Javier Téllez pinta sus cuadros con tierra de la Sierra de Guerrero
Texto: Andrea Mendoza
Foto: Javier Téllez
Chilpancingo
24 de enero del 2024
Javier Téllez Villalba de 32 años, pintor y muralista guerrerense originario de Chilpancingo, fue seleccionado para una exposición en la Feria Internacional del Arte en Monzón, España.
Javier Téllez participará con sus obras Estallido visceral, Implosión del ser y Recordar con el corazón.
En su arte, Javier Téllez combina el realismo al óleo, con tierra traída de la sierra de Guerrero.
La exposición está programada del 15 al 22 de abril de este año, por lo que Javier Téllez busca apoyo económico, ya que dicha exposición no contará con apoyo para los artistas internacionales.
Mediante la venta de sus obras y donaciones monetarias de fundaciones, Javier Téllez planea obtener su financiamiento para los siete días que estará en Monzón, España.
El muralista comenta que ha buscado financiamiento con el gobierno guerrerense, sin embargo, aún no hay una respuesta concreta.
Para Javier Téllez estar presente en la actividad es una oportunidad de conocer artistas y diferentes estilos de arte, así como poner en alto el folclor guerrerense.
En sus obras para la Feria Internacional del Arte, planea una temática folklórica y decidió centrar su arte en la cultura Ñomndaa, combinada con el surrealismo.
Pintura «Recordar con el corazón» de Javier Téllez Villalba. Foto: Javier Téllez
La creación e inspiración de sus obras
A Javier Téllez le gusta descubrir y experimentar. En sus murales se observan diferentes texturas, colores y tierra.
Un ejemplo claro de su versatilidad son las obras con las que ganó su próxima participación en Monzón. Estallido Visceral e Implosión del ser son obras en las que mezcla pintura al óleo y tierra de la Sierra de Guerrero.
“Me gusta que mi arte tenga texturas y colores, por eso uso la tierra”, explicó Javier Téllez, quien recolecta diferentes tipos de tierra cuando va a la Sierra de Guerrero a visitar a su familia.
Para él, esa es una forma de estar con el pueblo, “con la esencia”. En sus murales abundan temas folclóricos y sociales de Guerrero, por lo que el uso de elementos extraídos de su estado son una parte fundamental en su arte.
Le gusta la cultura guerrerense, la población Ñomndaa, lo surrealista y el realismo, por lo que sus creaciones no tienen límite y tampoco un orden. Crea sus obras desde su visión visceral.
Pintura «Estallido visceral» de Javier Téllez Villalba. Foto: Javier Téllez
La creación de sus obras las define como un ritual; es metódico, por lo que para hacer una obra lee y se informa sobre el tema de la obra, con base en eso construye los bocetos y espera la aprobación de quien encarga la creación, por último, hace una selección de colores para comenzar un trabajo de tres meses.
El pintor comenta que su arte es variado y entre ellos se puede hallar temas folclóricos, sociales y temas íntimos.
¿Qué atrae de España a Javier Téllez?
Javier Téllez huye de las zonas de confort y asegura que lo segundo más importante después del talento son las ganas de movilizarte por el arte.
“Nadie llega y te dice: pintas bonito te voy a pagar. Tienes que salir a buscar los apoyos: ser artista y gestor. No basta ser solo el pintor”.
Para el muralista guerrerense, la importancia de exponer en la Feria Internacional de Arte no es conocer España, sino al conocimiento que puede traer de sus colegas muralistas para Guerrero.
Pintura «Implosión del ser» de Javier Téllez Villalba. Foto: Javier Téllez
Considera que visitar y estar presente en exposiciones nacionales e internacionales abre un camino de conocimiento.
“Ir a España y regresar a Guerrero a contribuir es lo que rige mi tenacidad como pintor”, comenta el muralista.
En los planes a futuro del pintor figura enseñar arte a jóvenes guerrerenses.
Sus pasos por exposiciones internacionales son un camino al fomento del arte y la cultura en Guerrero, así como dar espacios y voces a artistas emergentes.
La comunidad serrana de Acatlán, perteneciente al municipio de Heliodoro Castillo, es atacada desde este mañana con bombas y disparos que son lanzados por drones, de acuerdo con la denuncia pública del Centro de Derechos de las Víctimas de Violencia Minerva Bello.
Esta es otra comunidad del municipio y de la zona que es agredida a través del mismo método. El Centro Minera Bello les ha dado acompañamiento, a la vez que expone lo que viven sus habitantes. La Sierra es de los puntos más altos del estado, donde varios accesos, en términos de infraestructura física e inseguridad, son hasta inaccesibles.
La organización de derechos humanos denunció que en el caso particular de Acatlán, los ataques comenzaron esta mañana y que tres bombas cayeron en lo que es la primaria del lugar. “(…) La comunidad está siendo atacada con bombas lanzadas desde drones, disparos y les han cortado la energía eléctrica”, se lee en un fragmento del comunicado.
Desde mayo pasado comenzaron a atacar a la comunidad de El Nuevo Poblado El Caracol, una comunidad vecina, lo que forzó a los habitantes a salir desplazados hacia Tlacotepec, la cabecera del municipio; volvieron el 19 mayo, pero los ataques fueron reanudados en agosto pasado.
La imagen corresponde a El Nuevo Poblado El Caracol, otra comunidad atacada con explosivos mediante drones, de la visita de agosto pasado.
La organización volvió a alertar sobre la inseguridad en este punto de la Sierra.
En agosto pasado, a diferencia de la primera vez, los habitantes se atrincheraron para autoprotegerse: crearon guardias en los cerros desde donde que estaban atentos a cualquier intento de extraños por ingresar al pueblo.
Unos días después de los ataques del 26 y 27 de agosto, el director del Centro Minerva Bello, el sacerdote José Filiberto Velázquez Florencio, subió El Nuevo Poblado El Caracol con ayuda humanitaria. Es vez también pudieron subir periodistas que documentaron cómo es vivir en estas zonas que son acosadas por personas armadas sin que hasta ahora quede claro por qué lo hacen y qué intereses persiguen.
