La organización Antorcha Campesina protestó este martes 30 en el zócalo de Chilpancingo para exigirle a Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo (CAPACH) que sumistre agua potable a las colonias periféricas de la ciudad.
En la manifestación, jóvenes en toalla colocaron tinacos vacíos y ropa sucia frente a la sede del ayuntamiento y exhibieron pancartas en las que se leían reclamos como: «No es sequía es negocio familiar», «CAPACH no cumple con el Agua», «Exigimos el reparto justo y equitativo del Agua».
En respuesta, el ayuntamiento capitalino argumentó que las protestas por parte de Antorcha Campesina son porque se le quitó un pago mensual que administraciones pasadas le asignaba.
En la capital, las protestas por falta de agua son una constante en diferentes colonias. La venta de pipas de agua por particulares, se ha saturado y los costos se han elevado incluson hasta los mil 800 pesos.
La Asociación de Piperos de Chilpancingo ha declarado que no existe un lugar donde cargar agua en la ciudad, por lo que para abastecerse hay ir a la comunidad de Acahuizotla, a media hora de la ciudad, lo que repercute en el precio.
Los incendios forestales en Acapulco y Chilpancingo que han devastado cientos de hectáreas de zonas de pastizales y arbustivas siguen activos, sin que brigadistas de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), Protección Civil estatal y bomberos logren sofocarlos, pese a que desde hace 72 horas siguen trabajando en ello.
Hoy, Acapulco amaneció por segundo día consecutivo con una densa capa de humo.
De los cuatro incendios que hay en el puerto, el del parque nacional El Veladero ha dañado pastizales y arbustos; además, las cenizas provocadas por los incendios han llegado a las casas de las colonias Generación 2000, Juan R. Escudero y Silvestre Castro.
De acuerdo con los informes de las autoridades de Acapulco, desde este miércoles 24, los brigadistas no han descansado de las tareas para sofocar los incendios.
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, informó que este jueves 25, entrará en operaciones un helicóptero de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para lanzar descargas de agua sobre los siniestros.
Por instrucciones de la Secretaría de Educación en Guerrero (SEG), las clases en las escuelas de educación básica en Acapulco y Chilpancingo se suspendieron, debido a que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semaren) declaró alerta atmosférica en estos dos municipios, por la propagación de incendios forestales.
A pesar de la contingencia ambiental declarada por la Semaren, la presidenta municipal Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez, encabezó un festejo por el Día del Niño en el zócalo capitalino.
«Este evento por el Día del Niño, lo hicimos con el consentimiento de los padres. Ellos quisieron, y aquí estamos», se deslindó Norma Otilia Hernández.
Mencionó que el próximo lunes dará a conocer los daños ambientales que han ocasionado los incendios forestales en Chilpancingo.
«Hay un incendio todos los días desde hace varias semanas», precisó la alcaldesa en entrevista
Las escuelas que participaron en el festjo del ayuntamiento capitalino son la primaria _Pedro Ascencio_, _Nicolas Bravo_, _Himno Nacional_ e _Ignacio Manuel Altamirano_ de la capital, pese a la suspensión de las actividades por la contaminación atmosférica.
En la capital, el humo y la ceniza han obligado a varios ciudadanos a portar cubrebocas.
Hasta la noche del miércoles 24, Guerrero era el estado de la Republica con el mayor número de incendios activo, con un total de 22, según la Conafor.
Con el nuevo censo de personas desaparecidas, presentado en diciembre pasado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, al menos 10 mil 720 nombres fueron borrados del registro nacional de víctimas de este delito, según los resultados de un análisis comparativo realizado por Animal Político y la asociación civil Data Cívica.
Entre esos más de 10 mil nombres eliminados del registro oficial de desaparecidos se incluyen, efectivamente, casos de víctimas cuya localización ha sido confirmada, aunque también están los nombres de muchas personas que permanecen desaparecidas hasta la fecha y a las que, indebidamente, las autoridades ya no reconocen esta condición.
La lista de 10 mil nombres borrados del registro nacional de personas desaparecidas se pone hoy a disposición de la ciudadanía, para que las familias que buscan a sus seres queridos puedan verificar si la autoridad eliminó sus casos del registro oficial, aun sin que las víctimas hayan sido realmente encontradas.
Este listado de nombres eliminados se generó comparando la versión del Registro Nacional de Personas Desaparecidas que fue publicada por la Comisión Nacional de Búsqueda de la Secretaría de Gobernación en agosto de 2023, que incluía 111 mil nombres de víctimas, contra la nueva versión de esta misma base de datos, presentada por el presidente López Obrador el 14 de diciembre de 2023.
Tal como informó el presidente en esa ocasión, una “estrategia de búsqueda generalizada” emprendida por su gobierno durante el segundo semestre del año 2023, permitió resolver 16 mil casos de desaparición mediante la localización de las víctimas, aunque el reporte oficial en el que se detallan dichas estadísticas sólo refiere 12 mil supuestas localizaciones, sin específicar qué víctimas la autoridad ha dado por encontradas.
