Hace casi dos años Óscar Barragán Barragán y su esposa Angélica Garrido están en la cárcel señalados de un delito que no cometieron. Fueron detenidos por policías de Tecámac, en el Estado de México, acusados de extorsión y desde junio de 2021 dejaron a sus tres hijos como si fueran huérfanos.
Texto y foto: Arturo Contreras Camero
10 de abril del 2023
Ciudad de México
El lunes 21 de junio Óscar Barragán salió de su casa después del mediodía. Estacionó su auto en una calle cerrada y ahí, empezó a tomar cerveza. Jamás imaginó que hacerlo, significaría acabar la cárcel, arrastrando a su esposa.
Esa tarde, una vecina de la calle cerrada Estado de México, en la colonia Isidro Fabela, del municipio de Tecámac en el Estado de México, empezó a recibir llamadas de extorsión. Las llamadas venían de un teléfono que iniciaba con 747, la clave del estado de Guerrero. Cuando la vecina se asomó a la calle, vio el auto de Óscar, con placas de ese estado, y asumió lo peor.
En casa de Óscar, Angélica, su esposa, se empezó a preocupar. Así salió a buscarlo en su auto y fue que después de manejar por la misma colonia, encontró varias patrullas rodeando el auto de su esposo. De inmediato, se acercó a preguntar qué pasaba.
Era un borracho en vía pública, los policías se lo iban a llevar al Ministerio Público y el auto al corralón, le dijo uno de los agentes que no forcejeaban con Óscar. Ella, sin dar a conocer su identidad, preguntó a dónde se lo iban a llevar. A la Fiscalía de Tecámac, le respondieron.
Poco tiempo después de que se llevaran a su esposo, dos hombres vestidos de civil se acercaron a Angélica. “¿Usted qué es del detenido?”, le preguntaron. “Es mi esposo”, respondió. De inmediato, el agente empezó a revisarla, y otro más a catear su auto. A pesar de no encontrar nada, la esposaron, la subieron a otra patrulla y se la llevaron.
La escena la cuenta la misma Angélica en una carta que escribió en enero de este año, dirigida al mismísimo presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador. Es como lanzar una carta al mar, en espera de que, por milagro, puedan volver a ver a sus hijos Oscar, Jon, Damián y a su hija Andrea.
El 8 de febrero de este año, sus familiares acudieron a la plancha del Zócalo para protestar por la liberación de la pareja y para entregar la carta de Angélica en Palacio Nacional.
Según explica su hermano, el caso está lleno de irregularidades. Por ejemplo, la carpeta de investigación dice que su detención fue a las nueve de la noche, pero hay fotografías de que en realidad fue por la tarde. También señalan que la detención fue rápida y que una patrulla logró frenar el paso de los dos autos en los que viajaba la pareja, cuando nada de eso sucedió.
Esta no es la primera vez que su familia viene a suplicar la intervención del presidente en un asunto urgente para ellos. Toda la familia de Óscar fue desplazada de sus tierras y de su hogar en el pueblo de Chichihualco, en la sierra de Guerrero. Por más de un año, cómo medida desesperada, estuvieron acampando casi un año en la plancha del Zócalo, esperando ayuda del gobierno. Desde entonces se han intentado varios regresos, pero sin éxito. Muchas de las familias desplazadas se mudaron a otros municipios, i buscaron empezar sus cosas de nuevo. Como Óscar, que, mientras vivió en el Zócalo conoció a Angélica, una estilista de Tecámac que viajaba a trabajar al centro de la capital todos los días
Por el caso de Angélica y Oscar han desfilado tres abogados. Una, no fue de mucha ayuda, otra les prometió hacer una apelación que no funcionó y, según dice David Barragán, padre de Óscar, solo estafó a su familia con 50 mil pesos. Incluso, después de haber hecho la apelación, las autoridades a cargo del caso aumentaron la pena de Óscar y Angélica, la que llegó a 43 años, a pesar de que no exista un fundamento legal para este tipo de acto.
Hoy, la única esperanza de la pareja presa recae en la Ley de Amnistía, promovida desde 2020 por el Gobierno Federal, que contempla que en los delitos supuestamente cometidos por integrantes de los pueblos indígenas a quienes no se haya garantizado el debido proceso.
David Barragán cuelga una manta con la imagen de su hijo y su esposa, detenidos injustamente desde hace casi dos años. DEsesperado, busca la ayuda de quien sea. Foto: Arturo Contreras (Pie de Página)
Lauro Hinostroza, doctor en antropología y médico tradicional peruano, lleva 180 días en una prisión mexicana acusado de delitos contra la salud. Fue detenido en el aeropuerto de la capital con Ayahuasca, un brebaje común entre los pueblos del noreste amazónico. En entrevista telefónica, desde el Reclusorio Norte, cuenta que no es el único médico tradicional preso por usar Ayahuasca
Texto: Pedro Anza / Pie de Página
Fotografía: Facebook Lauro Hinostroza
4 de marzo del 203
Ciudad de México
Por un instante, la voz que llega del otro lado del teléfono amaga con quebrantar su serenidad. En los 30 minutos que han transcurrido de conversación, esta ha mantenido un tono lento y templado, casi de reposo. Después de una pausa en donde se distingue, lejano, el ligero caer de un suspiro, la voz parece volver a su cuerpo y retomar el equilibrio. El médico tradicional peruano de 69 años Lauro Hinostroza me llama desde el Reclusorio Norte, lugar en el que ha permanecido preso por más de seis meses bajo la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.