Ahora que el Centro Minerva Bello vuelve alertar de ataques mediante drones en Acatlán, hace énfasis en la omisión de las autoridades, aun cuando han denunciado de manera sistemática el riesgo en el que viven y la necesidad urgente de seguridad en la zona. “Hace un día exhortábamos a las autoridades durante la protesta en la hidroeléctrica del Caracol intervenir para poder poner a salvo a los pobladores mediante una base de operaciones mixta en esta comunidad, sin embargo no hay fecha para la instalación de dichas bases”, es otra parte del comunicado.
A la vez que exponen que no hay respuestas de las instituciones, el Centro Minerva Bello insiste en tres demandas en específico a los gobiernos: garantizar la vida, y la seguridad física y psicológica de los habitantes de comunidades al margen del río balsas, entre ellos Acatlán, el Nuevo Caracol y Tetela del Río; investigar y deslindar responsabilidades de los ataques a Acatlán, y el cese de los ataques que la organización atribuye al crimen organizado, sin especificar actores.
Habitantes de la comunidad de Las Mesas, municipio de Petatlán,
denunciaron que la tarde de este lunes hombres armados los atacaron a balazos y con explosivos; una persona fue herida y trasladada a un hospital de Zihuatanejo.
En un video que los ciudadanos de esta localidad de la Sierra subieron a las redes sociales se escuchan descargas de armas de fuego y explosiones.
«Cinco personas andaban en el campo trabajando cuando ocurrió el ataque y una de ellas resultó herida de bala», dijo vía telefónica un habitante de esta localidad.
De acuerdo con las versiones de los lugareños, los agresores pertenecen a La Familia Michoacana (FM), un grupo del crimen organizado. Se denomina crimen organizado a una asociación con fines de delinquir de gente que encabeza los poderes económicos y políticos de la región, junto con agentes del Estado y delincuentes comunes.
En esta región de la Sierra que pertenece a la Costa Grande se pelean este territorio el grupo que dirigen los hermanos de Los Granados y la Familia Michoacana.
Desde enero de este año se tiene registro de enfrentamientos entre ambas organizaciones criminales lo que ha originado el desplazamiento de familias de las comunidades de esta zona que colinda con la Tierra Caliente.
«Desde que empezaron los ataques armados llamamos a la Guardia Nacional y el Ejército para que vinieran a auxiliarnos pero nadie llegó y aquí lo que hizo la gente se encerró en sus casas rezando», dijo una de las habitantes de esa localidad.
La gente de Las Mesas se quejó de que los gobiernos federal y estatal siempre priorizan dar seguridad a las ciudades como Acapulco, Chilpancingo, Iguala o Taxco cuando hay situaciones de violencia en otros puntos de la entidad.
«Nos enteramos que este lunes en Chilpancingo se registraron varios asesinatos entre ellos el del dirigente campesino Rigoberto Acosta y de inmediato acudieron a blindar la ciudad pero aquí hubo ataques y nunca vino el Ejército ni Guardia Nacional», se quejó una de las lugareñas.
Elementos de la Guardia Nacional decomisaron dos armas largas y cartuchos útiles durante un retén en el acceso principal del muncipio de Leonardo Bravo, el pasado 7 de abril del 2020. Foto: José Luis de la Cruz (Archivo Amapola)
Habitantes y autoridades de 66 comunidades de los municipios de San Miguel Totolapan y Heliodoro Castillo se armaron para defenderse de las organizaciones del crimen organizado.
Con armas de alto y bajo calibre, los integrantes de este grupo de autodefensa llegaron a la comunidad de Plan Verde, municipio de San Miguel Totolapan, a reinstalar a varias familias desplazadas por la violencia.
En esta zona de la Sierra de Guerrero, varios grupos del crimen organizado, de los que forman parte grupos económicos y políticos de la región, se disputan el control del territorio y el poder político y económico.
De acuerdo con un mapa de organizaciones criminales de la Fiscalía General del Estado (FGE) en esta zona de la Sierra tienen presencia la Familia Michoacana y Los Tlacos.
«Al Estado le corresponde darnos seguridad pero si el gobierno es omiso y si hablamos con él y no nos oye, que es insensible, lo vamos a tener que hacer nosotros con todas las dificultades que implica aún ofrendando nuestra misma vida si es necesario», dijo Eudocio Barragán, líder de la comunidad de Linda Vista, municipio de San Miguel Totolapan.
El pasado 25 de septiembre, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda estuvo en el crucero Puerto del Gallo-Toro Muerto, municipio de Heliodoro Castillo, para inaugurar un camino artesanal, donde fue abordada por autoridades y habitantes de la Sierra, para exigirle seguridad para pacificar la región y para que la niñez regrese a sus clases.
En ese encuentro, la mandataria estatal quien llegó en un helicóptero del Ejército, prometió a los lugareños garantías de seguridad.
«Ya le habíamos avisado a la gobernadora (Evelyn Salgado) de que varios de nuestros pueblos están siendo atacados por un organización del crimen organizado», dijo Eudocio Barragán.
«Desde hace un mes, los ataques contra las comunidades de esta zona de la Sierra no han parado y hasta el momento no hay seguridad», dijo el dirigente de Linda Vista.
Los comisarios y habitantes de las 66 comunidades tuvieron una reunión en una cancha techada del pueblo de Plan Verde, y acordaron constituir su propia autodefensa llamada Pueblos Unidos por la Paz.
«Yo siento que unidos ni cosquillas nos van a hacer. No hay que tener miedo solo se trata de defender a nuestras familias de ellos (de los grupos de la delincuencia organizada) porque lo que hacen es agarrar al marido, al abuelo y nos matan», dijo el comisario de la comunidad de Petlacala, municipio de San Miguel Totolapan.
Durante su intervención, el comisario de Petlacala quien no dio su nombre, llamó a los demás pueblos de la Sierra que se unan en esta lucha para defender su territorio.
