¿Quién cuida a quien nos cuida?: 3 de cada 4 policías municipales no tienen un salario digno y menos del 70 por ciento de prestaciones básicas


Solo uno de cada cuatro policías municipales en México gana más de 16,000 pesos al mes, menos del 70 por ciento tiene prestaciones básicas y entre el 19.3 por ciento y 52.5 por ciento cuenta con cobertura de seguridad social, de acuerdo con un diagnóstico de México Evalúa


Texto: Andro Aguilar /Animal Político

Ilustraciones e Infografías: Animal Político

Ciudad de México

Miércoles 23 de abril del 2025


Domitilio es ayudante de albañil, de plomero y de electricista. También dedica 84 horas en promedio a la semana a cuidar a los habitantes de Villa Nicolás Romero, como policía municipal.

Por esta última labor gana 3,800 pesos quincenales, poco menos de los 4,182 establecidos como sueldo mínimo por las autoridades. Quizá la diferencia, dice, es porque le descuentan 250 pesos para que pague su propio seguro de vida.

“Uno llega a trabajar, nos encomendamos a Dios y adelante. Ha habido compañeros que han asesinado, que han chocado, que los han atropellado. Al final del día te acostumbras a vivir con este tipo de trabajo”, relata en entrevista.

El caso de Domitilio —cuyo nombre fue cambiado para evitarle represalias— es una constante en México, donde la precariedad laboral prevalece para los policías municipales, que son las corporaciones de seguridad más próximas a la ciudadanía.

Menos del 70 por ciento de los elementos cuenta con las prestaciones básicas establecidas en la Constitución —como aguinaldo, vacaciones y prima vacacional—. Y entre el 19.3 por ciento y 52.5 por ciento cuenta con cobertura de seguridad social efectiva, lo que implica que hasta 80.7 por ciento podría carecer de la misma.

Solo una minoría recibe otros apoyos como asistencias psicológica y legal, vales de despensa o becas escolares.


Diseño: Nadia Núñez.

Esas malas condiciones laborales dificultan su reclutamiento. Así lo demuestran las cifras del Inegi, que reflejan un decremento de elementos a nivel nacional en las cifras más recientes.

En 2022, la cifra reportada ante Inegi era de 173,407 elementos, el número más bajo desde 2010, lo que equivale a 1.4 policías por cada mil habitantes. Una cantidad que no alcanza el estándar mínimo de 1.8 policías por cada mil habitantes recomendado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

La organización México Evalúa realizó un diagnóstico de esas condiciones de precariedad y estableció una propuesta para revertirlo. En el documento “Policía desprotegida: Ruta para su dignificación laboral”, la organización confirma que la mayoría de los policías municipales en México no percibe una retribución justa.

Policías municipales en México, sin salarios dignos

Pese a que el Sistema Nacional de Seguridad Pública estima que el ingreso necesario para que los elementos y sus familias puedan llevar una vida digna es de 16 mil 688 pesos mensuales —antes de bonos—, solo uno de cada cuatro elementos rebasaba esos ingresos.

De acuerdo con el Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México 2023, 9.6 por ciento ganaba menos de 5,000 pesos al mes en 2022 e incluso 2.2 por ciento de los policías municipales trabajaba sin recibir pago.

Asimismo, 27.3 por ciento de los elementos recibía entre 5,000 y 10,000 pesos mensuales; 30 por ciento ganaba entre 10,000 y 15,000 pesos y 20.8 por ciento ganaba entre 15,000 y 20,000 pesos. Solo un pequeño porcentaje, el 5.4 por ciento, percibía entre 20,000 y 25,000 pesos, y apenas el 2.6 por ciento de los policías obtenía salarios superiores a 25,000 pesos.

Con turnos laborales de 24 horas seguidas y 24 horas de descanso, el trabajo no solo está mal pagado, sino que absorbe la mayor parte de su tiempo.


Diseño: Nadia Núñez.

Prestaciones insuficientes para policías municipales en México

Pese a que las prestaciones como el aguinaldo, las vacaciones pagadas y la prima vacacional deben ser un derecho entre los policías municipales con base en la Constitución, no aplica en todos los casos. Si bien el aguinaldo es la prestación más común, con un 90.8 por ciento de los policías que lo recibe, solo 79.9 por ciento tiene acceso a vacaciones pagadas y 69.4 por ciento cuenta con prima vacacional.

