Como una reacción de protesta por el asesinato del vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parato (Cecop), Marco Antonio Suástegui Muñoz, estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, destrozaron la caseta Palo Blanco de la Autopista del Sol.
Este es el segundo día de protestas en Chilpancingo de parte de los estudiantes normalistas en reclamo de justicia del crimen del activista ambientalista que encabezó por casi 22 años, hasta el día de su muerte, el viernes 25 de abril pasado, un movimiento en contra de la construcción de la hidroeléctrica La Parota que empujaba la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en los Bienes Comunales de Cacahuatepec, zona rural de Acapulco.
Poco antes de las 10 de la mañana, varias decenas de normalistas llegaron en autobuses hasta la caseta de Palo Blanco y unos minutos después comenzaron a destrozar las cabinas de cobro en ambos sentidos.
Durante varios minutos lanzaron piedras y explosivos en las diferentes cabinas hasta lograrlo, mientras gritaban consignas para exponer su inconformidad. “¡Ni con tanquse ni metrallas, Ayotzi no se calla!”, fue una de las consignas que corearon al par que sonaban las detonaciones de los explosivos. Tampoco olvidaron sus propias exigencias, porque cerraron la acción de protesta después de gritar desde el uno al 43, en alusión a la desaparición de sus compañeros hace más de 10 años.
Así quedaron las cabinas de cobro de la caseta de Palo Blanco después de acción de protesta de los normalistas de Ayotzinapa. Foto: Alex Ortiz.
Los estudiantes dejaron en claro este reclamo por el asesinato del líder del Cecop al repartir unos también unos textos entre los automovilistas que cruzaban por la caseta, mediante el cual hacían un llamado a los gobiernos estatal y federal de una investigación que permita saber quién o quiénes fueron los responsables del crimen del vocero de la Cecop.
Hasta el lugar de la protesta llegaron elementos de la Guardia Nacional pero estuvieron alejados algunos metros.
Suástegui Muñoz fue atacado a balazos el viernes 18 de abril pasado en uno de los accesos de la playa Icacos, de Acapulco, donde era prestador de servicios, rentaba motos acuáticas. Al octavo día del ataque murió en un hospital privado del puerto donde era atendido.
Al conocerse la muerte del dirigente social que enfrentó varios situaciones en los casi 22 años del movimiento contra la construcción de La Parota, como cuatro encarcelamientos y la desaparición de su hermano Vicente Suástegui Muñoz, quien también formó parte del movimiento, de quien aún se desconoce su paradero, ha habido muchas reacciones de las organizaciones sociales estatales, nacionales e internacionales, con el reclamo de justicia. La Organización de los Derechos Humanos Derechos Humanos (ONU-DH) y Amnistía Internacional condenaron su muerte y exigieron a la Fiscalía General del Estado (FGE) una investigación “pronto, exhaustiva y eficaz”.
Ayer, los normalistas de Ayotzinapa realizaron su primera protesta y bloquearon de manera parcial la Autopista del Sol, al altura del punto conocido como El Parador del Marquez, al sur de la ciudad. Impidieron el paso de los automovilistas en un carril de cada sentido de la carretera de cuota por alrededor de un hora y media.
La actividad terminó con un mitin político en el lugar, donde condenaron también el crimen del dirigente social.
El dirigente social resistió 22 años contra la presa La Parota de la CFE, un proyecto que han tratado “de imponer a sangre y fuego” en los Bienes Comunales de Cacahuatepec
Texto: Margena de la O
Foto: Javier Verdín / Cromática agencia fotográfica y multimedia
Chilpancingo
Lunes 28 de abril del 2025
Marco Antonio Suástegui Muñoz egresó como arquitecto del Instituto Tecnológico de Acapulco y sus planes profesionales eran seguir preparándose fuera de México para, después, regresar y crear proyectos en la zona rural de Acapulco: carreteras, puentes e infraestructura para que el agua potable llegara hasta los Bienes Comunales de Cacahuatepec.
Le parecía injusto que la zona donde nació y creció dotara de agua a la zona urbana del puerto y sus paisanos la carecieran. “Tenía grandes proyectos de ser un arquitecto prominente”. Los pueblos de los Bienes Comunales de Cacahuatepec están en la marginalidad.
Pero las circunstancias que estaban por enfrentar sus paisanos le cambiaron la jugada y lo convirtieron en una figura de resistencia en Guerrero. La Comisión Federal de Electricidad (CFE) empujaba la construcción de la hidroeléctrica La Parota en los Bienes Comunales de Cacahuatepec, lo que significaba la desaparición de los pueblos originales. Quedarían inundados.
Marco observó despojo, por mucho que las instituciones de los gobiernos, como en todos los proyectos extractivistas o de explotación de recursos naturales que respaldan, plantearan la oportunidad de desarrollo para la zona rural de Acapulco, mientras les ofrecían una reubicación.
Convencido del riesgo, el 28 de julio del 2003, a sus 27 años, comenzó una lucha social junto a los hombres y las mujeres de los Bienes Comunales de Cacahuatepec. “Tuve que regresar porque vi cómo iba a ser el despojo de las tierras de los campesinos, me di cuenta de que iba a haber una injusticia”. Crearon el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop), del cual Marco siempre fue vocero.
Pronto se distinguió como un líder de temple y discurso fuerte, pero de apariencia sencilla. El sombrero oscuro que usaba y el machete que traía terciado en la espalda le forjaron una identidad.
Conocía los Bienes Comunales de Cacahuatepec donde nació el 17 de enero de 1976, y sus planes, desde que regresó al terminar su carrera universitaria, eran permanecer ahí para siempre.
Así es desde la tarde de este domingo 27 de abril del 2025 que fue sepultado su cadáver en el panteón del poblado de Cacahuatepec. Murió el viernes 25 al octavo día del atentado armado que sufrió en playa Icacos, de Acapulco, donde rentaba motos acuáticas. Los casi 22 años que duró su lucha social enfrentó varios desafíos por su osada resistencia, la más “terrible” de su vida, la desaparición de su hermano Vicente.
El féretro del vocero del Cecop, Marco Antonio Suástegui, al llegar a Cacahuatepec. Foto: Javier Verdín / Cromática.
Un dolor que nos tiene atrapados…
De manera intempestiva Marco se levanta de la silla y dice que se va porque seguro Vicente espera que lo busque. Su reacción es abrupta. Hace unos instantes reía, pero de pronto pareció molesto, como si sintiera culpa por haberse desconectado unos momentos de su pesar.
Antes, en entrevista, dijo que la desaparición de su hermano Vicente le pegó duro. “Me duermo pensando en mi hermano Vicente, sueño con mi hermano Vicente, despierto con mi hermano Vicente, desayuno, como y ceno con mi hermano Vicente”. Marco se despide y se va después de mirar repetidas veces a su alrededor.
La noche del 5 de agosto del 2021 unos hombres se llevaron a Vicente de la avenida principal de colonia Renacimiento, en Acapulco.
Vicente trabajaba como taxista y salió de su casa esa noche porque le pidieron un servicio que, Marco creía, fue un plan para llevárselo. En la avenida principal de Renacimiento, frente a la Secundaria Federal número 9, un pequeño carro rojo le cerró el paso y unos hombres lo interceptaron, lo bajaron, golpearon y se lo llevaron, de acuerdo con la reconstrucción que hizo entonces el líder del Cecop. No sabía si su hermano estaba herido, pero tenía la certeza de que dispararon para obligar a bajarlo del taxi.
