Padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa argumentaron que en el gobierno de AMLO «no obtuvieron verdad ni justicia», por lo que esperan obtener resultados con la nueva administración de Claudia Sheinbaum.
Por: Redacción Animal Político
Foto: Saherenii Guzmán
27 de agosto del 2024
Las esperanzas de los padres de 43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa se esfumaron al no encontrar respuestas con el presidente, Andrés Manuel López Obrador, pues a pesar de que les informaron de un par de detenciones, salieron decepcionados de Palacio Nacional y “terminaron mal” por lo que esperan que con Claudia Sheinbaum haya una verdad histórica.
Vidulfo Rosales, abogado y activista, señaló que no existen condiciones para que antes del 1 de octubre se reúnan con el presidente, pues solo existen confrontaciones al no seguir con informes y avances que quedaron hasta 2021.
“La posición de los padres es que hoy es la última reunión. Nosotros no vemos condiciones para una próxima, el presidente coincidió también en que sólo son confrontaciones, ‘si ustedes ya no quieren que nos reunamos, no nos reunimos”, mencionó Rosales.
Al salir de Palacio Nacional, Joaquina García, familiar de uno de los normalistas, dijo que durante este sexenio tampoco hubo verdad ni justicia y denunció la falta de entrega de documentos militares.
“Nos dio una esperanza muy grande, muy bonita. Sentimos que íbamos a llegar a la verdad porque fue una promesa de un decreto que firmó, pero lamentablemente no fue así, vamos a seguir en esta lucha. Es un sabor amargo, pero aquí vamos a seguir,” dijo.
Rosales señaló que con la próxima presidenta, Claudia Sheinbaum, esperan que se pueda reconstruir el diálogo y reencauzar la investigación del caso para que se tracen nuevas rutas que lleve a líneas importantes.
Aseguró que ya preparan una serie de protestas a 10 años de la desaparición de los estudiantes que se conmemoran el próximo 26 de septiembre, por lo que se espera que se integren varios colectivos y activistas como parte de la jornada de lucha.
SRE dice que existe disposición de Israel para extraditar a Tomás Zerón
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que estableció comunicación con el gobierno de Israel para extraditar al extitular de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón de Lucio.
En un comunicado, la dependencia señalo que existe disposición por parte del gobierno de aquel país a pesar de que se encuentra en medio de un conflicto armado.
Aclaró que también buscan la extradición de José Ulises Bernabé y Abraham Eslava Arvizu.
El primero es prófugo de la justicia en Estados Unidos y se desempeñó como juez de barandilla en la base de la Policía Municipal de Iguala.
Eslava Arvizu era integrante de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada y es acusado del delito de tortura en contra de un miembro de Guerreros Unidos.
Detienen a integrante de Guerreros Unidos, personaje clave caso Ayotzinapa
El abogado de los 43 normalistas informó que les notificaron la detención de Marco Antonio “N” alias “La Pompi” quien fue detenido este día.
“Es Marco Antonio Ríos Berber uno de los implicados del principio del caso, de Guerreros Unidos, es una persona muy importante que si se le jala ese hilo a la investigación puede llevarnos a datos importantes”, afirmó el abogado.
El entonces subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, presentó un informe el pasado 27 de septiembre del año pasado, en donde destacó que la comisión a su cargo estableció que los estudiantes fueron víctimas de desaparición forzada y entregados a tres grupos criminales.
En ese informe, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) tuvo un testigo clave: Marco Antonio “N” alias “La Pompi” quien en sus mensajes de texto advirtió estar presente cuando ocurrió la tortura y asesinato de al menos seis estudiantes.
Este texto es original de Animal Político y es reproducido con su autorización. Puedes leer la nota original aquí.
El abogado de los familiares de Ayotzinapa indicó que la próxima reunión será una vez que Sheinbaum asuma la presidencia.
Texto: Animal Político
Foto: Archivo Amapola Periodismo
19 de junio de 2024
Los padres de los 43 normalistas desaparecidos en Guerrero y la presidenta virtual electa, Claudia Sheinbaum, acordaron este lunes sostener otra reunión cuando asuma la presidencia para definir un mecanismo para darle seguimiento a la búsqueda de la verdad en el caso Ayotzinapa, de acuerdo con el abogado de las familias y la morenista, quien agregó que no se le va a olvidar este caso.
“Quedamos de seguirnos reuniendo, que no se nos va a olvidar el caso de Ayotzinapa y que vamos a seguir trabajando con ellos y vamos a encontrar un método de trabajo que nos permita lo que están pidiendo ellos que es verdad, justicia y dónde están (los normalistas)”, dijo Sheinbaum a la prensa tras salir del encuentro.
A este acuerdo se llegó luego de una reunión que tuvieron los padres de los normalistas y Sheinbaum en el Museo de Ciudad de México luego de un encuentro previo con el presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional.
“Nos vamos a seguir reuniendo”, agregó la virtual presidenta electa al aclarar que aún no hay fechas para otra reunión con los padres de los 43 normalistas.
Sheinbaum se compromete a seguir trabajando caso Ayotzinapa
La exjefa de Gobierno de Ciudad de México dijo que comentó a los padres de los normalistas desaparecidos en 2014 que ella aún no es la presidenta constitucional, pero que sí llegaron a “un acuerdo de seguir trabajando”.
“Seguirme reuniendo con ellos, seguir trabajando conjuntamente. En algunas cosas estaremos de acuerdo, en otras no, pero lo importante es que vayamos caminando juntos en la verdad”, expresó Sheinbaum.
La presidenta virtal electa añadió que las familias de los 43 normalistas tienen mucho dolor, “evidentemente son víctimas”, por lo que hay que hallar una forma de encontrar la verdad de lo sucedido en el caso Ayotzinapa.
Sheinbaum confirmó que en el encuentro estuvo acompañada por Rosa Icela Rodríguez, quien será su secretaria de Gobernación y quien actualmente se desempeña como secretaria de Seguridad en la administración de López Obrador. También la acompañó su próximo secretario particular, Carlos Augusto Morales López.
La futura presidenta dijo que los padres de los normalistas estuvieron “muy receptivos”.