Para que un policía cuente con seguridad social debe estar afiliado al Instituto Mexicano de Seguridad Social (IMSS), al Instituto de Seguridad Social y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) o a una institución local. Así, México Evalúa concluyó que entre 19.3 por ciento y 52.5 por ciento de los elementos de seguridad municipal tiene acceso a algún esquema de seguridad social.

Además, son pocos los policías que tienen acceso a servicios y prestaciones de seguridad social. Esta situación contraviene el mandato constitucional y el artículo 2 de la Ley de Seguridad Social, que busca garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y que el Estado garantice la provisión de una pensión.

De acuerdo con el Inegi, los policías afiliados a algún tipo de seguridad social se distribuyen así: 26.3 por ciento está afiliado al IMSS y 5.3 por ciento al ISSSTE, lo que les proporciona una cobertura integral de salud y prestaciones de retiro; 19.7 por ciento tiene seguridad social proporcionada por una institución de su entidad federativa, que generalmente ofrece servicios similares a los del IMSS, aunque la calidad puede variar según el estado; 15.1 por ciento de los policías reciben servicios de seguridad social a través de otras instituciones, generalmente gestionadas directamente por los municipios. De ese 52.5 por ciento, solo 45,185, es decir 26 por ciento del total, tienen acceso a prestaciones de retiro o jubilación.

Los créditos para la vivienda solo están disponibles para 7.6 por ciento de los policías municipales. Esa situación les genera que permanezcan atrapados en un ciclo de pobreza patrimonial.

Casi la mitad de los policías municipales no tiene un seguro de vida, lo que deja en desamparo a sus familias. Y apenas uno de cada cuatro (25.7 por ciento) tiene apoyo psicológico. Por lo que muchos  enfrentan solos las secuelas emocionales y mentales de su trabajo. Además, solo 28.8 por ciento de los elementos cuenta con asesoría jurídica.

Los vales o bonos de despensa son accesibles para solo 27.6 por ciento del personal. Solo 11.9 por ciento de los policías municipales cuenta con acceso a créditos personales y 5.3 por ciento con apoyo para la vivienda. La mayoría de los policías no percibe las herramientas para mejorar su calidad de vida y la de sus familias.

Financiamiento de municipios para sus policías y ruta a seguir

Los municipios en México tienen dificultades para financiar a su policía principalmente por falta de ingresos propios.

El financiamiento de la seguridad es responsabilidad de los tres niveles de gobierno, pero la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública asigna a los municipios la responsabilidad de financiar las prestaciones laborales de sus policías. Los municipios, sin embargo, carecen de recursos suficientes por falta de ingresos, por una organización deficiente del gasto o por déficit de capacidades.

Entre 2012 y 2022, 72.3 por ciento de los ingresos totales de los municipios provinieron de la Federación y gobiernos estatales, es decir, 440 mil 266 millones de pesos. Lo que recaudaron los gobiernos municipales (27.7 por ciento de los ingresos totales) representó 168 mil 159 millones de pesos.

La legislación federal no precisa qué prestaciones debe incluir el esquema complementario de seguridad social, por lo que cada entidad y municipio lo definen y resuelven. Por este motivo, hay corporaciones policiales con más prestaciones laborales que otras.

La organización destaca que entre los factores que limitan el potencial de elementos policiacos influye por un lado la falta de presupuesto, tanto local como federal —derivado de la militarización de la seguridad pública a partir de la participación de Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional—. Además de la precariedad laboral que dificulta que los policías hagan una carrera.

El artículo 123 de la Constitución Mexicana establece que las prestaciones mínimas que debe tener todo trabajador del Estado son sueldo, aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, días de descanso y jornadas laborales definidas. Además de la seguridad social con jubilación, cobertura de accidentes y enfermedad, licencia de maternidad, derecho a asistencia médica para familiares y créditos a la vivienda. Además, de otras prestaciones que serían definidas por cada gobierno local.

Para su investigación, México Evalúa contempló esas prestaciones de ley y de seguridad y estableció el estándar que deben tener las policías municipales.

Además de explicar el marco normativo de las prestaciones laborales de la policía y evidenciar cuál es el acceso en cada corporación, la investigación de México Evalúa analiza la capacidad financiera de los gobiernos locales para mejorar ese panorama.

La organización desarrolló recomendaciones para apoyar a los policías municipales y los propios municipios que incluyen reformas a leyes federales y estatales, mejor acceso a fondos federales y estatales, así como a información, investigaciones y a estadísticas, además de asesoría técnica y colaboraciones entre el sector privado y la sociedad civil.

