas de 2021 se demolió la biblioteca en sigilo y sin banderazo de inicio de obra.

El legislador Sánchez Esquivel consideró que era necesaria la demolición del edificio de la biblioteca porque presentaba “daños estructurales” derivado de ataques  de normalistas de Ayotzinapa durante protestas.

La vieja biblioteca se demolió y se construyeron solo los cimientos, pero en agosto de 2022 todos los trabajos quedaron detenidos.

Más recursos de 2022 para la obra

A pesar de que la obra estaba detenida, las secretarías de Finanzas y Obras Públicas asignaron otros 20 millones de pesos de recursos estatales para su segunda etapa, dice el oficio SFA/SE/DGPSC/DG/519/2022.

El secretario de Protección Civil del estado, Roberto Arroyo Matus, quien declaró a los medios que no era necesaria la demolición de la biblioteca sino solo una rehabilitación, entregó a la presidenta de la Jucopo, Yoloczyn Domínguez Serna, tres dictámenes de los resultados de los estudios técnicos de las condiciones del edificio.

El 22 de diciembre de 2022, la gobernadora, acompañada de su padre, el senador Félix Salgado Macedonio, dio el banderazo a la segunda etapa de construcción y señaló que respaldaba la decisión del Poder Legislativo de construir una nueva biblioteca “sin lujos ni excesos”.

De acuerdo con el Presupuesto de Egresos 2023, este año se destinaron —mediante la Secretaría de Desarrollo Urbano— 15 millones de pesos de Inversión Estatal Directa para la “Terminación del edificio de la biblioteca del Congreso del Estado”.

Actualmente, la construcción sigue detenida y solo se avanzó con la instalación de las columnas y vigas de acero del edificio, y por lo pronto, la Auditoría Superior de la Federación ya detectó una serie de irregularidades por un monto de 9 millones 600 mil pesos.

 

Este es un contenido exclusivo de Amapola periodismo para Animal Político.

Tlacolol – Desde Casa Guerrero fabrican renuncia de Jesús Urióstegui para atajar denuncia penal

Por Arturo de Dios Palma, Emiliano Tizapa Lucena y Jesús Guerrero Salgado

El 16 de mayo, poco antes de que iniciara la sesión en uno de los pasillos del salón legislativo del Congreso, los diputados Joaquín Badillo de Morena y el priista Héctor Apreza Patrón discutieron acaloradamente.

Apreza Patrón ya tenía preparado leer una condena contra Jesús Urióstegui García, el jefe de la Oficina de la gobernadora, Evelyn Salgado Pineda, por haber participado en un acto de campaña de la candidata morenista a la gubernatura del Estado de México, Delfina Gómez, el jueves 11 de mayo.

Badillo Escamilla trataba de convencer al priista para que no lo hiciera y le soltó: «mira aquí tenemos el documento donde él (Urióstegui García) pidió permiso ese día sin goce de sueldo”.

El morenista le mostró la imagen de un escrito supuestamente firmado por Urióstegui  García que le enviaron en un mensaje de WhatsApp en su celular.

Se supone que ese mensaje electrónico se lo envió a Badillo Escamilla el propio Urióstegui García cuando se enteró de que las bancadas del PRI y PRD lo denunciaría  en la tribuna, luego de que los periódicos El Sur y Reforma publicaron una nota y una fotografía en la que aparece en un mitin con la morenista Delfina Gómez Álvarez, en el municipio de Villa Guerrero, el 11 de mayo en un día y horario laborable.

Además ese mismo día el «amigo», como lo define la gobernadora, Urióstegui García publicó en sus redes sociales su participación en el acto de campaña de Gómez Álvarez junto con otros guerrerenses que se supone son sus colaboradores en la dependencia que dirige.

El intento de Badillo Escamilla no tuvo el resultado que quería, Apreza Patrón subió a la tribuna y junto con el morenista Alfredo Sánchez Esquivel y el perredista Ociel Hugar García Trujillo le dieron una tunda a Urióstegui García. 

Sin embargo, Badillo Escamilla subió a la tribuna sacó su tableta electrónica y, como vil mago, apareció con la renuncia del Jefe de la Oficina de la gobernadora fechada el 9 de mayo, dos días antes de su participación en un acto de campaña al lado de la candidata de Morena en el municipio de Villa Guerrero.

¿Sí Uriostegui García había renunciado dos días antes del mitin de la candidata de Morena, por qué Badillo Escamilla le mostró a Apreza Patrón el permiso sin goce de sueldo del ex funcionario? ¿Por qué desde el gobierno del estado no anunciaron la salida del ex jefe de la Oficina de la gobernadora? ¿Por qué hasta ahora no han podido mostrar físicamente el documento de la supuesta renuncia? ¿Por qué?

Fácil: porque no ocurrió así, Uriostegui García se fue a hacer campaña al Estado de México sin permiso y sin renunciar al cargo. 

Pero, ¿saben quién operó esa intempestiva renuncia de Urióstegui García luego del desmadrito que él mismo provocó?

Pues ni nada más ni menos que la propia gobernadora. Salgado Pineda ordenó a Urióstegui García firmar su renuncia con fecha del 9 de mayo, cuando el escándalo mediático ya se había desatado días antes.

A los operadores de la gobernadora les faltó ordenar que se borrara el nombre de Urióstegui García del directorio de funcionarios del gabinete estatal.

Fuentes del gobierno confirmaron que el poderoso jefe de la Oficina de la gobernadora ni siquiera pidió permiso para trasladarse junto con varios trabajadores al Estado de México para estar en el evento político de Gómez Álvarez.

Incluso se trasladaron a Villa Guerrero en vehículos oficiales. Así de cínicos son los que integran este gobierno de Guerrero de la llamada cuarta transformación.

