Suman ocho asesinados en tres días en la Costa Grande
Texto: Amapola Periodismo
Foto: José Luis de la Cruz/Archivo
Martes 25 de junio de 2024
Chilpancingo
Dos hombres asesinados a balazos y con huellas de tortura fueron hallados este martes 25 de junio, en San Jerónimo de Juárez, Región Costa Grande de Guerrero, informaron autoridades estatales.
Los dos cuerpos estaban en una brecha que conduce al punto conocido como El Cerillo, frente a las instalaciones de la planta aceitera de Agro Industrias del Sur.
Una de las víctimas vestía short rosa y camisa manga corta color blanca, en tanto que el segundo, pantalón de mezclilla azul y playera negra. Los dos estaban descalzos.
En los últimos tres días, ocho hombres han sido ejecutados en esta la Costa Grande
Guadalupe Viveros Pineda, dirigente de la Unión Ganadera en esta región, fue asesinado a tiros el domingo 23 de junio en las oficinas de la organización en Petatlán.
El lunes 24, los cadáveres de cinco hombres fueron hallados tirados en la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo a la altura de la comunidad de El Carrizal, del municipio de Tecpan de Galeana.
Primera parte: Dos asesinatos, un destierro y un encierro
En este municipio de solo 15,000 habitantes hay dos personas que aspiraban a la presidencia municipal enterrados en el panteón de la cabecera, una candidata desterrada y desplazada con toda su familia y, finalmente, quien puede ser el alcalde y asumir el cargo el próximo 30 de septiembre, el teniente de fragata retirado Rogelio Lozano Pérez, está encerrado en su casa, en la que hay una operación policíaca para mantenerlo con vida.
El lunes pasado, alrededor de las dos de la mañana, fue asesinado el alcalde electo, el capitán de corbeta retirado, Salvador Villalva Flores, cuando regresaba de Ciudad de México a Copala a bordo de un autobús de pasajeros. El próximo 28 de junio se cumple un año del asesinato de Jesús González Ríos, quien aspiraba a ser candidato a la presidencia y fue privado de la libertad y al día siguiente apareció asesinado, y tiene dos meses y 20 días que Candy Espinoza Ríos, hermana de Jesús y candidata del PVEM a la alcaldía, se desterró de Copala con toda su familia, porque recibió un ultimátum de 24 horas para hacerlo.
La casa del presidente suplente electo queda a orilla de la carretera. Todo el que transita por la vía puede observar la operación policíaca para resguardar a Lozano Pérez. De pasada sólo se ve el frente resguardado, pero quien se adentra un poco a la primera cuadra paralela a la carretera y afina los sentidos percibe que hay vigilancia en los cuatro costados de la propiedad. Esta vigilancia es complicada hasta de documentarse en imágenes, porque tampoco se sabe qué otros sujetos vigilen el perímetro.
La casa de Lozano Pérez, desde el mismo lunes 22 de junio por la mañana que asesinaron a Villalva Flores, parece un destacamento de la Guardia Nacional. Esa misma mañana, cuenta, le notificaron por teléfono, a eso de las seis y media, que sería el próximo alcalde y para protegerlo llegarían elementos y patrullas de la GN, lo que ocurrió dos horas después.
Adentro y hasta el fondo del patio trasero, Lozano Pérez se mece en una hamaca. Parece despreocupado, pero es todo lo contrario. “El mayor temor es perder la vida”, se sincera el teniente retirado. Aparte de los elementos de la GN que lo vigilan las 24 horas, sus familiares: hermanos, primas, primos y amigos no lo han dejado solo ningún momento. Se turnan para acompañarlo en su casa y si alguien del núcleo familiar, la esposa o hijos, tiene que salir a algún mandado, por seguridad, no son ellos o ellas quienes salen, sino los conocidos y familiares que formaron un pertrecho humano alrededor del presidente suplente.
¿Cómo es que gobernar un municipio tan pequeño se convirtió en algo tan peligroso?
Segunda parte: La trama política y la trama criminal
Una tarde de abril pasado, Lozano Pérez recibió en su casa la visita de Villalva Flores. No eran raras esas visitas, de hecho, se frecuentaban mucho desde que regresaron a Copala, tras su retiro de la Secretaría de Marina porque coincidieron en Campeche, en donde ambos cumplieron la mayor parte de su servicio.
El presidente suplente electo de Copala, Rogelio Lozano Pérez, en su casa, la que está resguardada por la Guardia Nacional para proteger su vida.
Lozano Pérez cuenta que regresó a Copala en 2001, después de 31 años de servir a la Marina. Se jubiló como teniente de fragata, Villalva Flores como capitán de corbeta.
Fue esa tarde de abril que Villalva Flores invitó a Lozano Pérez para que se sumara a su planilla para buscar la presidencia municipal de Copala mediante el partido México Avanza, hasta ese momento desconocido para ambos, pero el que daba la oportunidad a Villalva Flores de lanzarse como candidato después de que el Partido del Trabajo lo hizo a un lado, no sólo como su candidato sino como su coordinador municipal. El PT registró primeramente a Adolfo Castro Mayo, quien se retiró, según anunció, por problemas de salud y terminó sumándose al candidato de Morena. El PT, entonces, sustituyó a Castro Mayo por Leo Monserrat Betancour.
Adolfo Castro Mayo fue asesor de la presidenta municipal de Copala, Guadalupe García Villalva, quien llegó en 2018 abanderada por el PRD, y se reeligió en 2021 por el mismo partido, pero al final de su segundo periodo, se pasó a Morena. En esta elección, García Villava fue la candidata de Morena al distrito décimo quinto de la Costa Chica, el cual ganó.
Por su cuenta, Lozano Pérez buscó ser candidato de Morena a la presidencia municipal, pero el partido guinda registró a José Luis Chávez Ventura, quien había sido en los dos periodos municipales anteriores tesorero del Ayuntamiento con Guadalupe García Villalva. En Copala no hubo alianza entre Morena, PT y PVEM, como a nivel nacional para la presidencia y en otros municipios de Guerrero.
Villalva Flores también era un amigo entrañable de Jesús González Ríos, quien aspiraba a ser candidato a la alcaldía por el PVEM y fue asesinado en junio del 2023. De acuerdo con la información recabada a partir de varios actores sociales en Copala, Villalva Flores se lanzó a ser candidato a la alcaldía porque gente del equipo que acompañaba a Jesús González Ríos le pidió participar, luego que Candy Espinoza Ríos, la hermana de Jesús, se retiró de la contienda por amenazas, pero entonces Villalva Flores se quedó sin el respaldo del PT y fue él quien buscó a integrantes de México Avanza para lanzar la candidatura por este partido prácticamente desconocido.