«Tuvimos apenas una junta con la gobernadora en el crucero de Puerto del Gallo, en donde se le pidió un cuartel militar en Linda Vista y ese mismo día el secretario general de gobierno (Ludwing Marcial Reynoso Núñez) nos dijo que los militares ya venían en camino y es la hora en que no han llegado», dijo otro comisario.
En el encuentro con la gobernadora, un comisario planteó que una parte del presupuesto que se otorga a las comunidades se ocupe para la compra de armas.
La mandataria estatal no supo qué contestar ante esa propuesta de un comisario y fue el secretario de Gobierno quien le dijo que el gobierno solo está autorizado para brindar seguridad.
«Sobre advertencia no hay engaño y el gobierno sabía que en cualquier momento los 66 pueblos se podían levantar en armas y si aquí hay varios armados es porque ya no aguantamos», dijo un comisario durante la asamblea.
«No estamos en contra de ningún grupo armado pero si vamos a defender nuestros derechos porque ninguna otra persona de otro lugar va a venir aquí a quitarnos lo que es de nuestras familias», advirtió.
En la asamblea de comisarios y habitantes de los 66 pueblos se acordó enviar un documento al presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien le informarán que a un mes de los enfrentamientos registrados en Linda Vista y Plan Verde no ha llegado la seguridad que se solicitó y exigirán que se cumpla con la instalación de un cuartel militar en esa zona.
Los comisarios dijeron que esta autodefensa es también para defender sus bosques y contra la minería.
Unas 1,500 personas de las 66 comunidades marcharon a la comunidad de Plan Verde y reinstalaron a las familias desplazadas por un grupo del crimen organizado, hace casi un mes.
Este mismo lunes en la tarde se dio a conocer que unos 20 vehículos con efectivos del Ejército Mexicano llegaron a la zona e instalaron campamentos en Linda Vista y en Toro Muerto.
Desde principios de este 2023, la disputa por el control económico y político entre la Familia Michoacana y otras organizaciones del crimen organizado desplazó a varias familias de los municipios de San Miguel Totolapan, Heliodoro Castillo, Ajuchitlán del Progreso, Tecpan de Galeana y Petatlán.
Durante el Parlamento Juvenil 2023, realizado hoy en el pleno del Congreso de Guerrero, los jóvenes parlamentaristas guardaron un minuto de silencio y realizaron el pase de lista de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, en el marco del noveno aniversario de la desaparición de los jóvenes normalistas ocurrida la madrugada del 26 de septiembre en la ciudad de Iguala.
Además, los 46 jóvenes de las ocho regiones de Guerrero pidieron, durante sus participaciones en el pleno, se legisle sobre temas de salud mental, educación financiera, justicia para mujeres violentadas, derechos para las poblaciones LGBTI+ y apoyos para la recién creada región Sierra.
El Parlamento Juvenil 2023 es una plataforma impulsada por el Congreso local, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Guerrero (Iepcgro) y la Secretaría de la Juventud para darle la oportunidad a los jóvenes de proponer en la tribuna reformas y leyes que sean importantes para ellos.
Algunas de las propuestas en las que más coincidieron los jóvenes fueron en garantizar la atención de la salud mental.
Tal es el caso de la parlamentarista María Alhely Carachure Bustos, que durante su participación habló sobre la educación emocional y el cuidado de la salud mental.
«Aún falta legislar lo relacionado al tema de la salud mental, que si bien pareciera no formar parte de las competencias de la educación, la verdad es necesario que se atiendan las necesidades emocionales, sentimentales e incluso conductuales de niños, niñas, adolescentes y jóvenes», mencionó en tribuna Carachure Bustos.
Otro parlamentaristas que habló sobre el acceso al derecho a la salud fue Carlos Emilio Rueda Bruno, quien durante su participación propuso se implementen clínicas móviles y de educación sanitaria y mental que recorran todas las regiones de la entidad.
Otro tema recurrente que abordaron los jóvenes fue educar en temas financieros y apoyar al emprendedurismo.
El parlamentarista Seir Eduardo Bernal Romero propuso que en el organigrama municipal se cree una dirección especial que promuevan y apoyen a las y los jóvenes emprendedores.
«Sabemos que el emprendimiento no solo es una opción, también es una necesidad para generar empleo, impulsar el crecimiento económico y enfrentar los desafíos que nos presenten», mencionó Bernal Romero.
Hilda Quetzalli Arriaga Benítez, una de las parlamentaristas mencionó que el Poder Ejecutivo debe crear políticas públicas que fomenten la cultura del emprendimiento en jóvenes e impartir taller para su desarrollo.
«Los jóvenes emprendedores y estudiantes necesitamos políticas innovadoras que nos brinden la posibilidad de asistir a un taller y a capacitaciones donde podamos interactuar y recibir capacitaciones fomentando la cultura del emprendimiento», mencionó Arriaga Benítez.
Sobre los derechos laborales de los jóvenes, la parlamentarista Martha Contreras Navarrete mencionó que los jóvenes son el sector más desprotegido en el ambito laboral, ya que carecen de oportunidades, hay bajos salarios no hay acceso a seguridad social.
Contreras Navarrete propuso que el Estado cree programas que regulen los mercados de trabajo y vigilen específicamente las condiciones labores de los jóvenes y sus empleadores.
«La juventud guerrerense está sometida a la desregulación de los mercados de trabajo, alejada de lo que la Organización Internacional del Trabajo denomina trabajo decente el cual denota un empleo bajo contrato, protección social, libertad de asociación prestaciones y un salario que le permita superar la pobreza», dijo en tribuna Contreras Navarrete.
Algunas leyes específicas para los lugares de origen de los parlamentaristas también se escucharon en el pleno.
El parlamentaristas originario de Ocotito, pueblo de Chilpqncingo, propuso crear un nuevo municipio en la región Centro que integre los llamados pueblos del valle, y pueblos santos, además de comunidades en la Sierra para, dijo, «asegurar su progreso».
