Elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) y de La Marina detuvieron este miércoles a siete agentes de la Policía Estatal y dos de la Policía Municipal por su presunta participación en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa la noche del 26 y la madrugada 27 de septiembre del 2014, en Iguala.
Entre los siete agentes estatales detenidos están Juan «N», Noel «N», Pablo «N», Ramiro «N» y Lorenzo «N», a quienes habrían detenido en las instalaciones de la Universidad Policial del Estado (Unipol), al norte de Chilpancingo.
La información extraoficial menciona que los agentes estatales fueron citados para recibir un taller de capacitación en las instalaciones de la Unipol, donde, en realidad, fueron entregados por su comandante a los agentes de la FGR y de La Marina.
En tanto los dos policías preventivos fueron detenidos en Iguala este mismo miércoles.
En un breve comunicado, la Secretaría de Seguridad Pública del estado (SSP), confirmó la detención de los nueve agentes de seguridad.
«La SSP informa que coadyuvó con la FGR y la Secretaría de Marina en el cumplimiento de una orden de aprensión en contra de nueve servidores públicos por su presunta responsabilidad en la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, en septiembre de 2014», se lee en el comunicado de la SSP.
Los agentes Ramiro y Lorenzo, de acuerdo con una investigación del medio de comunicación Corriente Alterna, estarían implicados en la tortura y asesinato del estudiante de Ayotzinapa, Julio César Mondragón Fontes, El Chilango.
Este reportaje expone que la FGR, a través de la Unidad Especializada en Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa (UEILCA), desde agosto del 2022 emitió una orden de aprensión contra Ramiro Alvarado Sánchez, alias La Minsa y Lorenzo Bello Hernández, conocido como Comandante Pérez, dos de los nueve detenidos este miércoles.
«Basado en declaraciones de un testigo protegido, indica que un presunto miembro de Guerreros Unidos presenció la tortura y asesinato de Julio César Mondragón Fontes a manos de tres policías estatales conocidos como El Gallo, el Comandante Peréz y La Minsa», se lee en la investigación de Corriente Alterna escrita por los periodistas Iván Ortíz y Fernando González.
El normalista Julio César Mondragón fue torturado y asesinado en los primeros minutos del 27 de septiembre del 2014.
El informe de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj), presentado en agosto del 2022, establece que Julio César fue desollado por un integrante del grupo del crimen organizado Guerreros Unidos (GU) y un elemento de seguridad apodado La Minsa que, de acuerdo con la versión de Corriente Alterna, se trata de Ramiro Alvarado Sánchez, uno de los detenidos de hoy.
El cadáver de Julio César Mondragón fue hallado la mañana siguiente en la ciudad industrial, cerca de las instalaciones del C-4, en Iguala, la causa de muerte fue dolor por la tortura a la que fue sometido.
La llamada verdad histórica del entonces procurador de la República, Jesús Murillo Karam, presentada en noviembre del 2014, indica que el desollamiento de Julio César fue producto de la fauna silvestre.
Otra línea de investigación de las autoridades actuales es que el celular de Julio César Mondragón tuvo actividad días después de los hechos del 26 y 27 de septiembre del 2014.
El informe de la Covaj señala que la entonces Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) halló información sobre la utilización del dispositivo de este estudiante, después del 30 de septiembre de 2014 l, en instalaciones militares.
De esa línea de investigación la llamada verdad histórica no aportó más datos ni el actual informe de la Covaj.
Elementos de la Marina fuera del edificio de la delegación de la Fiscalía General de la República (FGR), en Chilpancingo, después de la detención de nueve policías presuntamente implicados en el caso Ayotzinapa. Foto: Oscar Guerrero
El general Guillermo Aguilar jugó un papel importante en la compra ilícita de los fusiles alemanes G36, usados por policías en la noche de Iguala. Y también operó en contra de una investigación profunda del grupo de expertos GIEI como consejero del entonces titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, de acuerdo con lo revelado por #GuacamayaLeaks
Texto: Wolf-Dieter Vogel / Pie de Página
Foto: Diwa film
29 de noviembre del 2022
El general Humberto Alfonso Guillermo Aguilar tenía muy claro cómo hay que manejar el asunto: “Se estima que la tarea del GIEI ya se cumplió, y su permanencia no conduciría a ningún avance, convirtiéndose en un obstáculo para la PGR”, escribió el militar jubilado al entonces titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Salvador Cienfuegos Zepeda. Eso fue al 17 de abril de 2016, 19 meses después de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa en Iguala en septiembre de 2014. El general Aguilar apoyó al mando más alto del Ejército como consejero en el trato de este crimen. Así lo revelan correos electrónicos de la Sedena que recientemente fueron hackeados por la organización Guacamaya.