A varias semanas de que formalmente Urióstegui García dejó el cargo, fue «comisionado» para que opere en municipios del Estado de México para recabar votos a favor de Gómez Álvarez.

Así lo hizo en la campaña de Salgado Pineda en las elecciones del 2021 y por ese trabajo el clan de los Salgado lo designó como jefe de la Oficina, un cargo de altísima confianza.

Urióstegui García es originario de Chilpancingo y toda su vida ha sido un junior, se subió al carro de Morena en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en 2020 con diversos cargos.

Por ejemplo, fungió como asesor del subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta Saucedo, cercano a la ex secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. También trabajó en la Aduana marítima de Acapulco.

En la campaña de Salgado Pineda, Peralta Saucedo y Urióstegui García formaron parte de su grupo de operadores políticos.

Pero volviendo al tema, la renuncia pirata de Urióstegui García no es un tema menor, estamos hablando de corrupción. Primero, el ex funcionario cometió un delito al utilizar recursos públicos y abandonar sus funciones para apoyar a un candidato. Eso es un delito electoral. Segundo, la gobernadora en lugar de destituirlo no sólo lo protegió sino que lo ayudó a mentir, a engañar. Y tercero, Urióstegui García no tuvo que irse tranquilamente a seguirle en la campaña de Gómez Álvarez, debería estar enfrentando la ley. 

La gobernadora es abogada y sabe perfectamente que lo que cometió su amigo Urióstegui García fue un delito electoral grave, sin embargo, actuó a la vieja usanza priísta: a los amigos perdón y gracia y a los enemigos, la ley a secas.

Lo que realizó Urióstegui García, uno de los “Catrincitos”, no es nada nuevo, la mayoría de los funcionarios del gabinete de Salgado Pineda que desde hace meses está volcado a promover y financiar propaganda política a favor de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, la corcholata preferida de López Obrador para sustituirlo en la presidencia de la República.

El PAN y el PRD interpusieron demandas ante el Instituto Nacional Electoral (INE) contra funcionarios estatales a quienes les importó poco y prueba de ello es que siguen promoviendo pintas y propaganda en las redes sociales a favor de Sheinbaum Pardo utilizando presuntamente recursos públicos.

Tan es el cinismo que el Subsecretario de Educación Media de la SEG, Marco Antonio Marbán Galván ordena que en las pintas a favor de Sheinbaum se escriba las iniciales de su nombre y apellidos. 

Bueno si la gobernadora y su papá el senador Félix Salgado Macedonio ponen el ejemplo, ni modo que sus subalternos no lo hagan.

Después del domingo 4 de junio luego de las elecciones en el Estado de México, Urióstegui García regresará a Guerrero para hacerse cargo de la coordinación estatal de la promoción de Sheinbaum. Su nombramiento ya fue aprobado por el clan de los Salgado.

El gabinete estatal está cargado a Sheinbaum Pardo y la pregunta es si no es ella la elegida por el presidente Obrador, ¿qué va a hacer el clan de los Salgado?

Seguramente van actuar como los priístas: se van a disciplinar y a negociar con cualquiera de los elegidos, Marcelo Ebrard o Adán Augusto López. Lo importante para los Salgado es mantener los privilegios del poder.

En el caso de Urióstegui García, su tirada es que Morena lo elija candidato a diputado local por un distrito o por la vía plurinominal. 

El Catrincito piensa que con la bendición de los Salgado podría ser jefe de la bancada de Morena en la próxima legislatura y si su partido logra la mayoría, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso.

Urióstegui García anda con todo buscando un huesito mejor porque al parecer ser jefe de la Oficina de la gobernadora no le gustó mucho. Nos cuentan que le quiso tumbar el cargo a Ludwing Marcial Reynoso Núñez en la Secretaría General de Gobierno, pero fracasó. 

En este momento, Los Catrincitos, Urióstegui García y Rubén Hernández Fuentes, coordinador Operativo del Poder Ejecutivo, andan haciendo una mancuerna de poder en el gobierno de los Salgado que hay que ponerles atención.

Chirrionazo.- Siguiendo con el tema preelectoral, resulta inadmisible que la presidenta del Instituto Electoral de Participación Ciudadana (IEPC), Fabiola Fabiola Matildes, diga que este organismo no está facultado para emitir una opinión sobre la propaganda política que realiza presuntamente Morena y funcionarios del gobierno estatal a favor de Sheinbaum Pardo. La consejera electoral le endosó este paquete al INE. A ver qué dice el bloque opositor del PRD, PAN y PRI.

 

 

Colaboración especial en Amapola periodismo de sus brothers, sus panas, hermanos, su sangre y su clicka: Arturo de Dios Palma, Emiliano Tizapa Lucena y Jesús Guerrero Salgado. Aquí nos pueden enviar sus comentarios y chismecitos: eltlacololcolumna@gmail.com


Tlacolol es una columna satírica que cuestiona los hechos y dichos de lo que acontece en Guerrero. La opinión vertida en esta columna es responsabilidad de sus autores. Agradecemos el espacio a Amapola Periodismo por respetar la libertad de expresión y no censurar nuestras opiniones e interpretaciones

Biblioteca y tablero electrónico, gastos millonarios sin aclarar de legislaturas morenistas

Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Oscar Guerrero

Chilpancingo

 

La demolición y reconstrucción del edificio de la biblioteca del Congreso local, y la instalación de un tablero electrónico en el pleno son dos de las obras realizadas por la administración del Poder Legilslativo en los últimos años que están rodeadas de irregularidades porque, aun con el gasto millonario, en el caso del tablero, por ejemplo, no es usado por los diputados.

En noviembre del 2018, tiempos de la pasada legislatura, el entonces presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso local, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, anunció la compra e instalación en el pleno de un tablero electrónico, además de 46 tabletas y lectores de huellas que, en teoría, facilitarían las labores legislativas.

