Legislar sobre salud mental y el fortalecimiento de la Sierra, las propuestas más recuerrentes en Parlamento Juvenil 2023

Texto: José Miguel Sánchez

Fotografía: Congreso de Guerrero

22 de septiembre del 2023

Chilpancingo

 

Durante el Parlamento Juvenil 2023, realizado hoy en el pleno del Congreso de Guerrero, los jóvenes parlamentaristas guardaron un minuto de silencio y realizaron el pase de lista de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, en el marco del noveno aniversario de la desaparición de los jóvenes normalistas ocurrida la madrugada del 26 de septiembre en la ciudad de Iguala.

Además, los 46 jóvenes de las ocho regiones de Guerrero pidieron, durante sus participaciones en el pleno, se legisle sobre temas de salud mental, educación financiera, justicia para mujeres violentadas, derechos para las poblaciones LGBTI+ y apoyos para la recién creada región Sierra.

El Parlamento Juvenil 2023 es una plataforma impulsada por el Congreso local, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Guerrero (Iepcgro) y la Secretaría de la Juventud para darle la oportunidad a los jóvenes de proponer en la tribuna reformas y leyes que sean importantes para ellos.

Algunas de las propuestas en las que más coincidieron los jóvenes fueron en garantizar la atención de la salud mental.

Tal es el caso de la parlamentarista María Alhely Carachure Bustos, que durante su participación habló sobre la educación emocional y el cuidado de la salud mental.

«Aún falta legislar lo relacionado al tema de la salud mental, que si bien pareciera no formar parte de las competencias de la educación, la verdad es necesario que se atiendan las necesidades emocionales, sentimentales e incluso conductuales de niños, niñas, adolescentes y jóvenes», mencionó en tribuna Carachure Bustos.

Otro parlamentaristas que habló sobre el acceso al derecho a la salud fue Carlos Emilio Rueda Bruno, quien durante su participación propuso se implementen clínicas móviles y de educación sanitaria y mental que recorran todas las regiones de la entidad.

Otro tema recurrente que abordaron los jóvenes fue educar en temas financieros y apoyar al emprendedurismo.

El parlamentarista Seir Eduardo Bernal Romero propuso que en el organigrama municipal se cree una dirección especial que promuevan y apoyen a las y los jóvenes emprendedores.

«Sabemos que el emprendimiento no solo es una opción, también es una necesidad para generar empleo, impulsar el crecimiento económico y enfrentar los desafíos que nos presenten», mencionó Bernal Romero.

Hilda Quetzalli Arriaga Benítez, una de las parlamentaristas mencionó que el Poder Ejecutivo debe crear políticas públicas que fomenten la cultura del emprendimiento en jóvenes e impartir taller para su desarrollo.

«Los jóvenes emprendedores y estudiantes necesitamos políticas innovadoras que nos brinden la posibilidad de asistir a un taller y a capacitaciones donde podamos interactuar y recibir capacitaciones fomentando la cultura del emprendimiento», mencionó Arriaga Benítez.

Sobre los derechos laborales de los jóvenes, la parlamentarista Martha Contreras Navarrete mencionó que los jóvenes son el sector más desprotegido en el ambito laboral, ya que carecen de oportunidades, hay bajos salarios no hay acceso a seguridad social.

Contreras Navarrete propuso que el Estado cree programas que regulen los mercados de trabajo y vigilen específicamente las condiciones labores de los jóvenes y sus empleadores.

 

Estas imágenes de los jóvenes parlamentaristas fueron compartidas por el Congreso local.

 

«La juventud guerrerense está sometida a la desregulación de los mercados de trabajo, alejada de lo que la Organización Internacional del Trabajo denomina trabajo decente el cual denota un empleo bajo contrato, protección social, libertad de asociación prestaciones y un salario que le permita superar la pobreza», dijo en tribuna Contreras Navarrete.

Algunas leyes específicas para los lugares de origen de los parlamentaristas también se escucharon en el pleno.

El parlamentaristas originario de Ocotito, pueblo de Chilpqncingo, propuso crear un nuevo municipio en la región Centro que integre los llamados pueblos del valle, y pueblos santos, además de comunidades en la Sierra para, dijo, «asegurar su progreso».

Otro joven que pidió apoyo para su región, la Sierra, fue Juan José Reyes Angulo, quien pidió la creación de una Fiscalía Regional para que investiguen y detengan los delitos ambientales como la tala inmoderada de árboles.

Durante el acto de clausura, a los jóvenes parlamentaristas les entregaron un diploma de parte de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y de la Comisión de la Juventud y el Deporte.

La respuesta de la Comisión de la Juventud y el Deporte a las y los jóvenes fue que analizarán todos sus planteamientos y propuestas para considerarlos en el trabajo legislativo.

 

Texto patrocinado por el Congreso del Estado de Guerrero

Habitantes de 67 comunidades de la Sierra de Guerrero piden seguridad

Texto: Amapola Periodismo

Fotografía: José Luis de La Cruz / Archivo 

Chilpancingo

 

Comisarios de 67 comunidades de los municipios de Heliodoro Castillo y San Miguel Totolapan solicitan a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda que emprendan acciones de seguridad en esa zona, porque desde el pasado jueves 31 de agosto integrantes de una organización criminal pretende entrar al territorio.

En un escrito que también va dirigido al presidente Andrés Manuel López Obrador y que dieron a conocer a través de las redes sociales, las autoridades de estas localidades, ubicadas en la Sierra de la zona Centro y de la Tierra Caliente, advierten al gobierno que la población de esta zona está dispuesta a responder ante los embates del grupo armado que los amenaza.

«Señor presidente (Andrés Manuel López Obrador) sólo le decimos que evite una guerra civil, porque nosotros como pueblos vamos a responder y nos vamos a tener que defender y el derramamiento de sangre a nadie nos conviene», dicen los comisarios.

Según las autoridades, los integrantes de una organización criminal intentaron ingresar por los linderos de las comunidades de Las Coronillas, La Ciénega y Puerto Alegre, el pasado jueves.

Denunciaron que el Ejército tiene un despliegue en esa zona, pero no hace nada para detener a los delincuentes.

«El grupo que intenta entrar viene haciendo males, matando animales y espantando a la gente», dicen los comisarios.

«Señor presidente, nosotros somos de los pueblos más olvidados, en salud, educación y caminos, hemos sido trabajadores y por mucho tiempo amapoleros porque con eso podíamos sacar adelante a nuestras familias y siempre hemos estado al margen de los grupos armados», plantearon los comisarios, quienes suscriben el documento pero que pidieron que se omitiera los nombres de cada uno de los pueblos.

En el comunicado, denunciaron que desde hace décadas el gobierno ha desatendido las demandas de bienestar para los pueblos de la Sierra, región donde están ubicadas todas estas regiones

Las peticiones que los habitantes de la zona han hecho al gobierno va desde la construcción de caminos, aulas, centros de salud y la entrega de proyectos productivos, además de que el fertilizante para sus siembras de productos básicos les llegue de manera puntual y no a cuentagotas.