Esta entrevista ocurrió el l9 de octubre del 2021, frente a la playa Papagayo. La razón de que fuera testigo de la reacción inesperada de Marco al acordarse de su hermano fue que antes me concedió una entrevista amplia para hablar de su lucha, que se convirtió en familiar, y la desaparición de su hermano, en la cual tenía indicios de que estarían involucrados agentes policiales con otros grupos armados que en la zona se presentaban como autodefensas.
“Mi hermano está desaparecido y este sufrimiento, le decía yo, que eran como flechas mortíferas, que no solamente te atraviesan el cuerpo, no solamente te ha atravesado el corazón, sino te atraviesan el alma, rompen con tu tranquilidad, no hay paz en el corazón, hay una desesperación tremenda. No saber si Vicente está con vida, no saber si Vicente ya comió, si está enfermo o no, saber si lo están torturando, no saber si Vicente está sufriendo realmente, si está enfermo, realmente es algo que nunca había imaginado”, compartió entonces.
Marco sabía que la situación que enfrentaba con su hermano era resultado de la resistencia de 18 años en ese momento–casi 22 hasta el día de su muerte–, porque se convirtieron en un “estorbo para los gobiernos que, sin duda alguna, van a seguir queriendo imponer a sangre y fuego el proyecto de la presa La Parota”.
También le quedaba claro que se la cobraban con el golpe más bajo. “No tengo miedo de morir, no tengo miedo de ser encarcelado, pero sí tengo mucho miedo de no encontrar a mi hermano Vicente con vida”.
Marco murió y tampoco lo halló.
Desmarañó la jugada
Cuando Marco enfrentaba la desaparición de su hermano ya había vivido momentos duros como dirigente social, como su encarcelamiento en el penal federal de Nayarit.
El vocero del Cecop fue de los dirigentes sociales encarcelados durante el gobierno de Ángel Aguirre Rivero (2011-2014, salió un año antes por el caso de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa), considerado el periodo de este cuarto de siglo como el más letal para la lucha social, por el encarcelamiento y asesinato de activistas.
Lo aprehendieron en Acapulco el 17 de junio del 2014 y al día siguiente ya estaba en Nayarit. En el penal también estuvo presa la ex comandante de la Policía Comunitaria de Olinalá, Nestora Salgado, quien después fue senadora. Además, en el 2013 mataron a 13 dirigentes sociales, entre ellos Arturo Hernández Cardona, Rocío Mesino Mesino, Raymundo Velázquez Flores y Luis Olivares Enríquez.
Marco ya había estado preso antes y lo estuvo varias veces después. En 2004, en el periodo del extinto gobernador René Juárez Cisneros, al año siguiente de comenzar el movimiento contra La Parota, fue detenido por primera vez. Pero nada, como su año de reclusión en Nayarit, donde perdió 30 kilos de peso. “Cuando yo fui encarcelado en Nayarit pesaba 90 kilos, regresé con 60 kilos, o sea, perdí 30”, comentó en la entrevista de hace cuatro años.
Pero tampoco ese episodio sería lo último que enfrentaría, porque el 7 de enero del 2018, hubo un enfrentamiento entre policías comunitarios de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), con los que Marco coincidía, y pobladores de pueblos vecinos en La Concepción, que forma parte de los Bienes Comunales de Cacahuatepec. Esto ocurrió en dos momentos, en uno de ellos, el gobierno estatal, entonces encabezado por Héctor Astudillo Flores, envió una operación policiaca a esta parte rural de Acapulco, al parecer para mermar la oposición a La Parota. El enfrentamiento dejó 11 muertos, entre policías comunitarios y pobladores.
Este hecho le valió a Marco su cuarto encarcelamiento con otros 37 integrantes del Cecop.
Después vendría la desaparición de Vicente quien, compartió Marco en la entrevista de hace cuatro años, había salido desplazado de los Bienes Comunales de Cacahuatepec entre 2019 y 2020.
Todos estos episodios ocurren en un acoso sistemático no solo de parte de agentes policiacos que los seguían, también de otros grupos de civiles armados. Marco compartió entonces que miembros de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), una organización de autodefensas que creó el dirigente na savi Bruno Plácido Valerio, que fue asesinado el 17 de octubre del 2023, estarían detrás de la desaparición de su hermano en colusión con agentes ministeriales y de otras corporaciones.
Entonces Marco ya tenía claro que para resistir ante las instituciones de Estado había que librar batallas con diferentes rivales. “La lucha social está en verdadero peligro porque ya no son los (policías) federales, ya no son los militares, ya no es el Ejército y la Marina quien desaparece. El gobierno utiliza a grupos criminales para desaparecerte, para asesinarte, para enterrarte vivo, para torturarte, para levantarte y eso es más peligroso”.
Marco Antonio Suástegui enfrentó todas las fases del riesgo por disentir.
El opositor a la presa La Parota de Acapulco dedicó 22 años a esta lucha que le generó encarcelamientos y la desaparición de su hermano Vicente, a quien buscó hasta su final
Texto: Margena de la O
Foto: Tlachinollan
Chilpancingo
Viernes 25 de abril del 2025
El vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop), Marco Antonio Suástegui Muñoz, murió producto del atentado armado que sufrió el viernes 18 de abril pasado en playa Icacos, de Acapulco, confirmó esta tarde el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.
Fueron ocho días los que el dirigente social permaneció internado de gravedad en un hospital privado del puerto después de los disparos que recibió.
Suástegui Muñoz solía estar en la playa Icacos, porque también era prestador de servicios turísticos, rentaba motos acuáticas, y fungía como representante de los Turisteros Unidos en Defensa y Rescate de la Playa Icacos (Tuderpi).
De acuerdo a lo que registraron algunos medios de comunicación del puerto, el líder social fue agredido en uno de los accesos a la playa la tarde-noche de ese viernes; un hombre se le acercó, le disparó y huyó.
Lo que era público desde entonces por la información que hacían pública integrantes de otras organizaciones sociales que hacen vida en Guerrero, es que Suástegui Muñoz fue intervenido de manera quirúrgica, y que su estado de salud era de gravedad, pero estable
Pero esta tarde, a las 14:18 horas, Tlachinollan colgó un mensaje en sus redes sociales mediante el cual informaba la muerte del vocero del Cecop.
“Después de que el pasado viernes 18 de abril de 2025 Marco Antonio Suástegui Muñoz, líder histórico del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (CECOP), fuera agredido por un pistolero cuando salía de la playa Icacos, hoy desafortunadamente nos llegó la noticia de que perdió la vida por los disparos de gravedad que le hicieron, luego de 8 días en el hospital tratando de sobrevivir”, es parte del texto difundido.
La organización también lamentó y exigió una investigación clara de los hechos.
Marco Antonio Suástegui Muñoz es conocido en Guerrero por la lucha social de 22 años que realizó para evitar que la Comisión Federal de Electricidad (CFE)–con el respaldo de servidores públicos locales– realizaran la construcción de la presa La Parota en los Bienes Comunales de Cacahuatepec, una parte importante de la zona rural de Acapulco aislada y marginada.
La oposición fue para evitar que los habitantes de la zona fueran despojados de sus tierras originales, lo que también ocasionó varias diferencias internas entre los pobladores. El proyecto ha sido aplazado por esta lucha.
