Autor: Margena de la O Vargas

Por eso en centros forenses crece la cifra de cadáveres sin identificar. Hasta julio pasado había 921. Los restos de Bonifacio estuvieron tres años y seis meses en un Semefo mientras su madre lo buscaba. En un área clave de este sistema Astudillo nombró a alguien sin experiencia, al hijo de su secretario privado.

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Texto: Margena de la O

Fotografía: Jesús Eduardo Guerrero / Archivo

21 de octubre del 2019

 

  Chilapa

 

Cuando Bonifacio Ramírez Hermenegildo salió de casa avisó que volvería entre las dos y tres de la tarde. Era el 25 de diciembre del 2014 de la mañana, en Alpoyeca, un pueblo del municipio de Atlixtac, de la región Montaña de Guerrero. El plan del hombre de 34 años era viajar a la cabecera municipal de Chilapa y vender los cinco costales de tomate verde que él mismo sembró, y después volver. Sólo cumplió con la mitad de su plan.

 

La última vez que lo vieron fue cerca de la tienda Chedraui, un lugar de Chilapa que se llena de comerciantes y transporte de los pueblos cercanos. El transportista que les dio las referencias contó que le preguntó a Bonifacio si se regresaba al pueblo en su camioneta pasajera, pero contestó que no, que esperaría un rato más.

 

“Tuve esperando pero no volvió”, dice Alejandra Hermenegildo, su madre. La mujer se refiere a que ya no vio a Bonifacio con vida. El 15 de junio del 2018, casi cuatro años después de su desaparición, las autoridades estatales lo regresaron muerto a su familia.

 

Era un viernes el día que recibió el cadáver de su hijo en el Servicio Médico Forense (Semefo) de Chilpancingo. “Cuando me avisaron lo acepté, lo tuve que recibir. Me dieron una caja grande y me fue a dejar la carroza (a Alpoyeca). Lo recibí. Al llegar a mi casa ya había gente. Lo sepultamos. Ya no lo vi. (…) Me hicieron los estudios y dicen que sí, es mi hijo”, cuenta Alejandra.  

 

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Si el gobierno de Guerrero tuviera un sistema de identificación de personas fallecidas funcional, o si al menos lo tuviera, Alejandra Hermenegildo no hubiera esperado que miembros del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) confirmaran que Bonifacio estaba muerto. El cadáver de su hijo estuvo tres años y seis meses alojado en uno de los tres centros forenses del estado.

 

Guadalupe Rodríguez Narciso, integrante del Colectivo de Familiares de Desaparecidos y Asesinados de Chilpancingo, tiene bien claro que desde el gobierno estatal de Héctor Astudillo Flores poco han hecho porque exista ese sistema.

 

Hay un avance, pero para la activista es resultado del peregrinar de los familiares de personas desaparecidas y asesinadas en Guerrero, quienes, en el deber ser, esperarían a que sus parientes los localizara e identificara personal de gobierno. En su lugar, ellos asumen roles desde abogados hasta investigadores.

 

Muchos de los familiares de desaparecidos y asesinados son integrantes de colectivos que buscan a sus consanguíneos vivos en penales o muertos en fosas clandestinas, se capacitan para conocer el procedimiento legal y saber qué exigir a las instituciones y cuáles son sus derechos como víctimas.

 

“Aquí en el estado de Guerrero no se ha trabajado en nada, tan es así que han permanecido cuerpos en los semefos que no se saben de quién son, porque, primero, no tienen el archivo básico que cuente con todos los elementos y características del cuerpo, y segundo, porque a la familia no le han tomado el cuestionario”, dice Guadalupe Rodríguez, quien es madre de Josué Molina Rodríguez, de 30 años, desaparecido el 4 de junio del 2014, en Chilpancingo.

 

En estos cinco años de búsqueda de su hijo Guadalupe Rodríguez aprendió que la aplicación de cuestionarios y pruebas genéticas a familiares son fundamentales para la identificación.

 

El expediente o carpeta básica es la agrupación de toda la documentación oficial que tiene que ver con los cadáveres que llegan al Semefo, como el oficio de levantamiento (orden del Ministerio Público), cadena de custodia (secuencia de evidencias del caso), y dictámenes de necropsia, dactiloscopia, odontología, antropología, criminalística y de genética forense.

 

Con toda esta información, responsabilidad de la Dirección General del Semefo, se integra el cuestionario Post Mortem, una pieza fundamental de los protocolos de identificación de personas fallecidas.

 

Tomar las muestras y hacer las pruebas genéticas de familiares de personas desaparecidas o asesinadas le corresponde a la Fiscalía General del Estado (FGE). También aplicarles el cuestionario Ante Mortem, donde los familiares ofrecen todos los detalles físicos, óseos y dentales de sus desaparecidos.

 

Estas dos piezas sirven para confrontar datos e identificar personas fallecidas.

 

El avance logrado en Guerrero en materia de identificación, al que se refiere Guadalupe Rodríguez, es el convenio que pactó el gobierno del estado con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), en agosto del 2018, en Acapulco, donde quedó establecido que destinarían de manera conjunta 20 millones de pesos para el proyecto de búsqueda e identificación de cadáveres con la colaboración del Comité Internacional de la Cruz Roja.

 

Desde ese momento, Arturo Gerardo Cervantes Arronis, asesor forense del Comité, dijo que coadyuvarían en recopilar información dental, médica, antropológica, criminalística y genética, como parte del protocolo denominado Archivo Básico con Fines de Identificación.

 

En ese procedimiento se incluyen responsabilidades de la FGE y la Secretaría de Salud. La primera, a través de la Coordinación General de Servicios Periciales y la Fiscalía Especializada en Materia de Desaparición Forzada y Búsqueda de Personas, y la segunda, con el Semefo.

 

El proyecto de búsqueda e identificación se pensó para los 751 cadáveres que en agosto de 2018 había alojados en los centros forenses, ubicados en Chilpancingo, Acapulco e Iguala. Este año hay más. Hasta julio, según los números de la Dirección General del Semefo, sumaban 921 cadáveres.

 

Un comunicado de la FGE, difundido el 25 de abril del 2019, establece que esta dependencia tiene entre sus responsabilidades aplicar el cuestionario Ante Mortem.

 

Es justo en esta fase donde, de acuerdo con los dirigentes de colectivos de familiares de personas desaparecidas y asesinadas, se hace el cuello de botella.

 

Guadalupe Rodríguez lo resume de la siguiente manera: “Estamos en pañales, no hay avances”. Reconoce que a la mayoría de los más de 90 casos que documentan y dan seguimiento, que se traduce en unos 800 miembros del colectivo, ya les aplicaron su cuestionario, pero faltan. “Ayer (15 de octubre) regresaron a un señora que porque no hay personal para levantar ese cuestionario”, expone.

 

Sandra Luz Román Jaimes, integrante del colectivo Madres Igualtecas, tiene la seguridad de que la FGE nunca ha llamado a las 183 familias que coordina para aplicarles ese cuestionario.

 

El sistema de identificación no podría iniciar sin antes concluir la integración de los expedientes básicos y los cuestionarios.

 

El director general del Semefo en Guerrero, Ben Yehuda Martínez Villa, en una primera valoración considera que se debe a que las familias no se acercan a la FGE a hacerse sus pruebas genéticas. “Hay familias que no se han acercado, porque ya 

Mi compadre Margarito me lo advirtió: ‘Me vas a conocer, comadre, quien soy. Después vas a andar chillando’. Eso me dijo en su casa de Huitzacotla, un pueblo también de Atlixtac. Esa vez me recomendó que aconsejara a mi hijo con irse lejos.

 

Mi compadre estaba enojado porque su hija parió una niña de Bonifacio. Ese hombre es un cabrón. Decía que tenía amigos en Filo de Caballos, uno de los pueblos de la Sierra, municipio de Leonardo Bravo, donde han pasado muchas cosas violentas.

 

Cuando llegué a la casa le dije a Bonifacio: mi’jo, vete a trabajar, mi compadre dice que te va desaparecer, asesinar o en el menor de los casos, acusar de violación. Él me contestó: mamá, yo no le hago nada a su hija, ¿por qué me va a hacer esas cosas?

 

Mi hijo asumió la advertencia y se fue a Michoacán a trabajar, pero la hija de mi compadre le habló y le dijo: ‘vente Bonifacio, mi papá no te va a desaparecer’. Volvió una semana después. A lo mejor mi compadre y su hija se pusieron de acuerdo.

 

Seis meses después mi hijo desapareció.

 

Bonifacio era un muchacho bueno. Tal vez se enamoró.

 

Sí anduve llorando buscando a mi hijo. Mi compadre me lo dijo.

 

*  *  *

El 6 de enero del 2015 policías municipales de Chilapa encontraron fosas clandestinas en un paraje de Tepehuixco, de donde peritos de la FGE sacaron 10 cadáveres completos y 11 cabezas más. Entre esos cadáveres estaba el de Bonifacio. Habían transcurrido 12 días de su desaparición.

 

No había manera de que Alejandra se enterara pronto del hallazgo del cadáver de su hijo. Presentó la denuncia ante el Ministerio Público meses después de la desaparición de Bonifacio hasta que superó el miedo a su compadre. Pero sí debió saberlo cuando puso la denuncia que el cadáver de su hijo estaba en el Semefo de Chilpancingo. Eso, claro, si funcionara el sistema de identificación de cadáveres.

 

Alejandra todavía subió el 12 mayo del 2016 a los cerros de Tepehuixco a buscar a Bonifacio. Ese día Mario Vergara y Simón Carranza, integrantes entonces de la organización Los Otros Desaparecidos de Iguala, guiaron a gente de la parte baja de la Montaña a ubicar fosas clandestinas en Loma Larga.

 

Ese par de hombres, también familiares de desaparecidos, se habían convertido en guías entre los colectivos de desaparecidos de todo el país, de algún modo, para suplir a las instituciones. Pocos días antes encabezaron una búsqueda en Veracruz y encontraron 15 fosas clandestinas con cadáveres.