 

Jóvenes de El Nuevo Caracol sin posibilidad de estudiar nivel medio superior por la violencia

Texto y fotografía: Marlén Castro

El Poblado Nuevo Caracol

Ana, de 20 años, es una habitante de El Poblado Nuevo Caracol, municipio de Heliodoro Castillo, que tiene la suerte de haber terminado su instrucción media superior. Estudió en el Centro de Bachillerato Agropecuario (CBTA) con maestros que cada determinado tiempo bajaban de Apaxtla de Castrejón al pueblo a atender a los estudiantes de este nivel escolar.

Como parte de sus actividades escolares, las y los jóvenes acudían al CBTA de Apaxtla de Castrejón para ver cuestiones administrativas relacionadas con sus estudios.

Los muchachos que terminan la telesecundaria, desde hace tres años, ya no tienen la opción de continuar su preparación a causa de la violencia.
“Yo sí estudié, tuve forma de hacerlo”, cuenta Ana en la iglesia de la Virgen de Guadalupe el martes pasado, después de la misa del padre José Filiberto Velázquez Flores, director del Centro de Derechos Humanos de las Víctimas de Violencia Minerva Bello, quien encabezó una caravana de ayuda humanitaria después del ataque con bombas caseras manejadas con drones que sufrieron los habitantes de este poblado el pasado 26 y 27 de agosto.

Habitantes de El Nuevo Caracol reunidos en la iglesia contaron cómo han vivido tres ataques con drones

El sábado 26 de agosto, alrededor de las 12:30 del día, estalló una bomba casera en la cancha de usos múltiples que mató a un joven, en lo que fue el tercer ataque que enfrentan los habitantes de este poblado en lo que va del año.

El primero ocurrió el 2 y 3 de mayo, el segundo el 10 de agosto y el tercero este fin de semana.

Los habitantes aseguran que los atacantes son integrantes del grupo del crimen organizado denominado La Familia Michoacana. Lo saben porque en el ataque del 2 y 3 de mayo, los hombres armados se situaron en el punto conocido como el puente, muy cerca de la comunidad y cuando dispararon contra la población gritaron que eran las fuerzas especiales de La Fresa y El Pez.

Estos son los apodos con los que son conocidos los líderes de esta agrupación criminal.

Cada año, cinco o seis jóvenes de entre 14 a 17 años en El Poblado el Nuevo Caracol se quedan sin estudios porque integrantes de La Familia Michoacana prohibieron a la población de El Poblado Nuevo Caracol subir a Apaxtla y a la gente de Apaxtla, entre ellos, a los profesores del CBTA, bajar a esta población.

El panorama no es diferente para los estudiantes de los diversos niveles educativos. La caravana de ayuda humanitaria que encabezó el Centro de Derechos Humanos Minerva Bello registró que no hay clases en el Jardín de Niños Jacinto Benavente, en la primaria José María Morelos y Pavón y en la Telesecundaria.

Madres de familia contaron que unos 10 menores que deberían estar en el preescolar, alrededor de 12 en primaria y ocho en telesecundaria no reciben clases normales desde marzo del 2020, primero a causa de la pandemia por la covid y después, cuando se normalizaron las clases presenciales en otros lugares, en El Nuevo Caracol ya no hubo porque se agudizaron los enfrentamientos con Apaxtla de Castrejón.

El Nuevo Poblado El Caracol aun cuando pertenece a Heliodoro Castillo, geográficamente está alejado, además de que el camino es de terracería y está en muy malas condiciones. Por esa razón, era más natural la comunicación con Apaxtla, municipio de la región Norte.

Para los jóvenes ir a estudiar a Tlacotepec, la cabecera de su municipio, supone diversos gastos que por sus condiciones económicas no pueden afrontar.

La Telesecundaria de la comunidad de 200 habitantes, una de las instalaciones educativas abandonadas a causa de la violencia.

 

El Caracol: mucha bala poca escuela

Texto y fotografía: Marlén Castro

El Nuevo Poblado El Caracol

El pueblo

A 200 metros de El Nuevo Poblado El Caracol, la circulación vehicular en el camino de terracería se detiene abruptamente. No hay forma de remontar un cúmulo de arena, grava y piedra que está ahí justo para ese propósito.

Del lado izquierdo, sobre una lomita, se perfilan las figuras de varios hombres pertrechados atrás de unas llantas. Del lado izquierdo, corren las aguas bravas del río Balsas. El calor es intenso, el termómetro marca 37 grados, pero la sensación de calor, varios grados más.

Los hombres salen de su trinchera con tranquilidad, cuando del primer carro baja José Filiberto Velázquez Flores, director del Centro de Derechos Humanos de las Víctimas de Violencia Minerva Bello. Se les ven sus escopetas a la espalda.

“¡Ya llegó el padre!”, avisa por la radio uno de los vigilantes. El sacerdote José Filiberto se baja con la sotana puesta, un lienzo beige que lo cubre desde el cuello hasta los pies.

De inmediato, comienzan a llegar hombres, mujeres y niños.

Después del padre bajan sus acompañantes: nueve periodistas, dos funcionarios de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Guerrero (CEDHG) y 12 elementos de la Policía Estatal, a bordo de dos patrullas.

La gente de El Nuevo Poblado El Caracol, municipio de Heliodoro Castillo, vivió este sábado 26 y domingo 27 de agosto el tercer ataque con bombas caseras a través de drones. Una bomba del sábado causó la primera baja. Un joven de 20 años estaba parado en la esquina de la plaza cuando estalló el artefacto. Un pedazo de lámina cortó su estómago. Sólo se sentó para esquivar los otros balazos que venían del cerro de enfrente. Cuando pudieron auxiliarlo, lo ayudaron a levantarse, sólo entonces, se dieron cuenta de la gravedad de la herida, el metal rebanó por mitad el abdomen. Intestinos y sangre salieron del cuerpo moribundo.

El sacerdote José Filiberto encabezó este martes 29 de agosto una caravana de ayuda humanitaria al poblado. Llevó a los habitantes alimento físico y espiritual.

–¡Padre pensamos que ya no vendría!, –le dice un grupo de señoras mientras lo abrazan.

–Tarde pero seguro, –les contesta el hombre de la sotana.

José Filiberto tiene medidas cautelares por amenazas a causa de su trabajo de ayudar a pobladores que cohabitan con grupos del crimen organizado que quieren a sus tierras y a sus hijos. Por eso lleva dos patrullas con policías estatales.

El hombre de la iglesia católica gira indicaciones para que bajen los alimentos: arroz, frijol, lentejas, avena, amaranto, aceite, verduras enlatadas y leche. También lleva cobijas y productos para la limpieza.

Los habitantes de El Nuevo Poblado de El Caracol no han salido a comprar alimentos desde el pasado 10 de agosto que sufrieron el segundo ataque con bombas dirigidas por drones. El primer ataque fue el 2 y 3 de mayo pasado.

El sacerdote y los habitantes entran al pueblo. A pocos metros del material acumulado para evitar la entrada de carros están las primeras casas. Un par de mujeres con niños salen de estas casas y se suman al contingente.