El 26 de Septiembre del año 2022, a pocos días de participar como conferencista en un Congreso Internacional sobre medicina ancestral que se celebraría en Teotihuacán, Lauro fue detenido en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, acusado de delito contra la salud en la modalidad de introducción de estupefacientes (N, N-dimetriltriptamina, DMT) al país. Doctor en Antropología Médica por la UNAM, Fundador del Instituto de Medicinas Tradicionales Aplicadas y Artesanías México-Perú, asiduo participante en la Cumbre Tajín, Lauro ha dedicado más de 35 años a la promoción de la práctica médica tradicional de la etnia quéchua-asháninka, a la cual pertenece, así como al estudio y la difusión de las formas de curación ancestrales endémicas a distintas regiones del continente.
—Yo soy practicante del modelo médico de nuestros pueblos originarios—cuenta Lauro desde el otro lado de la línea. Detrás de su voz, encerrado en un espacio angosto de probables paredes grises, flota un murmullo: la algarabía causada por otros presos que se comunican con el exterior.
—Tengo una preparación desde mis abuelos, el quechua es mi lengua materna, nací en un pueblo quechua, y por parte de mis abuelos tengo presencia en la selva, soy parte de una combinación de la selva y la sierra del Perú. En la selva peruana las principales plantas medicinales son la Ayahuasca (Banisteripsis capi) y la Chacruna (Psychotria viridis). En este modelo médico que practico, las plantas tienen un estatus divino, nosotros nos hemos dedicado a continuar con la tradición. En ese contexto es que utilizo el medicamento, que es el Ayahuasca. Eso ha sido el problema en el aeropuerto, no estoy enterado de lo que pasa porque la Ayahuasca es una planta maestra, dentro de la cosmovisión nuestra tiene un estatus muy importante, no cualquier persona puede tomarla ni hacer uso de ella. Así que me detienen 26 de Septiembre del año pasado y hasta el momento no me dan ningún tipo de solución y estoy encarcelado.
Saberes para la sobrevivencia
Siendo un muchacho de treinta y pocos años, becado y recién graduado como maestro en antropología por la Pontificia Universidad Católica del Perú, Lauro llegó a México en 1990 invitado a un congreso que se organizaba en el antiguo local de medicina, en el Centro Histórico de la capital mexicana.
Con ambiciosos proyectos para el estudio y la preservación de los métodos de medicina prehispánica, Lauro decidió quedarse en México a continuar sus estudios de doctorado y, como apoyo económico a estos, a cambio de un almuerzo o una propina, practicó distintas técnicas de curación tradicional a docentes y alumnos de la universidad en los recesos entre clases.
La fatalidad, o una misteriosa suerte disfrazada de ella, pasados más de 30 años de la época en que realizaba limpias a miembros de la comunidad universitaria, obligan hoy al médico tradicional Lauro Hinostroza a utilizar de nuevo sus manos y saberes, bajo condiciones ya no solo adversas sino hostiles, como vehículo de supervivencia y sustento.
Las improbables posibilidades en el bolsillo del curandero para mantener los servicios de apoyo jurídico no público, así como los descalabros diarios de la vida en calabozo entre rufianes y gendarmes de colmillo afilado, han orillado a Lauro a pasar sus días y meses de encierro curando, limpiando, y diagnosticando a otros reclusos a cambio de escuetos apoyos que le permiten sobrellevar las peripecias y la incertidumbre de una libertad que pareciera desmarcarse a cada paso.
No es el único caso
No es Lauro, sin embargo, el único indígena promotor de medicina tradicional que permanece tras las rejas debido a su práctica médica. A inicios del presente año, acusados de portar alguna planta sagrada, al menos cuatro indígenas dedicados a la medicina ancestral permanecían privados de su libertad en prisión preventiva oficiosa en algún centro de reclusión en el país. Compañero de patio de Lauro en el Reclusorio Norte, por ejemplo, está El Taita Claudino Pérez Torres, indígena originario del Amazonas colombiano y miembro de la tribu Murui-Huitoto, detenido en el AICM en marzo del 2022 por portar ayahuasca y, preso en el Reclusorio Sur. Por la misma razón, se encuentra preso Eric Rosas de la Cruz, líder de la comunidad indígena Noke-koi, del Estado de Acre, Brasil. José Campos de 68 años, otro curandero de origen peruano, habitante de la región amazónica de Uyacali, quien fue detenido por portar ayahuasca a principios del año pasado, fue liberado el pasado mes de marzo después de un año en prisión y tras un histórico juicio donde obtuvo el veredicto de absolución. El común denominador, en todos los casos, la Ayahuasca.