Reunión de Sheinbaum con padres de normalistas, cuando asuma la presidencia
Por su parte, el abogado de los familiares de Ayotzinapa, Vidulfo Rosales, indicó que la próxima reunión será una vez que Sheinbaum asuma la presidencia. De acuerdo con el calendario oficial, Sheinbaum tomará protesta como presidenta de México el 1 de octubre de 2024.
De acuerdo con el abogado, Sheinbaum tuvo disposición con el caso y acordaron darle seguimiento y resolver las diferencias existentes con un “diálogo fluido”.
Rosales definió esta reunión con Sheinbaum como “un primer acercamiento, un saludo” al que llegaron con la solicitud general de que el caso Ayotzinapa ocupe un lugar central en el gobierno de Sheinbaum. “Ese es el compromiso”, dijo.
“No tenemos opciones necesitamos que la nueva presidenta se comprometa con el caso, que haya un diálogo fluido como ya lo acoramos ahorita, podemos tener diferencias pero es importante en la mesa poder dirimir esas diferencias y el que el caso camine, nosotros no queremos pelear”, comentó Rosales.
Al preguntarla si estaban satisfechos con el encuentro de este lunes con Sheinbaum, el abogado respondió que “con la reunión con la doctora Claudia sí”.
“Una reunión buena que tuvimos con la doctora Claudia, ella con mucha disposición (…) le vamos a dar seguimiento”, agregó.
El encuentro entre AMLO y los padres de los normalistas de Ayotzinapa
Los familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa se reunieron la mañana de este lunes 29 de julio con el presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional. Este nuevo encuentro estuvo marcado por el ‘enquistamiento’ de posturas acerca de la participación del Ejército en el caso.
Como ha venido sucediendo al menos durante el último año, el presidente volvió a defender que no hay pruebas que impliquen a las fuerzas armadas en la desaparición de los 43 jóvenes, como lo ha reiterado en sus conferencias mañaneras y en un informe por escrito que entregó a los padres la semana pasada.
Por su parte, los familiares de los estudiantes le volvieron a reclamar que no existan resultados claros, así como la falta de una investigación a fondo sobre la actuación de los militares la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, donde desaparecieron los normalistas.
“Probablemente las personas que atacaron no son ni estudiantes ni maestros”, agregó
Texto y foto: Alberto Ramírez
Martes 14 de mayo del 2024
El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dijo que el ataque de los estudiantes de Ayotzinapa con petardos contra el Palacio Nacional fue para provocar a su gobierno por parte de sus adversarios y que probablemente las personas que atacaron no son ni estudiantes ni maestros.
Esta mañana en la conferencia matutina, López Obrador aseguró que estos hechos son con el afán de provocar, para ver si su gobierno los reprime y, así, tener elementos para acusarlo de represor semanas antes de las elecciones.
Estudiantes de la normal de Ayotziapa en un mitin en el Congreso del Estado de Guerrero por el caso Yanqui Kothan, el 15 de marzo del 2024. Foto: Alberto Ramírez
También mencionó que varios de los policías, hombres y mujeres, resultaron heridos, pero que no fue grave y que están bien.
Aseguró que el Poder Judicial ya tomó partido a favor de la oposición y previó que impugnarán la decisión de haber liberado ayer lunes a ocho militares vinculados con el caso Ayotzinapa, quienes fueron apresados el año pasado.
La liberación de los militares provocó que ayer los estudiantes normalistas de Ayotzinapa se manifestaran en Palacio Nacional y lanzaran petardos.
López Obrador reiteró que el Ejército entregó toda la información referente al caso Ayotzinapa, pero que han utilizado una narrativa muy difundida de que el Ejército no quiere dar información.
Advirtieron que si la fiscal se queda exigirán la destitución de la gobernadora
Texto: Marlén Castro
Viernes 15 de marzo del 2024
Chilpancingo
“¿Cómo es posible que la gobernadora no puede remover (destituir dijo) a la fiscal?”, se preguntó un normalista de Ayotzinapa en la puerta del Congreso local, a donde unos 100 estudiantes protestaron este viernes, a ocho días del asesinato de su compañero Yanqui Kothan Gómez Peralta.
Este día los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, protestaron en el Congreso local para exigir a las diputadas y a los diputados locales que se concrete la remoción de la fiscal Sandra Luz Valdovinos Salmerón.
El estudiante que se refirió a este hecho en concreto advirtió que si la gobernadora no puede removerla, entonces exigirán la destitución de Evelyn Salgado Pineda, y pidió a la población que se una al movimiento para echar abajo a este gobierno.
Estudiantes normalistas de Ayoztinapa protestan en el Congreso del Estado para exigir la remoción de la fiscal Sandra Luz Valdovinos Salmerón, el 15 de marzo del 2024. Foto: Alberto Ramírez
Desde el viernes pasado que los normalistas comenzaron una jornada de lucha para exigir castigo a los culpables del asesinato de Yanqui Kothan, hay entre todos los estudiantes representantes de las 17 normales rurales del país, algunos ya estaban en la Normal de Ayotzinapa porque esos días celebraban el 98 aniversario de la creación de la institución.
En estos días de lucha, estas representaciones de las normales, afiliadas a la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM), forman parte de las protestas y plantean a nombre de todos los normalistas rurales sus exigencias.
Pintas realizadas por normalistas de Ayotzinapa afuera de las instalaciones del Congreso del Estado donde exigieron la remoción de la fiscal del estado
Un integrante de la FECSM dijo en el mitin de hoy en la puerta del Congreso que esa policía que actuó impunemente contra los normalistas no hace nada contra los integrantes del crimen organizado. “Se esconden cuando están quemando unidades del transporte público, pero contra los normalistas si que van tras ellos, aunque está demostrado que no los agredieron, ni siquiera fueron prepotentes”.
Otro normalista dijo que la gobernadora tiene que irse sino es capaz ni de remover a la fiscal. Dijo destituir, pero no es el término legal que aplica, porque la Fiscalía General del Estado (FGE) es un órgano autónomo.
Agregó que es el dominio público que “la gobernadora se la pasa en fiestas y sentada en su silla cómodamente, no hace nada, cuando existe tanta violencia”.
Un par de estudiantes pidieron a las autoridades información sobre el paradero del asesino de Yanqui Kothan.
