A principios de marzo, los médicos respondieron a una convocatoria oficial y recibieron la oferta de ser contratados para hospitales de IMSS-Bienestar. Debían haber empezado labores a mediados de ese mismo mes, pero hasta ahora las autoridades no les han dado respuesta sobre en qué punto está el proceso.
Texto: Marcela Nochebuena / Animal Político
Fotografía: José Luis de la Cruz (Archivo)
11 de mayo del 2023
Desde el 16 de marzo, cuando supuestamente debían haber empezado labores, al menos 300 médicos permanecen en la incertidumbre sobre su contratación, tras haber participado en una convocatoria e iniciar su proceso para ser reclutados para diferentes instalaciones hospitalarias en el país, a cargo del órgano público descentralizado IMSS-Bienestar.
Desde los primeros días de marzo, cada año se da a conocer una convocatoria para los médicos recién egresados para ofrecerles trabajo en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), desde suplencias hasta interinatos o bases, cuando están disponibles para la especialidad que les corresponde. En el evento “Unidos transformaremos la atención en los servicios de salud. FAMILIA IMSS 2023”, se aglutinaron todas esas ofertas.
Sin embargo, este año uno de esos procesos de contratación estuvo a cargo de IMSS-Bienestar, en el mismo evento pero por separado. En la oferta, se contemplaron más de 7 mil plazas de diferentes especialidades en 21 entidades del país; la mayor cantidad de estas se dieron en Guerrero (778), Chiapas (653) y Sinaloa (540). La mayor parte de las instalaciones hospitalarias a las que están destinadas estas plazas se ubican en áreas rurales o zonas alejadas, donde los médicos que recién egresan pueden comenzar a practicar sus servicios.
Desde el 2 de marzo, comenzó el proceso para que los médicos de la especialidad se incorporaran a alguno de estos trabajos. En ese momento, incluso les fue mostrado un documento por escrito —cédula de asignación de plaza de base—, donde se consigna el tipo de contratación, la adscripción y el turno de la oferta laboral. Sin embargo, solo les permitieron tomar una fotografía bajo el argumento de que aún faltaba la firma de las autoridades.
“Con el objeto de contribuir a que las personas sin seguridad social reciban atención en salud integral y gratuita, bajo criterios de universalidad e igualdad, en condiciones que les permitan el acceso progresivo, efectivo, oportuno, de calidad y sin discriminación alguna, a través del Modelo de Atención a la Salud para el Bienestar (MAS-BIENESTAR), implementado por los Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar (IMSS-Bienestar), comunico a usted que se autoriza iniciar proceso selectivo para la contratación de…”, dice la cédula expedida el 2 de marzo y dirigida a la coordinación de Recursos Humanos de IMSS-Bienestar.
“La sorpresa fue que en esta ocasión se inició esto de OPD (órgano público descentralizado). En su momento, cuando estábamos todos mis compañeros de residencia, ese día, el 2 de marzo, fuimos por lo menos unos 2 mil médicos recién egresados de la especialidad para Medicina Familiar específicamente. En los días posteriores se citaron otras especialidades diversas, pero fue durante todo un proceso que se llevó a cabo los primeros 15 días del mes de marzo. Al ser originario de Michoacán, mi idea era entrar ahí, pero cuál fue mi sorpresa que cuando me tocó, Michoacán no tenía ya nada qué ofertar más que IMSS-Bienestar”, relata un médico quien pidió reservar su identidad.
Ante la falta de ofertas para el sistema IMSS ordinario, varios médicos —relata el entrevistado— acudieron a IMSS-Bienestar, que se ubicaba en las mismas instalaciones donde se hizo la convocatoria general, pero por separado. Ahí recibieron una explicación somera en relación a que se trataba de un sistema nuevo que se estaba implementando en entidades piloto, como parte de la unificación de los sistemas de salud que lleva a cabo el gobierno federal.
