La cachorra fue rescatada en estado esquelético y casi sin pelo por la presencia de sarna, aún así los dueños no querían entregarla
Texto: Andrea Mendoza
Foto: Cortesía de Gustavo Lezama
Domingo 14 de abril del 2024
Chilpancingo
Luna es una cachorra talla chica, pelo negro, orejas levantadas, quizá de un año y medio que a su corta edad conoció la peor cara de la humanidad, en su primer hogar en la colonia Plan de Ayala, de esta ciudad.
El pasado 9 de abril fue rescatada. Estaba en los huesos y cubierta de sarna. En realidad, con un nivel arriba de la sarna simple, tiene seborrea, la que se define como sarna con olor.
El 9 de abril reportaron en las redes de los grupos de rescatistas de la ciudad que a un perro pequeño, en estado esquelético y con una sarna que le cubría todo el cuerpo, lo tenían amarrado en una casa en la colonia Plan de Ayala.
En las fotos que tomaron al perrito y compartieron en las redes se veía la piel, ya casi sin pelaje, por la sarna, aunque se alcanzaba a apreciar un tono negro en el poco pelaje que quedaba.
Luna, la cachorra rescatada por Franceli Nava y Gustavo Lezama en la colonia plan de Ayala el 9 de abril.
El rescatista Gustavo Lezama pidió la dirección exacta para auxiliar al animal, pero no hubo una respuesta concisa de la dirección. Gustavo fue directamente a la zona y deambuló por toda la colonia en búsqueda del perro. Se retiró al no hallarlo.
El día miércoles, Franceli Nava, una seguidora de los grupos de rescatistas se contactó con Gustavo Lezama para informarle que había rescatado al perro de sus dueños, quienes alegaron que el animal no estaba enfermo ni desnutrido. Le dijeron que estaba amarrado por protección de otras mascotas, ya que tenía sarna. Franceli y los dueños discutieron, pues no querían entregarlo, a pesar del evidente maltrato y descuido. Finalmente lo dejaron en manos de Franceli.
Franceli Nava no se pudo quedar con el perrito, pues necesitaba cuidados especiales y espacio, por lo que pidió ayuda a Gustavo Lezama para que le diera albergue temporal y se encargara de él.
El rescatista aceptó y fue entregado el día miércoles en la Alameda, donde Gustavo Lezama monta una carpa para adopciones de sus perros rescatados, ya sanos.
Gustavo Lezama llevó al perro al veterinario para una valoración médica. Nombró al perrito Luna, al darse cuenta que era una hembra. El diagnóstico era evidente. Luna padecía de desnutrición y seborrea, sarna con olor. A Luna se le aplicó medicamento para su sarna, así como también se le desparasitó.
Luna lucía asustada, pues es una cachorra que a corta edad fue violentada y maltratada por sus dueños. Sigue en esa condición. No sale de la bolsa en la que fue rescatada.
El caso de Luna es apenas una quinta parte de todas las denuncias semanales que Gustavo Lezama recibe. El rescatista pidió que para agilizar los rescates y apoyos a mascotas abandonadas la gente que hace las denuncias proporcione las direcciones exactas y número telefónico, para que el rescate sea eficiente.
Cuando Luna mejore su estado de salud y se esterilice será puesta en adopción.
La Asamblea Nacional Popular (ANP) acordó llamar a un “boicot” a las campañas de los candidatos a cargos de elección popular, ante la falta de resultados para esclarecer el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos hace casi 10 años y la negativa del presidente Andrés Manuel López Obrador de atenderlos en audiencia antes de las elecciones del 2 de junio.
Lo anterior, lo acordaron las madres y padres de los 43 desaparecidos, los normalistas y organizaciones sociales en una reunión de la ANP en las instalaciones de Ayotzinapa, en Tixtla, este fin de semana.
“Llevaremos la lucha a las calles; particularmente, llamamos al boicot a las campañas y al proceso electoral”, dice el documento aprobado de la ANP.
Esta semana, en su conferencia mañanera, el presidente López Obrador dijo que atenderá a las madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, hasta después de las elecciones bajo el argumento de que ese encuentro se utilice políticamente.
“El caso Ayotzinapa no camina por la ruta del calendario electoral, sino por la senda y justicia, por lo tanto, no podemos esperar a que termine el proceso electoral, para que la reunión con el presidente se realice en los plazos que el propio jefe del Ejecutivo refirió”, advierte la ANP.
Las organizaciones sociales, las madres y padres y los normalistas advierten que mientras no haya diálogo la lucha va a seguir, y se van ir incorporando otros sectores, campesinos, maestros e indígenas.
Mencionan que a casi 10 años de la desaparición de lo 43 estudiantes, la investigación que encabeza el presidente López Obrador ha fracasado, porque no se cuenta con una fiscalía especial y una comisión para la verdad y la justicia imparcial e independiente, aseguran las madres y padres, normalistas y organizaciones.
“Existen pruebas de que las investigaciones avanzaban, pero cuando la misma tocó al Ejército mexicano, el presidente frenó las pesquisas, para encubrirlo. Y su narrativa para desviar la atención es culpar a los abogados de las madres y padres”, señala la ANP.
En la reunión de más de cinco horas, los participantes consideraron importante que en estos momentos se lleve a cabo una reunión con el presidente López Obrador, para hacer un balance de las investigaciones y que el gobierno dé cuentas de los resultados en el caso, y diga dónde están los 43 jóvenes.
En entrevista, Vidulfo Rosales Sierra, abogado de los padres y madres de los 43, consideró que el presidente quiere posponer la reunión hasta después del 2 de junio porque quiere ganar tiempo para no enfrentar los costos políticos de su fracaso en el esclarecimiento de los hechos que derivaron en la desaparición de los 43 normalistas y el asesinato de tres de sus compañeros, la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014, en Iguala.
El documento de la ANP establece una serie de acciones de protestas a partir del 26 de abril hasta el 1 de mayo en la Ciudad de México.
En la conferencia matutina de este jueves indicó que esos testigos protegidos fueron liberados por denuncias de tortura hechas por organismos de derechos humanos, las mismas que asesoran a las madres y padres, y salieron libres. Ya como testigos protegidos reconocieron que sí participaron en los hechos
Texto: Alberto Ramírez
Foto: Óscar Guerrero/Archivo
Jueves 11 de abril del 2024
El presidente Andrés Manuel López Obrador, al ser cuestionado sobre si la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) tenía información sobre el caso de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, lo negó y dijo que, de haber sido así, se hubiera utilizado para hacer justicia.