Otro joven que pidió apoyo para su región, la Sierra, fue Juan José Reyes Angulo, quien pidió la creación de una Fiscalía Regional para que investiguen y detengan los delitos ambientales como la tala inmoderada de árboles.
Durante el acto de clausura, a los jóvenes parlamentaristas les entregaron un diploma de parte de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y de la Comisión de la Juventud y el Deporte.
La respuesta de la Comisión de la Juventud y el Deporte a las y los jóvenes fue que analizarán todos sus planteamientos y propuestas para considerarlos en el trabajo legislativo.
Texto patrocinado por el Congreso del Estado de Guerrero
Comisarios de 67 comunidades de los municipios de Heliodoro Castillo y San Miguel Totolapan solicitan a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda que emprendan acciones de seguridad en esa zona, porque desde el pasado jueves 31 de agosto integrantes de una organización criminal pretende entrar al territorio.
En un escrito que también va dirigido al presidente Andrés Manuel López Obrador y que dieron a conocer a través de las redes sociales, las autoridades de estas localidades, ubicadas en la Sierra de la zona Centro y de la Tierra Caliente, advierten al gobierno que la población de esta zona está dispuesta a responder ante los embates del grupo armado que los amenaza.
«Señor presidente (Andrés Manuel López Obrador) sólo le decimos que evite una guerra civil, porque nosotros como pueblos vamos a responder y nos vamos a tener que defender y el derramamiento de sangre a nadie nos conviene», dicen los comisarios.
Según las autoridades, los integrantes de una organización criminal intentaron ingresar por los linderos de las comunidades de Las Coronillas, La Ciénega y Puerto Alegre, el pasado jueves.
Denunciaron que el Ejército tiene un despliegue en esa zona, pero no hace nada para detener a los delincuentes.
«El grupo que intenta entrar viene haciendo males, matando animales y espantando a la gente», dicen los comisarios.
«Señor presidente, nosotros somos de los pueblos más olvidados, en salud, educación y caminos, hemos sido trabajadores y por mucho tiempo amapoleros porque con eso podíamos sacar adelante a nuestras familias y siempre hemos estado al margen de los grupos armados», plantearon los comisarios, quienes suscriben el documento pero que pidieron que se omitiera los nombres de cada uno de los pueblos.
En el comunicado, denunciaron que desde hace décadas el gobierno ha desatendido las demandas de bienestar para los pueblos de la Sierra, región donde están ubicadas todas estas regiones
Las peticiones que los habitantes de la zona han hecho al gobierno va desde la construcción de caminos, aulas, centros de salud y la entrega de proyectos productivos, además de que el fertilizante para sus siembras de productos básicos les llegue de manera puntual y no a cuentagotas.
Ana, de 20 años, es una habitante de El Poblado Nuevo Caracol, municipio de Heliodoro Castillo, que tiene la suerte de haber terminado su instrucción media superior. Estudió en el Centro de Bachillerato Agropecuario (CBTA) con maestros que cada determinado tiempo bajaban de Apaxtla de Castrejón al pueblo a atender a los estudiantes de este nivel escolar.
Como parte de sus actividades escolares, las y los jóvenes acudían al CBTA de Apaxtla de Castrejón para ver cuestiones administrativas relacionadas con sus estudios.
Los muchachos que terminan la telesecundaria, desde hace tres años, ya no tienen la opción de continuar su preparación a causa de la violencia.
“Yo sí estudié, tuve forma de hacerlo”, cuenta Ana en la iglesia de la Virgen de Guadalupe el martes pasado, después de la misa del padre José Filiberto Velázquez Flores, director del Centro de Derechos Humanos de las Víctimas de Violencia Minerva Bello, quien encabezó una caravana de ayuda humanitaria después del ataque con bombas caseras manejadas con drones que sufrieron los habitantes de este poblado el pasado 26 y 27 de agosto.
Habitantes de El Nuevo Caracol reunidos en la iglesia contaron cómo han vivido tres ataques con drones
El sábado 26 de agosto, alrededor de las 12:30 del día, estalló una bomba casera en la cancha de usos múltiples que mató a un joven, en lo que fue el tercer ataque que enfrentan los habitantes de este poblado en lo que va del año.
El primero ocurrió el 2 y 3 de mayo, el segundo el 10 de agosto y el tercero este fin de semana.
Los habitantes aseguran que los atacantes son integrantes del grupo del crimen organizado denominado La Familia Michoacana. Lo saben porque en el ataque del 2 y 3 de mayo, los hombres armados se situaron en el punto conocido como el puente, muy cerca de la comunidad y cuando dispararon contra la población gritaron que eran las fuerzas especiales de La Fresa y El Pez.
Estos son los apodos con los que son conocidos los líderes de esta agrupación criminal.
Cada año, cinco o seis jóvenes de entre 14 a 17 años en El Poblado el Nuevo Caracol se quedan sin estudios porque integrantes de La Familia Michoacana prohibieron a la población de El Poblado Nuevo Caracol subir a Apaxtla y a la gente de Apaxtla, entre ellos, a los profesores del CBTA, bajar a esta población.
El panorama no es diferente para los estudiantes de los diversos niveles educativos. La caravana de ayuda humanitaria que encabezó el Centro de Derechos Humanos Minerva Bello registró que no hay clases en el Jardín de Niños Jacinto Benavente, en la primaria José María Morelos y Pavón y en la Telesecundaria.
Madres de familia contaron que unos 10 menores que deberían estar en el preescolar, alrededor de 12 en primaria y ocho en telesecundaria no reciben clases normales desde marzo del 2020, primero a causa de la pandemia por la covid y después, cuando se normalizaron las clases presenciales en otros lugares, en El Nuevo Caracol ya no hubo porque se agudizaron los enfrentamientos con Apaxtla de Castrejón.
El Nuevo Poblado El Caracol aun cuando pertenece a Heliodoro Castillo, geográficamente está alejado, además de que el camino es de terracería y está en muy malas condiciones. Por esa razón, era más natural la comunicación con Apaxtla, municipio de la región Norte.
