Efectivos de la Marina asumieron el control de la seguridad en el municipio de Zihuatanejo, donde en los últimos tres meses la violencia aumentó con ataques al transporte público, establecimientos comerciales, extorsiones y cobro de piso.
Desde este jueves fue designado el teniente de fragata, Carlos Sedas Taracera, como titular de la Secretaría de Seguridad Pública en ese municipio.
Fuentes del gobierno del estado confirmaron que un grupo importante de elementos de la Marina patrullan las calles de Zihuatanejo y desplazaron en estas tareas a los policías municipales.
Empresarios de este destino turístico, ubicado en la Costa Grande, dijeron que la presencia de marinos en tareas de seguridad es una buena medida para enfrentar a los grupos del crimen organizado.
En junio, uno de esos grupos que existen por la complicidad de autoridades y grupos económicos y políticos, exigieron a los empresarios de la masa y la tortilla el pago de una cuota.
Los pequeños empresarios cerraron sus establecimientos durante tres días.
La inacción de las autoridades federales, estatales y municipales fueron la causa de que los industriales cedieron ante el grupo criminal pagando la cuota.
El 6de julio pasado, los transportistas suspendieron el servicio local y foráneo debido al asesinato de un conductor del servicio público en una de las calles del centro de Zihuatanejo.
Los transportistas reanudaron el servicio al público y aceptaron pagar cuota.
A partir de esta semana, los concesionarios de transporte local aumentaron el precio del pasaje de nueve a 12 pesos.
Pero también hubo un incremento en el servicio foráneo, por ejemplo, de Zihuatanejo a Petatlán el cobro del pasaje era de 35 pesos, ahora es de 42.
El incremento al servicio de transporte público en Zihuatanejo es sin el permiso de la Dirección Estatal de Transporte del Gobierno del Estado.
«Lo que nosotros suponemos es de que los concesionarios de transporte se vieron obligados a subirle al precio del pasaje para que les alcance en el pago de la cuota a la delincuencia», dijo un empresario de Zihuatanejo entrevistado vía telefónica.
Uno de los empresarios mencionó que desde este jueves muchos elementos de la Marina tienen bajo su control las instalaciones del cuartel de la policía municipal.
«Los marinos son los que ahora están vigilando las calles», mencionó.
Uno de los antecedentes que tiene la policía municipal es de que ha sido acusada de tener nexos con la delincuencia.
En el 2017, el Ejército Mexicano desarmó a la policía municipal y descubrió que 42 de éstos no estaban acreditados como elementos de esta corporación pero portaban el uniforme y las insignias.
En esa ocasión fueron detenidos tres presuntos delincuentes infiltrados en esta corporación.
Ana Itzel y María Rita son los nombres de dos mujeres asesinadas en agosto. La primera durante un ataque armado por civiles en Iguala y la segunda asesinada a tiros presuntamente por su hijo, el director del Registro Civil de Benito Juárez, Juan Antonio Benítez García.
Ambas forman parte de las 46 personas asesinadas durante el mes pasado, en el que se registró el homicidio de 44 hombres y dos mujeres.
María Rita García Barrientos fue titular de la Dirección de la Mujer en Benito Juárez y militante del PRD, pero en las elecciones pasadas compitió para el cargo de regidora por Morena.
El 21 de agosto, a las 8:40 de la noche, vecinos de la calle principal de la localidad Hacienda de Cabañas, municipio de Benito Juárez, en la Costa Grande, llamaron a la Policía Municipal, al escuchar gritos en la casa de María Rita, de acuerdo con el reporte policiaco de esa noche.
Lo policías municipales que llegaron al lugar hallaron a María Rita muerta y, a su lado, su hijo, quien fue detenido por ser el primer sospechoso del asesinato de su madre.
Familiares de María Rita, vía redes sociales, mostraron sus condolencias e indignación por su asesinato. La principal petición es que se juzgue al responsable conforme a derecho, dejando de un lado que es funcionario del municipio.
Las autoridades municipales nunca reaccionaron en proporción a la dimensión de los hechos. En un escueto comunicado, la alcaldesa Glafira Meraza lamentó el asesinato “de una persona del sexo femenino”, pero nunca nombró el nombre de la ex funcionaria, mucho menos que el probable responsable es funcionario de su administración y era su hijo.
Cuatro días después, activistas del municipio convocaron a una marcha donde solicitaron se investigue y se castigue al responsable del feminicidio, según lo que reportaron medios de comunicación local.
Días después, el 23 de agosto, Ana Itzel, una vendedora de ropa de uso, fue asesinada al norte de Guerrero, en Iguala.
De Ana Itzel y su familia hay poca información, circuló algo en redes sociales y se sabe la información que proporcionaron las autoridades policiacas.
Esto es lo que se supo: hombres armados ingresaron a su casa por la madrugada y atacaron a ella y a sus famiiares con arma de fuego. Al lugar llegaron efectivos policiacos y ministeriales para acordonar la zona. Ana Itzel fue asesinada y su esposo herido, a quien trasladaron a un hospital.
La mujer fue trasladada a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) para hacer las investigaciones pertinentes.
En agosto, en un día se registraron nueve asesinatos
A veces, en un solo día, ocurren varios asesinatos en Guerrero, como el pasado 5 de agosto, cuando asesinaron a nueve hombres en Guerrero: dos en Acapulco, seis en Quechultenango y uno en Mochitlán.
Durante agosto, Amapola. Periodismo transgresor documentó 46 asesinatos, entre ellos, dos mujeres y 44 hombres.
El mayor número de asesinatos se registró en Acapulco, con 15. Uno de los factores por los que hay un mayor registro en este municipio puede ser su población, que de acuerdo con el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) es de 779, 566 habitantes; es el municipio con el mayor número de habitantes en Guerrero y donde la violencia es mayor.
El segundo lugar lo ocupó Chilpancingo, con seis asesinatos y el tercer lugar, Iguala, con cuatro.