Ayuahuasca, la planta por la que lo apresaron
El término Ayahuasca proviene de la lengua quechua y refiere al líquido resultante de la mezcla de una liana endémica del amazonas llamada Banisteriopsis caapi, así como a la propia liana. El uso de este brebaje se extiende por todo el noreste amazónico, en donde, desde hace al menos cientos de años, se utiliza por diversos pueblos y culturas indígenas de la región como instrumento de visión y sanación en contextos religiosos, médicos y ceremoniales. A través de distintos estudios etnográficos, la literatura científica ha referido que existen más de cinco mil recetas para preparar el brebaje y más de 200 plantas que pueden añadirse en este. Algunas de estas formas tradicionales de preparación, tanto por parte de culturas indígenas como por parte de religiones y cultos híbridos que desde principios del siglo anterior han utilizado a la Ayahuasca como sacramento, adicionan a la liana (Banisteriopsis caapi) las hojas de un arbusto llamado Chacruna (Psychotria viridis), las cuales contienen en sus propiedades químicas un alcaloide psicoactivo conocido como DMT (N, N-dimetriltriptamina). Esta última mezcla es la más extendida y la que ha ganado mayor popularidad en los usos ceremoniales y médicos de la Ayahuasca fuera de la región amazónica, aunque no necesariamente fuera de su techo cultural.
—La Ayahuasca no es la herramienta principal de nuestro modelo médico, se utiliza para preparar a los maestros, para que no agarren contagio emocional o espiritual, el Ayahuasca es una herramienta de diagnóstico, el maestro sacerdote lo toma para tener una visión clara: buen oído, tacto y sensibilidad, para captar qué tipo de enfermedad existe—, dice Lauro.
Los silencios que preceden sus palabras son cada vez más hondos, sugieren desasosiego, transmiten una sensación de incomprensión, como brazos que se frustran al dirigir una cubeta a un pozo de agua escasa, inexistente.
—Yo no entiendo por qué comienzan a detener a los curanderos, aquí conmigo está Claudino, un maestro colombiano, también maestro de Yagé, pues ellos, en Colombia, a la Ayahuasca le dicen Yagé. Estaba también Joselo, que felizmente ya salió hace un mes, estaba por la misma situación, por traer Ayahuasca. ¡Pero la Ayahuasca es una herramienta de curación!
Otra pausa larga, demasiado silenciosa, por un momento pienso que la señal telefónica se ha interrumpido, pero la voz de Lauro vuelve a sonar, otra vez, equilibrándose apenas entre la templanza y el quebranto.
—Por otro lado, me doy cuenta que afuera nosotros somos respetados, nos saludan, acá en la cárcel no hay ese respeto. Estoy recibiendo la peor humillación de mi vida como curandero, nunca, en ningún pueblo, he pasado tanta vejación, tanta situación de castigo. Es una experiencia terrible para mí y para otros maestros que están con la boca seca, inermes. Lo que decimos no vale, los estudios no sirven, nuestra lengua no vale.
Las circunstancias de Lauro y el resto de los curanderos presos evidencian la existencia de una brecha sin puente, una distancia que se pretendía salvada ya tiempo atrás: la disonancia y falta de entendimiento entre las cosmovisiones amerindias y la óptica de un mundo moderno que las mira tras sus anteojos, por encima, escéptico e incrédulo a sus percepciones del mundo.
La distinción farmacológica
A pesar de que de acuerdo a la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de las Naciones Unidas (JIFE), la Ayahuasca no esté catalogada como potencialmente peligrosa ni se encuentre sujeta a controles estrictos, el DMT (N, N-dimetriltriptamina), alcaloide psicoactivo contenido en algunas de las variantes del brebaje amazónico, se encuentra fiscalizado en la Lista 1 de la Convención de Naciones Unidas sobre Sustancias Psicotrópicas de 1971, así como en la Ley General de Salud. Sin embargo, según la Fundación ICEERS (anacrónimo en inglés para el International Center for Ethnobotanical Education, Research, and Service) organización civil dedicada a la promoción de la investigación científica de plantas con propiedades medicinales para su uso en terapias y desarrollo personal, el DMT, en su origen vegetal y no sintético, no está contemplado dentro de la fiscalización.
“Lo que nosotros argumentamos es que hay una distinción farmacológica entre la DMT de origen sintética y la DMT de origen natural”, dice Jesús Alonso Olamendi, abogado miembro de la Fundación ICEERS, quien ha apoyado las estrategias de defensa jurídica en el caso Lauro y los curanderos mencionados anteriormente.