Para conocer los nombres de esas víctimas, y poder verificar su localización, fue necesario comparar el registro sobre personas desaparecidas publicado en agosto de 2023, contra la versión depurada presentada en diciembre siguiente, lo que permitió identificar los nombres de 10 mil 720 de víctimas, de los 12 mil que fueron eliminados del registro nacional de personas desaparecidas.
De esos 10 mil 720 nombres que ya no están incluidos en el registro de víctimas de desaparición, 66% corresponde a personas del sexo masculino y el restante 34% a personas del sexo femenino.
Los datos obtenidos indican también que la Ciudad de México es la entidad en donde más registros de personas desaparecidas fueron borrados, ya que los nombres de 42% de las personas reconocidas en agosto de 2023 como desaparecidas, fueron retirados de esta lista cuatro meses después.
En diciembre de 2023, de hecho, se informó que este modelo para borrar registros de personas desaparecidas fue propuesto, precisamente, por el gobierno de la Ciudad de México, encabezado en ese momento por Claudia Sheinbaum, actual candidata del partido Morena a la presidencia de la República, para el proceso electoral que se celebrará en junio próximo.
Foto: Amapola periodismo
Otras entidades que desinflaron drásticamente las estadísticas de desaparición mediante la eliminación de víctimas del registro oficial fueron Oaxaca y Aguascalientes, que así disminuyeron su número de víctimas en 38%; Tlaxcala, con una reducción de 31%, Chiapas, 28%, Puebla, 26%, así como Morelos y Campeche, con 23%.
Desde que el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó su nuevo registro oficial de desaparecidos, colectivos de familias de víctimas denunciaron que las autoridades incurrieron en diversas irregularidades durante este ejercicio, con el objetivo de simular una reducción en las estadísticas sobre víctimas de desaparición.
Entre estas irregularidades denunciadas están que el nuevo conteo de víctimas realizado por las autoridades no se insertó en la operación de la Comisión Nacional de Búsqueda de personas desaparecidas y careció de metodología y de mecanismos para verificar la forma en que los datos fueron generados. Además, se ocultaron los nombres de las 16 mil personas que supuestamente fueron localizadas, impidiendo así la confirmar la veracidad de las supuestas localizaciones; categorizaron a otras 17 mil 843 personas como “ubicadas”, a pesar de que esas víctimas siguen desaparecidas; y catalogaron 62 mil denuncias más como inválidas, por estar incompletas.
Mediante estos procedimientos, el gobierno federal logró reducir la lista de 111 mil personas desaparecidas, a sólo 12 mil 377 “denuncias confirmadas”.
No obstante, entre la gente que las autoridades ya no consideran como víctimas confirmadas de desaparición o que, incluso, han calificado como ya localizadas, hay diversas personas que en realidad permanecen desaparecidas hasta la fecha y a las que, sin justificación, ya no reconocen como tales.
Ese es el caso, por ejemplo, de Luis Ángel León Rodríguez, un sargento de la Policía Federal que fue víctima de desaparición en el año 2009, junto con otros seis compañeros de corporación y un civil que les daba servicio de traslado, cuando se dirigían a Michoacán para cumplir una asignación de trabajo. El registro sobre la desaparición de este policía, que estaba incluido en la lista oficial de víctimas hasta agosto de 2023, fue uno de los eliminados por las autoridades.
“En agosto de 2023 –explicó su mamá, la abogada Araceli Rodríguez en entrevista–, a Luis Ángel lo fueron a buscar a la antigua casa en la que habitábamos, porque supuestamente había dado ‘prueba de vida’. Llegaron personas que se ostentaron como trabajadores de la Secretaría del Bienestar y dijeron que iban buscando a mi hijo, porque habían detectado que ya había aparecido y querían hacerle unas preguntas, para dar de baja su registro. Yo ya no vivo en esa casa, pero la gente que ahora vive ahí me contactó en ese mismo momento, porque tienen mi teléfono, y me pasaron a esas personas, y ellas me repitieron que para ellos mi hijo ya no estaba desaparecido. Eso me causó un coraje enorme y una impotencia terrible.”
Semanas después, añadió la abogada, durante un encuentro entre autoridades y familias de víctimas celebrado el 30 de agosto, por el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, “yo cuestioné sobre esta situación a Alejandro Encinas (quien hasta octubre de 2023 ocupó el cargo de subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación) y él me reiteró que si a mi hijo lo fueron a buscar personalmente era porque había presentado prueba de vida. Pero cuando yo les he exigido a las autoridades que me digan cuáles son esas pruebas de vida, me han dejado esperando respuesta. Hasta ahorita sigo esperando que me digan qué pruebas tienen sobre el paradero de mi hijo”.