Las autoridades sobre la violencia no dicen mucho
Las autoridades estatales y municipales hablan poco sobre la violencia, lo que más anuncian son operaciones policiacas en los municipios del estado.
En las operaciones participan policías municipales, estatales, Guardia Nacional y el Ejército pero la violencia no cesa.
El 7 de junio se puso en marcha un despliegue de fuerzas de seguridad con la Base de Operaciones Mixtas (BOM) en la capital, porque en ese mes, en Chilpancingo y en el poblado de Petaquillas la violencia dejó una serie de asesinatos.
En la última sesión que encabezó la gobernadora Evelyn Salgado Pineda en la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz con funcionarios del estado, la cual es privada, según el comunicado oficial que difundieron después, realizaron la operación especial de seguridad a escuelas por el regreso a clase y no reportaron incidencias.
Lo que va del año: marzo, abril, mayo, junio y julio los meses de más asesinados
El 21 de marzo, en menos de 24 horas, 14 personas fueron asesinadas en Guerrero, todas por arma de fuego, entre ellas, tres mujeres. Es uno de los días más violentos en lo que va del año.
Aquí un recuento rápido. En un solo hecho mataron a seis integrantes de una familia, entre ellos una mujer; los asesinaron a balazos cuando viajaban en una camioneta en un camino de terracería que va al poblado de Cucuilotlatzala, municipio de Metlatónoc, en la Montaña alta de Guerrero.
En otro hecho, en Iguala, durante la madrugada, asesinaron a un matrimonio y a su hijo de 13 años cuando descargaban pollos de un camión.
En Zihuatanejo asesinaron a balazos al gerente de un restaurante. Mientras que una mujer fue asesinada a pedradas en Tlacuitlapa, municipio de Teloloapan y en Acapulco hallaron el cadáver desmembrado de una persona. En otro hecho, un hombre fue asesinado a tiros.
La víctima 14 fue un hombre asesinado a balazos durante una fiesta religiosa en Alacatlazala, municipio de Malinaltepec.
Hace seis meses, al terminar febrero, Amapola periodismo registró 77 asesinatos en el estado, 71 hombres y seis mujeres.
En abril un hecho que destacó fue el asesinato de cinco hombres, quienes fueron decapitados y hallados dentro de un taxi de la ruta Marquelia-Acapulco, en la carretera federal Acapulco-Pinotepa, municipio de Juchitán.
En mayo este medio destacó la violencia de Acapulco. En tan solo dos semanas hubo 26 asesinatos.
Un hecho específico fue el del 7 de mayo en la calle Postal, de la colonia Emiliano Zapata, civiles armados irrumpieron en la zona y asesinaron a dos personas y otras dos heridas, quienes estaban fuera de una cervecería. El 24 de abril hubo un ataque a balazos en el bar Jager Club, cerca de la Costera Miguel Alemán, asesinaron a dos hombres. Al siguiente día, a cinco hombres en distintos hechos.
En junio la violencia del estado se focalizó en la ciudad de Chilpancingo y en el poblado de Petaquillas, lo que provocó la suspensión del transporte del servicio público y el cierre de las pollerías de la capital, ante el asesinato de comerciantes de este giro. Al parecer el asunto de la violencia es también el manejo de la venta y distribución de pollo.
El 6 y 9 de junio dos distribuidores de pollo fueron asesinados en las inmediaciones del Mercado Central Baltasar R. Leyva Mancilla.
El 11 de junio, una menor de 12 años y cinco personas más fueron asesinadas por hombres armados mientras laboraban dentro de una granja avícola, ubicada al sur de la capital, cerca de Petaquillas.
La violencia en el estado escala sin una atención real de las autoridades para reducir los asesinatos. En agosto el panorama fue similar.
En julio, de acuerdo con un recuento puntual de este medio, ocurrieron 56 asesinatos. El 23 de julio fue el día con más personas asesinados en 24 horas: seis; dos hombres por arma de fuego y otros dos por un torniquete en Acapulco y en Ometepec, y en Tixtla y Zihuatanejo mataron a dos hombres con arma de fuego.
En agosto, el mayor número de asesinatos los tiene Acapulco, con 21 casos; el segundo Chilpancingo, con siete asesinatos, y el tercero Iguala, con cinco.
Ante el aumento de la violencia en municipios de la zona Centro de Guerrero, donde autoridades insisten en la presencia de dos grupos delictivos, llegaron a Chilpancingo 500 soldados de la Guardia Nacional.
Los elementos arribaron alrededor de las cuatro de la tarde de este sábado a las instalaciones de la 35 Zona Militar.
En poco más de un mes este el segundo operativo de fuerzas de seguridad federal que se pone en marcha en la zona Centro de Guerrero. Apenas el pasado 5 de julio llegaron a esta capital 300 elementos de la Guardia Nacional.
En los últimos tres meses la violencia en varios municipios que comprende esta región, como Chilpancingo, Eduardo Neri, Tixtla, Quechultenango y Leonardo Bravo, la violencia sigue en aumento.
Informes de la Fiscalía General del Estado (FGE) aseguran que en esta zona funcionan las organizaciones criminales de Los Tlacos y Los Ardillos y que son las generadoras de la violencia. Pero no mencionan que ambos grupos tienen también el control político de estos lugares.
En Chilpancingo la inacción de las autoridades estatales y municipales para frenar la inseguridad es criticada por los organismos empresariales.
La alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez, ha justificado su inoperancia para contener la ola de violencia con el argumento de que el municipio cuenta con tan sólo una plantilla de 112 policías preventivos. Chilpancingo tiene una población de más de 300,000 habitantes.
Después del asesinato de seis personas en el municipio de Quechultenango, en la zona Centro de la entidad, la Guardia Nacional desplegó un operativo de seguridad en la carretera federal Chilpancingo – Acapulco.