–Gracias, muchas gracias por venir, –dicen a las visitas; al sacerdote, a los periodistas, a los funcionarios de la CEDHG y hasta a los policías, aunque estos quedaron atrás.

El alimento espiritual que lleva José Filiberto como consuelo es una misa. Todas las personas entran a la Iglesia de la Virgen de Guadalupe. Después de tres días de tensión, las oraciones apaciguan un poquito sus emociones.

Durante la misa, una señora narra cómo vivieron la jornada de ataques de este sábado y domingo.

La presa

A unos tres kilómetros del poblado está la Presa Ingeniero Carlos Ramírez Ulloa, comúnmente conocida como presa El Caracol, cuyo nombre se tomó del pueblo original que se formó cuando a finales de la década de los setentas comenzaron a construir este gigante de concreto y cables de acero para conducir la electricidad.

Los habitantes que fundaron este pueblo lo llamaron así, por las vueltas que hay que dar a la montaña para llegar hasta el pie del Balsas.

El Caracol original fue devorado por el vaso de la presa, cuando entró ésta en funcionamiento, en 1983. Los habitantes que no quisieron cambiarse al nuevo poblado remontaron la montaña y formaron otro al que le quedó el nombre simple de El Caracol, a 1,166 metros sobre el nivel del mar. Ahí, de acuerdo con el INEGI sólo hay 10 habitantes.

El Nuevo Poblado El Caracol que formó la Comisión Federal de Electricidad (CFE) fue instalado a 389 metros de altitud. Para llegar aquí, por el lado de Apaxtla de Castrejón, en la región Norte, hay que pasar por los filtros de seguridad situados por el gobierno federal para vigilar este punto de seguridad nacional por la energía que ahí se produce. De acuerdo con el INEGI, este poblado tiene 621 habitantes, aunque el comisario Aurelio Catalán Alcocer sostiene que aquí sólo hay como 200, el resto, que es más de la mitad, se fue yendo poco a poco por la violencia.
Hay otra vía para llegar al poblado. Su ubicación estratégica, casi a las puertas de la cortina del embalse, es la razón del infortunio actual de los pobladores. Este es un sitio estratégico por la generación de energía para todo el país. Los grupos criminales se pelean el control de las comunidades alrededor. El Nuevo Caracol como El Caracol a secas son dos poblados del municipio de Heliodoro Castillo, el corazón de la región de la Sierra. El Nuevo Caracol está a sólo 19.4 kilómetros de Tlacotepec, la cabecera.

La región de la Sierra, como lo indican reportes oficiales de la Fiscalía General del Estado (FGE), es la zona en la que opera el grupo criminal denominado Los Tlacos y en Apaxtla, como se sabe, a partir de informes de las autoridades, tiene dominio La Familia Michoacana.

Aspectos generales de El Nuevo Poblado El Caracol después del ataque con bombas caseras manejadas por drones.

Mucha bala, poca escuela

Después de la misa, las visitas recorren las calles del pueblo para registrar los resultados del ataque con drones del sábado 26 y domingo 27 de agosto.

La puerta izquierda de la iglesia, hecha de fierro, tiene un orificio. Ana, de 20 años, junto con su mamá limpiaban la iglesia este sábado cuando comenzaron a escuchar el dron sobrevolando la plaza y la iglesia. Por los dos ataques anteriores con dron saben identificarlo. Cuando llegaron a hacer limpieza abrieron la puerta derecha, al escuchar el dron intentaron cerrarla, pero entonces vino la explosión de la bomba. Eran como las 12:30 del día.

La iglesia de la Virgen de Guadalupe es una estructura vulnerable. El techo es de láminas de aluminio, del suelo a la mitad es de concreto y de la mitad al techo es de ventanales de fierro con figuras de rombo, por donde podrían colarse balas o restos de las bombas. No es una buena opción para resguardarse. Las dos mujeres se abrazaron y se pegaron a la pared derecha. Vieron, cuando se coló un tiró y se impactó en la puerta izquierda. Cuando estalló la bomba escucharon el grito del muchacho.

En las bardas, suelo y techo de la cancha de usos múltiples hay evidencias del ataque, también en la Comisaría Municipal: sus paredes tienen algunas perforaciones y los vidrios de varias ventanas están rotos. Por las calles hay tuercas, tornillos y pedazos de fierro de diferentes tamaños y peso. Dicen que son restos de la bomba casera. También hay mucho casquillo percutido de diferentes tamaños, lo que hace suponer el uso de armas de diferentes calibres.

El martes 29 de agosto debió ser el segundo día de clases del ciclo escolar para los estudiantes del jardín de niños, de la primaria y de la telesecundaria. Las instalaciones de los tres niveles escolares están cerradas y las condiciones hacen pensar que hace mucho tiempo no se abren.

Ciro, de seis años, quien debería estar iniciando el primer año de primaria, juega solo en la cancha de usos múltiples. Su juego consiste en que reporta con una radio de juguete que ha visto hombres armados y dice, “¡Vamos!, ¡Vamos a darles con todo!”. En una mano trae el radio de juguete y con la otra hace la señal de cortar cuello. Otras veces Ciro deja su radio de juguete y con un pedazo de palo que toma con las dos manos hace la señal de cortar cartucho.
En teoría, Ciro terminó sus estudios de preescolar en el Jardín de Niños Jacinto Benavente, a pocos pasos de la plaza. Se supone que Ciro cursa el primer año en la primaria Caritino Maldonado Pérez, pero eso es una ilusión. Tiene años que los maestros del preescolar, primaria y telesecundaria vienen por ratos, a dar indicaciones rápidas y dejar tareas y, al final del ciclo escolar a entregar calificaciones. Ninguno reprueba, todos pasan de año con apenas abrir los libros.

Jacinta, madre de un niño de tres años, tiene claro qué pediría si alguna vez las autoridades se preocupan por ellos.

–Yo quisiera que haya escuela todos los días, –contesta rapidísimo a esta pregunta concreta.

–Solo tiene tres añitos mi huachuito (niño) y la forma de jugar con los amiguitos que tiene es armar grupitos, juntan palitos para hacer sus armas y se andan matando entre ellos. Es triste pero eso es lo que hacen, yo quisiera que en serio los maestros les den clases y los huachitos de verdad aprendan, porque de esto no va a salir nada bueno.

La Familia y Los Tlacos

Al norte del Nuevo Poblado El Caracol, rumbo a Apaxtla de Castrejón, hay una hilera de localidades controladas por el grupo del crimen organizado La Familia Michoacana, al que se han adherido autoridades municipales y delegaciones del gobierno estatal, situación que se ha hecho evidente en bloqueos de carreteras en la región de Tierra Caliente para impedir el ingreso de la Guardia Nacional a detener a los líderes de la agrupación criminal.