La que está prohibida es la de origen sintética. Para afirmar esto nos basamos en dos argumentos, el primero es que las listas mexicanas se basan en los convenios internacionales, y que esos convenios internacionales, particularmente el de 1971, que es donde se ejercen medidas de control, hablan de sustancias sintéticas, además, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, el órgano que vigila el cumplimiento del tratado, ya ha señalado en dos ocasiones, en 2010 y 2012, que ninguna otra planta salvo por la adormidera de opio, la hoja de coca y el Cannabis, están sometidas a controles internacionales, y hace mención expresa de la Ayahuasca, señala que pese a que contiene DMT ni la Ayahuasca ni ninguna de las plantas con las que se elabora está bajo control. El segundo argumento por el cual señalamos dicha distinción farmacológica, es que la DMT la produce el ser humano de forma natural y se encuentra ampliamente en vegetales y en árboles, entonces pensar que el poder legislativo incluyó la DMT de origen natural sería un absurdo, porque entonces cada que alguien entra el país estaría cometiendo ese delito, porque todos tenemos DMT en el cuerpo, por eso señalamos la distinción entre DMT sintético y DMT de origen natural”
La aparente desarticulación entre la conceptualización química del brebaje Amazónico en el proceso jurídico nacional que atraviesa el curandero peruano y la contemplada por algunos de los acuerdos internacionales entorno al uso de sustancias psicotrópicas, no es, sin embargo, el único elemento de debate en el caso de los curanderos presos. La discusión está además inserta en un marco más amplio, aquel de lo cultural. El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) del cual México forma parte, especifica la necesidad de respetar los usos y costumbres de los pueblos originarios, incluyendo en estos usos y costumbres, afirma también Jesús, la práctica de su medicina tradicional. El uso y tránsito del brebaje conocido como Ayahuasca por parte de médicos tradicionales, orientado hacia dichos propósitos, no podría, por tanto, asociarse meramente al delito contra la salud en la modalidad de introducción de estupefacientes, reduciéndolo con esto a una cuestión únicamente farmacológica, sin tropezar, de nuevo, con este ambiguo territorio de desencuentro entre ambas realidades culturales. Frente a una mirada se aparece un medicamento, frente a la otra una sustancia prohibida.
El medio ecológico adecuado
—He tratado de entender el modelo médico de nuestros pueblos originarios. Es un modelo médico que tiene una base filosófica propia, y que además de tener medicamentos y formas de diagnóstico, tiene agentes de salud muy bien preparados. En él la enfermedad se concibe como un desbalance. El hombre, la tierra, los elementos de la naturaleza, las aves, todos enferman. Entonces si ese desbalance se da, lo que hacemos los curanderos es organizar ese desbalance—, dice al teléfono Lauro.
Conforme se adentra en la descripción de la medicina que practica, su palabras restablecen lentamente, de manera casi fortuita, una paz perdida. El murmullo de los reos detrás de su voz parece apagarse, la hora de llamadas amenaza con llegar a su fin.
—En México se encuentran dos grandes civilizaciones, la Mexica-Azteca, síntesis de otras culturas, y la Maya. En el Perú, capital del gran Tahuantinsuyo inca existe también una gran civilización. Estas civilizaciones que abarcaron todo Mesoamérica y todo América del sur, comparten muchas de las herencias del modelo médico. El pilar de nuestro modelo médico es la complementariedad de los opuestos y la curación es, entonces, complementar los opuestos y buscar el equilibrio. Lo interesante de nuestro modelo médico, el de las civilizaciones americanas, llámese Mexica, Maya, Inca, es que lo organizaron con un referente muy especial, que es el medio ecológico. Muchas de las técnicas para la curación son parte del medio ecológico, por eso digo que todo este modelo médico va a existir mientras existe el medio ecológico adecuado.
La relación con la Marina
Desde febrero del 2022, la Secretaría de Marina tomó el custodio del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Es alrededor de esta fecha que comenzaron a darse los casos de prisión preventiva oficiosa a médicos tradicionales que transportan consigo plantas de uso médico-ritual como la Ayahuasca. Según Jesús, podría haber una relación directa entre estos dos sucesos.
“No sabemos si esto explica los arrestos que comienzan a partir de marzo, pero casualmente coincide con eso —dice el abogado Olamendi—. Antes de ello no habíamos tenido ningún caso, una que otra confiscación pero nada que escalara a un tema penal”
Mas de 180 días ha pasado Lauro Hinostroza, doctor en antropología y médico tradicional de origen peruano, tras las rejas del Reclusorio Norte. Desde ese entonces su nombre ha sido mentado en la prensa y su imagen ha aparecido en las conferencias de Palacio Nacional. Su situación, sin embargo, su derrotero, parece carecer de la mínima certeza y orientación. Su libertad es a veces una posibilidad y a veces una quimera. La voz que llega del otro lado del teléfono, amaga una vez más con romper su entereza. Alguien lo llama, la conversación ha durado ya casi una hora, tenemos que colgar.
Lauro Hinostroza durante una ceremonia tradicional. Foto: Facebook Lauro Hinostroza
Este texto fue publicado originalmente por Pie de Página y lo reproducimos como parte la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. Puedes leer el texto original en este enlace.