El GIEI, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, era en este momento, en abril 2016, blanco de una fuerte campaña mediática con el fin de acabar con sus investigaciones, que trabajaba gracias a las demandas de los familiares de los desaparecidos por su desconfianza ante la entonces Procuraduría general de la República (PGR) y otras autoridades. Aguilar se mostró convencido: Hay que seguir con esta campaña mediática, recomendó a Cienfuegos, y “continuar solucionando el caso Iguala sin la intervención de personas ajenas, provenientes de otros países”. Unos días más tarde, el 30 de abril, el GIEI salió de México por decisión del gobierno. No se extendió el mandato. No es sorpresivo que esta decisión le parecía bien a Aguilar: “Sin la presencia de GIEI, el personal de la PGR podrá trabajar de manera más eficaz”.
Obviamente el militar de alto rango estaba interesado en no profundizar las investigaciones, para eliminar alguna sospecha contra su misma institución. Explicó que “ya se ha demostrado repetidas veces, de manera fehaciente, que nunca hubo participación” del 27/o Batallón de Infantería en Iguala. Hoy sabemos, sin embargo, que no es así: los militares por lo menos estuvieron informados antes, mientras y después de la desaparición de los jóvenes y estuvieron involucrado en cierta forma en el crimen. Revelar eso no fue en el interés de Aguilar, y tampoco del exsecretario Cienfuegos, quien fue acusado por autoridades de EEUU por su posible cooperación con el narcotráfico.
Además después de la presentación del informe de los expertos internacionales en abril 2016 el general insistió en que el quinto autobús “no tiene la importancia que el GIEI pretende darle”. El grupo había revelado que es posible que este autobús llevó heroína para transportarla a EEUU. “El quinto autobús no conduce a la recuperación de los desaparecidos”, escribió Aguilar. Podría haber tenido razón, pero sin duda la carga hubiera explicado la reacción tan brutal y el involucramiento de la delincuencia organizada, policías de distintos niveles y el Ejército en el crimen. El militar propuso que habría que “aprovechar la escisión que se está presentando” entre el abogado Vidulfo Rosales del Centro de Derechos Humanos guerrerense Tlachinollan y los padres de Ayotzinapa.
Finalmente no todas las recomendaciones de Aguilar se realizaron. Sin embargo es interesante como él se esfuerza en evitar investigaciones más profundas, ya que el militar que se jubiló tiene una carrera bastante larga en el Ejército. Fue jefe del Estado Mayor, oficial Mayor, subsecretario de la Sedena y comandante de varias entidades del Ejército, por ejemplo de la 36/o Zona Militar en Chiapas, donde formó parte de la Operación Arcoíris de rastreo y exterminio contra el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
Armas usadas en Iguala
Pero sus huellas también se encuentran directamente en Iguala. Aguilar fue el responsable mexicano para la compra de las armas alemanas G36 de la empresa Heckler&Koch (HK) entre 2006 y 2009, que también llegaron a Guerrero. En este periodo la Sedena compró miles de estos fusiles de asalto con la condición de no ser llevados a cuatro estados: Chiapas, Chihuahua, Jalisco y Guerrero. Así lo demandaron las autoridades alemanas, y así lo confirmó la Dirección de Comercialización de Armamento y Municiones (DCAM) de la Sedena, concretamente Guillermo Aguilar, porque la institución, la única en México que puede importar armas, estaba en ese entonces al cargo de él.
La misma Sedena confirmó años después que 4 mil 796 de las 9 mil 652 armas largas suministradas a México en total llegaron directamente a los cuatro estados, para los cuales la Oficina Federal de Exportación de Alemania no otorgó una autorización por las tremendas violaciones de derechos humanos en estas regiones. Para realizar los envíos, era necesario falsificar los documentos que se tenían que entregar a la autoridad alemana. Fusiles, que realmente fueron mandados por ejemplo a Chiapas, aparecieron en las listas de los llamadas constancias del usuario final en otro estado.