Normalistas de Ayoztinapa gritan consignas afuera del Congreso del Estado para exigir la remoción de la fiscal del estado.
Otro estudiante más se dirigió al presidente Andrés Manuel López Obrador para recordarle que ya le faltan pocos meses para que termine su mandato y no ha resuelto la desaparición de los 43 normalistas, como lo prometió, al contrario, ha empleado más tiempo en ocultar información para el esclarecimiento, como el hecho de no permitir que los abogados accedan a los 800 folios faltantes del informe del Ejército sobre los hechos.
El gobierno del estado informó anoche en un comunicado de prensa sobre la remoción inmediata de la fiscal, luego de que Valdovinos Salmerón respondió en un comunicado de la Fiscalía que seguiría al frente de sus funciones y que ejercería su derecho de audiencia en el Congreso local.
El comunicado del gobierno indicó que ya estaba separada de su cargo y de acuerdo con la Constitución Política del Estado de Guerrero, tenía 10 días hábiles para que las dos terceras partes de la Cámara la restituyan, si no ocurría, se daba la destitución como un hecho.
Familiares y cientos de participantes en marcha por Ayotzinapa expresaron en el Zócalo su desilusión con el gobierno de AMLO por «obstaculizar» la investigación para esclarecer la desaparición de los 43 normalistas ocurrida hace nueve años.
Texto y Foto: Animal Político
27 de septiembre 2023
Tras la marcha de este martes por el caso Ayotzinapa, familiares de los 43 estudiantes normalistas expresaron frente a Palacio Nacional su desilusión del gobierno de Andrés Manuel López Obrador por considerar que obstaculiza la investigación para esclarecer la desaparición en 2014 de los jóvenes en Guerrero.
“Depositamos esperanza en este gobierno porque de verdad creíamos que habría un cambio y que realmente sabríamos qué pasó. Pero cuál fue la desilusión. Nos llevaron cinco años por el camino fácil. Y ahora quieren que aceptemos una narrativa que no tiene fundamentos”, dijo en el Zócalo Mario, familiar de los jóvenes desaparecidos.
Alrededor de cinco mil personas -según datos de la autoridad capitalina- participaron este martes en la marcha por el caso Ayotzinapa para exigir justicia por la desaparición hace nueve años de 43 normalistas en Guerrero.
Una manifestación multitudinaria como las que se realizaban en los primeros años de ocurrida la desaparación, pero ahora con la exigencia al gobierno de López Obrador de entregar toda la información del caso y de que no proteja al Ejército.
“No somos necios como el señor presidente, sabemos leer, no hace falta que el presidente nos diga que leamos. Estamos molestos porque no puede ser que no nos entreguen toda la documentación del caso. Este gobierno ahora quiere una segunda verdad histórica”, expresó una madre de los estudiantes desaparecidos durante los discursos en el Zócalo.
Hacia las 19:00 horas comenzaron a llegar los primeros participantes en esta manifestación al Zócalo de Ciudad de México, punto final de esta protesta.
Ahí, familiares agregaron que AMLO no quiere reconocer que el Ejército sabe a dónde se llevaron a los normalistas.
“No hay nadie más que sepa a dónde se los llevaron que el ejército mexicano. Que no lo quiera reconocer (AMLO) y jugar al desprestigio, es otra cosa. Hay pruebas de cómo se movió el ejército ese día”, dijo Mario.
Emiliano Navarrete, otro de los participantes que tomó el micrófono, lamentó que López Obrador dificulte a las familias el camino para llegar a esclarecer el caso Ayotzinapa.
“No estamos por caer en el juego del presidente. Lamentamos mucho su postura, porque nos hace difícil llegar a esclarecer el caso.
“El presidente no quiere aceptar el trabajo del GIEI, pero nosotros queremos saber dónde se llevaron a nuestros hijos. Porque el gobierno sigue siendo hoy los principales obstaculizadores de la verdad y la justicia”, añadió Navarrete.
Además, dijeron que el gobierno federal se ha puesto del lado de los militares y no de las víctimas, que ha ocultado información y eso “es criminal”.
“Hasta hoy no hay pruebas contundentes del paradero de los 43 y eso nos obliga a seguir exigiendo verdad y justicia y a seguir luchando. Y no nos van a acallar con desprestigio, amenazadas ni descalificación. Aquí vamos a seguir y vamos a mantener el plantón en el símbolo de la desaparición, que es el ejército mexicano”, dijo Vidulfo Rosales.
El paso de los contigentes transcurrió de manera pacífica, sin presencia de policías, sólo agentes de tránsito.
Únicamente algunos de los participantes realizaron pintas en fachadas por las calles donde pasa la columna de la manifestación.
En las vallas metálicas colocadas para resguardar el Palacio Nacional, participantes pintaron la frase “Fue el Ejército”.
Cuando se mencionó el nombre de Omar García Harfuch, aspirante a la candidatura por la jefatura de Ciudad de México y exsecretario de Seguridad en la capital, algunos de los asistentes gritaron “asesino”.
Manifestantes pintaron las vallas que resguardaban el Palacio Nacional con mensajes como “Narcoestado militar”. Foto: Manu Ureste
De acuerdo con las autoridades capitalinas, en la marcha por Ayotzinapa 2023 participaron alrededor de cinco mil personas y el saldo fue blanco.
“Con una afluencia de 5 mil personas se llevó a cabo de manera pacífica y con saldo blanco, la marcha a 9 años de los hechos de Ayotzinapa. El @GobCDMX garantizó el derecho a la libre manifestación en todo momento, salvaguardando la integrad de los manifestantes”, reportó en X Ricardo Ruiz Suárez, secretario de Gobierno capitalino.
Durante la concentración en el Zócalo, manifestantes lanzaron objetos que provocaron un par de explosiones, sin que se reportaran lesionados.
La marcha por el caso Ayotzinapa comenzó alrededor de las 16:00 horas de este martes en el Ángel de la Independencia, donde los contigentes se dieron cita para exigir justicia por los 43 estudiantes desaparacidos hace nueve años.
En el lugar se observó la presencia de múltiples contigentes para comenzar la marcha por Paseo de la Reforma.
“Ayotzinapa vive, la lucha sigue y sigue”, entonaron algunos de los participantes que se dirigen al Zócalo de CDMX.