González Ríos, asesinado en 2023, quien también fue funcionario en la actual administración municipal, denunció que la alcaldesa y ahora diputada local electa lo había amenazado de muerte. Esa denuncia pública se dio a conocer la tarde que González Ríos fue privado de su libertad. El video fue grabado dos días antes. Sus familiares tenían la indicación de hacerlo público si algo le pasaba.
“Para ser exactos desde el día primero de mayo, ya hace más de un mes y medio, a través de un grupo armado, la presidenta municipal de Copala, Guerrero, la química Guadalupe García Villalva, me manda a amenazar, diciéndome a través de estas personas que yo tengo que quitarme de la política, que ya no participe, que me tengo que quitar del camino, para que deje libre y puedan ganar cualquiera de sus candidatos que ella anda postulando”, dijo Jesús González en el video que se difundió por Facebook. Al día siguiente, alrededor de las ocho de la mañana, su cadáver fue hallado en la Laguna de Chautengo, en el municipio de Florencio Villarreal, con la cabeza decapitada y el rostro desollado.
Un 4 de abril, Candy Espinoza, quien fue registrada como candidata a la presidencia por el Partido Verde, anunció que se retiraba de la contienda. Dijo, en ese momento, que no había recibido apoyo para su seguridad de parte del gobierno estatal. Un día antes de retirarse, el esposo de Candy, estuvo desaparecido por varias horas, regresó golpeado y con el mensaje para Candy de retirarse de la contienda y de Copala. Allegados al partido cuentan que le dieron a la candidata 24 horas para desaparecer de Copala. Desde entonces, Candy Espinoza y toda su familia están desplazados. El PVEM se quedó sin candidata y no registró a nadie más porque eso también fue parte de la advertencia para salir vivos.
En Copala hubo cinco candidatos y candidatas a la presidencia municipal: Villalva Flores, del Partido México Avanza, quien obtuvo 2,819 votos; José Luis Chávez Ventura, de Morena, con 2,444 sufragios; Juan Carlos Romero Aparicio, del Partido del Bienestar Guerrero, con 1,154 votos; Miriam Padrón Gutiérrez, de la alianza PRI, PAN y PRD, quien recibió 128 sufragios; Leo Monserrat Betancour, del PT, quien sólo tuvo 137 votos y Salma Alexia Miranda Villalva, de Movimiento Ciudadano, quien no recibió ningún voto.
José Luis Chávez, el candidato de Morena, fue el tesorero en las administraciones municipales de García Villalva, Miriam Padrón de la alianza PRI, PRD y PAN fue secretaria de la Mujer en la primera administración de García Villalva y, en la segunda, directora de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado. Leo Monserrat, del PT, es la hija del principal asesor de García Villalva, y Juan Carlos Romero, el candidato del Partido del Bienestar, yerno de otro de sus asesores. Salma Alexia Miranda, de MC, es hija de Teresa Villalva, prima de García Villalva. Ganó Villalva Flores, el único candidato que no estaba ligado a ella.
“Aquí en Copala todos la vimos a ella (Guadalupe García) invitando a la gente a formar las planillas de los diferentes partidos y los que iban al frente de esas planillas todos eran sus allegados, menos el capitán Salvador Villalva”, contó un habitante este sábado.
Otro testimonio: “en la elección había una descarada simulación por parte de la presidenta manipulando a su antojo todas las piezas de los partidos”.
En sus redes sociales, algunos de estos candidatos y candidatas a la presidencia municipal publicaron fotos juntos. En una de esas fotos, como si no fueran adversarios políticos en competencia, Salma Alexia, Miriam Padrón y José Luis Chávez se levantan los tres las manos en señal de triunfo.
Jesús González también fue parte de la administración de García Villalva. Fue secretario de Obras Públicas y la apoyó en su campaña en 2018, pero en 2021, Jesús buscó la presidencia postulado por el PVEM y García Villalva se reeligió, otra vez, por el PRD. Testigos de Copala aseguran que Jesús y Guadalupe se pelearon porque él decidió buscar la presidencia después de que ella se lanzó para la reelección a pesar de un supuesto acuerdo de que el sería el candidato por el PRD en 2021 y ella lo apoyaría. Otros testimonios indican que García Villalva despidió a González Ríos cuando se dio cuenta que daba cemento a la gente para ganarse su apoyo para su futura candidatura.
El capitán de corbeta retirado no dejó ningún video sobre el origen de las amenazas bajo las cuales llevó a cabo su campaña, pero en Copala, cuando se supo de su asesinato, culparon a García Villalva. La tarde del sepelio, el martes 17 de junio, llegó para acompañar el cortejo fúnebre. En cuanto la vieron, los dolientes gritaron justicia. Le pidieron que se saliera, que respetara el dolor, ella se mantenía a un costado del ataúd. Un familiar gritó que nadie avanzara más, que ella y la gente que la acompañara caminara sola. Después de unos minutos de que la marcha se detuvo por completo, García Villalva se retiró.
Salvador Villalva Flores y Guadalupe García Villalva son primos. El papá de Salvador y la mamá de Guadalupe García son primos hermanos. En el Ayuntamiento de Copala hay varios funcionarios de la familia Villalva. Algunos, incluso, son familiares con lazo familiar más directo con Salvador que con Guadalupe.
Cuando la alcaldesa con licencia llegó al funeral de Salvador dijo que iba a acompañar a su familia por la pérdida.
Tercera parte: Negocio y muerte
Algunos habitantes de Copala consideran que llegaron a este punto de violencia por el negocio de la venta de las drogas. Hay niños y jóvenes adictos, más que otros años. Estos jóvenes se hicieron adictos a alguna sustancia ilícita en Copala. Hace una década, los adictos a alguna sustancia eran los jóvenes que se iban a trabajar a Estados Unidos, los actuales se hacen adictos en el mismo pueblo, lo que quiere decir que las sustancias ilícitas las tienen al alcance, probablemente por la existencia de una red de suministro local.
Los habitantes relacionan este aumento de consumo de drogas con la llegada de Guadalupe García Villalva a la presidencia municipal, en 2018. Con la presidenta suplente y ahora diputada electa también se acentuó la violencia física. Copala se convirtió en un municipio como Acapulco en cuestión de violencia. Las noticias de personas asesinadas, de hallazgos de cadáveres con signos de tortura y de balaceras se hicieron frecuentes. Los asesinatos del aspirante a la presidencia municipal, del alcalde electo y el destierro de la candidata del PVEM ocurren en un escenario de violencia recurrente y cotidiana.