Mientras tanto, en los municipios, los policías se han acostumbrado a estar desprotegidos y a ser vulnerables en un entorno donde enfrentan riesgos constantes, como Domitilio.

–¿Vale la pena ser policía municipal?, se le pregunta.

–No vale la pena como tal. Pero lo más valioso que te puede llevar aquí es el agradecimiento de la gente y eso es lo bonito, cuando la gente te agradece. No vale la pena el trabajo, no vale la pena que arriesgues tu vida, pero al final del día no tienes otra oportunidad de trabajar. Al paso del tiempo te vas acostumbrando.

 

Este texto es reproducido con la autorización de Animal Político, medio aliado de Amapola Periodismo. Aquí puede consultar su versión original.

Ignora la Fiscalía el paradero del secretario de Seguridad Pública de Taxco involucrado en la desaparición de cinco jóvenes

Texto: Amapola Periodismo 

Foto: Fb Fiscalía General del Estado 

Jueves 29 de agosto de 2024

Chilpancingo

La Fiscalía General del Estado (FGE) dejó en libertad a 39 detenidos y mantiene arrestados a diez, entre ellos a cuatro policías, por la privación de la libertad de los cinco jóvenes que desaparecieron en Taxco el pasado fin de semana, a quienes se llevaron policías municipales.

Del secretario de Seguridad Pública de Taxco, Cristopher Hernández Cuevas, alías La Sombra involucrado en la desaparición de los cinco jóvenes, la FGE dijo que no lo ha localizado.

Este miércoles 28 de agosto, alrededor de las 11:30 de la noche, 39 detenidos, entre policías municipales, agentes de tránsito y trabajadores de Protección Civil municipal de Taxco salieron de las instalaciones de la FGE, ubicadas al sur de Chilpancingo.

El Ministerio Público del Fuero Común aclaró a los 39 detenidos que solo estaban en calidad de presentados. A los trabajadores y policías municipales que vivieron el trance desde la mañana del miércoles, se les entregaron sus teléfonos celulares y luego fueron custodiados por un convoy de agentes federales y estatales en su regreso a Taxco, unos a bordo de un viejo camión de la FGE y otros, en camionetas de la Policía Investigadora Ministerial.

«Fueron tres horas y media de trayecto de Chilpancingo a Taxco y daba mucho miedo», confesó uno de los acompañantes de uno de los liberados.

La noche del miércoles 28, un familiar de uno de los trabajadores, que vino a buscarlo a la FGE, aseguró que el secretario Cristopher Hernández estaba entre los 49 detenidos.

Hasta este jueves después de mediodía, la FGE emitió un comunicado con los nombres de los 10 detenidos, y entre ellos no está Cristopher Hernández.

Sin embargo, fuentes de la FGE informaron que durante el operativo del miércoles en las instalaciones de Seguridad Pública municipal de Taxco, a cargo del Ejército, la Guardia Nacional y la Policía Estatal, no fue localizado el jefe policiaco.

«No fue localizado (Cristopher Hernández), pero se sigue investigando», afirmó una fuente de la Fiscalía.

En el comunicado, la FGE informó que en un despliegue en las instalaciones de la SSP, tránsito y protección civil, se logró la liberación de una persona privada de la libertad.

En las mismas instalaciones se ejecutó una orden de aprehensión en contra de los policías municipales Florentino N, Yolanda N y Marino N, en tanto que otro agente de nombre Eusebio N fue detenido en Cacalotenango, municipio de Taxco.

De acuerdo con un informe extraoficial, los cuatro policías eran escoltas de Cristopher Hernández.

La FGE informó que en las instalaciones de la SSP, Protección Civil y Tránsito de Taxco, también fueron detenidos en flagrancia Luis N, David N, Carlos N, Cristofer N, Alexis N y Ángel N, quienes no acreditaron pertenecer a la policía municipal.

Este mismo jueves, los cuatro policías (tres hombres y una mujer) fueron presentados ante un Juez de Control que lo requería.

Los civiles detenidos fueron llevados ante el Ministerio Público de la FGE para la integración de la carpeta de investigación.

Por su parte, el presidente municipal de Taxco, Mario Figueroa Mundo, informó a través de un comunicado, que los gobiernos federal y estatal nunca le informaron del operativo de las fuerzas de seguridad federal y estatal.