Este control sobre los territorios no pasa por procedimientos amables. En los pueblos que no aceptan el dominio de ningún grupo, la gente es secuestrada y asesinada hasta que optan por dejar sus tierras y todas sus pertenencias. San Marcos, a 20 minutos del Nuevo Poblado El Caracol es un ejemplo. San Marcos, que contaba con 131 habitantes, de acuerdo con el INEGI, quedó vacío en junio pasado que incursionó un grupo de La Familia Michoacana y se llevó a tres jóvenes, quienes continúan desaparecidos. Algunos de los habitantes de San Marcos se desplazaron a El Nuevo Caracol.

Otros pueblos aceptan el apoyo de unos para sacudirse el yugo de otros. Podría ser el caso del Nuevo Poblado de El Caracol. Aquí algunas evidencias.

Este sábado, la esquirla de la bomba casera manejada con drones mató a un joven de 20 años que no era originario de aquí, si no de otra comunidad al sur.

La gente no quiere decir de qué comunidad era el joven, ni cómo se llamaba.

–Vino a apoyarnos, –es todo lo que dicen.

El 2 y 3 de mayo que ocurrió el primer ataque con drones, después de la bomba y la balacera, la mayoría de la gente se desplazó a Tlacotepec, el centro de operaciones de Los Tlacos, lugar en el que el párroco y el Centro de Derechos Humanos Minerva Bello acondicionaron un albergue.

Llegar a Tlacotepec por esta ruta o por cualquiera que sea implica pasar por varios retenes de hombres armados.

Los casquillos tirados en las calles de El Nuevo Poblado El Caracol indican que los pobladores o quienes les ayudan se defendieron con armas potentes, no sólo con las escopetas que portan los hombres de la comunidad.

Mientras la ayuda oficial llega, en este pueblo en el que los habitantes se dedican a la siembra de maíz, frijol y calabaza, la temporada de echar semillas ya pasó.

Con las medidas de seguridad pertinentes, se sembró apenas el 20 por ciento de lo que acostumbran en otros años. Es decir, no habrá alimento ni para la subsistencia.

Desde el ataque de este sábado y domingo la gente está sin agua y sin energía porque la bomba dañó los cables de luz. Para jalar agua del río prenden una bomba y para ello necesitan luz.

Los hombres y las mujeres no han podido ir por las mojarras al río, de donde obtienen una buena parte de sus ingresos para la subsistencia.

A pocos metros del pueblo, está la cortina de la presa, resguardada por varios elementos de seguridad de la CFE y soldados.

Cuando ocurrieron los ataques permanecieron en sus puestos.

Les dijeron: estamos aquí para cuidar la presa.

La presa está intacta.

Cuando la gente de El Nuevo Caracol se canse y se vaya, la presa necesitará mucha más seguridad que la que tiene ahora.

 

Más de 3,000 estudiantes de nivel básico sin clases por violencia en Leonardo Bravo

Texto: Itzel Urieta

Fotografía: Oscar Guerrero

Chilpancingo

Después de un enfrentamiento armado en el poblado de Chichihualco, municipio de Leonardo Bravo, la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) suspendió clases por seguridad, por lo que 3,042 alumnos de educación básica no regresaron a clases.

De acuerdo con el subsecretario de Educación Básica de la SEG, Ricardo Castillo Peña, las labores educativas en todo el municipio de Leonardo Bravo se suspendieron en su totalidad para «resguardar la seguridad de los estudiantes».

Se trata de 14 escuelas primarias con un total de 1,787 alumnos y 93 docentes, además de cinco telesecundarias y una secundaria general que imparten clases a 433 estudiantes y una planta docente de 39 maestros.

Además de 822 niños de preescolar que tampoco acudieron a sus planteles.

Ayer, fue el inicio del ciclo escolar 2023-2024 en todo el país, pero derivado de la violencia ocurrida en Chichihualco, cabecera municipal de Leonardo Bravo, estos 3,042 alumnos no regresaron a las aulas.

Estos planteles, distribuidos por toda la zona serrana de Leonardo Bravo, corresponden a la zonas escolares 05, 07, 09 y 012 de la SEG.

De acuerdo con denuncias de los pobladores de Chichihualco, a la media noche del 28 de agosto comenzó un enfrentamiento entre civiles armados que se prolongó hasta las seis de la mañana de ayer.

De manera extraoficial se supo de dos personas asesinadas, pero la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero (SSP) asegura que no hubo víctimas.

Por el miedo, muchas personas optaron por no salir de sus viviendas y el transporte, comercio y sector educativo suspendió labores desde ayer.

Varias viviendas quedaron baleadas y con orificios de balas, además por las calles se observaron diversos casquillos.

Hasta el momento la SSP no ha informado más sobre el caso, solo a través de boletines asegura que ya hay operativos en el municipio para garantizar la seguridad.

Sobre el regreso a clases, Castillo Peña dijo que esperan indicaciones de la SSP para que se regrese a clases de forma segura.

«Estamos esperando que la SSP nos indique que están las condiciones dadas para que los maestros regresen a trabajar (…) hay que tomar en cuenta que no se trata de un tema de seguridad solo para los maestros, también es seguridad para los padres de familia, niños, niñas y adolescentes, entonces es una situación que debemos ver con mucho cuidado», dijo Castillo Peña.

 

Ataques con bombas en El Caracol deja una persona asesinada

Texto: Itzel Urieta

Fotografía: Oscar Guerrero

Chilpancingo

Los ataques aéreos con bombas con los que grupos criminales acechan al poblado de El Caracol, municipio Heliodoro Castillo, ya dejó una persona asesinada, denunció el director del Centro de Derechos de las Víctimas Minerva Bello, el sacerdote Filiberto Velázquez Florencio.

«Nos informan que una persona ya perdió la vida debido a las esquirlas de una bomba», mencionó Velázquez Florencio.

El ataque ocurrió ayer, alrededor de las doce del día, cuando los drones cargados con bombas caseras «comenzaron a sobrevolar a mediodía la población y a lanzar estos artefactos y esto cesó más o menos a las ocho de la noche».

En conferencia de prensa esta mañana en Chilpancingo, el director del Centro Minerva Bello recordó que desde mayo esta población sufre de manea constante ataques de este tipo, es decir, aéreos a través de drones que lanzan bombas caseras.

El 12 de mayo del 2023 ocurió el primer ataque por lo que 600 personas salieron de El Caracol y se refugiaron en Tlacotepec.

Sin garantías de seguridad, el 19 de mayo, los pobladores regresaron porque no quisieron abandonar sus pertenencias, su cosecha y sus animales.

El anterior ataque fue el 14 de agosto, el cual duró un día y ayer hasta la mañana continúan, de acuerdo con el Centro Minerva Bello.

«Ya van tres episodios de este tipo, uno en mayo y dos en este mes de agosto y no vemos que halla un interés por solucionar el problema», dijo Velázquez Florencio.

En El Caracol no hay servicio telefónico ni de internet, por lo que la información, de acuerdo con Velázquez Florencio, aún es escasa.

El Caracol es un poblado que en 1998 fue reubicado porque fue construida la presa con el mismo nombre,  entre los límites de los municipios de Heliodoro Castillo, en región Sierra y Apaxtla de Castrejón, zona Norte.