El año pasado el Tribunal Superior Federal de Alemania condenó a dos empleados y a la empresa misma por este negocio ilícito. Los acusados fueron sentenciados de manera condicionada a 17 y 22 meses de cárcel, Heckler & Koch tenía que pagar una multa de más de tres millones de euros (unos 60 millones de pesos). La contraparte del acuerdo, el general Aguilar, sigue impune hasta hoy. Ni se ha investigado el reproche del testigo principal Robert H., quien expresó en su primera audición ante la procuraduría que el encargado de la Sedena habría recibido por cada uno de los fusiles vendidos 25 dólares y por cada arma corta 20 dólares como soborno. Eso le habría dicho el representante de HK, explicó Robert H., quien fue el instructor para los mexicanos a la G36.
No se sabe cuántas personas perdieron la vida o fueron heridas por el uso de estas armas. Lo que sí se sabe es que según la Sedena mil 924 de los fusiles llegaron a Guerrero. Según los expedientes, enviaron 55 de ellas a Iguala, 38 fueron encontradas en la comisaría de la policía de Iguala después del crimen contra los estudiantes. Varios de estos fusiles fueron usados en la noche de Iguala. Hay índices muy serios que una de las G36 lesionó Aldo Gutiérrez Solano. La bala que dispararon en su cabeza destruyó 65 por ciento del cerebro del estudiante de Ayotzinapa y lo dejó en “estado vegetativo” hasta la fecha. Los responsables siguen impunes.
Este texto es propiedad de Pie de Página y lo reproducimos como parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. Puedes leer el original en este enlace.
El más reciente informe de la Comisión de la Verdad para el caso Ayotzinapa confirma que la desaparición de los 43 fue un crimen de Estado, en cuya resolución también se han registrado fallas institucionales que han impedido saber dónde están los jóvenes y que haya justicia.
Texto: Manu Ureste / Animal Político
Fotografía: Amílcar Juárez (Archivo)
19 de agosto del 2022
A casi ocho años del caso Ayotzinapa, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador dio a conocer este jueves nuevos detalles de la investigación sobre la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas el 26 y 27 de septiembre de 2014.
El gobierno admitió por primera vez de manera pública que todos los indicios apuntan a que los jóvenes fueron asesinados y desaparecidos por el crimen organizado, en contubernio —“por acción, omisión o negligencia”— con autoridades de los tres niveles de gobierno y el Ejército. “Fue un crimen de Estado”, subrayó el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas.
El informe de la Comisión de la Verdad también señala que omisiones del Ejército y de la justicia mexicana, así como la pérdida de numerosos testigos clave, han impedido la resolución del caso.
Todas las autoridades sabían
Uno de los puntos clave que reitera el informe es que “todas las autoridades estaban informadas” de los movimientos de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa el día de su desaparición. Y cuando hace referencia a “todas las autoridades”, el documento puntualiza que se refiere a “Sedena, CISEN, Policía Federal Preventiva, gobierno de Guerrero, Policía Estatal y policías municipales”.
El informe expone que todas esas autoridades sabían de la toma de camiones que realizaron los estudiantes con la intención de viajar a la Ciudad de México a la marcha del 2 de octubre; sabían también del traslado de los estudiantes a Iguala, Guerrero; de su llegada al Rancho del Cura, a la caseta de la autopista a Cuernavaca y a la Central de Autobuses, así como de los hechos de persecución y violencia que ocurrieron antes de la desaparición de los jóvenes.
“Esto acredita responsabilidades por acción, omisión o negligencia en las actuaciones gubernamentales al momento de presentarse los hechos de persecución, violencia y desaparición de los estudiantes en Iguala”, enfatiza el documento, que recalca que el Ejército y las autoridades gubernamentales de los tres niveles “fueron negligentes”. “Sus omisiones permitieron la desaparición de los estudiantes”.
El Ejército pudo salvarlos
Otro punto clave del informe refiere que el Ejército tenía a un informante al interior de la Normal de Ayotzinapa desde 2012 y que, a pesar de contar con información detallada de los movimientos de los jóvenes, los militares tampoco hicieron nada para evitar su desaparición.