El panteón de Copala en el que descansan un aspirante y un alcalde electo.
Copala se localiza al sureste del estado de Guerrero, donde ocupa un rinconcito en el litoral del Océano Pacífico. Cuenta con 14,463 habitantes, de los que 51.7 por ciento son mujeres y 48.3 por ciento hombres. Las y los habitantes de Copala se dedican principalmente a la agricultura, ganadería y pesca. Producen principalmente maíz, frijol, papayas, plátanos y mangos.
Del 2019 a la fecha, la actividad turística en Copala comienza a despuntar desde la construcción de la carretera que conecta Playa Ventura con Playa Azul, dos de los destinos turísticos importantes de la Costa Chica, los cuales pertenecen a este municipio pequeño. Se trata de una vía de 19 kilómetros de extensión a lo largo de la cual comienzan a surgir hoteles, clubes acuáticos, restaurantes y bares. De acuerdo con la promoción del gobierno del priista Héctor Astudillo Flores, de 2015 a 2021, el binomio Playa Ventura-Playa Azul se busca detonar como el cuarto polo turístico de Guerrero. La zona conocida como la Nueva Costera es un área boyante que apenas florece.
En Copala, de acuerdo con un mapa criminal elaborado por el gobierno estatal, el grupo del crimen organizado Los Rusos, en alianza con Los Caborca, controlan el territorio, aunque gente local asegura que el grupo Los Ardillos, el que tiene control sobre parte de la zona Centro y Montaña baja, pelea a Los Rusos el control político y económico.
Aspectos de la tumba del alcalde electo de Copala en el panteón municipal.
El municipio de Copala tuvo como presupuesto para el ejercicio fiscal 2023, 14 millones 419 mil pesos. Algunos actores sociales y políticos de este municipio costero aseguran que el control de esos recursos es parte del botín que disputan los grupos del crimen organizado.
Cuarta parte: El entierro y el encierro
Del asesinato de Villalva Flores, Chava Loco, como aquí conocían al capitán de corbeta, la gente de Copala no entiende por qué el marino retirado hizo ese viaje imprevisto a la Ciudad de México, sin resguardo policíaco, y por qué tomó un autobús para llegar en la madrugada, solo él y su esposa. Villalva Flores se ganó ese apodo porque era alegre de forma escandalosa. Le gustaba su apodo. Tenía una carnicería cuya razón social era esa.
¿A qué fue a la Ciudad de México? ¿Quién lo llamó? ¿Cómo sabían que venía en ese autobús?
La respuesta a estas dudas son el enigma en el que se entretienen los habitantes de Copala desde el lunes que se enteraron del asesinato. En redes sociales de allegados a Villalva Flores circula la foto del capitán retirado asesinado. Está sentado, pegado a la ventanilla. Un hilillo de sangre le escurre del cuello al pecho. Trae una gorra.
La esposa del capitán retirado está resguardada. Sólo ella sabe a qué fueron a la Ciudad de México y renunciaron a la vigilancia de sus guardias, como informó el presidente Andrés Manuel López Obrador.
El presidente suplente electo también lo desconoce.
¿Usted sabe por qué fue Villalva Flores a Ciudad de México y a qué? –se le pregunta a Lozano Pérez.
El teniente retirado asegura desconocerlo.
Lozano Pérez está dispuesto a vivir con la casa rodeada de elementos de la Guardia Nacional de aquí hasta el 30 de septiembre que, de acuerdo con la ley electoral local, rendirá protesta como alcalde. Después, dice, él mismo se generará la estrategia y la operación para su seguridad. Tiene experiencia: 31 años como teniente.
Desde la mañana del lunes 17 de junio que recibió la llamada de que sería el presidente ante el asesinato de Villalva Flores, sólo salió el martes para acompañar un rato el cortejo fúnebre de Chava Loco. Después el encierro total para él y su familia.
Tiene planes para Copala. Quiere que se convierta en un municipio próspero y resolver lo de la violencia. Lozano Pérez también formó parte de la primera administración de Guadalupe García Villalva, en el área de Catastro Municipal.
En Copala, la mayoría de la militancia de Morena emigró a otros partidos, cuando se dio el anunció de que Guadalupe García Villalva sería la candidata a la diputación local, principalmente los fundadores, entre ellos Elizabeth Sosa Pacheco, quien fue la candidata de México Avanza a la diputación local, lo que la hizo adversaria de García Villalva.
Elizabeth Sosa Pacheco hizo una campaña de bajo perfil, sobre todo, después de que recibió amenazas cuando hacia campaña en Juchitán, municipio que pertenece al décimo quinto distrito electoral.
“Me dijeron que me dejara de hacer la valiente porque me iba a cargar la chingada”, cuenta la ex candidata. Desde ese día hizo campaña virtual porque aunque denunció las amenazas nunca llegaron elementos para resguardarla, lo que sí ocurrió en el caso de Villalva Flores. El capitán retirado tenía elementos de la Guardia Nacional para su resguardo.
Elizabeth Sosa también desconoce porque Villalva Flores, quien ya era alcalde electo, fue a Ciudad de México sin resguardo y regresó de madrugada. En Copala se rumora que lo mandaron llamar de la Marina, porque querían hacerle un homenaje, pero sólo es un rumor.
La foto del alcalde electo asesinado indica que el capitán retirado no tuvo tiempo de reaccionar. Al parecer estaba dormido. Eran las dos de la madrugada cuando interceptaron el autobús en la carretera Acapulco-Pinotepa Nacional, a la altura del poblado San Pedro Las Playas, zona rural de Acapulco. Está sentado en posición relajada, con la cabeza inclinada sobre el hombro derecho.
En el panteón de este pueblo de sólo 15,000 habitantes hay dos personas que aspiraban a ser presidentes municipales enterrados. Uno es Jesús González Ríos. El próximo 28 de junio cumple un año; está enterrado en la parte antigua del panteón.
Salvador Villalva Flores fue enterrado en una zona que le llaman el panteón nuevo, que en realidad es una extensión del antiguo.
Rumbo a la presidencia municipal, dos amigos están enterrados, Candy Espinoza desterrada y Lozano Pérez encerrado.
La cachorra fue rescatada en estado esquelético y casi sin pelo por la presencia de sarna, aún así los dueños no querían entregarla
Texto: Andrea Mendoza
Foto: Cortesía de Gustavo Lezama
Domingo 14 de abril del 2024
Chilpancingo
Luna es una cachorra talla chica, pelo negro, orejas levantadas, quizá de un año y medio que a su corta edad conoció la peor cara de la humanidad, en su primer hogar en la colonia Plan de Ayala, de esta ciudad.