Desde el 2020, primero por la pandemia de Covid-19 y después por la violencia, a El Caracol ya no llegan maestros, médicos ni medicinas.

«Urgimos a las autoridades tener un plan de protección permanente para la población y que esa zona se pacifique y se atiendan los orígenes de la violencia».

De acuerdo con Velázquez Florencio en la zona hay presencia policiaca pero sólo resguardar los alrededores de la presa y no acuden a atender los reportes de los pobladores.

Dijo que tienen programada una caravana solidaria para llevar víveres y medicamentos para la población para el próximo martes 29 de agosto.

 

Niños y adolescentes de El Caracol llevan tres años sin clases presenciales; exigen a la SEG maestros

Texto: Itzel Urieta

Fotografía:

Chilpancingo

Estudiantes de nivel básico y medio superior, madres y padres de familia de la comunidad de El Caracol, municipio de Heliodoro Castillo, denunciaron que llevan más de dos años sin clases presenciales porque la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) no envía maestros.

En todas las escuelas que tiene en el pueblo, un jardín de niños, escuela primaria, una secundaria y un plantel del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario (CBTA), no hay clases desde el 2020, cuando inició la pandemia por Covid-19. Los docentes dejaron de asistir a la comunidad por las restricciones sanitarias que dictaron las autoridades.

A dos años de la reincorporación de los estudiantes a los diversos planteles escolares, la mayoría volvió en 2021, en El Caracol los maestros siguen sin presentarse y asignan trabajos y tareas a distancia, denunciaron los alumnos y madres y padres de familia.

Todo este tiempo ha sido complicado para ellos, porque en El Caracol la señal de internet es inestable.

El Caracol es una comunidad de 650 habitantes al sur de Heliodoro Castillo, en la Sierra, a orillas del río Balsas.

El 2 de mayo, algunos pobladores dejaron esta comunidad después de sufrir un ataque aéreo con bombas caseras lanzadas a través de drones, por presuntos integrantes del grupo criminal denominado La Familia Michoacana.

Rebeca tiene 13 años y es estudiante de la secundaria José María Morelos y Pavón; ya quiere tener clases presenciales.

“Quiero seguir estudiando, quiero que mis compañeros y yo sigamos adelante. Exigimos que vengan los maestros para que mis compañeros y yo aprendamos más”, comentó.

Son unos 200 alumnos los que permanecen sin clases presenciales desde hace tres años.

Blanca Estela Balcazar, una madre de familia afectada, mencionó que los maestros sólo piden tareas por whatsapp.

“Nadamás nos exigen tareas de que ellos sí están viniendo a dar clases, pero no están viniendo, aquí nos han abandonado”, dijo.

Las madres y padres de familia exigieron que la SEG les envíe docentes a El Caracol.

El comisario municipal de la comunidad y quienes fungen como presidentes y presidentas de los comités de padres de familia de las diferentes instituciones, enviaron un oficio dirigido al titular de la SEG, Marcial Rodríguez Saldaña, para exigir 20 docentes para El Caracol.

“Desde el inicio de la pandemia hasta el presente, los maestros se ausentaron de las aulas y sólo se dedicaron a exigir a los estudiantes tareas a distancia, de las que pensamos les sirven más a ellos para seguir cobrando que a la verdadera formación de nuestros hijos”, se lee en el oficio.

Agregaron que hay docentes de otras comunidades que viajan todos los días para atender a sus alumnos, “a pesar de los problemas regionales”.

Los niños, niñas y adolescentes afectados grabaron un video en el que expresan que quieren maestros en su comunidad; esperan que este material llegue hasta el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para les asignen pronto maestros a aulas.

 

Habitantes de El Caracol entre la incertidumbre del desplazamiento y el abandono instituciona

Texto: José Miguel Sánchez (con información de Oscar Guerrero)

Fotografía: Oscar Guerrero

Chilpancingo

 

Pobladores desplazados de El Caracol, municipio de Heliodoro Castillo, dejaron pertenencias, animales y cultivos ante el miedo de perder la vida por los ataques aéreos de supuestos integrantes del grupo delictivo de la Familia Michoacana.

Sufrieron dos ataques con bombas caseras a través de drones, y por esa razón los pobladores huyeron de El Caracol y se resguardaron en la cabecera municipal, Tlacotepec, donde el párroco de la iglesia junto a los integrantes del Centro de Derechos de las Víctimas de Violencia Minerva Bello asignaron un albergue.

Desde ese lugar, donde hay 250 personas, Zeferino Neri contó ayer que abandonaron todas sus pertenencias en el pueblo.

«La gente maleante nos echó las bombas para que nos viniéramos para acá, mataron hasta un señor que nada tenía que ver; allá dejé todo, mi maíz, mis animales, marranos, me traje unos chivos para acá y los tuve que rematar para ganarle algo», contó.

De la persona que murió en el ataque, según este poblador, las autoridades no han informado nada.

Otra persona desplazada dijo que el primer ataque ocurrió el 1 de mayo y el segundo el 8, «y esperábamos otro el 10, para las mamás, por dejar pasar a los militares».

Los pobladores creen que la Familia Michoacana quiere entrar al territorio, porque consideram que es de Los Tlacos, otro grupo criminal que opera en esta parte de la Sierra de zona Centro de Guerrero, por eso intimidan a los habitantes para que los apoyen, de lo contrario los amenazan con asesinarlos.

«Nos tiraron bombas, nos dijeron que nos van a matar, que van a pasar casa por casa y nos maten a todos, nos quieren acabar a todos, pero nosotros no tenemos la culpa de nada, no tenemos nada que ver», narró otra mujer desplazada este lunes en el albergue en Tlacotepec.

El pasado 2 de mayo, a las seis de la tarde, los lugareños de El Caracol se percataron de que había drones sobrevolando la localidad.

Al día siguiente volvieron a ver esos artefactos, pero en esa ocasión les lanzaron seis bombas.

Los pobladores exigen a los tres niveles de gobierno garantías para regresar a su poblado, «ya estamos enfadados de estar encerrados en un solo lugar, allá vamos al río, salimos al campo», denunció uno de los afectados.

Son 60 familias las afectadas, 250 personas, entre ellos 80 niñas y niños, quienes exigen garantías para retornar a El Caracol.

La localidad también vive el abandono en los servicios de educación y salud, debido a que el personal se niega a subir por temor a la violencia en la zona que tiene que ver con la presencia de grupos armados.

Por ahora los desplazados son atendidos por la comunidad católica, pero tienen enfermedades respiratorias, gastrointestinales y crisis nerviosas.

El Caracol es una comunidad de 650 habitantes al sur de Heliodoro Castillo, en la Sierra y a orillas del río Balsas.

El municipio vecino es Apaxtla de Castrejón, demarcación en la que también han intentado ingresar desde hace meses integrantes de la Familia Michoacana.