Se trata del soldado Julio César López Patolzin, quien pertenecía al cuerpo de infantería del Ejército desde el 16 de enero de 2009, en el 50 Batallón de Infantería de Chilpancingo.
“Tenía que dar seguimiento a las marchas, mítines y a cualquier movimiento que los estudiantes realizaban en el estado de Guerrero o fuera de la entidad, y detectar vínculos con integrantes de grupos subversivos, grupos de delincuencia organizada y todo movimiento que pusiera en riesgo la seguridad interior y la seguridad nacional”, dice el informe.
El soldado López Patolzin reportaba directamente al teniente de infantería Francisco Macías Barbosa, del 27 Batallón de Infantería.
El militar elaboró un informe en el que contó a sus superiores del plan de los estudiantes de asistir el 2 de octubre de 2014 a la CDMX a bordo de autobuses. Sin embargo, su último reporte fue el 26 de septiembre del 2014, alrededor de las 10:00 de la mañana, tan solo horas antes de la desaparición de los estudiantes.
El soldado López Patolzin también desapareció junto a los normalistas, sin que a la fecha se tenga noticias de qué le sucedió. El Ejército no lo buscó, tal como es su obligación, de acuerdo con el Protocolo para Militares Desaparecidos. De haberlo buscado y encontrado, también se pudo haber evitado “la desaparición y el asesinato de los estudiantes”, subrayó Encinas.
Testigos fallecidos o asesinados
Un elemento clave que ha entorpecido la investigación del caso Ayotzinapa, a casi ocho años del suceso, ha sido la pérdida de múltiples testigos.
El informe de la Comisión de la Verdad revela que, desde 2014 a la fecha, han fallecido o han sido asesinadas 26 personas clave para obtener información sobre la desaparición de los 43 normalistas. De esas 26 personas, 14 pertenecían al grupo delictivo Guerreros Unidos, implicado en las desapariciones. Tres son familiares de integrantes de Guerreros Unidos, dos son integrantes de otro grupo —Gente Nueva— y siete son testigos involucrados, entre ellos activistas, funcionarios y policías.
Entre los testigos muertos se encuentran personajes fundamentales para la investigación del caso, como Mario Casarrubias Salgado, líder de Guerreros Unidos, quien había iniciado un proceso de colaboración con la Comisión de la Verdad. Las autoridades reportaron que falleció por COVID-19 en julio del año pasado.
Otra persona fallecida importante es Juan Salgado Guzmán, ‘el Indio’, quien era operador de Guerreros Unidos en la zona norte de Guerrero y el sur del Estado de México. En su caso, el informe señala directamente su muerte como una “ejecución” por parte de elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) durante un operativo fallido en Metepec, Estado de México.
“El 22 de septiembre de 2021 inició un fallido operativo para su captura que derivó en un enfrentamiento, en el que se registraron diversas irregularidades, falta de planeación, personal no acreditado, y un uso desmedido de la fuerza, donde, una vez sometido, Salgado Guzmán fue ejecutado”, refiere el informe.
“Un elemento de la policía ministerial dio la orden de ‘tirar’, aun cuando Salgado Guzmán se encontraba herido y sometido. El resultado de la autopsia señala que el occiso presentó 23 lesiones provocadas por armas de fuego”.
Tomás Zerón da largas
El subsecretario Encinas informó que las autoridades de México mantuvieron los días 16 y 17 de febrero de este año un encuentro con Tomás Zerón, el exdirector de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), quien está prófugo de la justicia mexicana en Tel Aviv, Israel.
A Zerón, quien fuera el investigador del caso Ayotzinapa durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, se le acusa de tortura de varios testigos, desaparición forzada y de delitos contra la administración de justicia.
Según reveló Encinas, la FGR le ofreció a Zerón un “criterio de oportunidad”, es decir, la posibilidad de que se abstuviera de ejercer acción penal en su contra, a cambio de que proporcionara información relevante del caso o de otros posibles implicados. Sin embargo, Zerón rechazó la oferta.
La justicia, otro obstáculo
El informe, además, señala que la “fragmentación” de los procesos judiciales en contra de personas implicadas en el caso Ayotzinapa ha sido otro obstáculo, pues se establecieron “criterios discrecionales y diferenciados de los jueces en la interpretación de los hechos y de la ley, y propició trabas burocráticas y administrativas, prolongando los procesos, en demérito de los derechos de las víctimas”.