En el convoy de la Guardia Nacional se observó un camión blindado y fuertemente armado con los emblemas de la corporación.
El operativo de seguridad en la carretera federal será con dirección al poblado del Ocotito, lugar donde en los últimos meses ocurrieron enfrentamientos entre civiles armados e integrantes de la Unión de Pueblos Organizados del Estado de Guerrero (UPOEG).
Dicha carretera, a la altura del poblado de Petaquillas, es la entrada a los municipios de Mochitlán y Quechultenango, lugar donde opera el grupo delictivo.
En Quechultenango, el pasado viernes, seis hombres fueron asesinados a balazos y dos de ellos decapitados, al parecer murieron durante un enfrentamiento contra un grupo de civiles armados.
Los cadáveres fueron hallados en la carretera de terracería Tolixtlahuaca – Tejerias, en el municipio de Quechultenango.
El pasado 5 de julio 300 elementos de la Guardia Nacional llegaron a Chilpancingo para reforzar la seguridad.
Bajo el programa de Tarea Conjunta México, los 300 elementos de la Guardia Nacional se desplegaron en Chilpancingo para intentar frenar los índices delictivos en la capital y municipios vecinos.
Durante los primeros días de agosto se reportaron diversos hechos de violencia en la capital y sus alrededores.
El 4 de agosto fue asesinado un chofer del transporte público en Chilpancingo, y el 5 un campesino fue asesinado en sus tierras de labor en el municipio de Mochitlán, a 20 minutos de la capital.
Agentes de la Policía Investigadora Ministerial (PIM) y policías estatales se enfrentaron a balazos con integrantes de las autodefensas de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) dejando un saldo de dos heridos de bala por parte de estos últimos en la carretera federal Acapulco_ Pinotepa Nacional, la tarde de este martes.
Los hechos ocurrieron cuando los agentes acudieron a la vía federal, cerca de la comunidad de Tres Palos, a atender un reporte de un bloqueo de transportistas.
De acuerdo con el viccefiscal de Investigaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE), Ramón Ayala Gamboa, cuando llegaron al lugar ya no estaba el bloqueo pero al continuar con el patrullaje observaron una camioneta con hombres armados quienes se internaron en la comunidad de Tres Palos.
“Cuando ingresamos al poblado fuimos atacados a balazos y contestamos esta agresión sin que hubiera ninguna baja por parte de las dos partes”, dijo Ayala.
“Posteriormente cuando seguíamos, los patrullajes por la carretera federal recibimos una segunda agresión.por parte de la policía comunitaria de la UPOEG”, afirmó el viicefiscal.
Mencionó que ellos repelieron la agresión resultando heridos dos de los agresores.
Ayala Gamboa dijo que aseguraron un vehículo y cuatro escopetas que portaban los agresores.
También fueron detenidos cuatro miembros de la UPOEG.
Ayala dijo que los transportistas nunca dijeron los motivos de su protesta, que fueron convocados por la delincuencia organizada.
“Vamos a aplicar cero tolerancia, la Costa Chica y Acapulco no pueden estar bajo el control de la UPOEG y de los Rusos, no podemos permitir que impongan su terror y vamos actuar en consecuencia” advirtió el vicefiscal.
Mencionó que a lo largo de la carretera federal de la Costa Chica hay retenes de la policía comunitaria de la UPOEG que serán retirados en cualquier momento por el Ejército, Marina y Guardia Nacional.
En el despliegue de este martes participaron agentes ministeriales, policía estatal, Ejército y la Marina.
No es la primera vez que se registra una confrontación entre fuerzas federales y estatales con miembros de la UPOEG.
En mayo, después de un cateo que realizó el Ejército en una casa de seguridad de la UPOEG en el municipio de San Marcos asegurando armas y dinero en efectivo, transportistas y comerciantes bloquearon vías en Acapulco durante diez horas.
El 28 de junio , la Guardia Nacional detuvo a un líder y a seis autodefensas de la UPOEG, en Marquelia, después de un enfrentamiento a tiros.
El 29 de junio en Acapulco, policías estatales detuvieron a un transportista durante un desalojo en la avenida costera Miguel Alemán.
Ante la inacción de las autoridades de gobierno, pobladores de comunidades de una parte de la Sierra de Guerrero pactaron una tregua con grupos criminales para evitar más confrontaciones violentas, informó Víctor Espino Cortés, ex vocero de lis autodefensas de la localidad de Santa Rosa de Lima, municipio de Tecpan, región de la Costa Grande.
Espino Cortés recordó que en el municipio de Zihuatanejo los grupos criminales pretenden cobrar a la ciudadanía por una tregua. Les propuso que tomen el ejemplo de los pueblos de la Sierra de Tecpan y Coyuca de Catalán, donde se organizaron para correr a los delincuentes.
“En la zona de nosotros hubo guerra, pero ahorita, gracias a Dios, ya se pactó una tregua, y ya no entran (los grupos delictivos); nosotros les dijimos aléjate de aquí porque nosotros aquí decidimos”.
Espino Cortés acompañó a unos 40 comisarios de comunidades serranas de Tecpan, Petatlán, Ajuchitlán del Progreso, Atoyac y Coyuca de Catalán a una reunión con funcionarios estatales en Palacio de Gobierno.
En este encuentro estuvieron los titulares de la Comisión de Agua Potable y Saneamiento del Estado de Guerrero (Capaseg) y de la Comisión de Infraestructura Aeroportuaria del Estado de Guerrero (Cicaeg), a quienes las autoridades de los pueblos plantearon la necesidad de la construcción de caminos y también comentaron, aun cuando no son los responsables directos, de la necesidad de que les mejoren la inseguridad pública.
El ex vocero de las autodefensas denunció consideró que es mentira que el gobierno no sepa dónde están escondidos los integrantes de estos grupos criminales.
“Los pueblos deben de apretar a sus gobiernos para que detengan a los delincuentes”, expresó.