Para los jóvenes ir a estudiar a Tlacotepec, la cabecera de su municipio, supone diversos gastos que por sus condiciones económicas no pueden afrontar.
La Telesecundaria de la comunidad de 200 habitantes, una de las instalaciones educativas abandonadas a causa de la violencia.
A 200 metros de El Nuevo Poblado El Caracol, la circulación vehicular en el camino de terracería se detiene abruptamente. No hay forma de remontar un cúmulo de arena, grava y piedra que está ahí justo para ese propósito.
Del lado izquierdo, sobre una lomita, se perfilan las figuras de varios hombres pertrechados atrás de unas llantas. Del lado izquierdo, corren las aguas bravas del río Balsas. El calor es intenso, el termómetro marca 37 grados, pero la sensación de calor, varios grados más.
Los hombres salen de su trinchera con tranquilidad, cuando del primer carro baja José Filiberto Velázquez Flores, director del Centro de Derechos Humanos de las Víctimas de Violencia Minerva Bello. Se les ven sus escopetas a la espalda.
“¡Ya llegó el padre!”, avisa por la radio uno de los vigilantes. El sacerdote José Filiberto se baja con la sotana puesta, un lienzo beige que lo cubre desde el cuello hasta los pies.
De inmediato, comienzan a llegar hombres, mujeres y niños.
Después del padre bajan sus acompañantes: nueve periodistas, dos funcionarios de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Guerrero (CEDHG) y 12 elementos de la Policía Estatal, a bordo de dos patrullas.
La gente de El Nuevo Poblado El Caracol, municipio de Heliodoro Castillo, vivió este sábado 26 y domingo 27 de agosto el tercer ataque con bombas caseras a través de drones. Una bomba del sábado causó la primera baja. Un joven de 20 años estaba parado en la esquina de la plaza cuando estalló el artefacto. Un pedazo de lámina cortó su estómago. Sólo se sentó para esquivar los otros balazos que venían del cerro de enfrente. Cuando pudieron auxiliarlo, lo ayudaron a levantarse, sólo entonces, se dieron cuenta de la gravedad de la herida, el metal rebanó por mitad el abdomen. Intestinos y sangre salieron del cuerpo moribundo.
El sacerdote José Filiberto encabezó este martes 29 de agosto una caravana de ayuda humanitaria al poblado. Llevó a los habitantes alimento físico y espiritual.
–¡Padre pensamos que ya no vendría!, –le dice un grupo de señoras mientras lo abrazan.
–Tarde pero seguro, –les contesta el hombre de la sotana.
José Filiberto tiene medidas cautelares por amenazas a causa de su trabajo de ayudar a pobladores que cohabitan con grupos del crimen organizado que quieren a sus tierras y a sus hijos. Por eso lleva dos patrullas con policías estatales.
El hombre de la iglesia católica gira indicaciones para que bajen los alimentos: arroz, frijol, lentejas, avena, amaranto, aceite, verduras enlatadas y leche. También lleva cobijas y productos para la limpieza.
Los habitantes de El Nuevo Poblado de El Caracol no han salido a comprar alimentos desde el pasado 10 de agosto que sufrieron el segundo ataque con bombas dirigidas por drones. El primer ataque fue el 2 y 3 de mayo pasado.
El sacerdote y los habitantes entran al pueblo. A pocos metros del material acumulado para evitar la entrada de carros están las primeras casas. Un par de mujeres con niños salen de estas casas y se suman al contingente.
–Gracias, muchas gracias por venir, –dicen a las visitas; al sacerdote, a los periodistas, a los funcionarios de la CEDHG y hasta a los policías, aunque estos quedaron atrás.
El alimento espiritual que lleva José Filiberto como consuelo es una misa. Todas las personas entran a la Iglesia de la Virgen de Guadalupe. Después de tres días de tensión, las oraciones apaciguan un poquito sus emociones.
Durante la misa, una señora narra cómo vivieron la jornada de ataques de este sábado y domingo.
La presa
A unos tres kilómetros del poblado está la Presa Ingeniero Carlos Ramírez Ulloa, comúnmente conocida como presa El Caracol, cuyo nombre se tomó del pueblo original que se formó cuando a finales de la década de los setentas comenzaron a construir este gigante de concreto y cables de acero para conducir la electricidad.
Los habitantes que fundaron este pueblo lo llamaron así, por las vueltas que hay que dar a la montaña para llegar hasta el pie del Balsas.
El Caracol original fue devorado por el vaso de la presa, cuando entró ésta en funcionamiento, en 1983. Los habitantes que no quisieron cambiarse al nuevo poblado remontaron la montaña y formaron otro al que le quedó el nombre simple de El Caracol, a 1,166 metros sobre el nivel del mar. Ahí, de acuerdo con el INEGI sólo hay 10 habitantes.
El Nuevo Poblado El Caracol que formó la Comisión Federal de Electricidad (CFE) fue instalado a 389 metros de altitud. Para llegar aquí, por el lado de Apaxtla de Castrejón, en la región Norte, hay que pasar por los filtros de seguridad situados por el gobierno federal para vigilar este punto de seguridad nacional por la energía que ahí se produce. De acuerdo con el INEGI, este poblado tiene 621 habitantes, aunque el comisario Aurelio Catalán Alcocer sostiene que aquí sólo hay como 200, el resto, que es más de la mitad, se fue yendo poco a poco por la violencia.
Hay otra vía para llegar al poblado. Su ubicación estratégica, casi a las puertas de la cortina del embalse, es la razón del infortunio actual de los pobladores. Este es un sitio estratégico por la generación de energía para todo el país. Los grupos criminales se pelean el control de las comunidades alrededor. El Nuevo Caracol como El Caracol a secas son dos poblados del municipio de Heliodoro Castillo, el corazón de la región de la Sierra. El Nuevo Caracol está a sólo 19.4 kilómetros de Tlacotepec, la cabecera.