En sesión de hoy en el INE, los partidos y consejeros se pronunciaron de nuevo para que el gobierno estatal garantice la seguridad durante el proceso electoral
Texto y foto: José Miguel Sánchez
Jueves 29 de febrero del 2024
Chilpancingo
En la sesión de hoy en la Junta Local del Instituto Nacional Electoral (INE) de Guerrero, el representante del Partido Verde, Juan Maciel Moyorido, señaló a Morena de imponer a Araceli Ocampo Manzanares, como candidata a diputada federal en el sexto distrito, con sede en Chilapa.
Ocampo Manzanares buscaría la reelección por segunda vez; de ganar acumularía nueve años en el cargo.
De acuerdo con lo expuesto por Maciel Moyorido, de último minuto y sin avisar, Morena impuso a Ocampo Manzanares, cuando el acuerdo de la coalición fue que ese distrito era para el Partido Verde. Morena y el Verde tienen una alianza para esta elección.
La diputada suplió con este cambio a María del Carmen Nava García, quien era candidata por acción afirmativa a personas con discapacidad.
Maciel Moyorido dijo que en el acuerdo se establecía que el PVEM elegiría al candidato en el sexto distrito y de último momento Morena modificó el acuerdo.
El representante de Morena, Arturo Pacheco Bedoya, le respondió en la sesión y dijo que la modificación de último momento está estipulado en el convenio de la coalición Sigamos Haciendo Historia.
El representante del Partido Verde dijo que su partido a nivel nacional tomará las acciones correspondientes para inconformarse ante esta situación.
«Sino se pueden poner de acuerdo entre ellos, menos lograrán acuerdos para mejorar la situación del país, ojo ahí para todos los votantes», dijo el representante de Movimiento Ciudadano sobre el tema.
Exigen garantías de seguridad para la jornada
Durante la sesión de esta tarde, los consejeros y representantes de partidos políticos de la Junta Local del INE llamaron a las autoridades estatales a garantizar la seguridad durante el proceso electoral para candidatos, candidatas y funcionarios electorales.
El que abrió el tema en la sesión fue el representante del Movimiento Ciudadano, Isaac David Cruz Rabadán, quien llamó a las autoridades municipales, estatales y federales «para que converjan en establecer medidas, no sólo preventivas, si no de seguimiento que establezca como prioridad garantizar el libre tránsito», de los candidatos y los capacitadores electorales que están en campo.
A la exigencia de seguridad se sumó el representante del PRI, Cuauhtémoc Eugenio Rentería, quien dijo que «se necesitan estrategias para garantizar la prevención de seguridad a los supervisores y capacitadores electorales».
Agregó que no podrán garantizar la seguridad si los órganos electorales no tienen presencia en la Mesa de Seguridad para la Construcción de Paz y exigió al gobierno estatal incluirlos.
En medio de acusaciones de estrategias divisivas por parte del gobierno, las familias de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa exigen respuestas claras y la entrega de documentos cruciales para esclarecer el caso.
Texto y foto: Mario Marlo/Zona Docs
15 de enero 2024
En un nuevo capítulo de la tragedia de Ayotzinapa, las madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos denunciaron la presunta estrategia del gobierno de la 4T para socavar las investigaciones y dividirlos, siguiendo los pasos de administraciones anteriores. La mañana del jueves 11 de enero del 2024, la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa tenía pactada una reunión con los familiares, con el objetivo de entregar los archivos del Centro Regional de Fusión de Inteligencia (CRFI), pero dicha entrega no se materializó.
Las madres y padres de los estudiantes desaparecidos expresaron su rechazo a una supuesta estrategia del gobierno federal, la cual incluiría una campaña de desprestigio contra el Grupo Interdisciplinario de Expertos y Expertas Independientes (GIEI), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Organización de las Naciones Unidas y sus representantes legales, esto porque legan que el presidente López Obrador estaría replicando tácticas similares a las utilizadas por su predecesor, Enrique Peña Nieto.
En una reunión programada con la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa, los padres y madres esperaban la entrega de archivos del Centro Regional de Fusión de Inteligencia (CRFI), una solicitud que se remonta a junio de 2023. Sin embargo, la reunión no se llevó a cabo como se planeó, generando frustración entre los familiares.
La sorpresa se instauró cuando un pequeño grupo de madres y padres, presuntamente alineado con otros intereses, participó en una reunión de trabajo convocada por el gobierno federal sin previo aviso a los afectados. Esta táctica fue interpretada como una maniobra maquiavélica para sembrar discordia entre las familias afectadas.
Foto: Mario Marlo/ZonaDocs
“El gobierno anterior nos quiso dividir, pero no pudo lograrlo en los cuatro años del gobierno de Peña Nieto. Es el mismo grupo de Ángel Aguirre Rivero, Rogelio Ortega y Pedro Segura, defendiendo a José Luis Abarca. Todo el mundo sabe que ellos son los responsables de la desaparición forzada de nuestros hijos, pero ¿cómo es posible que estos padres vayan a defender a esa persona?”, expresó doña Cristina Bautista, madre de uno de los estudiantes desaparecidos.