«El 24 de noviembre de 2018 el Congreso local lanzó la primera Licitación Pública Nacional para la instalación y adquisición del Tablero Electrónico, en que participaron cinco empresas y el fallo de adjudicación fue el 11 de diciembre por un monto de 7.1 millones de pesos», se lee en un boletín que fue difundido por la dirección de Comunicación Social del Congreso.

Con la designación de Sandoval Ballesteros como delegado del Bienestar en Guerrero, su cargo en el Congreso local fue ocupado por el morenista Antonio Helguera Jiménez, quien finalmente compró e instaló los nuevos aparatos en el salón se sesiones.

Los 7 millones 100 mil pesos gastados en el tablero, las tabletas y los lectores de huellas fueron para registrar las asistencias y las votaciones de los diputados, pero después de dos sesiones, nunca más los volvieron a utilizar.

Helguera Jiménez justificó la compra millonaria y dijo que con la instalación de un sistema moderno se transparentaría el voto de los diputados y se reduciría el uso de papel, porque ahí registrarían asistencia, votarían y tendrían acceso a todos los documentos necesarios para las sesiones, como el orden del día, puntos de acuerdo e iniciativas.

“Todo esto tiene el propósito de eficientar y mejorar la labor parlamentaria, y es también una herramienta que fortalece la transparencia respecto al sentido de las votaciones que se desarrollen”, dijo Helguera Jiménez durante un inauguración de la pantalla.

Las tabletas las instalaron en la curul de cada diputado.

Todo este equipo de tecnología fue presentado por Helguera Jiménez el 25 de marzo del 2019; dijo además que ahorrarían millones de pesos en papelería.

Después de la presentación hubo dos intentos de utilizar el tablero, pero la Mesa Directiva terminó por contar los votos de manera directa.

Los diputados volvieron a realizar el pase lista de manera normal, sin tecnología; desde su curul gritan presente y los integrantes de la Mesa Directiva los anota; para las votaciones es igual.

Las tabletas y los lectores de huellas fueron retirados después de varias amenazas de protestas por parte de maestros y estudiantes y, desde entonces, siguen sin colocarlas.

Lo único que quedó fue el enorme tablero electrónico que ahora sirve como pantalla donde sólo proyectan el logo del Congreso local.

Con la llegada de la 63 legislatura, en septiembre del 2021, las cosas no cambiaron, nunca volvieron a ocupar el tablero.

«Las tablets deben estar en algún rincón del Congreso, seguramente», mencionó una fuente del Congreso local, quien aseguró que dicho tablero sólo fue un capricho de los entonces diputados Helguera Jiménez y Sandoval Ballesteros, porque en un congreso pequeño como el de Guerrero no hace falta contar votos o pasar lista de manera electrónica.

«Es funcional en el Congreso federal que son 500 diputados, ahí si no puedes contarlos de uno por uno, aquí son 46 y siempre viene la mitad, no hay ningún problema en eso», mencionó la fuente.

El diputado que compró el tablero finalmente fue reeligido y nadie, ni sus compañeros y ni la oposición, le cuestionaron la compra.

La biblioteca sin terminar

Después de pasar por la compra innecesaria de un tablero electrónico llegamos a inicios del 2022, el entonces presidente de la Jucopo, el morenista Alfredo Sánchez Esquivel, ordenó demoler la Biblioteca Siervo de la Nación, ubicada en la fachada principal del Congreso .
La biblioteca fue demolida sin sustento técnico y sin el consenso de los diputados.

De acuerdo con declaraciones públicas que los diputados de los diferentes grupos parlamentarios hicieron en diversos medios de comunicación, Sánchez Esquivel jamás les informó que demolerían la biblioteca.
En su cuenta de facebook la diputada priista Gabriela Bernal Reséndiz cuestionó la demolición de la biblioteca.
«¿Quién autorizó la destrucción de la Biblioteca Siervo de la Nación del Congreso del estado de Guerrero? ¿Cuánto costará? ¿Qué empresa está realizando la obra? ¿Cuál es el proyecto que se tiene para este espacio?», escribió Bernal Reséndiz el 11 de enero del 2022.

De acuerdo con lo documentado por Amapola, periodismo transgresor, los dictámenes de Protección Civil establecían que el edificio que albergaba la Biblioteca Siervo de la Nación sólo presentaba fisuras y que requerían una remodelación, no una demolición.

Aun así el edificio fue demolido y después de cuatro meses de trabajos, la obra fue detenida por otros siete meses.

Sánchez Esquivel argumentó que se acabó el recurso presupuestado para continuar.

En septiembre del 2022, a Sánchez Esquivel lo removieron de la Jucopo y su lugar lo asumió la también morenista Yoloczin Domínguez Serna, quien junto con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, el 22 de diciembre siguiente dieron un segundo banderazo a la obra.

Ahí explicó la secretaria de Obras Públicas del gobierno estatal, Irene Jimémez Montiel, que en la primera etapa de demolición invirtieron 10 millones de pesos y en esta segunda de reconstrucción se invertirían otros 20 millones.

En declaraciones posteriores, Irene Montiel dijo que aun con esta segunda etapa, no terminarían la obra; necesitaría una tercera etapa para los acabados y el equipamiento del edificio. Para esa tercera etapa aún no hay un presupuesto asignado.

En entrevista, Domínguez Serna dijo que en los próximos días se reunirán con Jiménez Montiel para hablar sobre la tercera etapa «y por fin concluir la Biblioteca».

La demolición de la Biblioteca llegó hasta la Auditoria Superior de la Federación (ASE), en donde está un expediente por daño patrimonial contra el Congreso de Guerrero.