La región de la Sierra, como lo indican reportes oficiales de la Fiscalía General del Estado (FGE), es la zona en la que opera el grupo criminal denominado Los Tlacos y en Apaxtla, como se sabe, a partir de informes de las autoridades, tiene dominio La Familia Michoacana.
Aspectos generales de El Nuevo Poblado El Caracol después del ataque con bombas caseras manejadas por drones.
Mucha bala, poca escuela
Después de la misa, las visitas recorren las calles del pueblo para registrar los resultados del ataque con drones del sábado 26 y domingo 27 de agosto.
La puerta izquierda de la iglesia, hecha de fierro, tiene un orificio. Ana, de 20 años, junto con su mamá limpiaban la iglesia este sábado cuando comenzaron a escuchar el dron sobrevolando la plaza y la iglesia. Por los dos ataques anteriores con dron saben identificarlo. Cuando llegaron a hacer limpieza abrieron la puerta derecha, al escuchar el dron intentaron cerrarla, pero entonces vino la explosión de la bomba. Eran como las 12:30 del día.
La iglesia de la Virgen de Guadalupe es una estructura vulnerable. El techo es de láminas de aluminio, del suelo a la mitad es de concreto y de la mitad al techo es de ventanales de fierro con figuras de rombo, por donde podrían colarse balas o restos de las bombas. No es una buena opción para resguardarse. Las dos mujeres se abrazaron y se pegaron a la pared derecha. Vieron, cuando se coló un tiró y se impactó en la puerta izquierda. Cuando estalló la bomba escucharon el grito del muchacho.
En las bardas, suelo y techo de la cancha de usos múltiples hay evidencias del ataque, también en la Comisaría Municipal: sus paredes tienen algunas perforaciones y los vidrios de varias ventanas están rotos. Por las calles hay tuercas, tornillos y pedazos de fierro de diferentes tamaños y peso. Dicen que son restos de la bomba casera. También hay mucho casquillo percutido de diferentes tamaños, lo que hace suponer el uso de armas de diferentes calibres.
El martes 29 de agosto debió ser el segundo día de clases del ciclo escolar para los estudiantes del jardín de niños, de la primaria y de la telesecundaria. Las instalaciones de los tres niveles escolares están cerradas y las condiciones hacen pensar que hace mucho tiempo no se abren.
Ciro, de seis años, quien debería estar iniciando el primer año de primaria, juega solo en la cancha de usos múltiples. Su juego consiste en que reporta con una radio de juguete que ha visto hombres armados y dice, “¡Vamos!, ¡Vamos a darles con todo!”. En una mano trae el radio de juguete y con la otra hace la señal de cortar cuello. Otras veces Ciro deja su radio de juguete y con un pedazo de palo que toma con las dos manos hace la señal de cortar cartucho.
En teoría, Ciro terminó sus estudios de preescolar en el Jardín de Niños Jacinto Benavente, a pocos pasos de la plaza. Se supone que Ciro cursa el primer año en la primaria Caritino Maldonado Pérez, pero eso es una ilusión. Tiene años que los maestros del preescolar, primaria y telesecundaria vienen por ratos, a dar indicaciones rápidas y dejar tareas y, al final del ciclo escolar a entregar calificaciones. Ninguno reprueba, todos pasan de año con apenas abrir los libros.
Jacinta, madre de un niño de tres años, tiene claro qué pediría si alguna vez las autoridades se preocupan por ellos.
–Yo quisiera que haya escuela todos los días, –contesta rapidísimo a esta pregunta concreta.
–Solo tiene tres añitos mi huachuito (niño) y la forma de jugar con los amiguitos que tiene es armar grupitos, juntan palitos para hacer sus armas y se andan matando entre ellos. Es triste pero eso es lo que hacen, yo quisiera que en serio los maestros les den clases y los huachitos de verdad aprendan, porque de esto no va a salir nada bueno.
La barda en la que está sentado el niño tiene varios orificios resultado de los diversos ataques.
La Familia y Los Tlacos
Al norte del Nuevo Poblado El Caracol, rumbo a Apaxtla de Castrejón, hay una hilera de localidades controladas por el grupo del crimen organizado La Familia Michoacana, al que se han adherido autoridades municipales y delegaciones del gobierno estatal, situación que se ha hecho evidente en bloqueos de carreteras en la región de Tierra Caliente para impedir el ingreso de la Guardia Nacional a detener a los líderes de la agrupación criminal.
Este control sobre los territorios no pasa por procedimientos amables. En los pueblos que no aceptan el dominio de ningún grupo, la gente es secuestrada y asesinada hasta que optan por dejar sus tierras y todas sus pertenencias. San Marcos, a 20 minutos del Nuevo Poblado El Caracol es un ejemplo. San Marcos, que contaba con 131 habitantes, de acuerdo con el INEGI, quedó vacío en junio pasado que incursionó un grupo de La Familia Michoacana y se llevó a tres jóvenes, quienes continúan desaparecidos. Algunos de los habitantes de San Marcos se desplazaron a El Nuevo Caracol.
Otros pueblos aceptan el apoyo de unos para sacudirse el yugo de otros. Podría ser el caso del Nuevo Poblado de El Caracol. Aquí algunas evidencias.
Este sábado, la esquirla de la bomba casera manejada con drones mató a un joven de 20 años que no era originario de aquí, si no de otra comunidad al sur.
La gente no quiere decir de qué comunidad era el joven, ni cómo se llamaba.
–Vino a apoyarnos, –es todo lo que dicen.
El 2 y 3 de mayo que ocurrió el primer ataque con drones, después de la bomba y la balacera, la mayoría de la gente se desplazó a Tlacotepec, el centro de operaciones de Los Tlacos, lugar en el que el párroco y el Centro de Derechos Humanos Minerva Bello acondicionaron un albergue.
Llegar a Tlacotepec por esta ruta o por cualquiera que sea implica pasar por varios retenes de hombres armados.