En una audiencia que duró varias horas, la jueza de control, Yolanda Mora Silva, dictó prisión preventiva por el delito de homicidio a Marisol Figueroa Núñez, hija de la activista Marisela Núñez Trujillo.
Figueroa Núñez permanecerá detenida tres meses, tiempo en que desahogarán más pruebas por el delito que se le imputa.
Entrevistada vía telefónica, Núñez Trujillo denunció que la Fiscalía General del Estado (FGE), a través de pruebas y declaraciones falsas, pretenden culpar a su hija de participar en actividades delictivas asociada a grupos criminales que operan en la zona.
Marisol Figueroa fue detenida el 2 de marzo por policías ministeriales en el centro de Chilpancingo; la detención fue ejecutada sin una orden judicial, la subieron a una camioneta oficial y se la llevaron, denunció la madre.
Estuvo desaparecida cinco días, tiempo en el que los policías ministeriales la llevaron a una casa donde había una excavación de fosas clandestinas, en el que hallaron a un hombre decapitado.
«Querían que mi hija (Marisol) culpara a un hombre, conocido como El Gordo Mata, de ser el que decapitó al cadáver, pero ella no sabe nada ni tiene nada que ver con esas personas», mencionó Núñez Trujillo, quien es conocida por participar en las protestas en reclamo de la aparición con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Al negarse, Marisol fue trasladada a los separos de la FGE, donde estuvo incomunicada hasta que su madre la halló y comenzó el procedimiento para su liberación inmediata.
«Entro (a los separos) y veo que está golpeada y me dijo que la dieron en la cara con un arma, le quitaron todas su pertenencias y la querían acusar primero de venta de drogas, luego de agredir a una policía ministerial y, luego, de ser parte de un grupo criminal», contó Núñez Trujillo.
Al no comprobarle ninguna de esas acusaciones, dijo, sólo pagaron una fianza y liberaron a Marisol, «pero ya íbamos en la salida de la Fiscalía cuando nos detienen y nos dicen que tiene una orden de aprehensión, que la van a detener y le van a leer sus derechos».
La activista dijo que ella les respondió: «Qué derechos va a tener, si aquí se los están violando todos».
Expuso que pretenden implicar a su hija en un delito que ocurrió en agosto del 2022, sostenido en declaraciones falsas y en señalamientos de testigos que no tienen nombres en la carpeta de investigación.
Marisol es acusada de estar con un grupo de personas que en agosto de 2022 salieron de un bar de la calle Valerio Trujano, en el centro de Chilpancingo, con una hielera que cargaba una mujer, en la que transportaban una cabeza humana que, se supone, un testigo vio que se les cayó y rodó la cabeza.
La persona que contó la supuesta escena de la hielera, de acuerdo con Núñez Trujillo, habría reconocido a ese grupo de personas como ladrones de autos, porque el testigo es ojalatero y a él, aparentemente, le llevaban a reparar los autos.
«Pero en la carpeta de investigación ese testigo no tiene nombre, no tiene nada, y eso se lo hice saber al nuestro abogado de oficio», contó la madre.
Existe otra declaración, dijo, de una menor de edad, también sin nombre, que aseguraba que vio la hielera y a un grupo de personas que «actuaban de manera sospechosa».
Por ambas declaraciones, denunció la activista, están detenidas o juzgadas otras nueve personas.
La madre de Marisol contó que la jueza que lleva el caso determinó una prorroga de tres meses para recabar más pruebas y emitir un fallo. Agregó que tiene esperanza de que su hija salga en libertad.
Durante la audiencia para determinar la situación jurídica de la joven Marisol Figueroa Núñez, detenida de manera extra judicial por policías ministeriales el pasado 2 de marzo, activistas feministas y defensoras de derechos humanos protestaron afuera de Ciudad Judicial para exigir su liberación.
En el mitin, ocurrido en la entrada principal de Ciudad Judicial, en Chilpancingo, al que asistieron integrantes de diversas asociaciones feministas, exigieron la liberación inmediata de Marisol, por considerar que le fueron violados sus derechos humanos y la presunción de inocencia.
«Exigimos que se cumpla el protocolo de Estambul, la compañera fue torturada, fue levantada extrajudicialmente y debe ser liberada de inmediato porque fue violado todo procedimiento en su detención», dijo la activista feminista Aracely Osorio, madre de Lesvy Berlín Rivera Osorio, víctima de feminicidio.
Las activistas mencionaron que durante su detención fueron violados diversos procedimientos y derechos humanos.
Además explicaron que no había motivo para que la Policía Ministerial detuviera a Marisol, y mucho menos imputarle el delito de homicidio, como la está acusando la Fiscalía General del Estado (FGE).
«Sin ningún motivo, los agentes de la Policía Ministerial subieron a Marisol a una camioneta, le dieron vueltas durante un tiempo, la torturaron, y le pegaron con un arma larga en la cara», mencionó Aracely Osorio.