Domínguez Serna explicó que la irregularidad radica en que los diputados aprobaron un presupuesto para remodelación, «mas no para demolición», por lo que la ASE investiga quién ordenó y ejecutó dicho recurso.

«Ellos (la ASE) están haciendo su trabajo, ellos son el ente fiscalizador y en su momento dictaminarán el tema de la demolición y tendrá que recaer la responsabilidad en quien tenga que caer», agregó la diputada.

Con los 7 millones de la pantalla y los otros 30 de la demolición y reconstrucción de la Biblioteca, el Congreso de Guerrero ya gastó 37 millones de pesos en dos cosas que no se ocupan y que no eran necesarias.

 

“Mis hijos no son corruptos”: AMLO por investigación sobre contratos otorgados a los amigos de Andrés

El presidente afirmó que si tienen pruebas de corrupción por contratos otorgados a amigos de su hijo Andrés, “que vayan a la fiscalía”.


Texto: Animal Político 

Fotografía: Facebook Andrés Manuel López Obrador 

 

El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó la investigación que documenta los contratos, por más de 100 millones de pesos, que recibieron los amigos de Andrés López Beltrán de parte del gobierno federal; afirmó que sus hijos no son corruptos y que no hay conflicto de interés.

Al ser cuestionado sobre el reportaje presentado por el sitio Latinus, afirmó que sí tienen pruebas de corrupción, que vayan a la fiscalía.

“Loret saca un reportaje de que mis hijos están haciendo negocios, cosa que es rotundamente falso, que es parte del periodismo que él ejerce porque en realidad es un mercenario que pertenece al hampa del periodismo, no pasa nada porque no es cierto; especialista de montaje, y si tiene pruebas de corrupción, que vaya a la fiscalía”, dijo.

Afirmó que algunos sí son amigos de su hijo, pero que no es nada el monto: “Sí algunos, pero hagan la cuenta y vean el reportaje no es nada, es una desesperación, es calumnia”, comentó.

Durante la conferencia matutina, señalo que los contratos existen, pero que sus hijos no tienen que nada que ver.

“Pues sí, deben de existir (los contratos), pero mis hijos no tienen nada que ver, mis hijos no son corruptos, nada que ver con Loret de Mola”, comentó.

¿Hay conflicto de interés?, se le cuestionó a López Obrador, a lo que afirmó:

“Nada, nada, nada, no hay ningún problema. Que porque el primo, del amigo, de la hermana que es amiga de Andrés, ¿y? Nada”, dijo.

López Obrador criticó al periodista Carlos Loret de Mola, quien presentó en su programa en Latinus el reportaje titulado “Los negocios de los amigos de Andy en el gobierno federal”.

Señaló que ha pedido a sus hijos aguantar y no caer en provocación.

Los contratos que recibieron los amigos del hijo de AMLO

Latinus documentó que amigos de Andy, hijo del mandatario, recibieron contratos por más de 100 millones de pesos de parte del gobierno federal, a través de una red de empresas que simulan competencia.

El trabajo señala que dichos contratos fueron otorgados por Comisión Nacional del Agua (Conagua) para el parque ecológico que se construye en los terrenos de lo que sería el aeropuerto de Texcoco, que el mandatario clausuró por supuesta corrupción.

Además de otro otorgados por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, en cinco de sus obras y son los que construyen el nuevo Archivo General Agrario.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Critican a gobernadora por usar zapatillas de más de 21,000 y ella dice que no es corrupta; Félix presume vehículos de lujo

Texto: Jesús Guerrero

Fotografía: Dirección General de Comunicación Social del gobierno del estado 

2 de marzo del 2023

Chilpancingo

 

Luego de que usuarios de las redes sociales la cuestionaron por usar zapatillas de más de 21,000 pesos, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda dijo que la podrán criticar por su arreglo pero no por corrupta.

«Nadie me puede señalar de un acto de corrupción, porque soy una mujer que está dedicada a su trabajo al 100 por ciento», dijo la mandataria estatal durante el acto protocolario de entrega de auditoría al Poder Ejecutivo por parte de la Auditoría Superior del Estado (ASE), ocurrida este martes. El acto fue transmitido por la página electrónica de Facebook del gobierno estatal.

El pasado sábado 25 de febrero, Salgado Pineda inauguró el Abierto Mexicano de Tenis en Acapulco y como parte de su atuendo calzaba unas zapatillas de diseñador marca Yves Saint Laurent, que tienen un valor de más de 24,000 pesos, según una consulta el sitio de ventas en internet Farfetch.

El calzado de lujo que llevó ese día Salgado Pineda provocó reacciones en las redes sociales.

«No pues ahora si ya perdió el piso la gober del pueblo con sus zapatos de 25000 varos, y uno comiendo puro frijol», escribió en Facebook un usuario de nombre Beto Salgado.

«No que mucha austeridad», escribió este mismo cibernauta.

«Ni modo que se ponga unos (zapatos) de Coppel», dijo en broma irónica Daniel Morales, otro usuario de las redes sociales.

El usuario Beto Salgado montó en su cuenta de Facebook una fotografía donde está la gobernadora calzando estas zapatillas.

Salgado Pineda dijo que la critican porque se pone huipiles y porque se pone pestañas.

«Seguiré poniéndome huipiles porque son de manos de artesanos y me pondré doble pestañas».

«Siempre a las mujeres que tenemos una responsabilidad van contra nosotras y ven cómo me arreglo, pero yo les digo a mis hijos que jamás van a escuchar y a comprobar que su madre es corrupta, eso jamás porque yo estoy trabajando con honestidad y absoluta transparencia», comentó la mandataria estatal.

Salgado Pineda recordó que cuando era la campaña electoral, en el 2021, sus opositores decían que ella era una «muchachita inexperta».

«Yo les respondía que efectivamente no tenía experiencia en robar y mentir al pueblo».