El pasado 9 de abril fue rescatada. Estaba en los huesos y cubierta de sarna. En realidad, con un nivel arriba de la sarna simple, tiene seborrea, la que se define como sarna con olor.
El 9 de abril reportaron en las redes de los grupos de rescatistas de la ciudad que a un perro pequeño, en estado esquelético y con una sarna que le cubría todo el cuerpo, lo tenían amarrado en una casa en la colonia Plan de Ayala.
En las fotos que tomaron al perrito y compartieron en las redes se veía la piel, ya casi sin pelaje, por la sarna, aunque se alcanzaba a apreciar un tono negro en el poco pelaje que quedaba.
Luna, la cachorra rescatada por Franceli Nava y Gustavo Lezama en la colonia plan de Ayala el 9 de abril.
El rescatista Gustavo Lezama pidió la dirección exacta para auxiliar al animal, pero no hubo una respuesta concisa de la dirección. Gustavo fue directamente a la zona y deambuló por toda la colonia en búsqueda del perro. Se retiró al no hallarlo.
El día miércoles, Franceli Nava, una seguidora de los grupos de rescatistas se contactó con Gustavo Lezama para informarle que había rescatado al perro de sus dueños, quienes alegaron que el animal no estaba enfermo ni desnutrido. Le dijeron que estaba amarrado por protección de otras mascotas, ya que tenía sarna. Franceli y los dueños discutieron, pues no querían entregarlo, a pesar del evidente maltrato y descuido. Finalmente lo dejaron en manos de Franceli.
Franceli Nava no se pudo quedar con el perrito, pues necesitaba cuidados especiales y espacio, por lo que pidió ayuda a Gustavo Lezama para que le diera albergue temporal y se encargara de él.
El rescatista aceptó y fue entregado el día miércoles en la Alameda, donde Gustavo Lezama monta una carpa para adopciones de sus perros rescatados, ya sanos.
Gustavo Lezama llevó al perro al veterinario para una valoración médica. Nombró al perrito Luna, al darse cuenta que era una hembra. El diagnóstico era evidente. Luna padecía de desnutrición y seborrea, sarna con olor. A Luna se le aplicó medicamento para su sarna, así como también se le desparasitó.
Luna lucía asustada, pues es una cachorra que a corta edad fue violentada y maltratada por sus dueños. Sigue en esa condición. No sale de la bolsa en la que fue rescatada.
El caso de Luna es apenas una quinta parte de todas las denuncias semanales que Gustavo Lezama recibe. El rescatista pidió que para agilizar los rescates y apoyos a mascotas abandonadas la gente que hace las denuncias proporcione las direcciones exactas y número telefónico, para que el rescate sea eficiente.
Cuando Luna mejore su estado de salud y se esterilice será puesta en adopción.
La Asamblea Nacional Popular (ANP) acordó llamar a un “boicot” a las campañas de los candidatos a cargos de elección popular, ante la falta de resultados para esclarecer el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos hace casi 10 años y la negativa del presidente Andrés Manuel López Obrador de atenderlos en audiencia antes de las elecciones del 2 de junio.
Lo anterior, lo acordaron las madres y padres de los 43 desaparecidos, los normalistas y organizaciones sociales en una reunión de la ANP en las instalaciones de Ayotzinapa, en Tixtla, este fin de semana.
“Llevaremos la lucha a las calles; particularmente, llamamos al boicot a las campañas y al proceso electoral”, dice el documento aprobado de la ANP.
Esta semana, en su conferencia mañanera, el presidente López Obrador dijo que atenderá a las madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, hasta después de las elecciones bajo el argumento de que ese encuentro se utilice políticamente.
“El caso Ayotzinapa no camina por la ruta del calendario electoral, sino por la senda y justicia, por lo tanto, no podemos esperar a que termine el proceso electoral, para que la reunión con el presidente se realice en los plazos que el propio jefe del Ejecutivo refirió”, advierte la ANP.
Las organizaciones sociales, las madres y padres y los normalistas advierten que mientras no haya diálogo la lucha va a seguir, y se van ir incorporando otros sectores, campesinos, maestros e indígenas.
Mencionan que a casi 10 años de la desaparición de lo 43 estudiantes, la investigación que encabeza el presidente López Obrador ha fracasado, porque no se cuenta con una fiscalía especial y una comisión para la verdad y la justicia imparcial e independiente, aseguran las madres y padres, normalistas y organizaciones.
“Existen pruebas de que las investigaciones avanzaban, pero cuando la misma tocó al Ejército mexicano, el presidente frenó las pesquisas, para encubrirlo. Y su narrativa para desviar la atención es culpar a los abogados de las madres y padres”, señala la ANP.
En la reunión de más de cinco horas, los participantes consideraron importante que en estos momentos se lleve a cabo una reunión con el presidente López Obrador, para hacer un balance de las investigaciones y que el gobierno dé cuentas de los resultados en el caso, y diga dónde están los 43 jóvenes.
En entrevista, Vidulfo Rosales Sierra, abogado de los padres y madres de los 43, consideró que el presidente quiere posponer la reunión hasta después del 2 de junio porque quiere ganar tiempo para no enfrentar los costos políticos de su fracaso en el esclarecimiento de los hechos que derivaron en la desaparición de los 43 normalistas y el asesinato de tres de sus compañeros, la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014, en Iguala.
El documento de la ANP establece una serie de acciones de protestas a partir del 26 de abril hasta el 1 de mayo en la Ciudad de México.
En la conferencia matutina de este jueves indicó que esos testigos protegidos fueron liberados por denuncias de tortura hechas por organismos de derechos humanos, las mismas que asesoran a las madres y padres, y salieron libres. Ya como testigos protegidos reconocieron que sí participaron en los hechos
Texto: Alberto Ramírez
Foto: Óscar Guerrero/Archivo
Jueves 11 de abril del 2024
El presidente Andrés Manuel López Obrador, al ser cuestionado sobre si la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) tenía información sobre el caso de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, lo negó y dijo que, de haber sido así, se hubiera utilizado para hacer justicia.
La corresponsal de la revista Proceso aseguró que hubo informes antes, durante y después de la desaparición de los normalistas dentro del Centro Militar de Inteligencia y que desde la Sedena hubo un apagón informativo.
López Obrador dijo que los defensores de los derechos humanos crearon una narrativa con el propósito de manchar la imagen del ejército mexicano.
AMLO recalcó que en su gobierno hacen una investigación seria y responsable y que no hay impunidad para nadie.