Al mitin asistió una representación del Frente de la Glorieta de las Mujeres que Luchan, encabezado por Aracely Osorio, y presentaron un documento dirigido a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, así como a la fiscal general del estado, Sandra Luz Valdovinos Salmerón, donde les explican el caso y por qué debería ser liberada.
Otro documento fue entregado a Edgardo Mendoza Falcón, secretario del Poder Judicial, en donde exigen la liberación de Marisol y sostienen que ella es inocente, por lo que piden que se actué con justicia y se le aplique el protocolo de Estambúl, dado que ella, aseguraron, fue golpeada y torturada.
Marisol Figueroa fue detenida el 2 de marzo por policías ministeriales en el centro de Chilpancingo; la detención fue ejecutada sin una orden judicial, la subieron a una camioneta oficial y se la llevaron, de acuerdo con un comunicado emitido por la colectiva feminista Antimonumental.
Estuvo desaparecida cinco días, tiempo en el que los policías ministeriales la llevaron a una casa donde había una excavación de fosas clandestinas y fue hallado el cadáver de un hombre decapitado.
A Marisol le ordenaron que señalara a una persona como responsable del asesinato, a lo que se negó y fue trasladada a los separos de la FGE.
Marisol es hija de Marisela Núñez Trujillo, activista que apoya el movimiento por la aparición con vida de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa.
La tarde de este lunes se realizó una audiencia en Ciudad Judicial para determinar la situación jurídica de Marisol.
La audiencia estaba programada para las cuatro de la tarde, pero se retrasó dos horas ante la negativa de las autoridades judiciales de comenzarla por la manifestación y el mitin a la entrada.
En un momento de receso de la audiencia, Marisela, madre de Marisol, salió y soltó: «aún no hay nada. No querían iniciar por la protesta, pero ya pude ver a mi hija».
Al mitin se unió un grupo de unos 30 estudiantes de Ayotzinapa.
Después la madre de Marisol regresó a la audiencia, y las manifestantes mostraron su apoyo con consignas: «¡No estás sola! «No estás sola!».
El jueves 2 de marzo, alrededor de las ocho de la noche, Marisol Figueroa Núñez fue detenida por policías ministeriales en el centro de Chilpancingo sin ninguna orden judicial, sólo la subieron a una camioneta oficial y se la llevaron.
Marisol estuvo desaparecida cinco días, tiempo en el que los policías ministeriales la mantuvieron en una casa donde había una excavación de fosas clandestinas y fue hallado el cadáver de un hombre decapitado.
De acuerdo con un comunicado emitido por Antimonumenta, organización feminista a nivel nacional, los policías ministeriales querían que Marisol señalara a una persona como el responsable de un asesinato.
Ante la negativa de Marisol, los elementos ministeriales la trasladaron a los separos de la Fiscalía General del Estado (FGE), donde estuvo incomunicada varios días.
Fue hasta el 7 de marzo que su madre, Marisela Núñez Trujillo, quien es activista y marcha constantemente para exigir la aparición con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa, preocupada por la desaparición de su hija, salió a buscarla y logró recrear los hechos del 2 de marzo.
Marisela Núñez llegó a las instalaciones de la FGE , donde estaba detenida su hija, le dijeron que estaba ahí «porque andaba con malandros, venta de drogas y agresión a un policía ministerial».
Al no comprobarse dichos delitos y ante la insistencia de su madre, Marisol fue liberada el 7 de marzo.
Inmediatamente después de ser liberada le fue ejecutada una orden de aprehensión por el delito de homicidio, por lo que fue detenida y trasladada al Centro Federal de Readaptación Social de Chilpancingo (Cereso).
El próximo lunes 14 de marzo se realizará la primer audiencia de Marisol, en la instalaciones del Poder Judicial, en Chilpancingo.
«Es inconcebible que a través de la tortura, amedrentación y fabricación de delitos, una mujer inocente este privada de su libertad, vulnerando sus derechos y su integridad», se lee en el documento de Antimonumenta.
Por tales hechos, dicha organización feminista exige a las autoridades correspondientes la liberación inmediata de Marisol y un alto a la represión de activistas y defensores de derechos humanos.
Fotografía: Red Guerrerense por los Derechos de las Mujeres
Chilpancingo
Víctima de violación sexual y de criminalización por parte del Estado, situación que la mantuvo tres años y dos meses en la cárcel de Iguala, la joven nahua Aurelia García Cruceño, quien anoche fue.liberada, podrá cumplir los proyectos de vida que le fueron truncados.
Aurelia fue acusada injustamente del delito de homicidio en razón de parentesco, que en realidad fue un parto fortuito resultado de una violación.
La noche de este martes 21 de diciembre del 2022, después de varias audiencias, fue absuelta de ese delito por la jueza Mariela Alfaro Zapata.
Aurelia enfrenta abuso y criminalización
La historia de injusticiad contra Aurelia comenzó en su natal Xochicalco, una comunidad nahua perteneciente al municipio de Chilapa de Álvarez.