En la Sierra el problema nunca fue la Covid-19, siempre es la violencia

Hay pueblos donde los maestros dejaron de ir desde hace tres; también la infraestructura escolar es deficiente. La Sierra, además de insegura, es una zona que estuvo muchos años sin servicios básicos; muchas comunidades continúan así, hasta con caminos de difícil acceso


Texto: Margena de la O

Fotografía: José Luis de la Cruz 

Chilpancingo

 

Los alumnos de la Secundaria Técnica Lázaro Cardenas, de El Mameyal, una comunidad de la Sierra de Petatlán, llevan casi tres años de clases virtuales y a distancia. Para ellos las restricciones comenzaron desde el cierre de 2019, cuando la pandemia por la Covid-19 todavía no comenzaba, porque la epidemia real en esta zona de Guerrero es la violencia y la inseguridad.

En esta secundaria hay nueve alumnos. Nunca antes fueron tan pocos. En 2019 había más de 60, pero en la Sierra de Guerrero, cuando un hecho violento ocurre, las familias se escurren de los pueblos, es lo que se conoce como el desplazamiento forzado a causa de la violencia.

Una de las maestras de esta secundaria no sabe exactamente qué provocó la salida de los habitantes, incluidos sus alumnos, pero recuerda que todo lo cambió el asesinato de un líder comunitario y una emboscada a policías comunitarios, hechos registrados entre el 2018 y el 2019.

La documentación de los medios de comunicación del estado en ese periodo dan cuenta del asesinato Felipe Torres Cruz, uno de los hermanos Torres Cruz de La Morena, municipio de Petatlán, que también son cuestionados.

Lo asesinaron en una emboscada el domingo 9 de diciembre del 2018, al siguiente día de expresar su respaldo a las autodefensas de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) a Santa Rosa de Lima, un pueblo de Tecpan, ubicado a la orilla de la carrera Acapulco-Zihuatanejo, que es la puerta a la Sierra del lado de Costa Grande.

La emboscada a los policías comunitarios o los autodefensas de la UPOEG, donde murieron seis, ocurrió el lunes 24 de junio del 2019, cerca de la comunidad de El Camarón, muy cerca de El Mameyal, un punto medio de la Sierra de Petatlán.

Estos autodefensas eran integrantes del grupo que comenzó a operar en Santa Rosa de Lima en 2018 y que se extendía hacia la Sierra, el corredor que llega hasta El Durazno, Coyuca de Catalán, Tierra Caliente.

El filo boscoso de Costa Grande conecta con la Tierra Caliente, colindancia que, al parecer, es su gran problema, porque en cada región están asentados grupos criminales distintos que socavan a las comunidades por diferentes intereses económicos y políticos, entre ellos, los recursos naturales y los productos que se dan en región, denunciaron en diciembre pasado los habitantes de esta zona, al exponer que la explotación de madera podría ser la razón.

Aquí no se busca hacer una radiografía del grupos criminales, pueden ser cualquiera, se plantean las consecuencias de un contexto complicado por falta de seguridad institucional.

La falta de maestros en las escuelas de la Sierra es una de esas consecuencias. En la secundaria técnica de El Mameyal hay seis trabajadores, incluidos las maestras y los maestros: uno de matemáticas, uno de español, uno de ciencias naturales, uno de ciencias sociales, uno de inglés, y un prefecto.

Atienden a los nueve alumnos de manera virtual. Uno de primer grado, dos de segundo, y seis de tercero.

Las maestras y los maestros intentaron regresar a clases en septiembre pasado, pero sólo fueron alguna veces y volvieron a las sesiones virtuales porque, de acuerdo con la maestra consultada, no había condiciones: cancelaron el transporte, de las últimas veces que subió caminó más de una hora para llegar a El Mameyal, y las nuevas balaceras terminaron por deshabitar los pueblos.

En El Limón, por ejemplo, dijo, ya no vive nadie. En Las Mesas, informó un habitante de la zona, más de la mitad del pueblo se salió con los hechos violentos en escalada que comenzaron en diciembre pasado. Hasta ahora comienzan a volver.

El sábado 10 de diciembre del 2022, pasado el mediodía, ingresaron a El Durazno, un pueblo del ejido que lleva el mismo nombre, hombres armados en camionetas rotuladas con las letras FM –al parecer siglas del grupo criminal La Familia Michoacana que, de acuerdo con la Fiscalía General del Estado (FGE), tienen presencia en Tierra Caliente y busca extenderse–, y asesinaron a siete hombres de la comunidad, entre ellos, un menor de edad.

El 28 de enero, en la comunidad de El Parotal, municipio de Petatlán, los pobladores retuvieron a policías después de enfrentarse a ellos a balazos. En esos hechos fueron asesinados un comandante, un policía y tres civiles.

Estos tres civiles subieron en el mismo convoy de policías estatales y, según los pobladores de El Parotal, eran miembros del grupo criminal de la Familia Michoacana. Policías subieron entre sus agentes a integrantes de un grupo criminal.

Esta situación que fue exhibida por una policía de la operación policial en un video filtrado sigue sin ser por completo esclarecida por las autoridades, pero desencadenó más hechos violentos.

En esos contextos vive la gente de la Sierra y a ellos se enfrenta el personal que ofrece servicios profesionales en las zonas, como las maestras y los maestros o el personal médico, que muchos de ellos dejaron de ir.

Los habitantes presionaron a las autoridades para que les asignaran seguridad. Insistieron en la instalación de Bases de Operaciones Mixtas (BOM), integradas por elementos del Ejército, Guardia Nacional y Policía Estatal.

Un habitante de la Sierra, de quien también se guarda su nombre por seguridad, dijo que hasta ahora hay nueve puntos con seguridad en el corredor Santa Rosa de Lima-El Durzano, no todos como los pidieron, en algunos sólo hay ministeriales, como en Las Mesas. “Había militares, pero se fueron. Falta reforzar la bases”, comentó.

Las Mesas es otro punto donde tampoco hay maestros presenciales. Los maestros de la secundaria de la comunidad, por ejemplo, no han vuelto desde enero por los hechos violentos que ocurrieron en diciembre.

La dinámica que mantiene es asignar trabajos vía mensajería de WhatsApp. “Pero estamos en pláticas con los compañeros, el supervisor y los padres para lo del regreso a clases de manera presencial”, comentó otra maestra de Las Mesas que, aclaró, no podía hablar con muchos detalles porque la situación de la Sierra es complicada.

Dos versiones, dos contextos

Los maestros consultados para este texto no son originarios de la Sierra, todos son foráneos y suben algunos días de la semana o por algunas semanas al mes a las escuelas de las comunidades asignadas.

La evaluación de los habitantes es diferente al temor que narran los maestros de acudir a la Sierra. Algunos de los habitantes vía telefónica consideraron que ya hay condiciones para que los maestros y los médicos suban, porque ya tienen seguridad, no como quisieran, pero ya la tienen. También reportaron que parte del transporte público público ha reiniciado actividades.

La comisaria muncipal de El Durazno, Azucena Rosas García, informó que una combi sube desde Santa Rosa de Lima a El Mameyal, pero no llega a El Durazno. Ellos, las madres y los padres de familia, tienen que bajar por las maestras y los maestros a Santa Rosa de Lima.