Dijo que no existen pruebas y negó que la Fiscalía General de la República (FGR) las retuviera ahora que él ha tenido acceso a la investigación.
El presidente mencionó que toda la participación que tuvo el Ejército está en declaraciones y que los militares que fueron responsables están detenidos, sobre todo por presunta omisión.
Acusó y se refirió a las personas y organizaciones que defienden los derechos humanos como «pseudodefensores». Dijo que son los mismos que defienden a los papás y mamás de los normalistas de Ayotzinapa, pero también a los responsables que están en la cárcel con el argumento de que fueron torturados.
El presidente argumentó que los defensores de los derechos humanos presentaron una denuncia al Poder Judicial por tortura, por lo que fueron liberados más de 80 detenidos.
Dijo que después varios de ellos, como testigos protegidos, declararon que sí participaron en la desaparición de los 43.
López Obrador mencionó que están buscando a los 43 normalistas desaparecidos y que se va a aclarar el caso, además de que hay culpables en la cárcel que extrañamente no estaban detenidos.
López Obrador presumió que su gobierno sí da resultados, dijo que, a pesar de que en un inicio le presentaron un informe falso del caso del normalista Yanqui Kothan Gómez Peralta, todo se aclaró y que ahora ya están detenidos los culpables.
Además el presidente recriminó al medio periodístico Proceso por los cuestionamientos que se le realizan y dijo que el medio tiene otros intereses y que va ser difícil que los convenza.
Un juez de Control de Iguala vinculó a proceso con prisión preventiva a Axel Alejandro Aguilar Estrada por su presunta responsabilidad en el asesinato de la niña Camila ocurrido en Taxco de Alarcón la semana pasada, informó la Fiscalía General del Estado (FGE).
La FGE establece en sus comunicados como feminicidio, el caso de la menor de ocho años, sin establecer aún mediante una investigación si su condición de mujer fue parte de las razones del homicidio, por tal en Amapola Periodismo no se maneja como feminicidio pues no hay una investigación que lo establezca.
Alfredo Aguilar, hermano de Axel, está internado en el Centro de Ejecución de Medidas para Adolescentes en Chilpancingo, en donde esperará la audiencia en la que se determinará si tuvo o no una presunta participación en el asesinato de Camila.
La audiencia se desarrollará el próximo viernes 5 de abril.
Alfredo Aguilar tiene 17 años y su hermano Axel Alejandro Aguilar, 21. Son hijos de Ana Rosa Aguilar Díaz, quien también habría participado en el homicidio.
Ana Rosa falleció derivado de la golpiza que a ella y a sus dos hijos les propinó una multitud el jueves 28 de marzo después de sacarlos por la fuerza de su domicilio, ubicado en la calle El Chorrito del barrio La Florida, sobre la avenida Plateros, en Taxco.
Los hermanos Axel Alejandro y Alfredo Aguilar se les notificó la orden de aprehensión cuando estaban en el Hospital General de Iguala, a donde fueron llevados después de ser rescatados de la turba por policías estatales y la Guardia Nacional.
Familiares y amigos despiden a Camila Ortega, la menor asesinada en Taxco
En el caso de Axel Alejandro ya fue vinculado a proceso con prisión preventiva y está preso en la cárcel de Tuxpan, en Iguala, informó la FGE.
El pasado sábado 30 de marzo, un juez de Control de Iguala dictó vinculación a proceso al taxista, José Ricardo Armando Gaytán, por su presunta participación en el asesinato.
El conductor del taxi aparece en un video divulgado el miércoles 27 de marzo, en el cual se ve que baja de la vivienda, junto con Ana Rosa Aguilar; el carga una bolsa negra y la mete a la cajuela, mientras Ana Rosa carga un canasto con ropa y abre la portezuela del coche y la sostiene mientras José Ricardo mete la bolsa negra. Posiblemente en esa bolsa iba el cadáver de Camila.
Cadáver de Ana Rosa sigue en Semefo de Iguala
El parte médico del Servicio Médico Forense (Semefo) de Iguala establece que Ana Rosa Aguilar murió por conjunto de traumatismo que son consideradas lesiones múltiples provocadas por violencia externa.
De acuerdo con fuentes de la Secretaría de Salud estatal, hasta este lunes el cadáver de Ana Rosa permanecía en una de las gavetas del Semefo de Iguala; no ha sido entregado a sus familiares porque no han presentado la documentación correcta.
El mismo sábado, el director de Gobernación estatal, Francisco Rodríguez Cisneros, informó que el cadáver de Ana Rosa ya había sido retirado del Semefo por sus familiares.
Trascendió que el sábado 30 de marzo, varios familiares de Ana Rosa se presentaron a las instalaciones del Semefo en Iguala y les dijeron a las autoridades que no podían llevarse su cadáver porque la gente de Taxco los amenazó con quemarlo.
Los familiares de Ana Rosa Aguilar quieren inhumar su cadáver en Taxco.
Margarita Ortega, madre de Camila, la menor de ocho años asesinada en Taxco, aseguró que atrás del crimen de su hija hay más personas, además de Ana N y sus hijos.
Ana es la mujer que falleció producto de los golpes de alrededor de una centena de habitantes que acercaron el domicilio de los presuntos culpables, los sacaron y los golpearon. Los golpeados fueron Ana N y sus dos hijos. Ana falleció.
La golpiza se transmitió en vivo por parte de varios medios de comunicación presentes en Taxco para realizar la transmisión del viacrucis, acto religioso al que acuden turistas y devotos.
«Ana no pudo haberlo hecho sola, además de Ana hay más personas atrás», denunció al término del sepelio de Camila en el Panteón de Jesús, en el pueblo de Minas Viejas, la zona rural de esta ciudad colonial.
Margarita Ortega lamentó el linchamiento de Ana N.
«Yo no quería que eso pasara, Ana tenía que sufrir todo el resto de su vida, ella debía sufrir todo el tiempo lo que yo voy a sufrir», lamentó.
De acuerdo con conocidos de la familia de la menor asesinada, la madre de Camila y Ana aparte de ser vecinas eran amigas desde la infancia.
Sepelio de Camila en el panteón de Minas Viejas, en la zona rural de Taxco.
Era común que Camila fuera a jugar con la hija menor de Ana, había confianza entre ambas madres de familia.
*Los otros golpeados sí son hijos de Ana N*
Por otro lado, esta tarde, alrededor de las dos, arribo a la Funeraria Angeles, el director de Gobernación estatal, Francisco Rodríguez Cisneros, a solidarizate con la familia de Camila.