Estos años de resistencia le valieron a Suástegui Muñoz periodos de encarcelamiento, uno de los más recordados ocurrió durante el periodo del exgobernador Ángel Aguirre Rivero, estuvo preso por poco más de un año acusado por los delitos de robo y daños en propiedad ajena.
El gobierno de Aguirre Rivero es de las administraciones recientes donde más dirigentes sociales fueron asesinados y encarcelados. En esa ocasión estuvo en la cárcel de máxima seguridad de Tepic, Nayarit, donde también estuvo encarcelada la exsenadora y ex comandante de la Policía Comunitaria de Olinalá, Nestora Salgado.
De los mayores costos que enfrentó Suástegui Muñoz por su lucha fue la desaparición de su hermano Vicente, a quien el 5 de agosto del 2021 unos hombres se lo llevaron de la avenida principal de colonia Renacimiento, Acapulco, donde trabajaba como taxista. Desde entonces está desaparecido.
Marco dedicó los últimos años de su vida a buscar a su hermano.
Los dos hijos y el esposo de Guadalupe Vicario que supuestos policías sacaron por la fuerza de su casa en junio del 2013 estarían enterrados en un punto de Chilpancingo conocido como Cerrito Rico. El dato que está sin acreditar causa sospechas a los familiares
Texto: Margena de la O
Foto: Colectivo María Herrera
Chilpancingo
Jueves 24 de abril del 2025
Todo pasó tan rápido, al menos así lo vivió al quedar pasmada, que en estos casi 12 años que dos de sus hijos y su esposo llevan desaparecidos, Guadalupe Vicario sigue en la reconstrucción del momento en que unos hombres vestidos como policías los sacaron por la fuerza de su casa, ubicada en la colonia PRD parte alta, de la ciudad de Chilpancingo, y se los llevaron.
Estuvo tirada en el piso, encañonada con una arma y la advertencia de no moverse por un buen rato–ya no recuerda cuánto tiempo le dieron–si quería evitar que regresaran y los mataran a todos. Pensó en sus otros dos hijos que estaban en casa, un niño de 12 años y una niña de seis años, y su nieta de tres. Solo dejó correr los minutos.
Pasaban de las seis de la tarde del 25 de junio del 2013 cuando pasó. Guadalupe todavía hacía tortillas a mano para la venta, tenía un puesto afuera de su casa.
Agustín Martínez, su esposo, estaba en el patio ocupado en la compostura de una camioneta, en lo que también le ayudaban sus hijos, Agustín, de 21 años y Héctor, que estaba por cumplir 18 años el 30 de junio. Usaban ese vehículo para acarrear leña desde la Sierra de Chilpancingo, que le servía a Guadalupe para cocer las tortillas.
En épocas de lluvias, cuando Agustín, el padre, no tenía trabajo como conductor de camión trocero, como son llamados los camiones de carga, en este caso usados para transportar troncos de madera que cortan en las zonas serranas, acarreaba leña para venderla. En las secas era cuando más le contrataban como chofer; la venta de madera no era un negocio de ellos, su trabajo estaba limitado a llevar los troncos a los aserraderos.
En este oficio solía involucrarse su hijo Agustín, porque dejó los estudios desde que acabó la secundaria y se dedicó a trabajar. Héctor recién estudiaba mecánica.
Guadalupe recuerda que uno de los dos hijos desaparecidos, porque tuvo ocho en total, le dijo que tenía hambre. Comenzaba a preparar los alimentos para darle de comer, cuando un grupo de hombres con facha de policía entraron de manera intempestiva a su casa. “No sé si fueron policías, pero ellos venían de policía”, comparte.
En la reconstrucción de los hechos que ha tejido con los recuerdos de todos los que estuvieron en casa ese día, sabe que los supuestos policías llegaron en carros particulares hasta su casa.
Los hombres la tumbaron al piso y la mantuvieron ahí por la fuerza. “A mí me encañonaron con la armas, me agacharon al piso, me tumbaron. Yo los tuve enfrente, pero es como un casete que se borra, yo nada más oía gritos, gritos”.
Entre esos gritos brotaban múltiples insultos, pero escuchó que su esposo, primero, preguntó a los hombres vestidos de policías qué querían, después, les dijo que dejaran a sus hijos y se lo llevaran a él en lugar de ellos.
Al final cargaron con los tres y Guadalupe permaneció en el pasmón por un rato más, hasta que los vio perderse para buscar a sus otros hijos y nieta que seguían impávidos de la impresión. Al niño lo halló hasta el fondo debajo de una cama.
Les ha costado mucho, dijo, salir de esa escena de vida. “Luego nos ponemos a platicar, pero como dicen ellos, ya no quieren recordar, porque vivieron con ese temor y hasta la fecha viven con ese temor”.
Un intempestivo dato en la carpeta de investigación
Hay al menos dos razones por las que la historia de la desaparición de los hijos y el esposo de Guadalupe debe ser visibilizado en estos momentos.
La primera, es que el colectivo local de buscadores de desaparecidos al cual pertenece Guadalupe, el Colectivo Familiares en Búsqueda María Herrera, estuvo sumado a la Segunda Jornada Nacional de Búsqueda Humanitaria, donde familiares de desaparecidos organizados en 28 estados del país realizaron actividades durante el sábado 19 y el domingo 20 de abril de manera simultánea. El colectivo María Herrera las extendió al participar en unas mesas de trabajo que organizaron instituciones del gobierno federal en el estado de México desde el lunes pasado hasta este jueves.
Integrantes del Colectivo Familiares en Búsqueda María Herrera durante sus actividades del sábado 19 de abril del 2025, en el zócalo de Chilpancingo, al sumarse a la Segunda Jornada Nacional de Búsqueda Humanitaria.
La segunda, porque en una revisión que hizo Guadalupe del expediente que lleva la Fiscalía General del Estado (FGE) sobre la desaparición de sus hijos y esposo halló un dato inesperado: sus hijos y esposo estarían enterrados en un punto de Chilpancingo conocido como Cerrito Rico, ubicado al norte de la ciudad. El lugar es conocido en la ciudad porque ahí está una presa de agua a la que le atribuyen el mismo nombre y suele desbordarse cada temporada de lluvias.
“Me quedé así, asombrada (…). Yo en ningún momento di esa información, hasta me dijo el fiscal, nuestro MP (Ministerio Público) hasta me preguntó, ¿eso dijo es usted?, y le dije no, yo en ningún momento di esa información, yo ni sé cómo apareció esa información allí en mi carpeta”, narra.
Le saltan varias dudas que se convierten en interrogantes, la principal, de dónde sacó la Fiscalía es versión si tampoco está acreditado. “Hasta me dijo el MP, pero si sabe algo usted nos puede informar o investigue, pero cómo voy a investigar yo sin de por si vivo con ese miedo”. Los investigadores locales le pidieron a Guadalupe hacerse cargo también de las indagatorias oficiales. Los familiares de desaparecidos fungen ya uno de los papeles más importantes en la búsqueda de personas desaparecidas.
La dependencia, por lo que ha interpretado Guadalupe de la carpeta, tampoco ha confirmado el dato del posible entierro clandestino de sus hijos y esposo. “Ya ve las autoridades aquí, todo quiere que les pongamos en charola de plata”, agrega.
Guadalupe ya informó a instancias federales sobre este dato que podría prestarse para cambiar el curso de la investigación, porque logró que el gobierno federal también asumiera las indagatorias.