A El Durazno sí regresaron los maestros después del periodo vacacional de Semana Santa, pero porque los habitantes se quejaron ante las autoridades. La comisaria detalló que los maestros intentaron irse de vacaciones dos semanas antes del periodo vacacional pasado.

Las madres y los padres de El Durazno tienen mucho involucramiento en que las clases para sus hijos sean posibles, porque ellos se encargan de trasladar a los maestros, de darles de comer y de su alojamiento, según la comisaria.

La autoridad del pueblo consideró que esas responsabilidades las deben de asumir las autoridades. “Es muy desgargante para los padres estar subiéndolos y bajándolos (a los maestros)”, comentó.

Además, el habitante consultado que coincide con la comisaria cree que “el problema no es para los maestros, es para los campesinos” cuando salen de sus comunidades a ver sus parcelas o su ganado.

También dijo que, de ser necesario, ellos mismos y los policías escoltarían a los maestros en su trayecto a las comunidades para que suban y reinicien las clases presenciales. La comisaria agregó que los policías que están en El Durazno subieron a los maestros después de las vacaciones pasadas.

Él mismo habitante planteó que la falta de maestros en las comunidades de la Sierra tampoco es un tema nuevo, tiene años, desde que él estudiaba. Este hombre es una persona de más de cuatro décadas. La Sierra, además de la violencia, es una zona que estuvo muchos años sin servicios básicos, muchas comunidades continúan así, además de que muchos de sus caminos son de difícil acceso.

Su percepción es que el paso de los maestros, como de los médicos por la Sierra, es temporal, porque buscan que las instituciones los bajen pronto a las cabeceras municipales o ciudades.

Pero cuando se expone que en la Sierra se carece de muchas cosas, incluye la infraestructura escolar y otras condiciones para educar. “Las escuelas las hemos hecho nosotros”, dijo por teléfono este mismo habitante de la Sierra.

Muchas de las escuelas levantadas en la región carecen de todo y si acaso son como la Secundaria Técnica Lázaro Cardenas, de El Mameyal: tres salones de concreto, pero sin mesa ni silla para el maestro; una dirección, y una aula de medios con algunas mesas, pero sin computadoras, porque tampoco hay luz eléctrica; un área de comida de madera y con tres baños básicos al margen de la zona escolar, pero fuera de servicio. Todo esto encerrado con malla ciclónica en mal estado.

Estas las características las describió la maestra de la escuela.

Las condiciones se reproducen en gran parte de la Sierra. En el Durazo, por ejemplo, la sede del telebachillerato son dos galerones de madera a orilla del pueblo, de acuerdo con la descripción de la comisara municipal, quien, además, compartió una fotografía.

Esto discrepa con la imagen que compartió el 17 de marzo pasado la gobernadora Evelyn Salgado Pineda en sus redes sociales, donde escribió: “Les comparto esta imagen que me ha llegado al corazón, dos alumnas de telebachillerato estudiando al pie de nuestra bandera nacional en la comunidad “El Durazno”, municipio de Coyuca de Catalán, donde estuve hace unos días”.

En la fotografía se ven dos alumnas sentadas en una borde de concreto y se asoma lo que parece un aula con techo de lámina, y parte de una cancha.

Lo que nunca escribió la gobernadora es que esas no son las instalaciones reales de las estudiantes, es la Primaria Ignacio Zaragoza.

Rosas García informó que los docentes del telebachillerato ocupaban la primaria porque las instalaciones de madera están a orilla del pueblo, y les daba temor estar ahí. En la actualidad, con la seguridad de militares, policías estatales y policías ministeriales que asignaron a El Durazno, dijo la comisaria, ya están en sus aulas de madera.

Una alternativa sin posibilidades

Una posible solución ante la falta de maestros en las escuelas de la Sierra que reflexionó este habitante es que la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) contrate a docentes que sean originarios de la región.

Esta persona es originaria del ejido de San Antonio de las Texas y vive en un punto de esta Sierra entre Costa Grande y Tierra Caliente, y aseguró que hay maestros titulados de la región que podrían asumir esas tareas sin intentar irse.

Comentó que algunas familias han contratado a algunos de ellos para que les den clases a sus hijas e hijos por su cuenta.

El secretario de Educación en Guerrero, Marcial Rodríguez Saldaña, mencionó que la SEG no podría contratar a más maestros para la Sierra, porque significa duplicar docentes en un misma región y el presupuesto federal no alcanzaría para cubrirlos. “No podemos contratar dobles plazas en un mismo lugar”, agregó.

La evaluación escolar del secretario es que en la mayoría de las partes bajas de la Sierra de San Miguel Totolapan y del corredor Coyuca de Catalán (Tierra Caliente) y Petatlán y Tecpan (Costa Grande) ya hay clases presenciales, el problema es en las zonas más altas, donde sólo son asesorías virtuales. “Nosotros tenemos que proteger a los maestros y a los niños”, comentó.

 

«Hemos dejado de sembrar amapola pero los programas no llegan», dice un poblador de la Sierra

Texto: Amapola Periodismo 

Fotografía: Especial 

Chilpancingo

 

Un grupo de 40 efectivos del Ejército y 13 de la Policía Estatal cumplieron más de 30 horas retenidos por habitantes y comisarios de 40 comunidades de la Sierra de los municipios de San Miguel Totolapan y Heliodoro Castillo.

Los manifestantes que exigen obras sociales; tienen rodeado el cuartel ubicado en la comunidad Puerto Gallo, que pertenece a Heliodoro Castillo.

Un comisario lamentó que aun cuando la gente ha dejado de cultivar amapola o mariguana en la Sierra no les llega el programa Sembrado Vida que tanto pregona el presidente Andrés Manuel López Obrador en sus conferencias mañaneras.

«Hay pueblos (de la Sierra) con 300 habitantes a los que sólo se les ha otorgado ese beneficio (Sembrado Vida) a un 50 por ciento, por eso hay mucha pobreza», dijo la autoridad municipal que pidió se omitiera su nombre por seguridad.

Este lunes 27 de marzo a las diez de la mañana cientos de campesinos, encabezados por los comisarios de 40 pueblos de los municipios de Heliodoro Castillo y San Miguel Totolapan, cerraron los accesos del cuartel en donde tienen retenidos a los elementos del Ejército y Policía Estatal.

El cuartel está ubicado en la comunidad de Puerto Gallo, zona que conecta a la Tierra Caliente y a la Sierra de región Centro del estado.

Durante la tarde de este martes llegó una comisión de funcionarios del gobierno del estado encabezada por el director de la Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero (CICAEG), Martín Vega González.

Una de las principales demandas que plantean los pobladores es la pavimentación de 100 kilómetros de caminos que unirán a las 40 comunidades de los dos municipios.

«Hace un año les planteamos esta misma petición a las autoridades del gobierno del estado pero no cumplieron ninguna», dijo uno de los comisarios entrevistado vía telefónica.