Los manifestantes llegaron a bordo de autobuses, incluidos los padres de los estudiantes desaparecidos. Incluso, ya con la marcha iniciada, arribaron al menos otros 10 camiones con más participantes.
“Vivos se los llevaron, vivos los queremos. 26 de septiembre no se olvida”, gritaba otro contigente a su paso por Reforma.
Esta marcha ocurre un día después de una reunión entre los padres de los jóvenes desaparecidos con autoridades del gobierno federal.
Este 26 de septiembre se conmemora la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Foto: Manu Ureste
Los padres de los normalistas exigieron que el Ejército entregue toda la información relativa al caso Ayotzinapa.
Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que haría pública toda la información sobre el caso. Esta tarde, la Presidencia publicó en su sitio web un documento titulado “Caso Ayotzinapa: narrativa de hechos de acuerdo con la investigación realizada” para consulta del público en general.
Manifestantes señalan la participación de militares en el caso Ayotzinapa. Foto: Manu Ureste
Durante la marcha, algunos de los participantes realizaron pintas en fachadas y algunos monumentos con consignas y exigencias a las autoridades.
“Ejército asesino”, escribieron algunos.
A su paso, algunos manifestantes realizaron pintas de consignas en fachadas de los alrededores. Foto: Manu Ureste
Mientras que las autoridades movilizaron a un grupo de policías por la calle de Bucareli, cerca de Reforma.
Policías son movilizados en la calle de Bucareli. Foto: Nayeli Roldán
Mujeres expresan consignas en la marcha por los nueve años de la desaparición de 43 normalistas en Ayotzinapa. Foto: Manu Ureste
Elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) y de La Marina detuvieron este miércoles a siete agentes de la Policía Estatal y dos de la Policía Municipal por su presunta participación en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa la noche del 26 y la madrugada 27 de septiembre del 2014, en Iguala.
Entre los siete agentes estatales detenidos están Juan «N», Noel «N», Pablo «N», Ramiro «N» y Lorenzo «N», a quienes habrían detenido en las instalaciones de la Universidad Policial del Estado (Unipol), al norte de Chilpancingo.
La información extraoficial menciona que los agentes estatales fueron citados para recibir un taller de capacitación en las instalaciones de la Unipol, donde, en realidad, fueron entregados por su comandante a los agentes de la FGR y de La Marina.
En tanto los dos policías preventivos fueron detenidos en Iguala este mismo miércoles.
En un breve comunicado, la Secretaría de Seguridad Pública del estado (SSP), confirmó la detención de los nueve agentes de seguridad.
«La SSP informa que coadyuvó con la FGR y la Secretaría de Marina en el cumplimiento de una orden de aprensión en contra de nueve servidores públicos por su presunta responsabilidad en la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, en septiembre de 2014», se lee en el comunicado de la SSP.
Los agentes Ramiro y Lorenzo, de acuerdo con una investigación del medio de comunicación Corriente Alterna, estarían implicados en la tortura y asesinato del estudiante de Ayotzinapa, Julio César Mondragón Fontes, El Chilango.
Este reportaje expone que la FGR, a través de la Unidad Especializada en Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa (UEILCA), desde agosto del 2022 emitió una orden de aprensión contra Ramiro Alvarado Sánchez, alias La Minsa y Lorenzo Bello Hernández, conocido como Comandante Pérez, dos de los nueve detenidos este miércoles.
«Basado en declaraciones de un testigo protegido, indica que un presunto miembro de Guerreros Unidos presenció la tortura y asesinato de Julio César Mondragón Fontes a manos de tres policías estatales conocidos como El Gallo, el Comandante Peréz y La Minsa», se lee en la investigación de Corriente Alterna escrita por los periodistas Iván Ortíz y Fernando González.
El normalista Julio César Mondragón fue torturado y asesinado en los primeros minutos del 27 de septiembre del 2014.
El informe de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj), presentado en agosto del 2022, establece que Julio César fue desollado por un integrante del grupo del crimen organizado Guerreros Unidos (GU) y un elemento de seguridad apodado La Minsa que, de acuerdo con la versión de Corriente Alterna, se trata de Ramiro Alvarado Sánchez, uno de los detenidos de hoy.
El cadáver de Julio César Mondragón fue hallado la mañana siguiente en la ciudad industrial, cerca de las instalaciones del C-4, en Iguala, la causa de muerte fue dolor por la tortura a la que fue sometido.
La llamada verdad histórica del entonces procurador de la República, Jesús Murillo Karam, presentada en noviembre del 2014, indica que el desollamiento de Julio César fue producto de la fauna silvestre.
Otra línea de investigación de las autoridades actuales es que el celular de Julio César Mondragón tuvo actividad días después de los hechos del 26 y 27 de septiembre del 2014.
El informe de la Covaj señala que la entonces Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) halló información sobre la utilización del dispositivo de este estudiante, después del 30 de septiembre de 2014 l, en instalaciones militares.
De esa línea de investigación la llamada verdad histórica no aportó más datos ni el actual informe de la Covaj.
Elementos de la Marina fuera del edificio de la delegación de la Fiscalía General de la República (FGR), en Chilpancingo, después de la detención de nueve policías presuntamente implicados en el caso Ayotzinapa. Foto: Oscar Guerrero
El general Guillermo Aguilar jugó un papel importante en la compra ilícita de los fusiles alemanes G36, usados por policías en la noche de Iguala. Y también operó en contra de una investigación profunda del grupo de expertos GIEI como consejero del entonces titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, de acuerdo con lo revelado por #GuacamayaLeaks
Texto: Wolf-Dieter Vogel / Pie de Página
Foto: Diwa film
29 de noviembre del 2022
El general Humberto Alfonso Guillermo Aguilar tenía muy claro cómo hay que manejar el asunto: “Se estima que la tarea del GIEI ya se cumplió, y su permanencia no conduciría a ningún avance, convirtiéndose en un obstáculo para la PGR”, escribió el militar jubilado al entonces titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Salvador Cienfuegos Zepeda. Eso fue al 17 de abril de 2016, 19 meses después de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa en Iguala en septiembre de 2014. El general Aguilar apoyó al mando más alto del Ejército como consejero en el trato de este crimen. Así lo revelan correos electrónicos de la Sedena que recientemente fueron hackeados por la organización Guacamaya.