 

En el cerro Loma Larga de Chilapa, Simón y Mario hallaron dos fosas clandestinas con restos humanos en menos de una hora. Estaban a una distancia muy corta de las fosas descubiertas el año anterior.

 

Alejandra dejó de remover tierra porque un presentimiento la invadió cuando ubicaron la segunda fosa, la misma en la que un año antes, el 6 de enero del 2016, policías municipales de Chilapa hallaron el cadáver de su hijo. “Yo dije: ¡Ay dios mío, siento que aquí mi hijo estaba enterrado! Lo siento”, recuerda que exclamó.

 

Varios meses después de su denuncia y muchos más de que peritos desenterraron el cuerpo de su hijo, personal de gobierno le enseñó en una pantalla imágenes de un cadáver con la cara ennegrecida por lo descompuesto. Le preguntaron si era Bonifacio.

 

Tuvo más dudas que certezas de que se tratara de él. Entre las certezas una chamarra, una camisa y un reloj parecidos a los que llevaba Bonifacio el día que lo desaparecieron.

 

El director del Semefo se rehusa a aceptar que se demoraron casi cuatros años para identificar a Bonifacio. Sí dos años, pero no cuatro. También acepta que pudo tratarse de falta de confianza de los familiares a las instituciones.

 

Explica que por la saturación en los semefos sacan los cadáveres al azar para tomar las muestras. A los restos de Bonifacio les tocó a los dos años de que lo desenterraron de la fosa clandestina. Se demoró más en este caso porque los familiares no aceptaban la prueba, afirma.

 

El Centro Morelos, una organización que tiene base en Chilapa, acompaña a familias de unas 100 personas desaparecidas en municipios de la zona baja de la Montaña. En 2016 esta organización pidió la colaboración de peritos forenses argentinos para que realizaran pruebas genéticas a los cadáveres hallados en esta región y que estaban alojados en los centros forenses locales.

 

Según Manuel Olivares, uno de los coordinadores del Centro Morelos, la solicitud a los peritos forenses la sugirieron los familiares por la inacción de las instituciones locales en las investigaciones forenses. Desde entonces, los peritos argentinos han confirmado la identidad de nueve cadáveres.

 

Para el director del Semefo los peritos argentinos sólo ratificaron lo que él confirmó a las familias desde un año antes, pero fue la manera en que Alejandra confió en llevarse el cadáver de Bonifacio.

 

*  *  *

En Guerrero no existe un proceso de identificación de personas fallecidas, acepta el director general del Semefo, pero menciona que están en el proceso, aunque a paso lento. “Todavía estamos en una etapa de las carpetas básicas, todavía no llegamos a este proceso de identificación. Se han ido identificando lentamente a algunos, pero la etapa de identificación no la hemos iniciado”, acepta.

 

Algunos argumentos con los que intenta contrarrestar la falta de ese sistema es que hasta esta administración estatal, que inició en 2015, comenzaron a aplicar los protocolos de identificación. “Nos obligaron a hacer identificación”, dice y sin pretenderlo conecta con el caso la estadística elevada de asesinatos que atiborran los centros forenses y la exigencia de respuesta de los colectivos de familiares desaparecidos y asesinados.

 

El acuerdo firmado entre la CEAV y el gobierno de Guerrero, con la colaboración del Comité Internacional de la Cruz Roja, es lo que arrancó, todavía sin operatividad, un sistema de identificación.

 

En este momento cobra sentido la afirmación de Guadalupe Rodríguez de que en Guerrero todavía se está en pañales en el tema, aunque es urgente por la sistemática desaparición de personas en el estado.

 

Martínez Villa lo confirma cuando cita los números de cadáveres alojados en los centros forenses hasta julio del 2019: Panteón Estatal Ministerial, 350. Osteoteca del Servicio Médico Forense, 139. Cámaras de refrigeración, 432 cadáveres: Chilpancingo 130, Acapulco 231, Iguala 71.

 

Si el protocolo interno del Semefo indica que un cadáver llega hasta el Panteón Estatal Ministerial y la osteoteca sólo si se integraron sus carpetas básicas, entonces los números indican que sólo han integrado los expedientes, necesarios para su identificación, de 489 cadáveres. Es decir, de la mitad de los cuerpos.

 

En todo caso, si el Semefo tuviera los expedientes de los 921 cadáveres que están en sus centros, todavía faltan los cuestionarios que debe aplicar la FGE a los familiares para concretar las confrontas, y es en esa fase donde los colectivos se quejan de que se anuda el hilo.

 

El director general del Semefo afirma que ellos cuentan con la carpeta básica de 489 cadáveres pero no tienen con qué cotejar esa información, y no sabe sí eso sea responsabilidad de la familia víctima o de la Fiscalía.

 

Se buscó a través de los colectivos tener contacto con las áreas de Servicios Periciales y la Fiscalía Especializada en Materia de Desaparición Forzada y Búsqueda de Personas para que respondieran sobre su avance en los cuestionarios, pero no se logró.

 

Quizá sirva decir que el coordinador general de Servicios Periciales, Pedro Antonio Ocampo Lara, es señalado por trabajadores de la Fiscalía de no tener experiencia. De acuerdo con estas denuncias públicas en algunos medios desde el año pasado, fue asignado en el cargo en 2018 recién egresado de una escuela particular de Chilpancingo.

 

El encargado de Servicios Periciales es hijo de Pedro Ocampo Solís, quien fuera secretario privado del gobernador Héctor Astudillo, hasta el pasado 31 de enero.  

 

Martínez Villa analiza que otra causa por la que aún no consiguen llegar al proceso de identificación tiene que ver con la falta de personal en el Semefo y en la Fiscalía para esas tareas. Dijo que la dependencia investigadora sólo cuenta con dos antropólogos.

 

Con los 20 millones de pesos del convenio, a decir de Guadalupe Rodríguez, se contrató a un grupo de peritos que coordina la Cruz Roja para instaurar el sistema de identificación, quienes dejaron de laborar por un tiempo porque el gobierno del estado les dejó de pagar. Este presupuesto, según la información pública del convenio, debió de invertirse para la compra de equipo forense.

 

El director del Semefo también hizo algunas precisiones sobre el tema: en total contrataron 20 peritos y la colaboración con Cruz Roja la cerraban en septiembre pasado. Antes, debían construir las bases del sistema de identificación de personas fallecidas en Guerrero, pero para eso todavía hay una gran distancia.

 

 

 

 

 

 

 

 

Este reportaje fue elaborado por el equipo de Amapola. Periodismo transgresor. Se autoriza su reproducción siempre y cuando se cite claramente al autor.

Texto: Margena de la O

Fotografía: Oscar Guerrero 

23 de julio del 2019

 

Acapulco

Alberto Lara de los Santos representa la tercera generación de trabajadores en el astillero de Manzanillo, donde se han construido las embarcaciones de fondo de cristal, uno de los atractivos turísticos de Acapulco. También a una de las 1,500 familias que no tienen un sustento fijo después de que les prohibieran construir y reparar las naves en la playa.

El número de familias sin certeza económica incluye a las de los 62 miembros de la Asociación de Trabajadores de la Transformación Náutica, astilleros Acapulco que preside Lara de los Santos, y a las de los propietarios de las embarcaciones, como Juan Enrique Cruz, quien andaba por la playa este viernes 19 de julio. Según un cálculo hecho por ambos grupos.

En febrero pasado la Marina, de acuerdo con la narración de los trabajadores del astillero, entró y se apoderó de Manzanillo como conclusión del procedimiento que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) inició en su contra, al vencer la concesión de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) para el taller de embarcaciones.

La razón que dicen les justificó la dependencia federal es la contaminación de la playa por la reparación de embarcaciones que los trabajadores del astillero no aceptan.

Con la clausura de la playa para taller también se hicieron acreedores a una multa de casi un millón de pesos que no han podido pagar. “Ahorita estamos contratando un abogado porque nos llegó una multa porque habíamos contaminado aquí. Estamos apelando. Si no tenemos trabajo menos vamos a pagar”, menciona Lara de los Santos.

 

Lo que pasaba a los trabajadores del astillero coincidió con la conversión que las autoridades hacían de Manzanillo a playa destino. En menos de un año y una inversión de 80 millones de pesos, el gobierno de Guerrero reconstruyó el Paseo del Pescador, un corredor que rodea la playa, para darle una nueva imagen. Esta nueva cara de la playa fue inaugurada el 14 de abril pasado.

Es así como convirtieron a Manzanillo, que funcionó por más de 50 años en un taller de reparación de embarcaciones, en una ruta de turistas.

“Esta playa siempre se ha ocupado como taller, nunca ha sido playa pública. Es buena la idea, a lo mejor nosotros teníamos un desorden, lo aceptamos, pero es necesario el lugar para reparar las embarcaciones”, dice el líder de los trabajadores.

Que la playa no esté preparada para los fines turísticos decidido por las autoridades quedó evidenciado con la última evaluación que realizó la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) sobre las playas, que declaró a Manzanillo, junto a otras cuatro playas del puerto, no apta para uso humano por los altos niveles de bacterias (enterococos).

La responsabilidad de la contaminación de Manzanillo los trabajadores del astillero la dejan en la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Acapulco (Capama), por las 22 descargas directas del drenaje que mantienen sobre la bahía, según los propios datos oficiales. “Más que nosotros que contaminamos, es Capama el principal contaminador de la playa”, menciona el líder del astillero.

La concesión tuvo vigencia de 1958 al 2000, pero siguieron trabajando por algunos años más. Lara de los Santos explica que cuando estaba en funciones, buscaron al gobernador Ángel Aguirre Rivero para que los acompañara a gestionar una ampliación de la concesión. Aceptó y les propuso liberar la playa para los bañistas a cambio de un taller que les abriría en un hotel abandonado en la zona.

Los años pasaron, Aguirre Rivero terminó antes de tiempo y no se concretó el plan hasta con el gobernador Héctor Astudillo Flores, pero a medias, porque sólo les cumplieron con sacarlos de la playa.