Les aseguraron, además, que serían contrataciones federales de base, con las mismas características de pago de cualquier médico especialista en ese nivel. Así fue como el entrevistado eligió Tancítaro, un municipio aledaño a Apatzingán, donde él vive. Escogió el turno de jornada acumulada, para trabajar sábados y domingos, y fue en ese momento cuando a él y a otros les hicieron firmar la cédula.
Así ingresaron médicos de todas las especialidades durante ese y los siguientes días. Sin embargo, también había algunas limitantes al incorporarse a IMSS-Bienestar, por ejemplo, renunciar a la antigüedad que tenían en el IMSS, porque ya como órgano público descentralizado IMSS-Bienestar no pertenece propiamente al IMSS y se trata de un procedimiento nuevo. Solo existía la posibilidad de trabajar simultáneamente en régimen ordinario —el del IMSS— en caso de que los horarios pudieran empatarse.
“En la actualidad, se contempla el pago de una compensación para plazas de difícil cobertura, plazas del programa IMSS-Bienestar y oferta de doble plaza en IMSS ordinario e IMSS-Bienestar. La ventaja más significativa de unirse a nuestro equipo es sentirse orgulloso de ser parte de una institución pública reconocida internacionalmente y encargada de atender a más de la mitad de la población de nuestro país”, señaló el instituto el 20 de marzo, después de llevar a cabo el evento.
Animal Político buscó al IMSS para saber si tiene alguna respuesta ante los reclamos de los médicos inconformes. Hasta el cierre de edición, el instituto no había emitido una postura.
El médico entrevistado señala: “Nos insistieron mucho en que era un programa nuevo, que iba a arrancar y que ya se estaba llevando a cabo en otros estados, pero Michoacán es piloto. Muchos elegimos esto, no nos dieron el documento en físico, se nos dijo que le tomáramos fotografía, que porque todavía no estaba firmada la documentación por las autoridades pertinentes. Que iba a ser firmada, y posteriormente nos la iban a hacer llegar. Al día de hoy, no nos las han entregado ni firmado”.
Como médico general —subraya— en el país es difícil tener un trabajo estable que sea suficiente. Contar con una especialidad puede ayudar a que así sea. A nivel nacional, hasta ahora no se ha concretado ninguna de las contrataciones ofertadas por IMSS-Bienestar. Los médicos que participaron no han recibido indicación alguna para comenzar a laborar o avanzar con la firma de su contrato.
“Buenas tardes, lamentablemente la instrucción que tuvimos en su momento fue que los requerían que estuvieran el 16 de marzo en los centros de trabajo, se giraron instrucciones para que fuera posible esta situación; sin embargo, tenemos detenido el proceso, en espera de nuevo inicio de labores”. Esa es la única respuesta que han recibido por mensaje de texto cuando han preguntado por el estatus de las contrataciones.
El pasado 12 de abril, más de 300 médicos especialistas hicieron pública una carta donde relataron que, después de ser reclutados en el evento “Unidos transformaremos la atención en los servicios de salud. FAMILIA IMSS 2023”, entre el 1 y 9 de marzo para laborar en IMSS-Bienestar, no recibieron copia física de las cédulas y solo se les dio la instrucción de presentarse el 16 de marzo, que sería la fecha de inicio de labores.
Sin embargo, al acudir a sus respectivas unidades, aseguran que existió un ánimo de completo desconocimiento del proceso a seguir por parte de las autoridades locales, las cuales incluso desconocen todavía las fechas de inicio laboral y de pagos, con la justificación de que no han recibido indicaciones a nivel central.
“El director del Instituto Mexicano del Seguro Social (Zoé Robledo) ha expuesto durante las conferencias presidenciales de prensa matutina de los días 28 de marzo y 11 de abril de 2023 los avances del Plan de Salud para el Bienestar, recalcando en cada uno de estos un video donde se presumen los logros del evento de reclutamiento de marzo de 2023, sin mencionar la situación de incertidumbre de los contratados para el OPD IMSS -Bienestar”, señalan en el texto.