Como parte de la jornada nacional de actividades, los familiares de desaparecidos realizaron concentraciones en plazas y espacios públicos en Chilpancingo y Acapulco y el domingo estuvieron en Atoyac de Álvarez en un acto convocado por la familia de Rosendo Radilla, desaparecido durante la década de los setenta, en la llamada guerra sucia que algunos científicos sociales nombraron terrorismo de Estado, caso por el que el Estado mexicano recibió una sentencia condenatoria por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh).
En la imagen aparecen Tita Radilla, hija de Rosendo Radilla, y Gema Antúnez, quien coordina el Colectivo María Herrera, en el acto de Atoyac de Álvarez el domingo 20 de abril del 2025.
Gema Antúnez Flores, quien dirige el Colectivo María Herrera en Chilpancingo, el cual creó después de la desaparición de su hijo Juan Sebastián García Antúnez, ocurrida el 27 de febrero del 2011, informó que estas mesas en las que participa empujan la exigencia de que el gobierno federal revise de manera constante las carpetas de todos los casos de desaparición con expediente, aun cuando sean de larga data.
“Yo tengo el caso de mi hijo desaparecido desde el 2011, entonces está contemplado como una desaparición de larga data, y se les está pidiendo que esas carpetas sean manejadas de manera virtual, porque yo como madre sigo en la búsqueda”, expone.
Solo uno de cada cuatro policías municipales en México gana más de 16,000 pesos al mes, menos del 70 por ciento tiene prestaciones básicas y entre el 19.3 por ciento y 52.5 por ciento cuenta con cobertura de seguridad social, de acuerdo con un diagnóstico de México Evalúa
Texto: Andro Aguilar /Animal Político
Ilustraciones e Infografías: Animal Político
Ciudad de México
Miércoles 23 de abril del 2025
Domitilio es ayudante de albañil, de plomero y de electricista. También dedica 84 horas en promedio a la semana a cuidar a los habitantes de Villa Nicolás Romero, como policía municipal.
Por esta última labor gana 3,800 pesos quincenales, poco menos de los 4,182 establecidos como sueldo mínimo por las autoridades. Quizá la diferencia, dice, es porque le descuentan 250 pesos para que pague su propio seguro de vida.
“Uno llega a trabajar, nos encomendamos a Dios y adelante. Ha habido compañeros que han asesinado, que han chocado, que los han atropellado. Al final del día te acostumbras a vivir con este tipo de trabajo”, relata en entrevista.
El caso de Domitilio —cuyo nombre fue cambiado para evitarle represalias— es una constante en México, donde la precariedad laboral prevalece para los policías municipales, que son las corporaciones de seguridad más próximas a la ciudadanía.
Menos del 70 por ciento de los elementos cuenta con las prestaciones básicas establecidas en la Constitución —como aguinaldo, vacaciones y prima vacacional—. Y entre el 19.3 por ciento y 52.5 por ciento cuenta con cobertura de seguridad social efectiva, lo que implica que hasta 80.7 por ciento podría carecer de la misma.
Solo una minoría recibe otros apoyos como asistencias psicológica y legal, vales de despensa o becas escolares.
Diseño: Nadia Núñez.
Esas malas condiciones laborales dificultan su reclutamiento. Así lo demuestran las cifras del Inegi, que reflejan un decremento de elementos a nivel nacional en las cifras más recientes.
En 2022, la cifra reportada ante Inegi era de 173,407 elementos, el número más bajo desde 2010, lo que equivale a 1.4 policías por cada mil habitantes. Una cantidad que no alcanza el estándar mínimo de 1.8 policías por cada mil habitantes recomendado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Policías municipales en México, sin salarios dignos
Pese a que el Sistema Nacional de Seguridad Pública estima que el ingreso necesario para que los elementos y sus familias puedan llevar una vida digna es de 16 mil 688 pesos mensuales —antes de bonos—, solo uno de cada cuatro elementos rebasaba esos ingresos.
De acuerdo con el Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México 2023, 9.6 por ciento ganaba menos de 5,000 pesos al mes en 2022 e incluso 2.2 por ciento de los policías municipales trabajaba sin recibir pago.
Asimismo, 27.3 por ciento de los elementos recibía entre 5,000 y 10,000 pesos mensuales; 30 por ciento ganaba entre 10,000 y 15,000 pesos y 20.8 por ciento ganaba entre 15,000 y 20,000 pesos. Solo un pequeño porcentaje, el 5.4 por ciento, percibía entre 20,000 y 25,000 pesos, y apenas el 2.6 por ciento de los policías obtenía salarios superiores a 25,000 pesos.
Con turnos laborales de 24 horas seguidas y 24 horas de descanso, el trabajo no solo está mal pagado, sino que absorbe la mayor parte de su tiempo.
Diseño: Nadia Núñez.
Prestaciones insuficientes para policías municipales en México
Pese a que las prestaciones como el aguinaldo, las vacaciones pagadas y la prima vacacional deben ser un derecho entre los policías municipales con base en la Constitución, no aplica en todos los casos. Si bien el aguinaldo es la prestación más común, con un 90.8 por ciento de los policías que lo recibe, solo 79.9 por ciento tiene acceso a vacaciones pagadas y 69.4 por ciento cuenta con prima vacacional.
Para que un policía cuente con seguridad social debe estar afiliado al Instituto Mexicano de Seguridad Social (IMSS), al Instituto de Seguridad Social y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) o a una institución local. Así, México Evalúa concluyó que entre 19.3 por ciento y 52.5 por ciento de los elementos de seguridad municipal tiene acceso a algún esquema de seguridad social.
Además, son pocos los policías que tienen acceso a servicios y prestaciones de seguridad social. Esta situación contraviene el mandato constitucional y el artículo 2 de la Ley de Seguridad Social, que busca garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y que el Estado garantice la provisión de una pensión.
De acuerdo con el Inegi, los policías afiliados a algún tipo de seguridad social se distribuyen así: 26.3 por ciento está afiliado al IMSS y 5.3 por ciento al ISSSTE, lo que les proporciona una cobertura integral de salud y prestaciones de retiro; 19.7 por ciento tiene seguridad social proporcionada por una institución de su entidad federativa, que generalmente ofrece servicios similares a los del IMSS, aunque la calidad puede variar según el estado; 15.1 por ciento de los policías reciben servicios de seguridad social a través de otras instituciones, generalmente gestionadas directamente por los municipios. De ese 52.5 por ciento, solo 45,185, es decir 26 por ciento del total, tienen acceso a prestaciones de retiro o jubilación.
Los créditos para la vivienda solo están disponibles para 7.6 por ciento de los policías municipales. Esa situación les genera que permanezcan atrapados en un ciclo de pobreza patrimonial.
Casi la mitad de los policías municipales no tiene un seguro de vida, lo que deja en desamparo a sus familias. Y apenas uno de cada cuatro (25.7 por ciento) tiene apoyo psicológico. Por lo que muchos enfrentan solos las secuelas emocionales y mentales de su trabajo. Además, solo 28.8 por ciento de los elementos cuenta con asesoría jurídica.
Los vales o bonos de despensa son accesibles para solo 27.6 por ciento del personal. Solo 11.9 por ciento de los policías municipales cuenta con acceso a créditos personales y 5.3 por ciento con apoyo para la vivienda. La mayoría de los policías no percibe las herramientas para mejorar su calidad de vida y la de sus familias.
Financiamiento de municipios para sus policías y ruta a seguir
Los municipios en México tienen dificultades para financiar a su policía principalmente por falta de ingresos propios.