Las estrategias de desprestigio, ofrecimientos de dinero a las víctimas y divisiones entre los afectados, comúnmente atribuidas a gobiernos de la derecha, son denunciadas como prácticas nefastas que persisten en la administración actual. Las madres y padres de los 43 exigen que el ejército entregue los documentos del CRFI y revelen la verdad sobre la desaparición de sus hijos.
Vidulfo Rosales Sierra, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, subrayó la importancia de la entrega de 800 folios que contienen información crucial sobre el caso. Afirmó que, a pesar de la existencia de estos documentos, el gobierno federal ha iniciado una campaña de descalificación contra las entidades que buscan la verdad.
Ante la escalada de tensiones y la supuesta ruptura de la reunión planificada, las madres y padres evalúan solicitar una reunión directa con el presidente de la república para abordar las líneas pendientes y el manejo de la información que el ejército se niega a entregar. Mientras persiste la incertidumbre, las familias afectadas reafirmaron su compromiso de buscar la verdad y justicia para sus hijos desaparecidos.
Fue en el contexto de una reunión para pedir la información faltante sobre la participación del Ejército en la desaparición de los estudiantes
Texto: Itzel Urieta
11 de enero del 2023
Chilpancingo
Madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, acusaron al gobierno federal de querer dividirlos y confrontarlos con otro grupo de madres y padres apoyados por el empresario y ex candidato a la gubernatura de Guerrero, Pedro Segura Valladares.
Las madres y padres tuvieron una reunión hoy con el nuevo subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Félix Arturo Medina Padilla, en dicha reunión también estuvo presente el grupo apoyado por Segura Valladares, quienes en 2022 marcharon en Iguala de la Independencia para exigir la liberación del ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, señalado de ser uno de los responsables de la desaparición de los 43 normalistas junto con su esposa María de los Ángeles Pineda.
Por la presencia del otro grupo y debido a que no se atendió su petición de mostrarles los archivos faltantes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), según lo informado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), las madres y padres se retiraron de la reunión.
“Nos quieren confrontar entre compañeros. Nosotras como madres y padres sí buscamos a los 43”, dijo Cristina Bautista Salvador, madre de Benjamín Ascencio Bautista.
Agregó que no quisieron compartir el espacio con ese grupo de madres y padres porque públicamente expresaron su apoyo a Abarca Velázquez. “Cómo es posible que vayan a defender a esa persona, por eso nosotros nos levantamos porque no queremos confrontarnos con ellos y le dijimos al subsecretario que los atienda pero aparte, no en conjunto con nosotros”.
Mario César González Contreras, padre de César Manuel González Hernández, expresó su inconformidad y descontento con el presidente Andrés Manuel López Obrador, por “atacar a sus equipos”, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el GIEI.
“Es una manera de división que ya habíamos pasado con el gobierno anterior, ahora otra de las divisiones que trata de hacer es entre padres”.
González Contreras acusó al otro grupo de madres y padres de ser “quienes les han puesto un poco el pie”, por ese motivo mostraron su inconformidad de estar en la misma sala con ellos.
Madres y padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en conferencia de prensa este 11 de enero del 2024. Foto: Captura de video
Gobierno tiene información sobre participación del Ejército que se niega a entregar
Externó que el gobierno de López Obrador tiene la información sobre la documentación de la Sedena que falta para esclarecer el caso, pero se niegan a entregarla.
“Vemos que es el mismo modus operandi del gobierno anterior de querer separar a estos 43 padres. Nosotros no estamos en contra de ningún padre, estamos en contra de las maneras de accionar de gobernación”, expuso González Contreras.
El abogado y representante de las madres y padres, Vidulfo Rosales Sierra, mencionó que desde hace un año solicitaron al gobierno federal 800 folios que el Ejército no ha entregado.
“Dentro de estos 800 folios tenemos un folio importante que habla del traslado de 17 estudiantes de barandillas municipal a Lomas del Coyote, a través de una intervención telefónica que el Ejército hizo”, señaló Rosales Sierra.
Aseguró que en las reuniones con la Comisión para la Verdad Ayotzinapa (Covaj) aceptaron la existencia de estos folios.
Dijo que continuarán en la exigencia de la entrega de la información que falta y de los 800 folios.
“Lo que está pendiente son los 800 folios que estamos exigiendo y que lamentablemente el gobierno, concretamente el presidente y el Ejército Mexicano se niegan a entregarlos aduciendo su inexistencia”.
Madres y padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en conferencia de prensa este 11 de enero del 2024, desde Ciudad de México. Foto: Captura de video
Acusó a López Obrador de descalificar a las organizaciones e instituciones que apoyan a las madres y padres.
Las madres y padres solicitaron que la información que falta sea revisada por el GIEI, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la CIDH
Por: Arturo de Dios, Emiliano Tizapa y Jesús Guerrero.
En dos años, Evelyn Salgado Pineda estableció su estilo de gobernar: el desdén.