En febrero del 2021, Espino Cortés y dos de los autodefensas de Santa Rosa de Lima fueron detenidos por militares por portación de armas para uso exclusivo del Ejército y la Armada de México. Cuatro días después los tres fueron dejados en libertad.
Durante el encierro de Espino Cortés y sus compañeros, los habitantes cerraron la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo, a la altura de su localidad, para presionar por la liberación.
En esa ocasión, habitantes del Ejido Guajes de Ayala, del municipio de Coyuca de Catalán, acusaron a Espino Cortés de participar en la tala inmoderada de árboles y de ser responsable de la desaparición de dos personas de la región.
En entrevista en Chilpancingo, Espino Cortés dijo que en las comunidades de esa parte de la Sierra de Petatlán, Tecpan ya no existen como tal las autodefensas porque, según él, la zona ya está pacificada sin la ayuda del gobierno.
En su experiencia como integrante de las autodefensas, Espino Cortés mencionó que el gobierno en vez de ayudarles se les echó encima, aun cuando le apoyaban para combatir la inseguridad.
“Cuando uno se pone a defender como pueblo, uno lucha con los puños o resortera contra la delincuencia que trae muy buen armamento”, dijo.
En la Costa Grande están identificados tres grupos criminales que en otros momentos han hecho alianzas y que después discuten, lo que afecta a la ciudadanía con sus acciones.
En Zihuatanejo, en junio pasado, el servicio de transporte paró, cerraron tortillerías y suspendieron clases en las escuelas por la extorsiones.
Según Espino Cortés en Petatlán y Tecpan ya no hay delincuentes porque la gente se unión para enfrentarlos. “La unión es como una muralla en donde no permites que entre nadie, así se venga el gobierno, los mañosos, tú lo puedes atrancar, porque peleas por la razón y por tu familia”.
Dijo que en esa parte de la Sierra se aplica la ley del pueblo. “La gente de la Sierra no es mala, es buena, pero si alguien hace un mal, pues, te lo chingas. Le dice uno (al delincuente) oye cálmate, vete, pero si ves que anda secuestrando, entonces no queda de otra”.
En la reunión que los comisarios tuvieron con los funcionarios estatales plantearon la necesidad de la construcción de caminos para que la gente pueda comercializar sus los productos básicos que siembran.
En enero pasado, el entonces secretario general de Gobierno, Saúl López Sollano, se reunió con autoridades y habitantes de comunidades de la Sierra. En ese encuentro, el funcionario les dijo a los pobladores que pidieran dinero prestado para la reparación de caminos rurales que fueron dañados por las lluvias.
La gente consiguió un préstamo de 600,000 pesos, pero hasta ahora el gobierno estatal no se los ha devuelto. En la mesa de diálogo de ayer en la sala de juntas de la Secretaría General de Gobierno, los comisarios pidieron la reposición de ese recurso.
En la minuta de acuerdos de la reunión ayer establecieron que para este año las autoridades les repararán los caminos y para 2023 les pavimentarán varias vías que comunican a localidades de una parte de la Sierra.
La tarde de este viernes en Tlapa, un grupo de hombres armados privaron de su libertad al coordinador regional del DIF estatal en la región de la Montaña, Wilbert Carrasco González, a quien liberaron después de una persecución por agentes de la Policía Estatal y personal de la Fiscalía General del Estado (FGE).
Alrededor de las tres de la tard e con 30 minutos, el funcionario estatal conducía su unidad marca Volkswaven, tipo Jetta con placas HAS21D del estado de Guerrero cuando un vehículo color rojo le cerró al paso descendiendo de este cuatro hombres cubiertos del rostro.
Los hombres obligaron a Carrasco bajarse de su automóvil y lo subieron a su unidad.
Uno de los encapuchados realizó un disparo al aire con el propósito de atemorizar a la gente que en ese momento estaba en el zócalo y alrededores.
Esto ocurrió frente al ayuntamiento de Tlapa y la comandancia de la policía municipal.
Los hombres armados huyeron a bordo de su vehículo llevándose a su víctima sin que en ese momento ninguna corporación policiaca estatal o municipal fueran en su persecución.
Carrasco González quien milita en las filas del partido del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) fungió como director de comunicación social durante la administración municipal del morenista Dionisio Merced Pichardo, alcalde de Tlapa en el período 2018-2021.
Carrasco González forma parte del grupo político del senador Félix Salgado Macedonio, papá de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda.
El automóvil color gris en el que iba el funcionario del DIF-estatal quedó con la puerta del lado del conductor abierta.
Alrededor de las 17 horas con 30 minutos, dos horas después de haber ocurrido el secuestro, la FGE informó que el funcionario estatal ya estaba con sus familiares.
Se supo que los cuatro plagiarios dejaron en libertad a su víctima cuando eran perseguidos por policías estatales y personal de la Fiscalía Especializada contra el Secuestro.
Un espectacular en una de las principales calles de Zihuatanejo, con la imagen de un empresario asesinado hace dos años y por el que se pide justicia, es el reflejo del clima de inseguridad que viven los habitantes de este destino turístico.
El 24 de junio del 2020, en plena pandemia por el Covid-19, el empresario Ricardo Sotelo Luna fue asesinado a tiros en su negocio.
Han pasado dos años y en Zihuatanejo nada ha cambiado.
Siete meses antes del crimen de Ricardo, su tío Diego Sotelo, fue asesinado a balazos. Tío y sobrino habían protestado en las calles contra la inseguridad.
Por eso en Zihuatanejo levanta la voz. Es otra zona de silencio debido a la complicidad de los grupos económicos y políticos con el crimen organizado.
Tampoco existen medios de comunicación que difundan lo que realmente ocurre en ese destino turístico. Hay denuncias de que los periodistas de la zona están amenazados.