Hasta ahora, los médicos permanecen sin explicaciones sobre el retraso del proceso, así como sin garantías en torno a su contratación. Además, entre los seleccionados hay quienes cambiaron de residencia para adaptarse a alguna de las plazas ofertadas. Aunque se mantienen en comunicación en los teléfonos de oficina y con las personas supuestamente responsables, la respuesta siempre es la misma: no hay para cuándo tener claridad.
El Hospital Familiar del IMSS en Chilpancingo durante la pandemia de Covid-19. Foto: José Luis de la Cruz (Archivo Amapola).
Las reformas recién aprobadas a la Ley General de Salud buscan poner el foco de la salud pública en la atención primaria, dicen en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ¿Qué implicaciones tiene este cambio? En entrevista, el investigador Gustavo Leal nos da algunas pistas
Texto: Alejandro Ruiz / Pie de Página
Foto: José Luis de la Cruz (Archivo Amapola)
11 de mayo del 2023
Ciudad de México
La cobertura universal de salud es un tema pendiente en México desde hace décadas y una promesa del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha ofrecido tener un sistema de salud «de primer mundo» al final de su administración.
Las reformas de la Ley General de Salud, propuestas por el gobierno federal y aprobadas por el Senado el pasado 29 de abril, y que incluyen la desaparición del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) son, para muchos, un reconocimiento de hecho del fracaso de la política de salud. Las autoridades, en cambio, defienden la desaparición del Insabi —creado al inicio esta administración en sustitución del Seguro Popular— y su traspaso al IMSS para evitar la duplicidad de funciones y como parte de una apuesta por la medicina preventiva.
¿Cuál es la historia detrás de esta propuesta? ¿Qué implicaciones tiene? En entrevista, Gustavo Leal, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana y quien ha dedicado sus estudios a las políticas de salud pública en el país, desglosa los principales riesgos de esta apuesta.
Insabi: el rescate de la salud pública
En enero de 2020, el gobierno de López Obrador decretó la creación del Insabi para sustituir el Seguro Popular, un organismo creado en 2003, durante el sexenio de Vicente Fox, y que prevaleció hasta los últimos días del gobierno de Enrique Peña Nieto.
La decisión fue polémica y desató las críticas de la oposición, que pronto auguró el fracaso de este nuevo sistema de cobertura de salud.
En la práctica, los fines de ambas figuras eran los mismos: dotar de acceso a la salud pública a la población que no contaba con seguridad social en el país. En el fondo, los dos proyectos contraponían intereses distintos: la privatización de la salud pública, o el rescate de ésta.
«La sustitución del Seguro Popular es uno de los pasos más afortunados que dio la administración de López Obrador desde el principio. El Seguro Popular lo que realmente puso sobre la mesa fue el primer proyecto para vincular los servicios de salud de México al modelo asegurador de los Estados Unidos», dice Gustavo Leal.
Acelerar la federalización
El problema de fondo, resalta el investigador, era la federalización de la salud pública. Es decir, la concentración de la atención de salud en organismos e instituciones federales.
El Insabi era el inicio de una estrategia a largo plazo para cumplir este fin. Sin embargo, a pocos meses de su creación, el instituto enfrentó una coyuntura que puso a prueba su capacidad de operación: la pandemia de covid-19.
Este hecho, resalta el investigador, obligó al gobierno mexicano a acelerar los planes de federalización. También lo orilló a modificar la estrategia y tiempos para su consolidación.
«La modificación a la Ley General de Salud en 2019 contempló una primera estrategia para incorporar a la población sin seguridad social, sobre todo a los esquemas de salud. Como se cruzó la pandemia, esto implicó que el gobierno mexicano implementara en ese momento una universalidad de facto, o de hecho. Pusieron a operar todas las instituciones al servicio de atender la pandemia”, comenta el especialista.
Ante la falta de infraestructura provocada por décadas de abandono de los sistemas de salud pública, el gobierno federal concentró toda la atención en la institución con mayor capacidad para hacerle frente a la pandemia: el Instituto Mexicano del Seguro Social. Entonces, las funciones originales del Insabi fueron absorbidas por el IMSS. La necesidad del instituto quedó rebasada por la pandemia y se tuvo que diseñar un nuevo esquema para alcanzar el objetivo inicial de la estrategia de seguridad pública, que era la federalización, explica Leal.