Mencionó que ella ha presentado su declaración patrimonial, donde informó que no tiene «nada, ni cuentas bancarias», aunque si es copropietaria de la mitad de una casa en la colonia Marroquín en Acapulco.

«Estoy completamente limpia y como dicen, que le busquen, que le busquen», expresó la gobernadora.

Amapola, periodismo transgresor publicó el 14 de junio del 2022 que el senador morenista Félix Salgado Macedonio, padre de la mandataria estatal, lució montado en una motocicleta que tiene un precio de 448,000 pesos.

Es una unidad BMWR1250Gs Adventure que Salgado Macedonio presumió ante sus amigos y algunos reporteros afuera del hotel Holiday Inn, ubicado al sur de Chilpancingo.

Ese día, el senador había asistido a un acto que encabezó en un salón de ese hotel su hija la gobernadora.

A Salgdo Macedonio también se le ha visto conducir una camioneta Jeep Wrangrel que cuesta un millón de pesos.

 

Astudillo usaba relojes de más de 140,000 pesos

El ex gobernador priísta Héctor Astudillo Flores también le gustaba usar artículos personales de lujo.

Cuando estaba en su mandato constitucional, se le veía usar relojes Panerai, modelo luminor que cuestan hasta 148,000 pesos, cuando su salario en ese entonces, en el 2018, era de 146,000 pesos.

Al ex mandatario le gustaba lucir relojes Omega, Rado y Tag Heuer.

Protestan trabajadores de la FGE por despidos injustificados y contra “la militarización” de la dependencia

Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Oscar Guerrero 

Chilpancingo

 

Trabajadores administrativos, ministerios públicos y policías ministeriales protestaron esta mañana en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) para exigir el cese de los despidos injustificados y la entrada de personal militar traído por la titular, Sandra Luz Valdovinos Salmerón.

Juan Rivera Altamirano, representante de la Asociación de Agentes del Ministerio Públicos, Policías y Peritos (AAMPPP), denunció en la manifestación el despido injustificado de 100 trabajadores.

Advirtió que hay otros 150 procesos en contra de trabajadores que podrían ser despedidos.

“Ella (Valdovinos Salmerón) está despidiendo a todo el que piensa diferente, a los que denuncian que las cosas se están haciendo mal, lo mandan a llamar a y entre seis agentes los obligan a firmar su renuncia”, denunció.

Para quienes se quedan también hay medidas, otro de los manifestantes, cubierto del rostro por temor a represalias, denunció que les han bajado de rango o los han enviado a otras regiones “como castigo”.

“Los compañeros que eran ministerios públicos con mucha trayectoria son cambiados a trabajadores administrativos, les bajan el sueldo y los mandan a Tierra Caliente o a la Sierra sin equipo, armamento y sin asegurarles el bono de riesgo”, agregó.

Los trabajadores también protestaron por los nombramientos que hace Valdovinos Salmerón a militares como vicefiscales, directores y jefes de área.

“A nosotros nos dice que no nos puede aumentar el bono de riesgo y pagar el seguro de vida a compañeros que fallecieron en su labor porque argumenta que no hay dinero, pero tiene a sus amigos militares cobrando sueldos de 30,000, 40,000, 50,000 y hasta 60,000 por no hacer nada”.

Durante la manifestación realizaron un pequeño mitin en la entrada principal de la FGE, donde pidieron a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda intervenir y “poner atención a Valdovinos Salmerón, por no representar a la 4T”.

También solicitaron al Congreso del estado llame a comparecer a la fiscal para explicar los despidos injustificados.

“Cómo es posible que venga a Guerrero a justificar una limpia de corrupción, si ella no respeta la Constitución (…). Se nos violenta el inicio de presunción de inocencia. Se ha violado un acuerdo de que no habría más despidos injustificados”, dijo Rivera Altamirano.

En el mitin denunciaron que la militarización en el país es una realidad y para muestra expusieron lo que pasa en la Fiscalía, ta invadida por militares.

Los alrededor de 100 manifestantes, después del mitin en la FGE, marcharon en el encauzamiento del río Huacapa, con dirección al Palacio de Gobierno.

Ahí realizaron otro mitin donde dijeron que ya no hay diálogo con Valdovinos Salmerón y por esa razón pidieron la intervención de otras instancias, después se retiraron.

 

García Luna fue clave para la expansión del cartel de Sinaloa: El Rey Zambada

“Sin (Genaro) García Luna no hubiéramos podido trabajar”, declaró Jesús Zambada García, El Rey, en el juicio que enfrenta en Nueva York el exsecretario de Seguridad y socio de Felipe Calderón. El testimonio es clave en el proceso que podría terminar en unos días.


Texto: Alberto Nájar / Pie de Página

Foto: Retomada de El Financiero

Ciudad de Mexico

 

Desde la prisión donde se encuentra desde 2019, Genaro García Luna planeaba asesinar a un testigo fundamental en el juicio que enfrenta por narcotráfico.

Fracasó, y ahora el sobreviviente del frustrado atentado ha declarado que el exsecretario de Seguridad Pública y principal colaborador de Felipe Calderón, fue el elemento clave en la expansión del tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

El testigo es Jesús Reynaldo Zambada García, El Rey, uno de los últimos en la lista de comparecientes por parte de la Fiscalía General de Estados Unidos en el caso que se ventila en Brooklyn, Nueva York.

El Rey, quien es hermano del actual líder del cartel de Sinaloa, Ismael Zambada García, El Mayo, dijo que personalmente entregó por lo menos cinco millones de dólares al exfuncionario mexicano.

El dinero fue parte del pago por la protección de los gobiernos del Partido Acción Nacional (PAN) al cartel de Sinaloa.

Los sobornos empezaron durante el sexenio de Vicente Fox Quesada, cuando el ahora procesado era jefe de la Agencia Federal de Investigación (AFI).