Este miércoles en la mañana, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda encabezó la sesión del Consejo para la Construcción de la Paz en la que informó el despliegue de fuerzas de seguridad federal y estatal en el municipio de Zihuatanejo para restablecer el servicio de transporte que desde el pasado domingo 3 de julio se suspendió por la violencia.
A las pocas horas que el transporte público reactivó el servicio, en una de las calles del centro de Zihuatanejo, hombres armados asesinaron a balazos al chofer de una unidad.
Los hombres armados bajaron a los pasajeros y después mataron al conductor de la Urvan de la ruta Zihuatanejo-Petatlán.
«Con gran dolor anunciamos el cobarde asesinato de uno de nuestros choferes!
Le pedimos a las autoridades competentes que ya paren esta situación de inseguridad!
Es el mensaje que a través de su página electrónica de Facebook escribió la empresa de transporte público Dos Costas.
Esta asociación a la que están aglutinados varios concesionarios de transporte cuenta con más de cien unidades que cubren las rutas de Zihuatanejo a los municipios de Petatlán y La Unión, así como comunidades aledañas.
Transportan a miles de habitantes de estas localidades de la Costa Grande.
Debido a la violencia ya son tres veces que desde hace casi dos meses se ha suspendido el servicio de transporte público en este destino turístico.
El crimen organizado impuso el terror a la ciudadanía y a los sectores económicos de Zihuatanejo con la quema de unidades de transporte, un establecimiento de cervecería y amenazas a los empresarios de la masa y la tortilla.
A principios del mes de junio, los 50 tortillerías cerraron sus establecimientos durante tres días por amenazas de extorsión.
Durante esos tres días se suspendieron las clases en las escuelas y a través de las redes sociales un supuesto grupo criminal exigió a la ciudadanía abstenerse de salir a las calles después de las diez de la noche.
Un empresario que pidió que se omitiera su nombre señaló que los comerciantes de todos los ramos están amenazados.
Señaló que en el caso de los empresarios de los hoteles de Zihuatanejo e Ixtapa, un grupo criminal exige una cuota de entre cinco a diez mil pesos.
«Vamos a cerrar porque ya desde hace 15 días nos están hablando por teléfono que debemos de dar una cuota», dijo esta fuente.
Los empresarios tienen miedo de que si no dan ese dinero les pueden hacer algún daño.
Señaló que mantener abiertos los hoteles implica dos cosas: una aceptar dar la cuota y la otra, no pagarla seguramente serían agredidos e incluso asesinados.
«Esto nunca había ocurrido y es inaudito que las autoridades del gobierno permitan esto a pesar de que saben de la situación tan grave que viven los ciudadanos de Zihuatanejo», dijo el empresario vía telefónica.
Ciudadanos entrevistados también vía telefónica condenaron que el gobierno de la morenista Evelyn Salgado Pineda no haga nada para brindar seguridad a los habitantes de este municipio de la Costa Grande.
«Las veces que ha venido a Zihuatanejo la gobernadora (Evelyn Salgado) es solamente para tomarse la foto y se va en un helicóptero porque no viaja por tierra porque seguramente tiene miedo de toparse con la delincuencia», dijo uno de los entrevistados.
Hace un mes, cuando hubo una serie de hechos delictivos, al extremo de que se impusiera un toque de queda a la ciudadanía, arribaron a Zihuatanejo elementos de la Marina, Ejército, Guardia Nacional y
Policía estatal para resguardar la seguridad.
Pero las fuerzas federales solo estuvieron unos días y se retiraron, reveló el empresario quien exigió que el gobierno detenga a los cabecillas de lo grupos criminales.
Informes de la de la Fiscalía General del Estado informaron que la violencia en Zihuatanejo es generada por dos grupos criminales.
Esa es siempre la versión oficial de los órganos encargados de proporcionar seguridad. Especialistas afirman que son grupos económicos y políticos generan la violencia apoyándose en grupos criminales.
En un comunicado este martes 5 de julio, la FGE informó la detención de tres hombres armados a quienes se les atribuye ser los presuntos responsables del incendio de vehículos en Zihuatanejo y de pertenecer a una célula de un grupo criminal que opera en esa zona.
Unos 300 agentes de la Guardia Nacional (GN) se desplegaron en la capital como parte de una nueva operación del gobierno federal para frenar la violencia.
Esta es la tercera operación en su tipo, en los casi nueve meses que lleva el gobierno de la Evelyn Salgado Pineda y la alcaldesa capitalina Norma Otilia Hernández Martínez, ambas del partido Morena.
Los patrullajes por las calles de la GN en esta capital iniciaron este martes a cuatro días que se registró el último hecho de violencia con el incendio de tres unidades de transporte público y los asesinatos de dos personas.
Los de la Guardia arribaron a las instalaciones del 50 Batallón de Infantería y después del pase de lista iniciaron su recorrido en diez camionetas y siete camiones.
El grupo portaba armas largas y en cada una de las camionetas llevaba una metralleta artillada.
Varios fotorreporteros fueron invitados para que realizaran un recorrido en una de las patrullas.
Uno de los primeros puntos que visitó un grupo de agentes fue el mercado Baltasar R. Leyva Mancilla, en donde hace menos de un mes hombres armados asesinaron a balazos a dos distribuidores de pollos.
Días después de este hecho fue asesinado otro distribuidor de pollos, su hija y cinco de sus trabajadores en una granja ubicada en la comunidad de Petaquillas, del municipio de Chilpancingo.
Esta situación obligó a los dueños de más de 50 locales de venta de este producto a cerrar sus establecimientos durante tres días.
Desde hace 30 días, la violencia en esta capital sigue a la alza a pesar de que hace dos semanas la alcaldesa morenista del municipio, Norma Otilia Hernández Martínez, dio a conocer el arribo de cien elementos de la Marina.
Durante la madrugada del pasado viernes 1 de julio individuos armados incendiaron una camioneta Urvan de transporte de la ruta Chilpancingo-Tlacotepec.