A la fecha se contabilizan al menos 28 causas penales iniciadas ante el Poder Judicial de la Federación, de las cuales 10 están abiertas en juzgados de Tamaulipas, cinco en el Estado de México, cinco en Guerrero, cuatro en la Ciudad de México, una en Colima, una en Morelos y una en Querétaro.
“La falta de unificación en los procesos penales, en sí misma, es un obstáculo para el acceso a la justicia. Frente a ello, los padres y madres de los estudiantes han demandado a la Suprema Corte de Justicia establecer una jurisdicción única, demanda que no ha sido atendida”, apunta el informe.
El documento también destaca que el juez Samuel Ventura Ramos, del Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales en Tamaulipas, liberó hasta a 77 presuntos responsables de la desaparición por haber sido torturados por distintas autoridades. Pero lo hizo sin dar vista al Ministerio Público, ni señalar e investigar a quienes realizaron la tortura.
Este juez también liberó a Xóchitl “N”, quien fungía como radiooperadora en el C4 en Iguala la noche de los hechos, argumentando que no había prueba de cargo para vincularla a proceso.
“La verdad histórica alteró los hechos”
Encinas denunció también que la llamada “verdad histórica” entorpeció la búsqueda de los jóvenes y generó vicios en la investigación de las autoridades.
El 28 de enero de 2015, el entonces titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, aseguró que la “verdad histórica” es que los 43 normalistas “fueron privados de la vida, incinerados y sus cenizas arrojadas al Río San Juan, en Cocula”.
Sin embargo, el nuevo informe refuta esta versión, asegurando, por ejemplo, que los jóvenes “nunca estuvieron en Cocula”.
“La ‘verdad histórica’ fue revestida de acciones institucionales y estrategias de comunicación que tenían como finalidad el cierre de las investigaciones y por tanto dar una resolución sobre el caso”, señala el documento.
Otros puntos que refuta el nuevo informe son que, de acuerdo con la “verdad histórica”, los estudiantes iban a boicotear el informe de labores de María de los Ángeles Pineda Villa, entonces presidenta del DIF y esposa del alcalde José Luis Abarca. Según la información actual que recaba el informe, los estudiantes iban a tomar autobuses para trasladarse a la CDMX el 2 de octubre.
Según la “verdad histórica”, integrantes de Guerreros Unidos incineraron a los jóvenes en el basurero de Cocula, por tratarse de supuestos integrantes del grupo contrario, Los Rojos. Según el nuevo informe, las instrucciones originales eran quemar a los estudiantes, pero al ser muchos decidieron repartírselos, por lo que ‘el Chuky’ (sicario de Guerreros Unidos) les metió “machete” y los metieron en bolsas para que cada grupo se deshiciera de ellos como quisiera.
Sin indicios de vida
El subsecretario de Gobernación también expuso que todos los testimonios y las evidencias apuntan a que los jóvenes fueron asesinados y luego desaparecidos.
“No hay indicio alguno de que los estudiantes se encuentren con vida; por el contrario, todos los testimonios y evidencias acreditan que estos fueron arteramente ultimados y desaparecidos”, dijo.
A casi ocho años del suceso, solo se han podido identificar los restos de tres de los 43 normalistas desaparecidos.
Con la marcha del día de hoy las madres y padres de los 43 culminaron las actividades de la jornada de lucha en el estado de Guerrero, a partir del lunes 13 las manifestaciones serán en la Ciudad de México y culminarán con una marcha en la capital del país el próximo domingo 19 de junio.
Texto: José Miguel Sánchez
Fotografía: Amílcar Juárez
12 de junio de 2022
Chilpancingo
Al culminar aquí en Chilpancingo la jornada de lucha 26 de Septiembre no se Olvida, los padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala reiteraron en acusar al presidente Andrés Manuel López Obrador de proteger al Ejército de su responsabilidad de estos hechos de Iguala ocurridos casi ocho años.
Este domingo la protesta de los padres y madres, así como los estudiantes empezó en el punto conocido como El Caballito, al norte de la ciudad, y cruzó por las avenidas principales de Chilpancingo.