«Lo que teníamos era una ruina»
En mayo de 2022, el presidente López Obrador instruyó al titular del IMSS, Zoé Robledo, echar a andar un nuevo organismo público descentralizado. El objetivo era atender a la población que no tuviera seguridad social.
El resultado fue la creación del IMSS-Bienestar. Este organismo retomaba los lineamientos generales de un programa creado en 1978. López Obrador conoció este programa durante su gestión a cargo del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas en Tabasco.
«(López Obrador) había visto en los años 80 ese programa. A él lo impresionó mucho, se le conoció como plan Chontalpa. Él, con ese plan, vio que la segunda oportunidad para cumplir con esta idea era utilizar la estructura del programa IMSS-Bienestar”, explica Leal.
Sin embargo, lo que quedaba de ese programa eran, en palabras del especialista, era “un montón de ruinas”.
“El programa nació en 1978 y fue muy exitoso. Inclusive, por ejemplo, cuando venían las esposas de presidentes, o de primeros ministros, las llevaba a ver ese programa. Incluso hubo primeras damas europeas que trataron de trasplantarlo porque era un programa muy en el espíritu de la declaración de Alma Ata para la atención general de salud. El programa era de avanzada, y México encontró muy buen financiamiento para ejecutarlo. A la vez tenía al IMSS con su gran sombra, como un muy buen caldo de cultivo. Pero después de (Ernesto) Zedillo y con el paso de los panistas –12 años de Vicente Fox y Felipe Calderón– y Peña Nieto, medicalizaron completamente el programa. Entonces, lo que el IMSS de la 4T recibe es una caricatura del programa del IMSS-Bienestar”.
Además, las nociones iniciales que vieron nacer al programa del IMSS Bienestar resultaban inadecuadas para el reto que se le encomendó a Zoé Robledo.
Es cierto que el IMSS es un árbol frondoso que da muy buena sombra. Eso permitió que este programa del 78 tuviera un resultado muy positivo. Pero es un programa para áreas rurales dispersas. Lo que se está ofreciendo ahorita es dar atención médica a áreas urbanas y semiurbanas. Es decir, todo el universo que no cubre lo que conocemos como la derechohabiencia tradicional del IMSS, del ISSSTE, del ISSFAM o de los institutos estatales. Al dar ese paso, el presidente, desde mi punto de visa, no estaba del todo actualizado sobre la situación de ese modelo”, detalla Leal.
El modelo que siguió a aquel programa se llamó MAIS (Modelo de Atención Integral a la Salud), y consistía, básicamente, en una estrategia de salud apoyada en las comunidades. Pero tampoco era suficiente para las nuevas exigencias.
«Zoé Robledo asumió el encargo presidencial y o que el modelo era viable. Eso no es exacto. El modelo estaba completamente en ruinas. Las administraciones panistas, que fueron realmente lamentables, lo fueron medicalizando. Es decir: le pegaron a la esencia del programa, que era que la comunidad se organizara, levantara diagnósticos de salud, generara voluntarios de la salud, parteras y médicos tradicionales, y con eso generar un primer equilibrio entre la prevención y la cura. Además, era un programa que estaba pagado con recursos federales, y no tomaba las instalaciones del IMSS ordinario, sino que tenía sus propias instalaciones: una gran cantidad de unidades médicas rurales (UMR). Pero, cuando llegó la Cuarta Transformación, lo que teníamos de eso era una ruina”.
Y añade:
“Zoé Robledo, o no entendió, o no quiso entender, pero desde el principio dijo que este modelo serviría para proyectar el nuevo encargo presidencial. Gran error: no sirve. Tanto así que empezaron a diseñar otro modelo que dieron a conocer después de que se constituyo el Organismo Público Descentralizado IMSS-Bienestar. El programa original se mantiene, pero hicieron una institución nueva con un nuevo modelo que se llama Modelo de Atención a la Salud IMSS- Bienestar (MAIS-B). Ese modelo es ecléctico y tiene muchos más elementos de salud colectiva y de prevención general que de atención primaria a la salud. Por tanto, a pesar de que es nuevo y obligatorio para todos los estados (aún para los que no se adhieran al proceso de federalización de la salud), tampoco da para el tamaño del encargo presidencial”.