«La administración municipal solicita a la Fiscalía General del Estado informe sobre las actuaciones efectuadas este día (miércoles 28) y los motivos por los cuales fueron retenidas mujeres y hombres de las tres corporaciones locales», exige el texto oficial firmado por Mario Figueroa, la síndico, regidoras y regidores del ayuntamiento de Taxco.

A 24 horas del operativo en las instalaciones de la SPP, el Ejército, la Guardia Nacional y la Policía Estatal asumieron oficialmente el control de la seguridad en Taxco.

Las detenciones de los policías y civiles ocurrió después de que este fin de semana se difundió en redes sociales que los agentes municipales sacaron de un bar a cinco jóvenes, quienes están desaparecidos.

En Taxco opera desde hace al menos cuatro años Roberto Carlos Zagal, alías Pelón líder de una célula de la organización criminal La Familia Michoacana.

Fuerzas de seguridad federales y estatales detienen al secretario de Seguridad y a agentes de Taxco por la desaparición de 5 jóvenes

Texto: Amapola Periodismo

Foto: Redes

Miércoles 28 de agosto de 2024

Chilpancingo

El Ejército, la Guardia Nacional, la Policía Estatal y la Fiscalía General del Estado (FGE) detuvieron la mañana de este miércoles 28 de agosto al secretario de Seguridad Pública municipal de Taxco,Cristopher Hernández, y a varios agentes de la corporación, de tránsito y de Protección Civil por su presunta responsabilidad en la desaparición de cinco jóvenes.

Las fuerzas de seguridad irrumpieron en la comandancia de la policía municipal, donde también opera el C-4 y la barandilla, en el barrio de El Panteón, en Taxco, cabecera del municipio del mismo nombre.

De acuerdo con versiones oficiales, el jefe policiaco y al menos 20 policías municipales, agentes de tránsito y elementos de protección civil fueron trasladados a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) en Chilpancingo, donde hasta la noche de este miércoles rendían su declaración ministerial.

A los detenidos se les acusa de ser presuntos responsables de la detención de cinco jóvenes que estaban en el bar La Intriga, ubicado en la calle Miguel Hidalgo, del barrio de San Miguel, la madrugada de este domingo 25 de agosto.

Al parecer, los cinco jóvenes ingresaron a las instalaciones de barandilla, pero después desaparecieron. Sus familiares denunciaron el hecho a través de redes sociales, exigiendo a las autoridades su presentación con vida.

Tras la detención de los agentes municipales, las fuerzas federales y estatales asumieron el control de seguridad en las calles de Taxco.

Familiares de algunos de los agentes de tránsito y trabajadores de protección civil detenidos llegaron la noche de este miércoles a las instalaciones de la FGE, para saber su situación jurídica y de qué se les acusa.

En el municipio de Taxco, gobernado por Mario Figueroa Mundo, la situación de inseguridad sigue desbordada a pesar de que los gobiernos federal y estatal han puesto en marcha varias operaciones para enfrentar a las organizaciones del crimen organizado.

Este año, dos hechos de violencia marcaron a este municipio. En enero, una organización criminal orilló a transportistas a paralizar el servicio más de una semana, debido a que se negaron a pagar una nueva cuota.

Los días que la ciudadanía se quedó sin transporte público, prácticamente se impuso un toque de queda en la ciudad.

El 27 de marzo, en plenas festividades de Semana Santa, una turba de ciudadanos de esta ciudad sacaron por la fuerza de su casa a Ana Rosa y a sus hijos Axel «N» y Juan Alfredo «N», este último menor de edad, y los golpearon con saña por haber secuestrado y asesinado a la niña Camila, de ocho años. Ana Rosa falleció a consecuencia de la golpiza.

Axel «N» y Juan Alfredo «N» fueron detenidos. Este último fue sentenciado este martes 27 de agosto a cinco años de internamiento por el delito de feminicidio.

Juan Alfredo «N» pagará su condena en el Centro de Ejecución de Medidas para Adolescentes (CEMA), ubicado en Chilpancingo.

Por este mismo caso, hay otros dos que están bajo proceso en la cárcel de Iguala, uno de nombre José «N» y otro que es taxista.

Normalistas retienen a elementos de la Guardia Nacional e incendian dos patrullas en Tixtla

Una hora después liberaron a los elementos de la GN en las instalaciones de la Normal


Texto: Marlén Castro

Sábado 9 de marzo del 2024

Chilpancingo

 

Estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, retuvieron alrededor de las siete de la noche a elementos de la Guardia Nacional y quemaron las dos patrullas en las que iban.