La protección aumentó en el período de Felipe Calderón. Gracias a ese respaldo la organización creció exponencialmente.

Pero el repunte inició con Fox, aseguró El Rey de acuerdo con el reporte del periodista de Vice News Keegan Hamilton, quien cubre el juicio contra el exfuncionario mexicano.

“Cada día de los seis años de ese período el cartel se volvió más fuerte”, aseguró Jesús Zambada. En ese tiempo la organización enviaba un promedio de cien toneladas de cocaína al mes hacia Estados Unidos.

García Luna fue pieza clave en ese crecimiento. “Se podía trabajar mucho, había mucha seguridad, se daba apoyo con los combates y los sicarios, era muy importante” aseguró el testigo.

El apoyo del exsecretario de Seguridad al cartel de Sinaloa fue a tal nivel, que inclusive agentes de la Policía Federal eran los responsables de descargar los cargamentos de cocaína que arribaban al Aeropuerto Internacional de Ciudad de México (AICM).

“No hubiéramos podido trabajar sin esa ayuda” afirmó el testigo. “Era una forma muy segura de trabajar”.

El testimonio de Jesús Zambada seguirá este martes. La Fiscalía estadounidense informó al juez Brian Cogan que presentará otros dos testimonios breves y con ello concluirá su participación en el período de presentación de pruebas en el juicio.

Después tocará el turno a los abogados del exsecretario para presentar sus propios testigos.

Hasta ahora, de acuerdo con el periodista Hamilton, los defensores dijeron al juez que presentarán sólo una participación, aunque eso podría cambiar.

García Luna informó al reiniciar el juicio este lunes que se reserva su derecho a presentar su propio testimonio.

Después de concluir la presentación de los testigos la Fiscalía y defensores deben presentar sus conclusiones ante el jurado, que a continuación iniciará un receso privado para tomar su decisión.

Si Genaro García Luna es encontrado culpable, el juez Cogan determinará el período que permanecerá en prisión, así como las sanciones económicas que debe cumplir.

En caso de que lo absuelvan, el exsecretario debería permanecer en la cárcel mientras el Departamento de Estado resuelve la petición del gobierno de México para su extradición.

En este país García Luna enfrenta tres órdenes de aprehensión y dos investigaciones judiciales en curso, según informes de la Fiscalía General de la República (FGR).

No está claro el tiempo que demore la eventual extradición, pues el acusado tiene derecho a promover acciones judiciales para evitarlo. Una de ellas es solicitar asilo político o humanitario.

Testigo valioso

El Rey Zambada es el primer testigo que reconoce haber entregado personalmente sobornos a García Luna, y de conocer de forma directa la protección del exfuncionario al cartel de Sinaloa.

Antes la mayoría de los testimonios se basaron en versiones o hechos que les contaron o supieron de su existencia. Es decir, fueron testigos de oídas.

De hecho, los abogados del exsecretario, encabezados por César de Castro, han logrado desarticular varios de los testimonios de la Fiscalía.

En algunos casos, durante los contrainterrogatorios, lograron inclusive que los testigos admitieran que nunca se habían reunido con García Luna.

Pero no es el caso de Jesús Zambada García. En su primera comparecencia aseguró haberse reunido en dos ocasiones personalmente con el exfuncionario.

Los encuentros fueron en 2006 en el restaurante Champs-Élysés de Ciudad de México, ubicado a unos metros de la embajada de Estados Unidos.

En ambos casos las reuniones fueron para entregar dinero: tres millones en la primera ocasión y otros dos en el segundo encuentro.

Tras los sobornos García Luna se comprometió a proteger a El Mayo Zambada.

“Le iba a dar protección a mi hermano, no lo va a molestar, va a seguir trabajando como hasta ahora” dijo El Rey.

Además, El Rey afirmó que el exsecretario aseguró que mantenía un arreglo similar con Héctor Beltrán, El Barbas, líder del cartel de los hermanos Beltrán Leyva.

El periodista Keegan Hamilton, quien ha seguido puntualmente el actual proceso y antes el juicio a Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, publicó en Twitter que García Luna permitió al cartel elegir a los comandantes de la Policía Federal o a funcionarios de la entonces Procuraduría General de la República (PGR).

De esta manera, Jesús Zambada logró colocar a Edgar Bayardo, uno de sus colaboradores, en una posición estratégica dentro de la Subprocuraduría de Investigación en Delincuencia Organizada (SIEDO).

El puesto le costó 350 mil dólares que le entregaron a un sobrino del inculpado, Víctor Hugo García.

Un método similar se utilizó para que El Rey virtualmente tomara el control del AICM, donde cotidianamente aterrizaban aeronaves cargadas con droga.

En ocasiones, declaró el testigo, eran pequeños jets privados procedentes de Venezuela, pero también aeronaves de carga con capacidad de trasladar hasta cinco toneladas.

También se utilizaban vuelos comerciales. En estos casos la droga viajaba en maletas marcadas que descargaban policías.

Los envíos “eran según el gobierno lo permitiera”, añadió el testigo. El control del capo sobre la terminal aérea capitalina terminó en 2008, cuando fue capturado por un grupo de sicarios de los hermanos Beltrán Leyva disfrazados de agentes de la Policía Federal que lo entregaron a la policía de Ciudad de México.

Jesús Zambada García fue extraditado a Estados Unidos en 2012, donde se declaró culpable de varios delitos de narcotráfico.

En 2018 fue uno de los testigos clave en el juicio contra El Chapo Guzmán, y gracias a eso su nombre fue borrado de la lista OFAC del Departamento del Tesoro.

El Rey fue sentenciado a 12 años de prisión, pero cumple su condena en libertad, e inclusive se le permitió trasladar a su familia a territorio estadounidense.