La propuesta actual de los trabajadores del astillero a las autoridades es que les asignen un terreno fuera de la playa para las embarcaciones menores, y un pedazo de playa para las naves grandes, pero con medidas ambientales. Hasta hoy no les resuelven. “Nosotros le solicitamos al gobernador por lo menos una parte de la playa (para el taller)”, insiste el presidente de la organización.

En playa Manzanillo todavía hay tres embarcaciones grandes en las que algunos de los astilleros invierten su día. Una de ellas, la de fondo de cristal que apenas es construida, pertenece a Juan Enrique Cruz, quien logró un amparo judicial para que los trabajadores puedan terminarla en la playa o mejor dicho, en el antiguo astillero.

De no haberse amparado, Juan Enrique corría el riesgo de que los marinos se llevaran su embarcación y entonces después, de un complicado trámite, muy probable la trasladaría a uno de los dos varaderos particulares que hay en la bahía, con un alquiler de casi 2 mil pesos por día de alojamiento, para que la terminaran. “Pero, entonces, qué vamos a hacer, nos van a matar de hambre”, reprocha el prestador de servicios.

 

Al antiguo astillero también llegaban las embarcaciones turísticas para su mantenimiento de cada dos años que les exige Capitanía de Puerto, pero desde que lo cerraron, Juan Enrique contó a unos 15 de sus compañeros que temen les quiten sus naves por no tener dónde las revisen. “Tenemos para repararlas, pero no para pagar tanto. Te imaginas, 2,000 pesos diarios (de renta en un varadero particular)”, cuestiona Juan Enrique.

Con los cambios en el entorno de los trabajadores del astillero, que impacta en el entorno de los dueños de las embarcaciones, han improvisado la manera en que dan mantenimiento a las embarcaciones. Ahora lo hacen dentro del mar, porque de un lado no tienen espacio y del otro, dicen, no pueden pagar el alquiler de un varadero.

“Cada dos años Capitanía les exige que suban su embarcación a un taller para darles un mantenimiento preventivo y correctivo, y ahorita muchas están sufriendo las consecuencias. Algunos los están pintando dentro del agua y van a contaminar más”, advierte el presidente de la Asociación de astilleros.

Los trabajadores del astillero diversificaron sus opciones de trabajo para tener con qué mantenerse. Desde la nueva imagen de playa Manzanillo rentan mesas y sillas para los turistas que ahora llegan a bañarse.

En eso anda Ángel López, uno de los astilleros más viejos del grupo, con sus 73 años, aun con sus dificultades para caminar en la arena por sus rodillas arruinadas. A él le enseñó el oficio de reparador y constructor de embarcaciones Isidro Lara Navarrete, el padre de Alberto Lara de los Santos. Los Lara lo heredaron del abuelo.

No tiene manera de sacar algo extra por las reparaciones en el mar. “Muchos se van al agua, ¿pero yo cómo subo?”. Pero sí deshaciéndose de sus herramientas. “Tenía mis fierritos, pero ya los lleve a la casa de empeño”.

Su única fuente de ingresos continúa en Manzanillo, porque con la nueva cara de la playa llegó su condena, pero también parte de su salvación.

 

 

 

 

 

 

 

 

Este trabajo fue elaborado por el equipo de Amapola. Periodismo transgresor. Se autoriza su reproducción siempre y cuando se cite claramente al autor.

La Cofepris advirtió que las playas Caletilla, Hornos, Suave, Carabalí y Manzanillo rebasan el límite permitido de enterococos. Los niveles de bacterias podrían provocar infecciones urinarias y meningitis. CAPAMA reconoce 22 descargas de aguas negras en toda la bahía.

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Texto: Margena de la O

Fotografía: Oscar Guerrero

22 de julio del 2019

 

Acapulco

Un grupo de turistas del Estado de México entró como una parvada ruidosa a playa Manzanillo. Es el viernes 19 de julio casi al mediodía. Todos, los casi 50 que son, se sentaron a prisa en las mesas y sillas que recién colocaron y limpiaron los trabajadores del astillero, quienes después de la remodelación del pasillo a la playa, se dedican a rentar mobiliario a turistas, pero más por necesidad que por gusto.

Los niños del grupo de turistas no demoraron en entrar al mar, aun cuando dos embarcaciones que fungen como barredoras marinas, cargadas de basura, estorban en el pedazo de playa que hace algunos meses funcionaba sólo como un espacio para la reparación de embarcaciones.

Habitantes del puerto tienen presente cómo la playa Manzanillo se convirtió con los años en un astillero, un taller para construir y reparar embarcaciones. Pero tuvo algunos momentos en que fue una opción de distracción, sobre todo para la gente que tenía conexión con el barrio de conocidos pescadores. “Cuando vivía mi abuelito ahí, que estábamos niños, nos íbamos a bañar”, dice un habitante del puerto.

La basura que hay en ambas embarcaciones son parte de las ocho toneladas que salen a diario de las playas de Acapulco y que la Promotora de Playas, área institucional encargada de su cuidado, rastrea, saca y deposita en camiones recolectores que llegan hasta Manzanillo. El personal lo cuenta mientras pasa la basura de las lanchas a los camiones.

Apenas hace tres meses que esta playa funciona como una opción para los bañistas. El 14 de abril pasado, autoridades inauguraron el Paseo del Pescador, un nuevo corredor pegado a la playa al que le montaron drenaje, mobiliario y pintaron e iluminaron con una inversión de 80 millones de pesos del gobierno estatal, según la información oficial.

La obra la presentaron como la recuperación integral del paseo y eso atrajo visitantes casi de manera inmediata. Quizá esa sea la misma motivación de los turistas que hoy llegaron del Estado de México.

La nueva cara de Manzanillo con el Paseo del Pescador generó que los astilleros tengan al menos una fuente de ingresos, con la renta de las mesas y sillas a turistas que ahora llegan a esta playa.

La fuente de ingresos primaria de los astilleros de Manzanillo, es decir, la de reparar embarcaciones a orilla de la playa, quedó cancelada en febrero pasado.

La Marina entró y se apoderó de la playa como conclusión del procedimiento que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) inició en su contra después de que venció la concesión que les otorgó la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) para el taller de reparación de embarcaciones, por generar contaminación con su trabajo.

“Más que nosotros contamináramos es Capama (Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Acapulco) el principal contaminador de la playa”, dice Alberto Lara de los Santos, presidente de la Asociación de Trabajadores de la Transformación Náutica, astilleros Acapulco, al denunciar que la paramunicipal desde hace más de 40 años descarga parte del drenaje en playa Manzanillo.

En este periodo vacacional su actual fuente de ingreso, ahora relacionada a prestar servicios turísticos a orilla de la playa, vuelve a estar en riesgo por otra disposición oficial, pero ahora de las autoridades sanitarias.

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) lanzó el 8 de julio pasado, como parte de su evaluación para este periodo vacacional, una alerta sobre cinco playas de Acapulco no aptas, porque rebasan el límite permitido de enterococos: Caletilla, Hornos, Suave, Carabalí y Manzanillo.

Los niveles de bacterias en estas playas que podrían provocar desde infecciones urinarias hasta meningitis las hacen no recomendables para uso humano.

Los turistas recién llegados del Estado de México a Acapulco no lo sabían. “Hemos ido a Caleta, Revolcadero, ahorita aquí a Manzanillo y todo bien”, dice Gustavo, procedente de Coacalco, cuando camina con un salvavidas hacia el mar.

 

 Las evidencias flotan

Al final del pasillo se ve playa Honda, la más popular entre la gente del barrio por su orilla mansa. Con los millones invertidos en el Paseo del Pescador Manzanillo y Honda se convirtieron en una sola playa. Justo en esa esquina donde termina el corredor y se ven las aguas tranquilas del mar hay unos hoyos por donde, según los astilleros, se descarga el drenaje en el mar. Lo confirman unas heces fecales que son devoradas por los peces como si fueran un trozo de carne.

Esto quedó fuera de la vista de los turistas del Estado de México que pronto se acomodaron en la mesas a cargo de los astilleros.

Lo que sí vieron son las toneladas de basura que los empleados de la Promotora de Playas sacaban del mar. También un angosto caudal que escurría hasta el mar entre unas embarcaciones que los astilleros reparan, porque los dueños alcanzaron a ampararse antes de que clausuraran la playa como taller y la pusieran al servicio de los turistas para bañarse. Es un escurrimiento de aguas sucias que no se ve dónde nace pero sí dónde va a parar.

“El principal problema de la playa, que nosotros le hicimos ver al gobernador (Héctor Astudillo Flores) es que no puede ser turística si no arreglaban el drenaje”, comenta Lara de los Santos.

Las evidencias de que el drenaje va a parar a esta playa se demuestran de muchas maneras, además de la evaluación de la Cofepris.

Apenas el fin de semana anterior explotó la olla del drenaje que escurre al final del acceso por donde los astilleros sacaban las embarcaciones para llevarlas a reparar fuera del mar. El piso de rampa está en pedazos, una mancha negra se expande en el agua desde las comisuras del concreto y se respira un olor desagradable. Esto también queda dentro del radar de los visitantes.

Tampoco es que la Capama esconda que el mar de Acapulco es el fin del drenaje. El director del organismo, Leonel Galindo González reporta 22 descargas de esas aguas en toda la bahía que, según dijo, monitorea a diario. Con eso también admite que existe un colector de drenaje conectado a Manzanillo desde hace más de 40 años, al que no le han dado mantenimiento.

Después intenta sacudir la responsabilidad al organismo municipal: “Manzanillo no está contaminado por ese colapso del drenaje. Nosotros hemos hecho 10 taponamientos de descargas clandestinas. Ese es un grave problema, es una costumbre muy arraigada en algunos prestadores de servicios que descargan sus drenajes al colector pluvial”.

Esta mañana, poco antes que los turistas llegaran playa Manzanillo, algunos de los astilleros, ahora prestadores de servicios turísticos, todavía trabajaban para mantener de pie la embarcación que derribó el colapso del drenaje. Suerte de que el dueño se amparó y con eso garantizan al menos una entrada de dinero para los próximos días. Los astilleros insisten en recuperar su espacio de trabajo y para eso piden que el gobernador les ayude a gestionar ante el gobierno federal un pedazo de la playa para recuperar su taller de embarcaciones, con las medidas ambientales que se dispongan.