Ninguna masacre, asesinato, desplazamiento de pueblos enteros, la toma de ciudades por parte de grupos armados, que las escuelas, los comercios se vean forzados a cerrar por días, son lo suficientemente importante como para que Evelyn Salgado muestre algún interés. Ante el aumento de los homicidios dolosos, de la violencia y la inseguridad, su gobierno se ha mostrado omiso, displicente.
Guerrero puede estarse cayendo a pedazos —como ya ha ocurrido— y Evelyn Salgado prefiere estar en un evento de su partido, Morena; en la Ciudad de México acompañando al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, o en un evento a puerta cerrada en Casa Guerrero o en el Palacio de Gobierno.
Dar respuestas a los problemas que sufre el estado no ha sido la alternativa de la gobernadora.
Para no hacer un recuento de sus dos años de gobierno, sólo tomaremos las últimas semanas. ¿Qué dijo cuando la alcaldesa de Chilpancingo, su compañera de partido, Norma Otilia Hernández Martínez, apareció en videos junto con el líder de Los Ardillos, Celso Ortega Jiménez? Nada. ¿Cuándo la capital fue tomada y después de despobló? Guardó silencio. ¿Se solidarizó con los familiares de los 20 choferes asesinados? Ninguna palabra de aliento. ¿Qué dijo la gobernadora cuando asesinaron al fiscal regional en Coyuca de Catalán? Calló. ¿Se pronunció cuando asesinaron al delegado de la Fiscalía General de la República? Nada. Y en esta última semana, cuando atacaron la casa de la alcaldesa de San Jerónimo, Glafira Mereza Prudente; cuando asesinaron al líder de la autodefensa de la UPOEG, Bruno Plácido Valerio; cuando atentaron contra el director del Centro de Defensa de los Derechos de las Víctimas de la Violencia Minerva Bello, el sacerdote Filiberto Vázquez Florencio. ¿Qué dijo? Nada. Guardó silencio. Calló.
Esa es su forma de gobernar, ignorando, apostándole al olvido, a que la próxima tragedia haga que olvidemos la anterior. En otras ocasiones ha optado por colocarse como víctima, incluso, por encima de las verdaderas víctimas.
Un día después del asesinato de Bruno Plácido, Evelyn Salgado estuvo en Acapulco presentando un espectáculo de acrobacias de aviones. Estuvo sonriente, contenta, desentendida de la realidad del estado.
No sólo eso, minutos después del crimen del líder de las autodefensas, la gobernadora publicó en sus redes sociales que estaba emocionada por la presentación del grupo musical Mocedades en el Auditorio Sentimientos de la Nación, ubicado a un poco más de un kilómetro de donde asesinaron a Bruno Plácido.
Pero nadie se puede decir sorprendido por esta forma de gobernar de Evelyn Salgado. Nadie. Todos fuimos testigos de cómo llegó al poder. Todos vimos como su padre, el senador Félix Salgado Macedonio la echó al ruedo sin que estuviera preparada, sin tener un equipo, un proyecto, una idea de lo que es gobernar.
Evelyn Salgado ganó la elección montada en la estructura de su padre, incluso en la boleta electoral apareció junto a su nombre el apodo de La Torita, para vincularla a Félix Salgado.
Sólo para que no se nos olvide: a Félix Salgado el Instituto Nacional Electoral (INE) le canceló la candidatura por no haber presentado gastos de precampaña. Luego operó para que Evelyn Salgado lo sustituyera, como en los viejos tiempos del PRI, heredando cargos y candidaturas.
Esto fue un clásico dedazo avalado u ordenado por López Obrador.
Ahora que gobierna es lo mismo: está montada en la estructura política de su padre. Sólo falta echar una revisión al gabinete. Ahí están los amigos, los compadres, los socios, los subordinados de Félix Salgado.
Es un gabinete integrado por Félix Salgado y no por Evelyn Salgado.
Un día de diciembre del 2021, habían pasado dos meses de que tomó protesta como gobernadora, en una reunión de fin de año, una secretaria, que continúa en el cargo, contó:
“A mí me invitó Félix Salgado al gabinete, con él platiqué. Me dijo que yo sería la secretaria pero que él nombraría las subsecretarías. Ese no es el problema, el problema es que a quien colocó en esos cargos no saben nada y ahora tengo que estarles explicando en qué consiste el trabajo”.
Esto es sabido por todos, pero es necesario traerlo de vuelta para entender porqué Evelyn Salgado gobierna como gobierna: acotada, encerrada, blindada, sin margen de decisión.
No tiene el control completo del gobierno, lo comparte con su padre y con los amigos de su padre. Y ahora, al parecer, con su pareja sentimental, Rubén Hernández Fuentes. Tal vez por eso ha optado por el desdén como estilo para gobernar.
Las decisiones las comparte con Félix Salgado y, a dos años de gobierno, ninguno de los dos ha asumido por completo el papel del mandatario. Por un lado, la gobernadora no muestra cuáles son sus prioridades, cuál es su proyecto de gobierno, qué le interesa resolver primero.