Estos elementos, dice Leal, han sido desestimados en el debate público. Hoy, cuando se aborda el tema de la salud pública, lo que escuchamos son críticas y descalificaciones que añoran el Seguro Popular, o aplausos ensordecidos que no analizan críticamente las políticas de salud.
Para el investigador, ninguna de estas dos posturas abona a la discusión pública.
«Hay una porra gratuita diciendo ‘está muy bien’, o hay una descalificación inmediata diciendo ‘eso solo confirma el fracaso de la 4T’. Las dos posiciones están faltándose a algo fundamental: el análisis específico de la política de salud”.
El Seguro Popular y la privatización
En 2003, el surgimiento del Seguro Popular impulsado por el entonces secretario de salud, Julio Frenk Mora, encendió las alertas de académicos y especialistas que, como Leal, habían dado seguimiento a las políticas de Salud Pública en México. Para muchos de ellos, este nuevo organismo representaba un paso adelante para la privatización del sector salud.
«El Seguro Popular es un modelo para meter al sector asegurador a la salud, como son las Afores en pensiones. Estaba lleno de fallas por ser un diseño de escritorio. El equipo que hizo esta propuesta desconocía y desconoce buena parte de la realidad nacional en materia sanitaria. Todo su conocimiento es de cifras y datos de cubículo. Además, contaron en su momento con la penosa ayuda del PRI, que les facilitó que se votara esto en cámaras. Esto fue en 2004, cuando se leía a todas luces que ese modelo no tenía pies ni cabeza”, dice Leal.
La historia de la privatización, recuerda el investigador, inició un sexenio antes, en el gobierno de Ernesto Zedillo. Con la creación de las Instituciones del Seguro Especializadas en Salud (ISES) buscaron captar la derechohabiencia del IMSS. Su intención era empezar a atenderla en la lógica del sector asegurador. El proyecto no funcionó, pero el siguiente gobierno, de Vicente Fox, se reviró con el Seguro Popular.
«Los documentos que iluminan más esta propuesta están al final de peñismo. Ahí lo que se promovió era el siguiente modelo: tú ibas a utilizar el gasto per capita del Seguro Popular, como un pie para comprar un seguro privado. Entonces, el dinero que te iba a dar el Estado era como el primer nivel, y luego tú, según tu nivel económico, ibas poniendo un poquito más, fortaleciendo la parte privada del seguro, que tiene una falla de origen”.
Entre 2015 a 2017, la tecnocracia de la Secretaría de Hacienda mandó en el sector salud, explica Leal. «(El exsecretario de Hacienda y excandidato presidencial) José Antonio Mead era un fanático de estas visiones. Eso es lo que ellos querían pero nunca se materializó. Peña recibía los documentos, pero el equipo económico nunca tomó una carta para decir: empezamos. Tanto así que la secretaria Mercedes Juan fue destituida por el doctor Narro. Ese hombre ya no insistió en los últimos dos años del peñismo por ese camino”.
«Junto con eso —sigue Leal—, como ha señalado López Obrador, se fortaleció descaradamente el esquema de las Asociaciones Público-Privadas. Incluso en sus intervenciones de Mead como secretario de Hacienda en la Cámara de Diputados, eran en el sentido de que íbamos a caminar siempre de lado de las Asociaciones Público-Privadas. Fueron minando la estructura clínica del ISSSTE y del IMSS de manera descarada. Mucho más la del ISSSTE, donde casi se podría decir que la lograron tocar mortalmente. En el caso del IMSS, por su propio tamaño, estructura e implante territorial, fue mucho más complicado”.
El gobierno de López Obrador ”ha podido meter una política de contención frente a ese intento”, dice Leal, pero ”todavía no vemos que esa política de contención se traduzca en una política realmente para instaurar un nuevo régimen sanitario”.