 

Este trabajo fue publicado por el equipo de Pie de Página y lo reproducimos como parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie.

Enriquecimiento ilícito, lavado y más: los cargos por los que García Luna puede ser extraditado a México, según Santiago Nieto 

Mientras García Luna enfrenta su juicio en EU, en México hay elementos para que la FGR pida su extradición, dice Santiago Nieto, actual procurador de Hidalgo y quien, como titular de la UIF, inició investigaciones en contra del exsecretario de Seguridad.


Texto: Alfredo Maza / Animal Político

Fotografía: Retomada de El Financiero

13 de febrero del 2023

 

En la recta final del juicio contra Genaro García Luna en Estados Unidos, el extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, advierte que el exsecretario de Seguridad Pública aún podría ser juzgado en México por delitos denunciados a partir de las investigaciones iniciadas en su contra en 2019, si el gobierno mexicano pide su extradición.

En entrevista con Animal Político, Nieto detalló el contenido de las denuncias iniciadas durante su gestión en contra de García Luna que, según la actualización presentada el jueves pasado por el actual titular de la UIF, Pablo Gómez, implican posibles desvíos por más de 700 millones de dólares y cargos por lavado de dinero, peculado y enriquecimiento ilícito.

El presunto círculo de corrupción alrededor del exsecretario de Seguridad incluye a colaboradores de García Luna como Luis Cárdenas Palomino y Ramón Pequeño García, pero también a colaboradores del expresidente Felipe Calderón, como el exprocurador Eduardo Medina Mora.

Sin embargo, Nieto reconoció que, en las investigaciones que desarrolló la UIF entre 2019 y 2021, no existen indicios que vinculen directamente al expresidente.

—En las investigaciones que usted hizo durante prácticamente tres años de este caso, ¿llegó a encontrar vinculaciones con el expresidente Felipe Calderón? —se preguntó a Nieto.

—No en cuanto a relación financiera —respondió.

Independientemente del veredicto, Nieto asegura que el exfuncionario no quedará impune, pues en México la Fiscalía General de la República (FGR) aún podría solicitar y obtener las órdenes de aprehensión en contra de García Luna y, a partir de ahí, solicitar su extradición.

“Se tendría que ver cuáles son las penalidades que tendría en México, cuál tendría en Estados Unidos, y con base en ello poder determinar si la extracción resulta procedente o si la pena es más importante en Estados Unidos que en México. Pero creo que lo importante es que lo que existe en la fiscalía siga su curso”, dice.

Los litigios penales de García Luna en México

A principios de 2019, agencias estadounidenses, particularmente la DEA y el FBI, informaron a autoridades mexicanas sobre el desarrollo de una investigación relacionada con el exprocurador y exministro Eduardo Medina Mora, en la que había un presunto nexo entre él y García Luna al inicio del gobierno de Felipe Calderón.

Por ello, cuando García Luna fue detenido en Estados Unidos a finales de 2019, la UIF presentó dos denuncias: una en la extinta Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO, hoy FEMDO) y otra en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción por los delitos de enriquecimiento ilícito, peculado y lavado de dinero.

Las investigaciones encontraron que entre 2006 y 2007, cuando empezó la llamada “guerra contra las drogas”, se comenzó a desarrollar también un programa llamado nice track para espionaje telefónico, en el que participaron los hermanos Mauricio Samuel Weinberg y Jonathan Alexis Weinberg, quienes proveyeron de los insumos para efectuar este espionaje.

Pero casi al finalizar el sexenio, en 2011, una empresa en Panamá, Nunvak, abrió una filial en México que durante 2011 y 2012 y de 2012 a 2018, ya en la administración de Enrique Peña Nieto, fue “contratada de manera sistemática por el gobierno mexicano” para el mismo fin.

“En ese proceso, encontramos nosotros la contratación por 77 millones de dólares directamente del gobierno mexicano, llámese Secretaría de Gobernación, Comisión Nacional de Seguridad, en ese momento existente, el organismo especializado de los Centros de Readaptación Social y también inclusive de las propias Fuerzas Armadas”, en las que se encontraban servicios en temas de seguridad, informática, aviones no tripulados y otros, refiere Nieto.

El monto total aparte de los 77 millones de dólares en la contratación fue por 2 mil 600 millones de pesos para Nunvak y las transferencias de dinero fueron enviadas a Panamá y de ahí a Estados Unidos, donde el gobierno mexicano asegura que se utilizaron fondos para “pagar el modo de vivir de García Luna”. Pero, además, se encontró dinero que iba a Tel Aviv para el pago de servicios de inteligencia israelí y, de ahí, a países como Letonia y Curazao.

Por otra parte, las investigaciones llegaron hasta una empresa mexicana llamada GLAC, que incluso disponía de espacios en medios de comunicación: se presentaba a exfuncionarios como “colaboradores” y, durante la administración de Miguel Ángel Mancera en la CDMX, la compañía recibió diversos contratos. El más importante fue por 32 millones de pesos con la entonces procuraduría local, que la contrató para hacer un supuesto diagnóstico sobre la Fiscalía de Combate al Secuestro.

Al final, las autoridades presentaron las denuncias correspondientes contra Nunvak y GLAC, donde los accionistas eran Linda Cristina Pereyra y Gloria García, esposa y hermana de García Luna, respectivamente, así como contra el propio García Luna. Esto motivó el congelamiento de cuentas de 10 personas morales y por lo menos seis personas físicas.

Más adelante, se abrió una investigación en contra de Luis Cárdenas Palomino —exdirector de Seguridad Regional de la Policía Federal, detenido desde 2022—, luego de que las indagatorias arrojaron que actuó en el esquema de lavado de dinero a través de cuatro empresas también relacionadas con seguridad. Las investigaciones también alcanzaron a Ramón Pequeño —exjefe antidrogas de la Policía Federal prófugo de la justicia estadounidense, por presuntos sobornos del Cártel de Sinaloa.