Xochicalco, está ubicada a 10 kilómetros de distancia de la cabecera municipal de Chilapa. Sus 360 habitantes, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), viven en pobreza extrema.
Para Aurelia, todo cambió en 2019, cuando fue víctima de una agresión sexual por parte de un hombre que, en ese entonces, era autoridad comunitaria de Xochicalco.
Aurelia quedó embarazada de ese abuso. En su comunidad no es bien visto que una mujer tenga relaciones sexuales o se embarace antes del matrimonio; desde niña le dijeron que a esas mujeres las quemaban vivas.
Por todo esa estigma y por miedo a represalias de su agresor, Aurelia decidió huir de Xochicalco e iniciar una nueva vida en la ciudad de Iguala, donde se alojó con una tía.
Nunca se imaginó que ahí comenzaría su calvario.
Aurelia llegó a Iguala en junio del 2019, cuatro meses después. El 2 de octubre, Aurelia, sola en el lugar donde se alojaba, tuvo dolores fuertes y sangrado vaginal intenso durante una semana sin saber que estaba embarazada, después expulsó el producto.
Cuando su tía se percató de la situación de Aurelia llamó a una ambulancia que la traslado a un hospital, ahí el paramédico que la atendió inicialmente dijo que estaba a punto de sufrir un choque hipovolémico por la falta de sangre.
En el Hospital, Aurelia recibió varias transfusiones de sangre y cuando se recuperaba le colocaron un implante anticonceptivo sin darse cuenta y sin su consentimiento.
Pero eso no fue todo, al siguiente día de su ingreso al hospital, varios policías la esposaron a la misma cama donde se recuperaba. Estaba detenida.
«Todavía ella no estaba recuperada, no se sabía de los hechos ni del producto y ella ya estaba siendo procesada, detenida y esposada en la cama del hospital. Ya estaba siendo oficialmente detenida por el delito de homicidio”, narró Verónica Garzón Bonetti, abogada defensora de Aurelia.
Dos días después de su ingreso al hospital y aun cuando todavía no le dadan de alta, los policías la trasladaron al Centro de Reinserción Social de Iguala.
Finalmente, el 8 de julio del 2021 una jueza dictó una sentencia condenatoria en su contra por 13 años y cuatro meses de prisión por el delito de homicidio en razón de parentesco.
Aurelia fue recluida en el penal de Iguala, donde pasó tres años en la incertidumbre sobre su vida. No sabía si quedaría libre o permanecería en prisión.
Inconsistencias en el caso
Verónica Garzón Bonetti y Ximena Ugarte Trangay, integrantes del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), fueron las abogadas defensoras de Aurelia, quienes denunciaron que su caso estuvo lleno de inconsistencias.
La primer inconsistencia que detectaron, dijeron, fue que después del parto no hubo ningún traductor que le explicara los motivos de su detención. La lengua materna de Aurelia es el náhuatl.
Otra fue que en el hospital donde la atendieron le colocaron un implante anticonceptivo sin su consentimiento.
Una más, al momento de su detención estaba delicada de salud.
Al no hablar español, Aurelia no comprendió mucho de lo que le sucedió. No contó con un traductor que le explicara su situación.
Por esa razón, la defensa de Aurelia argumentó que nunca le juzgaron con perspectiva intercultural ni de género.
Actualmente Aurelia tiene 23 años y hasta la noche de ayer, vivió tres años en prisión preventiva, lo que representaba otra irregularidad, porque la Constitución señala, explicaron las abogadas, que el plazo máximo debe de ser de dos años.
Aurelia estuvo presa tres años en un centro penitenciario donde hay 463 hombres y 27 mujeres sin estar separados.
Además, el penal de Iguala cuenta con altos niveles de autogobierno, lo que ponía a Aurelia y al resto de las mujeres, denunciaron las abogadas, en una situación de riesgo grave a actos de violencia.
Una nueva esperanza
Al retomar las abogadas del IMDHD el caso de Aurelia lograron que la justicia federal otorgara un amparo y la magistrada del Poder Judicial de Guerrero, Indalecia Pacheco León, aceptara la reposición del procedimiento el 17 de enero del 2022.
El IMDHD estableció que Aurelia fue víctima de la Fiscalía General del Estado (FGE) y el Poder Judicial al realizarle un proceso discriminatorio en razón de su condición de pobreza y su origen nahua.
Además de acusarla de un delito que no cometió, pues, comprobó que fue un parto fortuito.
Tuvieron que pasar cinco audiencias maratónicas y una más cardíaca que la anterior, para que Aurelia lograra obtener su libertad.
Desde que comenzaron las audiencias, la FGE, quien acusaba a Aurelia de homicidio, trató por todos los medios de que continuara en prisión.
Desde retrasar las audiencias, solicitar más testigos y asistencias técnicas innecesarias, la FGE impidió que la defensa de Aurelia desahogara todas las pruebas.
Faltaban días para darse a conocer la sentencia, y en ese momento el Poder Judicial de Guerrero dio otro golpe al caso de Aurelia.