Al salir fue abordado para responder cuestionamientos en torno a la actuación de la autoridad estatal en torno a este nuevo hecho de violencia en Guerrero.
Aseguró que el gobierno estatal mandó policías inmediatamente que se conoció la información de que los presuntos culpables estaban cercados por la población.
Reconoció que solo había unos 30 policías cuando ocurrió el linchamiento. «El resto venía en camino», dijo.
Los otros dos hombres golpeados por ls multitud dijo que sí son los hijos de Ana N y que ahora están en un hospital vigilados.
Ana N, señaló, ya fue reclamada por sus familiares para darle sepultura.
Madre, tías y abuela de Camila en el sepelio esta tarde noche en Taxco.
*Detiene FGE a un cuarto implicado en el asesinato de Camila*
Esta tarde, la Fiscalía General del Estado (FGE) informó mediante un comunicado que detuvo a José N, presunto implicado en el feminicidio de Camila N.
De acuerdo con una fuente de la familia, José N es el conductor del taxi en el que Ana N subió un canasto con ropa y una bolsa negra con un bulto a la cajuela del carro, según un video grabado por una cámara de un domicilio particular.
Quien carga el bulto negro es José N.
En la última semana se denunciaron tres casos de maltrato animal, dos macheteados en la colonia Yerbabuena y a un tercero lo amarraron a un carro para que corriera con el auto en movimiento
Texto: Andrea Mendoza
24 de marzo del 2024
Chilpancingo
En la colonia Yerbabuena, ubicada al sur de la ciudad, dos perros fueron atacados a machetazos.
El primer hecho ocurrió el lunes 18 de marzo, lugar donde Adacely Hernández, vecina de la colonia, vio al primer perro con una herida que le atravesaba todo el estómago.
La herida se veía grande y profunda. Adacely Hernández trató de agarrar al perro para llevarlo al veterinario. El perro presa del miedo por el reciente ataque, al percibir movimiento, escapó.
Cuando el perro huyó, debido a que corrió rápido, Adacely vio como salieron los intestinos del perrito. Optó por solo tomarle una foto y pedir auxilio a algún rescatista de Chilpancingo por medio de redes sociales.
«Ayuden quien quiera que sea por favor, hay una que otra humanidad con bondad», pidió una internauta; otros más preguntaron la ubicación para ir a ayudar.
Mary Palacios, una rescatista independiente, comentó a Amapola Periodismo que en esa colonia van varias veces que se registran casos de animales heridos con machete.
Del refugio Perritos Felices y Adacely Hernández fueron a auxiliar al perro; la búsqueda les llevó un par de horas, aun así el perro no fue hallado.
«Ya van dos casos de perros macheteados, en esta colonia es así, si no los envenenan los matan a machetazos», dijo Adacely Hernández.
El viernes 22 de marzo se registró otro caso de un perro macheteado en la misma colonia.
Ahora se trató de un perro de talla chica lastimado en sus patas.
En este caso, las asociaciones Perritos Felices y Voluntarias Caninas Chilpancingo acudieron de inmediato al llamado de ayuda, por lo que el perro fue hallado con facilidad y recibió atención médica.
Otro caso más sucedió en la colonia El Encanto donde un hombre amarró a su perro de la parte trasera de su auto para posteriormente conducir todo su trayecto de esta forma.
El perro sufrió heridas en sus patas por la velocidad a la que su dueño iba.
La asociación Perritos Felices denunció al agresor en Bienestar Animal, prometieron informar acerca del proceso de la denuncia.
Aunque en Chilpancingo hay más de 10 asociaciones de rescates para perros y gatos, la violencia animal es un conducta que persiste.
El maltrato y violencia, contra perros particularmente, pasan inadvertidas en la ciudad, entre todas las violencias que se viven.
El respeto a la vida en todas sus formas empieza por el cuidado a nuestros animales de compañía.
Seis días después del asesinato del normalista Yanqui Kothan Gómez Peralta, dos de los tres policías implicados en su asesinato fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), este miércoles, alrededor de las siete y media de la noche.
El asesinato ocurrió la noche del jueves 7 de marzo, a las 8:20 de la noche, a la salida oriente de Chilpancingo.
El Centro de Derechos de Personas Victimas de la Violencia Minerva Bello, que acompaña a la madre de Yanqui Kothan en su exigencia de justicia, fue la primera instancia que dio a conocer la puesta a disposición de los dos elementos de la Policía Estatal.
Francisco N y Sigifredo N, los dos elementos de la Policía Estatal que ya están en manos de la FGR, son integrantes del Grupo de Reacción Inmediata Centauro, lo mismo que David N, el policía señalado como el asesino material de Yanqui Kothan, quien continúa prófugo de la justicia, de acuerdo con la información del presidente Andrés Manuel López Obrador, en las conferencias matutinas.
El grupo de reacción inmediata llamada Centauros, al que pertenecen los tres policías implicados en los hechos, son expertos en el manejo de motocicletas y se especializan en persecuciones realizadas en zonas urbanas de difícil acceso.
Estudiantes normalistas protestaron esta mañana en el lugar donde fue asesinado su compañero Yanqui Kothan; al fondo se observa la tienda a la que un estudiante bajó del carro a comprar un cigarro, cuando los policías los atacaron.
Casi al mismo tiempo que se confirmó la puesta a disposición de los dos policías estatales, surgió el rumor de que al policía fugado lo hallaron muerto, pero no lo confirmaron o desmintieron.
De acuerdo con el boletín de la Secretaría de Seguridad Pública estatal que emitió ayer martes 12 de marzo, los dos policías estatales permanecieron concentrados voluntariamente en instalaciones de la dependencia.
Sobre el tercer elemento, la SSP aseguró que estaba en proceso de localización “por no tener una situación jurídica dictada por la autoridad correspondiente”, refiriéndose a la Fiscalía General del Estado (FGE).
Aunque, aseguró la dependencia, que los tres elementos involucrados “rindieron su declaración ministerial de manera voluntaria ante el Ministerio Público de la agencia especializada de delitos graves de la FGE el día 8 de marzo a las 7:30 horas”.
Esta cruz fue hecha en el lugar en el que falleció Yanqui Kothan, a la salida oriente de Chilpancingo.
En su comunicado reprochó a la FGE que no estableció el mecanismo legal para mantenerlos bajo su resguardo por un espacio de 48 horas y hasta solicitar una ampliación del término legal.
La FGE, por su parte, aseguró en un comunicado que ninguna autoridad los había puesto a su disposición a los elementos implicados en el asesinato del normalista.