El GIEI, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, era en este momento, en abril 2016, blanco de una fuerte campaña mediática con el fin de acabar con sus investigaciones, que trabajaba gracias a las demandas de los familiares de los desaparecidos por su desconfianza ante la entonces Procuraduría general de la República (PGR) y otras autoridades. Aguilar se mostró convencido: Hay que seguir con esta campaña mediática, recomendó a Cienfuegos, y “continuar solucionando el caso Iguala sin la intervención de personas ajenas, provenientes de otros países”. Unos días más tarde, el 30 de abril, el GIEI salió de México por decisión del gobierno. No se extendió el mandato. No es sorpresivo que esta decisión le parecía bien a Aguilar: “Sin la presencia de GIEI, el personal de la PGR podrá trabajar de manera más eficaz”.
Obviamente el militar de alto rango estaba interesado en no profundizar las investigaciones, para eliminar alguna sospecha contra su misma institución. Explicó que “ya se ha demostrado repetidas veces, de manera fehaciente, que nunca hubo participación” del 27/o Batallón de Infantería en Iguala. Hoy sabemos, sin embargo, que no es así: los militares por lo menos estuvieron informados antes, mientras y después de la desaparición de los jóvenes y estuvieron involucrado en cierta forma en el crimen. Revelar eso no fue en el interés de Aguilar, y tampoco del exsecretario Cienfuegos, quien fue acusado por autoridades de EEUU por su posible cooperación con el narcotráfico.
Además después de la presentación del informe de los expertos internacionales en abril 2016 el general insistió en que el quinto autobús “no tiene la importancia que el GIEI pretende darle”. El grupo había revelado que es posible que este autobús llevó heroína para transportarla a EEUU. “El quinto autobús no conduce a la recuperación de los desaparecidos”, escribió Aguilar. Podría haber tenido razón, pero sin duda la carga hubiera explicado la reacción tan brutal y el involucramiento de la delincuencia organizada, policías de distintos niveles y el Ejército en el crimen. El militar propuso que habría que “aprovechar la escisión que se está presentando” entre el abogado Vidulfo Rosales del Centro de Derechos Humanos guerrerense Tlachinollan y los padres de Ayotzinapa.
Finalmente no todas las recomendaciones de Aguilar se realizaron. Sin embargo es interesante como él se esfuerza en evitar investigaciones más profundas, ya que el militar que se jubiló tiene una carrera bastante larga en el Ejército. Fue jefe del Estado Mayor, oficial Mayor, subsecretario de la Sedena y comandante de varias entidades del Ejército, por ejemplo de la 36/o Zona Militar en Chiapas, donde formó parte de la Operación Arcoíris de rastreo y exterminio contra el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
Armas usadas en Iguala
Pero sus huellas también se encuentran directamente en Iguala. Aguilar fue el responsable mexicano para la compra de las armas alemanas G36 de la empresa Heckler&Koch (HK) entre 2006 y 2009, que también llegaron a Guerrero. En este periodo la Sedena compró miles de estos fusiles de asalto con la condición de no ser llevados a cuatro estados: Chiapas, Chihuahua, Jalisco y Guerrero. Así lo demandaron las autoridades alemanas, y así lo confirmó la Dirección de Comercialización de Armamento y Municiones (DCAM) de la Sedena, concretamente Guillermo Aguilar, porque la institución, la única en México que puede importar armas, estaba en ese entonces al cargo de él.
La misma Sedena confirmó años después que 4 mil 796 de las 9 mil 652 armas largas suministradas a México en total llegaron directamente a los cuatro estados, para los cuales la Oficina Federal de Exportación de Alemania no otorgó una autorización por las tremendas violaciones de derechos humanos en estas regiones. Para realizar los envíos, era necesario falsificar los documentos que se tenían que entregar a la autoridad alemana. Fusiles, que realmente fueron mandados por ejemplo a Chiapas, aparecieron en las listas de los llamadas constancias del usuario final en otro estado.
El año pasado el Tribunal Superior Federal de Alemania condenó a dos empleados y a la empresa misma por este negocio ilícito. Los acusados fueron sentenciados de manera condicionada a 17 y 22 meses de cárcel, Heckler & Koch tenía que pagar una multa de más de tres millones de euros (unos 60 millones de pesos). La contraparte del acuerdo, el general Aguilar, sigue impune hasta hoy. Ni se ha investigado el reproche del testigo principal Robert H., quien expresó en su primera audición ante la procuraduría que el encargado de la Sedena habría recibido por cada uno de los fusiles vendidos 25 dólares y por cada arma corta 20 dólares como soborno. Eso le habría dicho el representante de HK, explicó Robert H., quien fue el instructor para los mexicanos a la G36.
No se sabe cuántas personas perdieron la vida o fueron heridas por el uso de estas armas. Lo que sí se sabe es que según la Sedena mil 924 de los fusiles llegaron a Guerrero. Según los expedientes, enviaron 55 de ellas a Iguala, 38 fueron encontradas en la comisaría de la policía de Iguala después del crimen contra los estudiantes. Varios de estos fusiles fueron usados en la noche de Iguala. Hay índices muy serios que una de las G36 lesionó Aldo Gutiérrez Solano. La bala que dispararon en su cabeza destruyó 65 por ciento del cerebro del estudiante de Ayotzinapa y lo dejó en “estado vegetativo” hasta la fecha. Los responsables siguen impunes.
Este texto es propiedad de Pie de Página y lo reproducimos como parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. Puedes leer el original en este enlace.
El más reciente informe de la Comisión de la Verdad para el caso Ayotzinapa confirma que la desaparición de los 43 fue un crimen de Estado, en cuya resolución también se han registrado fallas institucionales que han impedido saber dónde están los jóvenes y que haya justicia.
Texto: Manu Ureste / Animal Político
Fotografía: Amílcar Juárez (Archivo)
19 de agosto del 2022
A casi ocho años del caso Ayotzinapa, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador dio a conocer este jueves nuevos detalles de la investigación sobre la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas el 26 y 27 de septiembre de 2014.