El 15 de diciembre, la jueza determinó que Garzón Bonetti y Ugarte Trangay no podían hablar con la prensa sobre el caso de Aurelia, con el pretexto de que el juicio estaba en curso y por privacidad para la jueza, quien argumentó que estaba en riesgo su seguridad.
Después las audiencias que eran públicas se volvieron privadas, y los familiares de Aurelia no tuvieron acceso a todas las audiencias.
Pese a todos los obstáculos, Garzón Bonetti y Ugarte Trangay lograron lo que se pensaba imposible, se enfrentaron al sistema judicial y lograron la liberación de Aurelia, quien podrá cumplir su sueño de ser maestra.
La libertad
La audiencia de la tarde de ayer en Iguala, que estaba agendada a las cuatro de la tarde, se pospuso y comenzó hasta las siete, después de dos horas a puerta cerrada, la jueza Mariela Alfaro Zapata finalmente falló por la liberación de Aurelia.
“En la audiencia lo que dijo la jueza es que no había elementos suficientes aportados por la fiscalía para sostener su acusación y condenar a Aurelia. Que ella no era repsonsable del homicidio y debía quedar en absoluta e inmediata libertad”, expuso Garzón Bonetti.
Aurelia salió acompañada de su madre Agustina Cruceño Naranjas, de su padre Alberto García Palazin, y sus abogadas Garzón Bonetti y Ugarte Trangay.
Entre los planes de Aurelia ahora que está en libertad es estudiar y convertirse en maestra.
«Voy a estudiar mucho y ojalá pueda lograr mi sueño de ser maestra», expresó Aurelia.
Comentó que aprendió a hablar español en la cárcel y que conoció a más mujeres en su misma situación, a quienes deseó que también hallen apoyo para ser liberadas.
Diversas activistas y colectivas feministas estuvieron fuera de Palacio de Justicia de Iguala en apoyo a Aurelia, quienes al verla salir la recibieron con aplausos y consignas.
Aurelia ya es una mujer libre y aun cuando nunca recuperará los tres años que estuvo en prisión, podrá continuar con su vida.
A unos días de que se determine la libertad o que siga encarcelada Aurelia García Cruceño quien es acusada de homicidio en grado de parentesco, la jueza de control que lleva el juicio intimidó a las abogadas defensoras, Verónica Garzón Bonetti y Ximena Ugarte Trangay.
A través de un comunicado, Siwa-Artesanas de Paz y Justicia, organización enfocada en la erradicación de la violencia de género, denunció que el Poder Judicial de Guerrero pretende acusar a Ugarte Trangay y Garzón Bonetti de violentar el derecho de presunción de inocencia de Aurelia.
Además pretenden acusarlas del delito contra la administración de justicia.
Derivado de esas acusaciones el Poder Judicial citó a una audiencia a las abogadas para esta tarde y que en este momento se lleva acabo.
Debido a que las abogadas no radican en la ciudad de Iguala, que es donde se lleva el caso, pidieron a la jueza Mariela Alfaro Zapata que su presencia fuera virtual. Petición que les fue negada.
«El apercibimiento de la Jueza Mariela Alfaro Zapata es un paso atrás para el acceso a la justicia de Aurelia y un acto intimidatorio contra las defensoras de derechos humanos», se lee en el comunicado de Siwa, asociación a la que pertenecen las defensoras de Aurelia.
Se trató de contactar a las abogadas, pero al estar en la audiencia no respondieron.
La acusación contra las abogadas se da después de la última audiencia de Aurelia para determinar su situación jurídica.
Dicha audiencia se dividió en dos partes, debido a que la Fiscalía General del Estado (FGE) trató de retrasarlas.
«Lo anterior sigue abonado a la falta de acceso a justicia e implica la criminalización e intimidación a la defensa de Aurelia», menciona el comunicado de Siwa.
Tanto Ugarte Trangay y Garzón Bonetti acompañan juridicamente a Aurelia Garcia Cruceño para que salga de prisión.
Aurelia es una joven nahua originaria de Xochicalco, municipo de Chilapa de Álvarez.
Fue víctima de violación en 2019 por un hombre que era autoridad de su comunidad, por miedo a represalías decidió huir de su pueblo hacia Iguala.
Derivado de esa violación, Aurelia resultó embarazada y el producto falleció debido a un aborto fortuito.
Por ese aborto Aurelia lleva tres años de prisión bajo el delito de homicidio en razón de parentesco, por el que Ugarte Trangay y Garzón Bonetti acompañan juridicamente.
El próximo lunes 19 se desahogara la última audiencia en donde la jueza va a declarar como cerrada la instrucción y el martes 20 va a emitir su resolución.
En la imagen, grupos feministas protestan fuera de la Ciudad Judicial de Iguala el pasado 28 de noviembre, antes de la audiencia de Aurelia García. Foto: Red Guerrerense por los Derechos de las Mujeres (Archivo).