Además de las tres generaciones juntas que hay entre el grupo de astilleros, o sea más de 50 años de experiencia en el oficio, hay otra razón para que no vean futuro en su faceta de prestadores de servicios turísticos, y tiene que ver con la permanente contaminación de la playa.

“Creo que necesitan invertirle un poquito más a lo de drenaje, a resolver este problema, porque aunque está bonito, va a ser fétido el olor. La gente va a dejar de venir y su inversión va a quedar mal”, augura el presidente de la organización de astilleros.

Al menos hoy las mesas y las sillas que rentan en la playa casi están llenas de turistas mexiquenses. 

 

Día de sol en la bahía

Desde el mirador que está frente a playa Suave, otra de las playas de la Costera Miguel Alemán, se ve una amplia perspectiva de la bahía que comienza a llenarse. Los indicadores de ocupación hotelera este viernes por la tarde arrojan 70.1 por ciento en todo el puerto.

Los bañistas se atiborran en los tramos de playa que quedan a los costados frente a este mirador, aunque el lugar luce agradable parecen tener un desdén por ese trecho, pero sin perturbar su estancia.

Una corriente de agua dócil que sale debajo de la estructura de concreto escurre hasta el mar. Pocos hacen contacto con esa agua. Entre esos pocos están los vendedores que ofrecen sus productos en la playa, pero al final ese caudal se mezcla en el mar y de alguna manera alcanza a todos.

El arroyo es una de las 22 descargas de aguas negras a la bahía reconocidas por Capama. Al parecer no sólo las autoridades saben que existen y prefieren obviarlas. En ésta y otras playas ubicadas sobre la costera Miguel Alemán son notables los escurrimientos de aguas negras, lo que la hace aparecer en el puntero de las mediciones oficiales de bacterias. Playa Suave es la más contaminada, según la evaluación de la Cofepris y también tiene un riachuelo de este tipo.

El dirigente de los astilleros de Manzanillo había mencionado antes la relación de las salidas del drenaje que regula Capama con la contaminación de las playas detectadas por las autoridades de la Secretaría de Salud. “Donde hay descargas residuales son las playas que se contaminan”, señala.

Rodolfo, un turista de Tula, Hidalgo, también se dio cuenta de la contaminación en las playas este segundo año consecutivo que viene al puerto. “Se siente el olor y todo eso (…). Sí está mal la situación de Acapulco, hay mucha basura”, dice cuando camina por la costera.

Pero las autoridades en Guerrero, cualquiera que sea su nivel, le sacan la vuelta al tema de la contaminación de las playas.

En una declaración a reporteros que quedó en los medios de comunicación, la directora de Ecología en Acapulco, Guadalupe Rivas Pérez, relacionó la evaluación Cofepris con el arrastre de desechos por las primeras lluvias y no con las descargas de drenaje. Al secretario de Turismo en el estado, Ernesto Rodríguez Escalona, le preocupó más que la Cofepris revela sus resultados en el arranque de este periodo vacacional de verano.

Los prestadores de servicios turísticos también están en la lógica del secretario, pero sus razones tienen relación con la supervivencia.

En la playa Suave se quejaron de que la gente ya no querrá visitarlos. En playa Manzanillo, los astilleros que ahora rentan mesas y sillas a turistas, se opusieron a que la Dirección de Ecología colocara la bandera de alerta.

El dirigente de los astilleros menciona sus razones: “Si nos corrieron porque ya no querían nuestro taller aquí, ahora tratamos de poner unas mesas para mantenernos y también vienen y nos van a clausurar. ¿De qué vamos a vivir?”.

 

 

 

 

 

 

 

 

Este trabajo fue elaborado por el equipo de Amapola. Periodismo transgresor. Se autoriza su reproducción siempre y cuando se cite claramente al autor.

Chilpancingo

Con ocho niños que asistieron hoy al curso de regularización de verano, el profesor Lamberto Castro de la Cruz forma, con palitos de madera, decenas y centenas, hasta llegar al millar.

La mamá de uno de esos niños me dice: “ahorita que te veo los ojitos me acordé de mi hijo, al que tengo desaparecido”.

Este martes 9 de julio es el segundo día de tres semanas de clases de regularización que preparó el profesor Lamberto. Lleva tres años seguidos atendiendo a niños de primaria del Colectivo de Familiares Desaparecidos y Asesinados de Chilpancingo.

Esta ocasión se apuntaron 23, pero hoy sólo asistieron José, Kevin, David, Ángel, Karime, Manuel, Ramses y Santiago. Uno de ellos es el hijo de la mujer que espera sentada junto a la puerta, a quien no le fue bien en matemáticas durante el ciclo escolar. “Va atrasadito”, dice la madre.

Su hijo no cerró bien el tercer año de primaria, pero eso no importó tanto, sino que por voluntad propia él mismo pidió asistir a las clases de regularización, después de años de temer salir a la calle.

El profesor Lamberto de alguna manera trata de que sus “dispositivos de aprendizaje” disminuyan cualquier efecto que deje en los niños ser parte de este grupo específico. Los motiva y les demuestra cariño. Él más que nadie los entiende.

A los niños y el profesor les une más que la dupla enseñanza-aprendizaje. Todos forman parte del mismo colectivo, son familiares de víctimas de una persona desaparecida o asesinada en Guerrero.

“Ellos a lo mejor no saben que yo también estoy padeciendo una situación igual, pero trato de entenderlos, porque sé el entorno de dónde vienen, cómo está su situación”, dice.

El profesor Lamberto reconstruye desde la adversidad y trata de mejorar el camino de unos niños que igual que a él, los alcanzaron dos de los más grandes males de este estado: la desaparición y los asesinatos.

 

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La madre espera a su hijo. Tenía la opción de dejarlo a las nueve de la mañana y volver por él a las 12:30, pero se quedó las tres horas y media de actividades.

El hijo de nueve años también hizo su esfuerzo. Se levantó a las seis de la mañana para que le diera tiempo de llegar. Desde la colonia del PRI, parte poniente de la ciudad, donde viven ambos, hasta cerca de la colonia 20 de noviembre, zona oriente, donde está la sede del curso, lleva una media hora en el servicio público, si se considera un transbordo de ruta. Ellos invirtieron casi un par de horas en llegar.

El camino se lo hicieron a pie porque la madre no tuvo para pagar los 28 pesos por cada uno de pasaje para ir y venir. Se terminó el dinero que es su puntero para las tortillas de maíz que hace a mano y vende. En los últimos días tampoco ha trabajado en las casas que asea. Tiene una infección en la garganta que no le deja ni pasar agua.

Espera que pronto le entreguen los 2,000 pesos mensuales que reciben de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), para tener con qué dar de comer a su hijo. Ayer lunes preguntó a otras víctimas si ya les habían pagado, pero nada.  

La Ley de Víctimas establece dos tipos: las directas o las indirectas. La segunda es el lugar donde con regularidad ubican a los familiares de desaparecidos o asesinados en este país, pero hay casos que les coloca en ambos lados a la vez, y para ellos no existe categoría.

Es el caso de esta mujer y su hijo, de quienes no se proporciona rastros para cuidar su integridad.

Hace tres años ambos vivían en Coyuca de Catalán, uno de los nueve municipios de la Tierra Caliente de Guerrero. Con ellos también vivía el hijo mayor, hermano del niño, que por ese tiempo rondaba los dieciséis años, y la pareja sentimental de ella, padre del menor.

Viviendo allá, un día se les hizo de noche en una de las casas donde era empleada doméstica. La acompañaban sus dos hijos. La patrona le pidió que se quedara a ayudarle con una fiesta de cumpleaños para niños, a cambio de un poco más de pago.

El acuerdo por ese día de trabajo incluía que al final de la fiesta los regresarían a casa en coche, por toda la violencia que ocurría en esos momentos en Coyuca de Catalán. El carro de la patrona nunca arrancó y ella creyó que llegaría a casa con sus hijos sin problemas. “El que nada debe nada teme”, recuerda que dijo.

En algunos lugares de Guerrero esto no es suficiente. En el camino de vuelta a casa, la madre y sus dos hijos se toparon una camioneta blanca donde viajaban algunos hombres armados que ella confundió con policías ministeriales. Jaló a su hijo mayor porque casi lo atropellan.

Los hombres se bajaron de la camioneta y subieron a la fuerza a la madre y sus dos hijos. Se los llevaron. Al menor lo liberaron momentos después, pero a ella y al adolescente los trasladaron hasta una cancha deportiva. Ahí los golpearon, a ella más, porque intentó evitar los golpes a su hijo.

Después los encerraron en un lugar, donde estuvieron sentados en el piso uno al lado del otro por varios días. A ella la liberaron, pero sin su hijo. Hasta hoy no sabe qué fue de él.

Por lo que se ve en la foto que trae en su teléfono celular, el muchacho, que ahora tendría 19 años y muy probable ya habría terminado su bachillerato, es güero y de ojos claros. “Como me vieron prieta y fea no creyeron que fuera su mamá”, comenta la mujer del momento en que les pidió a sus raptores lo liberaran.

Está convencida de que lo confundieron. Recuerda que durante su cautiverio, los hombres armados llamaban a su hijo con un nombre que no era el suyo.

Ella y el hijo menor tuvieron que salir de Coyuca de Catalán a escondidas. Una vecina les dio dinero para viajar a Iguala, porque los mismos hombres que los raptaron la buscaban. El padre del menor los abandonó.

Los dos llegaron a Chilpancingo, después de varios días de vivir en la central de autobuses en Iguala. Los primeros días en esta ciudad también los pasaron en la estación camionera. Por ahora se han estabilizado, aunque en condiciones precarias, porque ni siquiera tienen para pagar el transporte público.