El financiamiento de la seguridad es responsabilidad de los tres niveles de gobierno, pero la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública asigna a los municipios la responsabilidad de financiar las prestaciones laborales de sus policías. Los municipios, sin embargo, carecen de recursos suficientes por falta de ingresos, por una organización deficiente del gasto o por déficit de capacidades.
Entre 2012 y 2022, 72.3 por ciento de los ingresos totales de los municipios provinieron de la Federación y gobiernos estatales, es decir, 440 mil 266 millones de pesos. Lo que recaudaron los gobiernos municipales (27.7 por ciento de los ingresos totales) representó 168 mil 159 millones de pesos.
La legislación federal no precisa qué prestaciones debe incluir el esquema complementario de seguridad social, por lo que cada entidad y municipio lo definen y resuelven. Por este motivo, hay corporaciones policiales con más prestaciones laborales que otras.
La organización destaca que entre los factores que limitan el potencial de elementos policiacos influye por un lado la falta de presupuesto, tanto local como federal —derivado de la militarización de la seguridad pública a partir de la participación de Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional—. Además de la precariedad laboral que dificulta que los policías hagan una carrera.
El artículo 123 de la Constitución Mexicana establece que las prestaciones mínimas que debe tener todo trabajador del Estado son sueldo, aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, días de descanso y jornadas laborales definidas. Además de la seguridad social con jubilación, cobertura de accidentes y enfermedad, licencia de maternidad, derecho a asistencia médica para familiares y créditos a la vivienda. Además, de otras prestaciones que serían definidas por cada gobierno local.
Para su investigación, México Evalúa contempló esas prestaciones de ley y de seguridad y estableció el estándar que deben tener las policías municipales.
Además de explicar el marco normativo de las prestaciones laborales de la policía y evidenciar cuál es el acceso en cada corporación, la investigación de México Evalúa analiza la capacidad financiera de los gobiernos locales para mejorar ese panorama.
La organización desarrolló recomendaciones para apoyar a los policías municipales y los propios municipios que incluyen reformas a leyes federales y estatales, mejor acceso a fondos federales y estatales, así como a información, investigaciones y a estadísticas, además de asesoría técnica y colaboraciones entre el sector privado y la sociedad civil.
Mientras tanto, en los municipios, los policías se han acostumbrado a estar desprotegidos y a ser vulnerables en un entorno donde enfrentan riesgos constantes, como Domitilio.
–¿Vale la pena ser policía municipal?, se le pregunta.
–No vale la pena como tal. Pero lo más valioso que te puede llevar aquí es el agradecimiento de la gente y eso es lo bonito, cuando la gente te agradece. No vale la pena el trabajo, no vale la pena que arriesgues tu vida, pero al final del día no tienes otra oportunidad de trabajar. Al paso del tiempo te vas acostumbrando.
Este texto es reproducido con la autorización de Animal Político, medio aliado de Amapola Periodismo. Aquí puede consultar su versión original.
En Amapola, periodismo transgresor inauguramos el 15 de abril pasado, el Día Mundial del Arte, en honor a Leonardo da Vinci, por la fecha de su natalicio, la publicación de ilustraciones de artistas locales.
El grito de Carrizalillo. Inspirado en el Grito del Artista Noruego Edvard Munch.
“Guerrero se consolida como uno de los destinos preferidos de México en esta temporada”, es parte del texto posteado en redes sociales de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda este domingo cuando habló de la ocupación hotelera con que cerraron Semana Santa los cuatro destinos turísticos del estado, donde Acapulco alcanzó un promedio 91.6 por ciento.
Lo que no figura en esta información oficial son las 25 personas asesinadas en el puerto durante toda la semana pasada de descanso, mientras un parte de Acapulco estaba lleno de turistas. Seis de las personas asesinadas fueron conductores del transporte público o personas de alguna manera asociados a este servicio, lo que generó que algunas rutas del centro y la zona conturbada de la ciudad pararan por algunas horas.
Este número es resultado de un recuento de los hechos violentos suscitados en Acapulco del domingo 13 al domingo 20 de abril, todos publicados por medios locales de comunicación, lo que refleja los diferentes contextos de puerto, como si Acapulco tuviera diversas caras.
Hace unos días Amapola, periodismo transgresor público datos sobre la recuperación turística de Acapulco después de los huracanes Otis (2023) y John (2024) que difunde las instituciones del gobierno del estado y los sucesos violentos que continúan en Acapulco. Dos contrariedades que se acentuaron durante esta Semana Santa que concluyó ayer domingo, pero nunca se cruzaron.
Las playas del puerto estuvieron repletas, según las publicaciones en redes sociales de las dependencias públicas estatales, los medios de comunicación locales y los propios visitantes. Con estas publicaciones, los servidores públicos difundían las diferentes actividades de distracción que hubo en Acapulco, por ejemplo, el puerto fue sede de lo que llamaron la “Cumbre del Mariachi” y otras actividades. Publicaron recomendaciones hasta de los restaurantes que podían visitar.
Todas estas sugerencias dentro de la zona blindada, el Acapulco turístico: el tradicional, que ahora este gobierno le llama la bahía histórica; la dorada, que incluye la costera Miguel Alemán, y la diamante, entre otros puntos que son visitados, como Pie de la cuesta.
La presencia policiaca y militar por toda la costera, en el principal corredor que conecta con otros puntos, es evidente. Dentro de los números particulares de ocupación hotelera, la zona dorada es la más ocupada, con un promedio de 93.6 por ciento.
Así estuvieron las playas de Acapulco durante Semana Santa. Foto: Cromática.
El otro Acapulco…
Pero en el otro Acapulco, la zona rural, conurbada y hasta en la avenida Cuauhtémoc, ubicada apenas a espaldas de la costera Miguel Alemán, asesinaron a estas 25 personas.
El ataque contra los transportistas llevaba semanas en Acapulco, al menos desde marzo pasado, lo que ya era un antecedente de alarma para estas vacaciones, pero durante Semana Santa hubo una sobre exposición de la situación porque, además, los agresores quemaron unidades y atacaron bases del transporte público, lo que alcanzó a otras víctimas además de los conductores.
El martes 15 de abril seis personas fueron asesinadas en Acapulco, dos eran dos hombres taxistas. Uno fue asesinado por la tarde en la avenida Cuauhtémoc, cerca del puente Bicentenario, unas personas en moto se le acercaron y le dispararon. Manejaba una unidad de la ruta Centro-Zapata. Antes, por la mañana aún ya habían asesinado a otro taxista en el bulevar Vicente Guerrero, en la colonia Las Cruces.
Al día siguiente, el miércoles 16, en respuesta contra los ataques, los conductores del transporte publico, de manera particular de taxis y camionetas pasajeras que circulan entre zona conurbada y parte de la zona rural, bloquearon el punto que es conocido como El retorno de la carretera federal México-Acapulco. Durante el bloqueo que duró unas cuatro horas, los conductores no dijeron ninguna palabra a reporteros que cubrían la noticia, su reclamo lo expusieron en las pancartas que portaron durante la protesta, al parecer por temor al exponerse de más.
Este temor no estaba infundado porque unas horas después otro taxista fue asesinado en el bulevar Vicente Guerreros, a la altura de la colonia Renacimiento (zona conurbada). Este conductor había participado en el bloqueo unas horas antes. Su numero de taxi, el 2980, fue visto en el lugar de la protesta.