El gobierno admitió por primera vez de manera pública que todos los indicios apuntan a que los jóvenes fueron asesinados y desaparecidos por el crimen organizado, en contubernio —“por acción, omisión o negligencia”— con autoridades de los tres niveles de gobierno y el Ejército. “Fue un crimen de Estado”, subrayó el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas.
El informe de la Comisión de la Verdad también señala que omisiones del Ejército y de la justicia mexicana, así como la pérdida de numerosos testigos clave, han impedido la resolución del caso.
Todas las autoridades sabían
Uno de los puntos clave que reitera el informe es que “todas las autoridades estaban informadas” de los movimientos de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa el día de su desaparición. Y cuando hace referencia a “todas las autoridades”, el documento puntualiza que se refiere a “Sedena, CISEN, Policía Federal Preventiva, gobierno de Guerrero, Policía Estatal y policías municipales”.
El informe expone que todas esas autoridades sabían de la toma de camiones que realizaron los estudiantes con la intención de viajar a la Ciudad de México a la marcha del 2 de octubre; sabían también del traslado de los estudiantes a Iguala, Guerrero; de su llegada al Rancho del Cura, a la caseta de la autopista a Cuernavaca y a la Central de Autobuses, así como de los hechos de persecución y violencia que ocurrieron antes de la desaparición de los jóvenes.
“Esto acredita responsabilidades por acción, omisión o negligencia en las actuaciones gubernamentales al momento de presentarse los hechos de persecución, violencia y desaparición de los estudiantes en Iguala”, enfatiza el documento, que recalca que el Ejército y las autoridades gubernamentales de los tres niveles “fueron negligentes”. “Sus omisiones permitieron la desaparición de los estudiantes”.
El Ejército pudo salvarlos
Otro punto clave del informe refiere que el Ejército tenía a un informante al interior de la Normal de Ayotzinapa desde 2012 y que, a pesar de contar con información detallada de los movimientos de los jóvenes, los militares tampoco hicieron nada para evitar su desaparición.
Se trata del soldado Julio César López Patolzin, quien pertenecía al cuerpo de infantería del Ejército desde el 16 de enero de 2009, en el 50 Batallón de Infantería de Chilpancingo.
“Tenía que dar seguimiento a las marchas, mítines y a cualquier movimiento que los estudiantes realizaban en el estado de Guerrero o fuera de la entidad, y detectar vínculos con integrantes de grupos subversivos, grupos de delincuencia organizada y todo movimiento que pusiera en riesgo la seguridad interior y la seguridad nacional”, dice el informe.
El soldado López Patolzin reportaba directamente al teniente de infantería Francisco Macías Barbosa, del 27 Batallón de Infantería.
El militar elaboró un informe en el que contó a sus superiores del plan de los estudiantes de asistir el 2 de octubre de 2014 a la CDMX a bordo de autobuses. Sin embargo, su último reporte fue el 26 de septiembre del 2014, alrededor de las 10:00 de la mañana, tan solo horas antes de la desaparición de los estudiantes.
El soldado López Patolzin también desapareció junto a los normalistas, sin que a la fecha se tenga noticias de qué le sucedió. El Ejército no lo buscó, tal como es su obligación, de acuerdo con el Protocolo para Militares Desaparecidos. De haberlo buscado y encontrado, también se pudo haber evitado “la desaparición y el asesinato de los estudiantes”, subrayó Encinas.
Testigos fallecidos o asesinados
Un elemento clave que ha entorpecido la investigación del caso Ayotzinapa, a casi ocho años del suceso, ha sido la pérdida de múltiples testigos.
El informe de la Comisión de la Verdad revela que, desde 2014 a la fecha, han fallecido o han sido asesinadas 26 personas clave para obtener información sobre la desaparición de los 43 normalistas. De esas 26 personas, 14 pertenecían al grupo delictivo Guerreros Unidos, implicado en las desapariciones. Tres son familiares de integrantes de Guerreros Unidos, dos son integrantes de otro grupo —Gente Nueva— y siete son testigos involucrados, entre ellos activistas, funcionarios y policías.
Entre los testigos muertos se encuentran personajes fundamentales para la investigación del caso, como Mario Casarrubias Salgado, líder de Guerreros Unidos, quien había iniciado un proceso de colaboración con la Comisión de la Verdad. Las autoridades reportaron que falleció por COVID-19 en julio del año pasado.
Otra persona fallecida importante es Juan Salgado Guzmán, ‘el Indio’, quien era operador de Guerreros Unidos en la zona norte de Guerrero y el sur del Estado de México. En su caso, el informe señala directamente su muerte como una “ejecución” por parte de elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) durante un operativo fallido en Metepec, Estado de México.
“El 22 de septiembre de 2021 inició un fallido operativo para su captura que derivó en un enfrentamiento, en el que se registraron diversas irregularidades, falta de planeación, personal no acreditado, y un uso desmedido de la fuerza, donde, una vez sometido, Salgado Guzmán fue ejecutado”, refiere el informe.
“Un elemento de la policía ministerial dio la orden de ‘tirar’, aun cuando Salgado Guzmán se encontraba herido y sometido. El resultado de la autopsia señala que el occiso presentó 23 lesiones provocadas por armas de fuego”.
Tomás Zerón da largas
El subsecretario Encinas informó que las autoridades de México mantuvieron los días 16 y 17 de febrero de este año un encuentro con Tomás Zerón, el exdirector de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), quien está prófugo de la justicia mexicana en Tel Aviv, Israel.
A Zerón, quien fuera el investigador del caso Ayotzinapa durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, se le acusa de tortura de varios testigos, desaparición forzada y de delitos contra la administración de justicia.
Según reveló Encinas, la FGR le ofreció a Zerón un “criterio de oportunidad”, es decir, la posibilidad de que se abstuviera de ejercer acción penal en su contra, a cambio de que proporcionara información relevante del caso o de otros posibles implicados. Sin embargo, Zerón rechazó la oferta.
La justicia, otro obstáculo
El informe, además, señala que la “fragmentación” de los procesos judiciales en contra de personas implicadas en el caso Ayotzinapa ha sido otro obstáculo, pues se establecieron “criterios discrecionales y diferenciados de los jueces en la interpretación de los hechos y de la ley, y propició trabas burocráticas y administrativas, prolongando los procesos, en demérito de los derechos de las víctimas”.