La mandataria está convertida en un misterio, muy pocos saben qué piensa sobre los problemas del estado. Y cada día lo refuerza: gobierna blindada, encerrada en Casa Guerrero o en el Palacio de Gobierno, a través de las redes sociales. Evelyn Salgado se mueve como lo hacía el priista Enrique Peña Nieto, sólo en espacios “controlados”. No se expone.
Desde hace meses ha demostrado que no está dispuesta a rendir cuentas, ni ante la población ni ante los medios de comunicación. Tampoco está dispuesta a que la cuestionen. Desde hace mucho —tanto que ya olvidamos cuánto tiempo— no se detiene para dar una entrevista. Muchos reporteros se han quedado con las ganas de preguntarle si considera que la alcaldesa de Chilpancingo debe pedir licencia o si estuvo de acuerdo en que ocho alcaldes de la región de la Tierra Caliente hayan bloqueado la carretera para impedir que la Fiscalía General del Estado (FGE) se llevara 14 vehículos asegurados propiedad presuntamente de los hermanos Hurtado Olascoaga, líderes de la organización criminal La Familia Michoacana.
La estrategia que han implementado es el silencio. Y está gastando mucho dinero público en eso. Como en los viejísimos tiempos del PRI, Evelyn Salgado está intentando comprar todas las líneas editoriales de todos los periódicos y portales electrónicos, así como de los programas de radio y televisión. En la mayoría de los casos lo ha logrado y se ve todos los días en sus portadas. Con Evelyn Salgado es temporada de chayotes.
En estos dos años, lo único que ha establecido es que gobierna en familia.
La familia de los Salgado Pineda está en la cumbre de la vida pública de Guerrero. En este tiempo a muchos de sus integrantes les salieron todos los talentos y, sobre todo, están cumpliendo “sus sueños”.
Comenzando por el jefe del clan. Félix Salgado en dos años convirtió al estado en su parque de diversiones. Está entretenido en su albergue para perros de la calle, Perritos felices que, por si fuera poco, es la única obra que avanza a pasos agigantados en el estado. En unos meses, un cerro lo convirtió en un albergue con decenas de casas para los animales, con consultorio, juegos infantiles, tirolesa, comedor y hasta una ambulancia igualita como las que da el gobierno de su hija.
La pregunta del millón: ¿de dónde está saliendo el dinero? Félix Salgado dice que de donaciones y de su sueldo. ¿De quién recibe donaciones? ¿De empresarios? ¿De otros políticos? O de sus seguidores que muchos de ellos lo persiguen con la auténtica intención de que les dé un empleo en el gobierno de su hija.
Félix Salgado —que en los hechos tiene el papel de vicegobernador— debería ayudar a su hija, los problemas de Guerrero son graves y profundos, después tendrá tiempo para seguirse divirtiendo.
Otra que la anda pasando chévere, es su hermana Liz Salgado Pineda, la presidenta del DIF estatal, y cómo no, si la dependencia que dirige está atiborrada de dinero, nada más ni nada menos que tiene un presupuesto de casi 900 millones de pesos.
La otra hermana, Sol Salgado Pineda, también debe andar recontenta. Ella dirige el periódico de la familia, El Guerrero. Ese diario surgió el día en Evelyn Salgado rindió protesta como gobernadora y, ¿qué creen? Desde ese día no le falta publicidad.
En sus páginas hay poca información pero eso sí la publicidad de todos lados sobra.
A sus reporteros les paga 80 pesos por nota y fotografía publicada, no los contrata, no les da seguro ni prestaciones.
Hasta el sobrino, Félix Salgado Jr. le surgió lo de la cantada, la cosa que sólo canta en eventos oficiales, así como los de antes que usaban el poder para el beneficio personal.
Y el recién llegado a la familia, Rubén Hernández Fuentes, el novio de la gobernadora, también la anda pasando bien.
No sólo es su pareja, es el coordinador operativo de la oficina de la gobernadora y no sólo eso, su hermano Óscar Omar Hernández Fuentes, el director de Costos, Presupuestos, Licitaciones y Contratos de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial (SDUOPOT).
Los hermanos Hernández Fuentes son representantes legales de empresas constructoras y, cada vez con mayor fuerza, se sabe que son quienes deciden y designan la obra pública en el estado.
En estos dos años, la gobernadora y su familia han gobernado muy poco pero lo bueno es que la están pasando requetebién.
CHIRRIONAZO. El jueves 26 por la mañana la gobernadora dará un mensaje con motivo de su segundo informe de gobierno en la explanada del Palacio y por la tarde de ese mismo día, hará lo propio la alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández, pero en la plancha del zócalo. Dicen que ya hay cruce de apuestas para ver quien de las dos junta más acarreados en sus eventos oficiales. Dicen que por el lado de Evelyn estará la familia feliz, y con Norma Otilia, mucha gente de acá rumbo a Petaquillas….así es que hagan sus apuestas.