Sin embargo, los rezagos de la privatización en el sector salud fueron evidentes. A la par de contener estas políticas neoliberales y hacerle frente a los estragos en la salud provocados por la pandemia, la nueva administración no ha logrado consolidar un modelo de transición que realmente permita asegurar la cobertura total en salud.
¿Un proyecto transexenal?
Para Leal, la desaparición del Seguro Popular fue un acierto para frenar la privatización. Y la extinción del Insabi es una medida necesaria para caminar a una estrategia de federalización de la salud pública. Sin embargo, los pendientes para transitar a otro régimen sanitario siguen siendo muchos.
Aunque la política de contención ha servido hasta ahora, todavía prevalece en el sistema de salud pública resquicios de la corrupción. También, señala, hay una atención desigual.
La prioridad de Andrés Manuel López Obrador, de primero los pobres, en el caso del sector salud se tradujo en un resultado desigual. Sí introdujo esta política de federalización de otorgar servicios de salud a la población sin seguridad social, pero en materia de la calidad de los servicios y de la profundidad de la prestación para la población con seguridad social no ha habido una mejora significativa. Sigue habiendo un problema de desabasto estructural, sigue habiendo tiempos de espera muy grandes, y sigue habiendo grandes dificultades de resolutividad médico-clínica”.
Además, la atención a los derechos laborales del personal de salud sigue siendo un tema sin resolverse dentro de esta nueva política.
«El capítulo laboral mexicano no está bien resuelto en este Organismo Público Descentralizado, porque los mandaron al apartado B del artículo 123 constitucional. Ahí evidentemente había un problema de costos, si los hubieran mandado al apartado A, hubiera sido sensiblemente un gasto más grande para el gobierno, pero también es cierto que eso hubiera dado una premiación mínima al equipo de salud que va a atender ahora este proceso de federalización”, refiere Leal.
Los desafíos, a cuatro años de gobierno y ya con una sucesión presidencial en ciernes, requieren de un proyecto transexenal. ”Aventar hacia adelante la consolidación de lo que consideras un verdadero cambio”.
Pero la política de salud pública en México, su futuro, dependerá mucho de la sucesión presidencial.
Los impactos de la pandemia
El reto no es menor, pues las fallas en el diseño del IMSS-Bienestar para atender a poblaciones urbanas y semiurbanas serán una tarea que la próxima administración tendrá que asumir con cautela.
Ese no es un modelo rural como el que tuvo éxito en el programa original IMSS-Bienestar, sino que este es un modelo básicamente con una población afectada, además, por el impacto de la pandemia. Los padecimientos crónico degenerativos están complejizados, el perfil de salud está mucho más dificultado (que al inicio de esta administración). Y quien llegue va a tener que atender eso. ¿Con qué equipos de salud? ¿y con qué modelo?”
Los resultados presentados por el gobierno hasta ahora, no dan pistas de que esta política de salud estén caminando en ese sentido, dice el investigador.
“Zoé Robledo ha organizado una forma de presentar el problema en la que te está cumpliendo con la oferta, podríamos decir, curativa. Esto nadie puede negarlo como un avance. Dice (Robledo): tenemos muchísimos atendidos, la recuperación de muchos quirófanos, hemos estado pintando el desabasto que está siendo atendido desde los centros. Sin lugar a dudas ves que hay un esfuerzo nuevo, pero está enfocado principalmente a la atención, falta atender la parte médico curativa. Esta manera de presentar confirma que el desafío tiene más profundidad”, reflexiona Leal.
Y hay otros ángulos en la producción del servicio de atención médica. Por ejemplo: la calidad de las intervenciones que se están dando o las reglas de atención humanitaria médico-paciente.
«El encargo presidencial es oportuno y es muy correcto. La manera de instrumentarlo nos obliga a hacer un análisis. Lo que no se ve es que esté preservando lo que realmente le daría a la estrategia de López Obrador un cambio del régimen sanitario. ¿Qué sería eso? Que fortaleciera realmente la atención primaria a la salud. ¿Qué quiere decir esto? Que trabajara hasta que hubiera menos enfermedad. Este es el punto central. Eso es complejo. Es un enorme desafío”.