La corresponsal de la revista Proceso aseguró que hubo informes antes, durante y después de la desaparición de los normalistas dentro del Centro Militar de Inteligencia y que desde la Sedena hubo un apagón informativo.
López Obrador dijo que los defensores de los derechos humanos crearon una narrativa con el propósito de manchar la imagen del ejército mexicano.
AMLO recalcó que en su gobierno hacen una investigación seria y responsable y que no hay impunidad para nadie.
Dijo que no existen pruebas y negó que la Fiscalía General de la República (FGR) las retuviera ahora que él ha tenido acceso a la investigación.
El presidente mencionó que toda la participación que tuvo el Ejército está en declaraciones y que los militares que fueron responsables están detenidos, sobre todo por presunta omisión.
Acusó y se refirió a las personas y organizaciones que defienden los derechos humanos como «pseudodefensores». Dijo que son los mismos que defienden a los papás y mamás de los normalistas de Ayotzinapa, pero también a los responsables que están en la cárcel con el argumento de que fueron torturados.
El presidente argumentó que los defensores de los derechos humanos presentaron una denuncia al Poder Judicial por tortura, por lo que fueron liberados más de 80 detenidos.
Dijo que después varios de ellos, como testigos protegidos, declararon que sí participaron en la desaparición de los 43.
López Obrador mencionó que están buscando a los 43 normalistas desaparecidos y que se va a aclarar el caso, además de que hay culpables en la cárcel que extrañamente no estaban detenidos.
López Obrador presumió que su gobierno sí da resultados, dijo que, a pesar de que en un inicio le presentaron un informe falso del caso del normalista Yanqui Kothan Gómez Peralta, todo se aclaró y que ahora ya están detenidos los culpables.
Además el presidente recriminó al medio periodístico Proceso por los cuestionamientos que se le realizan y dijo que el medio tiene otros intereses y que va ser difícil que los convenza.
Un juez de Control de Iguala vinculó a proceso con prisión preventiva a Axel Alejandro Aguilar Estrada por su presunta responsabilidad en el asesinato de la niña Camila ocurrido en Taxco de Alarcón la semana pasada, informó la Fiscalía General del Estado (FGE).
La FGE establece en sus comunicados como feminicidio, el caso de la menor de ocho años, sin establecer aún mediante una investigación si su condición de mujer fue parte de las razones del homicidio, por tal en Amapola Periodismo no se maneja como feminicidio pues no hay una investigación que lo establezca.
Alfredo Aguilar, hermano de Axel, está internado en el Centro de Ejecución de Medidas para Adolescentes en Chilpancingo, en donde esperará la audiencia en la que se determinará si tuvo o no una presunta participación en el asesinato de Camila.
La audiencia se desarrollará el próximo viernes 5 de abril.
Alfredo Aguilar tiene 17 años y su hermano Axel Alejandro Aguilar, 21. Son hijos de Ana Rosa Aguilar Díaz, quien también habría participado en el homicidio.
Ana Rosa falleció derivado de la golpiza que a ella y a sus dos hijos les propinó una multitud el jueves 28 de marzo después de sacarlos por la fuerza de su domicilio, ubicado en la calle El Chorrito del barrio La Florida, sobre la avenida Plateros, en Taxco.
Los hermanos Axel Alejandro y Alfredo Aguilar se les notificó la orden de aprehensión cuando estaban en el Hospital General de Iguala, a donde fueron llevados después de ser rescatados de la turba por policías estatales y la Guardia Nacional.
Familiares y amigos despiden a Camila Ortega, la menor asesinada en Taxco
En el caso de Axel Alejandro ya fue vinculado a proceso con prisión preventiva y está preso en la cárcel de Tuxpan, en Iguala, informó la FGE.
El pasado sábado 30 de marzo, un juez de Control de Iguala dictó vinculación a proceso al taxista, José Ricardo Armando Gaytán, por su presunta participación en el asesinato.
El conductor del taxi aparece en un video divulgado el miércoles 27 de marzo, en el cual se ve que baja de la vivienda, junto con Ana Rosa Aguilar; el carga una bolsa negra y la mete a la cajuela, mientras Ana Rosa carga un canasto con ropa y abre la portezuela del coche y la sostiene mientras José Ricardo mete la bolsa negra. Posiblemente en esa bolsa iba el cadáver de Camila.
Cadáver de Ana Rosa sigue en Semefo de Iguala
El parte médico del Servicio Médico Forense (Semefo) de Iguala establece que Ana Rosa Aguilar murió por conjunto de traumatismo que son consideradas lesiones múltiples provocadas por violencia externa.
De acuerdo con fuentes de la Secretaría de Salud estatal, hasta este lunes el cadáver de Ana Rosa permanecía en una de las gavetas del Semefo de Iguala; no ha sido entregado a sus familiares porque no han presentado la documentación correcta.
El mismo sábado, el director de Gobernación estatal, Francisco Rodríguez Cisneros, informó que el cadáver de Ana Rosa ya había sido retirado del Semefo por sus familiares.
Trascendió que el sábado 30 de marzo, varios familiares de Ana Rosa se presentaron a las instalaciones del Semefo en Iguala y les dijeron a las autoridades que no podían llevarse su cadáver porque la gente de Taxco los amenazó con quemarlo.
Los familiares de Ana Rosa Aguilar quieren inhumar su cadáver en Taxco.
Margarita Ortega, madre de Camila, la menor de ocho años asesinada en Taxco, aseguró que atrás del crimen de su hija hay más personas, además de Ana N y sus hijos.
Ana es la mujer que falleció producto de los golpes de alrededor de una centena de habitantes que acercaron el domicilio de los presuntos culpables, los sacaron y los golpearon. Los golpeados fueron Ana N y sus dos hijos. Ana falleció.
La golpiza se transmitió en vivo por parte de varios medios de comunicación presentes en Taxco para realizar la transmisión del viacrucis, acto religioso al que acuden turistas y devotos.
«Ana no pudo haberlo hecho sola, además de Ana hay más personas atrás», denunció al término del sepelio de Camila en el Panteón de Jesús, en el pueblo de Minas Viejas, la zona rural de esta ciudad colonial.
Margarita Ortega lamentó el linchamiento de Ana N.
«Yo no quería que eso pasara, Ana tenía que sufrir todo el resto de su vida, ella debía sufrir todo el tiempo lo que yo voy a sufrir», lamentó.
De acuerdo con conocidos de la familia de la menor asesinada, la madre de Camila y Ana aparte de ser vecinas eran amigas desde la infancia.
Sepelio de Camila en el panteón de Minas Viejas, en la zona rural de Taxco.
Era común que Camila fuera a jugar con la hija menor de Ana, había confianza entre ambas madres de familia.