La acción se inscribe en el marco de las protestas por el asesinato de Yanqui Rotán Gómez Peralta, ocurrido la noche del jueves en Chilpancingo.

La retención de los elementos de la Guardia Nacional ocurrió a la altura del monumento a Vicente Guerrero, a la salida de Tixtla, sobre la carretera que conecta a esta cabecera con Chilapa, región de la Montaña.

Un elemento de la Guardia Nacional al momento que es bajado y retenido de la patrulla que posteriormente fue incendiada. Foto: Captura de video

Un contingente de entre 80 y 100 normalistas interceptaron las dos patrullas que circulaban en la carretera Tixtla-Chilapa, a la altura del monumento y ahí mismo quemaron una de las dos patrullas. Una de las unidad interceptadas e incendiadas es la número 28117. Las dos patrullas incendiadas son de las que tienen torreta, en la que suelen ir ocho elementos.

De acuerdo con las versiones disponibles, una parte del contingente de los normalistas se llevó a los elementos de la Guardia Nacional y otro a la segunda patrulla, la que fue incendiada a la altura del Internado Adolfo Cienfuegos y Camus, muy cerca del monumento a Vicente Guerrero, también en la salida de la cabecera de este municipio donde se ubican las instalaciones de la Normal.

Una de las patrullas incendiadas por normalistas al pie del monumento a Vicente Guerrero. Foto: Cortesía Interacción

Se desconoce el paradero de los elementos de la Guardia Nacional y cuántos eran en total.

Liberan a los elementos de la Guardia Nacional

Alrededor de una hora después de su retención, los elementos de la Guardia Nacional fueron liberados en las instalaciones de la Normal, ubicadas a la entrada de Tixtla.

Se trataba de 10 elementos en total. Fueron por ellos mandos de la Guardia Nacional.

Durante la retención y quema de las unidades, dos rifles automáticos fueron dejados en la carretera.

Vigilan, obstruyen y desvían tráfico en Palacio de Gobierno ante posibles protestas de normalistas

Texto y Fotos: Alberto Ramírez

Viernes 8 de marzo del 2024

Chilpancingo

 

Desde la madrugada de este viernes, el Palacio de Gobierno fue blindado con policías antimotines después del ataque a tres estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, en donde un estudiante murió y otro resultó herido.

El gobierno estatal, con todas las fuerzas policíacas, Guardia Nacional, Policía Ministerial y Policía Estatal, también blindó la Fiscalía General del Estado (FGE) y los edificios que alberga oficinas estatales en el centro de la ciudad.

La FGE está resguardada por cada lugar al que se accede a las oficinas, por alrededor de 80 a 100 elementos.

En las primeras horas del día, además de la vigilancia policíaca la avenida por donde se accede a las oficinas de gobierno fueron bloqueadas con un camión de volteo y otros automóviles oficiales.

Otra medida de las que tomó la autoridad fue desviar el tráfico por el tramo que pasa frente a las oficinas gubernamentales, tanto para automóviles particulares como para el transporte público.

De acuerdo con lo que se observó, el tráfico vehicular se desviaba desde el lugar en el que se ubica el Instituto Tecnológico. Los conductores de autos particulares y del transporte público que requieren ir más al sur de la ciudad toman vías alternas por atrás del Palacio de Gobierno.

Además de que el flujo vehicular fue desviado por las unidades atravesadas en la avenida, el rumor de la presencia de los estudiantes normalistas para protestar por uno de sus compañeros asesinados generó poca actividad por esta área de la ciudad. El tráfico no es intenso y la gente tampoco camina por la zona.

En toda esta parte de la ciudad hay un ambiente tenso. La poca gente que se observa por el lugar anda a prisa.

Adentro de las oficinas de gobierno se observa a varios grupos de policías antimotines que se mantienen a la expectativa para actuar en cualquier momento si llegaran los normalistas con su protesta.

Hasta la una y media de la tarde, no se reportaba movimiento de normalistas hacia Chilpancingo.

Nueva agresión armada de policías contra normalistas de Ayotzinapa deja un muerto y un herido

Texto: Margena de la O

Viernes 8 de marzo del 2024

Chilpancingo

 

La noche de este jueves policías estatales asesinaron a un estudiante y otro quedó herido de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, durante una agresión a balazos cuando estos se trasladaban en una camioneta blanca rumbo a Tixtla, confirmó el Centro de Derechos de Víctimas de Violencia Minerva Bello.