Esta mañana, el secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, declaró en una entrevista de radio que las autoridades buscaban a David N y esperaban que hubiera resultados positivos.
Exige renuncias de funcionarios que falsearon información sobre asesinato de su hijo durante protesta de normalistas en el sitio del asesinato
Texto: Marlén Castro
Foto: Amapola Periodismo
Miércoles 13 de marzo del 2024
Chilpancingo
Yanqui Kothan agonizó en el lugar donde los policías estatales le dispararon y no le quisieron dar ayuda inmediata para salvar su vida, denunció su madre, Vianey Peralta.
Esta denuncia fue hecha por la madre de Yanqui Kothan Gómez Peralta durante una protesta y homenaje de los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, en el lugar del asesinato, a la salida oriente de Chilpancingo, la noche del jueves 7 de marzo.
Alrededor de las 12:00 horas, los estudiantes a bordo de siete autobuses, propiedad de diferentes empresas del transportes, llegaron al punto donde ocurrió el asesinato, para poner una corona de flores como tributo al estudiante.
Justo frente está la tienda en la que Yanqui Kothan detuvo la camioneta Pick Up, cuando su compañero conocido como Arenita se bajó a comprar un cigarro a las 8:20 de la noche, del lado derecho de la carretera, en la dirección Tixtla-Chilpancingo.
La tienda se llama Depósito Jazmín. Al pie de la tienda hay un poste con una lámpara, por lo que, aunque era noche, el sitio siempre está iluminado. Ese poste también tiene una cámara, de donde seguramente salieron las imágenes que sirvieron para establecer que Yanqui no disparó y que lo que ocurrió en este punto fue un asesinato.
En la protesta de los normalistas, a donde llegaron unos 200 estudiantes, participaron comisiones representativas de las 17 normales rurales del país.
Vianey Peralta, madre de Yanqui Kothan, exige la renuncia de los funcionarios que falsearon la información sobre el asesinato de su hijo, este miércles 13 de marzo en la protesta de los estudiantes normalistas al oriente de Chilpancingo, en el sitio donde cayó el normalista el pasado jueves 7 de marzo.
También acudieron integrantes del Centro de Derechos Humanos de Víctimas de la Violencia Minerva Bello, quienes acompañan a la madre de Yanqui Kothan.
La madre y los del Centro Minerva Bello llegaron después de que el mitin inició, con lo que se evidenció que los estudiantes no hicieron partícipes al Centro Minerva Bello de esta actividad.
Cuando Vianey Peralta habló exigió las renuncias del secretario de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, y el de Seguridad Pública, Rolando Solano Rivera, además del coordinador de la Policía Estatal, por falsear información sobre la muerte de su hijo.
También denunció que su hijo agonizó mucho tiempo, no saben exactamente cuánto, y nunca le proporcionaron ayuda.
El informe de los funcionarios de los que la mamá exige la renuncia establecía que Yanqui Kothan falleció en el hospital.
El coordinador del Centro Minerva Bello, el sacerdote José Filiberto Velázquez Florencio, habló casi al final del mitin de los estudiantes, para agregar que la familia de la víctima también exige la renuncia de la fiscal general, Sandra Luz Valdovinos Salmerón, por las omisiones durante la investigación.
Varias de estas omisiones de la Fiscalía General del Estado (FGE) fueron dadas a conocer por la misma Secretaría de Seguridad Pública estatal, ya que ambas dependencias se culpan mutuamente de faltar a su responsabilidad.
Las omisiones de la FGE, de acuerdo con la denuncia de la Secretaría de Seguridad, fue no haber detenido a los policías estatales que participaron en los hechos y que, según la dependencia, se presentaron a declarar de manera voluntaria y otra omisión fue negarse a recibir las declaraciones de estos mismos agentes.
Aspectos generales de la protesta de estudiantes normalistas en el punto en el que fue asesinado Yanqui Kothan la noche del jueves 7 de febrero, a la salida oriente de Chilpancingo.
Para el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, hay de dos razones en el hecho de que el policía estatal que disparó y asesinó al normalista, Yanqui Kothan Gómez Peralta, de 23 años, huyera: descuido o complicidad de quienes procuran la justicia.
Lo expuso esta mañana en su conferencia de prensa desde Palacio Nacional. “Lo cierto es que sí fue asesinado el joven de la Normal de Ayotzinapa por un policía; eso está demostrado. Se fugó porque no hubo cuidado o porque hubo complicidades al interior de los encargados de impartir justicia, pero ya se está actuando y no va haber impunidad, y se tiene ya la versión y sí fue un asesinato”, comentó.
Este nuevo señalamiento del presidente ocurre ya en medio de un pleito entre la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado que ayer, mediante comunicados, se repartieron culpas. Fue un intercambio de señalamientos de lo que hicieron y no, de lo que les toca y no, y de lo que es su competencia y no ante el caso de los policías implicados en el ataque a los normalistas el jueves pasado al oriente de Chilpancingo.
Todo porque la mañana del martes López Obrador informó que el policía que asesinó al normalista se fugó.
El secretario General de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, anoche mismo también entró en la polémica y el reparto de culpas con un comunicado que colgaron en las redes oficiales de la secretaría. Descargó la responsabilidad en la FGE: “[…] El gobierno del estado presentó a la Fiscalía General del Estado (FGE) a los tres policías involucrados en este hecho”, además, informó, de todos los elementos de pruebas que tenían para el esclarecimiento del crimen.
El presidente Andres Manuel Lopez Obrador en la mañanera del 13 de marzo habló sobre la fuga del policía que asesino a normalista en Guerrero. Foto: Captura de transmisión.
También expuso que la instrucción de la gobernadora es actuar con “transparencia” en las indagatorias del caso.
Pero la transparencia es lo que menos define la participación de Reynoso Núñez en el ataque a los normalistas. Fue él, junto al secretario de Seguridad Pública estatal, Rolando Solano Rivera, quienes horas después de los hechos, quienes informaron que la actuación de los policías fue en la persecución de un delito porque la camioneta donde viajaba los normalistas tenía reporte de robo y, además, hallaron alcohol, una arma, y una sustancia granulada que sugerían como droga.
En el comunicado de ayer, el secretario expuso que esa primera versión fue la que le hicieron llegar los policías.
Con la información que ha soltado el presidente en las conferencias mañaneras la información oficial del gobierno estatal ha quedado diluida, al decir que sí fue un asesinato de la Policía Estatal y, ahora, al sugerir complicidades.
“Nada más que tenemos que tener todos los elementos y se va a castigar a todos los responsables”, agregó López Obrador esta mañana.