*Los otros golpeados sí son hijos de Ana N*
Por otro lado, esta tarde, alrededor de las dos, arribo a la Funeraria Angeles, el director de Gobernación estatal, Francisco Rodríguez Cisneros, a solidarizate con la familia de Camila.
Al salir fue abordado para responder cuestionamientos en torno a la actuación de la autoridad estatal en torno a este nuevo hecho de violencia en Guerrero.
Aseguró que el gobierno estatal mandó policías inmediatamente que se conoció la información de que los presuntos culpables estaban cercados por la población.
Reconoció que solo había unos 30 policías cuando ocurrió el linchamiento. «El resto venía en camino», dijo.
Los otros dos hombres golpeados por ls multitud dijo que sí son los hijos de Ana N y que ahora están en un hospital vigilados.
Ana N, señaló, ya fue reclamada por sus familiares para darle sepultura.
Madre, tías y abuela de Camila en el sepelio esta tarde noche en Taxco.
*Detiene FGE a un cuarto implicado en el asesinato de Camila*
Esta tarde, la Fiscalía General del Estado (FGE) informó mediante un comunicado que detuvo a José N, presunto implicado en el feminicidio de Camila N.
De acuerdo con una fuente de la familia, José N es el conductor del taxi en el que Ana N subió un canasto con ropa y una bolsa negra con un bulto a la cajuela del carro, según un video grabado por una cámara de un domicilio particular.
Quien carga el bulto negro es José N.
En la última semana se denunciaron tres casos de maltrato animal, dos macheteados en la colonia Yerbabuena y a un tercero lo amarraron a un carro para que corriera con el auto en movimiento
Texto: Andrea Mendoza
24 de marzo del 2024
Chilpancingo
En la colonia Yerbabuena, ubicada al sur de la ciudad, dos perros fueron atacados a machetazos.
El primer hecho ocurrió el lunes 18 de marzo, lugar donde Adacely Hernández, vecina de la colonia, vio al primer perro con una herida que le atravesaba todo el estómago.
La herida se veía grande y profunda. Adacely Hernández trató de agarrar al perro para llevarlo al veterinario. El perro presa del miedo por el reciente ataque, al percibir movimiento, escapó.
Cuando el perro huyó, debido a que corrió rápido, Adacely vio como salieron los intestinos del perrito. Optó por solo tomarle una foto y pedir auxilio a algún rescatista de Chilpancingo por medio de redes sociales.
«Ayuden quien quiera que sea por favor, hay una que otra humanidad con bondad», pidió una internauta; otros más preguntaron la ubicación para ir a ayudar.
Mary Palacios, una rescatista independiente, comentó a Amapola Periodismo que en esa colonia van varias veces que se registran casos de animales heridos con machete.
Del refugio Perritos Felices y Adacely Hernández fueron a auxiliar al perro; la búsqueda les llevó un par de horas, aun así el perro no fue hallado.
«Ya van dos casos de perros macheteados, en esta colonia es así, si no los envenenan los matan a machetazos», dijo Adacely Hernández.
El viernes 22 de marzo se registró otro caso de un perro macheteado en la misma colonia.
Ahora se trató de un perro de talla chica lastimado en sus patas.
En este caso, las asociaciones Perritos Felices y Voluntarias Caninas Chilpancingo acudieron de inmediato al llamado de ayuda, por lo que el perro fue hallado con facilidad y recibió atención médica.
Otro caso más sucedió en la colonia El Encanto donde un hombre amarró a su perro de la parte trasera de su auto para posteriormente conducir todo su trayecto de esta forma.
El perro sufrió heridas en sus patas por la velocidad a la que su dueño iba.
La asociación Perritos Felices denunció al agresor en Bienestar Animal, prometieron informar acerca del proceso de la denuncia.
Aunque en Chilpancingo hay más de 10 asociaciones de rescates para perros y gatos, la violencia animal es un conducta que persiste.
El maltrato y violencia, contra perros particularmente, pasan inadvertidas en la ciudad, entre todas las violencias que se viven.
El respeto a la vida en todas sus formas empieza por el cuidado a nuestros animales de compañía.
Seis días después del asesinato del normalista Yanqui Kothan Gómez Peralta, dos de los tres policías implicados en su asesinato fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), este miércoles, alrededor de las siete y media de la noche.
El asesinato ocurrió la noche del jueves 7 de marzo, a las 8:20 de la noche, a la salida oriente de Chilpancingo.
El Centro de Derechos de Personas Victimas de la Violencia Minerva Bello, que acompaña a la madre de Yanqui Kothan en su exigencia de justicia, fue la primera instancia que dio a conocer la puesta a disposición de los dos elementos de la Policía Estatal.
Francisco N y Sigifredo N, los dos elementos de la Policía Estatal que ya están en manos de la FGR, son integrantes del Grupo de Reacción Inmediata Centauro, lo mismo que David N, el policía señalado como el asesino material de Yanqui Kothan, quien continúa prófugo de la justicia, de acuerdo con la información del presidente Andrés Manuel López Obrador, en las conferencias matutinas.
El grupo de reacción inmediata llamada Centauros, al que pertenecen los tres policías implicados en los hechos, son expertos en el manejo de motocicletas y se especializan en persecuciones realizadas en zonas urbanas de difícil acceso.
Estudiantes normalistas protestaron esta mañana en el lugar donde fue asesinado su compañero Yanqui Kothan; al fondo se observa la tienda a la que un estudiante bajó del carro a comprar un cigarro, cuando los policías los atacaron.
Casi al mismo tiempo que se confirmó la puesta a disposición de los dos policías estatales, surgió el rumor de que al policía fugado lo hallaron muerto, pero no lo confirmaron o desmintieron.
De acuerdo con el boletín de la Secretaría de Seguridad Pública estatal que emitió ayer martes 12 de marzo, los dos policías estatales permanecieron concentrados voluntariamente en instalaciones de la dependencia.
Sobre el tercer elemento, la SSP aseguró que estaba en proceso de localización “por no tener una situación jurídica dictada por la autoridad correspondiente”, refiriéndose a la Fiscalía General del Estado (FGE).
Aunque, aseguró la dependencia, que los tres elementos involucrados “rindieron su declaración ministerial de manera voluntaria ante el Ministerio Público de la agencia especializada de delitos graves de la FGE el día 8 de marzo a las 7:30 horas”.
Esta cruz fue hecha en el lugar en el que falleció Yanqui Kothan, a la salida oriente de Chilpancingo.
En su comunicado reprochó a la FGE que no estableció el mecanismo legal para mantenerlos bajo su resguardo por un espacio de 48 horas y hasta solicitar una ampliación del término legal.