 

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Las respuestas que dan los niños después de agrupar en unidades, decenas y centenas el millar de palitos de madera, el profesor Lamberto las escribe en unos lienzos de papel que están pegados en la pared al fondo del pasillo. Las láminas funcionan como pizarrones. En ellas también están anotados sus nombres.

Enseguida está una mesa de madera con sillas de plástico donde hacen sus ejercicios. Todo lo demás está vacío. 

La casa es amplia. Por primera vez, después de dos ciclos escolares que regulariza a niños de familiares de desaparecidos o asesinados, el profesor tiene un espacio propio que aspira convertir en un lugar de atención académica permanente para los niños.

En el ideal, en el lugar habría mobiliario y equipo para las actividades docentes, además de un presupuesto para los desayunos de los niños. Al menos así presentó el proyecto a la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), pero sólo le respondieron con la renta de la casa. 

“Aquí falta mobiliario, falta equipo, pero también faltan recursos para que los niños tengan un desayuno y tengan sus útiles que sirvan para aprender. Faltan muchas cosas”, menciona.

Por ahora, tener el espacio, ya es un avance.

Durante los periodos vacacionales del ciclo escolar 2016-2017 ocupó un salón que le prestaban en las instalaciones de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (CDHEG). Al siguiente ciclo trasladó su escuelita a las instalaciones del Centro de derechos de las víctimas de la violencia “Minerva Bello”.

Cuando se dice que nadie más que el profesor Lamberto entiende el contexto de estos niños, es porque la posición de víctima no sólo la ve, también la vive. “Es una situación que me pongo a revisar y me duele, me duele mucho”, menciona.

La noche del 9 de julio del 2016 una camioneta se estacionó a unos metros del negocio de micheladas que atendía Kevin Castro Domínguez, en la colonia del PRI, al poniente de la ciudad. Unas personas se bajaron  y dispararon contra él. Le dieron al menos ocho disparos.

Kevin era estudiante de bachillerato, tenía 17 años. Era hijo del profesor Lamberto.

 

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Después de la muerte de Kevin el profesor Lamberto necesitaba encontrar algo que disminuyera el dolor de su ausencia. Debía tener una conexión con la independencia y seguridad que desde pequeño mostró Kevin al tomar sus decisiones.

Entonces pensó en los niños de las víctimas de desaparición y asesinato, que vinculó con su idea de una formación académica independiente. “Yo puedo ayudarlos, sé cómo ayudarlos”, recuerda que pensó.

El profesor sabe que las familias que tienen una persona desaparecida o asesinada caen en un deterioro por los cambios que ocasiona convertirse en víctima.

El primero es emocional, que pega directo en la salud, el segundo es económico, condición que más asfixia a los niños, porque va de la mano con el descuido. A eso le sigue el desinterés del niño en todo.

Esta condición la clarifica así: las madres, en muchos casos, cuando el padre está desaparecido, tienen que hacerse cargo de la manutención completa de los hijos y pasan todo el día en el trabajo, sin tiempo para enterarse de cómo van en la escuela.

A esa situación le suma que el sistema educativo público en México está atrasado, porque fue diseñado para “servir al Estado”. Desde esa óptica entiende por qué los docentes no se involucran en los contextos de los niños. “El maestro a lo mejor no está tan consciente de la situación que ocurre en la familia del niño y únicamente le hace las observaciones, más no se involucra, no investiga”, reflexiona.

Su evaluación sobre el sistema educativo la hizo desde antes que se convirtiera en una víctima indirecta de la violencia en México. Esa fue la razón por la que en el 2012 renunció a su plaza de docente, después de 26 años de servicio.

En pleno proceso de duelo el profesor Lamberto comenzó con los cursos para niños en periodos vacacionales, que alternó con asesorías domiciliarias. Esta regularización la programó los fines de semana.

Durante el ciclo escolar reciente regularizó en casa a Abraham, América y Arturo, quienes cursaron primer año de secundaria, y quinto y segundo año de primaria. El ciclo pasado (2017-2018) a Francisco, cuando todavía cursaba el sexto grado, a quien recuerda con cierto orgullo.

Francisco es hijo de un abogado que está desaparecido. El impacto de su ausencia comenzó a demostrarlo con bajas calificaciones y un total desinterés por mejorarlas.

El profesor Lamberto inició a regularizarlo en noviembre del 2017. Primero se ganó su amistad contándole sobre su formación como docente, después subieron de una a dos las sesiones en casa por semana.

Para marzo del 2018 fueron tantos los cambios de Francisco que durante las olimpiadas del conocimiento de su escuela quedó en uno de los tres primeros lugares y repitió el resultado en la competencia de su zona escolar.

De las cosas que supo el profesor Lamberto de él fue que cuando aplicó para el examen de admisión a una de las secundarias más concurridas del centro de Chilpancingo, obtuvo casi un nueve de calificación.

En este momento cobra sentido la frase que repitió el profesor sobre la enseñanza que le inspiró su hijo Kevin: “me enseñó a enseñar”. Su reto para este verano es que 23 niños recuperen su confianza y se expresen con libertad.

“Encontré la manera de conectarme con los niños. Poco a poco este dolor se fue disipando y se fue convirtiendo en mucho ánimo. Cuando estoy con ellos, siento que estoy con mi hijo, siento la convivencia y siento que a él le daría gusto que yo hiciera esto”, dice.

En el grupo de niños de este curso al menos ya está el hijo de la mujer que huyó de Coyuca de Catalán, venciendo su miedo de salir de casa, después de la desaparición de su hermano, y haciéndole frente a las matemáticas.

 

El profesor Lamberto Castro reconstruye desde la adversidad y trata de mejorar el camino de unos niños que igual que a él, los alcanzaron dos de los más grandes males de este estado:  la desaparición y los asesinatos

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Texto: Margena de la O

Fotografía: Angie García

15 de julio del 2019

 

 

 

 

 

Este trabajo fue elaborado por el equipo de Amapola. Periodismo transgresor. Se autoriza su reproducción siempre y cuando se cite claramente al autor.

Texto: Marlén Castro y Margena de la O

Fotografía: José Luis de la Cruz

24 de junio del 2019

 

Chilpancingo

El 2 de junio pasado Alicia fue citada en la cancha de la colonia Galeana de Chilpancingo para recibir indicaciones. Después de tres meses de que inició su capacitación como becaria del programa federal Jóvenes construyendo el futuro cubriría un evento desde un ángulo noticioso. Por fin, la empresa con la que se vinculó parecía cumplir el ofrecimiento de enseñarle a reportear.

Indicaron a ella y a otros 13 becarios que tomaran fotografías y datos sobre un acto que inició a las cuatro de la tarde de ese domingo en el salón La Palapa, ubicado cerca de esa cancha. “Íbamos a tomar nota sobre lo que nos pareció el evento”, dice. La información la subirían a la página de Facebook Ciudad Bravo que administra su capacitador.

La actividad asignada como cobertura periodística a Alicia fue la segunda del día encabezada por el exalcalde de Acapulco, Evodio Velázquez Aguirre y el actual alcalde de Chilpancingo, Antonio Gaspar Beltrán, dentro del proceso de reafiliación de la militancia del PRD, partido al que pertenecen ambos políticos. Hay varios líderes de este partido ocupados en actividades como éstas, consideradas como los comienzos electores del próximo proceso electoral.

Alicia forma parte de un grupo de unos 38 ó 40 jóvenes becarios de Chilpancingo, vinculados con empresas y el sector público. Ella se vinculó de manera directa con una persona física, que en el programa aparece como empresa, y le asignó alimentar con contenidos informativos la página de Facebook.

Ninguna de las actividades que le asignaron antes a la de este domingo de junio tenía que ver con reporteo o fines periodísticos.

Al mes que ingresó al programa, la pusieron a organizar, junto a otros jóvenes, el “Campeonato chalupero 2019”, una competencia de comer chalupas (unas piezas crujientes hechas de maíz) que ocurrió el 8 de marzo. También le asignaron fotografiar a jóvenes en un encuentro de artistas urbanos en un parque, asistir a actos de voluntariado y lo más reciente, a sembrar árboles en el encauzamiento del río Huacapa.

La actividad de junio le sonaba a que podrían cumplirles la oferta, pero el par de horas que duró el evento estuvo sentada. Ella y sus compañeros se pararon contadas veces, para hacer algunas fotografías desde sus teléfonos celulares y para ser fotografiados. “Nada más estuvimos sentados, pasó Evodio y nos tomaron una foto con él. Con Toño Gaspar también nos tomamos una foto”, comenta.

De ese evento han transcurrido tres semanas, de hecho ya inicia la última de junio y el capacitador de Alicia sigue sin pedirle la información del acto de los perredistas.

En la página de Facebook no hay ninguna información sobre ese hecho ni de ningún otro en términos informativos o periodísticos. Ahí hay colgadas fotografías de comida, con pies de foto que recomiendan visitas a algunos negocios, videos e imágenes chuscas, y algunos llamados ciudadanos, como el de la localización de un joven reportado desaparecido que ya apareció, y justicia para otro que asesinaron el viernes 21 de junio.

Cuando se le pregunta a Alicia qué exactamente hizo durante el evento de los perredistas ella sonríe sonrojada y dice: “Pues, pensamos que éramos acarreados”.

Alicia tiene otro nombre pero en este texto se llama así para evitar represalias en su contra.

 

Algunas empresas del sector privado, instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil utilizan el programa federal Jóvenes construyendo el futuro para aumentar sus utilidades, mantener clientela política o quedarse con un porcentaje de la beca.

El argumento del gobierno federal para impulsar Jóvenes construyendo el futuro es generar oportunidades para un sector de la población históricamente desatendido y, junto con ello, sentar las bases para disminuir los niveles de inseguridad en México. Guerrero tiene dos de las ciudades más violentas del país y de América Latina: Chilpancingo y Acapulco.

La entidad tiene el segundo lugar de las entidades con mayor número de jóvenes que no estudian ni trabajan, los bautizados como ninis. En una entidad así, el programa que consiste en que jóvenes aprendices se vinculen a centros de trabajo para que sean capacitados y mientras lo hagan reciban una beca de 3,600 pesos mensuales, se cree, podría romper el círculo vicioso que ha atrapado a miles de jóvenes desocupados que han transitado de la informalidad a la ilegalidad.