Esto ocurrió en la calle Francisco Mier Terán, en la colonia Morelos, en esta capital.
Ese mismo día a las siete de la mañana, otros sujetos quemaron un autobús de pasajeros de la ruta Chilpancingo-Colotlipa, estacionado en la lateral sur-norte del boulervard Vicente Guerrero.
Durante la tarde fue incendiada otra camioneta de transporte público que conduce a Chilapa.
En los tres hechos delictivos no se registraron víctimas.
Durante la presentación de los 300 agentes de la Guardia Nacional, un mando señaló que los elementos provienen de diversos estados del país como Puebla, Estado de México, Quintana Roo, Yucatán, Nuevo León y Ciudad de México.
«Vienen a realizar tareas de seguridad y a combatir todos los delitos del orden del fuero común y del fuero federal», expresó.
El operativo se llama Fuerza de Tarea Conjunta en México, precisó.
La IX Región Militar informó que los 300 elementos de las fuerzas federales vienen a apoyar a los tres niveles de gobierno, en su labor de proporcionar seguridad a la ciudadanía de la capital y de las diferentes comunidades.
«Es con el objeto de reducir la incidencia delictiva que actualmente se presenta en este municipio», indicó el comunicado.
El primer despliegue de militares y GN, durante este periodo de la morenista, fue en noviembre del 2021; el segundo, fue hace apenas dos semanas con cien elementos de la Marina.
A unas horas de que el presidente Andrés Manuel López Obrador visite Guerrero, policías comunitarios y pobladores de la Montaña baja bloquean la carretera Chilapa-José Joaquín Herrera para exigir la detención de integrantes de un grupo delictivo.
El cierre de la vía, es a la altura de la comunidad de Alcozacán, del municipio de Chilapa.
Jesús Plácido Galindo, dirigente de la policía comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de Pueblos Fundadores (Crac-Pf) dijo que la protesta es porque los agentes de la Guardia Nacional solo tienen instalado un retén en la carretera pero no se mueven para buscar al grupo armado que según él, desde hace siete días están atacando a los pueblos con disparos de arma de fuego y drones con explosivos.
Mencionó que este jueves los miembros de Los Ardillos lanzaron drones con explosivos en la comunidad de Tula.
“Primero tiraron un dron a las nueve de la mañana, luego otro a las once y el tercero a la una de la tarde y los habitantes de Tula denunciaron esta acción a los de la Guardia Nacional y les dijeron que ellos no escucharon nada”, dijo el líder de las autodefensas.
En el plantón que se instaló este jueves participan mujeres, niños y policías comunitarios de la Crac-Pf.
Apenas este martes 21 de junio, un grupo de reporteros que fueron a cubrir una conferencia de prensa con los dirigentes de la Crac-Pf estuvieron atrapados durante un enfrentamiento que protagonizaron las autodefensas y e integrantes de otro grupo armado en el cerro de la comunidad de Tula. En este hecho, no hubo personas heridas o asesinadas. Después de estos hechos, el Secretario General de Gobierno, Ludwing Marcial Reynoso Núñez, calificó de «mucha casualidad» que se haya registrado esta balacera cuando estaban los reporteros. Según el funcionario durante los días lunes y martes ellos verificaron la situación de esa zona y no detectaron algo anormal. Plácido Galindo le pidió al Reynoso Núñez que acuda a esa zona para que verifique bien lo que están sucediendo. «Lo que pasa es de que el gobierno quiere justificar su inacción diciendo mentiras para seguir protegiendo a los dirigentes de esa organización criminal», señaló el dirigente de la Crac-Pf en entrevista telefónica. Reconoció que está instalado un retén de la Guardia Nacional en la carretera a la altura de la comunidad de Tula pero, según él, este filtro de seguridad de nada sirve porque los ataques contra los pueblos siguen. «Nosotros no queremos que los policías y agentes de la Guardia Nacional estén ahí parados en la carretera y lo que pedimos es de que actúen», expresó. Plácido Galindo afirmó que la protesta que realizan este jueves es para que el presidente Andrés Manuel López Obrador se dé cuenta de lo que en verdad ocurre en Guerrero. Este viernes 24, López Obrador realizará una gira de trabajo en Tlapa, Malinaltepec y San Luis Acatlán para supervisar los trabajos de los caminos artesanales que puso en marcha su gobierno en 22 municipios de la región de la Montaña y Costa Chica. «Que el presidente venga mejor a resolver los conflictos que hay en Guerrero en donde las comunidades viven situaciones de violencia ante el acoso de los grupos del narcotráfico», dijo. En opinión del dirigente de las autodefensas esos caminos artesanales que están construyendo en la Montaña van a durar muy poco porque están hechos con mala calidad. «Esos caminos serán arrasados por las lluvias», pronosticó.
Plácido Galindo justificó que los habitantes de 23 comunidades de los municipios de Chilapa y José Joaquín Herrera se hayan armado y constituirse en una policía comunitaria.
«El gobierno no nos dejó otra opción de armarnos y defendernos ante el acecho y acoso de los grupos criminales que quieren apoderarse de nuestros pueblos para envenenar a nuestros jóvenes», dijo. En enero del 2020, la Fiscalía General de Guerrero, reconoció que integrantes de la organización de Los Ardillos fueron los responsables del asesinato de diez músicos de la comunidad de Alcozacán. Desde esa fecha, las hostilidades entre la Crac-Pf y la otra organización no han parado.
La madre de una adolescente denunció la inacción de la Fiscalía General del Estado (FGE) para lograr la localización de su hija de 19 años de edad que desde el pasado 29 de abril de este año desapareció en Chilpancingo.
Yolanda Encarnación Guzmán, madre de Zuzuky Judith, realizó una protesta este lunes afuera de la Fiscalía para denunciar las declaraciones que hizo este sábado el vicefiscal de Investigación, Ramón Ayala Gamboa, de que su hija no fue desaparecida sino que se fue por su propia voluntad de su casa, con dinero y ropa.