Durante el trayecto los manifestantes gritaron «¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!».
La marcha terminó en el antimonumento, ubicado en el monumento a las banderas, al sur de la capital, con un mitin donde los oradores exigieron al gobierno federal dar con el paradero de los 43 estudiantes, que el Ejército y la Marina abran sus archivos y castigo a los culpables del caso Ayotzinapa.
“No podemos aceptar otra verdad histórica, el Ejército y la Marina planean engañarnos, pero no nos vamos a dejar, no abandonaremos esta lucha hasta saber verdaderamente donde están nuestros hijos, nosotros no olvidamos y no perdonamos”, mencionó durante su participación Cristina Bautista, madre de Benjamín Ascencio Bautista, uno de los 43 desaparecidos.
Padres y madres de los 43 exigen castigo a los culpables
El pasado 28 de marzo el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) presentó su tercer informe del caso Ayotzinapa, donde se reveló la participación de la Marina y del Ejército en los hechos ocurridos la madrugada del 26 de septiembre de 2014.
Por ese motivo las madres y padres de los 43 normalistas exigen a las fuerzas armadas abrir sus archivos y expedientes para conocer sus implicaciones en el caso y castigar a los responsables.
De acuerdo con lo dijeron los padres durante el mitin existe un testigo protegido que asegura que 25 estudiantes de los 43 estuvieron en el 27 batallón de infantería horas antes de ser desaparecidos por la Policía Municipal y civiles armados.
Además de que los elementos de la Marina estuvieron en el basurero de Cocula, lugar donde de acuerdo con la verdad histórica fueron asesinados e incinerados los 43 estudiantes.
“A más de siete años que desaparecieron a nuestros hijos ningún gobierno da una solución, pedimos que dejen de engañarnos con su verdad histórica, queremos juicio para Enrique Peña Nieto y para (el ex gobernador perredista de Guerrero) Ángel Aguirre”, dijo otro de los padres.
Con la marcha del día de hoy las madres y padres de los 43 culminaron las actividades de la jornada de lucha en el estado de Guerrero, a partir del lunes 13 las manifestaciones serán en la Ciudad de México y culminará con una marcha en la capital del país el próximo domingo 19 de junio.
En la marcha, que comenzó a las once de la mañana, participaron alrededor de 500 personas, entre padres de los 43, estudiantes de Ayotzinapa y de distintas normales del país, organizaciones sociales y colectivos de personas desaparecidas.
Los oradores de las distintas organizaciones como la Coordinadora Estatal de la Educación Guerrero (CETEG), de la Coordinadora Nacional de Comités Ciudadanos, del Frente de Defensa Popular Francisco Villa (FDP) y del comité del 60, coincidieron en que a tres años y seis meses del gobierno de Andrés Manuel López Obrador no hay garantías de justicia y seestá encubriendo a las fuerzas armadas.
La marcha fue pacífica y después del pase de lista a los 43 estudiantes desaparecidos los manifestantes entonaron el himno Venceremos y se retiraron en los 14 autobuses en los que llegaron a esta capital desde la mañana de este domingo.
“Nos queda claro a estas alturas que a siete años y seis meses de la busqueda de nuestros hijos, los poderosos han jugado con nuestras esperanzas, nos han mentido sin contemplación mirándonos a los ojos»
Texto: José Miguel Sánchez Fotografía: 2 de marzo de 2022 Chilpancingo
Madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinpa denunciaron que el Estado continúa mintiendoles y solapando a las fuerzas armadas.
Mediante un pronunciamiento que hicieron público, las madres y padres de los 43, respecto al tercer informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), donde se dio a conocer la participación de la Secretaría de Marina (Semar), dijeron que las autoridades continúan mintiendo sobre el caso.
«A las Madres y Padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa nos queda claro a estas alturas que a siete años y seis meses de la busqueda de nuestros hijos los poderosos han jugado con nuestras esperanzas, nos han mentido sin contemplación mirándonos a los ojos», se lee en el comunicado.
Tambien dijeron estar preocupados por el actuar del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que por un lado dice tener la volutad política para aclarar el caso, pero mantenga en la impunidad al secretario de la marina, Rafael Ojeda Durán, quien fue comandante de la Octava Región Naval de Acapulco en el momento que se presentaron los hechos en Iguala.