A la fecha, se han vinculado al programa en todo el país 705, 296 jóvenes aprendices en un total de 137,425 centros de trabajo, de acuerdo con datos del portal oficial.

En Guerrero, de acuerdo con la misma fuente, hay 49,785 jóvenes aprendices vinculados a 7,565 centros de trabajo.

Pero algunos de esos centros de trabajo registrados en la plataforma, del sector privado, de las instituciones públicas y de la sociedad civil, han preferido aumentar sus utilidades, mantener el clientelismo político y quedarse con un porcentaje de esas becas, de acuerdo con denuncias de los mismos becarios.

 

Acaparadores del programa

Uno de los más de 7 mil centros de trabajo que se ofertó como una opción para los jóvenes de Guerrero está a nombre de Mixa Endi Zúñiga Sosa, el que aparece en la plataforma con el registro 4,636, con tres frases clave para definir el perfil de la empresa que representa y el de los becarios que necesita: Periodismo, audiovisuales, redes sociales.

La asesoría a los aspirantes consiste en enseñarles a hacer “notas de prensa e investigación periodística” y “producción de recursos audiovisuales”, además de dotarles de conocimientos para el “desarrollo económico local” y la “sostenibilidad”. Pide una escolaridad mínima de bachillerato.

Todos estos datos se pueden consultar en el sitio oficial al que acceden los aspirantes a la beca de Jóvenes construyendo el futuro. Las vacantes de su perfil, que no llega ni a la decena, ya están completas.

Los ofrecimientos de Zúñiga Sosa convencieron a Alicia. El perfil profesional del capacitador es en Ciencias Políticas, ajeno a lo que ofrece a los becarios. Es considerado un talento de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro) porque ha representado en esos temas a México en foros de jóvenes en otras partes del mundo. Él mismo lo publicó en sus redes sociales.

Por ahora colabora de manera externa con el programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg) en el municipio de Chilpancingo, que coordina Gustavo Cervantes Chavela, informó gente cercana a Zúñiga Sosa.

Alicia, la joven que creyó aprendería periodismo, se ha coordinado con los becarios de Fortaseg para las actividades que les asigna Zúñiga Sosa, como el campeonato de las chalupas. “Creo que inscribió al Fortaseg a Jóvenes construyendo el futuro”, dice uno de los conocidos de Zúñiga Sosa. Al parecer es la razón por la que el grupo de becarios de Alicia es de casi 40 miembros.

El día que citaron a Alicia y a otros 13 becarios para cubrir el evento de los perredistas en colonia Galeana los acompañó Emmanuel Anaya Peralta. Otro a quienes los becarios consideran su coordinador.

Él es un trabajador formal de la actual administración municipal de Gaspar Beltrán. También se asume como un político que milita en el PRD, mismo partido del alcalde de Chilpancingo.

“Supuestamente el licenciado Anaya nos dijo que íbamos a un evento político a cubrir la nota, que no tenía que ver con su partido, pero que si nos queríamos afiliar lo podíamos hacer”, menciona Alicia del evento al que asistió y se sintió como acarreada.

 

En el sector privado…

Grupo multiservicios Gocamex Sociedad Anónima de Capital Variable es una empresa asentada en Chilpancingo a la que, de acuerdo con el programa, se vincularon 45 jóvenes para recibir capacitación para el trabajo, por un año.

De acuerdo con testimonios de jóvenes que se vincularon a Gocamex, nombres que se mantendrán en la confidencialidad, en realidad eran empleados ya contratados, y el programa sirvió para que la sociedad de empresarios dejara de pagar una quincena a sus trabajadores.

“En diciembre, uno de los dueños de la empresa nos llamó y nos pidió que nos vinculáramos al programa. Todos nos emocionamos porque el salario que recibimos es muy bajo. Pensábamos que íbamos a seguir recibiendo nuestro salario y aparte íbamos a tener lo de la beca, pero no, cuando cobramos la primera vez, la empresa ya no nos pagó la quincena”.

Los jóvenes que trabajan en Gocamex cubren una jornada laboral de 10 horas corridas. Entran a las diez de la mañana y salen a las ocho de la noche, en medio, tienen dos horas para sus alimentos, una en la mañana y otra hora en la tarde. Los salarios quincenales, dependiendo de las funciones realizadas, oscilan entre los 2,000 y los 2,500 pesos quincenales.

El grupo empresarial se ahorra 101,250 pesos mensuales, ya que de sus ganancias sólo cubre una quincena al mes a sus trabajadores, la otra quincena queda cubierta con el recurso de las becas del programa.

Esta empresa es la número 3,120 de los 7,565 centros que se registraron para ofrecer capacitación para el trabajo y contribuir así a disminuir la tasa de desempleo, de acuerdo con los registros en el portal oficial del programa.

 

Sector social…

En el sector de las organizaciones de la sociedad civil también se cuecen habas, al grado de que el programa canceló el registro de este sector.

En el caso de Guerrero, para las organizaciones sociales se tienen contemplados 24,092 vacantes y sólo se han vinculado 4,273 jóvenes, sin embargo, la plataforma rechaza nuevas solicitudes de organizaciones de la sociedad civil por las irregularidades detectadas.

Jóvenes de El Carrizal, municipio de Leonardo Bravo, denunciaron que una organización fue al pueblo a ofrecer las becas del programa y les pidió copias de documentos oficiales para registrarlos. Los jóvenes aceptaron a pesar de que junto con el ofrecimiento pidieron 30 por ciento del recurso que les va a llegar mes con mes.

En Acapulco, dos becarias denunciaron a la organización Ciudadanos en acción por Guerrero, la que les exigía como parte de sus tareas acudir a actividades del PRI, además de que se quedaba con el 20 y hasta 30 por ciento del monto de la beca. A esta organización se vincularon 60 jóvenes, aunque algunos cancelaron la relación cuando conocieron el tipo de capacitación que querían proporcionarles.

De acuerdo con la página oficial de la plataforma, Ciudadanos en Acción por Guerrero, con domicilio en Cerro de las Campanas no. 90, fraccionamiento Hornos Insurgentes, tiene el número de registro 1,358.

La página oficial de la organización dice que son una organización privada especializada en la generación y operación de proyectos en beneficio de gobiernos estatales y municipales. De acuerdo con testimonios de las becarias que denunciaron, la organización está vinculada al Organismo Nacional de Mujeres Priistas (ONMPRI).

 

Atados de manos

Sobre estas denuncias, Iván Hernández Díaz, subdelegado del gobierno federal en la región Centro, señaló que el programa Jóvenes construyendo el futuro utiliza una plataforma en la que los jóvenes y los centros de trabajo se registran libremente.

Una vez registrados, los jóvenes se vinculan con los centros de trabajo sin intermediarios.

Dijo que por esa razón, el gobierno federal no puede descartar por anticipado los centros de trabajo que se registran para capacitar a los jóvenes, por lo que son los becarios quienes tienen que hacer las denuncias cuando reciban ofrecimientos como quitarles un porcentaje de su beca o hagan tareas que no corresponden a las capacitaciones que deben recibir.

El programa opera pensando en la buena fe de los jóvenes y de los capacitadores, indicó, razón por la cual los operadores del programa tienen atadas las manos. Ha habido denuncias y cuando eso ocurre hacen una visita de verificación a los centros de trabajo. Mientras se hace la investigación el centro de trabajo es cancelado momentáneamente.

Por cuestiones de secrecía se negó a informar sobre el tipo de denuncias recibidas y los centros de trabajo investigados.

 

 

 

 

 

 

 

 

Este trabajo fue elaborado por el equipo de Amapola. Periodismo transgresor. Se autoriza su reproducción siempre y cuando se cite claramente al autor.

A la Unidad de Partería Alameda Chilpancingo llega gente que ya tuvo un contacto con una partera,  gente de comunidad que  ahora vive en la ciudad, que ya sufrió violencia obstétrica o que está informada y que busca otras opciones, cuenta Carolina partera profesional.

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Texto: Margena de la O

Fotografía: Jesús Eduardo Guerrero / José Luis de la Cruz

14 de junio del 2019

 

Chilpancingo

Carol nació un jueves a las 9:27 horas del pasado 14 de marzo, hace exactamente tres meses. En su nacimiento, su madre estuvo acompañada de su pareja, o sea su padre, y de su partera, su amiga Noemí, de la escuela universitaria.

Desde 16 horas antes, Carol le hizo saber a su madre que era el momento. Tres contracciones cada 10 minutos. La noche del lunes anterior la alertó, pero todavía faltaba para que naciera.

Durante todas esas horas, su madre caminó por la casa solitaria, hizo ejercicios sentada en una pelota grande o tomó baños con agua caliente. La casa donde nació Carol, en Tepecoacuilco, es la casa de sus abuelos, pero ese día estaba casi vacía para que su madre pariera tranquila, sin presiones ni intimidaciones. “No quise decir que ya estaba iniciando el trabajo de parto por no sentir presiones”, dice su madre después.

El momento de su nacimiento fue tan íntimo y tranquilo que tres meses después de que ocurrió su madre también confiesa con firmeza que sigue enamorada del parto, que desvincula del dolor: “Tenía las contracciones, sí tenía muchas sensaciones, pero menos de dolor”.

Carol nació en un entorno donde sólo estuvieron su madre, su padre y la partera.

Parir atendida por una partera no sólo fue bueno y bonito para Carolina y la bebé, también fue barato.

En Chilpancingo también existe esta opción para parir que empleó Carolina.

En la Unidad de Partería Alameda Chilpancingo, donde antes estaba el Hospital General, se puede traer a los hijos a este mundo; sin pagar un solo peso, si se cuenta con el Seguro Popular; o una cuota de recuperación voluntaria, si no se tiene este beneficio.

Noemí y Carolina son parteras profesionales en esta unidad.