Texto: Itzel Urieta, José Miguel Sánchez y Jesús Guerrero
Fotografía: Itzel Urieta, José Miguel Sánchez, Amílcar Juarez y Jesús Guerrero
17 de octubre del 2022
Chilpancingo
El marco en el que el gobierno morenista de Guerrero, encabezado por Evelyn Salgado Pineda, cumplió su primer año en funciones fue de protestas y bloqueos por parte de maestros, de organizaciones sociales y de colonos.
Las organizaciones sociales, de maestros, estudiantiles y de colonos aprovecharon el acto del primer informe de Salgado Pineda para ejercer presión y conseguir solución a sus demandas.
Maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación Guerrero (CETEG) junto con estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, marcharon por las principales calles de Chilpancingo en contra del primer informe de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda por incumplir acuerdos con el magisterio.
También se manifestaron en contra del informe, la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG) y la Dirección Colectiva de Organizaciones Sociales, Civiles, Estudiantiles y Sindicatos de Guerrero se manifestaron la tarde de hoy en contra del primer informe de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda.
Las protestas en el primer año de gobierno de la morenista comenzaron temprano. Previo al informe de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, habitantes de seis colonias populares y maestros cerraron calles de Chilpancingo para exigir a las autoridades estatales solución a sus demandas.
Integrantes del Centro Morelos de derechos humanos, quienes marcharon junto con la CETEG, exigieron detener la militarización en Guerrero. Fotografía: Amílcar Juárez.
Este día, transportistas e integrantes de la CETEG protagonizaron una trifulca en el Boulevard Vicente Guerrero, los primeros pretendían impedir que la marcha del magisterio llegara al punto conocido como Parador del Marqués.
Los transportistas estuvieron encabezados por funcionarios de gobierno.
Se identificó a tres de estos funcionarios, los que son conocidos por su relación cercana con el senador Félix Salgado Macedonio, padre de la gobernadora, como Francisco Cisneros Rodríguez, director de Gobernación; Oscar Chávez, subsecretario de Desarrollo Político de la Secretaría General de Gobierno y Eduardo Marbán subsecretario de Educación Media Superior de la SEG.
Comienzan las protestas
La primera protesta fue la de los colonos de asentamientos ubicados al oriente de la ciudad, quienes reciben agua del sistema Peña Rajada, gestionado por los mismos colonos a principios de la década de los noventa.
Los colonos de los asentamientos La Palma, Lomas del Porvenir Plan de Ayala y Eduardo Neri, entre otras, demandaron la terminación de una obra de agua potable. Los colonos cerraron la avenida Ruffo Figueroa, desde las nueve de la mañana, para forzar un diálogo con el director de la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero (Capaseg), Facundo Gastelum Félix.
Acusaron a la alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez, de condicionar la terminación de la obra.
Los manifestantes consiguieron su propósito. A poco tiempo de iniciar su protesta fueron atendidos por Gastelum Félix. La protesta se desactivó alrededor de una hora después. El funcionario comprometió 13 millones de pesos para concluir la obra de agua potable.
Al mismo tiempo, un grupo de maestros de educación media bloquearon la lateral norte sur del boulevard Vicente Guerrero. Esta protesta fue desactivada casi de forma inmediata. Un agente de Gobernación comenzó a dialogar con ellos tan pronto como comenzó la protesta. Se retiraron casi de forma inmediata.
Esta protesta se registró a unos 400 metros del Palacio de Gobierno, en donde alrededor de las once y media de la mañana, Salgado Pineda enviará un mensaje a la ciudadanía con motivo de su primer año de gobierno.
El Palacio de Gobierno fue cercado por policías estatales antimotines para contener las protestas y decenas de vallas metálicas.
Mientras estos maestros protestaban cerca del Palacio de Gobierno, al otro extremo de la ciudad, maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación Guerrero (CETEG) junto con estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, marcharon por las principales calles de Chilpancingo en contra del primer informe de la gobernadora.
Maestros de la CETEG participan en protestas contra el primer informe de Evelyn Salgado Pineda. Fotografía: José Miguel Sánchez.
Se quejaron de que en este primer año, Salgado Pineda no atendió su pliego petitorio, entregado al inicio de su gestión.
Algunos de los puntos incumplidos son útiles escolares y uniformes para los niños, estabilidad laboral, incremento salarial, incorporación de los maestros del Fondo Nacional de Educación (FONE), indicaron.
La marcha comenzó a las 11 de la mañana en la Alameda Granados Maldonado, lugar donde se reunieron alrededor de 300 maestros de la CETEG, junto con otros 200 estudiantes de Ayotzinapa.
Los maestros señalaron al senador Félix Salgado Macedonio, padre de la gobernadora, de ser él quien en realidad gobierna el estado.
«Sabemos que no gobierna ella (Salgado Pineda) quien de verdad gobierna es Félix Salgado, quien sabemos es un político sucio y drogadicto que bloquea el progreso del estado».