Lo primero que se conoció esta noche fue que sobre la avenida Insurgentes de Chilpancingo, estaba incendiada una patrulla de la Policía Estatal, al parecer por normalistas de Ayotzinapa, en aparente respuesta porque elementos policiacos habrían atacado a sus compañeros y, al menos, los habrían herido.

Versiones no oficiales reportaban que elementos policiacos dispararon antes contra una camioneta Pick Up, color blanco, donde viajaban algunos normalistas, con el saldo de un estudiante herido y otro probable asesinado.

En un primer comunicado, el Centro Minerva Bello difundió la agresión hacia los normalistas de parte de policías estatales. Precisó que esta agresión ocurrió todavía en la ciudad de Chilpancingo, en lo que se conoce como el antiguo libramiento a Tixtla; los jóvenes se trasladaban a Tixtla, donde están ubicadas las instalaciones de la Normal Rural.

En ese breve texto la organización hace una advertencia y expone que están en espera de la confirmación del saldo del ataque: “Cabe mencionar que en el último año dos recomendaciones por abuso de autoridad, exceso de la fuerza y otras violaciones a los derechos humanos, han sido resueltas en contra de policías estatales de Guerrero en el contexto de interacciones con estudiantes de Ayotzinapa”, se lee en el comunicado.

Más tarde confirmó que en el ataque de policías murieron dos estudiantes, uno en el lugar de los hechos y otro en el hospital. “Exigimos el esclarecimiento de los hechos y la inmediata detención de los elementos estatales de seguridad”. Pero más adelante, el mismo Centro aclaró que se confirmaba un estudiante asesinado.

La patrulla de la Policía Estatal retenidas por los normalistas fue atravesada sobre la avenida Insurgentes, a la altura del punto conocido como Las Parotas, muy cerca del mercado municipal Baltasar R Leyva Mancilla, después unos jóvenes le arrojaron unos explosivos que incendiaron por completo la camioneta.

Estos detalles se conocieron por un video que circula en redes sociales, donde se ve que los jóvenes que llevan tapados los rostros suben después a unos autobuses que se incorporan a la misma avenida donde ocurre el incendio. En el lugar hubo un despliegue policiaco para sofocar las llamas de la patrulla.

Los normalistas de Ayotzinapa están en su semana de celebración por el 98 aniversario de la Normal Rural, la cual tienen planeado culminar con un baile este sábado en sus instalaciones de Tixtla.

Este situación ocurre también en medio de un descontento de las madres y los padres de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala el 26 de septiembre de 2014, porque el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, no ha resuelto el caso como prometió y porque pretende condicionarles que para reunirse con ellos no asistan los abogados y los defensores que los han acompañado en estos más de nueve años.

Pueblos de la Sierra de Tierra Caliente exigen al presidente salida de policías y entrada militares

Llamaron a López Obrador a «evitar más muertes en la zona»


Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía:

20 de febrero del 2023

Chilpancingo

 

Habitantes de la zona serrana de Coyuca de Catalán, Ajuchitlán del Progreso y San Miguel Totolapan, municipios de la Tierra Caliente de Guerrero, emitieron un comunicado donde piden al presidente Andrés Manuel López Obrador y a la gobenadora Evelyn Salgado Pineda la salida de la Policía Estatal y la entrada del Ejército a sus comunidades a realizar labores de seguridad.

 

«Por medio de este comunicado presidente López Obrador, le solicitamos la presencia si es posible permanente del Ejército Mexicano, de La Guardia Nacional o Marina Armada de México, como sustitución de la Policía Estatal de Guerrero, que dan mal uso de los cuarteles, sabemos que existen policías falsos y filtrados para atacar sus objetivos, que dichos cuarteles sean utilizados para una seguridad de verdad», se lee en el comunicado difundido está tarde.

 

Al hecho que hace referencia el comunicado ocurrió el pasado 29 de enero, donde pobladores de El Parotal, municipio de Petatlán, se enfrentaron a balazos con elementos de la Policía Estatal, lo que dejó un saldo de cinco policías abatidos y 32 retenidos por la población.

 

El enfrentamiento ocurrió porque, de acuerdo con la versión de los pobladores, en las patrullas de la Policía Estatal iban sujetos que identificaron como integrantes de la Familia Michoacana, grupo criminal que opera en la región, también vestidos de policías.