A la fecha se contabilizan al menos 28 causas penales iniciadas ante el Poder Judicial de la Federación, de las cuales 10 están abiertas en juzgados de Tamaulipas, cinco en el Estado de México, cinco en Guerrero, cuatro en la Ciudad de México, una en Colima, una en Morelos y una en Querétaro.
“La falta de unificación en los procesos penales, en sí misma, es un obstáculo para el acceso a la justicia. Frente a ello, los padres y madres de los estudiantes han demandado a la Suprema Corte de Justicia establecer una jurisdicción única, demanda que no ha sido atendida”, apunta el informe.
El documento también destaca que el juez Samuel Ventura Ramos, del Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales en Tamaulipas, liberó hasta a 77 presuntos responsables de la desaparición por haber sido torturados por distintas autoridades. Pero lo hizo sin dar vista al Ministerio Público, ni señalar e investigar a quienes realizaron la tortura.
Este juez también liberó a Xóchitl “N”, quien fungía como radiooperadora en el C4 en Iguala la noche de los hechos, argumentando que no había prueba de cargo para vincularla a proceso.
“La verdad histórica alteró los hechos”
Encinas denunció también que la llamada “verdad histórica” entorpeció la búsqueda de los jóvenes y generó vicios en la investigación de las autoridades.
El 28 de enero de 2015, el entonces titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, aseguró que la “verdad histórica” es que los 43 normalistas “fueron privados de la vida, incinerados y sus cenizas arrojadas al Río San Juan, en Cocula”.
Sin embargo, el nuevo informe refuta esta versión, asegurando, por ejemplo, que los jóvenes “nunca estuvieron en Cocula”.
“La ‘verdad histórica’ fue revestida de acciones institucionales y estrategias de comunicación que tenían como finalidad el cierre de las investigaciones y por tanto dar una resolución sobre el caso”, señala el documento.
Otros puntos que refuta el nuevo informe son que, de acuerdo con la “verdad histórica”, los estudiantes iban a boicotear el informe de labores de María de los Ángeles Pineda Villa, entonces presidenta del DIF y esposa del alcalde José Luis Abarca. Según la información actual que recaba el informe, los estudiantes iban a tomar autobuses para trasladarse a la CDMX el 2 de octubre.
Según la “verdad histórica”, integrantes de Guerreros Unidos incineraron a los jóvenes en el basurero de Cocula, por tratarse de supuestos integrantes del grupo contrario, Los Rojos. Según el nuevo informe, las instrucciones originales eran quemar a los estudiantes, pero al ser muchos decidieron repartírselos, por lo que ‘el Chuky’ (sicario de Guerreros Unidos) les metió “machete” y los metieron en bolsas para que cada grupo se deshiciera de ellos como quisiera.
Sin indicios de vida
El subsecretario de Gobernación también expuso que todos los testimonios y las evidencias apuntan a que los jóvenes fueron asesinados y luego desaparecidos.
“No hay indicio alguno de que los estudiantes se encuentren con vida; por el contrario, todos los testimonios y evidencias acreditan que estos fueron arteramente ultimados y desaparecidos”, dijo.
A casi ocho años del suceso, solo se han podido identificar los restos de tres de los 43 normalistas desaparecidos.
Con la marcha del día de hoy las madres y padres de los 43 culminaron las actividades de la jornada de lucha en el estado de Guerrero, a partir del lunes 13 las manifestaciones serán en la Ciudad de México y culminarán con una marcha en la capital del país el próximo domingo 19 de junio.
Texto: José Miguel Sánchez
Fotografía: Amílcar Juárez
12 de junio de 2022
Chilpancingo
Al culminar aquí en Chilpancingo la jornada de lucha 26 de Septiembre no se Olvida, los padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala reiteraron en acusar al presidente Andrés Manuel López Obrador de proteger al Ejército de su responsabilidad de estos hechos de Iguala ocurridos casi ocho años.
Este domingo la protesta de los padres y madres, así como los estudiantes empezó en el punto conocido como El Caballito, al norte de la ciudad, y cruzó por las avenidas principales de Chilpancingo.
Durante el trayecto los manifestantes gritaron «¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!».
La marcha terminó en el antimonumento, ubicado en el monumento a las banderas, al sur de la capital, con un mitin donde los oradores exigieron al gobierno federal dar con el paradero de los 43 estudiantes, que el Ejército y la Marina abran sus archivos y castigo a los culpables del caso Ayotzinapa.
“No podemos aceptar otra verdad histórica, el Ejército y la Marina planean engañarnos, pero no nos vamos a dejar, no abandonaremos esta lucha hasta saber verdaderamente donde están nuestros hijos, nosotros no olvidamos y no perdonamos”, mencionó durante su participación Cristina Bautista, madre de Benjamín Ascencio Bautista, uno de los 43 desaparecidos.
Padres y madres de los 43 exigen castigo a los culpables
El pasado 28 de marzo el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) presentó su tercer informe del caso Ayotzinapa, donde se reveló la participación de la Marina y del Ejército en los hechos ocurridos la madrugada del 26 de septiembre de 2014.
Por ese motivo las madres y padres de los 43 normalistas exigen a las fuerzas armadas abrir sus archivos y expedientes para conocer sus implicaciones en el caso y castigar a los responsables.
De acuerdo con lo dijeron los padres durante el mitin existe un testigo protegido que asegura que 25 estudiantes de los 43 estuvieron en el 27 batallón de infantería horas antes de ser desaparecidos por la Policía Municipal y civiles armados.
Además de que los elementos de la Marina estuvieron en el basurero de Cocula, lugar donde de acuerdo con la verdad histórica fueron asesinados e incinerados los 43 estudiantes.
“A más de siete años que desaparecieron a nuestros hijos ningún gobierno da una solución, pedimos que dejen de engañarnos con su verdad histórica, queremos juicio para Enrique Peña Nieto y para (el ex gobernador perredista de Guerrero) Ángel Aguirre”, dijo otro de los padres.
Con la marcha del día de hoy las madres y padres de los 43 culminaron las actividades de la jornada de lucha en el estado de Guerrero, a partir del lunes 13 las manifestaciones serán en la Ciudad de México y culminará con una marcha en la capital del país el próximo domingo 19 de junio.