La FGE, por su parte, aseguró en un comunicado que ninguna autoridad los había puesto a su disposición a los elementos implicados en el asesinato del normalista.
Esta mañana, el secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, declaró en una entrevista de radio que las autoridades buscaban a David N y esperaban que hubiera resultados positivos.
Exige renuncias de funcionarios que falsearon información sobre asesinato de su hijo durante protesta de normalistas en el sitio del asesinato
Texto: Marlén Castro
Foto: Amapola Periodismo
Miércoles 13 de marzo del 2024
Chilpancingo
Yanqui Kothan agonizó en el lugar donde los policías estatales le dispararon y no le quisieron dar ayuda inmediata para salvar su vida, denunció su madre, Vianey Peralta.
Esta denuncia fue hecha por la madre de Yanqui Kothan Gómez Peralta durante una protesta y homenaje de los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, en el lugar del asesinato, a la salida oriente de Chilpancingo, la noche del jueves 7 de marzo.
Alrededor de las 12:00 horas, los estudiantes a bordo de siete autobuses, propiedad de diferentes empresas del transportes, llegaron al punto donde ocurrió el asesinato, para poner una corona de flores como tributo al estudiante.
Justo frente está la tienda en la que Yanqui Kothan detuvo la camioneta Pick Up, cuando su compañero conocido como Arenita se bajó a comprar un cigarro a las 8:20 de la noche, del lado derecho de la carretera, en la dirección Tixtla-Chilpancingo.
La tienda se llama Depósito Jazmín. Al pie de la tienda hay un poste con una lámpara, por lo que, aunque era noche, el sitio siempre está iluminado. Ese poste también tiene una cámara, de donde seguramente salieron las imágenes que sirvieron para establecer que Yanqui no disparó y que lo que ocurrió en este punto fue un asesinato.
En la protesta de los normalistas, a donde llegaron unos 200 estudiantes, participaron comisiones representativas de las 17 normales rurales del país.
Vianey Peralta, madre de Yanqui Kothan, exige la renuncia de los funcionarios que falsearon la información sobre el asesinato de su hijo, este miércles 13 de marzo en la protesta de los estudiantes normalistas al oriente de Chilpancingo, en el sitio donde cayó el normalista el pasado jueves 7 de marzo.
También acudieron integrantes del Centro de Derechos Humanos de Víctimas de la Violencia Minerva Bello, quienes acompañan a la madre de Yanqui Kothan.
La madre y los del Centro Minerva Bello llegaron después de que el mitin inició, con lo que se evidenció que los estudiantes no hicieron partícipes al Centro Minerva Bello de esta actividad.
Cuando Vianey Peralta habló exigió las renuncias del secretario de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, y el de Seguridad Pública, Rolando Solano Rivera, además del coordinador de la Policía Estatal, por falsear información sobre la muerte de su hijo.
También denunció que su hijo agonizó mucho tiempo, no saben exactamente cuánto, y nunca le proporcionaron ayuda.
El informe de los funcionarios de los que la mamá exige la renuncia establecía que Yanqui Kothan falleció en el hospital.
El coordinador del Centro Minerva Bello, el sacerdote José Filiberto Velázquez Florencio, habló casi al final del mitin de los estudiantes, para agregar que la familia de la víctima también exige la renuncia de la fiscal general, Sandra Luz Valdovinos Salmerón, por las omisiones durante la investigación.
Varias de estas omisiones de la Fiscalía General del Estado (FGE) fueron dadas a conocer por la misma Secretaría de Seguridad Pública estatal, ya que ambas dependencias se culpan mutuamente de faltar a su responsabilidad.
Las omisiones de la FGE, de acuerdo con la denuncia de la Secretaría de Seguridad, fue no haber detenido a los policías estatales que participaron en los hechos y que, según la dependencia, se presentaron a declarar de manera voluntaria y otra omisión fue negarse a recibir las declaraciones de estos mismos agentes.
Aspectos generales de la protesta de estudiantes normalistas en el punto en el que fue asesinado Yanqui Kothan la noche del jueves 7 de febrero, a la salida oriente de Chilpancingo.
Para el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, hay de dos razones en el hecho de que el policía estatal que disparó y asesinó al normalista, Yanqui Kothan Gómez Peralta, de 23 años, huyera: descuido o complicidad de quienes procuran la justicia.
Lo expuso esta mañana en su conferencia de prensa desde Palacio Nacional. “Lo cierto es que sí fue asesinado el joven de la Normal de Ayotzinapa por un policía; eso está demostrado. Se fugó porque no hubo cuidado o porque hubo complicidades al interior de los encargados de impartir justicia, pero ya se está actuando y no va haber impunidad, y se tiene ya la versión y sí fue un asesinato”, comentó.
Este nuevo señalamiento del presidente ocurre ya en medio de un pleito entre la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado que ayer, mediante comunicados, se repartieron culpas. Fue un intercambio de señalamientos de lo que hicieron y no, de lo que les toca y no, y de lo que es su competencia y no ante el caso de los policías implicados en el ataque a los normalistas el jueves pasado al oriente de Chilpancingo.
Todo porque la mañana del martes López Obrador informó que el policía que asesinó al normalista se fugó.
El secretario General de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, anoche mismo también entró en la polémica y el reparto de culpas con un comunicado que colgaron en las redes oficiales de la secretaría. Descargó la responsabilidad en la FGE: “[…] El gobierno del estado presentó a la Fiscalía General del Estado (FGE) a los tres policías involucrados en este hecho”, además, informó, de todos los elementos de pruebas que tenían para el esclarecimiento del crimen.
El presidente Andres Manuel Lopez Obrador en la mañanera del 13 de marzo habló sobre la fuga del policía que asesino a normalista en Guerrero. Foto: Captura de transmisión.
También expuso que la instrucción de la gobernadora es actuar con “transparencia” en las indagatorias del caso.
Pero la transparencia es lo que menos define la participación de Reynoso Núñez en el ataque a los normalistas. Fue él, junto al secretario de Seguridad Pública estatal, Rolando Solano Rivera, quienes horas después de los hechos, quienes informaron que la actuación de los policías fue en la persecución de un delito porque la camioneta donde viajaba los normalistas tenía reporte de robo y, además, hallaron alcohol, una arma, y una sustancia granulada que sugerían como droga.
En el comunicado de ayer, el secretario expuso que esa primera versión fue la que le hicieron llegar los policías.
Con la información que ha soltado el presidente en las conferencias mañaneras la información oficial del gobierno estatal ha quedado diluida, al decir que sí fue un asesinato de la Policía Estatal y, ahora, al sugerir complicidades.