 

 

Parir sin violencia

Carolina y Noemí, son amigas, se conocieron en Guanajuato, en el Centro para Adolescentes de San Miguel de Allende (CASA), de donde se graduaron como parteras profesionales, y ahora son compañeras en la Unidad de Partería Alameda Chilpancingo. 

Carolina es partera desde los 19 años, cuando ingresó a CASA a estudiar. Los cuatro años de estudios son de prácticas. De entonces hasta ahora ya pasaron 10 años. A sus 29 años ha atendido unos mil partos, incluido el de su hermana Maricarmen, a quien asistió en la misma casa en la que nació Carol.

En el contexto profesional en que se desenvuelve Carolina, muy parecido al de hospitales, donde hay personal uniformado, cuartos equipados y salas de espera, pero sin quirófanos, su edad es uno de los prejuicios a los que de manera recurrente se enfrenta. Casi nunca se salva de que la imaginen mayor. “La gente siempre espera que seas una persona adulta, ya con canas”, dice.

Carolina tiene un título de la carrera técnica de Partería, pero ni eso la despoja del desdén general que existe por el oficio en Guerrero, donde las autoridades de Salud admiten que podría reducir las estadísticas de mortalidad materna, un mal que mantiene en los primeros sitios al estado.

Una manera de medirlo son las pocas asistencias que da al mes en Chilpancingo, que entre su trabajo en la Unidad de Partería y las asistencias externas, son alrededor de cinco.

Este dato va en sincronía con el flujo de la misma Unidad, donde atienden si acaso unos tres partos diarios, de acuerdo con los cálculos del personal, aunque se planeó hasta para 15. Es decir, la demanda diaria en este espacio que la Secretaría de Salud inauguró en diciembre del 2017 es de apenas 20 por ciento.

El desdén por la partería en la ciudad es más evidente cuando se conocen los números de los partos que atienden en los hospitales del sector Salud. En el Hospital General Raymundo Alarcón Abarca, de acuerdo con las cifras que proporcionó el personal, llegan a atender por día hasta 10 partos, de éstos, unos tres por cesárea. En la ciudad también está el Hospital de la Madre y el Niño Guerrerense, abierto de manera exclusiva para la atención de mujeres en el embarazo y bebés al nacer. 

“Hay gente que te busca porque ya tuvo un contacto antes con la partera, pero así previamente no. Regularmente son gente de una comunidad que ahora vive aquí, y hay gente que sí es porque vivió violencia (obstétrica), que está informada y que busca otras opciones”, cuenta la partera profesional.

Después atribuye la poca demanda en la partería a la falta de información. Esto lo descargó en las instituciones, pero también en las parejas que esperan un bebé, porque deberían mirar el proceso desde otras ópticas. “Si supieran dónde se meten o cuánto pagan porque las violenten, de verdad que no lo harían”, comenta sobre lo que enfrentan las mujeres en los hospitales atendidas por médicos.

Una cesárea puede costar hasta 27 mil pesos, de acuerdo con la cotización que se hizo en diferentes hospitales privados para documentar esta información.

A esto se suma el negocio en los partos, al que Carolina se refirió como la engañosa estrategia publicitaria sobre la ausencia del dolor en las cesáreas, que en automático coloca al parto natural en el otro extremo. “Luego veo anuncios en Internet como cesárea sin dolor, parto sin dolor y la gente no sabe todos los efectos secundarios de una anestesia y los efectos al bebé”, advierte. En el ambiente de la medicina nunca explican, según Carolina, la importancia de ese primer contacto de la madre con el hijo.

Si ella vive esto en la ciudad, reconoce que es más complicado en los pueblos, para las parteras tradicionales, de quien habla con respeto. “Para mí son unas maestras”. La razón es que, a su juicio, existe una mayor discriminación por la partería tradicional, sobre todo de la medicina.

Entonces recordó la anécdota que le contó su pareja, un enfermero en hospitales básicos comunitarios, a quien conoció cuando la asignaron área de partos respetados o humanizados del hospital básico de la Sierra de Guerrero.

Una mujer llegó a ese hospital en labor de parto y con las piernas vendadas. Tenía dos o tres días con contracciones. La acompañaba otra mujer, quien le hizo el vendaje. Era la partera. En ese momento la compresión en las piernas de la mujer a punto de parir, según Carolina, era vital porque el flujo sanguíneo debía concentrarse en el útero.

Supo que el personal médico que atendió a la mujer embarazada se quejó de que el parto se complicó por la falta de atención médica, con frases despectivas como el ‘ummm… se atendió con una partera’. “Si se regresaran tantito a ver ese espacio, ella la vendó, a lo mejor por instinto o por lo que haya sido, ella lo hizo y a lo mejor eso le salvó la vida a la mujer”, comenta.

Carolina confía en las parteras tradicionales, quienes le han compartido consejos  sobre el cierre de caderas y los tés que sugieren para la recuperación de sus pacientes. Pero piensa que las pateras profesionales no son bien vistas por las pateras tradicionales, porque “no te pueden dejar de ver como personal (médico)”.

Con todos estos prejuicios alrededor de la partería profesional, quienes la ejercen se mueven en medio de dos flancos: las parteras tradicionales y los médicos. De un lado no las miran como parteras y del otro tampoco como profesionales. “Siempre ha habido el choque con los médicos”, dice.

 

 

El embarazo y la intimidad del parto

Después que Carolina pesa y revisa a sus pacientes, regularmente tiene una charla con ellas. Las escucha. Algunas le dicen que se siente cansadas, que tuvieron problemas con los otros hijos o cualquier otro comentario. A esta fase la partera le llama crear un vínculo de confianza entre ambas, la partera y la mujer embarazada. “A veces son cosas simples, pero nadie las escucha, nadie se detiene a eso”, comenta.

Este momento no está contemplado en las consultas médicas, tampoco la convivencia inmediata entre las madres y sus bebés, porque luego los separan, y “no saben todo el vínculo que se pierde en ese momento”.

Cuando Amapola. Periodismo Transgresor documentaba la indiferencia institucional sobre la partería tradicional encontró historias de mujeres embarazadas que vivieron una secuencia de violencia obstétrica durante la atención de sus partos en los hospitales.

En la primera entrega de esta serie están sus testimonios. Una mujer narró la indiferencia del médico que la atendió: escuchó música y leyó durante el tiempo que duró su labor de parto, y una vez que se quejó de las contradicciones le dijo con desinterés: “es normal, te va a doler”.

A eso se suma la invasión que sintió las veces que revisaron la dilatación de su vagina en medio de pasillos llenos de personal médico y la incomodidad que le generó cuando escuchó que el médico le dijo a una mujer internada a su lado: “tú no la escuches, no le hagas caso, no la escuches”. Se refería a ella porque se quejó de las contracciones. 

Carolina sabe qué sucede en ese momento. Durante el proceso de parto las mujeres producen la hormona llamada oxitocina, la misma que el cuerpo humano libera durante las relaciones sexuales. De ahí la importancia que el parto ocurra en un ambiente íntimo.  

 

 

 

 

Este reportaje fue elaborado por el equipo de Amapola. Periodismo transgresor. Se autoriza su reproducción siempre y cuando se cite claramente al autor.

Una tromba y granizada, en 1976, sacó a las familias de San Agustín, municipio de Metlátonoc. Consiguieron la dotación de ejido y formaron El Calvario, pegado a Chilpancingo, de 840 hectáreas, pero un incendio forestal arrasó con sus tierras el pasado mes de mayo.

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Texto: Margena de la O

Fotografía: Arturo de Dios Palma

28 de mayo del 2019

 

El Calvario

Desde el borde de los terrenos de los hermanos Calixto García se ve una densa nube gris que cubre Chilpancingo. Antes del sábado 4 de mayo desde El Calvario, un ejido pegado a la capital,  dice Juan Calixto García que  veían el conjunto comercial más grande de la ciudad, el penal y una parte de la colonia Tomatal. Ahora sólo ven cenizas.

Era el mediodía del 4 de mayo, cuando habitantes de El Calvario olieron el humo, un humo primerizo que no les advirtió del incendio forestal que había iniciado un par de horas antes en la parte alta de Chilpancingo. Después una lluvia de ceniza los alertó. “Hasta acá llegó lo negro”, comenta Mario Calixto Bravo, padre de los hermanos Calixto García, sobre el incendio que casi acabó con las 300 hectáreas de cultivo del ejido.

Este incendio es uno de los seis que hasta la segunda semana de mayo se registraron en Chilpancingo, 34 en todo el estado, según el monitoreo que hizo la Secretaría de Protección Civil del Estado. Las autoridades lo clasificaron como el más letal: 1,100 hectáreas quemadas que abarcaron la localidad de los Llanos de Tepoxtepec y los fraccionamientos Santiago Apóstol, Jardines de Zinnia y Nuevo Mirador, al oeste de la capital.

Los incendios taparon de humo Chilpancingo y hasta el inicio de la cuarta semana empañaba la vista y dificultaba la respiración.

Este sábado 18 de mayo por la mañana, 15 días después del incendio, tres de los hermanos Calixto García recorren sus tierras para hacer un nuevo recuento de las pérdidas. Son lomas con lunares negros, donde están desfloradas pencas carbonizadas de maguey, palmas chamuscadas, cultivos siniestrados y troncos de árboles ennegrecidos. “El maguey, el cedro, la palma son nuestras fuentes de trabajo y  todo se echó a perder”, dice José Calixto García al hacer la valoración.

El incendio quemó la materia prima de los oficios de las 35 familias de El Calvario. Son productores y proveedores de cabezas de maguey para el mezcal de la región Centro, productores de mezcal, artesanos de palma de soyamiche y carpinteros.

En el pueblo había más magueyes que palmas y árboles de cedro y en eso se finca su desgracia. Casi todos los habitantes viven del maguey. El incendio quemó las cosechas de los próximos cuatro años.

Casi todo el camino al pueblo, una brecha ubicada al sur de la ciudad de Chilpancingo, a orilla de la autopista del Sol, se siente un fuerte calor. Es un trayecto de cerros pelones por los arbustos chamuscados.