«Yo estoy aquí para que me diga el Vicefiscal donde está mi hija porque él (Ayala Gamboa) está diciendo que ella llevó ropa, dinero y eso es mentira», afirmó Encarnación Guzmán.
En un mensaje que a través de las redes sociales dio el pasado sábado el Vicefiscal, Ramón Ayala Gamboa, aseguró que en una investigación que se hizo al facebook que tiene la adolescente Zuzuky «N» se detectó que su cuenta ha estado activa en los municipios de Arcelia, en Tierra Caliente y en Cuautla, en el estado de Morelos.
Esa rueda de prensa a la que solamente asistió un reportero de nota roja se desarrolló en la noche de este sábado 18.
El viernes 17, en otra conferencia que ofreció el Vicefiscal en el tocó otros temas, Encarnación Guzmán le reclamó al funcionario la falta de seriedad en las investigaciones para dar con el paradero de su hija.
Ayala Gamboa se incomodó ante la irrupción de la señora y solo dijo que la investigación estaba en curso.
«Yo en esos dos lugares (Arcelia y Cuautla) no tengo familiares y por eso estamos aquí para que me diga el vicefiscal a dónde está y que me lleve al lugar en el que se encuentre como lo manifiesta él», mencionó la madre de la adolescente.
El 29 de abril de este año la adolescente acudió al Palacio de Gobierno a realizar unos trámites al programa del Fondo de Apoyo a los Periodistas (FAP).
Zuzuky Judith le ayuda a su mamá a mantener en línea su página electrónica de información en facebook.
«El 29 de abril me dijo mi hija que después de acudir al Palacio iría a una reunión a la colonia Las Torres a las seis y media, pero nunca llegó a ese lugar», afirmó Encarnación Guzmán.
Esta colonia a donde acudiría Zuzuky «N» está ubicada a unas siete cuadras en la parte de atrás del Palacio.
«A las seis de la tarde de ese día (el 29 de abril) me avisan que mi hija no llega a esa reunión y es la fecha que no aparece», dijo la mamá de la adolescente.
Rechazó la versión del Vicefiscal cuando dice que su hija se llevó ropa y dinero de su casa.
«Yo le exijo al Vicefiscal que me diga dónde está mi hija porque si él dice que está por su propia voluntad le pido que me lleve a ese lugar para verla», dijo la mamá de Zuzuky.
Encarnación Guzmán dice que solamente ha sido recibida tres o cuatro veces en la Fiscalía para que le informen el avance de las investigaciones pero que hasta el momento no le ve ningún avance.
«La obligación de la Fiscalía es buscar a mi hija y entregármela pero vemos que no hace nada y solamente dicen mentiras», refirió.
La señora tuvo una nueva reunión con autoridades de la FGE.
Todo inició el 31 de mayo, fue asesinado a tiros el dirigente transportista, Francisco Marroquín, en la avenida Lázaro Cárdenas, una de las más transitadas de la ciudad. Seis días después, el 6 de junio, la violencia se desató. Ese día durante la madrugada y la siguiente quemaron de cinco vehículos del transporte público.
Texto: Amapola periodismo
Fotografía: Oficial y Especial / Archivo
Chilpancingo
El miedo y la zozobra se apoderaron de la capital de Guerrero tras una nueva ola de asesinatos y violencia.
Todo inició el 31 de mayo, fue asesinado a tiros el dirigente transportista, Francisco García Marroquín, en la avenida Lázaro Cárdenas, una de las más transitadas de la ciudad. Seis días después, el 6 de junio, la violencia se desató. Ese día durante la madrugada y la siguiente quemaron de cinco vehículos del transporte público.
Al otro día, pobladores de Petaquillas, en Chilpancingo, retuvieron por nueve horas a cinco patrullas del Ejército, Guardia Nacional y Policía Estatal. Finalmente fueron liberados pero, al retirarse, los pobladores les lanzaron piedras.
Los pobladores de Petaquillas exigieron la reinstalación de los autodenominados policías comunitarios, después de que autoridades del estado ordenaron su retiro hace dos años, tras acusaciones de cometer secuestros, extorsiones.
A la par, el transporte público de la ruta Petaquillas-Chilpancingo, además de las rutas provenientes de Mochitlán y Quechultenango dejaron de circular ante el temor de ser atacados como ocurrió con otros transportistas. Cuatro días después reanudaron el servicio.
A estos hechos se sumó el asesinato de comerciantes y trabajadores de venta de pollo.
El 6 de junio fue asesinado a tiros un distribuidor de pollo en el mercado central Baltazar R. Leyva Mancilla; tres días después un vendedor, también de pollo, falleció tras un ataque a tiros en la salida del estacionamiento del mismo establecimiento.
La mañana del 11 de junio, en una granja de pollos ubicada en la colonia Vicente Guerrero, cerca de Petaquillas, hombres armados irrumpieron y asesinaron al propietario, a su hija de 14 años y a cuatro trabajadores que se dedicaban a pelar pollos.
El ataque provocó la suspensión de la venta de pollos en más de 50 locales en todos los mercados de la capital.
Los hechos de violencia durante las últimas dos semanas vinieron en escalada, y no hubo autoridad que los parara. Las autoridades señalaron que se trataba de la pugna por el territorio entre dos organizaciones criminales que operan en el municipio.
Mientras que la alcaldesa, la morenista Norma Otilia Hernández Martínez, desde que inició de su administración, el 30 de septiembre del 2021, en lo que más ha destacado son en las constantes fiestas masivas en el zócalo.
Desde su campaña, Hernández Martínez en su discurso político siempre estuvo combatir la corrupción y velar por la seguridad pública, pero en los hechos la situación es distinta.