Al día siguiente, jueves 17, mataron a otro taxista y el viernes 18 a otro. La víctima del viernes ocurrió en un ataque armado al sitio de taxis de la unidad habitacional Casa Palenque, que cubren la ruta hacia el centro de Acapulco. A conductores de esta ruta se les vio en el bloqueo del miércoles, contaron quienes estuvieron en el lugar. En ese mismo hecho mataron a una mujer que era trabajadora de un establecimiento de comida cercano al sitio de taxis, según publicaron algunos medios de comunicación del puerto.
Además, en esta semana fueron incendiadas dos unidades del transporte público, una en Caletilla, ruta Ex campo de tiro-Caleta, y una en calle Nicolás Bravo, cerca del punto conocido como El Vaquero Norteña, en el centro de Acapulco.
Este último hecho ocurrido el viernes pasado generó que conductores de al menos tres rutas del transporte público de la parte poniente del puerto pararan el servicio durante el resto del día; las unidades que iban de Pie de la Cuesta, Pedregoso y San Isidro hasta el centro no circularon y los habitantes de esa parte de Acapulco tuvieron qué resolver esa necesidad.
De estos hechos ni de las causas don fondo han hecho una mención oficial los servidores públicos estatales, a excepción de que la Secretaría de Seguridad Pública del estado difundió en redes sociales que la semana intensificó su operación policial en los destinos turísticos, donde ya habrían unos 13 mil elementos, según los números publicados durante el arranque del periodo vacacional.
Este lunes, todavía es visible la presencia de turistas en Acapulco, debido a que las vacaciones para estudiantes dura una semana más, y la Secretaría de Turismo del estado siguen convocando a visitantes al puerto.
La Semana Santa en Acapulco es una prueba para su recuperación turística, tras los estragos de los huracanes Otis y John. Mientras que una reciente ola de violencia en las zonas populares obligó a un despliegue policial y militar en el puerto.
Texto: Margena de la O Foto: Cromática agencia fotográfica y multimedia Chilpancingo Lunes 14 de abril del 2025
La Semana Santa en Acapulco representa una prueba para la recuperación del puerto como destino turístico a nivel nacional, tras los impactos de los huracanes Otis (2023) y John (2024). Sin embargo, la persistente situación de inseguridad, con la que sus habitantes llevan lidiando desde hace más de una década, volvió a hacerse presente justo antes del inicio de la temporada.
Antes de las vacaciones, que comenzaron este fin de semana, el puerto ha experimentado dos semanas de violencia, lo que generó un despliegue policiaco que expuso la situación de alerta.
Las estadísticas de asesinatos en Acapulco en lo que va de abril lo reafirman. Un recuento de hechos violentos, basado en las publicaciones de medios de comunicación locales desde el inicio del mes hasta ayer domingo 13, arrojó que asesinaron a 22 personas en estos días. El periódico El Sur publicó a inicios de abril que marzo cerró con 44 personas asesinadas en el puerto, de las cuales 10 eran transportistas.
Los hechos violentos de los días previos a las vacaciones que iniciaron este fin de semana se concentraron en zonas populares, como la colonia La Mira, que forma parte de ese otro Acapulco que poco es considerado cuando los servidores públicos, empresarios y prestadores de servicios hablan del puerto en términos turísticos.
La imagen corresponde a las diligencias después del asesinato del trabajador de una tortilleria de la colonia La Mira, el 7 de abril pasado. Foto: Andrew López.
Las maestras y los maestros del preescolar y la primaria de La Mira, de acuerdo con la sección XIV del SNTE, salieron de vacaciones una semana antes porque, a unos metros de donde están ubicados los planteles, ocurrieron ataques a balazos, y mataron a un taxista y a trabajadores de tortillerías.
La reacción institucional del gobierno del estado fue enviar vigilancia a la zona de escuelas y ofrecer talleres de activación física y dinámicas para el control de emociones y la prevención del consumo de drogas a la secundaria, que mantuvo sus actividades durante toda la semana pasada, con el propósito, según difundieron, de prevenir la violencia.
La Secundaria Técnica 151 Caritino Maldonado está un poco más lejos del lugar de los ataques. Ahí, los preadolescentes y adolescentes recibieron clases de boxeo.
Desde entonces, la vigilancia en las zonas turísticas es una prioridad, porque el periodo vacacional estaba en puerta. A lo largo de toda la costera Miguel Alemán, según los habitantes del puerto, es evidente la presencia de policías estatales, guardias nacionales y militares desde hace días.
En el contexto de este arranque, el secretario de Seguridad Pública en Acapulco, Eduardo Arturo Baileres Mendoza, informó que el gobierno municipal forma parte de una estrategia integral nacional de seguridad pública y que la vigilancia en La Mira es importante, como lo son las áreas de cualquier otro cuadrante del puerto.
Mencionó que, como resultado de esa coordinación, ahora funcionan en Acapulco más de 2,000 cámaras institucionales de videovigilancia. Pero Acapulco también fue noticia hace unas semanas porque la Marina retiró de algunos puntos de la ciudad cámaras irregulares que podrían ser operadas por grupos criminales.
El viernes pasado, en Taxco, durante el acto oficial para el arranque de la operación policial del periodo vacacional de Semana Santa (del 11 al 27 de abril), el gobierno del estado informó que más de 13 mil elementos fueron distribuidos en el estado, en particular en lugares turísticos, como Acapulco.
Declaran a Acapulco recuperado
Para el secretario de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de Guerrero, Roberto Arroyo Matus, la recuperación de Acapulco en infraestructura turística está completa después de Otis y John; solo están pendientes algunas habitaciones o condominios particulares de la zona Diamante del puerto, lo que significa, si acaso –dijo–, un 3 por ciento.
“Tenemos ya prácticamente una recuperación total, a pesar de que hemos tenido condiciones climatológicas un poco adversas. El nivel de ocupación y lo que hemos podido ver aquí es que se está recibiendo una gran cantidad de visitantes”, comentó en entrevista.
La única alerta que los tuvo un tanto a la expectativa fue el alto oleaje por un fenómeno conocido como mar de fondo, que provocó olas altas en los últimos días en diferentes playas de la bahía, pero –aclaró el secretario– no generó ningún escenario negativo, porque ni reportes de palapas derribadas tuvieron.
Todo el discurso institucional del gobierno del estado está orientado en la misma tónica para estas vacaciones. Por ejemplo, el secretario de Turismo, Simón Quiñones Orozco, en pleno acto de arranque de la operación policial especial, soltó: “Se cumplió el pronóstico, gobernadora (Evelyn Salgado Pineda), de llegar a las 15 mil habitaciones en Acapulco”.
El periodo vacacional arrancó con 15,004 habitaciones reservadas en 274 hoteles de Acapulco, de acuerdo con las estadísticas de la dependencia.
El funcionario celebró que la ocupación hotelera se mantenga desde el inicio de 2025 entre un 71 y 80 por ciento los fines de semana normales, y que suba durante los fines de semana largos.
Seguridad o inseguridad pública, según el lugar del puerto
La inseguridad de las últimas semanas en ciertas zonas del puerto no figura en el discurso institucional para este periodo vacacional. Algunos empresarios de Acapulco también parecen no mirarla.
Al presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Acapulco (Canaco Servytur Acapulco), Alejandro Martínez Sidney, le llena de confianza las acciones institucionales coordinadas que –dijo– emplean los diferentes niveles de gobierno actualmente en el puerto.