“Nada más que tenemos que tener todos los elementos y se va a castigar a todos los responsables”, agregó López Obrador esta mañana.
El presidente le hizo un llamado al policía fugado para que se entregue, porque “la instrucción es muy clara, cero impunidad”.
A los estudiantes normalistas de Ayotzinapa también los convocó, aun cuando reconoció que están en su derecho de manifestarse, a que “no abusen”.
Con el nuevo censo de personas desaparecidas, presentado en diciembre pasado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, al menos 10 mil 720 nombres fueron borrados del registro nacional de víctimas de este delito, según los resultados de un análisis comparativo realizado por Animal Político y la asociación civil Data Cívica.
Entre esos más de 10 mil nombres eliminados del registro oficial de desaparecidos se incluyen, efectivamente, casos de víctimas cuya localización ha sido confirmada, aunque también están los nombres de muchas personas que permanecen desaparecidas hasta la fecha y a las que, indebidamente, las autoridades ya no reconocen esta condición.
La lista de 10 mil nombres borrados del registro nacional de personas desaparecidas se pone hoy a disposición de la ciudadanía, para que las familias que buscan a sus seres queridos puedan verificar si la autoridad eliminó sus casos del registro oficial, aun sin que las víctimas hayan sido realmente encontradas.
Este listado de nombres eliminados se generó comparando la versión del Registro Nacional de Personas Desaparecidas que fue publicada por la Comisión Nacional de Búsqueda de la Secretaría de Gobernación en agosto de 2023, que incluía 111 mil nombres de víctimas, contra la nueva versión de esta misma base de datos, presentada por el presidente López Obrador el 14 de diciembre de 2023.
Tal como informó el presidente en esa ocasión, una “estrategia de búsqueda generalizada” emprendida por su gobierno durante el segundo semestre del año 2023, permitió resolver 16 mil casos de desaparición mediante la localización de las víctimas, aunque el reporte oficial en el que se detallan dichas estadísticas sólo refiere 12 mil supuestas localizaciones, sin específicar qué víctimas la autoridad ha dado por encontradas.
Para conocer los nombres de esas víctimas, y poder verificar su localización, fue necesario comparar el registro sobre personas desaparecidas publicado en agosto de 2023, contra la versión depurada presentada en diciembre siguiente, lo que permitió identificar los nombres de 10 mil 720 de víctimas, de los 12 mil que fueron eliminados del registro nacional de personas desaparecidas.
De esos 10 mil 720 nombres que ya no están incluidos en el registro de víctimas de desaparición, 66% corresponde a personas del sexo masculino y el restante 34% a personas del sexo femenino.
Los datos obtenidos indican también que la Ciudad de México es la entidad en donde más registros de personas desaparecidas fueron borrados, ya que los nombres de 42% de las personas reconocidas en agosto de 2023 como desaparecidas, fueron retirados de esta lista cuatro meses después.
En diciembre de 2023, de hecho, se informó que este modelo para borrar registros de personas desaparecidas fue propuesto, precisamente, por el gobierno de la Ciudad de México, encabezado en ese momento por Claudia Sheinbaum, actual candidata del partido Morena a la presidencia de la República, para el proceso electoral que se celebrará en junio próximo.
Foto: Amapola periodismo
Otras entidades que desinflaron drásticamente las estadísticas de desaparición mediante la eliminación de víctimas del registro oficial fueron Oaxaca y Aguascalientes, que así disminuyeron su número de víctimas en 38%; Tlaxcala, con una reducción de 31%, Chiapas, 28%, Puebla, 26%, así como Morelos y Campeche, con 23%.
Desde que el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó su nuevo registro oficial de desaparecidos, colectivos de familias de víctimas denunciaron que las autoridades incurrieron en diversas irregularidades durante este ejercicio, con el objetivo de simular una reducción en las estadísticas sobre víctimas de desaparición.
Entre estas irregularidades denunciadas están que el nuevo conteo de víctimas realizado por las autoridades no se insertó en la operación de la Comisión Nacional de Búsqueda de personas desaparecidas y careció de metodología y de mecanismos para verificar la forma en que los datos fueron generados. Además, se ocultaron los nombres de las 16 mil personas que supuestamente fueron localizadas, impidiendo así la confirmar la veracidad de las supuestas localizaciones; categorizaron a otras 17 mil 843 personas como “ubicadas”, a pesar de que esas víctimas siguen desaparecidas; y catalogaron 62 mil denuncias más como inválidas, por estar incompletas.
Mediante estos procedimientos, el gobierno federal logró reducir la lista de 111 mil personas desaparecidas, a sólo 12 mil 377 “denuncias confirmadas”.
No obstante, entre la gente que las autoridades ya no consideran como víctimas confirmadas de desaparición o que, incluso, han calificado como ya localizadas, hay diversas personas que en realidad permanecen desaparecidas hasta la fecha y a las que, sin justificación, ya no reconocen como tales.
Ese es el caso, por ejemplo, de Luis Ángel León Rodríguez, un sargento de la Policía Federal que fue víctima de desaparición en el año 2009, junto con otros seis compañeros de corporación y un civil que les daba servicio de traslado, cuando se dirigían a Michoacán para cumplir una asignación de trabajo. El registro sobre la desaparición de este policía, que estaba incluido en la lista oficial de víctimas hasta agosto de 2023, fue uno de los eliminados por las autoridades.
“En agosto de 2023 –explicó su mamá, la abogada Araceli Rodríguez en entrevista–, a Luis Ángel lo fueron a buscar a la antigua casa en la que habitábamos, porque supuestamente había dado ‘prueba de vida’. Llegaron personas que se ostentaron como trabajadores de la Secretaría del Bienestar y dijeron que iban buscando a mi hijo, porque habían detectado que ya había aparecido y querían hacerle unas preguntas, para dar de baja su registro. Yo ya no vivo en esa casa, pero la gente que ahora vive ahí me contactó en ese mismo momento, porque tienen mi teléfono, y me pasaron a esas personas, y ellas me repitieron que para ellos mi hijo ya no estaba desaparecido. Eso me causó un coraje enorme y una impotencia terrible.”
Semanas después, añadió la abogada, durante un encuentro entre autoridades y familias de víctimas celebrado el 30 de agosto, por el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, “yo cuestioné sobre esta situación a Alejandro Encinas (quien hasta octubre de 2023 ocupó el cargo de subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación) y él me reiteró que si a mi hijo lo fueron a buscar personalmente era porque había presentado prueba de vida. Pero cuando yo les he exigido a las autoridades que me digan cuáles son esas pruebas de vida, me han dejado esperando respuesta. Hasta ahorita sigo esperando que me digan qué pruebas tienen sobre el paradero de mi hijo”.