La marcha llegaría al Palacio de Gobierno, lugar donde Salgado Pineda rendirá su informe, sin embargo, a la altura del Congreso local, ocuparon los carriles de la Autopista del Sol, rumbo al Parador del Marqués, escenario de diversas protestas, porque cuando se bloquea ese punto, se interrumpe todo el flujo vehicular de la carretera nacional.
Más tarde, la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG) y la Dirección Colectiva de Organizaciones Sociales, Civiles, Estudiantiles y Sindicatos de Guerrero se manifestaron también en contra del primer informe de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda.
La manifestación partió del monumento en honor a los caídos del 60, ubicado en la Alameda Granados Maldonado.
Nicólas Chávez Adame, dirigente de la APPG y quien es asesor en el gobierno del estado, dijo que a un año del gobierno de Salgado Pineda no hay avances en algunos temas, como el de seguridad.
La APPG exigió que Salgado Pineda saque de su gabinete a funcionarios príistas que estuvieron en sexenios pasados, como el caso del contralor interno, Eduardo Loria Casanova.
«En Guerrero no hay una cuarta transformación», aseguró Chávez Adame.
También exigió que se coloque nuevamente el monumento a los caídos del 60, el cual fue retirado por la alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez, quien pretendía poner en su lugar unos juegos infantiles.
La libertad de los presos políticos, la ampliación y pavimentación del tramo carretero de Santa Cruz a Ocoapa, municipio de Copanatoyac, y solución a la huelga de los mineros de Taxco que llevan 15 años de huelga, son otras de las exigencias.
Chávez Adame dijo que presentaría formalmente su renuncia como asesor de la Secretaría General de Gobierno, cargo del que recibió el nombramiento el pasado mes de julio.
«No tenía una oficina, no me pagaban y aun así atendía a la gente», externó.
Después de la marcha se plantaron de forma indefinida en las instalaciones de Casa Guerrero.
«Hoy veremos y analizaremos el informe de la gobernadora para mañana nosotros dar nuestro contrainforme», anunció.
Transportistas se pelean con maestros de la CETEG por bloqueo
Durante la marcha de la CETEG contra el primer informe de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, que se realizó por las avenidas principales de Chilpancingo y continúo por el boulevard Vicente Guerrero, a la altura de la bodega de Segalmex, transportistas intentaron bloquear la marcha al grito de «No más bloqueos».
La marcha de la CETEG continúo hasta el punto conocido como Parador del Marqués, donde Héctor Torres Solano condenó el intento de desalojo y acusó a los transportistas de ser un grupo de choque de la gobernadora.
En el lugar del conato de violencia, se identificó a tres funcionarios conocidos por su relación cercana con el senador Félix Salgado Macedonio, padre de la gobernadora, como Francisco Cisneros Rodríguez, director de Gobernación; Oscar Chávez, subsecretario de Desarrollo Político de la Secretaría General de Gobierno y Eduardo Marbán subsecretario de Educación Media Superior de la SEG.
Durante la protesta de la CETEG, maestros y transportistas se jalonearon e intercambiaron insultos. Fotografía: José Miguel Sánchez.
Jaloneos entre antimotines e integrantes de la APPG
Policías estatales con equipo antimotín impidieron que la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG) se instalara en plantón en la puerta dos de Casa Guerrero.
El medio día de hoy, la APPG marchó por las principales calles de Chilpancingo. La marcha concluiría con un plantón en Casa Guerrero, pero fue impedido por elementos de la Policía Estatal con equipo antimotín.
Cuando los manifestantes llegaron a Casa Guerrero, arribó un autobús de la Policía Estatal con antimotines, junto con seis patrullas estatales y se colocaron en la entrada del estacionamiento de la puerta dos de Casa Guerrero.
Los policías antimotines se colocaron detrás de las vallas metálicas, lo que impidió que los integrantes de la APPG, liderados por Nicolás Chávez Adame, ingresaran a instalar su plantón.
Después de una breve discusión entre Chávez Adame y los antimotines, los manifestantes decidieron hacer un acto político en la calle aledaña a Casa Guerrero.
Durante el acto, Chávez Adame culpó al gobierno del estado de ser represor y que no se presta al diálogo.
Se acordó que ahí, en la calle aledaña de Casa Guerrero, instalaran su plantón hasta que haya un acercamiento con Félix Salgado Macedonio, o con la gobernadora, Evelyn Salgado Pineda.
«Sí Félix tiene palabra, alguien del gobierno tiene que venir a dialogar», mencionó Chávez Adame.
Una de las peticiones principales de la APPG es la de revisar los nombramientos de funcionarios que no son izquierda y que nada tienen que ver con la cuarta transformación.
Por último, acusaron al secretario general de Gobierno, Ludwing Marcial Reynoso Núñez, y al subsecretario de Gobernación, Francisco Rodríguez Cisneros, de ser represores y los responsabilizaron de cualquier agresión física de parte de los antimotines.