Consideró que Acapulco no es el mismo que hace 20, 15 o 10 años, porque “ha habido grandes avances en materia de seguridad y prevención de los delitos. Acapulco ha mejorado mucho su seguridad. La extorsión ha disminuido”.
La queja más recurrente del sector empresarial del puerto hace algunos años, como parte del contexto violento, eran las extorsiones de criminales, y Martínez Sidney fue uno de los que más se quejó.
Pero ahora, expuso, han disminuido las extorsiones porque las autoridades de los diferentes niveles de gobierno, en particular desde el cambio de la administración federal, han respondido con mayor “eficacia”.
Sin embargo, en las zonas urbanas distintas a la costera y otros puntos turísticos podrían tener una evaluación muy diferente a la del empresario. Por ejemplo, en La Mira, donde requirieron vigilancia especial.
Pero el empresario reduce la problemática a los eslabones sociales más débiles: los consumidores de drogas. “Estas ejecuciones que se han dado en el transporte son acapulqueños contra acapulqueños, entonces, no es el gobierno el causante de la violencia, son los consumidores de droga. La droga altera a las personas”.
La fauna silvestre enfrenta varios tipos de peligros cuando estas mascotas están libres en ambientes tanto urbanos como rurales. Experta en Ciencias Biológicas comparte sugerencias para su cuidado, con el propósito de evitar la pérdida de especies en otros ecosistemas
Texto: Alberto Ramírez
Foto: Archivo Amapola
Chilpancingo
Domingo 13 de abril del 2025
Los perros y gatos que no están resguardados dentro del domicilio de sus familias humanas podrían hacer daño a la fauna silvestre. Los gatos, por ejemplo, son excelentes cazadores, y los perros también podrían ser responsables de la extinción de ciertas especies porque actúan por instinto.
Marisol Castro Torreblanca, experta en Ciencias Biológicas, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), compartió que los gatos son cazadores natos, es decir, que aun cuando estén bien alimentados, cazan por instinto a lagartijas, serpientes y mamíferos pequeños.
La fauna silvestre enfrenta varios tipos de peligros cuando los perros y gatos están libres en ambientes urbanos o rurales.
Castro Torreblanca explicó las diferencias entre los gatos o perros domésticos, aquéllos que tienen familia humana y casa, pero también pueden andar sueltos o en la calle, y los gatos y perros ferales, que nunca tuvieron contacto humano y los ven como una amenaza.
Los gatos domésticos y ferales son más peligrosos para la fauna silvestre que los perros. “Un solo gato puede matar cientos de animales al año. Si sumas los millones de gatos domésticos y ferales que hay, el impacto es enorme”, mencionó.
En el mundo, compartió, los gatos están implicados en la extinción de al menos 63 especies de vertebrados.
Los perros pueden cazar ciervos, zorros, aves, reptiles, entre otros animales. En otros casos solo los persiguen hasta agotarlos.
Gatita del albergue rescatada de la basura.
Especies en peligro de extinción como tortugas o aves playeras son vulnerables al acoso o ataques de los perros. En ecosistemas cerrados, como islas, la fauna nativa y endémica, como aves marinas que anidan en el suelo, reptiles y mamíferos pequeños se han extinguido por la introducción de gatos domésticos.
La persecución o presencia de los perros en hábitats de animales silvestres implica un peligro porque provocan que abandonen sus nidos o madrigueras, que cambien su ruta de alimentación, porque evitan ciertas zonas y eso, a su vez, afecta la reproducción, alimentación y desplazamiento de la fauna silvestre. Podría ocasionar, incluso, la pérdida de especies en un ecosistema determinado.
“Hay muchos efectos en cascada en las interacciones en los ecosistemas que se pierden y con ello el equilibrio y el funcionamiento, y si esto ocurre en los bosques, los seres humanos que dependemos de todos los servicios, como el alimento, el agua, las medicinas, el vestido y el oxígeno, no tendremos futuro”, agregó.
Además, los perros y gatos pueden transferir, tanto a especies silvestres como a humanos, enfermedades como la rabia, parvovirus o moquillos.
¿Qué hacer si tengo un gato o un perro en casa?
La maestra en Ciencias Biológicas hizo una serie de recomendaciones para las personas que tienen gatos o perros en sus hogares.
La primera es evitar que estén libres en zonas naturales o bosques.
También comentó que es muy importante esterilizarles para evitar la reproducción descontrolada y así reducir la población en las calles. La esterilización también les ayuda a tener mejor salud y comportamiento.
No abandonar a los animales en la calle, es preferible buscar apoyo en algún refugio o redes de adopción.
Es importante adoptar mascotas con responsabilidad, porque toda especie de animales necesita atención y cuidados.
Mucha gente cree, mencionó, que alimentar a animales de la calle es una buena opción, sin embargo ocasiona varias situaciones, como propiciar una mayor reproducción hasta fomentar conflictos entre los animales por acaparar los alimentos.
Sugirió a la población que tiene gatos y perros en casa informarse porque muchos no saben que los gatos cazan aves o que los perros asustan a especies nativas.
También apoyar campañas de control de poblaciones ferales, como de esterilización, y participar en proyectos para restaurar ecosistemas y proteger especies amenazadas.
Con éste, es el segundo caso de un ex alcalde asesinado durante esta semana los cuales, a su vez, forman parte de una lista de nueve personas muertas halladas en circunstancias similares en estos días, es decir, en barrancos, en lo que parecen accidentes
Texto: Margena de la O
Foto: Facebook Roberto Zapoteco Castro
Chilpancingo
Viernes 11 de abril del 2025
A orilla de un camino de Mártir de Cuilapan, municipio de la zona Centro del estado, esta mañana fue hallado el cadáver del exalcalde de Zitlala, Roberto Zapoteco Castro, junto al de otra persona, de acuerdo a unos reportes policiacos.
Con éste, es el segundo caso de un ex alcalde asesinado durante esta semana los cuales, a su vez, forman parte de una lista de nueve personas muertas halladas en circunstancias similares en estos días, es decir, en barrancos, en lo que parecen accidentes, al costado de carreteras locales.
Los preliminares de este hallazgo indican que el cadáver del exalcalde y otras persona fueron ubicados en un paraje conocido como El Aguacate, localizado entre las comunidades de Zotoltitlán y La Esperanza, dos pueblos de Mártir de Cuilapan. En esos reportes también hablan de un accidente vehicular, pero nunca ofrecen detalles del incidente, razón por la que no queda claro la causa de muerte.
Zapoteco Castro fue alcalde durante el periodo 2015-2018 de Zitlala, uno de los municipios que de manera oficial forma parte de la zona Centro del estado pero, a su vez, es parte de una subregión conocida como la Montaña baja de Guerrero, donde hay importante población nahua. La Montaña baja es de referencia pública durante los últimos años por temas de inseguridad y violencia criminal.
El diciembre del 2020, Zapoteco Castro sobrevivió a un atentado armado, ocurrido en las inmediaciones de la comunidad de Pochahuizco, que pertenece a Zitlala. En esa ocasión fue herido en el brazo.
Cuando se exponen que han ocurrido otros hallazgos en circunstancias similares se trae a cuenta que apenas el martes por la noche fue reportado el hallazgo de una camioneta al fondo de un barranco de la carretera Ocotito-Tlahuizapa, de Chilpancingo, con cadáveres dentro.
Hasta el día siguiente que fueron rescatados, se supo que eran tres, uno era el del exalcalde de Heliodoro Castillo, José Concepción Hernández Solano, el de su padre y el de un colaborador. La causa de muerte que reportaron fuentes policiacas son golpes. De manera oficial las autoridades estatales no informaron del caso ni hablaron de las razones de las muertes.