Hace casi dos años Óscar Barragán Barragán y su esposa Angélica Garrido están en la cárcel señalados de un delito que no cometieron. Fueron detenidos por policías de Tecámac, en el Estado de México, acusados de extorsión y desde junio de 2021 dejaron a sus tres hijos como si fueran huérfanos.
Texto y foto: Arturo Contreras Camero
10 de abril del 2023
Ciudad de México
El lunes 21 de junio Óscar Barragán salió de su casa después del mediodía. Estacionó su auto en una calle cerrada y ahí, empezó a tomar cerveza. Jamás imaginó que hacerlo, significaría acabar la cárcel, arrastrando a su esposa.
Esa tarde, una vecina de la calle cerrada Estado de México, en la colonia Isidro Fabela, del municipio de Tecámac en el Estado de México, empezó a recibir llamadas de extorsión. Las llamadas venían de un teléfono que iniciaba con 747, la clave del estado de Guerrero. Cuando la vecina se asomó a la calle, vio el auto de Óscar, con placas de ese estado, y asumió lo peor.
En casa de Óscar, Angélica, su esposa, se empezó a preocupar. Así salió a buscarlo en su auto y fue que después de manejar por la misma colonia, encontró varias patrullas rodeando el auto de su esposo. De inmediato, se acercó a preguntar qué pasaba.
Era un borracho en vía pública, los policías se lo iban a llevar al Ministerio Público y el auto al corralón, le dijo uno de los agentes que no forcejeaban con Óscar. Ella, sin dar a conocer su identidad, preguntó a dónde se lo iban a llevar. A la Fiscalía de Tecámac, le respondieron.
Poco tiempo después de que se llevaran a su esposo, dos hombres vestidos de civil se acercaron a Angélica. “¿Usted qué es del detenido?”, le preguntaron. “Es mi esposo”, respondió. De inmediato, el agente empezó a revisarla, y otro más a catear su auto. A pesar de no encontrar nada, la esposaron, la subieron a otra patrulla y se la llevaron.
La escena la cuenta la misma Angélica en una carta que escribió en enero de este año, dirigida al mismísimo presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador. Es como lanzar una carta al mar, en espera de que, por milagro, puedan volver a ver a sus hijos Oscar, Jon, Damián y a su hija Andrea.
El 8 de febrero de este año, sus familiares acudieron a la plancha del Zócalo para protestar por la liberación de la pareja y para entregar la carta de Angélica en Palacio Nacional.
Según explica su hermano, el caso está lleno de irregularidades. Por ejemplo, la carpeta de investigación dice que su detención fue a las nueve de la noche, pero hay fotografías de que en realidad fue por la tarde. También señalan que la detención fue rápida y que una patrulla logró frenar el paso de los dos autos en los que viajaba la pareja, cuando nada de eso sucedió.
Esta no es la primera vez que su familia viene a suplicar la intervención del presidente en un asunto urgente para ellos. Toda la familia de Óscar fue desplazada de sus tierras y de su hogar en el pueblo de Chichihualco, en la sierra de Guerrero. Por más de un año, cómo medida desesperada, estuvieron acampando casi un año en la plancha del Zócalo, esperando ayuda del gobierno. Desde entonces se han intentado varios regresos, pero sin éxito. Muchas de las familias desplazadas se mudaron a otros municipios, i buscaron empezar sus cosas de nuevo. Como Óscar, que, mientras vivió en el Zócalo conoció a Angélica, una estilista de Tecámac que viajaba a trabajar al centro de la capital todos los días
Por el caso de Angélica y Oscar han desfilado tres abogados. Una, no fue de mucha ayuda, otra les prometió hacer una apelación que no funcionó y, según dice David Barragán, padre de Óscar, solo estafó a su familia con 50 mil pesos. Incluso, después de haber hecho la apelación, las autoridades a cargo del caso aumentaron la pena de Óscar y Angélica, la que llegó a 43 años, a pesar de que no exista un fundamento legal para este tipo de acto.
Hoy, la única esperanza de la pareja presa recae en la Ley de Amnistía, promovida desde 2020 por el Gobierno Federal, que contempla que en los delitos supuestamente cometidos por integrantes de los pueblos indígenas a quienes no se haya garantizado el debido proceso.
David Barragán cuelga una manta con la imagen de su hijo y su esposa, detenidos injustamente desde hace casi dos años. DEsesperado, busca la ayuda de quien sea. Foto: Arturo Contreras (Pie de Página)
Lauro Hinostroza, doctor en antropología y médico tradicional peruano, lleva 180 días en una prisión mexicana acusado de delitos contra la salud. Fue detenido en el aeropuerto de la capital con Ayahuasca, un brebaje común entre los pueblos del noreste amazónico. En entrevista telefónica, desde el Reclusorio Norte, cuenta que no es el único médico tradicional preso por usar Ayahuasca
Texto: Pedro Anza / Pie de Página
Fotografía: Facebook Lauro Hinostroza
4 de marzo del 203
Ciudad de México
Por un instante, la voz que llega del otro lado del teléfono amaga con quebrantar su serenidad. En los 30 minutos que han transcurrido de conversación, esta ha mantenido un tono lento y templado, casi de reposo. Después de una pausa en donde se distingue, lejano, el ligero caer de un suspiro, la voz parece volver a su cuerpo y retomar el equilibrio. El médico tradicional peruano de 69 años Lauro Hinostroza me llama desde el Reclusorio Norte, lugar en el que ha permanecido preso por más de seis meses bajo la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.
El 26 de Septiembre del año 2022, a pocos días de participar como conferencista en un Congreso Internacional sobre medicina ancestral que se celebraría en Teotihuacán, Lauro fue detenido en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, acusado de delito contra la salud en la modalidad de introducción de estupefacientes (N, N-dimetriltriptamina, DMT) al país. Doctor en Antropología Médica por la UNAM, Fundador del Instituto de Medicinas Tradicionales Aplicadas y Artesanías México-Perú, asiduo participante en la Cumbre Tajín, Lauro ha dedicado más de 35 años a la promoción de la práctica médica tradicional de la etnia quéchua-asháninka, a la cual pertenece, así como al estudio y la difusión de las formas de curación ancestrales endémicas a distintas regiones del continente.
—Yo soy practicante del modelo médico de nuestros pueblos originarios—cuenta Lauro desde el otro lado de la línea. Detrás de su voz, encerrado en un espacio angosto de probables paredes grises, flota un murmullo: la algarabía causada por otros presos que se comunican con el exterior.