Cambiar el estilo de vida
Gustavo Leal concluye que se necesita un modelo que opere sobre los estilos de vida.
“Eso es lo difícil. Cambiar un estilo de vida que te determina la enfermedad. Entender el concepto de salud como un estado de bienestar en que tú estás en tu comunidad, en tu localidad, con todo lo que te determina, esa atención primaria para la salud. El buen vivir, ese es realmente tu estado de salud. Ese te mantiene no enfermo, pero necesitas un estilo de vida”, insiste.
«Ahí es donde está el problema, porque estamos bombardeados por todos los estilos de vida de la cultura consumista que tenemos. Y ya vimos como la pandemia proyectó costosamente hacia el futuro toda la crisis de obesidad, los infartos, los cáncer. Este universo tan complejo tiene que ver con el estilo de vida. Es lo que implica un cambio de régimen sanitario. Y eso tarda”.
Un elemento del Ejército resguarda el hospital del IMSS Chilpancingo durante la pandemia de Covid-19, en 2020. Foto: José Luis de la Cruz (Archivo Amapola).
Este texto es propiedad de Pie de Página y lo reproducimos como parte la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. Puedes leer el original en este enlace.
A finales de julio de 2020, el presidente López Obrador dijo que Birmex se convertiría en la empresa nacional de distribución de insumos para la salud. A pesar de ese compromiso, a la fecha no tiene infraestructura ni recursos humanos y materiales para cumplir la misión.
Texto: Andrea Vega / Animal Político
Fotografía: IMSS
12 de junio de 2022
El Laboratorio de Biológicos y Reactivos de México (Birmex), al que el presidente Andrés Manuel López Obrador asignó la tarea de distribuir a nivel nacional medicamentos e insumos para la salud, a más de tres años y medio del arranque de la actual administración no tiene la infraestructura ni los recursos humanos capacitados para movilizar estos productos, ni se ha invertido para que pueda hacerlo.
Apenas en mayo pasado, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que pidió hacer su propia licitación para la distribución de medicamentos y material de curación a la Ciudad de México y al Estado de México, dejó fuera de este concurso a Birmex, por no acreditar que tiene la experiencia, la infraestructura y los recursos humanos necesarios. Obtuvo solo 7.5 puntos de 60 posibles.
En su informe de labores 2021, el propio Birmex, una empresa con participación estatal mayoritaria, reconoció que apenas estaba en proceso de conformar el modelo de distribución que el presidente aseguró que se tendría en el país, en el que este laboratorio sería el pilar.
A finales de julio de 2020, el presidente López Obrador anunció que Birmex se convertía en la empresa nacional de distribución de insumos para la salud.
Pero en una revisión de este medio a Compranet, a la inversión en obra pública y a los presupuestos de Egresos de la Federación de 2019 a 2022, no se identificó que se haya asignado dinero a Birmex para ampliar su infraestructura, equipamiento y recursos humanos, ni que haya firmado contratos para estos fines.
Lo que sí se identificó fueron contratos de Birmex con terceros para la distribución nacional de vacunas y medicamentos, por un total de 93.6 millones de pesos, entre 2019 y 2022.
Birmex sí ha obtenido contratos para distribución con la administración pública (16), pero no a nivel nacional sino para distribución a hospitales específicos, como el Hospital Juárez, el Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca o el de Ixtapaluca, el Instituto Nacional de Cancerología y el Hospital General Dr. Manuel Gea González, entre otros.
Rafael Gual, director de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica (Canifarma), corrobora que Birmex no tiene la capacidad para hacer distribución de medicamentos e insumos para la salud a todo el país: “No ha habido más que declaraciones. Dijeron que iban a construir centros de distribución y no se ha hecho. Son ideas nada más, que después no tienen presupuesto ni sustento”.
Los centros de distribución de los grandes distribuidores se construyeron en décadas, agrega Gual. “La logística para llevar fármacos y material de curación a todo el país no es barata, no solo se trata de los galerones para almacenar, es también tecnología, permisos, implica muchos aspectos costosos y tardados”.