 

También mencionaron los hechos ocurridos en El Durazno, donde el sábado hubo un enfrentamiento entre pobladores e integrantes de la Familia Michoacana que dejó dejó como saldo un adulto mayor asesinado y un jóven desaparecido.

 

Debido a esos hechos de violencia, los tres municipios que firman el comunicado aseguran que muchas familias son desplazadas por la inseguridad y no tienen garantía de regresar.

Fuerzas estateles dando un recorrido por las calles San Miguel Totolapan, Guerrero el 6 de octubrel del 2022.

«Nosotros conocemos los hechos de dichos grupos criminales que se están disputando la Sierra como si fuera un botín, están sacando a las familias y amenazando a quien se oponen a ellos».

 

Exponen también que los pobladores que deciden quedarse son amenazados y extorsionados para que abandonen la zona.

 

«Es frustrante y desesperante, pero aquí nacimos, aquí vivimos y aquí pensamos permanecer y morir», se lee en el comunicado.

 

En el documento culpan a la gobernadora de ser «complice» la Familia Michoacana y de «traicionar» a sus votantes.

 

En una especie de advertencia mencionaron también que «sería lamentable que nuestra Sierra se armara y ocurrieran cosas desastrosas, porque somos pueblos que siempre nos hemos defendido».

 

Llamaron al presidente de la República López Obrador a «evitar más muertes en la zona».

 

Uno de los municipios firmantes es el de San Miguel Totolapan, donde en el mes de octubre un grupo de civiles armados atacó a balazos el Ayuntamiento y asesinó al alcalde, Conrado Mendoza Almeda, a su padre, Juan Mendoza Acosta y a otras 21 personas, entre policías y funcionarios públicos.


Te podría interesar:

http://t8b.d8e.mwp.accessdomain.com/2023/02/19/un-enfrentamiento-en-sierra-de-guerrero-deja-un-herido-y-tres-desaparecidos/?amp

Policías de la CRAC detienen a AMLO, piden frene al grupo criminal de Los Ardillos

Texto: Amapola Periodismo 

Fotografía: Oscar Guerrero

21 de octubre del 2022

Chilpancingo

 

Integrantes de la policía comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) Pueblos Fundadores (PF) detuvieron en la carretera Chilapa-Tlapa al presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien le pidieron su intervención para que su gobierno frene al grupo criminal de Los Ardillos quienes, le expusieron, han asesinado a 40 personas de esa zona de la Montaña Baja de Guerrero.

Frente a López Obrador quien los escuchó sentado en la camioneta en que viajaba, los dirigentes de la CRAC-PF que pertenecen al Consejo Indígena Popular de Guerrero (CIPOG) Emiliano Zapata (EZ), denunciaron que los dirigentes de esta organización criminal la dirigen Celso Ortega Jiménez y el diputado local perredista Bernardo Ortega Jiménez.

«Muchos de nuestros compañeros bajan a Chilapa a vender sus productos y ya no vuelven y siguen desapareciendo y nosotros hacemos responsables a Los Ardillos, a Celso Ortega y al diputado Bernardo Ortega y al presidente municipal que está coludido con ellos», dijo uno de los dirigentes de esta agrupación armada que tiene su base en la comunidad de Alcozacán, municipio de Chilapa.

López Obrador, quien viajaba rumbo a Tlapa, fue interceptado por las autodefensas que estaban a la orilla de la carretera federal en el punto conocido como crucero de Colotepec.

Momentos antes, López Obrador había estado en Chilapa en donde encabezó una reunión de evaluación del programa del Bienestar.

«Tenemos varios años defendiéndonos para hacerle frente a estos grupos que nos quieren someter a la fuerza y por eso que no nos hemos dejado nos han privado de muchas cosas como el de no poder salir de nuestras comunidades y vivimos aislados», expuso uno de los líderes de la CRAC.

«Han matado a señoras, a viudas, han dejado a muchos niños huérfanos», refirió.

El líder de las autodefensas le dijo al presidente que diez músicos fueron asesinados en 2020.

Se refería a los diez músicos asesinados e incinerados el 27 de enero del 2020 en la carretera que comunica a los municipios de Chilapa y José Joaquín Herrera.

«El entonces Fiscal -Jorge Zuriel de los Santos Barrila- señaló a este grupo delictivo -Los Ardillos- el que cometió estos asesinatos y hasta el momento no ha habido justicia», comentó el líder de la comunitaria.