Los casquillos tirados en las calles de El Nuevo Poblado El Caracol indican que los pobladores o quienes les ayudan se defendieron con armas potentes, no sólo con las escopetas que portan los hombres de la comunidad.
Mientras la ayuda oficial llega, en este pueblo en el que los habitantes se dedican a la siembra de maíz, frijol y calabaza, la temporada de echar semillas ya pasó.
Con las medidas de seguridad pertinentes, se sembró apenas el 20 por ciento de lo que acostumbran en otros años. Es decir, no habrá alimento ni para la subsistencia.
Desde el ataque de este sábado y domingo la gente está sin agua y sin energía porque la bomba dañó los cables de luz. Para jalar agua del río prenden una bomba y para ello necesitan luz.
Los hombres y las mujeres no han podido ir por las mojarras al río, de donde obtienen una buena parte de sus ingresos para la subsistencia.
A pocos metros del pueblo, está la cortina de la presa, resguardada por varios elementos de seguridad de la CFE y soldados.
Cuando ocurrieron los ataques permanecieron en sus puestos.
Les dijeron: estamos aquí para cuidar la presa.
La presa está intacta.
Cuando la gente de El Nuevo Caracol se canse y se vaya, la presa necesitará mucha más seguridad que la que tiene ahora.
Después de un enfrentamiento armado en el poblado de Chichihualco, municipio de Leonardo Bravo, la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) suspendió clases por seguridad, por lo que 3,042 alumnos de educación básica no regresaron a clases.
De acuerdo con el subsecretario de Educación Básica de la SEG, Ricardo Castillo Peña, las labores educativas en todo el municipio de Leonardo Bravo se suspendieron en su totalidad para «resguardar la seguridad de los estudiantes».
Se trata de 14 escuelas primarias con un total de 1,787 alumnos y 93 docentes, además de cinco telesecundarias y una secundaria general que imparten clases a 433 estudiantes y una planta docente de 39 maestros.
Además de 822 niños de preescolar que tampoco acudieron a sus planteles.
Ayer, fue el inicio del ciclo escolar 2023-2024 en todo el país, pero derivado de la violencia ocurrida en Chichihualco, cabecera municipal de Leonardo Bravo, estos 3,042 alumnos no regresaron a las aulas.
Estos planteles, distribuidos por toda la zona serrana de Leonardo Bravo, corresponden a la zonas escolares 05, 07, 09 y 012 de la SEG.
De acuerdo con denuncias de los pobladores de Chichihualco, a la media noche del 28 de agosto comenzó un enfrentamiento entre civiles armados que se prolongó hasta las seis de la mañana de ayer.
De manera extraoficial se supo de dos personas asesinadas, pero la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero (SSP) asegura que no hubo víctimas.
Por el miedo, muchas personas optaron por no salir de sus viviendas y el transporte, comercio y sector educativo suspendió labores desde ayer.
Varias viviendas quedaron baleadas y con orificios de balas, además por las calles se observaron diversos casquillos.
Hasta el momento la SSP no ha informado más sobre el caso, solo a través de boletines asegura que ya hay operativos en el municipio para garantizar la seguridad.
Sobre el regreso a clases, Castillo Peña dijo que esperan indicaciones de la SSP para que se regrese a clases de forma segura.
«Estamos esperando que la SSP nos indique que están las condiciones dadas para que los maestros regresen a trabajar (…) hay que tomar en cuenta que no se trata de un tema de seguridad solo para los maestros, también es seguridad para los padres de familia, niños, niñas y adolescentes, entonces es una situación que debemos ver con mucho cuidado», dijo Castillo Peña.
Los ataques aéreos con bombas con los que grupos criminales acechan al poblado de El Caracol, municipio Heliodoro Castillo, ya dejó una persona asesinada, denunció el director del Centro de Derechos de las Víctimas Minerva Bello, el sacerdote Filiberto Velázquez Florencio.
«Nos informan que una persona ya perdió la vida debido a las esquirlas de una bomba», mencionó Velázquez Florencio.
El ataque ocurrió ayer, alrededor de las doce del día, cuando los drones cargados con bombas caseras «comenzaron a sobrevolar a mediodía la población y a lanzar estos artefactos y esto cesó más o menos a las ocho de la noche».
En conferencia de prensa esta mañana en Chilpancingo, el director del Centro Minerva Bello recordó que desde mayo esta población sufre de manea constante ataques de este tipo, es decir, aéreos a través de drones que lanzan bombas caseras.
El 12 de mayo del 2023 ocurió el primer ataque por lo que 600 personas salieron de El Caracol y se refugiaron en Tlacotepec.
Sin garantías de seguridad, el 19 de mayo, los pobladores regresaron porque no quisieron abandonar sus pertenencias, su cosecha y sus animales.
El anterior ataque fue el 14 de agosto, el cual duró un día y ayer hasta la mañana continúan, de acuerdo con el Centro Minerva Bello.
«Ya van tres episodios de este tipo, uno en mayo y dos en este mes de agosto y no vemos que halla un interés por solucionar el problema», dijo Velázquez Florencio.
En El Caracol no hay servicio telefónico ni de internet, por lo que la información, de acuerdo con Velázquez Florencio, aún es escasa.
El Caracol es un poblado que en 1998 fue reubicado porque fue construida la presa con el mismo nombre, entre los límites de los municipios de Heliodoro Castillo, en región Sierra y Apaxtla de Castrejón, zona Norte.
Desde el 2020, primero por la pandemia de Covid-19 y después por la violencia, a El Caracol ya no llegan maestros, médicos ni medicinas.
«Urgimos a las autoridades tener un plan de protección permanente para la población y que esa zona se pacifique y se atiendan los orígenes de la violencia».
De acuerdo con Velázquez Florencio en la zona hay presencia policiaca pero sólo resguardar los alrededores de la presa y no acuden a atender los reportes de los pobladores.
Dijo que tienen programada una caravana solidaria para llevar víveres y medicamentos para la población para el próximo martes 29 de agosto.