El presidente le hizo un llamado al policía fugado para que se entregue, porque “la instrucción es muy clara, cero impunidad”.
A los estudiantes normalistas de Ayotzinapa también los convocó, aun cuando reconoció que están en su derecho de manifestarse, a que “no abusen”.
Con el nuevo censo de personas desaparecidas, presentado en diciembre pasado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, al menos 10 mil 720 nombres fueron borrados del registro nacional de víctimas de este delito, según los resultados de un análisis comparativo realizado por Animal Político y la asociación civil Data Cívica.
Entre esos más de 10 mil nombres eliminados del registro oficial de desaparecidos se incluyen, efectivamente, casos de víctimas cuya localización ha sido confirmada, aunque también están los nombres de muchas personas que permanecen desaparecidas hasta la fecha y a las que, indebidamente, las autoridades ya no reconocen esta condición.
La lista de 10 mil nombres borrados del registro nacional de personas desaparecidas se pone hoy a disposición de la ciudadanía, para que las familias que buscan a sus seres queridos puedan verificar si la autoridad eliminó sus casos del registro oficial, aun sin que las víctimas hayan sido realmente encontradas.
Este listado de nombres eliminados se generó comparando la versión del Registro Nacional de Personas Desaparecidas que fue publicada por la Comisión Nacional de Búsqueda de la Secretaría de Gobernación en agosto de 2023, que incluía 111 mil nombres de víctimas, contra la nueva versión de esta misma base de datos, presentada por el presidente López Obrador el 14 de diciembre de 2023.
Tal como informó el presidente en esa ocasión, una “estrategia de búsqueda generalizada” emprendida por su gobierno durante el segundo semestre del año 2023, permitió resolver 16 mil casos de desaparición mediante la localización de las víctimas, aunque el reporte oficial en el que se detallan dichas estadísticas sólo refiere 12 mil supuestas localizaciones, sin específicar qué víctimas la autoridad ha dado por encontradas.
Para conocer los nombres de esas víctimas, y poder verificar su localización, fue necesario comparar el registro sobre personas desaparecidas publicado en agosto de 2023, contra la versión depurada presentada en diciembre siguiente, lo que permitió identificar los nombres de 10 mil 720 de víctimas, de los 12 mil que fueron eliminados del registro nacional de personas desaparecidas.
De esos 10 mil 720 nombres que ya no están incluidos en el registro de víctimas de desaparición, 66% corresponde a personas del sexo masculino y el restante 34% a personas del sexo femenino.
Los datos obtenidos indican también que la Ciudad de México es la entidad en donde más registros de personas desaparecidas fueron borrados, ya que los nombres de 42% de las personas reconocidas en agosto de 2023 como desaparecidas, fueron retirados de esta lista cuatro meses después.
En diciembre de 2023, de hecho, se informó que este modelo para borrar registros de personas desaparecidas fue propuesto, precisamente, por el gobierno de la Ciudad de México, encabezado en ese momento por Claudia Sheinbaum, actual candidata del partido Morena a la presidencia de la República, para el proceso electoral que se celebrará en junio próximo.
Foto: Amapola periodismo
Otras entidades que desinflaron drásticamente las estadísticas de desaparición mediante la eliminación de víctimas del registro oficial fueron Oaxaca y Aguascalientes, que así disminuyeron su número de víctimas en 38%; Tlaxcala, con una reducción de 31%, Chiapas, 28%, Puebla, 26%, así como Morelos y Campeche, con 23%.
Desde que el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó su nuevo registro oficial de desaparecidos, colectivos de familias de víctimas denunciaron que las autoridades incurrieron en diversas irregularidades durante este ejercicio, con el objetivo de simular una reducción en las estadísticas sobre víctimas de desaparición.
Entre estas irregularidades denunciadas están que el nuevo conteo de víctimas realizado por las autoridades no se insertó en la operación de la Comisión Nacional de Búsqueda de personas desaparecidas y careció de metodología y de mecanismos para verificar la forma en que los datos fueron generados. Además, se ocultaron los nombres de las 16 mil personas que supuestamente fueron localizadas, impidiendo así la confirmar la veracidad de las supuestas localizaciones; categorizaron a otras 17 mil 843 personas como “ubicadas”, a pesar de que esas víctimas siguen desaparecidas; y catalogaron 62 mil denuncias más como inválidas, por estar incompletas.
Mediante estos procedimientos, el gobierno federal logró reducir la lista de 111 mil personas desaparecidas, a sólo 12 mil 377 “denuncias confirmadas”.
No obstante, entre la gente que las autoridades ya no consideran como víctimas confirmadas de desaparición o que, incluso, han calificado como ya localizadas, hay diversas personas que en realidad permanecen desaparecidas hasta la fecha y a las que, sin justificación, ya no reconocen como tales.
Ese es el caso, por ejemplo, de Luis Ángel León Rodríguez, un sargento de la Policía Federal que fue víctima de desaparición en el año 2009, junto con otros seis compañeros de corporación y un civil que les daba servicio de traslado, cuando se dirigían a Michoacán para cumplir una asignación de trabajo. El registro sobre la desaparición de este policía, que estaba incluido en la lista oficial de víctimas hasta agosto de 2023, fue uno de los eliminados por las autoridades.
“En agosto de 2023 –explicó su mamá, la abogada Araceli Rodríguez en entrevista–, a Luis Ángel lo fueron a buscar a la antigua casa en la que habitábamos, porque supuestamente había dado ‘prueba de vida’. Llegaron personas que se ostentaron como trabajadores de la Secretaría del Bienestar y dijeron que iban buscando a mi hijo, porque habían detectado que ya había aparecido y querían hacerle unas preguntas, para dar de baja su registro. Yo ya no vivo en esa casa, pero la gente que ahora vive ahí me contactó en ese mismo momento, porque tienen mi teléfono, y me pasaron a esas personas, y ellas me repitieron que para ellos mi hijo ya no estaba desaparecido. Eso me causó un coraje enorme y una impotencia terrible.”
Semanas después, añadió la abogada, durante un encuentro entre autoridades y familias de víctimas celebrado el 30 de agosto, por el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, “yo cuestioné sobre esta situación a Alejandro Encinas (quien hasta octubre de 2023 ocupó el cargo de subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación) y él me reiteró que si a mi hijo lo fueron a buscar personalmente era porque había presentado prueba de vida. Pero cuando yo les he exigido a las autoridades que me digan cuáles son esas pruebas de vida, me han dejado esperando respuesta. Hasta ahorita sigo esperando que me digan qué pruebas tienen sobre el paradero de mi hijo”.