En la marcha, que comenzó a las once de la mañana, participaron alrededor de 500 personas, entre padres de los 43, estudiantes de Ayotzinapa y de distintas normales del país, organizaciones sociales y colectivos de personas desaparecidas.
Los oradores de las distintas organizaciones como la Coordinadora Estatal de la Educación Guerrero (CETEG), de la Coordinadora Nacional de Comités Ciudadanos, del Frente de Defensa Popular Francisco Villa (FDP) y del comité del 60, coincidieron en que a tres años y seis meses del gobierno de Andrés Manuel López Obrador no hay garantías de justicia y seestá encubriendo a las fuerzas armadas.
La marcha fue pacífica y después del pase de lista a los 43 estudiantes desaparecidos los manifestantes entonaron el himno Venceremos y se retiraron en los 14 autobuses en los que llegaron a esta capital desde la mañana de este domingo.
“Nos queda claro a estas alturas que a siete años y seis meses de la busqueda de nuestros hijos, los poderosos han jugado con nuestras esperanzas, nos han mentido sin contemplación mirándonos a los ojos»
Texto: José Miguel Sánchez Fotografía: 2 de marzo de 2022 Chilpancingo
Madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinpa denunciaron que el Estado continúa mintiendoles y solapando a las fuerzas armadas.
Mediante un pronunciamiento que hicieron público, las madres y padres de los 43, respecto al tercer informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), donde se dio a conocer la participación de la Secretaría de Marina (Semar), dijeron que las autoridades continúan mintiendo sobre el caso.
«A las Madres y Padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa nos queda claro a estas alturas que a siete años y seis meses de la busqueda de nuestros hijos los poderosos han jugado con nuestras esperanzas, nos han mentido sin contemplación mirándonos a los ojos», se lee en el comunicado.
Tambien dijeron estar preocupados por el actuar del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que por un lado dice tener la volutad política para aclarar el caso, pero mantenga en la impunidad al secretario de la marina, Rafael Ojeda Durán, quien fue comandante de la Octava Región Naval de Acapulco en el momento que se presentaron los hechos en Iguala.
A pesar de que la investigación del GIEI expuso que todos los niveles de seguridad en la entidad estuvieron monitoreando los hechos la noche del 26 de septiembre.
Denunciaon que la Sedena y la Fiscalía General de la República (FGR) siguen sin abrir todos sus archivos y expedientes de los hechos ocurridos en Iguala y los implicados en las tomas de decisión de aquella noche están fuera del alcance de la Ley.
Reprocharon a la Semar que haya tardado ocho años en entregar los vídeos donde se ve como elementos de esa corporación manipulan la escena del crimen en el basurero de Cocula.
Las madres y padres de los 43 dijeron que van a continuar con las actividades para exigir la aparición con vida de sus hijos.
«El que miente una vez miente varias veces y el gobierno nos ha demostrado que sólo se sirve para sí mismo y no para dar justicia al pueblo», finaliza el comunicado.
Ángela María Buitrago, la exfiscal colombiana integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, dice en entrevista con Momentum que autoridades civiles y militares tuvieron informes que pudieron conducirles a los lugares en los que estuvieron los 43 estudiantes horas después de su desaparición
Texto: Pie de Página
Fotografía: José Luis de la Cruz (Archivo)
30 de marzo de 2022
El acceso a documentos que mantuvieron bajo reserva Ejército y Marina durante siete años ha dejado constancia de que, en su momento, autoridades civiles y militares tuvieron información que pudo haberlos conducido a los sitios a los que fueron trasladados los 43 estudiantes de la normal Isidro Burgos.
El día después de haber presentado un tercer informe del caso Ayotzinapa, Angela María Buitrago, exfiscal colombiana e integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), ha ofrecido un larga entrevista a los periodistas Ernesto Ledesma y Alberto Nájar, en el programa Momentum, de Rompeviento TV y Pie de Página.
“Es un camino que apenas comienza, sabiendo que había información desde hace siete años que podía conducir a lugares o los lugares a donde fueron llevados [los estudiantes]. Desde ahí, la conclusión categórica es que esto incide en paradero, incide en autoridades, incide en responsables, incide en acciones”, ha declarado Buitrago.
En esta tercera vuelta, el GIEI hizo revelaciones que colocan al Estado mexicano en una encrucijada. La más notable de ellas da cuenta de la participación activa de elementos de la Marina, quienes no solo parecen haber manipulado uno de los escenarios del crimen, sino que tomaron parte en detenciones y torturas.
“Esto nos lleva indiscutiblemente a que nosotros empecemos a preguntar qué otras actividades hizo la Marina”, dijo Buitrago.
La integrante del GIEI ha sugerido durante la entrevista que el futuro de la información que se ha llegado a conocer, aunque tardío, permitirá revelar elementos fundamentales en una investigación de enorme complejidad como esta.
“En el punto fundamental de cómo cambia [el curso de la investigación] diría que incide en los bueno, incide en lo malo y desde ese punto de vista, si nosotros llegáramos a saber en esa incidencia, por ejemplo lo que a sabemos, que hay comunicaciones en donde el crimen organizado directamente estaba diciendo que tiene a los muchachos en un lugar, pues es una incidencia que debía haber salido hace siete años, porque también da pistas sobre los comportamientos desplegados, los partícipes, los lugares donde fueron llevados los estudiantes, que se ignoraron durante la investigación desde hace siete años”.
La incidencia negativa, añade Buitrago, radica en la “simulación, ocultamiento, desviación, que también incide en los resultados de la investigación y que hacían parte de la desaparición y de un delito de ejecución permanente como tal”.
Ledesma y Nájar formulan una pregunta obligada: hasta dónde llega la cadena de mando en la trama de la desaparición.
“En esta clase de delitos de lesa humanidad-responde Buitrago, llega hasta el máximo ente y jerarquía. En esta investigación de graves violaciones a los derechos humanos, debe investigarse a todos los que participaron, omitieron, conocieron y realizaron acciones. Desde ese punto de vista, podría contestar que hay que hacer las investigaciones con respecto a todos, sin excluir ni siquiera a las cabezas de gobierno”.
Este texto es propiedad de Pie de Página y lo reproducimos como parte de la Alianza de medios de la Red de Periodistas de a Pie