—Tengo una preparación desde mis abuelos, el quechua es mi lengua materna, nací en un pueblo quechua, y por parte de mis abuelos tengo presencia en la selva, soy parte de una combinación de la selva y la sierra del Perú. En la selva peruana las principales plantas medicinales son la Ayahuasca (Banisteripsis capi) y la Chacruna (Psychotria viridis). En este modelo médico que practico, las plantas tienen un estatus divino, nosotros nos hemos dedicado a continuar con la tradición. En ese contexto es que utilizo el medicamento, que es el Ayahuasca. Eso ha sido el problema en el aeropuerto, no estoy enterado de lo que pasa porque la Ayahuasca es una planta maestra, dentro de la cosmovisión nuestra tiene un estatus muy importante, no cualquier persona puede tomarla ni hacer uso de ella. Así que me detienen 26 de Septiembre del año pasado y hasta el momento no me dan ningún tipo de solución y estoy encarcelado.
Saberes para la sobrevivencia
Siendo un muchacho de treinta y pocos años, becado y recién graduado como maestro en antropología por la Pontificia Universidad Católica del Perú, Lauro llegó a México en 1990 invitado a un congreso que se organizaba en el antiguo local de medicina, en el Centro Histórico de la capital mexicana.
Con ambiciosos proyectos para el estudio y la preservación de los métodos de medicina prehispánica, Lauro decidió quedarse en México a continuar sus estudios de doctorado y, como apoyo económico a estos, a cambio de un almuerzo o una propina, practicó distintas técnicas de curación tradicional a docentes y alumnos de la universidad en los recesos entre clases.
La fatalidad, o una misteriosa suerte disfrazada de ella, pasados más de 30 años de la época en que realizaba limpias a miembros de la comunidad universitaria, obligan hoy al médico tradicional Lauro Hinostroza a utilizar de nuevo sus manos y saberes, bajo condiciones ya no solo adversas sino hostiles, como vehículo de supervivencia y sustento.
Las improbables posibilidades en el bolsillo del curandero para mantener los servicios de apoyo jurídico no público, así como los descalabros diarios de la vida en calabozo entre rufianes y gendarmes de colmillo afilado, han orillado a Lauro a pasar sus días y meses de encierro curando, limpiando, y diagnosticando a otros reclusos a cambio de escuetos apoyos que le permiten sobrellevar las peripecias y la incertidumbre de una libertad que pareciera desmarcarse a cada paso.
No es el único caso
No es Lauro, sin embargo, el único indígena promotor de medicina tradicional que permanece tras las rejas debido a su práctica médica. A inicios del presente año, acusados de portar alguna planta sagrada, al menos cuatro indígenas dedicados a la medicina ancestral permanecían privados de su libertad en prisión preventiva oficiosa en algún centro de reclusión en el país. Compañero de patio de Lauro en el Reclusorio Norte, por ejemplo, está El Taita Claudino Pérez Torres, indígena originario del Amazonas colombiano y miembro de la tribu Murui-Huitoto, detenido en el AICM en marzo del 2022 por portar ayahuasca y, preso en el Reclusorio Sur. Por la misma razón, se encuentra preso Eric Rosas de la Cruz, líder de la comunidad indígena Noke-koi, del Estado de Acre, Brasil. José Campos de 68 años, otro curandero de origen peruano, habitante de la región amazónica de Uyacali, quien fue detenido por portar ayahuasca a principios del año pasado, fue liberado el pasado mes de marzo después de un año en prisión y tras un histórico juicio donde obtuvo el veredicto de absolución. El común denominador, en todos los casos, la Ayahuasca.
Ayuahuasca, la planta por la que lo apresaron
El término Ayahuasca proviene de la lengua quechua y refiere al líquido resultante de la mezcla de una liana endémica del amazonas llamada Banisteriopsis caapi, así como a la propia liana. El uso de este brebaje se extiende por todo el noreste amazónico, en donde, desde hace al menos cientos de años, se utiliza por diversos pueblos y culturas indígenas de la región como instrumento de visión y sanación en contextos religiosos, médicos y ceremoniales. A través de distintos estudios etnográficos, la literatura científica ha referido que existen más de cinco mil recetas para preparar el brebaje y más de 200 plantas que pueden añadirse en este. Algunas de estas formas tradicionales de preparación, tanto por parte de culturas indígenas como por parte de religiones y cultos híbridos que desde principios del siglo anterior han utilizado a la Ayahuasca como sacramento, adicionan a la liana (Banisteriopsis caapi) las hojas de un arbusto llamado Chacruna (Psychotria viridis), las cuales contienen en sus propiedades químicas un alcaloide psicoactivo conocido como DMT (N, N-dimetriltriptamina). Esta última mezcla es la más extendida y la que ha ganado mayor popularidad en los usos ceremoniales y médicos de la Ayahuasca fuera de la región amazónica, aunque no necesariamente fuera de su techo cultural.
—La Ayahuasca no es la herramienta principal de nuestro modelo médico, se utiliza para preparar a los maestros, para que no agarren contagio emocional o espiritual, el Ayahuasca es una herramienta de diagnóstico, el maestro sacerdote lo toma para tener una visión clara: buen oído, tacto y sensibilidad, para captar qué tipo de enfermedad existe—, dice Lauro.
Los silencios que preceden sus palabras son cada vez más hondos, sugieren desasosiego, transmiten una sensación de incomprensión, como brazos que se frustran al dirigir una cubeta a un pozo de agua escasa, inexistente.
—Yo no entiendo por qué comienzan a detener a los curanderos, aquí conmigo está Claudino, un maestro colombiano, también maestro de Yagé, pues ellos, en Colombia, a la Ayahuasca le dicen Yagé. Estaba también Joselo, que felizmente ya salió hace un mes, estaba por la misma situación, por traer Ayahuasca. ¡Pero la Ayahuasca es una herramienta de curación!
Otra pausa larga, demasiado silenciosa, por un momento pienso que la señal telefónica se ha interrumpido, pero la voz de Lauro vuelve a sonar, otra vez, equilibrándose apenas entre la templanza y el quebranto.
—Por otro lado, me doy cuenta que afuera nosotros somos respetados, nos saludan, acá en la cárcel no hay ese respeto. Estoy recibiendo la peor humillación de mi vida como curandero, nunca, en ningún pueblo, he pasado tanta vejación, tanta situación de castigo. Es una experiencia terrible para mí y para otros maestros que están con la boca seca, inermes. Lo que decimos no vale, los estudios no sirven, nuestra lengua no vale.