Se quejó de que el gobierno no le gusta que estos pueblos se organicen y tomen las armas.

¿Entonces qué quieren, que nos dejemos matar?, no se puede, tenemos familia que defender o sea si no nos defendemos quién lo va hacer?, recriminó.

Contó que el Ejército si está en sus comunidades pero no hace nada cuando actúa este grupo contra ellos.

En la misma conversación, pidieron a López Obrador ver el abandono en que están las comunidades de esta zona.

«No tenemos internet, durante la pandemia del Covid-19 los niños no tuvieron clases y ahora tampoco porque los maestros no quieren venir», se quejó el activista.

El presidente escuchó 9 minutos con 20 segundos a los dirigentes de la CRAC-PF.

Otras de las demandas que los manifestantes le plantearon al titular del Ejecutivo federal es que intervenga para que se cancelen las órdenes de aprehensión que existe en contra de habitantes de estas localidades, además de la liberación del policía comunitario Godofredo Cortés Reyes, preso en la cárcel en Chilapa.

«Nosotros queremos vivir en paz y si tenemos armas es para defendernos pero cuando ya haya tranquilidad nosotros las vamos a guardar», prometió el policía comunitario.

 

Visitará Encinas las comunidades, promete AMLO

López Obrador respondió a los de la CRAC-PF que en breve estará con ellos el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, para escuchar sus demandas.
«Nosotros hemos atendido a los pobres con los programas sociales ya sea una pensión para adulto mayor, una beca, sembrado vida, otros apoyos, a todos, ya no es el tiempo de antes que el presupuesto solo se quedaba arriba», expuso el presidente.

Obrador les dijo a los de la CRAC que estos programas sociales son para que haya justicia y paz.

«En este gobierno no se reprime a nadie, no es un gobierno autoritario, no hay tortura, no hay masacres, se respetan los derechos humanos», mencionó Obrador.

Luego les pidió a los policías comunitarios que eviten la violencia.
«Hay formas de luchas, la más eficaz de todas, es la no violencia», expuso el presidente.

Les pidió a las autodefensas que no caigan en la provocación y hay que promover el cambio de manera pacífica.

«Nosotros vamos a seguir trabajando sin la complicidad con nadie, nosotros no llegamos al poder con el apoyo de los oligarcas», les aseguró López Obrador a los manifestantes quienes le dijeron que desde la mañana de este viernes se plantaron en este sitio de la vía federal para esperarlo.

López Obrador estuvo en Tlapa en donde evalúo el avance de la construcción de los 23 caminos artesanales que empezaron a mediados de este año en comunidades de la región de la Montaña.

Mañana sábado visitará el municipio de Olinalá y después partirá por tierra a Puebla.

En la gira de trabajo, López Obrador estuvo acompañado por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda.


Te podría interesar:

Estudiantes protestan en carretera durante visita de AMLO; el presidente los atiende y les promete solución

Policías despedidos protestan para exigir reistalación

 

Texto: Jesús Guerrero
Fotografía: Óscar Guerrero
31 de julio de 2022
Chilpancingo

Policías estatales despedidos durante la pasada administración estatal de Héctor Astudillo Flores protestaron en la puerta principal del Palacio de Gobierno para exigir su reinstalación.

Los agentes se colocaron fuera de la puerta del edificio público. Los acompañaron sus esposas e hijos.

«Esposas e hijos exigimos justicia por los 176», decía una pancarta de la cónyuge de un policía.

Los agentes despedidos acusaron a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda de negarse a acatar la resolución del juez de distrito que ordenó sus reinstalaciones.

En junio del 2017, la Secretaría de Seguridad Pública destituyó a más de 150 policías estatales que pararon labores y marcharon en la Autopista del Sol para exigir el pago de bono de riesgo, incremento del monto del seguro de vida, uniformes, patrullas, chalecos antibalas y renovación de armamento.

Asesorados por un grupo de abogados, los agentes interpusieron un recurso de amparo ante un juez de distrito de Chilpancingo.

La resolución judicial fue favorable a los policías, quienes solicitan su reinstalación y pago de salarios caídos.

El gobierno del estado no les ha dado ninguna respuesta porque, al parecer, apeló la resolución del juez federal
En esta semana, en dos ocasiones, los agentes acompañados por sus familiares protestan afuera del Palacio de Gobierno para solicitar una reunión con Salgado Pineda.

 

Salir de la versión móvil