Ese mismo calor se siente en las tierras de los Calixto García. Los hermanos cruzan por el guardarayas –la línea divisoria que evita la propagación del fuego– que hicieron el domingo 5 de mayo, al día siguiente que inició el incendio, en uno de los intentos por detenerlo. “¿Ya viste cómo se ve?”, pregunta uno de los dos muchachos que los acompañaba en el recorrido para valorar los daños.  Se ve un vapor que emana de la tierra, como en el pavimento de una carretera a mediodía. 

La primera desgracia

Mario Calixto Bravo amontona las piedras en un hoyo cavado en la tierra. Es el terreno de la fábrica de mezcal de su familia, la única que hay en El Calvario. Las piedras truenan por el calor del fuego encendido abajo de ellas. Es el horno donde cocinará lo que pueden ser las últimas piñas de la cosecha.

Desde ahí cuenta la desgracia que los persigue. Un día de marzo de 1974 una tromba y una granizada casi acaban con San Agustín. La gente salió de ese pueblo na savi de Metlatónoc, que ahora pertenece a Cochoapa El Grande, a buscar dónde vivir. 75 de ellos, fundaron el 8 de enero de 1976 un ejido de 840 hectáreas en  lo alto de Chilpancingo: El Calvario. 

Mario Calixto Bravo y Guadalupe García Ortega forman un matrimonio que representan la segunda generación del pueblo. La primera la compone Pedro Calixto Benítez y Vicenta Bravo Díaz. Llegaron muy jóvenes, acompañados de sus padres, pero ya comprometidos.

En el pueblo tuvieron a sus hijos Omar, Juan, José, Tomás, Luis y Salvador, que forman parte de la tercera generación que ya crían a una cuarta. “Estos muchachos son puros nuevos de aquí. Son de la región. Ya nomás hay poca gente grande”, dice don Mario cuando calienta el horno.

Ahora dos de sus hijos son las autoridades. Juan Calixto García es el presidente del Comisariado Ejidal y José Calixto García, suplente de la Comisaría Municipal. Ambos, insistieron que el gobierno debe hacerse cargo de las afectaciones del incendio para que ellos recuperen su ritmo de comunidad autosuficiente.

“100 por ciento de la gente del pueblo se dedica al maguey, al mezcal, a la recolección de piña y pues, nos retrasa porque ahorita no tenemos trabajo. El maguey que ya está bueno para cosecharlo ya no sirve (está quemado); el azúcar que tiene se vuelve agua, o sea se deshidrata, y entonces no nos da la misma cantidad”, comenta José.

En la actual crisis, provocada por fuego, están involucrados unos 135 habitantes, la mayoría hijos, nietos y bisnietos de la mitad de la gente que originalmente llegó del pueblo de la Montaña. Don Mario sostiene que muchos de sus paisanos que fundaron El Calvario se regresaron pronto a San Agustín.

Modificar las condiciones de su actual entorno es un asunto que ahora tienen que librar Los Maldonado Rojas, los Galvez Bautista, los Ortiz Rojas, los Guerrero García, los Hilario Billar y los Calixto García, las familias que nacieron en El Calvario.

El mezcal que no fue

José se detiene al lado de un gran maguey capón de pencas marchitas. A pocos metros están las casas del pueblo. Ahí comienza el recorrido por las hectáreas de cultivo dañadas. “Este es su término de crecimiento. Se mochó. Lo queríamos labrar en esta temporada, pero ya no”, comenta. El suelo está negro.

Explica que ese tipo de maguey es el mejor para producir mezcal de gran calidad. Tenía cortado el tallo comestible de la flor del maguey. Este quiote o calehual se deja crecer sólo si la planta fungirá como generador de la semilla para su reproducción silvestre.

Alrededor hay otras categorías de magueyes listos para ser cortados, como los velilla, pero de acuerdo con los hermanos Calixto García, ninguno supera a un maguey capón. En esta ocasión ambas especies están quemadas. La humedad y el azúcar de la planta no da para la destilación.

“Ahora sí (las autoridades) nos deben poner atención, porque prácticamente no tenemos trabajo, se retrasó el trabajo. No tenemos cómo mantener a nuestros familiares”, advierte José.

En El Calvario había tanto maguey que cada semana, de octubre a mayo, los habitantes vendían hasta tres camiones llenos de piña de maguey. Cobran 3.5 pesos por cada kilo y una sola pieza puede pesar hasta 100 o 120 kilos. Un camión tiene capacidad para cinco y seis toneladas, equivalente a unos 21,000 pesos, según los cálculos de los habitantes.

En estos 43 años, El Calvario construyó su autosuficiencia con base en el maguey y el mezcal. Un 80 por ciento de las 300 hectáreas de cultivo era de agave.

En el pueblo existe un círculo virtuoso de producción que generó comunidad. Hay empleo para todos. Una semana son productores y la otra peones. “Damos trabajo a la gente para que quede el dinero aquí. Así nos evitamos de andar en la ciudad de peón o de albañil”, dice Juan durante el recorrido.

El Colegio de Biólogos de Guerrero AC recomendó a las autoridades restaurar el suelo antes de reforestarlo. El incendio afectó al menos cuatro temporadas, porque entre la siembra y corte del maguey tienen que pasar mínimo cuatro años.

La maduración del maguey es un proceso lento. Como los productores de El Calvario llevaban años labrándolos, habían logrado un ritmo de cosecha por año, pero el incendio deshidrató casi todas las plantas, sin distingo de tamaño o madurez. Es probable que necesiten una regeneración de los magueyales.

“(El incendio) nos descontroló. Nos desubicó en la forma que estábamos trabajando. Somos un pueblo indígena, pero nos manteníamos bien, no teníamos que estar pidiendo tanta ayuda”, menciona José.

La carpintería, otro de los oficios del pueblo, no pinta para que sustituya la producción de maguey. Luis ya cerró el negocio para crear muebles de madera que abrió hace algunos años cerca de la ciudad de Chilpancingo. Sin las piñas de maguey ya no habrá destilación de mezcal en la fábrica de los Calixto García. Es decir, se les acabó el negocio, al menos para los próximos cuatro años.

Lo que el fuego les dejó

Esa mañana de sábado en El Calvario todavía huele a humo. El ambiente es gris y respirar ese aire provoca un cosquilleo en la garganta. Han pasado seis días de que los habitantes y brigadistas de las áreas de gobierno sofocaron el fuego de estos cerros.

Un reporte de la Secretaría de Protección Civil indica que lo apagaron el 9 de mayo, cinco días después de que inició.

Las autoridades relacionan los incendios forestales con la quema del tlacolol, una práctica ancestral de limpieza de la parcela antes del arado y la siembra. “Obviamente es una situación, lamentablemente cultural en el estado, el uso del manejo de fuego, es bastante complicado”, menciona en entrevista Marco César Mayares Salvador.

Los hermanos Calixto García aseguran que la quemazón no se originó en el ejido. A ellos se les quemaron las tierras de abajo. El Calvario quedó en medio de dos fuegos, uno que entró por los terrenos del fraccionamiento de Jardines de Zinnia y el otro por el asentamiento Santiago Apóstol.

El primer intento por apagarlo fue de la gente del pueblo. Los habitantes denunciaron que los brigadistas llegaron hasta el siguiente día, el 5 de mayo, y para sofocarlo les instruyeron hacer un guardarayas en la dirección de la ruta de una barranca.

Juan, quien representa la autoridad ejidal del pueblo, dice que los habitantes recomendaron a los brigadistas hacer una línea recta, porque el trayecto curveado de la barranca rodaría los arbustos o palos secos hacia el fuego y lo propagaría, pero les respondieron que los expertos eran ellos.

La experiencia y el conocimiento por sus tierras les dieron la razón a los habitantes de El Calvario, porque el fuego le ganó al guardarayas ordenado por los brigadistas. “Andaba un comandante de nombre Humberto que por poco y se queda en el fuego. Gritaba que le ayudáramos. Se rodó y salió”, recuerda Juan.

Al final, el recuento de daños hecho por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en el pueblo y sus alrededores es de 1,100 hectáreas quemadas, lo que representa un 25 por ciento de toda la extensión dañada en Chilpancingo.

La Comisión Nacional Forestal (Conafor), la Secretaría de Protección Civil (SPC) y la Semaren contabilizaron 4,428 hectáreas afectadas por 30 incendios atendidos en todo el municipio.

En esta categoría Chilpancingo ocupa el primer lugar de superficie dañada por los incendios, muchos de ellos ocurridos en los perímetros de la ciudad. Una parte del fraccionamiento Jardines de Zinnia fue evacuado durante la contingencia.

Hasta la cuarta semana de mayo continuaba la temporada de incendios del 2019. La superficie dañada en el estado a esta fecha es de 19,375 hectáreas, 6,378 más que el año pasado. Este domingo seguía activo un incendio, aun cuando dos noches atrás cayó la primera lluvia.

Hasta la cuarta semana del mes de mayo, la Semaren no hacía pública su estrategia de restauración ecológica, pero su vocería informó que esperarán un tiempo para el reposo del suelo, y enseguida analizarán las condiciones de cada zona afectada, porque después realizarían talleres entre habitantes de zonas afectadas para la reforestación de la planta nativa.

El presidente del Colegio de Biólogos de Guerrero AC, Ricardo Pérez Cardona, de alguna manera ha observado las deficiencias en las estrategias de gobierno para la prevención, control y combate de incendios, porque hicieron una propuesta a la dependencia que incluye acciones para todas estas etapas y el fortalecimiento del marco legal que establezca normas para la diminución de los incendios forestales.

Los guardianes del bosque

En lo alto de El Calvario se ve un bosque más denso. “Es puro pino”, dice Luis antes de iniciar el recorrido por las tierras dañadas.

Ese bosque, uno de los pulmones y proveedores de agua para Chilpancingo, está a salvo.

Los desplazados de San Agustín por la tromba y granizada en su pueblo de origen se anticiparon a una contingencia de este tipo y cuidaron arriba mucho más que sus hectáreas de maguey.

Ahora tendrán que empezar de nuevo.