Estudiantes de nivel básico y medio superior, madres y padres de familia de la comunidad de El Caracol, municipio de Heliodoro Castillo, denunciaron que llevan más de dos años sin clases presenciales porque la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) no envía maestros.
En todas las escuelas que tiene en el pueblo, un jardín de niños, escuela primaria, una secundaria y un plantel del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario (CBTA), no hay clases desde el 2020, cuando inició la pandemia por Covid-19. Los docentes dejaron de asistir a la comunidad por las restricciones sanitarias que dictaron las autoridades.
A dos años de la reincorporación de los estudiantes a los diversos planteles escolares, la mayoría volvió en 2021, en El Caracol los maestros siguen sin presentarse y asignan trabajos y tareas a distancia, denunciaron los alumnos y madres y padres de familia.
Todo este tiempo ha sido complicado para ellos, porque en El Caracol la señal de internet es inestable.
El Caracol es una comunidad de 650 habitantes al sur de Heliodoro Castillo, en la Sierra, a orillas del río Balsas.
El 2 de mayo, algunos pobladores dejaron esta comunidad después de sufrir un ataque aéreo con bombas caseras lanzadas a través de drones, por presuntos integrantes del grupo criminal denominado La Familia Michoacana.
Rebeca tiene 13 años y es estudiante de la secundaria José María Morelos y Pavón; ya quiere tener clases presenciales.
“Quiero seguir estudiando, quiero que mis compañeros y yo sigamos adelante. Exigimos que vengan los maestros para que mis compañeros y yo aprendamos más”, comentó.
Son unos 200 alumnos los que permanecen sin clases presenciales desde hace tres años.
Blanca Estela Balcazar, una madre de familia afectada, mencionó que los maestros sólo piden tareas por whatsapp.
“Nadamás nos exigen tareas de que ellos sí están viniendo a dar clases, pero no están viniendo, aquí nos han abandonado”, dijo.
Las madres y padres de familia exigieron que la SEG les envíe docentes a El Caracol.
El comisario municipal de la comunidad y quienes fungen como presidentes y presidentas de los comités de padres de familia de las diferentes instituciones, enviaron un oficio dirigido al titular de la SEG, Marcial Rodríguez Saldaña, para exigir 20 docentes para El Caracol.
“Desde el inicio de la pandemia hasta el presente, los maestros se ausentaron de las aulas y sólo se dedicaron a exigir a los estudiantes tareas a distancia, de las que pensamos les sirven más a ellos para seguir cobrando que a la verdadera formación de nuestros hijos”, se lee en el oficio.
Agregaron que hay docentes de otras comunidades que viajan todos los días para atender a sus alumnos, “a pesar de los problemas regionales”.
Los niños, niñas y adolescentes afectados grabaron un video en el que expresan que quieren maestros en su comunidad; esperan que este material llegue hasta el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para les asignen pronto maestros a aulas.
Texto: José Miguel Sánchez (con información de Oscar Guerrero)
Fotografía: Oscar Guerrero
Chilpancingo
Pobladores desplazados de El Caracol, municipio de Heliodoro Castillo, dejaron pertenencias, animales y cultivos ante el miedo de perder la vida por los ataques aéreos de supuestos integrantes del grupo delictivo de la Familia Michoacana.
Sufrieron dos ataques con bombas caseras a través de drones, y por esa razón los pobladores huyeron de El Caracol y se resguardaron en la cabecera municipal, Tlacotepec, donde el párroco de la iglesia junto a los integrantes del Centro de Derechos de las Víctimas de Violencia Minerva Bello asignaron un albergue.
Desde ese lugar, donde hay 250 personas, Zeferino Neri contó ayer que abandonaron todas sus pertenencias en el pueblo.
«La gente maleante nos echó las bombas para que nos viniéramos para acá, mataron hasta un señor que nada tenía que ver; allá dejé todo, mi maíz, mis animales, marranos, me traje unos chivos para acá y los tuve que rematar para ganarle algo», contó.
De la persona que murió en el ataque, según este poblador, las autoridades no han informado nada.
Otra persona desplazada dijo que el primer ataque ocurrió el 1 de mayo y el segundo el 8, «y esperábamos otro el 10, para las mamás, por dejar pasar a los militares».
Los pobladores creen que la Familia Michoacana quiere entrar al territorio, porque consideram que es de Los Tlacos, otro grupo criminal que opera en esta parte de la Sierra de zona Centro de Guerrero, por eso intimidan a los habitantes para que los apoyen, de lo contrario los amenazan con asesinarlos.
«Nos tiraron bombas, nos dijeron que nos van a matar, que van a pasar casa por casa y nos maten a todos, nos quieren acabar a todos, pero nosotros no tenemos la culpa de nada, no tenemos nada que ver», narró otra mujer desplazada este lunes en el albergue en Tlacotepec.
El pasado 2 de mayo, a las seis de la tarde, los lugareños de El Caracol se percataron de que había drones sobrevolando la localidad.
Al día siguiente volvieron a ver esos artefactos, pero en esa ocasión les lanzaron seis bombas.
Los pobladores exigen a los tres niveles de gobierno garantías para regresar a su poblado, «ya estamos enfadados de estar encerrados en un solo lugar, allá vamos al río, salimos al campo», denunció uno de los afectados.
Son 60 familias las afectadas, 250 personas, entre ellos 80 niñas y niños, quienes exigen garantías para retornar a El Caracol.
La localidad también vive el abandono en los servicios de educación y salud, debido a que el personal se niega a subir por temor a la violencia en la zona que tiene que ver con la presencia de grupos armados.
Por ahora los desplazados son atendidos por la comunidad católica, pero tienen enfermedades respiratorias, gastrointestinales y crisis nerviosas.
El Caracol es una comunidad de 650 habitantes al sur de Heliodoro Castillo, en la Sierra y a orillas del río Balsas.
El municipio vecino es Apaxtla de Castrejón, demarcación en la que también han intentado ingresar desde hace meses integrantes de la Familia Michoacana.