Durante la conferencia de prensa matutina del jueves 9 de febrero, Pablo Gómez, actual titular de la UIF, dio a conocer que un tribunal colegiado otorgó un amparo a Cárdenas Palomino para el efecto de ordenar el descongelamiento de sus cuentas, por lo que el funcionario acusó a jueces y magistrados por permitir la impunidad porque “protegen a criminales y corruptos”. Pequeño también obtuvo un amparo a finales del año pasado.

Mientras en EU seguía la etapa previa al juicio contra García Luna, la FGR informó sobre la existencia de al menos tres órdenes de aprehensión solicitadas como parte de diversas carpetas de investigación y procesos abiertos.

El primer posicionamiento de la FGR —el 16 de junio de 2022— se dio justo un día antes de que los fiscales estadounidenses aseguraron tener las pruebas suficientes para demostrar que García Luna amenazó con ejercer violencia y manipular a potenciales testigos.

Luego de que se diera a conocer esta información, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a las autoridades estadounidenses para que publicaran los audios en los que se escucha a García Luna realizar estas declaraciones.

En respuesta, la FGR informó que la primera orden de aprehensión que tiene contra García Luna es por los delitos de uso indebido de atribuciones y facultades y de asociación delictuosa, concedida por actos de corrupción presuntamente cometidos en diversos penales federales.

La segunda orden fue por el delito de enriquecimiento ilícito, mientras que la tercera es por la presunta introducción ilegal de armamento en el operativo “Rápido y Furioso”, que permitió la entrada de 2 mil armas de fuego de EU a México con el fin de rastrear a sus usuarios, pero a las que se les perdió el rastro.

García Luna es juzgado en EU por nexos con el narco

Una segunda ronda de litigios en torno a García Luna inició en Estados Unidos luego del juicio a Joaquín ‘el Chapo’ Guzmán y otros juicios, en los que se empezó a generar una serie de testimonios en contra del exsecretario.

En su momento, la UIF encabezada por Santiago Nieto entregó toda la información que tenía en su poder a los fiscales del Distrito Este de Nueva York, pero debido a que en EU la denuncia contra García Luna solo tiene que ver con delitos relacionados al crimen organizado durante su tiempo como funcionario, la defensa del exsecretario pidió que no se utilice la información de 2012 a 2018, argumento que fue aceptado por el juez Brian Cogan.

“Nuestro punto de vista jurídico es que no importa si el dinero venía del narcotráfico o venía de un proceso de enriquecimiento ilícito en México; de cualquier forma, al tocar dicho dinero, el sistema financiero norteamericano estaba incurriendo en la conducta de lavado de dinero y la obligación de Estados Unidos, en términos de la propia normatividad del Grupo de Acción Financiera Internacional, es que tendría que desarrollar el caso y decomisar los bienes que fueran objeto de esa actividad ilícita», dice Nieto.

Durante el juicio de García Luna, el exfiscal de Nayarit Édgar Veytia —sentenciado a 20 años de prisión en EU— fue el primero en acusar a Felipe Calderón y a García Luna de proteger al ‘Chapo’ Guzmán, involucrando también al exgobernador Roberto Sandoval en la lista de funcionarios públicos que presuntamente recibieron sobornos del crimen.

Esta semana se prevé que concluyan los testimonios en el juicio contra del exsecretario, con la participación de un testigo estrella que podrían ser Edgar Valdez Villareal, ‘la Barbie’, o Jesús ‘el Rey’ Zambada.

La demanda para recuperar 250 millones de dólares

Un tercer caso en torno a García Luna gira alrededor de un litigio civil que empezó luego de que la UIF, con Santiago Nieto, contrató a un despacho estadounidense para intentar recuperar 250 millones de dólares saqueados por el exsecretario, pero en el que la FGR acusó a Nieto de no tener facultades legales para realizar dicho acuerdo y por tanto lo calificó de ilegal.

Al respecto, Nieto, actual procurador de Hidalgo, ha asegurado que dicho procedimiento civil en EU inició luego de hablarlo con el presidente López Obrador, con el canciller Marcelo Ebrard y con el entonces secretario de Hacienda, y después de tener una autorización expresa del Consejo de Seguridad en México.

“Ahora bien, también hay una parte interesante respecto a esto. Se presentó la demanda en los tribunales de Florida, porque ahí es donde está la mayor cantidad de los bienes, y el, digamos, ejercicio preliminar eran 250 millones de dólares, que si lo sumamos a los 77 millones (de dólares) y a los 2 mil 600 millones (de pesos), son 450 millones de dólares lo que había movido García Luna en Estados Unidos”, dice.

La única variación que existe respecto de las investigaciones de Nieto y de Gómez, expuesta el jueves pasado, tiene que ver con el aumento de recursos, entre otras cosas, por vehículos de alta gama que fueron adquiridos por García Luna, como autos Mercedes Benz o Land Rover.

Sobre la demanda civil, la defensa de García Luna presentó una motion to dismiss, que es una moción que busca que se deseche la demanda. Esto fue rechazado por el juzgado en primera instancia, por lo que se ha presentado una apelación que podría resolverse a finales de marzo.

“Hay dos opciones: que se confirme la decisión del juez y que por tanto siga la demanda civil o que lo revoque y ahí tendrán por supuesto la unidad y el despacho que generar acciones jurídicas al respecto. Pero el hecho de que les hayan rechazado la motion to dismiss es una buena señal para México y ahí es donde se encuentra la mayor cantidad de los recursos”, explica Nieto, que desde que dejó la UIF no tiene acceso ni al expediente de la FGR ni a la demanda en los tribunales en Florida.

 

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