A pesar de que la investigación del GIEI expuso que todos los niveles de seguridad en la entidad estuvieron monitoreando los hechos la noche del 26 de septiembre.
Denunciaon que la Sedena y la Fiscalía General de la República (FGR) siguen sin abrir todos sus archivos y expedientes de los hechos ocurridos en Iguala y los implicados en las tomas de decisión de aquella noche están fuera del alcance de la Ley.
Reprocharon a la Semar que haya tardado ocho años en entregar los vídeos donde se ve como elementos de esa corporación manipulan la escena del crimen en el basurero de Cocula.
Las madres y padres de los 43 dijeron que van a continuar con las actividades para exigir la aparición con vida de sus hijos.
«El que miente una vez miente varias veces y el gobierno nos ha demostrado que sólo se sirve para sí mismo y no para dar justicia al pueblo», finaliza el comunicado.
Ángela María Buitrago, la exfiscal colombiana integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, dice en entrevista con Momentum que autoridades civiles y militares tuvieron informes que pudieron conducirles a los lugares en los que estuvieron los 43 estudiantes horas después de su desaparición
Texto: Pie de Página
Fotografía: José Luis de la Cruz (Archivo)
30 de marzo de 2022
El acceso a documentos que mantuvieron bajo reserva Ejército y Marina durante siete años ha dejado constancia de que, en su momento, autoridades civiles y militares tuvieron información que pudo haberlos conducido a los sitios a los que fueron trasladados los 43 estudiantes de la normal Isidro Burgos.
El día después de haber presentado un tercer informe del caso Ayotzinapa, Angela María Buitrago, exfiscal colombiana e integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), ha ofrecido un larga entrevista a los periodistas Ernesto Ledesma y Alberto Nájar, en el programa Momentum, de Rompeviento TV y Pie de Página.
“Es un camino que apenas comienza, sabiendo que había información desde hace siete años que podía conducir a lugares o los lugares a donde fueron llevados [los estudiantes]. Desde ahí, la conclusión categórica es que esto incide en paradero, incide en autoridades, incide en responsables, incide en acciones”, ha declarado Buitrago.
En esta tercera vuelta, el GIEI hizo revelaciones que colocan al Estado mexicano en una encrucijada. La más notable de ellas da cuenta de la participación activa de elementos de la Marina, quienes no solo parecen haber manipulado uno de los escenarios del crimen, sino que tomaron parte en detenciones y torturas.
“Esto nos lleva indiscutiblemente a que nosotros empecemos a preguntar qué otras actividades hizo la Marina”, dijo Buitrago.
La integrante del GIEI ha sugerido durante la entrevista que el futuro de la información que se ha llegado a conocer, aunque tardío, permitirá revelar elementos fundamentales en una investigación de enorme complejidad como esta.
“En el punto fundamental de cómo cambia [el curso de la investigación] diría que incide en los bueno, incide en lo malo y desde ese punto de vista, si nosotros llegáramos a saber en esa incidencia, por ejemplo lo que a sabemos, que hay comunicaciones en donde el crimen organizado directamente estaba diciendo que tiene a los muchachos en un lugar, pues es una incidencia que debía haber salido hace siete años, porque también da pistas sobre los comportamientos desplegados, los partícipes, los lugares donde fueron llevados los estudiantes, que se ignoraron durante la investigación desde hace siete años”.
La incidencia negativa, añade Buitrago, radica en la “simulación, ocultamiento, desviación, que también incide en los resultados de la investigación y que hacían parte de la desaparición y de un delito de ejecución permanente como tal”.
Ledesma y Nájar formulan una pregunta obligada: hasta dónde llega la cadena de mando en la trama de la desaparición.
“En esta clase de delitos de lesa humanidad-responde Buitrago, llega hasta el máximo ente y jerarquía. En esta investigación de graves violaciones a los derechos humanos, debe investigarse a todos los que participaron, omitieron, conocieron y realizaron acciones. Desde ese punto de vista, podría contestar que hay que hacer las investigaciones con respecto a todos, sin excluir ni siquiera a las cabezas de gobierno”.
Este texto es propiedad de Pie de Página y lo reproducimos como parte de la Alianza de medios de la Red de Periodistas de a Pie