Juan de Villafranca, director de la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos (Amelaf), coincide con Gual. Birmex no es y no se ve que vaya a ser —afirma— el gran distribuidor de fármacos que se prometió que sería. “Lo que está haciendo es subcontratar el servicio de distribución, lo que ha retrasado las entregas y ha hecho el servicio más ineficiente y caro”.
Las razones del desaire del IMSS
Para determinar a quién le iban a contratar el servicio de distribución de medicamentos y material de curación para la Ciudad de México y el Estado de México, el IMSS hizo un análisis técnico, en el que le dio un puntaje a cada uno de los licitantes. Birmex obtuvo el más bajo: apenas 7.5 puntos de 60 posibles. Los ganadores, dos empresas privadas, alcanzaron más de 54 puntos.
En el rubro de capacidad de recursos humanos, de 10 puntos posibles, Birmex obtuvo 1.5, puesto que no acreditó que su personal tuviera más de un año de experiencia en el rubro de servicios logísticos. Tampoco demostró que sus operadores de transporte tuvieran licencia vigente de chofer ni los operadores de montacargas licencia vigente para operarlas.
En capacidad de recursos económicos no demostró tener un ingreso anual superior al 20% del equivalente del monto máximo de su propuesta económica. Mientras que en capacidad de equipamiento, no tiene siquiera una capacidad total de carga de vehículos por día de 192 toneladas, el rango mínimo pedido por el IMSS en la licitación.
En cuanto a piso de almacenamiento (incluyendo áreas administrativas y comunes), no demostró tener ni el rango mínimo: 5 mil metros cuadrados. Birmex tampoco presentó un plan de trabajo en el que se plasmara la forma en la que proponía utilizar los recursos de los que dispone para prestar el servicio, por ejemplo, con planes de los embarques ordinarios o con los días aproximados de traslados para cada destino final.
No presentó tampoco un organigrama de los recursos humanos necesarios para cumplir con las obligaciones del contrato. “No cumplir con estos subrubros evidencia la falta de capacidad técnica, así como la garantía de cumplimiento del contrato y la atención oportuna a los derechohabientes”, dice el análisis técnico del IMSS.
En cuanto a la documentación para acreditar el cumplimiento de sus obligaciones en tiempo y forma en los contratos celebrados antes con dependencias o entidades, Birmex no presentó cartas o constancias expedidas por sus clientes.
Los ganadores en la falsa promesa
Como Birmex no ha logrado tener la infraestructura ni los recursos para distribuir los insumos para la salud a nivel nacional, entonces tiene que depender de terceros. Este portal identificó, en una revisión en Compranet, que la empresa con mayoría de capital estatal tiene diversos contratos con compañías, como Transportes Refrigerados COVA, en este 2022, por 22 millones 500 mil pesos, por el servicio de distribución, recepción, resguardo, transportación y entrega de biológicos (red fría) y medicamentos (red seca).
Esta empresa se dedica al transporte de carga general, con entregas en toda la República, en especial de medicamentos, alimentos congelados y materias primas para la industria farmacéutica y alimenticia.
En 2021, Birmex firmó contratos por un total de 49.4 millones de pesos con las empresas Marken Limited (especializada en servicios de mensajería y paquetería foránea), Grupo Health Care (un mayorista de medicamentos) y Almacenadora y Distribución Universal (dedicada a la logística de diversas mercancías).
Hasta 2018, la distribución de medicamentos la hacían empresas especializadas en esto, que además se encargaban de comprar a los laboratorios los medicamentos y ofrecían al gobierno todo el paquete completo.
Pero el presidente López Obrador aseguró que había un monopolio de un puñado de empresas que se dedicaban a esta labor, concentraban mercado, provocaban subida de los precios y tenían prácticas de corrupción, por lo que se decidió que se haría por una parte la compra de los medicamentos directo a los laboratorios que los fabricaban y por otra la distribución, de la que se encargaría Birmex.