En junio la violencia en la capital ascendió
Del 1 al 15 de junio, ocurrieron 14 asesinatos en la capital, entre ellos dos menores de edad; mientras que en mayo, Chilpancingo cerró con dos asesinatos, es decir, 12 asesinatos menos, de acuerdo con el registro de Amapola. Periodismo transgresor.
Chilpancingo cuenta con 283,354 habitantes y 58 localidades, en un área geográfica de 2,180.94 kilómetros de acuerdo con los datos del municipio publicados en su página web oficial.
De acuerdo con datos oficiales, en la capital hay 115 policías municipales, es decir, 0.0004 efectivos para salvaguardar a cada habitante.
Cuando la alcaldesa hizo campaña aseguró que garantizaría la seguridad pública en la ciudad: “Atacar de fondo las causas que originaron las desigualdades e inconformidades, la corrupción y la violencia”, también dijo que impulsará la economía en la capital, pues su lema es: “Capital de cultura y Progreso”.
Lo que más ha sobresalido en la ciudad desde que tomó protesta son las fiestas masivas que organiza, en el que es notorio el derroche económico para llevarlas a cabo, cifras que no han sido públicas.
La fiesta que abrió la administración fue la de la toma de protesta de Hernández Martínez, y en el que no fue notoria “la austeridad” de la que habla el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Ese día estuvo el grupo Aaron y su grupo ilusión, artistas locales y tlacololeros. También regalaron antojitos mexicanos y se supo que ella festejó en un restaurante cercano.
De ahí le siguieron otras celebraciones como: el festival del Día de Muertos, el encendido del árbol de Navidad en el zócalo, instalación de juegos mecánicos en el la explanada de la plaza cívica y en la alameda Granados Maldonado durante todo diciembre y enero, la feria de Navidad y Año Nuevo de San Mateo con conciertos en el teatro del pueblo, jaripeos y más juegos mecánicos.
Para la celebración del Día del Niño hubo el Festival del Globo, que de acuerdo con la alcaldesa tuvo un costo de 300,000 pesos, evento que tuvo quejas por el mal servicio.
El 13 de mayo por la celebración del Día de las Madres hubo baile en el zócalo, donde se presentó la Sonora Dinamita. El 23 de mayo el gobierno municipal festejó el Día del Estudiante, también el zócalo, en el que participaron bares de la capital y bandas musicales. Esta acción fue criticada en las redes sociales.
Todas estas festividad, además, se dieron en medio de la pandemia de la Covid-19, que aunque Guerrero se encuentra en color verde en el Semáforo Epidemiológico, por la baja de contagios, las autoridades siguen llamando a hacer caso a las medidas sanitarias, entre ellas la de la sana distancia, que en los eventos no la hubo.
En redes sociales, vecinos de Chilpancingo contrastaron la necesidad de que en la capital se brinde seguridad o se garanticen los servicios públicos, principalmente el del agua en lugar de hacer fiestas.
Por otra parte la alcaldesa habla de reactivar la economía en la ciudad, sin embargo, se presenta una situación como la que se vive con los comerciantes de la venta de pollo que se suspendió durante cuatro días y generó pérdidas.
Fotografía: Oficial
¿Y las autoridades estatales y municipales?
A raíz de los últimos hechos de violencia, las autoridades municipales y estatales aseguraron estar coordinados y trabajando por la reconstrucción de la paz, pero el miedo y la zozobra siguen presentes entre la población.
El lunes, la presidenta informó que a la ciudad llegaron 100 efectivos de la Marina para resguardar a la población. También estuvo en Petaquillas, donde anunció el programa Reconstrucción del Tejido Social. Repartió despensas y habló de obras a efectuar en la localidad. Por la mañana hubo brigadas.
La alcaldesa está saliendo a las calles por la noche supuestamente para dar fe de que se están haciendo operativos de seguridad por las calles de la capital, y en transmisiones en vivo en Facebook asegura estar trabajando por brindar seguridad a la población.
Cerca de las 8:30 de la noche del 14 de junio, Hernández Martínez llegó a las instalaciones del mercado Baltazar R. Leyva Mancilla, se mostró segura al ingresar y dar un recorrido por las diferentes áreas del lugar donde días antes se suscitó el asesinato de dos comerciantes, pero la alcaldesa no fue sola. Llegó flanqueada por policías y militares, y los directores y secretarios de las diferentes áreas del ayuntamiento.
Dijo que estaban ahí para supervisar la operación policiaca para prevenir el delito, pero también para atender otras demandas como el de la recolección de la basura y el suministro del agua.
Minutos después de las 11 de la noche de ese día, desde el ayuntamiento se emitió un comunicado, en el que la alcaldesa informó que ya se habían tenido varias reuniones con los expendedores de pollo para restablecer la venta “bajo medidas de seguridad, higiene, libertad de compra y precios justos”.
“Ya hay avances para regularizar la venta de pollo. Vamos a buscar que se garantice que vendan con toda libertad y compren donde quieran comprar; garantizarles todas las medidas de seguridad se ha construido en las mesas de coordinación para la Construcción de la Paz”, señaló la presidenta en el comunicado.
Al día siguiente, parcialmente se reanudó la venta de pollo en el mercado central, y en algunas otras pollerías del centro de la ciudad.
La alcaldesa aseguró que buscaría una reunión con los integrantes de la Mesa para la Construcción de la Paz, que la encabeza la gobernadora, la morenista Evelyn Salgado Pineda, autoridades estatales y militares, para solicitar seguridad.
Anunció a la población programas de apoyo directo a los vendedores, como las Tandas del Bienestar y brigadas médicas.
Hace dos días la gobernadora aseguró que ya había detenidos por los hechos de violencia en la capital, pero no dio más detalles. Agregó que se puso en marcha un dispositivo de reforzamiento de la seguridad en Chilpancingo, en el que participan los tres órdenes de gobierno.
Por ahora la incertidumbre continúa en la ciudad en espera de que la operación de seguridad funcione y cesen los hechos de violencia.