Mencionó que por la falta de caminos en buen estado la gente no puede realizar varias actividades ni acceder a servicios, por ejemplo, llegar con prontitud a una localidad con hospital o centro de salud.

«Una persona que vive en una comunidad tiene que surtir su despensa en Atoyac de Álvarez tiene que recorrer cinco o seis horas en caminos de terracería para llegar», contó.

Las autoridades de las comunidades pidieron que los servisores públicos del gobierno estatal, en particular, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, acudan a la Sierra a contastar sus condiciones.

«Queremos que venga aquí (Salgado Pineda) y que por lo menos que la gente la conozca en vivo, no en trasmisiones que ella hace a través de su Facebook», dijo un comisario.

Otro de los comisarios comentó que se enteraron que el presidente Andrés Manuel López Obrador estuvo en Acapulco y pidió que, ojalá, la próxima vez que visite Guerrero acuda a la Sierra.

López Obrador estuvo hoy en Acapulco en una reunión de evaluación de los programas sociales de su gobierno que se distribuyen en Guerrero.

En entrevista con los reporteros en ese lugar, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda rechazó que los soldados y policías estatales estén retenidos.

«Se está dialogando con la gente (campesinos y comisarios) y hay funcionarios allá y pronto iré a Tierra Caliente, a San Miguel Totolapan», comentó

El presidente López Obrador anunció su visita a Tierra Caliente y Costa Grande.

Hasta las ocho y media de la noche de este martes los pobladores de la Sierra seguían con la protesta en Puerto Gallo.

Maestros, médicos y enfermeras se ausentan de la Sierra por inseguridad

Texto: Amapola periodismo

Forografía: José Luis de La Cruz / Archivo 

Chilpancingo

 

A comunidades serranas de Costa Grande y Tierra Caliente donde hace algunos días ocurrieron balaceras entre pobladores y miembros del crimen organizado, otra vez ya no suben maestros y personal médico por el riesgo de vida.

Estas ausencias los mismos pobladores y autoridades locales las documentaron y las expusieron en una reunión con servidores públicos estatales, encabezados por el director de Gobernación del Estado, Francisco Rodríguez Cisneros, y algunos mandos militares, en Santa Rosa de Lima, municipio de Tecpan de Galeana.

Los maestros, médicos y enfermeras dejaron de subir a comunidades de municipios de Tecpan de Galeana y Petatlán, del lado de Costa Grande, y a las de Ajuchitlán del Progreso y Coyuca de Catalán, del lado de Tierra Caliente. Ambas regiones colindan en lo alto de la Sierra.

Los comisarios municipales y los miembros de comisariados ejidales le pidieron de manera puntual al director de Gobernación que le dijera a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda que cumpla con la promesa de instalar tres Bases de Operaciones Mixtas en la zona donde convergen ambas regiones, porque la consideran una zona de riesgo.

Fueron estas mismas autoridades las que contaron por teléfono los detalles de esa reunión.

Funcionarios estatales y un mando militar se reunieron con comisarios de pueblos de la Sierra, quienes les expusieron sus demandas de falta de seguridad, maestros, médicos y enfermeras. Fotografía: Oficial

El planteamiento de las autoridades de los pueblos tiene que ver con el ofrecimiento de Salgado Pineda después de los hechos violentos recientes en esa parte de la Sierra.

El 28 de enero pobladores de la comunidad de El Parotal se enfrentaron a balazos con policías estatales que subieron a la Sierra acompañados por tres individuos que los habitantes identificaron como miembros del grupos criminal la Familia Michoacana.

La confrontación a balazos dejó un saldo de cinco muertos, un comandante que iba al mando de la operación, un policía y los tres sujetos, al parecer delincuentes, que viajaban en el convoy de agentes estatales vestidos también con uniformes.

Después de los hechos hubo una reunión entre los comisarios y las autoridades, y los primeros pidieron a los segundos que instalaran Bases de Operaciones Mixtas (BOM), es decir, que establecieran en la zona la presencia de elementos del Ejército, Guardia Nacional y Policía Estatal, en particular en Las Mesas y el crucero de San Antonio Texas, un perímetro importante de los municipios de Petatlán y Coyuca de Catalán.

Hasta el momento sólo ha instalado una BOM en la localidad de Santa Rosa, comunidad que está a orilla de la carretera que lleva de Acapulco hacia Zihuatanejo.

En la reunión de hoy, el comisario de la comunidad de El Porvenir (Tecpan de Galeana), Jesús Ayala, dijo que la gente no puede salir de sus casas porque tiene miedo que ocurran más hechos de violencia.

Él denunció que, debido a la inseguridad, los profesores siguen sin subir a dar clases; las escuelas están abandonadas.

La comisaria de la comunidad de El Durazno (Coyuca de Catalán), Azucena Rosas García, dijo que los niños del kínder, la primaria y telesecundaria del pueblos cumplieron un mes sin clases.

En El Durazno, el 10 de diciembre del 2022, individuos que se identificaron como miembros de la Familia Michoacana (FM) ingresaron al pueblo y mataron a siete habitantes a balazos.

“Desde entonces la gente tiene mucho miedo. Ya se cumplió un mes de que no hay clases porque los profesores no quieren ir por miedo”, contó la comisaria.

A partir del ingreso violento a El Durazno, un médico y una enfermera abandonaron la clínica de salud del pueblo por temor, expuso la comisaria en la reunión.

Por teléfono informó que la gente de su pueblo está un poco más tranquila porque en el pueblo hay elemento de seguridad federal y estatal, aún así saben que no son suficientes.

“No sabemos hasta cuándo estaremos así, con cierta calma, porque sabemos que cerca del pueblo andan rondando los delincuentes que nos han amenazado con asesinarnos”.

En la comunicación se quejó de que la Fiscalía General del Estado (FGE) sólo recibiera las denuncias del ataque y asesinatos en El Durazno, porque hasta ahora no ha hecho nada.

“No tenemos confianza en la justicia porque allá en mi pueblo han asesinado a mucha gente y nunca detienen a los responsables”.

 

Carreteras y caminos de la Sierra siguen sin reparación

Texto: Amapola Periodismo

Fotografía: Oscar Guerrero

Heliodoro Castillo

 

En su visita a Tlacotepec, en mayo de este año, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda prometió a sus habitantes que ordenaría que su gobierno pondría en marcha un programa de reparación de caminos y carreteras que comunican a comunidades de la Sierra.

En un recorrido que realizó Amapola Periodismo Transgresor se comprobó que la vía que conduce a Tlacotepec, que es la cabecera del municipio de Heliodoro Castillo, está llena de baches.

“La gobernadora (Salgado Pineda) nos prometió que repararían los caminos pero todo sigue igual”, dijo uno de los habitantes de Tlacotepec entrevistado durante la inauguración de la Universidad Benito Juárez.

Los caminos de terracería y la carretera hacia Tlacotepec se observó un incremento en las afectaciones de esta vía derivado de las intensas lluvias que han caído en las últimas semanas en esta zona.

 

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