Las circunstancias de Lauro y el resto de los curanderos presos evidencian la existencia de una brecha sin puente, una distancia que se pretendía salvada ya tiempo atrás: la disonancia y falta de entendimiento entre las cosmovisiones amerindias y la óptica de un mundo moderno que las mira tras sus anteojos, por encima, escéptico e incrédulo a sus percepciones del mundo.
La distinción farmacológica
A pesar de que de acuerdo a la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de las Naciones Unidas (JIFE), la Ayahuasca no esté catalogada como potencialmente peligrosa ni se encuentre sujeta a controles estrictos, el DMT (N, N-dimetriltriptamina), alcaloide psicoactivo contenido en algunas de las variantes del brebaje amazónico, se encuentra fiscalizado en la Lista 1 de la Convención de Naciones Unidas sobre Sustancias Psicotrópicas de 1971, así como en la Ley General de Salud. Sin embargo, según la Fundación ICEERS (anacrónimo en inglés para el International Center for Ethnobotanical Education, Research, and Service) organización civil dedicada a la promoción de la investigación científica de plantas con propiedades medicinales para su uso en terapias y desarrollo personal, el DMT, en su origen vegetal y no sintético, no está contemplado dentro de la fiscalización.
“Lo que nosotros argumentamos es que hay una distinción farmacológica entre la DMT de origen sintética y la DMT de origen natural”, dice Jesús Alonso Olamendi, abogado miembro de la Fundación ICEERS, quien ha apoyado las estrategias de defensa jurídica en el caso Lauro y los curanderos mencionados anteriormente.
La que está prohibida es la de origen sintética. Para afirmar esto nos basamos en dos argumentos, el primero es que las listas mexicanas se basan en los convenios internacionales, y que esos convenios internacionales, particularmente el de 1971, que es donde se ejercen medidas de control, hablan de sustancias sintéticas, además, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, el órgano que vigila el cumplimiento del tratado, ya ha señalado en dos ocasiones, en 2010 y 2012, que ninguna otra planta salvo por la adormidera de opio, la hoja de coca y el Cannabis, están sometidas a controles internacionales, y hace mención expresa de la Ayahuasca, señala que pese a que contiene DMT ni la Ayahuasca ni ninguna de las plantas con las que se elabora está bajo control. El segundo argumento por el cual señalamos dicha distinción farmacológica, es que la DMT la produce el ser humano de forma natural y se encuentra ampliamente en vegetales y en árboles, entonces pensar que el poder legislativo incluyó la DMT de origen natural sería un absurdo, porque entonces cada que alguien entra el país estaría cometiendo ese delito, porque todos tenemos DMT en el cuerpo, por eso señalamos la distinción entre DMT sintético y DMT de origen natural”
La aparente desarticulación entre la conceptualización química del brebaje Amazónico en el proceso jurídico nacional que atraviesa el curandero peruano y la contemplada por algunos de los acuerdos internacionales entorno al uso de sustancias psicotrópicas, no es, sin embargo, el único elemento de debate en el caso de los curanderos presos. La discusión está además inserta en un marco más amplio, aquel de lo cultural. El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) del cual México forma parte, especifica la necesidad de respetar los usos y costumbres de los pueblos originarios, incluyendo en estos usos y costumbres, afirma también Jesús, la práctica de su medicina tradicional. El uso y tránsito del brebaje conocido como Ayahuasca por parte de médicos tradicionales, orientado hacia dichos propósitos, no podría, por tanto, asociarse meramente al delito contra la salud en la modalidad de introducción de estupefacientes, reduciéndolo con esto a una cuestión únicamente farmacológica, sin tropezar, de nuevo, con este ambiguo territorio de desencuentro entre ambas realidades culturales. Frente a una mirada se aparece un medicamento, frente a la otra una sustancia prohibida.
El medio ecológico adecuado
—He tratado de entender el modelo médico de nuestros pueblos originarios. Es un modelo médico que tiene una base filosófica propia, y que además de tener medicamentos y formas de diagnóstico, tiene agentes de salud muy bien preparados. En él la enfermedad se concibe como un desbalance. El hombre, la tierra, los elementos de la naturaleza, las aves, todos enferman. Entonces si ese desbalance se da, lo que hacemos los curanderos es organizar ese desbalance—, dice al teléfono Lauro.
Conforme se adentra en la descripción de la medicina que practica, su palabras restablecen lentamente, de manera casi fortuita, una paz perdida. El murmullo de los reos detrás de su voz parece apagarse, la hora de llamadas amenaza con llegar a su fin.
—En México se encuentran dos grandes civilizaciones, la Mexica-Azteca, síntesis de otras culturas, y la Maya. En el Perú, capital del gran Tahuantinsuyo inca existe también una gran civilización. Estas civilizaciones que abarcaron todo Mesoamérica y todo América del sur, comparten muchas de las herencias del modelo médico. El pilar de nuestro modelo médico es la complementariedad de los opuestos y la curación es, entonces, complementar los opuestos y buscar el equilibrio. Lo interesante de nuestro modelo médico, el de las civilizaciones americanas, llámese Mexica, Maya, Inca, es que lo organizaron con un referente muy especial, que es el medio ecológico. Muchas de las técnicas para la curación son parte del medio ecológico, por eso digo que todo este modelo médico va a existir mientras existe el medio ecológico adecuado.
La relación con la Marina
Desde febrero del 2022, la Secretaría de Marina tomó el custodio del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Es alrededor de esta fecha que comenzaron a darse los casos de prisión preventiva oficiosa a médicos tradicionales que transportan consigo plantas de uso médico-ritual como la Ayahuasca. Según Jesús, podría haber una relación directa entre estos dos sucesos.
“No sabemos si esto explica los arrestos que comienzan a partir de marzo, pero casualmente coincide con eso —dice el abogado Olamendi—. Antes de ello no habíamos tenido ningún caso, una que otra confiscación pero nada que escalara a un tema penal”
Mas de 180 días ha pasado Lauro Hinostroza, doctor en antropología y médico tradicional de origen peruano, tras las rejas del Reclusorio Norte. Desde ese entonces su nombre ha sido mentado en la prensa y su imagen ha aparecido en las conferencias de Palacio Nacional. Su situación, sin embargo, su derrotero, parece carecer de la mínima certeza y orientación. Su libertad es a veces una posibilidad y a veces una quimera. La voz que llega del otro lado del teléfono, amaga una vez más con romper su entereza. Alguien lo llama, la conversación ha durado ya casi una hora, tenemos que colgar.
Lauro Hinostroza durante una ceremonia tradicional. Foto: Facebook Lauro Hinostroza
Este texto fue publicado originalmente por Pie de Página y lo reproducimos como parte la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. Puedes leer el texto original en este enlace.