Hernández Solano además es ubicado como fundador del Consejo Supremo de Pueblos del Filo Mayor (CSPFM) y hasta unos días se había desempeñado como secretario de Desarrollo Rural de Chilpancingo, pero renunció.
Tomó el puesto todavía por designación del exalcalde asesinado, Alejandro Arcos Catalán, y el alcalde Gustavo Alarcón Herrera lo mantuvo. El gobierno municipal de Chilpancingo colgó una esquela en sus redes sociales oficiales para dar el pésame a la familia del ex funcionario municipal.
Un día antes, el lunes 7 de abril por la mañana fue reportado el hallazgo de una de una camioneta Nissan X-Trail color rojo al fondo de un barranco sobre la carretera federal México-Acapulco, en el tramo carretero Palo Blanco-Acahuizotla, con cadáveres dentro. Desde un principio hubo la sospecha que se trataban de los cadáveres de tres conductores del transporte público dediferentes rutas de Chilpancingo reportados como desaparecidos desde el viernes anterior.
Más tarde fue confirmado, eran ellos, pero había una cuarta víctima.
Todos estos casos tienen la coincidencia del hallazgo en un contexto de aparentes accidentes carreteros.
Consecuencia de los hechos de este miércoles en Yextla e Izotepec las clases están suspendidas hasta después del próximo periodo vacacional. La versión de los habitantes de Yextla es que quienes ingresaron a su pueblo incendiaron una vivienda y se llevaron por la fuerza a unas personas. El gobierno estatal había ofrecido vigilancia permanente
Texto: Margena de la O
Foto: Oficial y Especial
Chilpancingo
Jueves 10 de abril del 2025
Aun cuando el gobierno del estado dio a conocer la implementación de una operación policiaca y militar permanente en los pueblos de la Sierra donde ayer por la mañana hubo enfrentamientos a balazos entre civiles, pobladores de Yextla, municipio de Leonardo Bravo, informaron que los elementos solo llegaron, vieron parte de los daños y se retiraron.
Consecuencia de los hechos de ayer, los habitantes de este pueblo tomaron medidas y los directivos de las escuelas decidieron suspender las clases y adelantar el periodo vacacional que empieza este fin de semana, ante el riesgo de que vuelvan a ocurrir balaceras. Cuando ocurrieron los hechos, entre nueve y 10 de la mañana, las niñas, niños y adolescentes estaban en los planteles. En el pueblo hay escuelas desde nivel básico hasta bachillerato.
Mediante un video difundido en las redes sociales, los pobladores de Yextla reportaron ayer parte de la balacera en su pueblo. En poco más de un minuto que dura ese video se escuchan balazos tupidos y se ve una calle solitaria ensombrecida por una nube de humo, como si algo estuviese quemándose.
Aunado a este video se supo que las balaceras comenzaron en Izotepec, una localidad que pertenece al municipio de Heliodoro Castillo, que pega con Yextla. La Sierra de Guerrero, formada por las montañas más altas del estado, funciona como una sola región, independiente de los límites territoriales de algunos municipios.
La versión de los habitantes de Yextla es que, en efecto, los enfrentamientos armados habrían comenzado una hora antes en Izotepec, y que siguieron en su pueblo, donde incendiaron una vivienda. Esa era la razón del humo negro del video.
En la imagen se puede observar la vivienda que fue baleada e incendiada en la comunidad de Yextla, donde este miércoles 9 de abril del 2025 ingresaron personas armadas. Foto: Especial.
Quienes ingresaron a Yextla, dijeron, se llevaron a unos habitantes del pueblo, con quienes tendría una diferencia en términos criminales. Eso ha generado que otros habitantes, familiares de quienes se llevaron por la fuerza, se desplazaran de la comunidad.
Después de que ayer (miércoles) fuera público la balacera o enfrentamiento en estos pueblos, el gobierno del estado, sin ofrecer una versión oficial de que ocurrió, difundió un comunicado a nombre de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, donde daban a conocer operaciones de seguridad y vigilancia en Yextla e Izotepec por parte del Ejército, la Guardia Nacional y la Policía Estatal.
Además informaron que serían acciones permanentes. “La Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero informa que estas acciones se mantendrán de manera permanente en la región, en estrecha coordinación con las fuerzas federales, con el firme compromiso de salvaguardar la integridad de las y los guerrerenses”, es uno de los fragmentos del comunicado.
Junto al comunicado solo publicaron fotografías de su camino hacia la Sierra, nunca de su permanencia en los pueblos donde ocurrieron los hechos.
Los habitantes de Yextla informaron que “el gobierno”, como es que identifican la presencia policial y militar, solo llegó al pueblo, revisó la vivienda incendiada y se retiró.
El compromiso público del gobierno estatal, según el texto difundido por la secretaría, es salvaguardar la integridad de los habitantes, pero los habitantes lo pusieron en duda.
En el video de poco más de un minuto se ve como un humo negro sale al final de una calle vacía del pueblo de Yextla y se escuchan los balazos tupidos, uno tras otro, mientras unas personas murmullan. Esa así como habitantes de este pueblo de Leonardo Bravo dieron a conocer sobre un enfrentamiento armado que civiles mantiene en diferentes puntos de la Sierra de la parte Centro del estado.
Otro de los puntos hasta donde se extendió el enfrentamiento fue en Izotepec, otro pueblo serrano que pertenece al municipio de Heliodoro Castillo. En la parte alta de Guerrero, conocida como la región Sierra, convergen varios pueblos de distintos municipios que forman un solo territorio.
Durante casi todo el video se escuchan los balazos de lo que habitantes reportan como un enfrentamiento aparentemente criminal, pero las autoridades no ofrecieron un reporte oficial.
Mediante las redes sociales se supo que las balaceras comenzaron desde temprano y que siguieron hasta avanzada la mañana. Al mediodía la refriega había terminado.
Algunas personas que tienen familiares en estos pueblos informaron que desde temprano les reportaron que personas armadas llegaron a sus pueblos y comenzaron a dispararse unos con otros, como si trajeran un pleito desde antes, lo que generó que los habitantes se encerraran.
Lo que se ve en el video que circula en la redes sociales es que el enfrentamiento a balazos en Yextla fue en pleno pueblo, porque el humo negro sale de un punto de entre las casas.
Captura del video que habitantes de Yextla comparten del momento de las balaceras.
Una habitante de la Sierra que está desplazada desde hace varios años informó que ya pudo comunicarse con su familia que vive en Yextla, y “están bien, solo asustados, pues, pero bien, gracias a Dios”.
La Sierra es una zona apartada de la zonas más urbanizadas en el estado y suele ser referencia desde hace varios años como un punto atravesado por varias violencias, la más notable, la criminal que ha generado que pueblos completos sean desplazados de manera forzada.
El gobierno del estado no ofreció una versión oficial de los hechos de esta mañana en estos pueblos de la Sierra, solo difundió mediante un comunicado que derivado de algunos reportes ciudadanos habían implementado una operación especial en la zona para preservar el orden. “(…) La Base de Operaciones Interinstitucionales conformada por elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Policía Estatal implementa operativos de seguridad y vigilancia en la localidad de Yextla, municipio de Leonardo Bravo”, es una parte del comunicado.
En ese misma información difundieron que el patrullaje y puestos de atención los mantendrán en la región de manera permanente.
